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Res. 00043-2021 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 27/01/2021

Denial of Environmental Precautionary Measure for Lack of Proof of Serious HarmImprocedencia de medida cautelar ambiental por falta de prueba del daño grave

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The anticipated precautionary measure is denied due to lack of instrumentality, urgency, and provisionality, as well as failure to prove serious harm to the applicants' legal situation.Se declara sin lugar la medida cautelar anticipada por falta de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad, así como por no haberse demostrado la existencia de un daño grave a la situación jurídica de los promoventes.

SummaryResumen

The Administrative Contentious Tribunal denies an anticipated precautionary measure requested by residents of Jicote Abajo de Parrita against the State, SINAC, the Municipality of Parrita, and Frutas Selectas del Trópico S.A. The petitioners sought the suspension of a water intake, the opening of dam gates, the removal of debris, and the provision of a temporary passage. The Tribunal finds that the requests are substantive, not precautionary, lacking instrumentality, urgency, and provisionality. While acknowledging a fumus boni iuris, it holds that the applicants failed to prove the existence of serious, actual or potential harm to their legal situation, as required by the Administrative Contentious Procedural Code. It notes that the generic description of problems and the absence of specific evidence on individual or collective impacts preclude the measure. The ruling highlights ongoing criminal proceedings and municipal efforts to build a bridge, and emphasizes the applicant's burden of proof in environmental precautionary justice.El Tribunal Contencioso Administrativo niega una medida cautelar anticipada solicitada por vecinos de Jicote Abajo de Parrita contra el Estado, SINAC, la Municipalidad de Parrita y Frutas Selectas del Trópico S.A. Los peticionarios buscaban la suspensión de una toma de agua, la apertura de compuertas de una represa, la remoción de escombros y la habilitación de un paso temporal. El Tribunal concluye que las pretensiones no son cautelares sino de fondo, careciendo de instrumentalidad, urgencia y provisionalidad. Aunque reconoce una apariencia de buen derecho, señala que la parte actora no demostró la existencia de un daño grave, actual o potencial, a su situación jurídica, requisito indispensable según el Código Procesal Contencioso Administrativo. Argumenta que la exposición genérica de problemas y la falta de prueba específica sobre las afectaciones individuales o colectivas impiden otorgar la tutela. Destaca que hay procesos penales en curso y gestiones municipales para construir un puente. La resolución subraya la carga probatoria del solicitante en la justicia cautelar ambiental.

Key excerptExtracto clave

SIXTH: ON THE INSTRUMENTALITY OF THE REQUEST: (...) The judge concludes that none of the structural elements are present, for the reasons stated below. (...) Regarding urgency, according to the facts and evidence, this is a matter dating back to 2018 (probably earlier) and has been subject to various actions by the defendant authorities. That is, it is an important matter, but at this moment does not require immediate attention, for the reasons given. Regarding instrumentality, it is evident that the measure does not meet this requirement. (...) In this case, the request is aimed at suspending a water intake, opening the gates of a dam, removing debris, and enabling a (stated to be temporary) pedestrian and vehicular passage in the area. All without a substantive discussion on the legality of the actions of the co-defendant company and the state authorities involved. These are not precautionary or interim requests, but rather orders that would become definitive actions in the community where the problem is unfolding. (...) That is, the requests are substantive claims, not precautionary ones, as they would resolve the dispute between the parties; therefore, there is no instrumentality. SEVENTH: ON THE SPECIFIC CASE. (...) For the precautionary protection to be granted, the law requires that the execution or continuation of the administrative conduct under review causes serious, actual or potential damage or harm to the applicant's legal situation. In this regard, it must be emphasized that merely alleging the existence of serious (actual or potential) damage or harm is not enough; it must be proven. (...) Having studied the matter, this Judge concludes that the aforementioned legal requirement is not met, for the following reasons. From reading the precautionary measure application, no concrete or detailed arguments emerge regarding the existence of damage, let alone serious damage, nor have the corresponding evidentiary elements been provided to substantiate that situation.SEXTO: SOBRE LA INSTRUMENTALIDAD DE LO PEDIDO: (...) Analizada la medida presentada concluye esta Juzgadora que ninguna de ellas se encuentra presente en la gestión por los motivos que se dirán a continuación. (...) En cuanto a la urgencia, de acuerdo con los hechos de la medida y la prueba aportada se trata de un tema que data del año 2018 (probablemente anterior a esa fecha) y que ha sido objeto de diversas acciones por parte de las autoridades demandadas. Es decir, se trata de un tema de importancia, pero que, en este momento, no requiere de una atención inmediata, debido a lo indicado. Sobre la instrumentalidad es evidente que la medida no la reúne. (...) En el caso concreto la petición se encamina hacia la suspensión de una toma de agua, abrir las compuertas de una represa, remoción de escombros y habilitación de un paso (se indica que temporal) peatonal y vehicular en la zona. Todo lo anterior sin que medie una discusión de fondo respecto de la legalidad o no de las actuaciones de la empresa codemandada y de las autoridades estatales involucradas. No se trata de peticiones de índole cautelar o precautorias, sino de ordenar las acciones que pasarían a ser definitivas en la materialidad de la comunidad donde se desarrolla la problemática. (...) Es decir, lo pedido son pretensiones de fondo y no cautelares, ya que resolverían la discusión entre las partes, por lo cual no hay instrumentalidad. SÉTIMO: SOBRE EL CASO CONCRETO. (...) para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales a la situación jurídica del promovente. En ese sentido debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial), sino que debe probarse. (...) Estudiado el particular esta Juzgadora concluye que el supuesto legal mencionado no se verifica, por los siguientes razones. De la lectura de la solicitud de medida cautelar no se desprenden los argumentos concretos y circunstanciados respecto de la existencia de un daño y que además sea uno grave, así como tampoco que se hayan aportado los elementos probatorios correspondientes para acreditar esa situación.

Pull quotesCitas destacadas

  • "No se trata de peticiones de índole cautelar o precautorias, sino de ordenar las acciones que pasarían a ser definitivas en la materialidad de la comunidad donde se desarrolla la problemática."

    "These are not precautionary or interim requests, but rather orders that would become definitive actions in the community where the problem is unfolding."

    Considerando Sexto

  • "No se trata de peticiones de índole cautelar o precautorias, sino de ordenar las acciones que pasarían a ser definitivas en la materialidad de la comunidad donde se desarrolla la problemática."

    Considerando Sexto

  • "para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales a la situación jurídica del promovente. En ese sentido debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial), sino que debe probarse."

    "For the precautionary protection to be granted, the law requires that the execution or continuation of the administrative conduct under review causes serious, actual or potential damage or harm to the applicant's legal situation. In this regard, it must be emphasized that merely alleging the existence of serious (actual or potential) damage or harm is not enough; it must be proven."

    Considerando Séptimo

  • "para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales a la situación jurídica del promovente. En ese sentido debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial), sino que debe probarse."

    Considerando Séptimo

  • "la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte y la presentación general de sus razones y argumentos."

    "Precautionary protection is not an automatic mechanism granted merely upon the party's request and the general submission of their reasons and arguments."

    Considerando Séptimo

  • "la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte y la presentación general de sus razones y argumentos."

    Considerando Séptimo

Full documentDocumento completo

Procedural marks

**FILE:** **PROCEEDING:** ANTICIPATED PRECAUTIONARY MEASURE **MOVING PARTY:** RESIDENTS OF THE COMMUNITY OF JICOTE ABAJO DE PARRITA **RESPONDENT:** THE STATE, SINAC, MUNICIPALITY OF PARRITA, AND FRUTAS SELECTAS DEL TRÓPICO S.A.

Nº 043-2021-T CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT. Second Judicial Circuit of San José, Annex A. Calle Blancos, at fourteen hours and forty-five minutes on the twenty-seventh day of January of two thousand twenty-one.- An ANTICIPATED PRECAUTIONARY MEASURE is heard, filed by THE RESIDENTS OF THE COMMUNITY OF JICOTE ABAJO DE PARRITA (signature registry visible at image 12 of the judicial file), represented by their special judicial attorney-in-fact, Wálter Brenes Soto, identity card 2-0646-0800, against THE STATE, represented by Procuradora Silvia Quesada Casares, THE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, which, having been duly notified, did not appear in the proceeding, THE MUNICIPALITY OF PARRITA, represented by its Mayor Freddy Garro Arias, and FRUTAS SELECTAS DEL TRÓPICO SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity identification number 3-101-333134-22, represented by its special judicial attorney-in-fact, Natalia Sarmiento Vargas;

WHEREAS:

1. That on October 16, 2020, the moving party filed a request for an anticipated precautionary measure, raising the following precautionary claim: "1. That instructions be issued to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and the Dirección de Aguas to suspend the water intake located on the Parrita River, which is being illegally used by Frutas Selectas del Trópico S.A., in order to prevent the overflows affecting Quebrada Jicote Abajo. 2. That Frutas Selectas del Trópico S.A. and the Dirección de Aguas be ordered to open the floodgates of the illegal damming that exists on Quebrada de Jicote Abajo, to permit the normal flow of water in this stream. 3. That Frutas Selectas del Trópico S.A. and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación be ordered to remove the existing debris at the site adjacent to Quebrada Jicote that aggravates the damming of the stream. 4. To enable a temporary passage for the transit of persons and vehicles for the residents of the community of Quebrada Abajo de Jicote de Parrita, while the Municipality of Parrita, in coordination with the other respondent institutions, builds a definitive passage for persons and vehicles." (Images 2 to 9 of the digital judicial file).

2. That by means of an order issued at sixteen hours and forty-eight minutes on October 16, 2020, this Court denied the extremely provisional precautionary measure and granted the respondent party a written hearing of three days to pronounce on the requested precautionary measure. (Images 288 and 289 of the digital judicial file).

3. That by brief dated October 26, 2020, the representation of the State pronounced on the precautionary measure, indicating that it lacks passive standing in the matter. (Images 296 and 297 of the digital judicial file).

4. That by brief dated November 19, 2020, the representation of the Municipality of Parrita pronounced on the precautionary measure, indicating that it is in the process of contracting for the construction of a bridge in the area. (Images 322 to 324 of the digital judicial file).

5. That by brief dated November 23, 2020, the representation of Frutas Selectas del Trópico S.A. pronounced on the precautionary measure, requesting that it be rejected because the legal prerequisites for its granting are not met. (Images 325 to 335 of the digital judicial file).

6. That the Sistema Nacional de Áreas de Conservación was duly notified of the matter; however, it did not appear or respond to the precautionary measure. (image 321 of the judicial file).

7. The formalities of the proceeding were observed, and the corresponding matter was previously studied.

WHEREAS:

FIRST: OBJECT OF THE REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURE: In the present matter, the moving party requests the following: "1. That instructions be issued to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and the Dirección de Aguas to suspend the water intake located on the Parrita River, which is being illegally used by Frutas Selectas del Trópico S.A., in order to prevent the overflows affecting Quebrada Jicote Abajo. 2. That Frutas Selectas del Trópico S.A. and the Dirección de Aguas be ordered to open the floodgates of the illegal damming that exists on Quebrada de Jicote Abajo, to permit the normal flow of water in this stream. 3. That Frutas Selectas del Trópico S.A. and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación be ordered to remove the existing debris at the site adjacent to Quebrada Jicote that aggravates the damming of the stream. 4. To enable a temporary passage for the transit of persons and vehicles for the residents of the community of Quebrada Abajo de Jicote de Parrita, while the Municipality of Parrita, in coordination with the other respondent institutions, builds a definitive passage for persons and vehicles." on which the corresponding ruling must be made.

SECOND: ARGUMENTS OF THE MOVING PARTY. In summary and to the extent relevant, the moving party argues that in November 2018, the plaintiffs filed a complaint before the Defensoría de los Habitantes due to anomalies in the Quebrada Jicote Abajo, mainly due to a dam that harmed several families regarding passage. They indicate that the only entrance is through the sector of the co-respondent company's farm, that the latter did not have a construction permit for those works, which aggravated the consequences of the stream's flooding, that the road was affected and there is no bridge in the area, that the Dirección de Aguas indicated that the illegal dam was the cause of the effects on the residents, that it involved an illegal use of water and had no permits, that no involved party has proceeded with the demolition of the dam, that the local entity has a budget for the construction of a passage. Regarding the appearance of a good right (apariencia de buen derecho), they affirm that the administrative file contains a series of violations of environmental regulations, mainly an invasion of the protection area of the stream, in addition to usurpation of waters, that the right to a healthy and balanced environment is violated, that the authorities have not acted. Regarding the danger in delay (peligro en la demora), they state that the measure seeks to prevent a greater environmental disaster, to safeguard the residents' rights, to stop the serious environmental damage to the stream, that the safety of the residents is currently at risk, especially during the rainy season, that in an inspection carried out by SINAC and the Dirección de Aguas, the existence of a dam, an illegal use, was determined, which constitutes violations of environmental regulations and criminal offenses. Regarding the balance of interests, they say that the safe and provisional enabling of a pedestrian and vehicular passage is sought while the Municipality carries out the studies for the work, that there is a budget for the work for the year 2020, that the aim is to safeguard the integrity of minors who travel to attend educational centers. That the measure is instrumental because it seeks to safeguard the future vehicular and pedestrian bridge over the stream and address the serious environmental damage and problems caused to the residents.

THIRD: ARGUMENTS OF THE RESPONDENT PARTY: a) The State: That the representation of the State pronounced on the precautionary measure, indicating that the Dirección de Aguas submitted a report to the Defensoría de los Habitantes, that the company was required to eliminate the dam and SINAC was informed of the possible impact on the protection area, that SINAC reported the matter to the Prosecutor's Office of Quepos, the process is being processed under file 20-571-72-PE, that the Prosecutor's Office requested precautionary measures from the Criminal Court, regarding the demolition and restoration of the state of the protection area of the stream, that the company was also criminally denounced for the crimes of usurpation and disobedience. b) The Municipality of Parrita: That the representation of the Municipality pronounced on the precautionary measure, indicating that a contracting process is currently underway for the preliminary studies, design, and construction of the vehicular bridge in Bajos de Jicote, which is in the process of receiving bids. c) Frutas Selectas del Trópico S.A.: That the representation of the co-respondent company pronounced on the precautionary measure, requesting that it be rejected because the legal prerequisites for its granting are not met, indicating, to the extent relevant, that the challenged conduct is not identified, that a fee is paid to MINAE for the use and exploitation of water from the Parrita River, a concession that expires in 2030, therefore it is not true that there is illegal use, that it is not true that the residents have only one entrance, that it is not demonstrated that the dam is the cause of the residents' problems, that the dam was not built by them, that they are trying to put it in order, that it is dedicated to the planting and export of bananas and has several contracts in this regard, that it has around 500 employees, that the demolition of the dam makes the banana activity unviable, so the company would have to close, that there is no appearance of a good right given that the challenged administrative act is not indicated, that this is not the appropriate avenue to resolve the matter. Regarding the danger in delay, it indicates that the challenged act is not identified, that the prerequisites of the precautionary measure are confused. Regarding the weighting of interests, it states that what the measure seeks is for the company to open a passage through its property.

FOURTH: IN GENERAL ON THE PREREQUISITES NECESSARY FOR THE GRANTING OF A PRECAUTIONARY MEASURE. Precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the necessary and indispensable conditions for the issuance and execution of an eventual favorable judgment on the merits for the managing party. Article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the purpose of a precautionary measure is to protect and guarantee, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Article 21 of the aforementioned Code establishes, in turn, that the requested measure is appropriate when the execution or permanence of the conduct submitted to the proceeding produces serious damages or injuries, current or potential, to the alleged situation, and provided that the claim is not reckless or, patently, lacking in seriousness. On the other hand, Article 22 of that same normative body provides that the judge, when making the corresponding decision, must consider the principle of proportionality, weighing the potential injury to the public interest, the damages and injuries caused by the measure to third parties, as well as instrumentality and proportionality, so that the substantive management of the entity is not affected, nor is the legal situation of third parties seriously affected, taking into account the financial possibilities and forecasts of the public administration for the execution of the granted measure. These parameters have been developed jurisprudentially, in the following sense: "(…) In accordance with Article 21 CPCA, the judge, when determining the appropriateness of a request for a precautionary measure, must verify that the claim of the main proceeding is not reckless or, patently, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if there exists in the case in question what doctrine and jurisprudence have called appearance of a good right or fumus boni iuris. On the other hand, the same numeral 21 of the Code establishes the appropriateness of the precautionary measure when the execution or permanence of the conduct submitted to the proceeding produces serious damages or injuries, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as the periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial proceeding, a current, real, and objective danger exists that serious harm will be generated to the moving party (...) Finally, Article 22 CPCA establishes the obligation of the judge to carry out, in light of the principle of proportionality, a weighting of the interests at stake, that is, between the circumstance of the individual, on one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Only upon the concurrence of the three elements, that is, the appearance of a good right, the danger in delay, and that from the analysis of the weighting of interests it is considered that the harm suffered by the individual must be protected above the other interests at stake, may the court proceed to grant the precautionary measure." (Resolution Number 283-2009 of 15:10 hours on February 20, 2009. Contentious-Administrative and Civil Treasury Court). This position is complemented by the criterion expressed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, acting as the Court of Cassation for Contentious-Administrative Matters, in Voto N° 5-F-TC-2008 of ten hours and forty-five minutes on February 6, two thousand eight, regarding the necessity of fulfilling the evidentiary burden in this precautionary phase, indicating that "(…) three requirements that are applied, such as the fumus bonis iuris or appearance of a good right… the danger of delay and the weighting of the interests at stake… the appearance of a good right under the new legislation does not constitute an onerous burden of demonstrating the seriousness of the lawsuit, but rather the judge's internal assessment that said judgment is not reckless, that it is not lacking in seriousness, which is an inverted view, indeed, of the so-called fumus bonis iuris, this periculum also corresponds to the burden, as an evidentiary burden for the one requesting the precautionary measure, and this is so, therefore the precautionary measure is a provisional judgment of that danger in delay, it is not… an assessment of the merits of the proceeding… in what corresponds to the specific case (…) and this Chamber, after conscientiously and extensively deliberating as it does (…) has considered that the serious or irreparable damages and injuries that warrant the adoption of the precautionary measure in question are not duly demonstrated (…) In short, the Court considers that the principle of rational proof of the precautionary measure is not fulfilled, which corresponds to a proof of equilibrium; although it is true that conclusive proof is not required, because it cannot be in a precautionary measure, nor can we leave it to the sole discretion of the statement of the person appealing; there are also potential public interests at stake." Based on the foregoing normative and jurisprudential framework of analysis and the elements required for the granting of a precautionary measure, we proceed to carry out the study of the specific case, taking into account the exposition of the theory of the case and the offering of evidence.

FIFTH: ON THE TESTIMONIAL EVIDENCE OFFERED BY THE PLAINTIFF PARTY. At image 7 of the judicial file, the representation of the plaintiff party offers the testimony of Mr. Róger Delgado Jiménez, to address the illegality of the damming in the stream and the water collection, and Mr. Diego Alvarado Cerdas, to address the problems and effects on the stream and water collection. Having analyzed the corresponding matter, it is resolved to reject the offered statements, because they pertain to issues related to the merits of the matter and because there is documentation on the subject within the judicial file.

SIXTH: ON THE INSTRUMENTALITY OF WHAT IS REQUESTED: For a precautionary measure to be appropriate, it must meet three structural elements, namely instrumentality, urgency, and provisionality. Having analyzed the presented measure, this Judge concludes that none of them is present in the petition for the reasons that will be stated below. The plaintiff party requests that "1. That instructions be issued to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación and the Dirección de Aguas to suspend the water intake located on the Parrita River, which is being illegally used by Frutas Selectas del Trópico S.A., in order to prevent the overflows affecting Quebrada Jicote Abajo. 2. That Frutas Selectas del Trópico S.A. and the Dirección de Aguas be ordered to open the floodgates of the illegal damming that exists on Quebrada de Jicote Abajo, to permit the normal flow of water in this stream. 3. That Frutas Selectas del Trópico S.A. and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación be ordered to remove the existing debris at the site adjacent to Quebrada Jicote that aggravates the damming of the stream. 4. To enable a temporary passage for the transit of persons and vehicles for the residents of the community of Quebrada Abajo de Jicote de Parrita, while the Municipality of Parrita, in coordination with the other respondent institutions, builds a definitive passage for persons and vehicles." Regarding urgency, according to the facts of the measure and the evidence provided, this is an issue dating back to the year 2018 (probably prior to that date) and which has been the subject of various actions by the respondent authorities. That is, it is an important issue, but one that, at this moment, does not require immediate attention, due to the foregoing. Regarding instrumentality, it is evident that the measure does not meet it. Certainly, the contentious-administrative jurisdiction's purpose is the review of administrative conduct (it is clarified to the representation of the co-respondent company that it is not only about formal acts), within which omissive and material conduct are found. The specific case is framed as a situation of omission on the part of the cited authorities. Now then, instrumentality refers to the usefulness of a precautionary petition for the preservation of a possible advantageous outcome for a person who comes before the judicial venue. That is, through precautionary justice, that favorable result cannot be obtained by avoiding the discussion of the merits of the matter, without due process and the adversarial principle being present. This is also supported by the fact that the precautionary measure proceeding is summary and, therefore, its stages are procedurally restricted to those indicated in Articles 19 to 30 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. In the specific case, the petition is aimed at the suspension of a water intake, opening the floodgates of a dam, removal of debris, and enabling a (described as temporary) pedestrian and vehicular passage in the area. All of the foregoing without a discussion on the merits taking place regarding the legality or not of the actions of the co-respondent company and the state authorities involved. These are not precautionary or protective petitions, but rather orders for actions that would become definitive in the material reality of the community where the problem unfolds. At this moment, there is no clarity on the technical or legal appropriateness of the actions requested by the plaintiffs. Solely by way of example, it is not possible to have technical certainty of the possible implications of opening the dam, such as flooding in the area, or whether the removal of the debris (which are not specified) is possible or not, or whether instead the environmental situation would be aggravated. That is, what is requested are claims on the merits and not precautionary ones, as they would resolve the discussion between the parties, therefore there is no instrumentality. Finally, for the reasons stated, provisionality is also not present, given that ordering what is requested would permanently change the factual situation of the discussion, without a discussion on the merits taking place. Despite the foregoing, and for the purposes of appeal, the analysis of the prerequisites for the appropriateness of the precautionary measure will be carried out, although this Judge considers it unnecessary.

SEVENTH: ON THE SPECIFIC CASE. Based on the foregoing, we proceed to carry out the specific study of the elements required by Articles 21 and 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo in accordance with the arguments of both parties and the evidentiary elements submitted to the judicial file, noting that it is a procedural burden for the interested parties, pursuant to Articles 220 of the aforementioned Code and 41 of the Código Procesal Civil, to prove the affirmations made in support of their claims. Regarding the first of them, corresponding to the appearance of a good right (noting that it must be analyzed in accordance with the parameters established by the CPCA), it must be said that from the analysis of the precautionary request, it is observed, preliminarily, that the theory of the case presented is reasonably motivated, so that, without entering into a value judgment on the merits (which in any case is not proper to the precautionary proceeding), it is considered that the action exercised is not reckless, therefore the element of appearance of a good right is fulfilled. In this regard, it must be indicated that the plaintiff party may bring an action in this contentious-administrative venue in order to eliminate what it considers to be omissive conduct by the respondent public authorities and to order them, together with the co-respondent company, to restore the conditions that it claims existed at the site and the elimination of the constructions in the stream of interest and its protection area. Also to seek the execution of the works it claims are required in favor of the subjective rights of the plaintiffs and the protection of the environment. The question of the legality or not of the denounced conduct, whether on the part of the respondent company there is a situation of illegality regarding water use, or retention constructions in the cited body of water, whether there is environmental damage to the area under discussion, among others, corresponds to the merits of the discussion, where even technical evidence is required in order to determine some of the fundamental points raised. Now then, for the appropriateness of precautionary protection, it is required, according to legal provision, that the execution or permanence of the administrative conduct submitted to the proceeding produces serious damages or injuries, current or potential, to the legal situation of the moving party. In this sense, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of the (serious) damage or injury (current or potential), but it must be proven. That is, there is a procedural burden that the interested party must assume pursuant to Articles 220 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 41 of the Código Procesal Civil. Having studied the matter, this Judge concludes that the mentioned legal assumption is not verified, for the following reasons. From the reading of the request for a precautionary measure, the concrete and detailed arguments regarding the existence of damage, and that it is furthermore serious, are not discernible, nor have the corresponding evidentiary elements been provided to prove that situation. The interested party states that the aim is to prevent a greater environmental disaster, to safeguard the residents' rights, to stop the serious environmental damage to the stream, that the safety of the residents is currently at risk especially during the rainy season, that in an inspection carried out by SINAC and the Dirección de Aguas, the existence of a dam (an illegal use) was determined, which constitutes an infraction of environmental regulations and criminal offenses. Having analyzed these arguments, it must be indicated that although this Judge is knowledgeable about the regulations that provide protection to the environmental rights of persons, and the precautionary and preventive principles in environmental matters, the arguments and the evidence provided do not allow the conclusion that the exposed situation represents serious damage to the legal situation of the persons signing the precautionary petition, for the following reasons. The Código Procesal Contencioso Administrativo establishes standing for any interested party who is affected in their subjective rights or legitimate interests, individually or collectively, a situation that is reinforced in this case as it involves, on one hand, environmental situations and, on the other, the use and enjoyment of public assets. This procedural circumstance, however, does not exempt from the fulfillment of the procedural and evidentiary burdens related to demonstrating the legal assumption under analysis, that is, proving the serious, current or potential, damage to the alleged legal situation. In the specific case, not a single circumstance of the persons who signed the precautionary petition is set forth. A generic exposition is made about the problems that occur in the area, in the opinion of the plaintiffs, as a result of the actions of the respondent company and the inaction of the respondent authorities. Nor is evidence provided in this regard. From the documentary evidence (visible at images 20 to 267 and 285 to 287 of the judicial file), it is apparent that since 2018, there has been a problem in the area related to Quebrada Jicote and the works carried out on it, as well as matters related to access roads and the use of the water resource; even the need to build a bridge or passage over the body of water is alleged. However, the seriousness of what is alleged regarding the legal situation of the plaintiff persons is not demonstrated. No specific data or evidence is provided in this regard. On the other hand, from the documentary evidence contained in the file provided by the parties, it is apparent that, at least ostensibly, the respondent authorities have taken actions to remedy the reported facts (in the case of the Municipality, promoting a contracting process for the construction of the bridge in the area, according to the documentation in images 269 to 284 and 324 of the judicial file) and that there are two criminal complaints against the co-respondent company where these issues are being studied. Regarding what is alleged about risks to minors who travel to their educational centers, it must be indicated that there is no evidence in this regard and that, as was made known in national media and official Government statements, the 2020 school year was carried out almost entirely virtually as a result of the sanitary measures issued due to the covid-19 pandemic. In this regard, it must be remembered that precautionary protection is not an automatic mechanism that proceeds upon the party's mere request and the general presentation of its reasons and arguments. Consequently, it is not possible to demonstrate that there exists a situation of serious damage or injury to their legal situation that warrants the granting of the requested precautionary measure. Finally, regarding the weighting of the interests involved in the case, it must be indicated that for the appropriateness of a precautionary measure, the simultaneous verification of the legal prerequisites established in Articles 21 and 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo is required; however, in this particular case, one of them was ruled out, as stated in the preceding sections. Additionally, it must be taken into consideration that to carry out the analysis of weighting of interests and assessment of the potential affected public interest, it is necessary to start from the existence of serious damage to the alleged legal situation and the harmed private interest, which in this case was not demonstrated. That being the case, there are insufficient elements to carry out a final study on this point. The observation is only made that granting what is requested under the stated conditions, that is, it being neither instrumental, provisional, nor urgent, would be injurious to the public interest, given that it could denaturalize the object of the precautionary system established in the CPCA. Therefore, as the totality of the necessary legal prerequisites do not concur, the requested precautionary measure must be declared without merit. Regarding the defense arguments of the co-respondent company, it is indicated that it is not appropriate to undertake a detailed analysis thereof, given that what was requested has been denied, but also because it implies defining the existence of serious damage to its situation, which is inappropriate as it is not the plaintiff party.

This person cannot be treated as a third party, given that they are part of the proceeding. It is resolved without a special award of costs.

THEREFORE,

The testimonial evidence offered by the plaintiff is rejected. The precautionary measure sought by THE NEIGHBORS OF THE COMMUNITY OF JICOTE ABAJO DE PARRITA is declared WITHOUT MERIT in all respects. The plaintiff is cautioned that if they file an ordinary lawsuit, they must do so under this same judicial case-file number. It is resolved without a special award of costs. NOTIFY.- Karen Calderón Chacón. Judge.-

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Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Medida cautelar anticipada Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo Subtemas: Presupuestos para su otorgamiento y consideraciones con respecto a la carga de la prueba. Temas (descriptores): Carga de la prueba en materia contencioso administrativa Subtemas: Corresponde a la parte actora al formular su pretensión. Sentencias en igual sentido MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA PROMOVENTE:

VECINOS DE LA COMUNIDAD DE JICOTE ABAJO DE PARRITA EL ESTADO, SINAC, MUNICIPALIDAD DE PARRITA Y FRUTAS SELECTAS DEL TRÓPICO S.A.

Nº 043-2021-T TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A. Calle Blancos, a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de enero de dos mil veintiuno.- Se conoce MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA, interpuesta por LOS VECINOS DE LA COMUNIDAD DE JICOTE ABAJO DE PARRITA (registro de firmas visible a imagen 12 del expediente judicial), representados por su apoderado especial judicial, Wálter Brenes Soto, cédula de identidad 2-0646-0800, contra EL ESTADO, representado por la Procuradora Silvia Quesada Casares, EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, quien estando notificado no se presentó al proceso, LA MUNICIPALIDAD DE PARRITA, representada por su Alcalde Municipal Freddy Garro Arias y FRUTAS SELECTAS DEL TRÓPICO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-333134-22, representada por su apoderada especial judicial, Natalia Sarmiento Vargas;

RESULTANDO:

1. Que en fecha 16 de octubre del 2020, la parte promovente formuló solicitud de medida cautelar anticipada planteando como pretensión cautelar "1. Se gire instrucciones al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Dirección de Aguas para suspender la toma de agua ubicada en el Río Parrita, la cual se encuentra ilegalmente utilizada por Frutas Selectas del Trópico S.A. para evitar los rebalses que afectan a Quebrada Jicote Abajo. 2. Se ordene a Frutas Selectas del Trópico S.A. y a la Dirección de Aguas que se abran las compuertas del represamiento ilegal que existe en la Quebrada de Jicote Abajo, para permitir el pago normal del agua en esta Quebrada. 3. Se ordene a Frutas Selectas del Trópico S.A. y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación la remoción de los escombros existentes en el sitio adyacentes a Quebrada Jicote que agravan el represamiento de la Quebrada. 4. Habilitar un paso temporal para el tránsito de personas y vehículos de los vecinos de la comunidad de Quebrada Abajo de Jicote de Parrita, mientras la Municipalidad de Parrita, en coordinación con las demás instituciones demandadas construye un paso definitivo para las personas y para vehículos." (Imágenes 2 a 9 del expediente judicial digital).

2. Que por medio de auto de las dieciséis horas y cuarenta y ocho minutos del 16 de octubre del 2020, este Tribunal denegó la medida cautelar provisionalísima y concedió a la parte accionada, audiencia escrita por tres días para que se pronunciara respecto de la medida cautelar pedida. (Imágenes 288 y 289 del expediente judicial digital).

3. Que mediante escrito de fecha 26 de octubre del 2020, la representación del Estado, se pronunció respecto de la medida cautelar, indicando que carece de legitimación pasiva en el asunto. (Imágenes 296 y 297 del expediente judicial digital).

4. Que mediante escrito de fecha 19 de noviembre del 2020, la representación de la Municipalidad de Parrita, se pronunció respecto de la medida cautelar, indicando que está en proceso de contratación para la construcción de un puente en la zona. (Imágenes 322 a 324 del expediente judicial digital).

5. Que mediante escrito de fecha 23 de noviembre del 2020, la representación de Frutas Selectas del Trópico S.A., se pronunció respecto de la medida cautelar, pidiendo que sea rechazada por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento. (Imágenes 325 a 335 del expediente judicial digital).

6. Que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación fue debidamente notificado del asunto, sin embargo no se apersonó ni contestó la medida cautelar. (imagen 321 del expediente judicial).

7. Se observaron las formalidades del proceso y se estudió previamente lo correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR: En el presente asunto la parte promovente solicita lo siguiente: "1. Se gire instrucciones al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Dirección de Aguas para suspender la toma de agua ubicada en el Río Parrita, la cual se encuentra ilegalmente utilizada por Frutas Selectas del Trópico S.A. para evitar los rebalses que afectan a Quebrada Jicote Abajo. 2. Se ordene a Frutas Selectas del Trópico S.A. y a la Dirección de Aguas que se abran las compuertas del represamiento ilegal que existe en la Quebrada de Jicote Abajo, para permitir el pago normal del agua en esta Quebrada. 3. Se ordene a Frutas Selectas del Trópico S.A. y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación la remoción de los escombros existentes en el sitio adyacentes a Quebrada Jicote que agravan el represamiento de la Quebrada. 4. Habilitar un paso temporal para el tránsito de personas y vehículos de los vecinos de la comunidad de Quebrada Abajo de Jicote de Parrita, mientras la Municipalidad de Parrita, en coordinación con las demás instituciones demandadas construye un paso definitivo para las personas y para vehículos." sobre lo cual debe de hacerse el pronunciamiento correspondiente.

SEGUNDO: ARGUMENTOS DE LA PROMOVENTE. En síntesis y en lo que interesa, la parte promovente argumenta que en noviembre del 2018 los accionantes presentaron una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes debido a anomalías en la quebrada Jicote Abajo, principalmente debido a una represa que perjudicó a varias familias en cuanto al paso. Indican que la única entrada es por el sector de la finca de la empresa codemandada, que ésta no tuvo permiso de construcción para esas obras, lo cual agravó las consecuencias de las crecidas de la quebrada, que se afectó el camino y no hay puente en la zona, que la Dirección de Aguas indicó que la represa ilegal era la causante de las afectaciones a los vecinos, que se trataba de un aprovechamiento ilegal de agua y no tenía permisos, que ningún involucrado ha procedido con la demolición de la representa, que la entidad local tienen presupuesto para la construcción de un paso. Sobre la apariencia de buen derecho afirma que en el expediente administrativo constan una serie de violaciones a la normativa ambiental, principalmente una invasión al área de protección de la quebrada, además usurpación de aguas, que se violenta el derecho a un ambiente sano y equilibrado, que las autoridades no han actuado. Sobre el peligro en la demora manifiesta que la medida pretende evitar un desastre ambiental mayor, se resguardan los derechos de los vecinos, se detiene el grave daño ambiental para la quebrada, que actualmente se pone en riesgo la seguridad de los vecinos especialmente en época de invierno, que en inspección realizada por SINAC y la Dirección de Aguas se determinó la existencia de una presa, un aprovechamiento ilegal, que constituyen violaciones a la normativa ambiental e ilícitos penales. Sobre el equilibrio de intereses dice que se pretende la habilitación segura y provisional de un paso peatonal y de vehículos mientras la Municipalidad realiza los estudios de la obra, que se cuenta con presupuesto para la obra para el año 2020, que se pretende resguardar la integralidad de los menos que transitan para asistir a centros educativos. Que la medida es instrumental debido a que buscar resguardar el futuro puente vehicular y peatonal sobre la quebrada y atender los graves daños ambientales y problemas ocasionados a los vecinos.

TERCERO: ARGUMENTOS DE LA PARTE ACCIONADA: a) El Estado: Que la representación del Estado, se pronunció respecto de la medida cautelar, indicando que la Dirección de Aguas rindió informe a la Defensoría de los Habitantes, que se le requirió a la empresa que eliminara la represa e informó a SINAC sobre la posible afectación al área de protección, que SINAC denunció el asunto a la Fiscalía de Quepos, se tramita el proceso en el expediente 20-571-72-PE, que la Fiscalía pidió medidas cautelares al Juzgado Penal, en cuanto al derribo y restablecimiento del estado del área de protección de la quebrada, que también se denunció penalmente por los delitos de usurpación y desobediencia a la empresa. b) La Municipalidad de Parrita: Que la representación de la Municipalidad, se pronunció respecto de la medida cautelar, indicando que actualmente está en proceso una contratación para los estudios previos, diseño y construcción del puente vehicular en Bajos de Jicote, que se encuentra en recepción de ofertas. c) Frutas Selectas del Trópico S.A.: Que la representación de la empresa codemandada, se pronunció respecto de la medida cautelar, pidiendo que la misma sea rechazada por no concurrir los presupuestos legales para su otorgamiento, indicando en lo que interesa que no se señala al conducta impugnada, que se paga al MINAE un canon por uso y aprovechamiento de agua del río Parrita, concesión que vence en 2030, por lo cual no es cierto que haya un aprovechamiento ilegal, que no es cierto que los vecinos cuenten con una sola entrada, que no se demuestra que la represa sea la causante de los problemas de los vecinos, que la represa no fue construida por ellos, que se está tratando de poner en orden la misma, que se dedica a la siembra y exportación de banano que tienen varios contratos al respecto, que tiene alrededor de 500 empleados, que la demolición de la represa hace inviable la actividad bananera, por lo que la empresa tendría que cerrar, que no hay apariencia de buen derecho dado que no se indica el acto administrativo impugnada, que no es esta la vía para dilucidar el asunto. En cuanto al peligro en la demora indica que no se identifica el acto impugnado, que se confunden los presupuestos de la medida cautelar. Sobre la ponderación de intereses manifiesta que la medida lo que busca es que la empresa abra un paso por su propiedad.

CUARTO: EN GENERAL SOBRE LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. La justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones necesarias e indispensables para la emisión y ejecución de una eventual sentencia de fondo favorable a la parte gestionante. El artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. El artículo 21 del Código mencionado, establece, a su vez, que la medida pedida es procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida al proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad. Por otro lado, el artículo 22 de ese mismo cuerpo normativo, dispone que la persona juzgadora, al momento de tomar la decisión correspondiente, deberá considerar el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como la instrumentalidad y proporcionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva de la entidad, ni se afecte de forma grave la situación jurídica de terceros, tomando en cuenta, las posibilidades y previsiones financieras de la administración pública, para la ejecución de la medida otorgada. Dichos parámetros han sido desarrollados jurisprudencialmente, en el siguiente sentido: “(…) De conformidad con el artículo 21 CPCA, el juez, a la hora de determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, debe verificar que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. Por otro lado, el mismo numeral 21 del Código establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum in mora o peligro en la demora, es decir que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promoverte un daño grave (...) Por último, el artículo 22 CPCA establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar." (Resolución Número 283-2009 de las 15:10 horas del 20 de febrero de 2009. Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda). Esta posición se complementa con el criterio externado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en funciones de Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, en Voto N° 5-F-TC-2008 de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de febrero del año dos mil ocho, respecto de la necesidad de cumplimiento de la carga probatoria en esta fase cautelar, al indicar que "(…) tres requisitos que se aplican como es el fumus bonis iuris o apariencia de buen derecho… el peligro de la demora y la ponderación de los intereses en juego… la apariencia de buen derecho conforme a la nueva legislación no constituye una carga gravosa de demostración de la seriedad de la demanda, sino la valoración incluso interna del juez de que aquella sentencia no es temeraria de que no es carente de seriedad, que es una visión invertida, por cierto, del denominado fumus bonis iuris, este periculum además corresponde a la carga, como carga probatoria para quien pide la cautelar, y esto es así, luego la cautelar es un juicio provisional de ese peligro en la mora no es… una valoración del fondo del proceso… en lo que corresponde al caso concreto (…) y esta Sala luego de deliberar concienzuda y ampliamente como lo hace (…) ha estimado que no están debidamente demostrados los daños y perjuicios graves o de imposible reparación que ameriten la adopción de la medida cautelar en cuestión (…) En definitiva, el Tribunal estima que no se cumple con el principio de la prueba racional de la cautelar que se corresponde con una prueba de equilibrio, si bien es cierto no se requiere de una prueba contundente, porque no puede serlo en la medida cautelar, tampoco lo podemos dejar al arbitrio del solo dicho de quien recurre, hay de por medio también eventuales intereses públicos.” Partiendo del anterior marco normativo y jurisprudencial de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto, atendiendo a la exposición de la teoría del caso y el ofrecimiento de la prueba.

QUINTO: SOBRE LA PRUEBA TESTIMONIAL OFRECIDA POR LA PARTE ACTORA. A imagen 7 del expediente judicial, la representación de la parte actora ofrece el testimonio de los señores Róger Delgado Jiménez, para que se refiera a la ilegalidad del represamiento en la quebrada y la captación de agua, y Diego Alvarado Cerdas, para que haga referencia a los problemas y afectaciones a la quebrada y a la captación de agua. Analizado lo correspondiente, se resuelve rechazar las declaraciones ofrecidas, debido a que corresponde a temas relativos al fondo del asunto y a que existe documentación sobre el tema dentro del expediente judicial.

SEXTO: SOBRE LA INSTRUMENTALIDAD DE LO PEDIDO: Para que una medida cautelar sea procedente debe reunir tres elementos estructurales, sea la instrumentalidad, la urgencia y la provisionalidad. Analizada la medida presentada concluye esta Juzgadora que ninguna de ellas se encuentra presente en la gestión por los motivos que se dirán a continuación. La parte actora solicita que "1. Se gire instrucciones al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Dirección de Aguas para suspender la toma de agua ubicada en el Río Parrita, la cual se encuentra ilegalmente utilizada por Frutas Selectas del Trópico S.A. para evitar los rebalses que afectan a Quebrada Jicote Abajo. 2. Se ordene a Frutas Selectas del Trópico S.A. y a la Dirección de Aguas que se abran las compuertas del represamiento ilegal que existe en la Quebrada de Jicote Abajo, para permitir el pago normal del agua en esta Quebrada. 3. Se ordene a Frutas Selectas del Trópico S.A. y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación la remoción de los escombros existentes en el sitio adyacentes a Quebrada Jicote que agravan el represamiento de la Quebrada. 4. Habilitar un paso temporal para el tránsito de personas y vehículos de los vecinos de la comunidad de Quebrada Abajo de Jicote de Parrita, mientras la Municipalidad de Parrita, en coordinación con las demás instituciones demandadas construye un paso definitivo para las personas y para vehículos." En cuanto a la urgencia, de acuerdo con los hechos de la medida y la prueba aportada se trata de un tema que data del año 2018 (probablemente anterior a esa fecha) y que ha sido objeto de diversas acciones por parte de las autoridades demandadas. Es decir, se trata de un tema de importancia, pero que, en este momento, no requiere de una atención inmediata, debido a lo indicado. Sobre la instrumentalidad es evidente que la medida no la reúne. Ciertamente la jurisdicción contencioso administrativa tiene como objeto la revisión de las conductas administrativas (se le aclara a la representación de la empresa codemandada, que no se trata solamente de actos formales), dentro de las cuales se encuentran las omisivas y las materiales. El caso concreto se plantea como una situación de omisión por parte de las autoridades citadas. Ahora bien, la instrumentalidad se refiere a la utilidad de una petición cautelar para la conservación de un posible resultado ventajoso por parte de una persona que acceda a sede judicial. Es decir, mediante la justicia cautelar no puede obtenerse ese resultado favorable evitando la discusión de fondo del asunto, sin que medie el debido proceso y el principio contradictorio. Ello también se sustenta en que el proceso de medida cautelar es sumario y por ende, sus etapas están restringidas procesalmente a las indicadas en los artículos 19 a 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo. En el caso concreto la petición se encamina hacia la suspensión de una toma de agua, abrir las compuertas de una represa, remoción de escombros y habilitación de un paso (se indica que temporal) peatonal y vehicular en la zona. Todo lo anterior sin que medie una discusión de fondo respecto de la legalidad o no de las actuaciones de la empresa codemandada y de las autoridades estatales involucradas. No se trata de peticiones de índole cautelar o precautorias, sino de ordenar las acciones que pasarían a ser definitivas en la materialidad de la comunidad donde se desarrolla la problemática. En este momento no existe claridad sobre la procedencia técnica o jurídica de las acciones pedidas por los accionantes. Únicamente a manera de ejemplo, no es posible tener certeza técnica de las posibles implicaciones de la apertura de la represa, como lo sería inundaciones en la zona o si la remoción de los escombros (que no se precisan cuáles) es posible o no, o si más bien se agravará la situación ambiental. Es decir, lo pedido son pretensiones de fondo y no cautelares, ya que resolverían la discusión entre las partes, por lo cual no hay instrumentalidad. Finalmente, por las razones dichas tampoco se da la provisionalidad, dado que al ordenar lo pedido se cambiaría de forma permanente la situación fáctica de la discusión, ello sin que medie una discusión de fondo. A pesar de lo anterior y para efectos de impugnación, se realizará el análisis de los requisitos de procedencia de la medida cautelar, aunque esta Juzgadora considera que ello es innecesario.

SÉTIMO: SOBRE EL CASO CONCRETO. Partiendo de lo anteriormente expuesto se procede a realizar el estudio concreto de los elementos requeridos por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo de acuerdo con los argumentos de ambas partes y los elementos de prueba aportados al expediente judicial, haciendo la observación que es una carga procesal para las partes interesadas, al tenor de los artículos 220 del mencionado Código y el 41 del Código Procesal Civil, probar las afirmaciones que hagan en apoyo de sus pretensiones. En cuanto al primero de ellos correspondiente a la apariencia de buen derecho (haciendo la observación que éste debe ser analizado de conformidad con los parámetros dispuestos por el CPCA), debe decirse que del análisis de la solicitud cautelar, se observa, de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta está razonablemente motivada, de manera que, sin entrar en un juicio de valor sobre el fondo (lo cual en todo caso no es propio del proceso cautelar) se estima que la acción ejercida no es temeraria, por lo que se cumple con el elemento de apariencia de buen derecho. Al respecto debe indicarse que la parte actora puede accionar en esta sede contencioso administrativa con el fin de eliminar lo que estima es una conducta omisiva por parte de las autoridades públicas demandadas y que se ordene a ésta en conjunto con la empresa codemandada el restablecimiento de las condiciones que alega se encontraban en el sitio y la eliminación de las construcciones en la quebrada de interés y su área de protección. También buscar que se efectúen las obras que alega se requieren en favor de los derechos subjetivos de los accionantes y la protección al ambiente. La situación de legalidad o no de las conductas denunciadas, si por parte de la empresa demandada existe una situación de ilegalidad en cuanto al aprovechamiento de agua, de construcciones de retención en el cuerpo de agua citado, si existe una lesión ambiental a la zona en discusión, entre otros, corresponde al fondo de la discusión de forma, incluso donde se requiere de prueba técnica con el fin de determinar algunos de los puntos fundamentales expuestos. Ahora bien para la procedencia de la tutela cautelar se requiere según disposición legal que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales a la situación jurídica del promovente. En ese sentido debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial), sino que debe probarse. Es decir, existe una carga procesal que debe asumir la parte interesada al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil. Estudiado el particular esta Juzgadora concluye que el supuesto legal mencionado no se verifica, por los siguientes razones. De la lectura de la solicitud de medida cautelar no se desprenden los argumentos concretos y circunstanciados respecto de la existencia de un daño y que además sea uno grave, así como tampoco que se hayan aportado los elementos probatorios correspondientes para acreditar esa situación. La parte interesada manifiesta que se pretende evitar un desastre ambiental mayor, se resguardan los derechos de los vecinos, se detiene el grave daño ambiental para la quebrada, que actualmente se pone en riesgo la seguridad de los vecinos especialmente en época de invierno, que en inspección realizada por SINAC y la Dirección de Aguas se determinó la existencia de una presa (un aprovechamiento ilegal) que constituye infracción a la normativa ambiental e ilícitos penales. Analizados dichos argumentos debe indicarse que si bien esta Juzgadora es conocedora de la normativa que brinda protección a los derechos ambientales de las personas, de los principios pecautorio y preventivo en materia ambiental, los argumentos y la prueba aportada no permiten llegar a la conclusión de que la situación expuesta represente un daño grave a la situación jurídica de las personas firmantes de la gestión cautelar, por los siguientes motivos. El Código Procesal Contencioso Administrativo establece una legitimación para cualquier interesado que se vea afectado en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, de forma individual o colectiva, situación que se ve reforzada en este caso al tratarse por un lado de situaciones ambientales y por otro, del uso y disfrute de bienes públicos. Dicha circunstancia procesal sin embargo no exceptúa del cumplimiento de las cargas procesales y probatorias referidas a la demostración del supuesto legal en análisis, sea que se acredite el daño grave actual o potencial a la situación jurídica aducida. En el caso concreto no se expone una sola de las circunstancia de las personas que firmaron la gestión cautelar. Se hace una exposición genérica sobre los problemas que se dan en la zona, en criterio de los accionantes, producto de las acciones de la empresa demandada y de la inacción de las autoridades demandadas. Tampoco se aporta prueba al respeto. De la prueba documental (visible a imágenes 20 a 267 y 285 a 287 del expediente judicial) se desprende que desde el año 2018, hay una problemática en la zona relacionada con la quebrada Jicote y las obras que se efectuaron en ella, así como lo referido a las vías de acceso y el aprovechamiento del recurso hídrico, incluso se alega la necesidad de construir un puente o paso por el cuerpo de agua. Sin embargo, no se demuestra la gravedad de lo alegado respecto de la situación jurídica de las personas accionantes. No se brinda ningún dato o prueba específica al respecto. Por otro lado, de la prueba documental que consta en el expediente aportada por las partes, se desprende que, al menos en apariencia, las autoridades demandadas han realizado acciones para efectos de enmendar los hechos denunciados (en el caso de la Municipalidad promoviendo una contratación para la construcción del puente en la zona, de acuerdo con la documentación de imágenes 269 a 284 y 324 del expediente judicial) y que existen dos denuncias penales contra la empresa codemandada donde se están estudiando estos temas. En cuanto a lo alegado sobre el riesgos a menores de edad que se trasladan a sus centros de estudio, debe indicarse que no consta prueba al respecto y que, como se dio a conocer en medios de comunicación nacionales y comunicados oficiales del Gobierno, el ciclo escolar del 2020 fue efectuado casi en su totalidad de forma virtual producto de las medidas sanitarias dictadas por la pandemia de covid-19. Al respecto debe recordarse, que la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte y la presentación general de sus razones y argumentos. De forma, que no se logra demostrar que exista una situación de daño o perjuicio grave a su situación jurídica que amerite el otorgamiento de la medida cautelar pedida. Finalmente, en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso debe indicarse que para la procedencia de una medida cautelar se requiere la verificación simultánea de los presupuestos legales establecidos en los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sin embargo en este particular, se descartó uno de ellos, según lo expuesto en los anteriores apartados. Adicionalmente, debe tomarse en consideración que para realizar el análisis de ponderación de intereses y valoración del eventual interés público afectado es necesario partir de la existencia del daño grave a la situación jurídica aducida y del interés particular perjudicado, lo cual en este caso no se logró demostrar. Así las cosas, no hay elementos suficientes para realizar un estudio final sobre este punto. Únicamente se hace la acotación que el otorgamiento de lo pedido en las condiciones dichas, sea que no es instrumental, ni provisional ni urgente, resultaría lesivo para el interés público, dado que podría desnaturalizar el objeto del sistema cautelar dispuesto en el CPCA. Por ende, al no concurrir la totalidad de los presupuestos legales necesarios debe declararse sin lugar la medida cautelar solicitada. En cuanto a los argumentos de defensa de la empresa codemandada se indica que no corresponde entrar a realizar un análisis pormenorizado de los mismos, dado que se ha denegado lo pedido, pero además porque implica definir la existencia de un daño grave a su situación, lo cual es improcedente al no ser la parte actora. No se le puede tomar como un tercero, dado que es parte del proceso. Se resuelve sin especial condena en costas.

POR TANTO,

Se rechaza la prueba testimonial ofrecida por la parte actora. Se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la medida cautelar solicitada por LOS VECINO DE LA COMUNIDAD DE JICOTE ABAJO DE PARRITA. Se previene a la parte actora que de presentar demanda ordinaria, deberá hacerlo bajo este mismo número de expediente judicial. Se resuelve sin especial condena en costas. NOTIFÍQUESE.- Karen Calderón Chacón. Jueza.- *XF47Z933P3NS61*

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