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Res. 01733-2020 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 24/11/2020
OutcomeResultado
The request for a precautionary measure is denied due to lack of evidence of periculum in mora and the prevailing public environmental interest in the balancing of interests.Se rechaza la solicitud de medida cautelar por falta de prueba del peligro en la demora y prevalencia del interés público ambiental en la ponderación de intereses.
SummaryResumen
The Administrative Appeals Court denies the requested precautionary measure filed by two plaintiffs seeking to prevent disturbance of their possession of agricultural land in Dota and the uprooting of coffee plants ordered by the Environmental Administrative Tribunal (TAA) following an environmental sanctioning procedure. The plaintiffs argued the TAA violated due process by not giving a hearing to the usufructuary and that execution would cause irreparable socioeconomic and environmental harm. The Court analyzes the three requirements for such measures: while it finds a fumus boni iuris (the claim is not manifestly frivolous), it determines the plaintiffs failed to provide any evidence of periculum in mora (actual or potential serious harm), such as sales records, payroll, or proof of coffee production allegedly at risk. In weighing interests, environmental protection ordered by the TAA prevails under Article 50 of the Constitution, given the lack of proven individual harm. The precautionary measure is denied.El Tribunal Contencioso Administrativo rechaza la medida cautelar solicitada por dos actores para que no se les perturbe en la posesión de un terreno agrícola en Dota y se les impida el desarraigo de matas de café, ordenado por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) tras un procedimiento sancionatorio ambiental. Los actores alegaban que el TAA violó el debido proceso al no dar audiencia a la usufructuaria del predio y que la ejecución causaría daños socioeconómicos y ambientales irreparables. El Tribunal analiza los tres presupuestos cautelares: aunque reconoce apariencia de buen derecho (la demanda no es temeraria), encuentra que los actores no aportaron prueba alguna del peligro en la demora (daño grave actual o potencial), como facturación, planillas o evidencia de la producción cafetalera que alegan perder. Además, en la ponderación de intereses prevalece la protección del medio ambiente ordenada por el TAA, conforme al artículo 50 constitucional, ante la falta de demostración de un perjuicio individual concreto. La medida cautelar se rechaza.
Key excerptExtracto clave
Regarding the danger in delay, as noted in the previous paragraph, the fundamental requirement to assess is the existence of serious, actual or potential harm, based on the evidentiary elements and a probability analysis made by the judge. In the present case, the plaintiff claims she is currently suffering serious harm because Resolution No. 1858-2020-TAA of 7:30 a.m. on June 16, 2020, issues a second warning to comply with the provisions of Resolution No. Placa4084 cited, which orders the uprooting of coffee plants and the restoration of former forest areas. The plaintiff claims that coffee production has been ongoing for more than two years, generating employment in the area—precisely what is needed—especially for small farmers, agricultural workers such as harvesters, local governments in tax collection, agricultural cooperatives, and the environment itself, since coffee crops have a positive impact. However, the plaintiff does not present any evidence proving that coffee production is actually taking place on the farm located in the Naranjo Arriba de Copey de Dota sector, 8.5 kilometers south of the Santa María de Dota park, nor that it is generating income for the plaintiffs or other families in the area, or providing any revenue to local authorities. Furthermore, she claims the coffee has been cultivated for two years, yet during that time the plaintiff was already aware of the initiation of administrative proceeding No. 192-17-03-TAA, in which the acts sought to be annulled in this lawsuit were issued. In this regard, the record shows that the present request is completely devoid of evidentiary support that, at least at the summary cognition level, proves the concrete existence of a periculum in mora. On this point, the plaintiff provides no evidence to verify this element, as there is no evidence in the record proving the harm or that it is serious, and this judge has no reason to assume it.En cuanto al peligro en la demora, tal y como se anotó en el párrafo anterior, el presupuesto fundamental a valorar en cuanto al peligro en la demora es la existencia de un daño grave, actual o potencial, a partir de los elementos probatorios y un análisis de probabilidades que hace el juez. En el caso de marras, la parte actora señala que está sufriendo en este momento un daño grave por cuanto la resolución número 1858-2020-TAA de las siete horas con treinta minutos del dieciséis de junio del dos mil veinte se da una segunda intimación para que se cumpla con lo dispuesto en la resolución número Placa4084 citada, en la que se señala que se debe dar el desarraigo de las plantas de café y garantizar la regeneración de las áreas que fueron bosque, por lo que la parte actora señala que se encuentra en producción de café desde hace más de dos años, lo cual genera además empleo en la zona, en momento es lo que se requiere generación del mismo, en especial para pequeños campesinos, trabajadores del agro como son los recolectores, Gobiernos Locales en la recolección de impuestos, cooperativas agrícolas, y el mismo medio ambiente, ya que los cultivos de café generan un impacto positivo. No obstante, la parte actora no presenta ningún tipo de prueba que compruebe que se está desarrollando la actividad de producción de café en la finca ubicada en el sector de Naranjo Arriba de Copey de Dota, 8.5 Kilómetros al sur del parque de Santa María de Dota, y que esté generando ingresos a los actores o a más familias de la zona, o que provean algún tipo de ingreso a las autoridades locales. Además, señala que el cultivo del café tiene hace dos años, y en ese tiempo la parte ya conocía del inicio del procedimiento administrativo número 192-17-03-TAA, donde se dictaron los actos que se solicitan sean anulados en la presente demanda. En este mismo sentido, se puede constar de los autos que la presente solicitud es totalmente omisiva y ayuna de respaldo probatorio que al menos en grado de cognición sumaria acredite la existencia concreta de un periculum in mora, en cuanto a este punto, la parte actora no aporta prueba que permita verificar este elemento, por cuanto no consta en autos ningún elemento probatorio que acredite el daño y que este sea grave, y la suscrita no tiene porque suponerlo.
Pull quotesCitas destacadas
"la parte actora no presenta ningún tipo de prueba que compruebe que se está desarrollando la actividad de producción de café en la finca ... y que esté generando ingresos ... la presente solicitud es totalmente omisiva y ayuna de respaldo probatorio que al menos en grado de cognición sumaria acredite la existencia concreta de un periculum in mora"
"the plaintiff does not present any evidence proving that coffee production is actually taking place on the farm ... nor that it is generating income ... the present request is completely devoid of evidentiary support that, at least at the summary cognition level, proves the concrete existence of a periculum in mora"
Considerando V
"la parte actora no presenta ningún tipo de prueba que compruebe que se está desarrollando la actividad de producción de café en la finca ... y que esté generando ingresos ... la presente solicitud es totalmente omisiva y ayuna de respaldo probatorio que al menos en grado de cognición sumaria acredite la existencia concreta de un periculum in mora"
Considerando V
"al no acreditarse por la parte actora que su situación podría generarle graves daños actuales y potenciales de no acogerse la medida cautelar, debe prevalecer el interés público, en especial cuando lo que se estableció en las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo es para la protección del medio ambiente"
"since the plaintiff failed to prove that her situation could cause serious actual and potential harm if the precautionary measure were not granted, the public interest must prevail, especially when the Environmental Administrative Tribunal's decisions are aimed at protecting the environment"
Considerando V
"al no acreditarse por la parte actora que su situación podría generarle graves daños actuales y potenciales de no acogerse la medida cautelar, debe prevalecer el interés público, en especial cuando lo que se estableció en las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo es para la protección del medio ambiente"
Considerando V
Full documentDocumento completo
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Date of Resolution: November 24, 2020 at 11:00 a.m.
File: 18-011287-1027-CA Type of matter: Proceso de conocimiento Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Type of content: Majority vote Topics (descriptors): Proceso contencioso administrativo Subtopics: General principles for granting precautionary measures. Necessity of fulfilling the evidentiary burden in the precautionary phase. Topics (descriptors): Precautionary measures in the proceso contencioso administrativo Subtopics: General principles regarding the prerequisites necessary for granting them. Necessity of fulfilling the evidentiary burden in the precautionary phase. Rulings in the same vein Rulings from the same file TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Email ...01 Second Judicial Circuit of San José, Annex A (Address 218 ) FILE: 18-011287-1027-CA PROCESS: PRECAUTIONARY MEASURE IN PROCESO DE CONOCIMIENTO PLAINTIFFS: Name21254 and Name21253 DEFENDANTS: EL ESTADO AND THE MUNICIPALITY OF DOTA No. 1733-2020-T TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Second Judicial Circuit of San José, Annex A. Address01 , at eleven o'clock on Address2825 . - Request for a precautionary measure in a proceso de conocimiento, filed by Name21254 , holder of identity card number CED19626 and Name21253 , identity card number CED19627 - ; against EL ESTADO, represented by the prosecutor appearing in the process, Licenciada BERTA EUGENIA MARÍN GONZÁLEZ, identity card number CED2494 ; and the MUNICIPALITY OF DOTA, represented by its Municipal Mayor, Mr. Name24250 , identity card number CED19628 .
CONSIDERANDO
I.RELEVANT BACKGROUND. 1.- On December thirteenth, two thousand eighteen, the plaintiff filed a proceso de conocimiento and a request for a precautionary measure against the State (see images 02 to 09 of the judicial file for the precautionary measure). 2.- By order issued at four hours and four minutes in the afternoon on December _, two thousand eighteen, the State's representation was granted a three-business-day hearing, for the purpose of guaranteeing its right to be heard regarding the precautionary measure sought (see images 41 and 42 of the virtual judicial file for the precautionary measure). 3.- By brief filed on February eleventh, two thousand nineteen, the State's representation responded to the hearing granted, opposing the granting of the precautionary measure sought by the plaintiff and raising the defense of necessary joinder of passive defendants (litis consorcio pasivo necesario) (see images 57 to 66 of the virtual judicial file for the precautionary measure). 4.- By order issued at four hours and fifteen minutes in the afternoon on February thirteenth, two thousand nineteen, the plaintiff's representation was granted a three-business-day hearing to respond to the defense presented (see image 67 of the virtual judicial file for the precautionary measure); 5.- By resolution number 178-2020 issued at two hours thirty-five minutes in the afternoon on January thirty-first, two thousand twenty, the Municipality of Dota is joined to this process (see images 120 to 123 of the main virtual judicial file); 6.- By order issued at eleven hours and thirty-five minutes on February twenty-fifth, two thousand twenty, the representation of the Municipality of Dota was granted a three-business-day hearing, for the purpose of guaranteeing its right to be heard regarding the precautionary measure sought (see images 68 and 69 of the virtual judicial file for the precautionary measure); 7.- By brief filed on August twelfth, two thousand twenty, the representation of the Municipality of Dota responded to the hearing granted by the Tribunal (see images 81 and 82 of the virtual judicial file for the precautionary measure); 8- On September tenth, two thousand twenty, the plaintiff filed a brief expanding the arguments for the precautionary measure (see images 84 and 88 of the virtual judicial file for the precautionary measure); 9.- By order issued at eleven o'clock on October first, two thousand twenty, the representations of the State and the Municipality of Dota were granted a three-business-day hearing, for the purpose of guaranteeing their right to be heard regarding the brief filed by the plaintiff (see images 113 and 114 of the virtual judicial file for the precautionary measure); 10.- By brief filed on November fifth, two thousand twenty, the State's representation responded to the hearing granted, opposing the granting of the precautionary measure sought by the plaintiff (see images 122 to 127 of the virtual judicial file for the precautionary measure); 11.- In the proceedings, the mandatory prescriptions have been observed, and no nullities capable of invalidating the actions taken are noted, and;
II.OBJECT OF THE REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURE. In this matter, the moving party requests that an order be issued not to disturb their possession or carry out the uprooting (desarraigo) of the coffee plants in production located on the Agricultural Land, situated in Naranjo, of Address2575 , seventeen of Dota, in the province of San José, with an approximate area of forty-seven hectares, one thousand six hundred eighty-six meters and six decimeters, according to cadastral map SJ_1056050-2006. Regarding the appearance of good right (apariencia de buen derecho), they state that by Resolution 882-18-TAA, file number 192-17-03-TAA, issued at ten hours and nineteen minutes on August 31, 2018, the uprooting of crops on the plaintiffs' agricultural property was ordered, authorizing the entry of SINAC officials to carry out the action, without one of the interested parties in that process having been granted the right to a defense, which creates grounds for nullity in the proceeding. Furthermore, actions were ordered tending toward the registration of a land that is the property of third parties, which they have held in possession for more than 10 years and which is recorded in a public document, which violates the right to private property, again without transferring the administrative process to one of the parties involved, namely the lifetime tenant (usufructuaria) of the property, leaving her defenseless against the loss of her right. This makes it imperative to initiate a Proceso Contencioso Administrativo to determine the nullity of the administrative acts, which we consider contrary to law, making clear the plaintiffs' right to resort to this avenue to determine how their fundamental rights were violated. Regarding the harm caused by ordering the execution of the resolution that affects the property right of a third party, who was not served with the process we consider null, it endangers not only the investments made in caring for the property, but also the right to work the land as one of the pillars of our economy, affecting a fundamental right. It is necessary to provide the interested parties with the possibility of defending their right to preserve the agricultural land, without being disturbed as ordered by the Environmental Tribunal (Tribunal Ambiental). For this reason, it is urgently requested, in accordance with Article 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo in light of the principle of proportionality and with a weighing of the interest in play and the public interest against the interests of third parties, that we find that the process which adopts administrative acts contrary to the plaintiffs' interests, which we consider contrary to law, and that allowing the administrative acts ordered by the Tribunal Administrativo Ambiental to be carried out could cause irreparable harm to the plaintiff, with the loss of the property of which she is a lifetime tenant. In the case of the Proceso de Conocimiento Contencioso Administrativo, it does not cause harm to the administration, since the area they considered affected, although we do not agree, is regenerating naturally and does not need State intervention, much less the initiation of actions to dispossess the legitimate owners of their right of possession. The point we submit for assessment regarding the adoption of the measure is that the possession is notorious, of a property that has been in the plaintiffs' possession since 1995, evidenced by a public document, and that it has been in coffee production for more than two years, which also generates employment in the area, something that is currently needed, as it is a product considered a national symbol. Coffee production creates employment and is an important source of income in rural areas, with a direct impact on the livelihoods of farming families. Coffee cultivation offers many other advantages: it helps reduce soil erosion, is a useful carbon sink (especially plantations shaded by trees), contributes to good watershed management, helps maintain a degree of biodiversity, particularly in mixed farming systems on small family farms, and can provide a good habitat for many migratory birds and other animals. Thus, merely carrying out the uprooting of the coffee plantation would affect small farmers, agricultural workers such as harvesters, Local Governments in tax collection, agricultural cooperatives, and the environment itself, since coffee crops generate a positive impact. Weighing a potential injury to the Public Interest, this would be non-existent since the interest that must prevail in the area is coffee cultivation, which generates socioeconomic and ecological benefits in the zone, without taking into account that the uprooting is also ordered on a property held in possession for many years by citizens under administration, which would affect them, while also harming the State itself, which must seek to protect the interests of the community and the environment.
III.- ARGUMENTS OF THE DEFENDANT PARTIES. THE STATE argues that it opposes the precautionary measure filed by the plaintiffs on the grounds that the precautionary measure is not properly substantiated. Indeed, note that the precautionary motion filed does not even refer to the prerequisites necessary for adopting this type of protection, so it is clear that the motion must be rejected due to lack of proper substantiation. Regarding the appearance of good right (apariencia de buen derecho), the precautionary measure is not appropriate for two reasons, the first being the fact that the plaintiffs seek, through the precautionary channel of the contencioso administrativo jurisdiction, not to be disturbed in their possession of the unregistered real estate located in the sector of Address2826 , 8.5 Kilometers south of the park of Santa María de Dota, which they state was acquired through public deed number 132, visible on folios 97 verso and 98 recto of the protocol of notary Edwin Gerardo Rodríguez Badilla at 8 p.m. on September 28, 1995. However, it is this representation's view that the contencioso administrativo channel is not the competent one to hear a matter regarding the non-disturbance of possession of a real estate property, as this must be heard in the civil channel through the possessory interdict process (proceso interdictal de amparo de posesión) established in Article 106.2 of the Código Procesal Civil, which is a summary proceeding with suspension of the act causing the disturbance of possession, available to anyone in possession of property who is disturbed in it or where there are acts manifesting an intention to dispossess. Secondly, this representation considers that the present precautionary measure lacks appearance of good right because Mr. Name21253 , in the administrative process conducted by the Tribunal Ambiental Administrativo, stated in the first fact of the brief visible on folio 29 of the attached administrative file that he was not the owner of the property where the denounced acts allegedly took place—which is the same property he seeks, through this channel, to have an order issued not to be disturbed in his possession. Likewise, Mr. Name21253 , through his legal representative in the oral and private hearing held on June 18, 2018, at 8:47 a.m., stated and reiterated on several occasions that he was not the owner of the property, as can be clearly heard in the audio provided at minutes 8:15 to 8:56, 9:47 to 10:25, and in the conclusions rendered before the Tribunal Administrativo Ambiental at minutes 1:06 to 1:10:22. Mr. Name21253 also indicated to the Tribunal that he did not know the property where the denounced acts occurred. It should be noted that at no time during the administrative process did Mr. Name21253 present as evidence for resolving the administrative process the public deed number 132, visible on folios 97 verso and 98 recto of the protocol of notary Edwin Gerardo Rodríguez Badilla at 8 p.m. on September 28, 1995, by which he claims to have acquired possession of the property and which he now does present in this process. Nor did he ever state that he was the possessor of said property, or that his mother, Mrs. Name24251 , was the lifetime tenant (usufructuaria de por vida) of said property as indicated in the deed—aspects that influenced the Tribunal Ambiental Administrativo to state, through resolution 882-18-TAA issued at 10:19 a.m. on August 31, 2018, that it could not be demonstrated that Mr. Name21253 was the possessor or owner of the property, for which reason he is absolved of the denounced acts. Therefore, it is this Representation's view that Mr. Name21253 concealed information from the Tribunal Administrativo Ambiental to achieve a favorable result in the administrative process and to avoid being condemned for the denounced acts—information that he now presents in this contencioso administrativo forum, claiming to be the possessor of the property in order to obtain a result favorable to his interests in the contencioso forum. This, in this Representation's view, demonstrates a lack of good faith on the part of the plaintiffs, since in the administrative forum they claim not to know the property and not to be owners or possessors, while in the contencioso administrativo forum they contradict themselves and claim to be the possessors, which shows that the filed claim lacks seriousness and is reckless. Based on the foregoing, it is this representation's view that the requested precautionary measure lacks appearance of good right, and we therefore request that it be so declared. Regarding the danger in delay (peligro en la demora), in the present case, the plaintiffs do not indicate the existence of extreme urgency in granting the precautionary measure, and they state that they would suffer irreparable harm with the loss of the property of which Mrs. Name21254 is the lifetime tenant (usufructuaria), and that the care investments required by the property are endangered, as well as the right to work the land which is part of their economy. However, the plaintiffs do not provide any proof whatsoever to demonstrate the existence of the harm that registering the property in the name of the State, as ordered by resolution 882-18-TAA, would cause them. In the first place, said real estate is an unregistered property and is not the property of the plaintiffs, as Mr. Name21253 has clearly stated in the administrative process, so they could not suffer harm from the loss of a property that does not belong to them. They provide no proof to demonstrate the investments made in said property for its care or for agriculture. They do not demonstrate that they have carried out any work on said property. Note, rather, that in the oral and public hearing held in the administrative process, the legal representative of Mr. Name21253 made it clear that he was not the owner of the property, that he did not know the location of the acts, and that Mr. Name21253 was not going to invest money in coffee planting on a property that was not his, and that he had not carried out the land-use change (cambio del suelo) due to the symmetry of the coffee planting or the other acts for which he is denounced. Thus, it is contradictory that he now presents himself stating that he has carried out work on said property and that he will suffer irreparable harm if the precautionary measure is not granted—harm which, I insist, he does not prove. In this regard, we must note that the Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo has held that the burden of proof to demonstrate the existence of serious harm lies with the party requesting the precautionary measure, and that they must at least provide clear indications that the conduct deployed by the administration could cause them serious harm. (In this sense, see resolution No. 108-F.TC-08 of the Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo). In light of the foregoing, and as long as the necessary proof to demonstrate the existence of harm is not brought into the process, or at least, compelling indications of their eventuality are not indicated, in our view this prerequisite is not met, and the precautionary measure must therefore be rejected. Finally, regarding the weighing of the interests in play, in the present case, it is clear that the protection of natural resources, forests, and protected areas must prevail over any private interest the plaintiff may present. THE MUNICIPALITY OF DOTA states that it has no submissions regarding the request for a precautionary measure filed by the plaintiff.
IV.THE PREREQUISITES FOR ACCEPTANCE OF AN ATYPICAL PRECAUTIONARY MEASURE. As developed by the Sala Constitucional, precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment (Resolution 7190-1994, of 3:24 p.m. on December 6). In this same vein, Article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is to provisionally protect and guarantee the object of the process and the effectiveness of the judgment. Doctrine has indicated that precautionary justice does not aim to declare a fact or a liability, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy an undisputed right, nor to settle a dispute, but rather to prevent the harm that the litigation may entail or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). In accordance with Article 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the judge, when determining the appropriateness of a request for a precautionary measure, must verify that the claim in the proceso de conocimiento is not reckless or, manifestly, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine if what doctrine and jurisprudence have called the appearance of good right (apariencia de buen derecho or fumus boni iuris) exists in the case at hand. On the other hand, the same Article 21 of the Code establishes the appropriateness of the precautionary measure when the execution or persistence of the conduct subjected to process produces serious harm or injury, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as periculum in mora or danger in delay (peligro en la demora), meaning that, by virtue of the pathological delay of the judicial process, there is a current, real, and objective danger that serious harm will be caused to the moving party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Finally, Article 22 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes the obligation of the judge to carry out, in light of the principle of proportionality, a weighing of the interests in play, that is, between the individual's circumstance, on the one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Only when the three elements concur—that is, the appearance of good right, the danger in delay, and from the analysis of the weighing of interests it is considered that the harm suffered by the individual must be protected above the other interests in play—can the court proceed to grant the requested precautionary measure.
V.ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE. Having studied the case file in light of the evidentiary elements and arguments put forth by both parties, this Court considers that the elements necessary to issue the requested precautionary measure are not present, for the following reasons. Regarding the appearance of good right (apariencia de buen derecho), this Judge considers that we are not facing a reckless claim or one manifestly lacking in seriousness, as it involves an object that is possible and properly subject to discussion in this forum, namely, precisely, the nullity of resolutions number 1475-17-TAA issued at eleven hours and two minutes on November twenty-seventh, two thousand seventeen, and 882-18-TAA issued at ten hours and nineteen minutes on August thirty-first, two thousand eighteen, of the Tribunal Ambiental Administrativo, and derived from that, the non-disturbance of the plaintiffs' possession. The plaintiff has put forth weighty arguments (regardless of whether they can be verified at this procedural stage) regarding the alleged illegality of the challenged administrative conduct, by pointing out a violation of due process. It is not, in this Judge's view, a claim without arguments, or evidently aimed at obtaining a result contrary to the legal order. Thus, the first of the procedural prerequisites is deemed fulfilled. Regarding danger in delay (peligro en la demora), as noted in the preceding paragraph, the fundamental prerequisite to assess regarding danger in delay is the existence of serious harm, current or potential, based on the evidentiary elements and a probability analysis conducted by the judge. In the case at hand, the plaintiff states that it is currently suffering serious harm because resolution number 1858-2020-TAA issued at seven hours and thirty minutes on June sixteenth, two thousand twenty, constitutes a second notification to comply with the provisions of the cited resolution number Placa4084 , which states that the uprooting (desarraigo) of the coffee plants must be carried out and the regeneration of the areas that were forest must be guaranteed. The plaintiff states that the land has been in coffee production for more than two years, which also generates employment in the area, something that is currently needed, especially for small farmers, agricultural workers such as harvesters, Local Governments in tax collection, agricultural cooperatives, and the environment itself, since coffee crops generate a positive impact. However, the plaintiff does not present any type of proof to demonstrate that coffee production activity is being carried out on the farm located in the sector of Naranjo Arriba de Copey de Dota, 8.5 Kilometers south of the park of Santa María de Dota, and that it is generating income for the plaintiffs or for other families in the area, or providing any type of income to local authorities. Furthermore, it states that coffee cultivation has been ongoing for two years, and during that time the party was already aware of the initiation of administrative proceeding number 192-17-03-TAA, where the acts sought to be annulled in this lawsuit were issued. In this same vein, it can be observed from the case file that the present request is completely silent and devoid of evidentiary support that would, at least to a degree of summary cognizance, prove the concrete existence of a periculum in mora. On this point, the plaintiff provides no proof to allow verification of this element, since there is no evidentiary element in the case file to prove the harm and that it is serious, and the undersigned has no reason to assume it. In turn, it must be noted that the lack of suitable evidence is the exclusive responsibility of the plaintiff—a criterion widely reiterated by the resolutions of the Tribunal de Casación (among others, numbers 5-F-TC-2008 and 18-F-TC-2008, of February 6 and March 28) and reiterated by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Second Section, in Voto 30-2012 issued at two hours and twenty minutes in the afternoon on October twenty-second, two thousand twelve, which has indicated that the evidentiary burden of demonstrating the possibility of harm falls on the party alleging it, mere allegation not being sufficient for these purposes. Likewise, regarding the non-disturbance of possession, it must be noted, as the State's representation indicated, that a specific process exists for this type of case, in accordance with the provisions of Article 106.2 of the Código Procesal Civil, which must be heard in the civil channel through the possessory interdict process (proceso interdictal de amparo de posesión). In the event that what the plaintiff seeks is to suspend the effects of the challenged act and to be able to continue possessing the property, it must be indicated that the undersigned, without entering into the merits of the matter, cannot deem it proven that the plaintiffs are currently possessors of the property subject to this process. This is because Mr. Name21253 , in the administrative process conducted by the Tribunal Ambiental Administrativo, stated in the first fact of the brief visible on folio 29 of the administrative file provided by the State that he was not the owner of the property. In turn, Mr. Name21253 , through his legal representative in the oral and private hearing held on June eighteenth, two thousand eighteen, at 8:47 a.m., stated and reiterated on several occasions that he was not the owner of the property, as can be clearly heard in the audio provided at minutes 8:15 to 8:56, 9:47 to 10:25, and in the conclusions rendered before the Tribunal Administrativo Ambiental at minutes 1:06 to 1:10:22. Mr. Name21253 also indicated to the Tribunal that he did not know the property where the denounced acts occurred, nor that he was the possessor. This is why the Tribunal Ambiental Administrativo, through resolution 882-18-TAA issued at 10:19 a.m. on August 31, 2018, stated that it could not be demonstrated that Mr. Name21253 was the possessor or the owner of the property, for which reason he is absolved of the denounced acts. It is only upon the filing of the lawsuit and the request for a precautionary measure that public deed number 132, visible on folios 97 verso and 98 recto of the protocol of notary Edwin Gerardo Rodríguez Badilla, at 8 p.m. on September 28, 1995, is provided, by which he claims to have acquired possession of the property, but that does not prove he is the current possessor. Likewise, no means of proof is presented for this precautionary measure that could be deemed to demonstrate that the plaintiffs are currently possessors and that serious harm is being caused to them; and as indicated, the lack of suitable evidence is the exclusive responsibility of the plaintiff. Therefore, no serious harm, or situation that could cause serious and difficult-to-repair harm to the plaintiff if the requested precautionary measure is not granted, is demonstrated, and thus the second prerequisite is not proven. Regarding the weighing of the interests in play, it is this Judge's view that since the plaintiff has not demonstrated that its situation could cause it serious current and potential harm if the precautionary measure is not granted, the public interest must prevail, especially since what was established in the resolutions of the Tribunal Ambiental Administrativo is for the protection of the environment, which must be safeguarded in accordance with Article 50 of the Political Constitution. Therefore, despite the plaintiff's interest in continuing to possess the property, since the current and potential harm it would suffer if the requested precautionary measure were not granted has not been demonstrated, the general interest of environmental protection must prevail. In light of the foregoing, as two of the three prerequisites for granting the precautionary measure have not been proven, it must be rejected, as is hereby done.
POR TANTO
The request for a precautionary measure sought by Name21254 and Name21253 against EL ESTADO and the MUNICIPALITY OF DOTA is rejected. Notify.- (F) Licda. Lindsay Rodríguez Cubero, Processing Judge.
Name38 *Z4KIZF1VZGC61* LINDSAY RODRÍGUEZ CUBERO, PROCESSING JUDGE
Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Proceso contencioso administrativo Subtemas: Generalidades para el otorgamiento de medidas cautelares. Necesidad de cumplimiento de la carga probatoria en la fase cautelar. Temas (descriptores): Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo Subtemas: Generalidades sobre los presupuestos necesarios para su otorgamiento. Necesidad de cumplimiento de la carga probatoria en la fase cautelar. Sentencias en igual sentido Sentencias del mismo expediente TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico ...01 Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Dirección218 ) PROCESO: MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTORES: Nombre21254 Y Nombre21253 DEMANDADOS: EL ESTADO Y LA MUNICIPALIDAD DE DOTA No. 1733-2020-T TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A. Dirección01 , a las once horas del Dirección2825 . - Solicitud de medida cautelar en proceso de conocimiento, establecido por Nombre21254 , portadora de la cédula de identidad número CED19626 y Nombre21253 , cédula de identidad número CED19627 - ; contra el ESTADO, representado por la procuradora apersonada al proceso, la Licenciada BERTA EUGENIA MARÍN GONZÁLEZ, cédula número CED2494 ; y la MUNICIPALIDAD DE DOTA, representada por su Alcalde Municipal, el señor Nombre24250 , cédula de identidad número CED19628 .
CONSIDERANDO
I.ANTECEDENTES DE INTERÉS. 1.- En fecha trece de diciembre del dos mil dieciocho la parte actora presenta proceso de conocimiento y solicitud de medida cautelar contra el Estado (ver imágenes 02 a la 09 del expediente judicial de la medida cautelar). 2.-Mediante auto de las dieciséis horas y cuatro minutos del diciembre del dos mil dieciocho, se brindó audiencia por tres días hábiles a la representación del Estado, a efectos de garantizar su derecho de audiencia respecto de la medida cautelar gestionada (ver imágenes 41 y 42 del expediente judicial virtual de la medida cautelar). 3.- Con memorial de fecha once de febrero del dos mil diecinueve, la representación del Estado contesta la audiencia conferida oponiéndose a que se otorgue la medida cautelar promovida por la parte actora y presenta la excepción de litis consorcio pasivo necesario (ver imágenes 57 a 66 del expediente judicial virtual de la medida cautelar). 4.- Con auto de las dieciséis horas y quince minutos del trece de febrero de dos mil diecinueve, se brindó audiencia por tres días hábiles a la representación de la parte actora para que se refiera a la defensa presentada (ver imagen 67del expediente judicial virtual de la medida cautelar); 5.- Mediante resolución número 178-2020 de las catorce horas treinta y cinco minutos del treinta y uno de enero del dos mil veinte se integra al presente proceso a la Municipalidad de Dota (ver imágenes 120 a 123 del expediente judicial virtual principal); 6.- Mediante auto de las once horas y treinta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil veinte, se brindó audiencia por tres días hábiles a la representación de la Municipalidad de Dota, a efectos de garantizar su derecho de audiencia respecto de la medida cautelar gestionada (ver imágenes 68 y 69 del expediente judicial virtual de la medida cautelar); 7.- Con escrito de fecha doce de agosto del dos mil veinte la representación de la Municipalidad de Dota contesta la audiencia conferida por el Tribunal (ver imágenes 81 y 82 del expediente judicial virtual de la medida cautelar); 8- En fecha diez de setiembre del dos mil veinte la parte actora presenta escrito ampliando los alegatos de la medida cautelar (ver imágenes 84 y 88 del expediente judicial virtual de la medida cautelar); 9.- Mediante auto de las once horas del primero de octubre del dos mil veinte, se brindó audiencia por tres días hábiles a la representación del Estado y de la Municipalidad de Dota, a efectos de garantizar su derecho de audiencia respecto del escrito presentado por la parte actora (ver imágenes 113 y 114 del expediente judicial virtual de la medida cautelar); 10.- Con memorial presentado el cinco de noviembre del dos mil veinte, la representación del Estado contesta la audiencia conferida oponiéndose a que se otorgue la medida cautelar promovida por la parte actora (ver imágenes 122 a 127 del expediente judicial virtual de la medida cautelar); 11.- En los procedimientos, se han observado las prescripciones de rigor y no se observan nulidades capaces de invalidar lo actuado, y;
II.OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. En este asunto, la parte promovente solicita que se ordene no perturbar en la posesión y el desarraigo de las matas de café en producción que se encuentran en el Terreno Agrario, situado en Naranjo, del Dirección2575 , diecisiete de Dota, de la provincia de San José, con una extensión de aproximadamente de cuarenta y siete hectáreas, mil seiscientos ochenta y seis metros seis decímetros, según plano catastrado SJ_1056050-2006. En cuanto a la apariencia de buen derecho señalan que mediante Resolución 882-18-TAA, expediente número192-17-03-TAA, de las diez horas con diecinueve minutos del 31 de agosto del año 2018, se ordena desarraigar cultivos en la propiedad agraria de los actores, autorizando el ingreso de funcionarios del SINAC, para realizar la acción, sin que se diera en el proceso el derecho a la defensa de una de las partes interesadas en el mismo, lo cual genera vicios de nulidad en el proceso, además de ordenarse realizar acciones tendientes a la inscripción de un terreno que es propiedad de terceros, que tienen en posesión por más de 10 años y que consta en documento público, lo cual violenta el derecho a la propiedad privada, nuevamente sin dar traslado del proceso administrativo a una de las partes en el proceso, como lo es la usufructuaria de la propiedad, dejándola en indefensión ante la perdida de su derecho. Lo cual hace imperioso iniciar proceso Contencioso Administrativo, para que se determine la nulidad de los actos administrativos, que consideramos contrarios a derecho, dejando claro el derecho de los actores a acudir a la vía para que se defina como se violentaron sus derechos fundamentales. En cuanto al daño al ordenar la ejecución de la resolución que afecta el derecho a la propiedad de un tercero, que no se le da traslado en el proceso que consideramos nulo, pone el peligro no solo las inversiones que dentro del cuido de la propiedad corresponde, sino el derecho a trabajar la tierra como uno de los pilares de nuestra economía, afectando un derecho fundamental, siendo necesario dar posibilidad de defensa de los interesados en conservar el terreno agrario, sin ser perturbados como es ordenado por el Tribunal Ambiental, razón por la cual se solicita de forma urgente se ordene conforme al artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo a la Luz del principio de proporcionalidad y con una ponderación del interés en juego y el interés público con los intereses de terceros, tenemos que el proceso que adopta actos administrativos en contra de los intereses de los actores, que consideramos contrarios a derecho, y que el permitir que se realizan los actos administrativos ordenados por el Tribunal Administrativo Ambiental, podrían causar daños irreparables a la actora, con la pérdida de la propiedad de la cual es usufructuaria, siendo en el caso del proceso de conocimiento Contencioso Administrativo, no causa afectación a la administración, en razón de que el área que consideraron afectada aún y cuando no estamos de acuerdo su regeneración es natural y no necesita participación del Estado, ni mucho menos iniciar acciones para desapoderar del derecho de posesión a los legítimos dueños.adopción de la medida, es que sometemos este punto a valoración, debido a que la posesión es notoria, de una propiedad que desde el año 1995 está mediante documento público en posesión de los actores, que el mismo se encuentra en producción de café desde hace más de dos años, lo cual genera además empleo en la zona, en momento es lo que se requiere generación del mismo, que es un producto considerado símbolo nacional. La producción de café crea empleo y es una importante fuente monetaria en las zonas rurales, de esta repercusión directa en los medios de subsistencia de las familias campesinas, el cultivo de café ofrece muchas otras ventajas, ayuda a reducir la erosión del suelo, es un útil sumidero de carbono (en especial las plantaciones que están a la sombra de los árboles), contribuye a una buena gestión de las cuencas hidrográficas, ayuda a mantener un grado de biodiversidad, en particular en los sistemas agrícolas mixtos de las pequeñas fincas familiares, y puede ofrecer un buen hábitat a muchas aves migratorias y a otros animales. Siendo de esta forma solo el generar el desarraigo de plantación de café, afectaría a pequeños campesinos, trabajadores del agro como son los recolectores, Gobiernos Locales en la recolección de impuestos, cooperativas agrícolas, y el mismo medio ambiente, ya que los cultivos de café generan un impacto positivo. Ponderando una eventual lesión al interés Público, el cual sería inexistente ya que el interés en la zona que debe prevalecer es el cultivo de café, que es el generador de beneficios, socioeconómicos y ecológicos en la zona, sin tomar en cuenta que se ordena el desarraigo además de una propiedad en posesión por muchos años de administrados, que se les afectaría, al dañar al mismo Estado, que debe procurar resguardar los interese de la colectividad y el medio ambiente.
III.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES DEMANDADAS. EL ESTADO, señala que se opone a la medida cautelar presentada por los actores en razón de que la medida cautelar no se encuentra debidamente fundamentada. En efecto, nótese que la gestión cautelar presentada, ni siquiera se refiere a los presupuestos necesarios para la adopción de este tipo de tutela, por lo que es claro que la gestión debe ser rechazada en razón de no encontrarse debidamente fundamentada. En cuanto a la apariencia de buen derecho, la medida cautelar no resulta procedente por dos razones, siendo la primera de ellas el hecho de que los actores pretenden por medio de la vía cautelar contencioso administrativa, el que no se les perturbe la posesión del bien inmueble sin inscribir ubicado en el sector de Dirección2826 , 8.5 Kilómetros al sur del parque de Santa María de Dota, el cual señalan fue adquirido mediante escritura pública número 132, visible a folios 97 vuelto y 98 frente del protocolo del notario Edwin Gerardo Rodríguez Badilla a las 20 horas del 28 de setiembre del año 1995, no obstante, es criterio de esa representación que la vía contenciosos administrativa no es la competente para conocer sobre la no perturbación la posesión de un bien inmueble, ya que debe ser conocida en la vía civil mediante el proceso interdictal de amparo de posesión establecido en el artículo 106.2 del Código Procesal Civil, el cual es un proceso sumario con suspensión del acto que genera la perturbación de la posesión, al que puede acudir quien se encuentre en posesión de un bien y es perturbado en el o hayan actos que manifiesten la intención de despojo. En segundo término, considera esa representación que la presente medida cautelar no tiene apariencia de buen derecho en razón de que el señor Nombre21253 en el proceso administrativo llevado a cabo por el Tribunal Ambiental Administrativo en el escrito visible a folio 29 del expediente administrativo que se adjunta, señaló en el hecho primero que él no era dueño de la propiedad en la que se dice se realizaron los hechos de la denuncia, propiedad que es la misma que pretende por medio de esta vía se ordene no se le perturbe en su posesión, así mismo, el señor Nombre21253 por medio de su representante legal en la audiencia oral y privada que se llevó a cabo el día 18 de junio del 2018 a las 8:47 horas, manifestó y reiteró en varias ocasiones no ser el dueño de la propiedad como bien se puede escuchar en el audio que se aporta a los minutos 8:15 a 8:56, 9:47 a 10:25 y en las conclusiones rendidas ante el Tribunal Administrativo Ambiental en los minutos 1:06 a 1:10:22, también el señor Nombre21253 le indicó al Tribunal no conocer la propiedad donde se dieron los hechos de la denuncia.Cabe señalar que en ningún momento del proceso administrativo el señor Nombre21253 aportó como prueba para resolver el proceso administrativo, la escritura pública número 132, visible a folios 97 vuelto y 98 frente del protocolo del notario Edwin Gerardo Rodríguez Badilla de las 20 horas del 28 de setiembre del año 1995 mediante la cual señala que adquirió la posesión del bien y que ahora si presenta al presente proceso, tampoco manifestó en ningún momento ser el poseedor de dicha propiedad ni que su madre la señora Nombre24251 fuera usufructuarìa de por vida de dicha propiedad como lo indica la escritura, aspectos que influyeron para que el Tribunal Ambiental Administrativo por medio de la resolución 882-18-TAA de las 10:19 horas del 31 de agosto del 2018 señalara que no se pudo demostrar que el señor Nombre21253 sea poseedor o el propietario de la propiedad por lo que se le absuelve de los hechos sobre los que se denuncian, por lo que es criterio de esta Representación que el señor Nombre21253 ocultó información al Tribunal Administrativo Ambiental para lograr un resultado favorable en el proceso administrativo y lograr que no se le condenara por los hechos denunciados, información que ahora si presenta en esta sede contenciosa administrativa alegando ser el poseedor de la propiedad con el fin de obtener un resultado favorable a sus intereses en sede contenciosa, lo cual para esa Representación no hay una actuación de buena fe por parte de los actores ya que en la sede administrativa alegan no conocer la propiedad y no ser dueños, ni poseedores y en la vía contenciosa administrativa se contradicen y alegan ser los poseedores, lo cual demuestra que no hay una seriedad en la demanda presentada y que la misma es temeraria. En razón de lo expuesto, es criterio de esa representación que la medida cautelar solicitada carece de apariencia de buen derecho, por lo que solicitamos que así sea declarada. En cuanto al peligro en la demora, en el presente caso los actores no señalan que exista una extrema urgencia en otorgar la medida cautelar y señala que sufrirían un daño irreparable con la perdida de la propiedad de la cual la señora Nombre21254 es usufructuaria y que se ponen en peligro las inversiones de cuido que requiere la propiedad, así como el derecho a trabajar la tierra lo cual es parte de su economía, no obstante, los actores no aponan prueba alguna que permita demostrar la existencia del daño que les produciría el inscribir la propiedad a nombre del Estado como lo ordenó la resolución 882-18-TAA, ya que en primer término dicho bien inmueble es un bien sin inscribir y no es propiedad de los actores como bien lo ha señalado el señor Nombre21253 en el proceso administrativo, por lo que no podrían sufrir un daño por la pérdida de una propiedad que no les pertenece, no aportan prueba que permitan demostrar las inversiones realizadas en dicha propiedad para su cuido o por agricultura, no demuestran que ellos hayan realizado algún trabajo en dicha propiedad, nótese más bien que en la audiencia oral y pública celebrada en el proceso administrativo el representante legal del señor Nombre21253 dejó claro que no era dueño de la propiedad, que no conocía el lugar de los hechos y que el señor Nombre21253 no iba a invertir dinero en siembras de café en un inmueble que no era de su propiedad, y que él no había realizado el cambio del suelo a causa de la simetría de siembra de café ni los demás hechos por los que se le denuncia, de manera que es contradictorio que ahora se presente a señalar que ha realizado trabajos en dicha propiedad y que va a sufrir daños irreparables si no se les otorga la medida cautelar, daños que insisto no prueban. En este sentido, debemos señalar que el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo ha sostenido que la carga de la prueba para demostrar la existencia de daños graves la tiene la parte solicitante de la medida cautelar, siendo que al menos debe aportar indicios claros de que ia conduda desplegada por la administración puede ocasionarle daños graves. (En este sentido ver resolución N.° 108-F.TC-08 del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo). Al tenor de lo expuesto, y mientras no se traiga al proceso la prueba necesaria para demostrar la existencia de un daño, o al menos, se indiquen los indicios contundentes de la eventualidad de los mismos, en nuestro criterio este presupuesto no se configura, por lo que la medida cautelar debe ser rechazada. Por último, en relación a la ponderación de los intereses en juego, en el presente caso, es claro que debe privar la protección de los recursos naturales, los bosques y de las áreas protegidas frente a cualquier interés privado que el actor pueda presentar. La MUNICIPALIDAD DE DOTA, señala que no poseen manifestaciones en cuanto a la solicitud de medida cautelar presentada por la parte actora
IV.LOS PRESUPUESTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). De conformidad con el artículo 21 Código Procesal Contencioso Administrativo, el juez, a la hora de determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, debe verificar que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. Por otro lado, el mismo numeral 21 del Código establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Por último, el artículo 22 Código Procesal Contencioso Administrativo establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada.
V.ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. Estudiados los autos a la luz de los elementos probatorios y argumentos esbozados por ambas partes, este Despacho considera que no concurren los elementos para dictar la medida cautelar solicitada, por las siguientes razones. En cuanto a la apariencia de buen derecho, considera esta Juzgadora que no estamos frente a una demanda temeraria o en forma palmaria carente de seriedad, pues se trata de un objeto posible y propio de ser discutido en esta sede, como es precisamente la nulidad de las resoluciones número 1475-17-TAA de las once horas con dos minutos del veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete y 882-18-TAA de las diez horas con diecinueve minutos del treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho del Tribunal Ambiental Administrativo y derivado de ello no se perturbe la posesión de los actores. La parte actora ha esbozado argumentos de peso (más allá de que puedan o no ser verificados en este momento procesal) acerca de la supuesta ilegalidad de conducta administrativa impugnada, al señalarse que se dio una violación al debido proceso. No se trata, a criterio de esta Juzgadora, de una demanda sin argumentos, o dirigida en forma evidente a obtener un resultado contrario al ordenamiento jurídico, con lo que se tiene por cumplido el primero de los presupuestos procesales. En cuanto al peligro en la demora, tal y como se anotó en el párrafo anterior, el presupuesto fundamental a valorar en cuanto al peligro en la demora es la existencia de un daño grave, actual o potencial, a partir de los elementos probatorios y un análisis de probabilidades que hace el juez. En el caso de marras, la parte actora señala que está sufriendo en este momento un daño grave por cuanto la resolución número 1858-2020-TAA de las siete horas con treinta minutos del dieciséis de junio del dos mil veinte se da una segunda intimación para que se cumpla con lo dispuesto en la resolución número Placa4084 citada, en la que se señala que se debe dar el desarraigo de las plantas de café y garantizar la regeneración de las áreas que fueron bosque, por lo que la parte actora señala que se encuentra en producción de café desde hace más de dos años, lo cual genera además empleo en la zona, en momento es lo que se requiere generación del mismo, en especial para pequeños campesinos, trabajadores del agro como son los recolectores, Gobiernos Locales en la recolección de impuestos, cooperativas agrícolas, y el mismo medio ambiente, ya que los cultivos de café generan un impacto positivo. No obstante, la parte actora no presenta ningún tipo de prueba que compruebe que se está desarrollando la actividad de producción de café en la finca ubicada en el sector de Naranjo Arriba de Copey de Dota, 8.5 Kilómetros al sur del parque de Santa María de Dota, y que esté generando ingresos a los actores o a más familias de la zona, o que provean algún tipo de ingreso a las autoridades locales. Además, señala que el cultivo del café tiene hace dos años, y en ese tiempo la parte ya conocía del inicio del procedimiento administrativo número 192-17-03-TAA, donde se dictaron los actos que se solicitan sean anulados en la presente demanda. En este mismo sentido, se puede constar de los autos que la presente solicitud es totalmente omisiva y ayuna de respaldo probatorio que al menos en grado de cognición sumaria acredite la existencia concreta de un periculum in mora, en cuanto a este punto, la parte actora no aporta prueba que permita verificar este elemento, por cuanto no consta en autos ningún elemento probatorio que acredite el daño y que este sea grave, y la suscrita no tiene porque suponerlo. A su vez, se debe señalar que la falta de prueba idónea es responsabilidad exclusiva de la parte actora, criterio ampliamente reiterado por las resoluciones del Tribunal de Casación (entre otras, las números 5-F-TC-2008 y 18-F-TC-2008, del 6 de febrero y del 28 de marzo) y reiterado por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en el Voto 30-2012 de las catorce horas con veinte minutos del veintidós de octubre de dos mil doce, que ha indicado que es carga probatoria de quien alega la posibilidad del daño su demostración, no bastando a estos efectos su mera alegación. Asimismo, en cuanto que no se le perturbe la posesión, se debe señalar que como lo indicó la representación del Estado, que existe un proceso especifico para este tipo de casos, de conformidad con lo establecido en el artículo 106.2 del Código Procesal Civil, el cual debe ser conocida en la vía civil mediante el proceso interdictal de amparo de posesión. En caso de lo que pretende la parte actora es que se suspenda los efectos del acto impugnado y pueda continuar con la posesión del bien, se debe indicar que la suscrita, sin entrar a conocer por el fondo del asunto, no puede tener como acreditado que los accionantes sean poseedores en este momento del predio objeto del presente proceso, por cuanto el señor Nombre21253 en el proceso administrativo llevado a cabo por el Tribunal Ambiental Administrativo, en el escrito visible a folio 29 del expediente administrativo aportado por el Estado, señaló en el hecho primero que él no era dueño de la propiedad, a su vez, el señor Nombre21253 por medio de su representante legal en la audiencia oral y privada que se llevó a cabo el día dieciocho de junio del dos mil dieciocho a las 8:47 horas, manifestó y reiteró en varias ocasiones no ser el dueño de la propiedad como bien se puede escuchar en el audio que se aporta a los minutos 8:15 a 8:56, 9:47 a 10:25 y en las conclusiones rendidas ante el Tribunal Administrativo Ambiental en los minutos 1:06 a 1:10:22, también el señor Nombre21253 le indicó al Tribunal no conocer la propiedad donde se dieron los hechos de la denuncia ni que eran poseedor, y es por ello que el Tribunal Ambiental Administrativo por medio de la resolución 882-18-TAA de las 10:19 horas del 31 de agosto del 2018 señalara que no se pudo demostrar que el señor Nombre21253 sea poseedor o el propietario de la propiedad, razón por la por lo que se le absuelve de los hechos sobre los que se denuncian. Es hasta la presentación de la demanda y la solicitud de medida cautelar que se aporta la escritura pública número 132, visible a folios 97 vuelto y 98 frente del protocolo del notario Edwin Gerardo Rodríguez Badilla, de las 20 horas del 28 de setiembre del año 1995, mediante la cual señala que adquirió la posesión del bien, pero eso no demuestra que sea el actual poseedor. Asimismo, no se presente ningún medio de prueba para esta medida cautelar que pueda tener como demostrado que los accionantes son poseedores en este momento y que se les este produciendo un daño grave; y como se indicó la falta de prueba idónea es responsabilidad exclusiva de la parte actora. Por lo que no se demuestra un daño grave o que se pueda ocasionar daños graves y de difícil reparación a la parte actora, al no otorgarse la medida cautelar solicitada, por lo que no se acredita el segundo de los presupuestos. Respecto a la ponderación de intereses en juego, es el criterio de esta Juzgadora que al no acreditarse por la parte actora que su situación podría generarle graves daños actuales y potenciales de no acogerse la medida cautelar, debe prevalecer el interés público, es especial cuando lo que se estableció en las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo es para la protección del medio ambiente, el cual debe debe ser tutelado de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política, por lo que a pesar de ser interés de la parte actora de continuar con la posesión del bien, al no demostrarse cuales son los daños actuales y potenciales que sufriría de no otorgarse la medida cautelar solicitada, debe prevalecer el interés general de la protección del medio ambiente. Así las cosas, por no acreditarse dos de los tres presupuestos para el otorgamiento de la medida cautelar, ha de procederse a su rechazo, como en efecto se hace.
POR TANTO
Se rechaza la solicitud de medida cautelar gestionada por Nombre21254 y Nombre21253 ; contra el ESTADO y la MUNICIPALIDAD DE DOTA. Notifíquese.- (F) Licda. Lindsay Rodríguez Cubero, Jueza Tramitadora. Nombre38 *Z4KIZF1VZGC61*
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