← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 01205-2020 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 02/12/2020
OutcomeResultado
The alleged nullity was rejected and the lower court's ruling was confirmed, which partially granted the claim, determining the prevalence of the plaintiff's title in the double-title conflict and ordering restitution and delimitation of areas.Se rechazó la nulidad alegada y se confirmó la sentencia de instancia que declaró parcialmente con lugar la demanda, determinando la prevalencia del título de la actora en el conflicto de doble titulación y ordenando la restitución y delimitación de áreas.
SummaryResumen
The Agrarian Court, by majority vote, resolved a double-title conflict between two registered owners over the same property. The core issue was the prevalence of titles in an overlapping area where both parties claimed ownership. The court determined that the better title is one that, in addition to formal registration, proves material possession. In this case, the plaintiff proved possession through the conservation of forest on steep terrain, exercised through inaction as a form of protecting the natural resource, in accordance with Articles 45 and 50 of the Political Constitution. Inaction does not equate to abandonment but rather an exercise of possession consistent with the environmental function of agrarian property. The court upheld the lower court's ruling, which partially granted the claim, ordered restitution of the disputed area, cancellation of overlapping cadastral maps, adjustment of registry measurements, and payment of compensation for the inability to exercise possession. The negative prescription defense was rejected as both titles had been validated by prescription, and the cost award was confirmed.El Tribunal Agrario, en voto de mayoría, resolvió un conflicto de títulos repetidos entre dos propietarios con inscripción registral sobre un mismo inmueble. La discusión central fue la prevalencia de títulos en un área de traslape donde ambas partes alegaban propiedad. El tribunal determinó que el mejor título es aquel que, además de la titularidad formal, demuestra posesión material. En este caso, la parte actora probó su posesión a través de la conservación del bosque en un terreno quebrado, ejercida mediante la inacción como forma de tutela del recurso natural, conforme a los artículos 45 y 50 de la Constitución Política. La inacción no equivale a abandono, sino a un ejercicio de posesión acorde con la función ambiental de la propiedad agraria. El tribunal confirmó la sentencia de instancia que declaró parcialmente con lugar la demanda, ordenó la restitución del área en conflicto, la anulación de planos catastrados superpuestos, el ajuste de medidas registrales y el pago de indemnización por imposibilidad de ejercer posesión. Se rechazó la excepción de prescripción negativa por tratarse de títulos convalidados por prescripción y se mantuvo la condena en costas.
Key excerptExtracto clave
It emerges from the transcribed case law that a contradiction between different titles, under the assumption that mere registered ownership, even if proven, does not constitute sufficient grounds to resolve such a dispute, because the solution favors whoever demonstrates the existing link between formal property—that which appears in the Public Registry—and material possession of the land. Another grievance of the appellant refers to the plaintiff not being an agrarian owner, since its activity is commercial, exclusively dedicated to a hotel, and therefore civil, so it cannot reclaim against another party that is an agrarian owner through reivindication. As explained above, agrarian possession known in the traditional form of exercising agrarian activity, consisting of producing an animal or vegetal biological cycle, after one or multiple transformations to obtain an economic purpose, is not the only form of exercising possession, because according to the evolution of the protection of natural resources inherent in property rights, it is precisely inaction that the law encourages, based on Articles 45 and 50 of the Political Constitution, leaving behind the policy of clearing forest promoted by the Land and Colonization Law, which encouraged those agricultural practices to prove possession, regardless of the consequences of environmental damage and harm to natural resources such as water, soil, forest, etc. Property rights are possessive and dynamic, but with the environmental variable there is a dynamic of more comprehensive protection. If interpreted otherwise, it would remove the incentive for an owner who kept those idle lands that were fulfilling a conservationist behavior. Therefore, the appellant's grievance is not shared when claiming that the plaintiff lacks possession by not exercising agrarian activity, since it exercises its property rights through the right of possession-conservation of the forest resource, especially given it was irregular terrain, where tree cover is important to prevent soil erosion due to its slope (see the contour lines described in the expert report on page 943)."VI.- […] Se extrae de la jurisprudencia transcrita, que la contradicción que se puede presentar entre diversos títulos, bajo el supuesto de que la mera titularidad registral, aunque sea demostrada, no constituye elemento suficiente para solucionar una controversia de este tipo, pues la solución se impone a favor de quien pruebe el vínculo existente entre la propiedad formal, sea la que consta en el Registro Público, junto con la posesión material del terreno.[…] Otro agravio de quien recurre, es referido a que la parte actora no es un propietario agrario, pues su actividad es comercial, dedicada exclusivamente a un hotel y por tal es civil, por lo que no puede reclamar contra otra que si es propietaria agraria por medio de reivindicación. Como se explicó supra, la posesión agraria conocida en la forma tradicional del ejercicio de actividad agraria, consistente en la producción de un ciclo biológico animal o vegetal, previa una o múltiples transformaciones para la obtención de un fin económico, no es la única forma del ejercicio de la posesión, pues de acuerdo a la evolución sobre la tutela del recurso natural que existe en el derecho de propiedad, es precisamente la inacción lo que la ley estimula a partir de lo establecido en el artículo 45 y 50 de la Constitución Política, quedando atrás la política de voltear bosque promovida por la Ley de Tierras y Colonización, que promovía ese tipo de prácticas agrícolas para demostrar posesión, sin importar las consecuencias al daño al ambiente y a los recursos naturales del agua, suelo, bosque, etc. [...] El derecho de propiedad es posesivo y dinámico, pero con la variable ambiental hay un dinamismo de una manera más global de protección.- Si se interpreta de otra manera se estaría quitando el estímulo al propietario que tenía al mantener esos terrenos ociosos que venían cumpliendo acorde a esa conducta conservacionista. Por ello, no se comparte el agravio del recurrente al indicar la parte actora carece de posesión, al no ejercer actividad agraria, pues su contenido al derecho de propiedad lo ejerce a través del derecho de posesión conservación del recurso bosque, máxime se trataba de un terreno irregular, donde la cobertura arbórea es importante para evitar la erosión de suelos debido a su declive. (véase la curvas de nivel que se describen en el informe pericial de folio 943)."
Pull quotesCitas destacadas
"...la mera titularidad registral, aunque sea demostrada, no constituye elemento suficiente para solucionar una controversia de este tipo, pues la solución se impone a favor de quien pruebe el vínculo existente entre la propiedad formal... junto con la posesión material del terreno."
"...mere registered ownership, even if proven, does not constitute sufficient grounds to resolve such a dispute, because the solution favors whoever demonstrates the existing link between formal property... and material possession of the land."
Considerando VI
"...la mera titularidad registral, aunque sea demostrada, no constituye elemento suficiente para solucionar una controversia de este tipo, pues la solución se impone a favor de quien pruebe el vínculo existente entre la propiedad formal... junto con la posesión material del terreno."
Considerando VI
"El derecho de propiedad es posesivo y dinámico, pero con la variable ambiental hay un dinamismo de una manera más global de protección."
"Property rights are possessive and dynamic, but with the environmental variable there is a dynamic of more comprehensive protection."
Considerando VII
"El derecho de propiedad es posesivo y dinámico, pero con la variable ambiental hay un dinamismo de una manera más global de protección."
Considerando VII
"...la posesión agraria conocida en la forma tradicional... no es la única forma del ejercicio de la posesión, pues de acuerdo a la evolución sobre la tutela del recurso natural que existe en el derecho de propiedad, es precisamente la inacción lo que la ley estimula..."
"...agrarian possession known in the traditional form... is not the only form of exercising possession, because according to the evolution of the protection of natural resources inherent in property rights, it is precisely inaction that the law encourages..."
Considerando VII
"...la posesión agraria conocida en la forma tradicional... no es la única forma del ejercicio de la posesión, pues de acuerdo a la evolución sobre la tutela del recurso natural que existe en el derecho de propiedad, es precisamente la inacción lo que la ley estimula..."
Considerando VII
"La regla es, que la condena en costas está prevista para la parte litigante que ha sido vencida en el proceso. ...rgie el principio del vencimiento objetivo, salvo que opere alguna situación excepcional..."
"The rule is that the cost award is provided for the litigant who has been defeated in the process. ...he principle of objective defeat applies, unless some exceptional situation operates..."
Considerando IX
"La regla es, que la condena en costas está prevista para la parte litigante que ha sido vencida en el proceso. ...rgie el principio del vencimiento objetivo, salvo que opere alguna situación excepcional..."
Considerando IX
Full documentDocumento completo
RESULTANDO:
To that end, once this judgment becomes final, let the respective enforcement order be issued to the Public Real Estate Registry, so that it proceeds with the modification or adjustment of the data of that registry entry in the manner indicated. Said enforcement order must be withdrawn and processed in a timely manner by the prevailing plaintiff. 7) The payment of the costs of the proceeding is imposed on Inversiones [Name 12] to be borne by the plaintiff. The interim measures ordered in rulings of January 23 and April 15, 2008, by means of which this claim was noted in the registry entry of properties [Value 028] in rights (citations volume [Value 036] entry [Value 037]), [Value 038] (citations volume [Value 036] entry [Value 039]), and also in the cadastral maps that were not ordered annulled [Value 005], [Value 006], [Value 008], [Value 010], [Value 011], [Value 012], [Value 013], [Value 014], [Value 015], [Value 016], [Value 017], [Value 018], [Value 019] and [Value 042] are hereby set aside.
Their lifting may only be carried out once this judgment is final and, regarding the annotations in the registry entries of the cited real properties, provided that it is recorded in the case file that what was ordered in relation to the modification or elimination of the respective data (measurements or maps) has been complied with. The measures must be lifted in a timely manner through the respective electronic system, unless causes beyond the Court's control prevent it; in such case, the interested prevailing party must process what is pertinent. Judge Ruth Alpízar Rodríguez, " (See Virtual Desktop of the Agrarian Court of Liberia, in Associated Documents, file of 7/24/19 at 8:20:23 a.m.).-
Drafter: Judge Alvarado Paniagua, and;
WHEREAS:
I.The appellant invokes nullity of the judgment because there were 46 failed notifications, which proves the flawed notification system, not attributable to its client, for which reason it has requested they be cured by repeating them to avoid nullity of the judgment for disrespecting the right of defense and due process. We do not share the view that there is any defect as argued by the appellant, since from the records of notification to fax numbers [Value 043], [Value 044] and [Value 045], it is observed that five attempts were made at intervals of 30 minutes each on two different dates, as established in Article 50 of the Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales, therefore no defect implying nullity is observed in such records. The fact that automatic notification was carried out with five attempts, pursuant to the cited article, to three fax numbers, this does not constitute full proof of the existence of a technical failure attributable to the notification system; reaching that conclusion from a premise that is a fallacy of appeal to the majority does not lead to the conclusion sought by the appellant with this grievance.
Pursuant to the provisions of Article 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria, nullity is imposed when there is harm that produces defenselessness; in this case, regardless of whether the fax transmission delivered the judgment incompletely or whether automatic notification occurred with the five attempts, despite this, even if that were the case, the appellant achieves its objective of filing the appeal, so the purpose of the act was fulfilled. Regarding the argument that the other parties have not been notified due to the alleged failure of the notification system by giving a "failed delivery" to the fax for them as well, it is also not admissible, since Article 194 of the Code of Civil Procedure of 1989, applicable to the specific case as the norm in force when this proceeding began and by provision of Transitory Provision I of the current Ley 9342 Código Procesal Civil, establishes that nullity may only be requested by the harmed party; hence, the appellant lacks standing to invoke nullity in favor of those who did not appeal, it being the case that, in any event, it is not observed to have occurred such that it should be declared ex officio by this Tribunal.
The alleged nullity, in any event, would not affect the judgment as the appellant claims, but rather involves a notification issue related to that procedural act (notification records), so it is contradictory on one hand to request the nullity of the judgment based on said reason, and on the following page, to request that no further nullities be declared; therefore, its statements lack coherence, to which no reference is made given they are not grievances against the appealed judgment. - The nullity alleged by the appellant against the judgment it appeals from must be rejected.- In this same line of thought, the plaintiff's attorney, in a writing filed before this Tribunal dated August 9, 2019, requests that the appeal be declared wrongly admitted, which is not to be addressed because, in accordance with Article 59 of the Ley de Jurisdicción Agraria, judgments are subject to appeal, and it was automatically notified on July 25, 2019, therefore it is deemed made on July 29, the time period beginning to run on July 30, with Tuesday, August 6 being the fifth day to appeal.
The holidays of July 25 and August 2, 2019 must be considered for the computation of the time period. For that reason and in accordance with Articles 11 and 50 of the Ley de Notificaciones Judiciales, the appellant's appeal has been correctly admitted.-
II.This Tribunal adopts the account of facts deemed proven in the appealed judgment as a faithful reflection of what transpired in the case file and what was resolved regarding the motion on new facts.-
IV.The special judicial attorney of the company Inversiones [Name 12] Sociedad Anónima, appeals the judgment of eight hours twenty minutes of the twenty-fourth of July two thousand nineteen, upon considering the following: Regarding the statute of limitations (prescripción), it considers the evidence should have been evaluated to determine if the plaintiff, by filing the complaint, exceeded the ten-year time period limited by Article 868 of the Civil Code. It considers the analysis of the evidence did not lead to the conclusion of the judgment because it only applied a legal principle completely foreign to the negative statute of limitations (prescripción negativa) such as Article 320, referring to reivindicatory action (reivindicación), and that is completely foreign to the principle it extracted that the right of ownership (derecho de dominio) is not negatively prescriptible. Without referring to its obligation to analyze the evidence to conclude whether or not there was a negative statute of limitations, it erroneously concluded, by stating that for purposes of reivindicatory actions and duplication of titles (duplicidad de títulos), the exception of negative statute of limitations does not apply, given that the right of ownership is imprescriptible negatively (Article 320 Civil Code).
With this conclusion, it refutes the argument that the defendant Inversiones [Name 12] had 90 years of possession added to that of its transferors (today 99 years because the possession began in 1920). In its approach, the lower court reaches assertions contrary to agrarian law to sustain the imprescriptibility of ownership: a) The plaintiff demonstrated it possessed the farm by means of its map. b) Possession with the map was over a forest area that, being steep, did not permit typical agrarian activities of agriculture and livestock. c) It does not accept the alleged possession of 90 years for statute of limitations purposes but rather from 2004 when the probate proceeding of [Name 26] was opened (ignoring that she was the first possessor in 1920). d) According to the lower court, the plaintiff possessed because it defended its possession by means of the possessory action (interdicto) 05-23 (expired). e) And, according to it, it exercised possession because after the possessory action, and months before the ordinary proceeding, it filed preliminary evidence proceedings.
That is, it states its client alleged a possession of more than 90 years, adding the possession of its transferors, and that the plaintiff did not exercise any agrarian labor or activity, that land being unproductive, with more than 10 years passing without exercising any legal action (that is, the statute of limitations). It asserts, the judgment cannot declare reivindicatory action alleging the imprescriptibility of ownership against another owner, only against the illegitimate possessor. The lower court commits the error of merging all protective actions for property into one, when all of them are independent, with reivindicatory action being that granted to the owner to achieve the restitution of a good of theirs by an illegitimate possessor. The appellant, to support its claim, cites jurisprudence of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, as well as citations of doctrine in that sense.
Another grievance refers to the fact that it considers there is no evidence that the plaintiff is an agrarian owner, with the exercise of agrarian acts and an agrarian activity; quite the opposite, the plaintiff's property is of a commercial nature, dedicated exclusively to a hotel. It says that the plaintiff never had a map of the approximate 44 hectares, so when measuring the land, it did not take into account what was possessed but rather went down to try to dispossess the defendant. It indicates one of the immediate transferors of the property to the plaintiff, [Name 27], in his statement says that the property reached in the upper part to where there was a fence placed. It literally reads: "... after that Mr. [Name 19] distributed the rest of the farm he had (sic: the one his siblings set up to register by possessory information (información posesoria) and distribute each right) and distributed the upper part to Mrs. [Name 26] (sic) he gave her from the guindo fence, from there outward, so he gave her a part of another farm (...) The fence that divided the property in the upper part, must have been there for more than 30 years (folio 1015 verso).
So, this being the case, the plaintiff goes and draws up a map in 2007, which forces the approximately 44 hectares, taking the upper part where the hotel is located and which was purchased improperly, plus a part in the lower zone without having the right because the new map encompassed the property registered to [Name 12] from the heirs that its client had been selling, until legally completing such sale when the farm was registered independently, however, it is insisted some sequences were already sold. This witness testifies against what was claimed by the plaintiff.- Another grievance of the appellant is indicating there is inconsistency (incongruencia), because the judgment granted more and different from what was requested. The Judge's eagerness to resolve the case granted more than what was requested in the claim, as well as aspects very different from those requested by the plaintiff in its lengthy claim, confusing the presuppositions of the reivindicatory action to reach a totally inconsistent reasoning.
Claim 4) of the complaint, is summarized as requesting the demarcation (deslinde) and a dividing fence to subsequently place the entire farm in possession according to map [Value 003]. Claim 5) identified "the area in conflict" between cartographic points 15 to 3 and approximately 100 meters towards [Direction2] in its entirety on the plaintiff's property. The judgment determined the area in conflict between vertices 16 and 64 and vertex 7 and 67, absolutely different from the claim. It argues, in point three it orders restitution to the plaintiff, within 15 days, and establishes a whole series of bases not requested nor analyzed by an expert, defining delimitation characteristics not requested, such as the place where the fences would go on the plaintiff's map [Value 003], placing live/dead posts of average quality and height at a distance of 2 1/2 meters between each post with 4 strands of barbed wire of average quality, and the plaintiff is authorized to make them and charge for them in enforcement of judgment, many aspects were granted that were not claimed.
Regarding costs, it must be exonerated, since all the others declared in default were exempted from that payment, so it considers it should meet the same fate. It likewise objects to what was granted for damages (daños y perjuicios); however, the judgment condemned a very exaggerated amount for these, leaving them to be fixed by an expert in enforcement of judgment. It reiterates the statute of limitations against the reivindicatory action because the owner has a possession of almost 100 years. The farm corresponding to map [Value 004] has been possessed in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner, by [Name 26] cc [Name 26], since the 1920s, added to the possession of their transferors; later, the Succession and now Inversiones [Name 12] possessed it, which would have, at the time the plaintiff put up the fences to take a part of the land, a possession of 99 years.- During all these years, and very particularly during the last 10 years, the plaintiff never claimed any right.
That is, for much longer than the time for the negative statute of limitations, neither the plaintiff nor its transferors made any claim in relation to the two different farms, nor with the cadastral map drawn up with error [Value 003], therefore it considers this action is time-barred (prescrita).- It indicates the plaintiff never exercised any judicial action, mainly because [Name 1] S.A. is a company of North Americans that has never exercised any agrarian labor or activity, has maintained its property as a civil and unproductive property, and more than ten years have passed without exercising any judicial action for the reasons it now presents; hence the statute of limitations of the action must be declared. It requests to revoke the agrarian reivindicatory action against another legitimate possessor owner with 99 years of possession, and there has been no analysis of the duplicated titles (títulos repetidos), a case studied by the lower court in the sense that the judicial result consists of favoring the party who, in addition to title, has possession: in this case, its client, since for 99 years it has had possession when the plaintiff entered its property to deprive it of possession through a possessory action; Inversiones [Name 12] won that proceeding, and therefore the possession was not interrupted in any way.
It says the jurisprudence is very simple: before, when a reivindicatory action was discussed between two owners, the Chamber, based on Article 455 of the Civil Code, favored the oldest title. The new thesis favored the party who, in addition to the title, also had possession, and it transcribes part of Voto 127-95 of the First Chamber of the Court, regarding the statute of limitations in cases of reivindicatory action and usucapion (usucapión). For the foregoing, it considers the judgment must be reversed: because if the evidence is analyzed in its entirety and not just from one question of a confession, it will be possible to verify that the plaintiff's own witnesses indicate that the property reached the edge of a large drop-off, duly separated by barbed wire for many years, and after this argument, it enumerates the events without them being grievances per se. It considers there is a lack of active standing (legitimación activa), since the plaintiff did not correctly prove being an agrarian owner, because its activity is commercial from the hotel and therefore civil, and it reiterates that the reivindicatory action is directed by the owner against the illegitimate possessor, and in the case of the defendant, it is an owner.
It alleges lack of passive standing (legitimación pasiva), since its client is an agrarian owner and not an illegitimate possessor. It indicates the plaintiff and its transferors always respected the boundary with map [Value 004] possessed in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner, by [Name 26] cc [Name 26] since the 1920s. All the defendants expressed upon answering the complaint that Inversiones [Name 12] Sociedad Anónima legitimately purchased from the heirs of the farm of the Partido of [Name 20] Number [Value 022], cadastral map [Value 021], with an area of 15 hectares 2037.64 square meters, with an agrarian possession of 90 years. The plaintiff never proved by any means the illegitimacy of its client's possession. This occurred after drawing up its new map, violently putting up the fence, and being condemned in a possessory action. It argues lack of identity of the thing, since the plaintiff does not identify what the plaintiff's rights are, where they are located, from which possession it was dispossessed; the complaint, in the first claim, requests reivindicating 4 hectares; in the last amendment to the complaint, not directed against Inversiones [Name 12], it indicates that its client has despoiled it and therefore it intends to reivindicate 20 hectares of the property.
It considers the complaint is generic when it refers to a large number of possessors whom it must identify in the exact area they possess. The plaintiff is clear in stating that it has never exercised possessory acts in the area for which it seeks restitution. It also indicates that its property is forest and has no agrarian activity. (See appeal brief in file of 06/08/2019 09:15:10).-
V.For the resolution of this case, the premises of analysis must be clear, and from there determine the type of main action submitted to our knowledge. We have that the plaintiff claims its right of ownership over a strip of land, which it indicates forms part of its farm registered in the public registry under folio [Placa9] and described in cadastral map [Value 003]; on its part, the defendant Inversiones [Name 12] Sociedad Anónima, upon appealing, indicates the strip of land in dispute is its registry property as it is comprised within farm folio [Placa10] described in map [Value 021]. We are facing a conflict of double titling, where it must be defined which of the two titles is the one that prevails over the other. One of the grievances of the appellant is that the case is erroneously analyzed as if it were a reivindicatory action and rejects the exception of negative statute of limitations as if it were the normative assumption regulated in Article 320 of the Civil Code, forgetting that its client is not an illegitimate possessor, given that it holds a valid property title.
We are not facing the case of a registry owner versus an illegitimate possessor who dispossessed them of a strip of land, but rather both parties have their registry title. Given such factual premises, the analysis is directed at determining which of the two titles is the prevailing one and which is the one that must be extinguished registry-wise. It must be indicated that the lower court performs the analysis on double titling and determines the prevailing title based on the fact that both parties have a registry title; this is observed in whereas clause XV, so the appellant's grievance in stating that the lower court resolves the conflict based on a reivindicatory action as if it did not resolve the duplicity of titles, this is not so, because it does do so in the cited whereas clause XV, hence we do not share its grievance in this sense. While it is true it analyzes several actions it considers originate from the accumulation of claims, the truth of the matter is that the main action being resolved is that of double titling.
And since, in the specific case, the problem posed is not only a formal double titling, but the plaintiff accuses that its right has been dispossessed, and requests to be reinstated in possession of the area in conflict, this implies a consequence derived from the fact that, once its title is recognized as valid, from there the propriety of restitution must be analyzed; for this reason, it may be confusing that it is speaking of a reivindicatory action, when what matters is to determine which of the parties is entitled to the prevalence of the title and then order the restitution and delimitation in the area in question.
VI.This topic has been addressed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which has resolved in voto número 823 of 03:35 hours on November 16, 2007, the following: "IV. The core issue of the present appeal revolves around the multiplicity of titles over the same real property, when two persons in good faith and under the protection of registry publicity, acquire a land and this situation arises from deficiencies in the Costa Rican system. On the matter, it is worth recalling the position assumed by the Casación Chamber and later by the First Chamber of the Supreme Court of Justice. In that sense, the former Casación Chamber considered in judgment no. 132 of 15 hours 30 minutes of September 25, 1974, that: 'The problem of repeated titles (títulos repetidos) over the same real property, even those validated by the statute of limitations, can only be resolved by giving preference to the one who holds complete the attributes of ownership, in cases of possession.
This has been agreed upon by numerous judgments of this Court, among them No. 80 of 15 hours of July 29, 1958, pages 126 and following of the respective volume of the Collection.' In that same sense in a more recent case, this Chamber in judgment no. 84 of 14 hours 30 minutes of May 22, 1992 established: '.....- And regarding repeated titles, the most recent jurisprudence has established that not the oldest but the better title governs, which is fundamentally characterized by possession, and it has already been expressed that the plaintiff has never possessed the real property, since it has always been in possession first of the seller and from her death by the acquirers,…'. It is extracted from the transcribed jurisprudence, that the contradiction that may arise between different titles, under the assumption that mere registry ownership, even if proven, does not constitute a sufficient element to resolve a controversy of this type, because the solution is imposed in favor of whoever proves the existing link between formal property, that which appears in the Public Registry, together with the material possession of the land.
In this specific case, it has been determined by testimonial evidence that the original adjacency between both farms was the dividing fence that ran along the edge of the beginning of the gully (guindo), that dividing line being coincident with the dividing line that the expert established in their technical study visible at folios 943 and 1331 where the area of overlap (traslape) between both farms begins, which corresponds to the upper part where the gully begins. In this sense, the witness [Name 28], declared: 'Mr. [Name 19] sold the lower part, because when he distributed among his siblings, they all decided that that part of the lowland was not useful for planting because it was very steep and they decided it was better to sell it. [Name 26] and the other siblings agreed with that, that is why [Name 19] sold it to [Name 27]. When [Name 27] bought the property, there were fences on the edge of the gully, that had been dividing the properties' (f.1025).
In the same sense, [Name 29] declared at folio 1022 verso, who said that between the farm of [Name 26] (land of the appellant party) and that of the plaintiff, what divided them was the gully and there was a fence on the edge of it. Witness [Name 25] at folio 1024 verso, said that he worked building fences for the defendant and did not want to work below the gully, because he knew that the upper fence - referring to where the gully begins - was the adjacency between both farms, and that in the end those who performed that clearing work (chapeas) on the plaintiff's land were other people. From the judicial inspection visible at folio 1026, vestiges of an old fence were observed, as well as its holes and fallen posts along that boundary, which implies they are traces of the old fence that was the boundary in that sector of the gully. As stated, in that sector the old fence existed according to the initial division at the time when the plaintiff and its transferor acquired the real property on November 6, 1991 when it was segregated as a lot sold from the parent farm [Value 049] according to what is described in map [Value 003], which is split by the overlap, as visualized in the said expert report.
Not only was the exercise of possession over that area demonstrated by the demarcation of the old fence that was removed around the year two thousand four-two thousand five, approximately when the possessory actions between both parties begin, as observed in case files EXPN2 and EXPN3 (to which we will refer later).- The evidence of the existence of the old fence at the limit where the gully begins between both farms, is the determining fact to demonstrate the tenure of the land in which it was distributed in material reality among its previous transferors of both parties. On the land occupied by the co-defendant appellant, it is indicated there was development of agriculture and livestock, and on the land occupied by the plaintiff, the overlap area that corresponded to the gully, forest was maintained due to the steep nature of the real property. The fact that a land is kept with forested areas does not imply there is abandonment or that the land is uncultivated, since the exercise of conservation of that forest resource and of the ecosystem that develops on it also implies a modality of the exercise of possession, as established by Articles 45 and 50 of our Political Constitution, as will be discussed later.
And it is that this title [Value 030] with map [Value 003], besides exercising the attributes of ownership as already explained, also has the characteristic of being the oldest title between the two. Both farms originate from the parent farm [Value 049] which arises from registration in possessory information processed by [Name 19], who upon registering it had the commitment to segregate the lots corresponding to his siblings. That is why, on November 6, 1991, farm [Value 002] was created, which was segregated as a lot sold according to map [Value 003], and regardless of the reasons that may exist and are unknown, farm [Value 050] with map [Value 004], is created on January 19, 1996, with an area of 19 ha 3795.18 m2, and with a description in the cited public deed, where it is stated that this segregated lot is not adjacent to the rest of the parent farm because there are prior segregations, therefore the map indicated therein is considered as a reference, since the parent farm has had several segregations.
In fact, the area of the farm of the defendant appellant, which originates from the reunification of several rights adjudicated in the probate proceeding of [Name 26] who was the original owner of farm [Value 050], has a smaller area than the original, that is, 152037.64 m2 and is currently described as farm number [Value 035] with map [Value 021], it being with this map that the expert overlap study is done. As observed between both farms segregated from the same origin, the plaintiff's is created first on November 6, 1991 and that of the defendant appellant on January 19, 1996, so in addition to the exercise of tenure of the area in dispute with a conservation possession of the natural resource within the area delimited by the old fence that divided both properties, it additionally has the oldest title, thus fulfilling the two historical criteria that have been used jurisprudentially to resolve the conflict of double titling, as explained supra with the jurisprudential citation, within the knowledge of the appellant, who also mentions this jurisprudence on double titling.- This is the central issue to be resolved in the specific case.
In another line of thought, and in response to the claims of the complaint, which involve the effects of the facts originating from that double titling, we see in the expert opinion that the overlap area within the plaintiff's farm not only encompasses land comprised in the overlapping map [Value 021], but the defendant party Inversiones [Name 12] S.A. places the fence perpendicular to the gully on the south sector of its map, encompassing an area of land with map [Value 003] that is not within what is drawn on its map, but rather exceeds its limits, entering the land of the plaintiff, which implies that area is not within what we would call a repeated title, because it would be outside of what it comprises, therefore the analysis regarding the reivindicatory action that the lower court makes in the judgment for these areas is not superfluous, without ignoring that, since in addition to the double titling conflict, the plaintiff indicates it has been dispossessed of the overlapped area, and requests to be restored to it with the boundaries placed in the original location (where the gully begins), in accordance with the possession it had before the fence removal conflict began that originated the possessory proceedings between both parties.-
VII.Once the main issue of the action for double titling has been resolved, we proceed to analyze in detail the grievances of the appellant, in the order set forth by the latter.
He begins his substantive grievances, alleging that for the resolution of the pleaded statute of limitations (prescripción), the court should have assessed whether the plaintiff, in filing the claim, exceeded the ten-year period limited by Article 868 of the Civil Code, which was not correctly analyzed, as it is rejected by applying Article 320 of the cited Code, which refers to the action for recovery of possession (acción reivindicatoria), and asserts based on this rule that the right of ownership is not prescriptible, and in this case it involves an action of double title (acción de doble título), where both would have equal lineage of property. The appellant is correct in that regard, as this is not a possessor who could defeat the property right by having acquired it through adverse possession (usucapión), since the defendant is another registered title holder, and not an illegitimate possessor without title.
Note that the title of both parties involves a right validated by prescription (prescripción), because between them negative prescription (prescripción negativa) could not be opposed based on Article 868 ibid, since this is a problem of title duplication, and even if more than ten years have elapsed since the registration of each consolidated title, one of them must be extinguished, because by the principle of legal certainty it is not feasible for two or more titles to exist over the same property, and such a situation finds its solution in choosing the better title, which is the one that holds material possession (posesión material), and if the fact that it is the oldest title is added, these are two elements that allow determining the prevailing title. The appellant indicates that his client alleged possession of more than 90 years, adding the possession of its transferors, and that the plaintiff did not perform any agricultural labor or activity, the land being unproductive, with more than 10 years passing without exercising any legal action (i.e., negative prescription (prescripción negativa)).
This reasoning is not shared, because, as already analyzed, the plaintiff was the one exercising conservation possession (posesión de conservación) over the area in conflict, delimited by the original old fence between both properties where the "guindo" begins; what need would she have to bring action before ten years had passed, if the holding of the strip in conflict was always under her possession since the acquisition of the farm, and it was not until approximately 2004 and 2005 that the conflicts between both parties began with the removal of fences by both, and not before, so as to potentially count a ten-year period according to the appellant's thesis. For the foregoing reasons, the negative prescription (prescripción negativa) against the claim for repeated titles must be rejected, since both are validated by prescription (prescripción), and what remains is to determine the better prevailing title and extinguish the one that is not.
The appellant's argument alleging possession of more than 90 years derived from [Nombre26], who possessed since 1920, is coherent with this affirmation that his title is validated by prescription (prescripción) and, like the plaintiff's title, this conflict is not resolved by determining any right negatively prescriptible between them, but rather by defining which is the better title, as analyzed in the preceding whereas clause. - Another grievance of the appellant refers to the fact that the plaintiff is not an agrarian proprietor, since her activity is commercial, exclusively dedicated to a hotel, and therefore is civil, so she cannot claim against another who is an agrarian proprietor through an action for recovery of possession (reivindicación). As explained supra, agrarian possession known in the traditional form of the exercise of agrarian activity, consisting of the production of an animal or plant biological cycle, after one or multiple transformations to obtain an economic purpose, is not the only form of exercising possession, since according to the evolution regarding the protection of the natural resource that exists in the right of property, it is precisely inaction that the law encourages based on the provisions of Articles 45 and 50 of the Political Constitution, leaving behind the policy of cutting down forest promoted by the Land and Colonization Law, which promoted such agricultural practices to demonstrate possession, without regard for the consequences of damage to the environment and natural resources of water, soil, forest, etc. Currently, the right of property has been evolving in parallel with the development of human rights, as is the case with the right to a healthy and ecologically balanced environment, which implies that the use of the right of property must also be in consideration of this human right, regulated in our Political Constitution through the reform of its Article 50, which states: "The State shall procure the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.
Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that infringe this right and to demand reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve this right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." Initially, a purely possessory property was understood, and upon recognizing the transversal nature of environmental law over property right, these forested areas have generated a change in the holding of this right, in the sense of establishing the obligation to protect the forest, its resources, the ecosystem it contains, as well as the natural landscape. This type of possession exercised by the plaintiff was stripped from them from the time both parties began to file the possessory actions (interdictos). The right of property is possessory and dynamic, but with the environmental variable, there is a dynamism in a more global manner of protection. - If it were interpreted otherwise, it would be removing the incentive from the proprietor who maintained those idle lands that were complying with that conservationist conduct.
Therefore, the appellant's grievance in indicating that the plaintiff lacks possession because she does not exercise agrarian activity is not shared, since she exercises the content of her property right through the right of conservation possession (posesión de conservación) of the forest resource, especially since it was irregular land, where tree cover (cobertura arbórea) is important to prevent soil erosion due to its slope. (see the contour lines described in the expert report on folio 943). - The grievances of the appellant in affirming that the trial court justifies the plaintiff's possession, alleging that she possessed because she defended her possession through possessory action (interdicto) 05-23 (lapsed) and that she exercised possession because after the possessory action (interdicto) and months before the ordinary proceeding, she filed early evidence proceedings, are not shared.
This is not shared by this Court, as the trial court is not observed to have based possession on the filing of such proceedings, because the main evidentiary basis used is primarily witness testimony, among others, based on the principle of free evidentiary assessment established in Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law. - He also indicates that it was not considered that he was victorious in the possessory proceeding (proceso interdictal) 05-23, in which his possession is recognized. This grievance is not shared. It is at this time that the beginning of the conflict over the cited boundary and therefore the overlap and dispossession of the area in question is observed, and within the possessory proceeding (proceso interdictal) EXPN3, through vote 258-F-2007 of the Agrarian Court, the respondent-appellant was ordered to be maintained in possession within the limit of the new fence that the defendant had placed, and which the plaintiff had forcibly removed, and for that reason the decision was ruled against her, considering that the possessory protection (tutela interdictal) is for current and momentary possession, without mattering whether there was an old fence in another place that was previously removed by the defendant company, given that this proceeding does not definitively resolve aspects of property or possession, that being the exclusive competence of the declaratory proceeding.
Hence, the results of the possessory proceedings (procesos interdictales) lack relevance to define aspects of boundary removal and/or demarcation, but it is of interest to mention them to refer to the beginning of the controversies between the parties, from the moment the original fence located on the edge of the "guindo" between both adjoining properties was removed, and not in the sector where the new division was erected that dispossessed the plaintiff of her holding. Therefore, it is inadmissible to accept the appellant's argument indicating that the right belongs to the respondent Inversiones [Nombre12], due to what was declared in its favor in the cited possessory proceeding (proceso interdictal) that recognizes its current and momentary possession by Vote 258-F-2007. Another grievance of the appellant is affirming that the plaintiff never had a plan for the approximate 44 hectares and when measuring the land, she did not take into account what was possessed but went down to try to dispossess the defendant.
This affirmation lacks evidentiary support, given the existence of the original fence, the vestiges of which were observed in situ, as observed in the judicial inspection on folios 1025 and 1026, as described supra. He attacks the statement of [Nombre27], when he affirms that the property reached in the upper part up to where a fence was placed, the upper part being where the hotel is located, thus describing a statement against the plaintiff. This expression of the witness is not observed to be confusing, because it can also be interpreted that the upper part to which he refers is the sector where the "guindo" begins, which is precisely where the original old fence that divided both farms is indicated to have existed, this interpretation being coherent with the statements of the other witnesses already analyzed supra.
VIII.He alleges incongruence in the appealed judgment, because he considers the judgment granted more and different from what was requested. Claim 4 of the complaint is summarized as requesting the boundary demarcation (deslinde) and a dividing fence to subsequently place into possession the entirety of the farm according to plan [Valor 003]. Claim 5) The area in conflict was identified between the cartographic points [Dirección7] and approximately [Dirección8] towards [Dirección9] in its entire extension on the plaintiff's property. For its part, what was granted in the judgment determined the area in conflict between vertices 16 and 64 and vertex 7 and 67, absolutely different from the claim. This grievance of the appellant is not shared, for two reasons: a) it must be observed that the complaint's claim was expanded as seen on folio 575, just as he acknowledges at the end of his appeal, indicating that such expansion is not made against his client, which is also not shared by this Court, because the expansion writing visible on folio 575 is clear in indicating that such expanded claims cover Inversiones [Nombre12] S.A., and it says: "That the defendants must restitute to the plaintiff here, the area or part of the land of the farm of the [Nombre20] district, real folio registration number [Placa1] in an approximate extension of twenty hectares that the defendants occupy without any right, land which is located according to the cadastral plan number [Valor 003] and to which the property owned by the plaintiff refers, [Nombre21] District ([Nombre30]) registration number [Placa3], approximately from bearing 16 in a straight line from east to west to a point between bearings 64 and 65 a fence of approximately 300 meters in length and from bearing 7 approximately to a point between bearings 66 and 67 another fence of approximately 200 meters in length, an area which will be determined by the topographer expert" (see folio 579).
As can be observed, the claim, given its drafting, even allows a certain relativity between what was requested and what was granted, because in conflicts involving the determination of the overlap area, an exact description of the area is not required, since based on an approximation when describing the object of the litigation, it can be determined exactly with the technical expert evidence, and as indicated in the cited claim, the claimed area will be determined by the topographer expert, which is what occurs in this specific case. Having exercised the adversarial principle, which was also fulfilled regarding the practice of the expert evidence, it is concluded that there is no defect of the right of defense, since the party knew the object of the process under discussion, and being the matter debated, such precision of the overlapped area in conflict is not surprising, and is in accordance with the claims of the complaint (including those later expanded).
Likewise, he considers that a ruling is made on the placement of the fence with the characteristics indicated therein, when that was not requested in the complaint. This grievance is not shared, because the judge is resolving aspects that would be derived from the main action. They are the natural effect of the action. Given the factual situation, with an issue of dispossession and boundary alteration, it is necessary that these be granted subject to the result of the main action - that is, the action of double titles or repeated titles - and in this case, the delimitation with the fence with the indicated characteristics is part of the ordering aspects that are a consequence of the main claim for the purposes of the enforceability of the judgment, even at the registry level, although not expressly requested, the judge, by virtue of the duty to provide accurate registry information, correcting errors, rectifying measurements as the trial judge does, to contribute to the system elements in favor of legal certainty, because it is her duty to do so, this being a registry and cadastral obligation imposed by law, since being information of public order, it must be accurate, hence the judge rightly orders the necessary registry modifications for that purpose. The appellant indicates that many unclaimed aspects were granted, but does not mention which ones he refers to, which makes it impossible for this Chamber to address this generic grievance.
As another grievance, the sole appellant co-defendant requests to be exonerated from the payment of both costs, considering that, like the rest of the defendants who were exonerated due to the declaration of default (rebeldía), her client is in the same conditions. In addition to not having the opportunity to formalize an opposition due to its defaulting status. In its most generic sense, the order to pay procedural and personal costs occurs when there is a judicial decision that imposes on a specific person the payment of these procedural expenses that, without said imposition, they would not be obligated to pay. Therefore, the content of the costs order almost always refers to the expenses of the opposing party or parties. The rule is that the order of costs is provided for the litigating party that has been defeated in the process. It is the system adopted by both numeral 55 and 56 of the Agrarian Jurisdiction Law.
There are two theories regarding the purpose and opportunity of the costs order. For one, it only applies when the losing party has acted recklessly or in bad faith; while for the other, it always applies to the loser unless the Judge exempts them from payment for special considerations that must be determined. DE SANTO (Víctor). Diccionario de Derecho Procesal, Buenos Aires, Universidad, 1991, p.86. Our Agrarian Jurisdiction Law inclines towards the latter theory, that is, the principle of objective defeat governs, unless some exceptional situation, also provided for by the legislator, operates to exempt the loser from said order. Therefore, in procedural matters, this principle of objective defeat has an exception which we find in Article 55 of the Agrarian Jurisdiction Law. We refer to the exemption of costs. It is an exception, meaning the rule is to order costs, and if the exception is applied, the judge must justify the reasons for the exoneration.
In the present matter, there is no partial order against costs, no reciprocal defeat, nor does the complaint contain exaggerated claims, nor were there idle or unnecessary proceedings promoted by the victorious counterparty; therefore, in accordance with the foregoing in light of numeral 55 of the Agrarian Jurisdiction Law, there is no compelling reason to grant what is requested by the appellant. Although it is true she was declared in default (rebeldía), she subsequently joined the process, participating in it in the state it was in when she joined, the truth is that she does so by exercising her opposition through the adversarial principle, and even exercises the available remedies, which does not imply a tacit acquiescence as occurs with defaulting status (rebeldía). Furthermore, she is not exonerated like the rest of the defaulting defendants, because Inversiones [Nombre12] S.A. was the one who moved the fences of the original boundaries. -
X.For the same reasons stated when requesting exoneration from costs, she requests no order for damages (daños y perjuicios); she indicates the judgment ordered an excessively high amount for these, leaving them to be set by an expert during judgment enforcement. Note, what was granted for the non-enjoyment of the property, and the payment of two million colones is ordered as compensation to the owner for not being able to access the overlapped area of her property for several years since her dispossession, is justifiable and is not considered exaggerated as indicated by the appellant, because even having only forest from which no economic profit is obtained, the plaintiff has been deprived even of the simple enjoyment of the attributes, unable even to benefit from profits that an eventual scenic beauty could generate or the enjoyment of the benefit for the environment in the present and for future generations (such as payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales, PSA)), the foregoing would be included in the general item that the trial court established as the impossibility to exercise possession, for which it granted the sum of two million colones. - Finally, it is indicated that the appellant does not argue the reasons why he considers there is exaggeration in that granting, and the reasons that motivate that value judgment. -
XI.In the final part of his appeal, he indicates as a grievance what he titles as follows: "I request to declare prescription against the recovery of possession (reivindicación) because the owner has a possession of almost 100 years." This grievance is not understood, because on previous pages of his appeal, he opposed resolving the statute of limitations (prescripción) raised regarding the recovery of possession (reivindicación), because it involved repeated titles and the application of Article 320 of the Civil Code was not appropriate, as resolved by the trial court, and he transcribes case law citations in that sense. Subsequently, in that section, he reiterates the arguments of negative prescription (prescripción negativa) of the action, because the plaintiff did not make any claim regarding the farms when the fences were put up, and the defendant already had a possession of 99 years. This argument was already resolved supra when we referred to the prescription regarding its consolidation in repeated titles.
Other final grievances refer to the evidence not being analyzed in its entirety, and that it should not have been based only on one question from a deposition (confesional) to confirm that the farm reached up to a large drop-off, duly separated by barbed wire for many years. Note, it is not true that the trial judge took that fact derived from a question from the deposition (confesional), because precisely she does not give validity to that ficta confessio (confesión ficta), because she considered that the two questions asked were generic, and that even the second one had already been admitted in the answer to the complaint. He indicates that his right should be considered according to the 1985 plan, that the plaintiff's plan was later drawn up in 1987, the latter being the one that overlaps with that of [Nombre26], which is [Valor 004]. This grievance is also inadmissible, because based on Article 301 of the Civil Code, "the survey (mensura) of a piece of land, whether or not protested, is not sufficient by itself to prove the possession of the same land." Based on this rule, determining which plan is older lacks relevance, because the elements of interest that must be assessed to determine the prevailing title in an action for repeated titles were already explained, and within the considerations is not the determination of the oldest plan or whether one modifies the other.
Note, due to the area differences between plans [Valor 004] of [Nombre26] and the one that currently represents the farm of the appealing defendant, [Valor 021], there are area differences, which implies the first plan has undergone modifications, which implies there is no certainty in the data it represents regarding the material reality, coupled with the fact that at that time the parent farm had undergone several segregations, which made it more imprecise when it is indicated that it was taken for reference only. However, as already indicated in the citation of Article 301, the survey (mensura) of a piece of land does not prove the existence of possession. Finally, he alleges a lack of active standing (legitimación activa), considering the plaintiff is not an agrarian possessor, a lack of passive standing (legitimación pasiva), because he considers the defendant has her registered title obtained from the heirs of [Nombre26], and lack of identity of the property, because what she intends to recover she has not possessed, and therefore restitution does not proceed. - These aspects have already been resolved in the previous whereas clauses since they are reiterated grievances.
It must be concluded by indicating that the plaintiff's claim is not pigeonholed as an action for recovery of possession (acción reivindicatoria) as stated by the appellant, indicating the action filed is of that nature and must be declared without merit, given that this is an action for repeated titles. This is not shared, because the trial court has resolved the action for double titling, and that being the main action, it must also refer to the restitution and demarcation of boundaries also alleged in the complaint, that being part of the dispossession, and whose restoration of the area in conflict is a consequence of the legal effects of declaring the plaintiff's title as prevailing over that of the defendant.
XII.For the foregoing reasons, the judgment shall be confirmed in what has been the subject of the appeal, rejecting the negative prescription (prescripción negativa) for the reasons given in this instance.
POR TANTO:
The nullity alleged by the appellant is declared without merit. The judgment is confirmed in what has been the subject of the appeal. - *DJGYQ43FWLTI61* [Nombre31] - JUEZ/A DECISOR/A *BRWN47LLJ9RW61* [Nombre32] - JUEZ/A DECISOR/A *LMVFS4O2OSG61* [Nombre33] - JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Tribunal Agrario Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Agrario Tema: Acción de doble titulación Subtemas:
Prevalencia del título de quien ejerce actos posesorios sobre el bien en caso de conflicto por doble titulación. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Propiedad agraria Subtemas:
Prevalencia del título de quien ejerce actos posesorios sobre el bien en caso de conflicto por doble titulación. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Función ambiental de la propiedad agraria Subtemas:
Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Propiedad agraria forestal Subtemas:
Prevalencia del título de quien ejerce actos posesorios sobre el bien en caso de conflicto por doble titulación. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Posesión agraria Subtemas:
Prevalencia del título de quien ejerce actos posesorios sobre el bien en caso de conflicto por doble titulación. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Acción reivindicatoria agraria Subtemas:
Prevalencia del título de quien ejerce actos posesorios sobre el bien en caso de conflicto por doble titulación. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Acciones protectoras de los derechos reales agrarios Subtemas:
Prevalencia del título de quien ejerce actos posesorios sobre el bien en caso de conflicto por doble titulación. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Derechos reales agrarios Subtemas:
Prevalencia del título de quien ejerce actos posesorios sobre el bien en caso de conflicto por doble titulación. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Titulación de tierras agrarias Subtemas:
Prevalencia del título de quien ejerce actos posesorios sobre el bien en caso de conflicto por doble titulación. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Bosques y terrenos forestales Subtemas:
Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Protección de los recursos naturales Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Recursos naturales Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Conservación de los recursos naturales Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Zonas naturales protegidas Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Protección de belleza natural Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Área forestal protegida Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Protección del ambiente Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Área silvestre protegida Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Área de conservación Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Biodiversidad Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
Tema: Título de propiedad Subtemas:
Conflicto por multiplicidad de títulos regístrales sobre un mismo bien. Inacción como forma del ejercicio de la posesión de acuerdo a la tutela del recurso natural existente en el derecho de propiedad.
"VI.-[…] Se extrae de la jurisprudencia transcrita, que la contradicción que se puede presentar entre diversos títulos, bajo el supuesto de que la mera titularidad registral, aunque sea demostrada, no constituye elemento suficiente para solucionar una controversia de este tipo, pues la solución se impone a favor de quien pruebe el vínculo existente entre la propiedad formal, sea la que consta en el Registro Público, junto con la posesión material del terreno.[…} Otro agravio de quien recurre, es referido a que la parte actora no es un propietario agrario, pues su actividad es comercial, dedicada exclusivamente a un hotel y por tal es civil, por lo que no puede reclamar contra otra que si es propietaria agraria por medio de reivindicación. Como se explicó supra, la posesión agraria conocida en la forma tradicional del ejercicio de actividad agraria, consistente en la producción de un ciclo biológico animal o vegetal, previa una o múltiples transformaciones para la obtención de un fin económico, no es la única forma del ejercicio de la posesión, pues de acuerdo a la evolución sobre la tutela del recurso natural que existe en el derecho de propiedad, es precisamente la inacción lo que la ley estimula a partir de lo establecido en el artículo 45 y 50 de la Constitución Política, quedando atrás la política de voltear bosque promovida por la Ley de Tierras y Colonización, que promovía ese tipo de prácticas agrícolas para demostrar posesión, sin importar las consecuencias al daño al ambiente y a los recursos naturales del agua, suelo, bosque, etc. [...] El derecho de propiedad es posesivo y dinámico, pero con la variable ambiental hay un dinamismo de una manera más global de protección.- Si se interpreta de otra manera se estaría quitando el estímulo al propietario que tenía al mantener esos terrenos ociosos que venían cumpliendo acorde a esa conducta conservacionista.
Por ello, no se comparte el agravio del recurrente al indicar la parte actora carece de posesión, al no ejercer actividad agraria, pues su contenido al derecho de propiedad lo ejerce a través del derecho de posesión conservación del recurso bosque, máxime se trataba de un terreno irregular, donde la cobertura arbórea es importante para evitar la erosión de suelos debido a su declive. (véase la curvas de nivel que se describen en el informe pericial de folio 943)." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Costas del proceso agrario Subtemas:
Condena al vencido y deber de fundamentar la exención.
"IX.-[...] La regla es, que la condena en costas está prevista para la parte litigante que ha sido vencida en el proceso. Es el sistema que adopta tanto el numeral 55 y 56 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Existen dos teorías en cuanto a la finalidad y oportunidad de la condenatoria en costas. [...] Nuestra Ley de Jurisdicción Agraria, se inclina por ésta última teoría, es decir, rige el principio del vencimiento objetivo, salvo que opere alguna situación excepcional, también previstas por el legislador, se exima al perdidoso de dicha condenatoria. Por ello, en materia procesal, este principio de vencimiento objetivo tiene una excepción que la encontramos en el artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Nos referimos a la exención de costas. Es una excepción, es decir que la regla es que se condene en costas y si se aplica la excepción, la persona juzgadora debe razonar los motivos de la exoneración." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina *070002660387AG* ORDINARIO ACTOR/A:
[[Nombre1] ] SOCIEDAD ANONIMA DEMANDADO/A:
[[Nombre3] ] VOTO N° 1205-F-2020 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las doce horas trece minutos del dos de diciembre de dos mil veinte.- PROCESO ORDINARIO promovido por [[Nombre1] ] SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica [CED1 ] , representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma [[Nombre2] ], [...]; contra [[Nombre3] ], [...]; [[Nombre4] ] , [...]; [[Nombre5] ], [...]; [[Nombre6] ], [...]; SUCESIÓN DE [[Nombre7] ], quien fue [...], representada por su albacea [[Nombre8] ], [...]; [[Nombre9] ], [...]; [[Nombre10] ] , [...]; [[Nombre11] ], [...]; INVERSIONES [[Nombre12] ], cédula jurídica [...], representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma [[Nombre13] ], [...] ; [[Nombre14] ] SOCIEDAD ANÓNIMA , [...], representada por su presidente [[Nombre15] ], [...]; [[Nombre16] ], [...]; [[Nombre17] ], [...]; [[Nombre18] ], [...]; y contra [[Nombre19] ], [...].
Actúan como apoderados especiales judiciales de la sociedad actora el licenciado Gonzalo Alfonso Monge Corrales, colegiado tres mil doscientos veintidós; y del codemandado Inversiones [[Nombre12] ] el letrado Ricardo Zeledón Zeledón , colegiado mil cuatrocientos veintidós; y como abogada directora de los codemandados [[Nombre9] ], [[Nombre11] ] la licenciada Ana María Vargas Moya, colegiada dos mil novecientos veintidós, y esta última también representa pero en su carácter de apoderada especial judicial a los accionados [[Nombre16] ], [[Nombre10] ], [[Nombre6] ], [[Nombre4] ], [[Nombre5] ], [[Nombre3] ]. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, con sede en Liberia.-
RESULTANDO:
Redacta la Jueza Alvarado Paniagua, y;
CONSIDERANDO:
I.La parte apelante invoca nulidad de la sentencia porque hubo 46 notificaciones fallidas, lo que prueba el malogrado sistema de notificaciones, no imputable a su representada, por lo que ha solicitado sanearlas repitiéndolas para evitar nulidad del fallo por irrespetar el derecho de defensa y debido proceso. No se comparte exista algún vicio como lo aduce el recurrente, pues de las actas de notificación a los número de fax [Valor 043], [Valor 044] y [Valor 045] se observa se practicaron los cinco intentos con interválos de 30 minutos cada uno en dos fecha diferentes conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales, por lo que no se observa en tales actas algún vicio que implique nulidad. El que la notificación automática se practicara por los cinco intentos conforme al artículo citado, a tres números de fax , ello no hace plena prueba de la existencia de una falla técnica atribuible al sistema de notificaciones, llegar a esa conclusión a partir de una premisa que es una falacia de apelación a la mayoría, no conlleva a la conclusión a la que pretende el apelante con este agravio.
Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria, la nulidad se impone cuando haya un perjuicio que produzca indefensión, en este caso, independientemente si transmisión de fax le pasó de manera incompleta la sentencia o si se produjo la notificación automática con los cinco intentos, pese a ello en caso de que así fuera, el apelante logra su objetivo de interponer el recurso de apelación, por lo que el fin del acto se cumplió. En cuanto al argumento que las otras partes no han sido notificadas por la supuesta falla del sistema de notificaciones al dar "envío fallido" al fax también para ellos, tampoco es de recibo, pues el artículo 194 del Código Procesal Civil de 1989 aplicable al caso concreto al ser la norma vigente al iniciarse este proceso y por lo dispuesto en el Transitorio I de la actual Ley 9342 Código Procesal Civil, establece la nulidad no podrá ser requerida sino por la parte perjudicada, de allí que el apelante carece de legitimación para invocar nulidad a favor de quienes no apelaron, siendo que en todo caso, no se observa ésta se haya producido como para dictarla de manera oficiosa por este Tribunal.
La nulidad alegada en todo caso no afectaría la sentencia como lo afirma el apelante, sino que se trata de un tema de notificación que se relaciona con ese actuación procesal (actas de notificación), por lo que resulta contradictorio por un lado pedir la nulidad de la sentencia con base en el motivo dicho, y en la página siguiente, solicita no se declaren más nulidades, por lo que carece de coherencia sus manifestaciones, a las que no se hacen referencia alguna dado no se trata de agravios contra la sentencia impugnada. - Deberá rechazarse la nulidad alegada por el apelante contra la sentencia que apela.- En este mismo orden de ideas, el abogado de la parte actora en escrito presentado ante este Tribunal fechado 9 de agosto del 2019, solicita sea declarada mal admitida la apelación, lo cual no ha de atenderse porque de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Jurisdicción Agraria las sentencias cuentan con recurso de apelación, y la misma fue notificada de forma automática el 25 de julio del 2019, por lo que se tiene por hecha el día 29 de julio, comenzando a correr el plazo el 30 de julio siendo el martes 6 de agosto el día quinto para apelar.
Debe considerarse los feriados del 25 de julio y 2 de agosto del 2019 para el cómputo del plazo. Por tal motivo y de conformidad con los artículos 11 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales, la apelación del recurrente ha sido bien admitida.-
II.Este Tribunal prohija la relación de hechos tenidos por demostrados en el fallo recurrido al ser fiel reflejo de lo acontecido en autos y lo resuelto sobre incidente de hechos nuevos.-
IV.El apoderado especial judicial de la sociedad Inversiones [[Nombre12] ] Sociedad Anónima, apela la sentencia de las ocho horas veinte minutos del veinticuatro de julio del dos mil diecinueve, al considerar lo siguiente: En cuanto a la prescripción se refiere, considera la prueba debió valorarse para determinar si la parte actora al plantear la demanda se sobrepasó en el plazo de diez años a que limita el artículo 868 del Código Civil. Considera el análisis de la prueba no condujo a la conclusión de la sentencia pues solo aplicó un principio jurídico ajeno completamente a la prescripción negativa como es el artículo 320 referido a la reivindicación y que completamente ajeno al principio que extrajo de que el derecho de dominio no es prescriptible negativamente. Sin hacer referencia a su obligación de analizar la prueba para concluir si había o no prescripción negativa, concluyó de manera errada al afirmar que para efectos de las acciones reivindicatorias y de duplicidad de títulos no procede la excepción de prescripción negativa, dado que el derecho de dominio es imprescriptible negativamente (artículo 320 Código Civil).
Con esta conclusión refuta el argumento que la demandada Inversiones [[Nombre12] ] tenían 90 años de posesión sumada la de sus transmitentes (hoy 99 años porque la posesión comenzó en 1920). En su planteamiento la a-quo llega a las afirmaciones contrarias a derecho agrario para sostener la imprescriptibilidad del dominio: a) La actora demostró que poseyó la finca por medio de su plano. b) La posesión con el plano fue sobre un área de bosque que por estar quebrada no permitía ejercer actividades agrarias típicas de agricultura y ganadería. c) No acepta la posesión alegada de 90 años para prescripción sino a partir del 2004 cuando se abrió el sucesorio de [[Nombre26] ] (ignorando que ella fue la primera poseedora en 1920), d) Según la a-quo la actora poseyó porque defendió su posesión por medio del interdicto 05-23 (caduco), e) Y según ella, ejerció posesión porque luego del interdicto, y meses antes del ordinario planteó diligencias de prueba anticipada.
Es decir, afirma su representada alegó una posesión de más de 90 años, sumada la posesión de sus transmitentes y que la actora no ejerció ninguna labor o actividad agraria, estando ese terreno improductivo, pasando más de 10 años sin ejercer ninguna acción legal (es decir la prescripción). Afirma, la sentencia no puede declarar reivindicación alegando la imprescriptibilidad del dominio contra otro propietario, solo contra el poseedor ilegítimo. La a-quo comete el error de juntar todas las acciones protectoras de la propiedad en una sola, cuando todas ellas son independientes, siendo la reivindicación la otorgada al propietario para lograr la restitución de un bien suyo por un poseedor ilegítimo. El apelante para respaldar su dicho, cita jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, así como citas de doctrina en ese sentido. Otro agravio es referido a que considera, no existen pruebas de que la actora sea un propietario agrario, con ejercicio de hechos agrarios y una actividad agraria, todo lo contrario la propiedad de la actora es de carácter comercial, dedicaba exclusivamente a hotel.
Dice que la actora nunca había tenido un plano de las aproximadas 44 hectáreas, entonces al medir el terreno no tomó en cuenta lo poseído sino que bajó para tratar de desposeer a la demandada. Indica uno de los transmitentes inmediatos de la propiedad a la actora, [[Nombre27] ], en su declaración dice que la propiedad llegaba en la parte alta hasta donde había una cerca puesta. A le letra dice: "...después don [[Nombre19] ] repartió el resto de la finca que él tenía (sic: la que pusieron sus hermanos para inscribir por información posesoria y repartir cada derecho) y repartió la parte de arriba a Doña [[Nombre26] ] (sic) le dio de la cerca del guido, de ahí hacia afuera, entonces le dio una parte de otra finca (...) La cerca que dividía la propiedad en la parte de arriba, tenía de estar desde hace más de 30 años (folio 1015 vuelto). ¿Entonces siendo así, la actora se va a levantar un plano en el 2007, el cual forza las más o menos 44 hectáreas, tomando la parte alta donde se encuentra el hotel y que fue comprado indebidamente, más una parte en la zona de abajo sin tener derecho porque el nuevo plano abarcó la propiedad inscrita a [Nombre12] de los herederos que había ido vendiendo su representada, hasta concretar jurídicamente tal venta cuando la finca se inscribió en forma independiente, no obstante, se insiste alguna secuencias ya estaban vendidas.
Este testigo declara en contra de los reclamado por la actora.- Otro agravio del recurrente, es el indicar existe incongruencia, porque la sentencia otorgó más y distinto de lo pedido. El afán de la Juzgadora de resolver el caso otorgó más de lo pedido en la pretensión, así como aspectos muy diferentes a los solicitados por el actor en su larga pretensión, confundiendo lo presupuestos de la acción reivindicatoria para alcanzar un razonamiento totalmente incongruente. La pretensión 4) de la demanda, se resume en pedir el deslinde y una cerca divisoria para posteriormente poner en posesión la totalidad de la finca conforme al plano [Valor 003]. Pretensión 5) se identificó "el área en conflicto" entre los puntos cartográficos 15 al 3 y aproximadamente 100 metros hacia el [Dirección2] en toda su extensión en el inmueble de la actora. La sentencia determinó el área en conflicto entre los vértices 16 y 64 y el vértice 7 y 67, absolutamente diferente a la pretensión.
Arguye, en el punto tres ordena la restitución a la demanda, dentro de los 15 días y establece toda una serie de bases no pedidas ni analizadas por un perito, definiendo características de delimitación no pedidas, como el lugar por donde irían las cercas en el plano [Valor 003] de la actora, colocando postes vivos/muertos de calidad y altura promedio a una distancia de 2 1/2 metros entre cada poste a 4 hilos de alambres de púas de calidad promedio, y se le autoriza a la actora a hacerlos y cobrarlos en ejecución de sentencia, se otorgaron muchos aspectos no pretendidos. Sobre las costas debe exonerársele, pues a todos los demás declarados rebeldes se les eximió de ese pago, por lo que considera debe correr igual suerte. Igual se opone a lo otorgado por daños y perjuicios, sin embargo, la sentencia condenó un rubro muy exagerado de éstos, dejándolos para fijarlos por medio de un perito en ejecución de sentencia.
Reitera la prescripción a la reivindicación porque el propietario tiene una posesión de casi 100 años. La finca correspondiente al plano [Valor 004] ha sido poseída en forma quieta, pública, pacífica, sin interrupción, por [[Nombre26] ] cc [[Nombre26] ], desde los años 1920, sumada la posesión de sus transmitentes, luego la poseyó la Sucesión y ahora Inversiones [[Nombre12] ], que tendría al momento cuando la actora puso las cercas para tomar una parte del terreno, una posesión de 99 años.- Durante todos estos años, y muy particularmente durante los últimos 10 años la actora nunca reclamó ningún derecho. Esto es durante mucho más del tiempo de la prescripción negativa , la actora ni sus transmitentes hicieron ningún reclamo en relación con las dos diferentes fincas, ni con el plano catastrado levantado con error [Valor 003], por lo que considera esta acción se encuentra prescrita.- Indica la actora nunca ejerció ninguna acción judicial, principalmente porque [[Nombre1] ] S.A., es una empresa de norteamericanos que nunca ha ejercido ninguna labor o actividad agraria, ha mantenido su propiedad como una propiedad civil e improductiva, y han pasado más de diez años sin ejercer ninguna acción judicial por los motivos que presenta ahora, de allí debe declararse la prescripción de la acción.
Pide revocar la reivindicación agraria contra otro propietario poseedor legítimo con 99 años de posesión y no ha habido un análisis de los títulos repetidos, caso estudiado por la a-quo en el sentido de que el resultado judicial consiste en darle la razón a quien además de título tiene la posesión: en este caso su representada, pues desde hace 99 años tiene la posesión cuando el actor ingresó a sus propiedad a privarlo de la posesión a través de un interdicto Inversiones [[Nombre12] ] le ganó el proceso y por tal la posesión no fue interrumpida en ninguna forma. Dice que la jurisprudencia es muy simple: antes cuando se discutía una reivindicación entre dos propietarios, la Sala con base en el 455 del Código Civil, le dio la razón al título más antiguo. La nueva tesis le dio la razón a quien además del título también tenía la posesión y transcribe parte del Voto 127-95 de la Sala Primera de la Corte, sobre la prescripción en casos de reivindicación y usucapión.
Por lo anterior, considera debe revocarse la sentencia: porque si se analiza la prueba en su integridad y no solo con una pregunta de una confesional, se podrá constatar que los mismos testigos de la actora indican que la propiedad llegaba hasta la orilla de una gran caída, debidamente separada por alambres de púas desde hace muchos años, y posterior a este argumentos enumera los acontecimientos sin que ello sean agravios propiamente dichos. Considera existe una falta de legitimación activa, pues la actora no probó correctamente ser propietario agrario, pues su actividad es comercial del hotel y por tal civil, y reitera que la acción reivindicatoria la dirige el propietario contra el poseedor ilegítimo, y en el caso de la demandada se trata de propietario. Aduce falta de legitimación pasiva, pues su representada es propietaria agraria y no poseedora ilegítima. Indica la actora y sus transmitentes siempre respetaron el lindero con el plano [Valor 004] poseída en forma quieta, pública, pacífica, sin interrupción, por [[Nombre26] ] cc [[Nombre26] ] desde los años 1920.
Todos los demandados expresaron al contestar la demanda que Inversiones [[Nombre12] ] Sociedad Anónima, le compró legítimamente a los herederos de la finca del Partido de [[Nombre20] ] Número [Valor 022], plano catastrado [Valor 021], con una superficie de 15 hectáreas 2037,64 metros cuadrados, con una posesión agraria de 90 años. La actora jamás probó por ningún medio, la ilicitud de la posesión de su representada. Esto ocurrió después de levantar su nuevo plano, ponerle violentamente la cerca y ser condenados en un interdicto. Alega falta de identidad de la cosa, pues la actora no identifica cuáles son los derechos de la actora, donde se encuentran ubicados, de cuál posesión se le desposeyó, la demanda en la primera pretensión solicitan reivindicar 4 hectáreas, en la última ampliación de la demanda no dirigida contra Inversiones [[Nombre12] ] señala que su representada le ha despojado y por eso pretende reivindicar 20 hectáreas de la propiedad.
Considera la demanda es genérica cuando se refiere a gran cantidad de poseedores a los cuales debe identificar en el área exacta que poseen. La actora es clara al señalar que nunca ha ejercido actos posesorios en el área de la cual pretende la restitución. También indica es que su propiedad es de bosque y no tiene actividad agraria. (Ver recurso de apelación en archivo del 06/08/2019 09:15:10).-
V.Para la resolución de este caso, debe tenerse claras las premisas de análisis y a partir de allí determinar el tipo de acción principal sometida a nuestro conocimiento. Tenemos que la parte actora reclama su derecho de propiedad sobre una franja de terreno, que indica forma parte de su finca inscrita en el registro público matrícula [[Placa9] ] y descrita en el plano catastrado [Valor 003], por su parte la accionada Inversiones [[Nombre12] ] Sociedad Anónima, al apelar indica la franja de terreno en disputa es de su propiedad registral al estar comprendida dentro de la finca matrícula [[Placa10] ] descrita en el plano [Valor 021]. Estamos ante un conflicto de doble titulación, donde ha de definirse cuál de los dos títulos es el que prevalece sobre el otro. Uno de los agravios del apelante, es que en forma errada se analiza el caso como si se tratara de una acción reivindicatoria y rechaza la excepción de prescripción negativa como si se tratara del supuesto normativo regulado en el artículo 320 del Código Civil, olvidando que su representada no es una poseedora ilegítima, dado que ostenta de propiedad válido.
No estamos frente al caso de un propietario registral frente a un poseedor ilegítimo que le despojó de una franja de terreno, sino que ambas partes cuentan con su título registral. Ante tales premisas fácticas, el análisis va dirigido a determinar cuál de los dos títulos es el prevalente y cuál es el que debe extinguirse registralmente. Debe indicarse, que la a-quo hace el análisis sobre la doble titulación y determina el título prevalente tomando a partir de que ambas partes tienen título registral, ello se observa en el considerando XV, por lo que el agravio del recurrente al afirmar la a-quo resuelve el conflicto fundamentada en una acción reivindicatoria como si no resolviera la duplicidad de títulos, ello no es así, pues sí lo hace en el citado considerando XV, de allí no se comparta su agravio en este sentido. Si bien es cierto analiza varias acciones que ella considera se originan por la acumulación de pretensiones, lo cierto del caso es que la principal acción que se resuelve es la de doble titulación.
Y como en el caso concreto el problema planteado no sólo es una doble titulación formal, sino que el actor acusa como su derecho que fue despojado, y solicita le sea reintegrado en la posesión del área en conflicto, lo implica una consecuencia derivada de que una vez se reconozca su título es el válido, a partir de allí debe analizar la procedencia de la restitución, por tal motivo puede confundirse está hablando de una acción reivindicatoria, cuando lo que interesa es determinar a cuál de las partes le corresponde la prevalencia del título y luego ordenar la restitución y delimitación en el área en cuestión.
VI.Este tema ha sido tratado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que ha resuelto en voto número 823 de las 03:35 horas del 16 de noviembre del 2007 lo siguiente: “IV. El tema medular del presente recurso gira alrededor de la multiplicidad de títulos sobre un mismo inmueble, cuando dos personas de buena fe y al amparo de la publicidad registral, adquieren un terreno y esta situación surge por deficiencias del sistema costarricense. Sobre el particular, cabe recordar la posición asumida por la Sala de Casación y luego por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, consideró la antigua Sala de Casación en sentencia no. 132 de las 15 horas 30 minutos del 25 de septiembre de 1974, que: “El problema de los títulos repetidos sobre un mismo inmueble, aún los convalidados por la prescripción, no puede menos de resolverse dando la preferencia a quien ostenta completos los atributos del dominio, en el caso de la posesión.
Así lo han acordado numerosas sentencias de esta Corte, entre ellas la Nº 80 de 15 horas del 29 de julio de 1958, páginas 126 y siguientes del respectivo tomo de la Colección.” En ese mismo sentido en un caso más reciente, esta Sala en sentencia no. 84 de las 14 horas 30 minutos del 22 de mayo de 1992 estableció: “.....- Y en los títulos repetidos se refiere, la más reciente jurisprudencia ha establecido que rige no el más antiguo sino el título mejor, lo que está caracterizado fundamentalmente por la posesión, y ya se expresó que el actor nunca ha poseído el inmueble, pues siempre ha estado en posesión primero de la vendedora y a partir de su muerte por la adquirentes,…”. Se extrae de la jurisprudencia transcrita, que la contradicción que se puede presentar entre diversos títulos, bajo el supuesto de que la mera titularidad registral, aunque sea demostrada, no constituye elemento suficiente para solucionar una controversia de este tipo, pues la solución se impone a favor de quien pruebe el vínculo existente entre la propiedad formal, sea la que consta en el Registro Público, junto con la posesión material del terreno.
En el caso concreto se ha determinado por la prueba testifical que la colindancia original entre ambas fincas, lo era la cerca divisoria que transcurría en el borde del inicio del guindo, siendo esa línea divisoria coincidente con la línea divisoria que estableció el perito en su estudio técnico visible a folios 943 y 1331 donde se indica se inicia el área de traslape entre ambas fincas, que corresponde a la parte alta donde inicia el guindo. En este sentido, el testigo [[Nombre28] ], declaró: “ don [[Nombre19] ] vendió a la parte abajo, porque cuando repartió entre sus hermanos, todos decidieron que esa parte del bajo, no servía para siembra porque era muy quebrado y decidieron que mejor la vendiera. [[Nombre26] ] y los demás hermanos estuvieron de acuerdo con eso, por eso [[Nombre19] ] la vendió a [[Nombre27] ]. Cuando [[Nombre27] ] compró la propiedad, habían cercas en la orilla del guindo, que venía dividiendo las propiedades” (f.1025).
En igual sentido declararon [[Nombre29] ] a folio 1022 vuelto, quien dijo que entre la finca de [[Nombre26] ] (terreno de la parte apelante) y el del actor, lo que dividía era el guindo y allí había una cerca a la orilla del mismo. El testigo [[Nombre25] ] a folio 1024 vuelto, dijo que trabajó haciendo cercas para el demandado y no quiso trabajar para abajo del guindo, porque sabía que la cerca de arriba -refiriéndose a donde inicia el guindo-, era la colindancia entre ambas fincas, y que al final quienes realizaron ese trabajo de chapeas en el terreno de la actora, fueron otras personas. Del reconocimiento judicial visible a folio 1026 se observaron vestigios de una cerca antigua, así como sus huecos y postes caídos a lo largo de esa colindancia, lo que implica son rastros de la antigua cerca que era la colindancia en ese sector del guindo. Como se dijo, en ese sector existía la cerca antigua conforme a la división inicial al momento en que la parte actora y su transmitente adquirió el inmueble el 6 de noviembre de 1991 cuando se segregó como lote vendido de la finca madre [Valor 049] conforme a los descrito en el plano [Valor 003], que está partido por el traslape, según se visualiza en el informe pericial dicho.
No sólo se demostró el ejercicio de la posesión sobre esa área por la demarcación de la cerca antigua que fuera removida para el año dos mil cuatro- dos mil cinco aproximadamente cuando se inician los interdictos entre ambas partes, según se observa expedientes EXPN2 y EXPN3 (a los que nos referiremos más adelante).- La prueba de la existencia de la antigua cerca en el límite donde inicia el guindo entre ambas fincas, es el hecho determinante para demostrar la tenencia de la tierra en que fue distribuida en la realidad material entre sus anteriores transmitentes de ambas partes. En el terreno ocupado por la codemandada apelante, se indica hubo desarrollo de agricultura y ganadería, y en el terreno ocupado por la parte actora, el área de traslape que correspondía al guindo, se mantenía bosque por la naturaleza quebrada del inmueble. El hecho que un terreno se mantenga con áreas boscosas, no implica exista un abandono o que el terreno sea inculto, pues el ejercicio de conservación de ese recurso forestal y del ecosistema que en él se desarrolla, también implica una modalidad del ejercicio de la posesión, tal y como lo establecen los artículos 45 y 50 de nuestra Constitución Política como más adelante se dirá.
Y es que este título [Valor 030] con plano [Valor 003], además de ejercer los atributos del dominio por lo ya explicado, cuenta además con la característica de ser el título más antiguo entre ambos. Ambas fincas nacen de la finca madre [Valor 049] que nace por inscripción en información posesoria tramitado por [[Nombre19] ], quien al inscribirlo tenía el compromiso de segregar los lotes correspondientes a sus hermanos. Es por ello, que en fecha 6 de noviembre de 1991 nace la finca [Valor 002] que fuera segregado como lote vendido según plano [Valor 003], e independientemente de las razones que puedan existir que se desconocen, la finca [Valor 050] con plano [Valor 004], nace en fecha 19 de enero de 1996, con una cabida de 19 ha 3795.18 m2, y con una descripción en la citada escritura pública, donde se consigna que este lote segregado no es colindante con el resto de la finca madre por existir segregaciones precedentes, por lo que se considera el plano allí indicado como una referencia, pues la finca madre ha tenido varias segregaciones.
De hecho la cabida de la finca de la parte demandada apelante, que se origina por la reunión de varios derechos adjudicados en proceso sucesorio de [[Nombre26] ] quien era la propietaria originaria de la finca [Valor 050], cuenta con una cabida menor a la original, sea de 152037,64 m2 y se describe actualmente como finca número [Valor 035] con plano [Valor 021], siendo con este plano que se hace el estudio pericial de traslape. Como se observa entre ambas fincas segregadas del mismo origen, la de la actora nace primero el 6 de noviembre de 1991 y el de la demandada apelante el 19 de enero de 1996, por lo que además del ejercicio de la tenencia del área en disputa con una posesión de conservación del recurso natural dentro del área delimitada por la cerca antigua que dividía ambos fundos, cuenta también de manera adicional con el título más antiguo, cumpliendo con ello los dos criterios históricos que se han utilizado jurisprudencialmente para resolver el conflicto de doble titulación, según se explicó supra con la cita jurisprudencial, de conocimiento de la apelante, quien también hace mención de esta jurisprudencia sobre la doble titulación.- Este es el tema central a resolver en el caso concreto.
En otro orden de ideas, y en atención a las pretensiones de la demanda, que involucra los efectos de los hechos que se originan por esa doble titulación, vemos en el dictamen pericial que el área de traslape dentro de la finca del actor no solo abarca terreno comprendido en el plano que traslapa [Valor 021], sino que la parte demandada Inversiones [[Nombre12] ] S.A, coloca la cerca perpendicular al guindo por el sector sur de su plano, abarcando un área de terreno con el plano [Valor 003] que no está dentro de lo dibujado en su plano, sino que rebasa sus límites introduciéndose en el terreno de la parte actora, lo que implica esa área no está dentro de lo que llamaríamos título repetido, pues estaría fuera de lo que este comprende, por lo que no sobra el análisis sobre la acción reivindicatoria que hace la a-quo en la sentencia para estas áreas, sin dejar de lado, que como además del conflicto de doble titulación, la parte actora indica ha sido despojada del área traslapada, y solicita le sea restituida en la misma colocándose los límites en el lugar original (donde comienza el guindo), conforme a la posesión que tenía antes de que se iniciara el conflicto de remoción de cercas que originó los procesos interdictales entre ambas partes.-
VII.Una vez resuelto el tema principal de la acción por doble titulación, se procede a analizar en forma detallada los agravios del apelante, en el orden expuestos por éste. Inicia sus agravios de fondo, alegando que para la resolución de la prescripción alegada, debió valorarse para determinar si la parte actora al plantear la demanda se sobrepasó en el plazo de diez años a que limita el artículo 868 del Código Civil, lo que no se analizó correctamente, pues se rechaza aplicando el artículo 320 del citado Código que se refiere a la acción reivindicatoria y afirma con base en esta norma que el derecho de dominio no es prescriptible, y en este caso se trata de una acción de doble título, donde ambos tendrían igual linaje de propiedad. Lleva razón en ese sentido el apelante, pues no se está ante un poseedor que pueda desvirtuar el derecho de propiedad por haber adquirido por usucapión el mismo, pues se trata el demandado de otro titular registral, y no un poseedor ilegítimo sin título.
Nótese, que la titularidad de ambas partes se trata de un derecho convalidado por la prescripción, porque lo que entre ambos no se podrían oponer prescripción negativa con base en el artículo 868 ibídem, pues se está ante un problema de duplicidad de títulos, y aunque transcurran más de diez años de inscripción en cada título consolidado, uno de ellos debe de extinguirse, pues por el principio de seguridad jurídica no es factible exista dos o más títulos sobre un mismo inmueble, y tal situación encuentra su solución eligiendo al mejor título que es aquel que ostenta la posesión material, y si además se le suma el hecho que es el título más antiguo, son dos elementos que permiten determinar al título prevalente. Indica el recurrente, que su representada alegó una posesión de más de 90 años, sumada la posesión de sus transmitentes, y que la actora no ejerció ninguna labor o actividad agraria, estando ese terreno improductivo, pasando más de 10 años sin ejercer ninguna acción legal (es decir la prescripción negativa).
No se comparte este razonamiento, pues como ya se analizó, que la parte actora era quien ejercía la posesión de conservación sobre el área en conflicto, delimitada por la cerca vieja original entre ambos fundos donde inicia el "guindo", qué necesidad tendría de accionar antes de que pasaran los diez años, si la tenencia de la franja en conflicto siempre estuvo bajo su posesión desde la adquisición de la finca, y no es sino hasta aproximadamente en el año 2004 y 2005 que se inician los conflictos entre ambas partes con las remociones de cercas por ambos y no antes como para eventualmente contabilizar un plazo decenal según tesis del apelante. Por lo expuesto, debe rechazarse la prescripción negativa contra la pretensión por títulos repetidos ya que ambos están convalidados por la prescripción, y lo que resta es determinar el mejor título prevalente y el extinguiendo el que no lo es. El argumento del apelante al alegar una posesión de más de 90 años derivada de [[Nombre26] ] quien poseyó desde 1920, es coherente con esta afirmación que su título es convalidado con la prescripción y al igual que el título de la actora, este conflicto no se resuelve determinando algún derecho prescriptible negativamente entre ellos, sino definiendo cuál es el mejor título, como se analizó en el considerando anterior.- Otro agravio de quien recurre, es referido a que la parte actora no es un propietario agrario, pues su actividad es comercial, dedicada exclusivamente a un hotel y por tal es civil, por lo que no puede reclamar contra otra que si es propietaria agraria por medio de reivindicación.
Como se explicó supra, la posesión agraria conocida en la forma tradicional del ejercicio de actividad agraria, consistente en la producción de un ciclo biológico animal o vegetal, previa una o múltiples transformaciones para la obtención de un fin económico, no es la única forma del ejercicio de la posesión, pues de acuerdo a la evolución sobre la tutela del recurso natural que existe en el derecho de propiedad, es precisamente la inacción lo que la ley estimula a partir de lo establecido en el artículo 45 y 50 de la Constitución Política, quedando atrás la política de voltear bosque promovida por la Ley de Tierras y Colonización, que promovía ese tipo de prácticas agrícolas para demostrar posesión, sin importar las consecuencias al daño al ambiente y a los recursos naturales del agua, suelo, bosque, etc. Actualmente el derecho de propiedad ha venido evolucionando de manera paralela al desarrollo de los derechos humanos, como lo es el caso del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo que implica, el uso del derecho de propiedad debe ser además, en atención a este derecho humano, regulado en nuestra constitución política a través de la reforma en su artículo 50 que dice: " El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”. En un primer momento se entendía una propiedad eminentemente posesiva, y al reconocer la transversalidad el derecho ambiental sobre el derecho de propiedad, estas zonas boscosas ha generado un cambio en la tenencia de este derecho, en el sentido de establecer la obligación de proteger el bosque, sus recursos, el ecosistema que él contiene, así como el paisaje natural . Este tipo de posesión ejercida por la parte actora, les fue despojada desde la época que ambas partes comenzaron a plantear los interdictos. El derecho de propiedad es posesivo y dinámico, pero con la variable ambiental hay un dinamismo de una manera más global de protección.- Si se interpreta de otra manera se estaría quitando el estímulo al propietario que tenía al mantener esos terrenos ociosos que venían cumpliendo acorde a esa conducta conservacionista.
Por ello, no se comparte el agravio del recurrente al indicar la parte actora carece de posesión, al no ejercer actividad agraria, pues su contenido al derecho de propiedad lo ejerce a través del derecho de posesión conservación del recurso bosque, máxime se trataba de un terreno irregular, donde la cobertura arbórea es importante para evitar la erosión de suelos debido a su declive. (véase la curvas de nivel que se describen en el informe pericial de folio 943).- No se comparte los agravios del recurrente al afirmar que la a-quo justifica la posesión de la actora, aduciendo que ésta poseyó porque defendió su posesión por medio del interdicto 05-23 (caduco) y que ella ejerció posesión porque luego del interdicto y meses antes del ordinario planteó diligencias de prueba anticipada. Ello no es compartido por este Tribunal, pues no se observa la a-quo haya fundamentado la posesión por el planteamiento de tales procesos, pues la base principal probatoria que ha utilizado es la prueba testimonial principalmente entre otras, ello con base en el principio de libre valoración probatoria establecido en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria.- Indica tampoco se consideró que resultó victorioso en el proceso interdictal 05-23 en el que se reconoce su posesión.
No se comparte este agravio. Es esta época que se observa el inicio del conflicto por el citado lindero y por ende el traslape y despojo del área de marras, y se ordenó mantener en la posesión dentro del proceso interdictal EXPN3 mediante voto 258-F-2007 del Tribunal Agrario a la accionada apelante dentro del límite de la cerca nueva que la parte demandada había colocado, y que a manu militari la actora había quitado, y por tal motivo se dictó la sentencia estimatoria en su contra, ello considerando la tutela interdictal lo es para una posesión actual y momentánea, sin importar si existía una cerca antigua en otro lugar que anteriormente fuera removida por la sociedad accionada, dado que en este proceso no se resuelve en forma definitiva aspectos de propiedad o posesión, siendo ello competencia exclusiva del proceso declarativo. De allí carezca de relevancia los resultados de los procesos interdictales para definir aspectos de remoción y/o demarcación de linderos, pero si interesa mencionarlos para hacer referencia al inicio de las controversias entre las partes, a partir de que se removió la cerca original que se ubicaba en el filo del guindo entre ambas colindancias, y no en el sector donde se levantó la nueva división que despojó de su tenencia a la parte actora.
Por ello no es de recibo, admitir el argumento del apelante al indicar que el derecho corresponde la parte accionada Inversiones [[Nombre12] ], por lo declarado a su favor en el citado proceso interdictal que reconoce su posesión actual y momentánea por Voto 258-F-2007. Otro agravio del recurrente, lo es el afirmar que la actora nunca había tenido un plano de las aproximadas 44 hectáreas y al medir el terreno no tomó en cuenta lo poseído sino que bajó para tratar de desposeer a la demandada. Esta afirmación no encuentra sustento probatorio, dada la existencia de la cerca original cuyos vestigios fueron observados in situ, según lo observado en reconocimiento judicial de folios 1025 y 1026, según se describió supra. Ataca la declaración de [[Nombre27] ], cuando éste afirma que la propiedad llegaba en la parte alta hasta donde había una cerca puesta, siendo que la parte alta es donde se encuentra el hotel, por lo describe una declaración en contra de la actora.
Esta expresión del testigo no se observa confusa, pues también puede interpretarse que la parte alta a la que hace referencia lo es el sector donde inicia el guindo, que es justamente donde se indica existía la cerca vieja original que dividía ambas fincas, siendo esta interpretación coherente con las declaraciones de los otros testigos ya analizados supra.
VIII.Alega incongruencia en el fallo apelado, porque considera la sentencia otorgó más y distinto de lo pedido. En la pretensión 4 de la demanda, se resume en pedir el deslinde y una cerca divisoria para posteriormente poner en posesión la totalidad de la finca conforme al plano [Valor 003]. Pretensión 5) Se identificó el área en conflicto entre los puntos cartográficos [Dirección7] y aproximadamente [Dirección8] hacia [Dirección9] en toda su extensión en el inmueble de la actora. Por su parte, lo otorgado en la sentencia, determinó el área en conflicto entre los vértices 16 y 64 y el vértice 7 y 67 absolutamente diferente a la pretensión. No se comparte este agravio del recurrente, por dos razones: a) debe observarse la pretensión de la demanda fue ampliada según se observa en folio 575, tal y como lo reconoce al final de su recurso de apelación, al indicar tal ampliación no se hace contra su representada, lo cual tampoco se comparte por este Tribunal, por cuanto el escrito de ampliación de demanda visible a folio 575, es claro en indicar tales pretensiones que se amplían abarca a Inversiones [[Nombre12] ] S.A. y que dice: "Que los demandados deberán restituir a la aquí actora, al área o parte del terreno de la finca del partido de [[Nombre20] ], folio real matrícula [[Placa1] ] en una extensión aproximada de veinte hectáreas que sin derecho alguno ocupan los demandados, terreno el cual se encuentra ubicado según el plano catastrado número [Valor 003] y al cual se refiere el inmueble propiedad de la actora, Partido [[Nombre21] ] ([Nombre30]) matrícula [[Placa3] ], aproximadamente del derrotero 16 en línea recta de este a oeste hasta un punto entre los derroteros 64 y 65 una cerca de aproximadamente 300 metros de longitud y desde el derrotero 7 aproximadamente hasta un punto entre los derroteros 66 y 67 otra cerca de aproximadamente 200 metros de longitud, zona que será determinada por el perito topógrafo" (ver folio 579) Como puede observarse la pretensión dada su redacción incluso permite cierta relatividad entre lo pedido y otorgado, pues en conflictos donde sea la determinación del área de traslape, no se requiere de una descripción exacta de la zona, dado que a partir de un aproximado al describir el objeto del litigio, se puede determinar de manera exacta con la prueba técnica pericial, y tal como se indicó en la citada pretensión que el área reclamada será determinada por el perito topógrafo, siendo lo que ocurre en el caso concreto.
Al ejercerse el principio del contradictorio, que también se cumplió respecto a la práctica de la prueba pericial, se concluye no hay algún vicio de derecho de defensa, pues la parte conocía el objeto del proceso en discusión, y al ser lo debatido, tal precisión del área traslapada en conflicto no resulta sorpresiva, y es acorde con las pretensiones de la demanda ( incluye las ampliadas posteriormente) . Igualmente considera, se resuelve sobre la colocación de la cerca con las características que allí se indican, cuando ello no fue peticionado así en la demanda. No se comparte este agravio, pues la persona juzgadora está resolviendo aspectos que serían derivados de la acción principal. Son el efecto natural de la acción. Por la situación fáctica, al darse un tema de desposesión y de alteración de límites, es necesario estos sean otorgados sujetos al resultado de la acción principal, - sea la de doble títulos o de títulos repetidos-, y en este caso la delimitación con la cerca con las características que se indican, son parte de los aspectos ordenatorios que son consecuencia de la pretensión principal para efectos de la ejecutividad de la sentencia, incluso a nivel registral, aunque no sea así expresamente pedido, la persona juzgadora en virtud del deber de otorgar información registral veraz, corrigiendo errores, rectificando medidas como lo hace la a-quo, ello para aportar al sistema elementos en pro de la seguridad jurídica, pues es su deber hacerlo, siendo ello una obligación registral y catastral que le impone la ley, ya que al ser información de orden público, ella debe ser veraz, de allí la jueza hace bien ordenar las modificaciones registrales necesarias con ese fin. Indica el apelante, se otorgaron muchos aspecto no pretendidos, pero no hace mención a cuáles de ellos se refiere, lo que imposibilita a esta Cámara conocer ese agravio genérico.
Como otro agravio la parte co demandada única apelante, solicita le sea exonerada al pago de ambas costas por considerar al igual que el resto de demandados que fueron exonerados por la declaratoria de rebeldía, en iguales condiciones se encuentra su representada. Además de que no tuvo oportunidad de formalizar una oposición por su condición de rebelde.- En su sentido más genérico, la condenatoria a pagar las costas procesales y personales se produce cuando hay una resolución judicial que impone a determinada persona el pago de estos gastos procesales que, sin dicha imposición, no estaría obligada a pagar. Por tanto, el contenido de la condena en costas se refiere casi siempre a los gastos de la parte o partes contrarias. La regla es, que la condena en costas está prevista para la parte litigante que ha sido vencida en el proceso. Es el sistema que adopta tanto el numeral 55 y 56 de la Ley de Jurisdicción Agraria.
Existen dos teorías en cuanto a la finalidad y oportunidad de la condenatoria en costas. Para una, solo procede cuando la parte que pierde el litigio ha actuado con temeridad o mala fe; mientras para la otra se aplica siempre al perdidoso, salvo que el Juez le exima de su pago por consideraciones especiales, que debe determinar. DE SANTO (Víctor). Diccionario de Derecho Procesal, Buenos Aires, Universidad, 1991, p.86. Nuestra Ley de Jurisdicción Agraria, se inclina por ésta última teoría, es decir, rige el principio del vencimiento objetivo, salvo que opere alguna situación excepcional, también previstas por el legislador, se exima al perdidoso de dicha condenatoria. Por ello, en materia procesal, este principio de vencimiento objetivo tiene una excepción que la encontramos en el artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Nos referimos a la exención de costas. Es una excepción, es decir que la regla es que se condene en costas y si se aplica la excepción, la persona juzgadora debe razonar los motivos de la exoneración.
En el presente asunto no hay condenatoria parcial, no hay vencimiento recíproco, ni la demanda comprende pretensiones exageradas, ni hubo gestiones ociosas o innecesarias que haya promovido la contraparte victoriosa; por lo que de conformidad con lo expuesto a la luz del numeral 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria, no existe razón de peso para acceder a lo solicitado por la recurrente. Si bien es cierto, ha sido declarado rebelde, posteriormente se integra al proceso asumiéndolo en el estado en el que estaba cuando se incorporó, lo cierto que lo hace ejerciendo su oposición mediante el principio del contradictorio, e incluso ejerce los recursos oponibles, lo que no implica un allanamiento tácito como ocurre con la rebeldía. Además, no se le exonera al igual que el resto de demandados rebeldes, porque ha sido Inversiones [Nombre 012] S.A., quien movió las cercas de los linderos originales.-
X.Por las mismas razones que expone al solicitar la exoneración en costas, solicita la no condenatoria en daños y perjuicios, indica la sentencia condenó un rubro muy exagerado de éstos, dejándolos para fijarlos por medio de un perito en ejecución de sentencia. Nótese, lo otorgado por no disfrute del bien, y se ordena el pago de dos millones de colones como indemnización al propietario por no poder accesar al área traslapada de su propiedad, por varios años desde su despojo, es justificable y no se considera exagerado como lo indica el apelante pues aún teniendo solo bosque del que no se le obtenga provecho económico, la parte actora ha sido privada incluso del simple disfrute de los atributos no pudiendo beneficiarse incluso de ganancias que pueda generar una eventual belleza escénica o el disfrute del beneficio para el ambiente en el presente y para futuras generaciones (como por ejemplo pago de servicios ambientales), lo anterior se estaría comprendido en el rubro general que estableció la a-quo como imposibilidad de ejercer posesión, para lo que otorgó la suma de dos millones de colones.- Finalmente, se indica que el apelante no argumenta los motivos por lo que considera existe exageración en ese otorgamiento, y las razones que motivan ese juicio de valor.-
XI.En la parte final de su recurso de apelación, indica como agravio lo que titula así: "Pido declarar prescripción a la reivindicación porque el propietario tiene una posesión de casi 100 años". No se entiende este agravio, pues páginas anteriores de su recurso, se oponía se resolviera la prescripción opuesta respecto a la reivindicación, pues se trataba de títulos repetidos y no era de aplicación el artículo 320 del Código Civil como lo resolvió la a-quo, y transcribe citas de jurisprudencia en ese sentido. Posteriormente en ese apartado, reitera los argumentos de la prescripción negativa de la acción, porque la actora no hizo ningún reclamo en relación con las fincas, cuando se puso las cercas y ya la demandada tenía una posesión de 99 años. Este argumento ya fue resuelto supra al referirnos al prescripción respecto a la consolidación de la misma en títulos repetidos. Otros agravios finales, es referirse a que la prueba no se analizó en su integridad, y no debió solo con una pregunta de una confesional, constatar que la finca llegaba hasta una gran caída, debidamente separada por alambres de púas desde hace muchos años.
Nótese, no es cierto la a-quo tome ese hecho derivado de una pregunta de la confesional, pues precisamente no da validez a esa confesión ficta, por cuanto consideró que las dos preguntas que se hicieron eran genéricas, y que incluso la segunda de ellas ya había sido admitida en la contestación de demanda. Indica debe considerarse su derecho conforme al plano de 1985 que el plano de la actora fue levantado posteriormente en 1987, siendo éste último el que se superpone al de [[Nombre26] ] que es el [Valor 004]. Este agravio tampoco es de recibo, pues con base en el artículo 301 del Código Civil, "la mensura de un terreno, sea o no protestada, no basta por sí sola para probar la posesión del mismo terreno". Con base en esta norma, carece de relevancia determinar cuál plano es más antiguo, pues ya se explicaron cuáles son los elementos de interés que se deben valorar para determinar el título prevalente en una acción de títulos repetidos, y dentro de las consideraciones no está el determinar el plano más antiguo o si alguno modifica al otro.
Nótese, por las diferencias de cabida entre los planos [Valor 004] de [[Nombre26] ] y el que representa actualmente la finca de la demandada impugnante, [Valor 021] hay diferencias de cabida, lo que implica el primer plano ha sufrido modificaciones lo que implica no hay certeza en los datos que representa respecto a la realidad material, aunado a que en aquel momento la finca madre había sufrido varias segregaciones, lo que lo hizo más impreciso cuando se indica se toma solo para referencia. Sin embargo, como ya se indicó en la cita del artículo 301, la mensura de un terreno, no hace prueba de la existencia de la posesión. Finalmente, aduce una falta de legitimación activa, al considerar la actora no es poseedora agraria, una falta de legitimación pasiva, porque considera la demandada tiene su título inscrito obtenido de los herederos de [[Nombre26] ] y falta de identidad del bien, pues lo que pretende reivindicar no lo ha poseído , por lo que no procede la restitución.- Estos aspectos ya han sido resueltos en los considerandos anteriores ya que son agravios reiterados.
Cabe finalizar indicando, la pretensión de la parte actora no la encasilla como acción reivindicatoria como lo afirma el recurrente, al indicar la acción planteada es de esa naturaleza, y que debe declararse sin lugar, dado que se está ante acción de títulos repetidos. Ello no se comparte, por cuanto la a-quo ha dado resolución a la acción de doble titulación, y siendo esa la acción principal, debe referirse también a la restitución y delimitación de linderos también acusados en la demanda, siendo que ello ha sido parte del despojo, y cuya reposición del área en conflicto es consecuencia de los efectos jurídicos de declararle a la actora su título como prevalente respecto al del demandado.
XII.Por lo expuesto, se confirmará la sentencia en lo que ha sido objeto de apelación, rechazándose la prescripción negativa por los motivos dados en esta instancia.
POR TANTO:
Se declara sin lugar la nulidad alegada por el apelante. Se confirma la sentencia en lo que ha sido objeto de apelación.- *DJGYQ43FWLTI61* [Nombre31] - JUEZ/A DECISOR/A *BRWN47LLJ9RW61* [Nombre32] - JUEZ/A DECISOR/A *LMVFS4O2OSG61* [Nombre33] - JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.