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Res. 19854-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 16/10/2020

Denial of water connection due to lack of supply networkDenegatoria de paja de agua por falta de red de abastecimiento

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OutcomeResultado

DismissedSin lugar

The amparo action against the Municipality of Aserrí is dismissed; the water connection denial was based on an objective technical impossibility.Se declara sin lugar el recurso de amparo contra la Municipalidad de Aserrí por denegatoria de paja de agua basada en imposibilidad técnica objetiva.

SummaryResumen

A civil society acquired a property in Salitrillos de Aserrí and requested a potable water connection from the Municipality of Aserrí. The request was denied by the Environmental Management Department via official communication ACM-099-2020, on the grounds that the sector lacks a water supply network. The claimant alleged a violation of the right to access potable water, noting that other property owners in the area do have the service, that the cadastral plan had municipal approval, and that the municipality had even charged him for the service. The Constitutional Chamber, however, found that the denial was not arbitrary but based on objective technical reasons: the municipal water storage tanks are located far below the level of the property, making it impossible to supply the service. The Chamber reaffirmed that access to potable water, although a fundamental right, is not unrestricted and may be denied when technical or legal impossibilities exist. It also indicated that the municipal approval of the plan was granted due to the existence of an artisanal well and a concession from MINAE, not due to potable water availability, and that the improper billing had already been corrected. Consequently, the amparo was dismissed.La sociedad civil tutelada adquirió una finca en Salitrillos de Aserrí y solicitó una paja de agua potable a la Municipalidad de Aserrí. La solicitud fue denegada por la Dirección de Gestión Ambiental mediante oficio ACM-099-2020, argumentando que el sector carece de red de abastecimiento de agua. El recurrente alegó violación al derecho de acceso al agua potable, señalando que otros propietarios en la zona sí cuentan con el servicio, que el plano catastrado tenía visado municipal y que el municipio incluso le cobró el servicio. La Sala Constitucional, sin embargo, determinó que la denegatoria no fue arbitraria, sino basada en razones técnicas objetivas: los tanques municipales de almacenamiento están muy por debajo del nivel de la propiedad, lo que hace imposible suministrar el servicio. La Sala reafirmó que el acceso al agua potable, aunque es un derecho fundamental, no es irrestricto, y puede ser denegado ante imposibilidades técnicas o jurídicas. Además, indicó que el visado municipal del plano se otorgó por la existencia de un pozo artesanal y una concesión del MINAE, no por disponibilidad de agua potable, y que cualquier disconformidad sobre el cobro indebido ya fue subsanada. En consecuencia, el amparo fue declarado sin lugar.

Key excerptExtracto clave

IV.- On the specific case. The plaintiff, in his personal capacity and as general attorney-in-fact for Soluciones y Eventos Empresariales Arrieta Ramírez Sociedad Civil, alleges that the protected company acquired the property registered under real estate folio number 356392-000 in order to build a family home. He claims that, through official communication ACM-099-2020 dated June 25, 2020, the Director of Environmental Management of the respondent municipality denied a water connection for the property due to the absence of a water supply network in that sector. From the review of the case file, it is established that, on May 11, 2020, the protected company acquired the property with real estate folio number 356392-000, located in Salitrillos de Aserrí, with cadastral plan number SJ-1367553-2009. However, through official communication ACM-099-2020 (procedure 3-533-2020) dated June 25, 2020, the Director of Environmental Management of the respondent municipality informed the protected company that “...The water connection is denied because this Municipal Agreement does not have a water supply network in this sector” (emphasis added). In this regard, the respondent authority reports under oath that in the sector where the property is located “there has not been and there is no water availability, because the municipal water storage tanks are located far below the level of the property, which makes it impossible to supply the service.” Thus, in the present case, it is established that the denial of potable water service was not arbitrary, but was based on objective reasons.IV.-Sobre el caso concreto. El recurrente, en su condición personal y como apoderado generalísimo de Soluciones y Eventos Empresariales Arrieta Ramírez Sociedad Civil, aduce que la sociedad tutelada adquirió la finca matrícula folio real n.° 356392-000 para construir una casa de habitación para su familia. Acusa que, mediante el oficio ACM-099- 2020 del 25 de junio de 2020, el Director de Gestión Ambiental de la corporación recurrida le denegó una paja de agua para tal inmueble debido a la ausencia de red de abastecimiento de agua en ese sector. Del estudio de los autos, se acredita que, el 11 de mayo de 2020, la sociedad tutelada adquirió la finca matrícula de folio real n.° 356392-000, situada en Salitrillos de Aserrí, plano catastrado n.° SJ- 1367553-2009. Empero, mediante oficio ACM-099- 2020 (trámite 3-533-2020) del 25 de junio de 2020, el Director de Gestión Ambiental de la municipalidad recurrida comunicó a la sociedad tutelada que “...Se deniega la paja de agua, debido a que este Acuerdo Municipal no cuenta con red de abastecimiento de agua en este sector” (énfasis agregado). En este sentido, la autoridad recurrida informa bajo juramento que en el sector donde se ubica la finca matrícula de folio real n.° 356392-000 “no ha existido ni existe disponibilidad de agua, en razón de que los tanques municipales de almacenamiento de agua se encuentran muy por debajo del nivel de la propiedad lo cual hace imposible el poder suministrar el servicio”. Así las cosas, en el sub lite, se acredita que la denegatoria del servicio de agua potable no fue arbitraria, sino que se sustentó en razones objetivas.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Se deniega la paja de agua, debido a que este Acuerdo Municipal no cuenta con red de abastecimiento de agua en este sector."

    "The water connection is denied because this Municipal Agreement does not have a water supply network in this sector."

    Oficio ACM-099-2020

  • "Se deniega la paja de agua, debido a que este Acuerdo Municipal no cuenta con red de abastecimiento de agua en este sector."

    Oficio ACM-099-2020

  • "no ha existido ni existe disponibilidad de agua, en razón de que los tanques municipales de almacenamiento de agua se encuentran muy por debajo del nivel de la propiedad lo cual hace imposible el poder suministrar el servicio."

    "there has not been and there is no water availability, because the municipal water storage tanks are located far below the level of the property, which makes it impossible to supply the service."

    Informe municipal bajo juramento

  • "no ha existido ni existe disponibilidad de agua, en razón de que los tanques municipales de almacenamiento de agua se encuentran muy por debajo del nivel de la propiedad lo cual hace imposible el poder suministrar el servicio."

    Informe municipal bajo juramento

  • "esta Sala ha dispuesto que el carácter de derecho fundamental al agua potable no implica un acceso irrestricto a tal servicio público, por cuanto pueden presentarse imposibilidades técnicas o incumplimiento de requisitos infraconstitucionales con base en los cuales la Administración, válidamente, puede denegar el servicio."

    "this Chamber has held that the status of potable water as a fundamental right does not imply unrestricted access to such public service, since there may be technical impossibilities or non-compliance with statutory requirements on the basis of which the Administration may validly deny the service."

    Considerando IV

  • "esta Sala ha dispuesto que el carácter de derecho fundamental al agua potable no implica un acceso irrestricto a tal servicio público, por cuanto pueden presentarse imposibilidades técnicas o incumplimiento de requisitos infraconstitucionales con base en los cuales la Administración, válidamente, puede denegar el servicio."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER Date of Resolution: October 16, 2020 at 09:30 Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL *200167390007CO* Res. No. 2020019854 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on October sixteenth, two thousand twenty.

An amparo action processed in expediente no. 20-016739-0007-CO, filed by CARLOS JEINER ARRIETA BADILLA, identity card 0113050661, on behalf of HIMSELF and SOLUCIONES Y EVENTOS EMPRESARIALES ARRIETA RAMÍREZ SOCIEDAD CIVIL, against THE MUNICIPALITY OF ASERRÍ.

Resultando:

1.- By filing incorporated at 5:09 p.m. on September 11, 2020, the petitioner, in his personal capacity and as general attorney-in-fact of the protected corporation, alleges that on May 11, 2020, his represented party—which is a family civil partnership—acquired the property with real folio registration no. 356392-000, located in Salitrillos de Aserrí, cadastral survey plan no. SJ-1367553 - 2009, to build a single-family dwelling (casa de habitación) for him and his family. He indicates that through procedure no. 4-412-2020 of June 4, 2020, engineer Rebeca Soto Arce, from the Department of Urban and Rural Management of the respondent municipality, granted him residential land use, a document that authorizes him for the construction of the housing on the indicated lot. However, through official letter ACM-099-2020, procedure 3-533-2020 of June 25, 2020, the Director of Environmental Management of the respondent corporation informed him of the following: "The water tap (paja de agua) is denied, because this Municipal Agreement does not have a water supply network in this sector." He states that before purchasing the indicated property, he asked the respondent authority if the property had water and sewer services, to which the municipality informed him that it did, and he was even provided with a service meter number. He notes that other owners in the same location have potable water service. He affirms that cadastral survey plan no. SJ-1367553 – 2009 bears the municipal approval stamp of August 21, 2009, in which the subdivision (segregación) of the lot from the parent property is approved for the purposes of the Urban Planning Law. He notes that the Municipality of Aserrí, by granting the municipal approval, accepted that the land met all the requirements for obtaining water and sewer services, in accordance with the provisions of articles 32 and 22 of the Urban Planning Law No. 4240 and the respective Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. He alleges that, upon appearing at the Collections Department of the respondent municipality to pay the respective taxes and services, he was forced to pay for the domiciliary water service, even though it is not being provided to him. He considers the right of access to potable water violated. He requests that the potable water tap (paja de agua potable) be granted for the aforementioned property.

2.- Oldemar García Segura and Rolando Castro Steller, in their order Mayor and Director of Environmental Management, both of the Municipality of Aserrí, report under oath that the municipal approval of the cadastral survey plan for the property in question was granted because it had an artisanal well and the studies and concession issued by the Water Department of MINAE were provided. They refute that the approval was granted because there was water availability in the area, “since in that location there has never been and there is no water availability, because the municipal water storage tanks are located far below the level of the property, which makes it impossible to supply the service.” They note that the system generated an error regarding the billing for domiciliary water service in the case of the protected party; however, they assure that all pertinent actions have already been taken to correct such information in the municipal database, so the petitioner can appear to process the respective reimbursement. They clarify that the municipality was unaware of this situation, since the claimant never filed any administrative request regarding the facts he alleges here, “because if he had done so, it would have been corrected immediately, without needing to resort to any other instance.” 3.- According to the record of September 23, 2020, signed by the Secretary of the Chamber and the Judicial Technician in charge of processing this expediente, “it did not appear that from 09/18/2020 to 09/22/2020, the HEAD OF THE COLLECTIONS DEPARTMENT OF THE MUNICIPALITY OF ASERRÍ presented any filing or document, in order to render the report that was requested of him” in the order that processed this amparo.

4.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Esquivel Rodríguez; and,

Considerando:

I.- Subject of the action. The petitioner, in his personal capacity and as general attorney-in-fact of Soluciones y Eventos Empresariales Arrieta Ramírez Sociedad Civil, argues that the protected corporation acquired the property with real folio registration no. 356392-000 to build a single-family dwelling (casa de habitación) for his family. He claims that, through official letter ACM-099-2020 of June 25, 2020, the Director of Environmental Management of the respondent corporation denied him a water tap (paja de agua) for such property due to the lack of a water supply network in that sector. He states that, before purchasing the indicated property, he asked the respondent authority if the property had water and sewer services, which was confirmed to him. He notes that other owners in the same location do have the public service. He affirms that cadastral survey plan no. SJ-1367553 – 2009 has the municipal approval, which implies, in light of the Urban Planning Law and the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, that the land satisfies the requirements for water and sewer services to be provided. He alleges that the Collections Department of the respondent municipality even billed him for the domiciliary water service, even though it is not being provided to him. He requests that the potable water tap (paja de agua potable) be granted for the aforementioned property.

II.- Proven facts. For the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided in the initial order:

  • a)On May 11, 2020, the protected civil partnership acquired the property with real folio registration no. 356392-000, located in Salitrillos de Aserrí, cadastral survey plan no. SJ-1367553 -2009 (uncontested fact).
  • b)Cadastre plan no. SJ-1367553-2009 has the municipal approval of August 21, 2009, in which the subdivision (segregación) of the lot from the parent property is approved (uncontested fact).
  • c)The municipal approval of August 21, 2009, for cadastral survey plan no. SJ-1367553 – 2009, was granted because the property had an artisanal well and the respective studies and the concession issued by the Water Department of MINAE were provided (see rendered report).
  • d)Through official letter ACM-099-2020 (procedure 3-533-2020) of June 25, 2020, the Director of Environmental Management of the respondent municipality informed the protected corporation that "in accordance with your request for a water tap (paja de agua) filed on the date of June 16, 2020, I am writing to indicate that, having cross-checked the attached documents, they correspond to property 356392-000, which is supported by the plan (they provide an uncadastred plan) (…) The water tap (paja de agua) is denied, because this Municipal Agreement does not have a water supply network in this sector” (see evidence provided).
  • e)In the sector where the property with real folio registration no. 356392-000 is located, “there has never been and there is no water availability, because the municipal water storage tanks are located far below the level of the property, which makes it impossible to supply the service” (see rendered report).
  • f)Due to an error in the municipal billing system, the charge for domiciliary water service was imposed on the property with real folio registration no. 356392-000; this was not claimed by the petitioner before the municipality; however, the error has already been corrected, so the corresponding monetary reimbursement to the claimant was authorized (see rendered report).

III.- Unproven facts. The following facts of relevance for the resolution of this matter are not deemed duly demonstrated:

  • a)That the respondent municipality had assured the petitioner that the property with real folio registration no. 356392-000 had water and sewer services.
  • b)That neighbors in the same conditions as the petitioner have potable water service provided by the Municipality of Aserrí.

IV.- On the specific case. The petitioner, in his personal capacity and as general attorney-in-fact of Soluciones y Eventos Empresariales Arrieta Ramírez Sociedad Civil, argues that the protected corporation acquired the property with real folio registration no. 356392-000 to build a single-family dwelling (casa de habitación) for his family. He claims that, through official letter ACM-099-2020 of June 25, 2020, the Director of Environmental Management of the respondent corporation denied him a water tap (paja de agua) for such property due to the lack of a water supply network in that sector. He states that, before purchasing the indicated property, he asked the respondent authority if the property had water and sewer services, which was confirmed to him. He notes that other owners in the same location do have the public service. He affirms that cadastral survey plan no. SJ-1367553 – 2009 has the municipal approval, which implies, in light of the Urban Planning Law and the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, that the land satisfies the requirements for water and sewer services to be provided. He alleges that the Collections Department of the respondent municipality even billed him for the domiciliary water service, even though it is not being provided to him. He requests that the potable water tap (paja de agua potable) be granted for the aforementioned property.

From the study of the case record, it is demonstrated that, on May 11, 2020, the protected corporation acquired the property with real folio registration no. 356392-000, located in Salitrillos de Aserrí, cadastral survey plan no. SJ-1367553-2009. However, through official letter ACM-099-2020 (procedure 3-533-2020) of June 25, 2020, the Director of Environmental Management of the respondent municipality informed the protected corporation that "in accordance with your request for a water tap (paja de agua) filed on the date of June 16, 2020, I am writing to indicate that, having cross-checked the attached documents, they correspond to property 356392-000, which is supported by the plan (they provide an uncadastred plan) (…) The water tap (paja de agua) is denied, because this Municipal Agreement does not have a water supply network in this sector” (emphasis added). In this regard, the respondent authority reports under oath that in the sector where the property with real folio registration no. 356392-000 is located, “there has never been and there is no water availability, because the municipal water storage tanks are located far below the level of the property, which makes it impossible to supply the service.” Thus, in the sub lite, it is demonstrated that the denial of potable water service was not arbitrary, but rather was based on objective reasons. Along these lines, this Chamber has repeatedly held that the character of the fundamental right to potable water does not imply unrestricted access to such public service, as technical impossibilities or failure to meet infra-constitutional requirements may arise, based on which the Administration can validly deny the service. In this context, it is appropriate to cite what was decided by the Chamber in judgment No. 2018-12838 of 9:30 a.m. on August 10, 2018, where the following was stated:

“IV.- On the specific case. In the sub lite, the petitioner considers her fundamental right of access to potable water violated. She indicates that she is the owner, together with her husband, of the property with real folio registration No. 672411 of the Partido de San José, cadastral survey plan No. SJ-1843630-2015. She points out that through a request made by her husband before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, water availability was requested for the cited land; however, through official letter No. UNDGAM-0583-2018-1803 of February 21, 2018, the respondent institute denied the request, under the argument that there is no availability. (…) In the sector indicated by the petitioner, the existing potable water infrastructure in front of the property does not have sufficient capacity to supply the property. The potable water production that currently exists and supplies the infrastructure located in front of the property does not have sufficient capacity to supply the property. The population in the area has been increasing and this has generated much demand that has resulted in, currently, the system that supplies the sector being insufficient. The situation is aggravated by the topographic elevation of the area, the limited capture sources in the sector, and the lack of cadastral control in the area by the competent municipality. Thus, the appropriate action is to declare the amparo action without merit. This Constitutional Court has indicated in reiterated judgments on the subject that the supply of potable water is considered a public service within the Costa Rican legal system, and that as such, every provider of public services—be it a public or private entity—is obliged to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see Judgment No. 2001-09676 and No. 2004-08161). It is therefore clear to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities in charge of providing the public service of potable water, is also obliged to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. However, this Court's jurisprudence has also indicated that, in the face of a legal impossibility (which is the failure to meet requirements established in the respective regulations) or in the face of a formal impossibility (which is the lack of a water distribution network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and infrastructure construction is needed. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a denial of access to potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, that is, the lack of infrastructure. In other words, as long as the lack of provision of potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by a legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. (…) it is possible to deny the supply of potable water when the existence of a legal and/or formal technical impossibility is determined, as occurs in the present case, such that the fundamental rights of the promoting party would not be infringed. If the petitioner is simply in disagreement with the denial itself, and with the reasons that support it, this corresponds to a legality issue that cannot be ventilated through this channel.” (emphasis added) Now, the petitioner argues that, before purchasing the indicated property, he asked the respondent authority if the property had water and sewer services, which was confirmed to him; additionally, he notes that other owners in the same location do have the public service. However, the claimant does not provide any evidentiary element to support such assertion.

On the other hand, the claimant argues that, in light of the Urban Planning Law and the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, the approval of the cadastral survey plan implies that the land satisfies the requirements for water and sewer services to be provided. However, it is necessary to indicate that this Chamber does not act as a generic comptroller of infra-constitutional regulations. In any case, the respondent municipality reports under oath that the 2009 approval appearing on cadastral survey plan no. SJ-1367553 – 2009 was granted at that time because the property had an artisanal well and the respective studies and the concession issued by the Water Department of MINAE were provided, not because there was potable water availability in the area. Now, if the petitioner has any disagreement regarding the plan's approval, he must assert it through the ordinary legality channel, as this is not within the purview of this constitutional venue.

Finally, determining the appropriateness or not of the amounts that the municipality is charging the resident exceeds the Chamber's competencies. In any case, the respondent authority reports that the charge for domiciliary water service to the property with real folio registration no. 356392-000 had not been previously claimed by the petitioner before the municipality; furthermore, that this was due to an error in the municipal billing system, which has already been corrected, so the monetary reimbursement to the claimant was authorized.

By virtue of the considerations set forth, it is necessary to declare the action without merit.

V.- Documentation provided to the expediente. The parties are warned that if they have provided any documents on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The action is declared without merit.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *F0G4347P1QQRO61* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200167390007CO* Res. Nº 2020019854 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del dieciseis de octubre de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente n.° 20-016739- 0007-CO, interpuesto por CARLOS JEINER ARRIETA BADILLA, cédula de identidad 0113050661, a favor de SÍ MISMO y SOLUCIONES Y EVENTOS EMPRESARIALES ARRIETA RAMÍREZ SOCIEDAD CIVIL, contra LA MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado a las 17:09 horas del 11 de setiembre de 2020, la parte recurrente, en su condición personal y como apoderado generalísimo de la sociedad tutelada, aduce que el 11 de mayo de 2020, su representada -la cual es una sociedad civil familiar- adquirió la finca matrícula de folio real n.° 356392-000, situada en Salitrillos de Aserrí, plano catastrado n.° SJ- 1367553 - 2009, para construir una casa de habitación para él y su familia. Indica que mediante el trámite n.° 4-412-2020 del 4 de junio de 2020, la ingeniera Rebeca Soto Arce, del Departamento de Gestión Urbana y Rural de la municipalidad recurrida, le otorgó el uso de suelo residencial, documento que le faculta para la construcción de la vivienda en el lote indicado. Sin embargo, por medio del oficio ACM-099- 2020, trámite 3-533-2020 del 25 de junio de 2020, el Director de Gestión Ambiental de la corporación recurrida le informó lo siguiente: " Se deniega la paja de agua, debido a que este Acuerdo Municipal no cuenta con red de abastecimiento de agua en este sector". Manifiesta que antes de comprar la finca indicada, preguntó a la autoridad recurrida si la propiedad contaba con los servicios de agua y alcantarillado, a lo que la municipalidad le informó que sí, incluso se le brindó un número de medidor de servicio. Acota que otros propietarios que se encuentran en la misma ubicación tienen el servicio de agua potable. Afirma que en el plano catastrado n.° SJ- 1367553 – 2009 aparece el sello del visado municipal del 21 de agosto de 2009, en el que se aprueba la segregación del lote de la finca madre para efectos de la Ley de Planificación Urbana. Acota que la Municipalidad de Aserrí, al otorgar el visado municipal, aceptó que el terreno contaba con todos los requisitos para la obtención de los servicios de agua y alcantarillado, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 y 22 de la Ley de Planificación Urbana n.° 4240 y el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones respectivo. Alega que, al apersonarse en el Departamento de Cobros de la municipalidad recurrida para cancelar los impuestos y los servicios respectivos, se le obligó a pagar el servicio de agua domiciliar, pese a que este no se le está brindando. Estima violentado el derecho al acceso al agua potable. Pide que se le dé la paja de agua potable para la propiedad aludida.

2.- Informan bajo juramento Oldemar García Segura y Rolando Castro Steller, por su orden Alcalde y Director de Gestión Ambiental, ambos de la Municipalidad de Aserrí, que el visado municipal del plano catastrado de la finca en cuestión fue otorgado en razón de que esta contaba con un pozo artesanal y se aportaron los estudios y concesión extendida por el Departamento de Aguas del MINAE. Refuta que el visado se haya concedido porque había disponibilidad de agua en la zona, “ya que en dicho lugar no ha existido ni existe disponibilidad de agua, en razón de que los tanques municipales de almacenamiento de agua se encuentran muy por debajo del nivel de la propiedad lo cual hace imposible el poder suministrar el servicio”. Acotan que el sistema generó un error respecto al cobro del servicio de agua domiciliar en el caso del tutelado; sin embargo, aseguran que ya se tomaron todas las acciones pertinentes para corregir tal información en la base de datos municipal, por lo que el recurrente puede presentarse a gestionar el respectivo reintegro. Aclaran que la municipalidad desconocía esta situación, ya que el accionante nunca planteó ninguna gestión administrativa respecto a los hechos que aquí alega, “ya que de haberlo hecho se hubiera corregido de inmediato, sin necesidad de acudir a ninguna otra instancia”.

3.- Conforme constancia del 23 de setiembre de 2020, suscrita por el Secretario de la Sala y el Técnico Judicial encargado de tramitar este expediente, “no apareció que del 18/09/2020 al 22/09/2020, el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó” en la providencia que cursó este amparo.

4.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente, en su condición personal y como apoderado generalísimo de Soluciones y Eventos Empresariales Arrieta Ramírez Sociedad Civil, aduce que la sociedad tutelada adquirió la finca matrícula folio real n.° 356392-000 para construir una casa de habitación para su familia. Acusa que, mediante el oficio ACM-099- 2020 del 25 de junio de 2020, el Director de Gestión Ambiental de la corporación recurrida le denegó una paja de agua para tal inmueble debido a la ausencia de red de abastecimiento de agua en ese sector. Manifiesta que, antes de comprar la finca indicada, preguntó a la autoridad recurrida si la propiedad contaba con los servicios de agua y alcantarillado, lo cual le fue confirmado. Acota que otros propietarios que se encuentran en la misma ubicación sí tienen el servicio público. Afirma que el plano catastrado n.° SJ- 1367553 – 2009 tiene el visado municipal, lo que implica, a la luz de la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, que el terreno satisface los requisitos para que se le provean los servicios de agua y alcantarillado. Alega que el Departamento de Cobros de la municipalidad recurrida incluso le cobró el servicio de agua domiciliar, pese a que este no se le está brindando. Pide que se le dé la paja de agua potable para la propiedad aludida.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 11 de mayo de 2020, la sociedad civil tutelada adquirió la finca matrícula de folio real n.° 356392-000, situada en Salitrillos de Aserrí, plano catastrado n.° SJ- 1367553 -2009 (hecho incontrovertido).
  • b)El plano catastro n.° SJ- 1367553- 2009 tiene el visado municipal del 21 de agosto de 2009, en el que se aprueba la segregación del lote de la finca madre (hecho incontrovertido).
  • c)El visado municipal del 21 de agosto de 2009 al plano catastrado n.° SJ- 1367553 – 2009, se otorgó debido a que el inmueble contaba con un pozo artesanal y se aportaron los estudios respectivos y la concesión extendida por el Departamento de Aguas del MINAE (véase informe rendido).
  • d)Mediante oficio ACM-099- 2020 (trámite 3-533-2020) del 25 de junio de 2020, el Director de Gestión Ambiental de la municipalidad recurrida comunicó a la sociedad tutelada que "de acuerdo con su solicitud de paja de agua presentada en fecha del 16 de junio del 2020, me permito indicar, que, confrontados los documentos adjuntos, corresponden a la finca 356392-000, la cual está respaldada por el plano (aportan plano sin catastrar) (…)Se deniega la paja de agua, debido a que este Acuerdo Municipal no cuenta con red de abastecimiento de agua en este sector” (véase prueba aportada).
  • e)En el sector donde se ubica la finca matrícula de folio real n.° 356392-000 “no ha existido ni existe disponibilidad de agua, en razón de que los tanques municipales de almacenamiento de agua se encuentran muy por debajo del nivel de la propiedad lo cual hace imposible el poder suministrar el servicio” (véase informe rendido).
  • f)Debido a un error en el sistema de cobro municipal, se impuso el cargo por servicio de agua domiciliar al inmueble matrícula de folio real n.° 356392-000; ello no fue reclamado por el recurrente ante el municipio, sin embargo, ya el yerro fue subsanado, por lo que se autorizó el reintegro pecuniario correspondiente al accionante (véase informe rendido).

III.- Hechos no probados. No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia para la resolución de este asunto:

  • a)Que la municipalidad accionada le haya asegurado al recurrente que la propiedad matrícula de folio real n.° 356392-000 contaba con los servicios de agua y alcantarillado.
  • b)Que vecinos que tengan las mismas condiciones del recurrente cuenten con el servicio de agua potable brindado por la Municipalidad de Aserrí.

IV.-Sobre el caso concreto. El recurrente, en su condición personal y como apoderado generalísimo de Soluciones y Eventos Empresariales Arrieta Ramírez Sociedad Civil, aduce que la sociedad tutelada adquirió la finca matrícula folio real n.° 356392-000 para construir una casa de habitación para su familia. Acusa que, mediante el oficio ACM-099- 2020 del 25 de junio de 2020, el Director de Gestión Ambiental de la corporación recurrida le denegó una paja de agua para tal inmueble debido a la ausencia de red de abastecimiento de agua en ese sector. Manifiesta que, antes de comprar la finca indicada, preguntó a la autoridad recurrida si la propiedad contaba con los servicios de agua y alcantarillado, lo cual le fue confirmado. Acota que otros propietarios que se encuentran en la misma ubicación sí tienen el servicio público. Afirma que el plano catastrado n.° SJ- 1367553 – 2009 tiene el visado municipal, lo que implica, a la luz de la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, que el terreno satisface los requisitos para que se le provean los servicios de agua y alcantarillado. Alega que el Departamento de Cobros de la municipalidad recurrida incluso le cobró el servicio de agua domiciliar, pese a que este no se le está brindando. Pide que se le dé la paja de agua potable para la propiedad aludida.

Del estudio de los autos, se acredita que, el 11 de mayo de 2020, la sociedad tutelada adquirió la finca matrícula de folio real n.° 356392-000, situada en Salitrillos de Aserrí, plano catastrado n.° SJ- 1367553-2009. Empero, mediante oficio ACM-099- 2020 (trámite 3-533-2020) del 25 de junio de 2020, el Director de Gestión Ambiental de la municipalidad recurrida comunicó a la sociedad tutelada que "de acuerdo con su solicitud de paja de agua presentada en fecha del 16 de junio del 2020, me permito indicar, que, confrontados los documentos adjuntos, corresponden a la finca 356392-000, la cual está respaldada por el plano (aportan plano sin catastrar) (…)Se deniega la paja de agua, debido a que este Acuerdo Municipal no cuenta con red de abastecimiento de agua en este sector” (énfasis agregado) . En este sentido, la autoridad recurrida informa bajo juramento que en el sector donde se ubica la finca matrícula de folio real n.° 356392-000 “no ha existido ni existe disponibilidad de agua, en razón de que los tanques municipales de almacenamiento de agua se encuentran muy por debajo del nivel de la propiedad lo cual hace imposible el poder suministrar el servicio”. Así las cosas, en el sub lite, se acredita que la denegatoria del servicio de agua potable no fue arbitraria, sino que se sustentó en razones objetivas. En esta línea, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha dispuesto que el carácter de derecho fundamental al agua potable no implica un acceso irrestricto a tal servicio público, por cuanto pueden presentarse imposibilidades técnicas o incumplimiento de requisitos infraconstitucionales con base en los cuales la Administración, válidamente, puede denegar el servicio. En este contexto, conviene citar lo resuelto por la Sala en la sentencia n.° 2018-12838 de las 9:30 horas del 10 de agosto de 2018, donde se indicó lo siguiente:

“IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente estima lesionado su derecho fundamental de acceso al agua potable. Indica que es propietaria, junto con su esposo, del inmueble matrícula folio real N° 672411 del Partido de San José, plano catastrado N° SJ-1843630-2015. Señala que mediante gestión realizada por su esposo ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se solicitó la disponibilidad de agua para el terreno citado; empero, por medio del oficio N° UNDGAM-0583-2018-1803 del 21 de febrero de 2018, el instituto recurrido denegó la petición, bajo el argumento que no existe disponibilidad. (…) En el sector indicado por la recurrente, la infraestructura de agua potable existente frente a la propiedad no tiene capacidad suficiente para abastecer el inmueble. La producción de agua potable que existe actualmente y abastece la infraestructura que se ubica frente a la propiedad no tiene capacidad suficiente para abastecer el inmueble. La población en la zona ha ido aumentando y ello ha generado mucha demanda que ha provocado que, en la actualidad, el sistema que abastece el sector sea insuficiente. La situación se ve agravada por la elevación topográfica de la zona, las limitadas fuentes de captación en el sector y la falta de control catastral en la zona por parte de la municipalidad competente. Así las cosas, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso de amparo. Este Tribunal Constitucional ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase Sentencia N° 2001-09676 y N° 2004-08161). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una red de distribución de aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. (…) es posible denegar el suministro de agua potable cuando se determina la existente de una imposibilidad jurídica y/o formal técnica, como ocurre en la especie, de modo que no se estarían infringiendo los derechos fundamentales de la parte promovente. Si la recurrente lo que se encuentra es disconforme con la negatoria en sí, y con los motivos que la sustentan, ello corresponde a un extremo de legalidad que no puede ser ventilado en esta vía.”(énfasis agregado) Ahora bien, el recurrente aduce que, antes de comprar la finca indicada, preguntó a la autoridad recurrida si la propiedad contaba con los servicios de agua y alcantarillado, lo cual le fue confirmado; además, acota que otros propietarios que se encuentran en la misma ubicación sí cuentan con el servicio público. Sin embargo, el accionante no aporta elemento probatorio alguno que respalde tal alegato.

Por otro lado, el accionante alega que, a la luz de la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, el visado del plano catastrado implica que el terreno satisface los requisitos para que se le provean los servicios de agua y alcantarillado. Sin embargo, es menester indicar que esta Sala no funge como un contralor genérico de la normativa infraconstitucional. En todo caso, la municipalidad accionada informa bajo juramento que el visado del año 2009 que consta en el plano catastrado n.° SJ- 1367553 – 2009, se otorgó en aquel momento debido a que el inmueble contaba con un pozo artesanal y se aportaron los estudios respectivos y la concesión extendida por el Departamento de Aguas del MINAE, no porque existiera disponibilidad de agua potable en la zona. Ahora bien, si el recurrente tiene alguna disconformidad respecto al visado del plano, deberá alegarla ante la vía de legalidad ordinaria, pues ello no es resorte de esta sede constitucional.

Por último, excede las competencias de la Sala determinar la procedencia o no de los extremos que la municipalidad le está cobrando al munícipe. En todo caso, la autoridad recurrida informa que el cargo por servicio de agua domiciliar al inmueble matrícula de folio real n.° 356392-000 no había sido reclamado antes por el recurrente ante el municipio; además, que ello se debió a un error en el sistema de cobro municipal, el cual ya fue subsanado, por lo que se autorizó el reintegro pecuniario al accionante.

En mérito de las consideraciones esgrimidas, se impone declarar sin lugar el recurso.

V.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *F0G4347P1QQRO61*

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