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Res. 19337-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 09/10/2020

Denial of potable water availability for non-compliance with urban planning ruleDenegatoria de disponibilidad de agua potable por incumplimiento de norma urbana

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The amparo petition is dismissed, because ICAA's denial was based on technical grounds (non-compliance with urban development rules) and not on arbitrariness.Se declara sin lugar el recurso de amparo, ya que la denegatoria del ICAA se basó en criterios técnicos (incumplimiento de norma urbana) y no en arbitrariedad.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber dismissed an amparo petition against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA) regarding its denial of potable water and sewer availability for a property in San Pablo de Heredia. The petitioner, who owns an undivided eleventh share of a 3,493.69 m² property with seven dwellings, argued that water and sewer infrastructure existed in front of the property and that the canton lacked a Regulatory Plan. ICAA based its denial on non-compliance with urban planning regulations, specifically exceeding the maximum allowable housing density under the (partial) local Regulatory Plan and, critically, the absence of a sanitary sewer network. The Chamber found the decision was not arbitrary but technically justified, and that it is not within its jurisdiction to assess compliance with ordinary legal requirements or act as a mediator. The claim of discrimination was also rejected for lack of a proper comparator. The petition was dismissed, and the petitioner was directed to pursue the matter through ordinary administrative or judicial channels.La Sala Constitucional rechaza un recurso de amparo interpuesto contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) por la denegatoria de una solicitud de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario para una propiedad en San Pablo de Heredia. El recurrente, propietario de una undécima parte de un inmueble de 3.493,69 m² con siete viviendas, alegó que sí existía infraestructura de agua y alcantarillado frente al inmueble y que el cantón carecía de Plan Regulador. El ICAA fundamentó su negativa en el incumplimiento de la normativa urbanística, al superarse la densidad máxima de unidades habitacionales permitida según el Plan Regulador (parcial) de la zona y, principalmente, por la ausencia de red de alcantarillado sanitario. La Sala determinó que la decisión no fue arbitraria, sino sustentada en criterios técnicos, y que no le corresponde examinar el cumplimiento de requisitos de legalidad ordinaria ni fungir como mediadora. Además, rechazó el alegato de violación al principio de igualdad, por falta de un parámetro de comparación adecuado. El recurso se declara sin lugar, remitiendo al recurrente a la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria para discutir el fondo del asunto.

Key excerptExtracto clave

The Chamber considers the cited precedent applicable to the present case, as there are no grounds to vary the criterion set forth nor reasons to assess the claimed situation differently. In this regard, no arbitrariness on the part of the respondent authority is observed concerning the denial at hand. Note that the denial was based on failure to meet requirements, namely non-compliance with urban development rules, since the maximum allowable dwelling units per lot according to the Regulatory Plan was exceeded. The petitioner should be aware that it is not for this Chamber to examine whether the requirements for obtaining the water and sewer availability certificate are actually met. Thus, it is not within this constitutional jurisdiction to determine, in accordance with the governing infra-constitutional regulations, the applicable Regulatory Plan to the petitioner's property, nor to assess whether such property complies or not with the maximum dwelling units under the corresponding Regulatory Plan. Likewise, it exceeds the scope of this Tribunal's competence to examine whether the document issued by the mayor of San Pablo de Heredia on June 1, 2020, substitutes or not a land use certificate. Moreover, the amparo petitioner should note that this Chamber should not act as a mediator before any individual or entity—whether public or private—to intercede on behalf of a third party so they may obtain what they seek. Consequently, it is not for this Tribunal to intercede to have ICAA grant the water and sewer availability requested. Therefore, should the petitioner so choose, claims may be submitted to the respondent authority itself or through the appropriate jurisdictional channels, where the merits of the matter may be broadly discussed and their claims asserted. In view of the foregoing, the petition is dismissed.El Tribunal considera que el precedente transcrito resulta aplicable al caso de marras, toda vez que no se encuentran motivos para variar el criterio vertido ni razones para valorar de manera distinta la situación reclamada. Sobre el particular, en el sub examine no se observa que haya mediado arbitrariedad por parte de la autoridad recurrida respecto la denegatoria de marras. Así, nótese que tal denegatoria se fundamentó en la falta de cumplimiento de requisitos, como lo es la inobservancia de la norma urbana, dado que no se cumple con el máximo de unidades habitacionales permitidas por lote según el Plan Regulador. Al respecto, advierta la parte recurrente que no le corresponde a esta Sala examinar si, efectivamente, se cumplen o no con los requisitos necesarios para obtener la referida certificación de disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario. En ese sentido, no le compete a esta jurisdicción constitucional determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, el Plan Regulador aplicable a la propiedad del recurrente, ni tampoco valorar si tal propiedad cumple o no con el máximo de unidades habitacionales de acuerdo con el Plan Regulador correspondiente. De igual forma, excede el ámbito de competencias de este Tribunal examinar si el documento dirigido por el alcalde de San Pablo de Heredia el 1° de junio de 2020 al ICAA sustituye o no un certificado de uso de suelo. De igual forma, advierta la parte amparada que esta Sala no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona, a fin de que se le conceda lo que ella pretende. Por ende, no le corresponde a esta Tribunal interceder a los efectos de que el ICAA le otorgue la disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario que requiere. Ergo, si a bien lo tiene la parte tutelada, puede formular sus reclamos ante la propia autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional correspondiente, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En mérito de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la Sala Constitucional ha sido insistente en varios pronunciamientos para la Resolución de Recursos de Amparo interpuestos por diferentes ciudadanos que, si bien es cierto el acceso al agua potable es un derecho fundamental, su ejercicio no es indiscriminado al punto de que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad, pues el rechazo a una solicitud de disponibilidad de agua no se hace de forma arbitraria o antojadiza, sino que obedece a un fundamento técnico"

    "the Constitutional Chamber has been emphatic in several rulings resolving amparo petitions filed by various citizens that, while access to potable water is a fundamental right, its exercise is not so indiscriminate that there exists an obligation on the part of the entities providing such service to supply it under any condition and at any time, since the denial of a water availability request is not made arbitrarily or capriciously, but rather is based on technical grounds"

    Considerando II, hecho probado l, citando oficio del ICAA

  • "la Sala Constitucional ha sido insistente en varios pronunciamientos para la Resolución de Recursos de Amparo interpuestos por diferentes ciudadanos que, si bien es cierto el acceso al agua potable es un derecho fundamental, su ejercicio no es indiscriminado al punto de que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad, pues el rechazo a una solicitud de disponibilidad de agua no se hace de forma arbitraria o antojadiza, sino que obedece a un fundamento técnico"

    Considerando II, hecho probado l, citando oficio del ICAA

  • "no le corresponde a esta Sala examinar si, efectivamente, se cumplen o no con los requisitos necesarios para obtener la referida certificación de disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario"

    "it is not for this Chamber to examine whether the requirements for obtaining the said water and sewer availability certificate are actually met or not"

    Considerando III

  • "no le corresponde a esta Sala examinar si, efectivamente, se cumplen o no con los requisitos necesarios para obtener la referida certificación de disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario"

    Considerando III

  • "por la forma en la que la recurrente plantea su alegato, sería necesario que esta Sala entrare a analizar situaciones propias de ser discutidas en la vía ordinaria y no en esta sede constitucional"

    "given the way in which the petitioner frames her argument, it would be necessary for this Chamber to examine matters that should be discussed in the ordinary courts and not in this constitutional venue"

    Considerando IV, citando sentencia 2020-012092

  • "por la forma en la que la recurrente plantea su alegato, sería necesario que esta Sala entrare a analizar situaciones propias de ser discutidas en la vía ordinaria y no en esta sede constitucional"

    Considerando IV, citando sentencia 2020-012092

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

**File No. 20-016370-0007-CO** **Res. No. 2020019337** **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the ninth of October of two thousand twenty.

An *amparo* appeal processed under file number 20-016370-0007-CO, filed by EDGAR ANTONIO BRENES MORA, identity card 0402150782, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ICAA).

**Whereas:** 1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 1:10 p.m. on September 7, 2020, the appellant files an *amparo* appeal against the ICAA. He indicates that he is the owner of an eleventh share of a property in the Partido de Heredia registered under title number 4125015, a property with a total area of 3,493.69 square meters, and his dwelling house is located in the space corresponding to him. He points out that, on June 1, 2020, the Municipality of San Pablo de Heredia delivered to him a document signed by the local mayor, stating the following: "the Municipality of San Pablo de Heredia HAS NO OBJECTION (sic), for the installation of a meter for water service, on the property located in the province of Heredia, canton 9, district San Pablo, adjacent to Iglesia de las Cruces, Cadastral Plan H 793707-88, in the name of Mr. EDGAR ANTONIO BRENES MORA, holder of identity card number 401250782…". He recounts that on June 22, 2020, he sent the duly completed form to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers with the request for a certificate of availability of drinking water and sanitary sewerage, which was processed under No. 2020-000284499-1-AP. He narrates that, through official letter No. SIGDD-2020-00028499-1-1-1 dated July 7, 2020, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers issued a certification of non-availability of Aqueduct and Sewerage Services and determined the following: "(...) According to a technical study carried out, in accordance with the area, it does not comply with the maximum number of housing units (unidades habitacionales) allowed per lot, according to the Regulatory Plan (Plan Regulador) of the area, so it is not feasible to grant new services (…)". He explains that, as can be verified with the Local Government, as well as with the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU), on its site https://www.invu.go.crplanes-reguladores, the canton of San Pablo de Heredia, as of the date of filing this *amparo*, does not have a Regulatory Plan (Plan Regulador) published in the Official Gazette La Gaceta, by virtue of the fact that it is in the process of being drafted. He mentions that, in the issued certificate, it was indicated that the area does not comply with the maximum number of housing units (unidades habitacionales), so the ICAA did not consider that the total area of the property is 3,493.69 square meters. He emphasizes that, given this situation, on July 29, 2020, he sent his disagreement with the resolution to the email address [email protected]. He adds that this request was answered that same day by the Sub-Management of GAM Systems Management and he was asked to expressly indicate the inconsistencies he was questioning. He goes on to say that on July 30, 2020, he sent a letter through which he stated the following: “…Reviewing both the report and the resolution, it is indicated that they cannot grant the service for the following reasons: 1- That there is no water availability in front of the property. 2- That there is no sewerage system in front of the property. 3- That they do not provide the service due to what is established by the regulatory plan (plan regulador) of the Municipality of San Pablo…”. He adds that the inconsistencies lie in the following facts: “…in front of the property there is water availability and even sewerage availability since the inspectors who came managed to denote that there are meters from your institution, where they even took down the corresponding code from each of the meters, and even on Tuesday there was a crew from A y A fixing one of the property's meters. Therefore, the aforementioned resolution is contradictory, additionally the property has a sewerage system that covers the entire property up to the main street, and regarding the 3rd (sic) point, it turns out that San Pablo de Heredia does not have a regulatory plan (plan regulador)…”. He states that on property No. 4-125015, 7 dwelling houses are built, which is why the procedures for obtaining drinking water service have been carried out in each of the cases. He clarifies that on the property there are services with NISE numbers 534-6063, 523-9774, 535-3176 and 344-0795, and none corresponds to his dwelling house. He reiterates that the property has 12 co-owners and that the constructions found therein conform to the use indicated in numeral 4 of the 1982 Great Metropolitan Area Regional Urban Plan (Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana), which stipulates that “... Article 4°. In the Special Protection Zone (Zona Especial de Protección), only the following constructions shall be permitted: 4.1 One dwelling per farm for use by the owner or owners and other constructions necessary for the use or services of the farm...”. He points out that article 50 of the Political Constitution was amended by adding the following paragraph: “…Every person has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the Nation, indispensable for protecting such a human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what the law created for these effects establishes, and the supply of drinking water for consumption by persons and populations shall have priority…”. He maintains that as of the date of filing this *amparo*, he lacks the indispensable drinking water service, by virtue of the fact that his request was rejected by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. He mentions that, unlike that institute, the Public Services Company of Heredia (Empresa de Servicios Públicos de Heredia) granted him electric power service without any problem, according to contract No. 725592. He affirms that in front of property No. 4-125015 there are 2 main pipes, and one of them connects to the sewer, therefore there is no legal basis on the part of the defendant to deny the drinking water service. He considers that the described facts violate his fundamental rights. He requests that the appeal be granted and that the ICAA be ordered to approve and grant the drinking water service. He asks that the ICAA be ordered to pay damages, losses, and costs.

2.- By resolution at 1:31 p.m. on September 8, 2020, the appellant was warned to clarify the reasons why a reference to the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) was included.

3.- By brief incorporated into the digital file at 11:56 a.m. on September 9, 2020, the appellant stated that the appeal was filed only against the ICAA. He clarifies that his claim is not related to the Costa Rican Social Security Fund.

4.- By resolution of the Chamber at 7:43 a.m. on September 15, 2020, the process was undertaken and a report was requested from the general manager and the sub-manager of systems of the Great Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana), both of the ICAA, on the facts alleged by the appellant.

5.- By brief incorporated into the digital file at 10:03 a.m. on September 18, 2020, Alejandro Calderón Acuña, in his capacity as sub-manager of System Management of the Great Metropolitan Area (Gran Área Metropolitana) of the ICAA, reports under oath. He states that the property with real property folio number (folio real) 4-125015-000, located in the district of San Pablo, canton San Pablo, province of Heredia, is a property of 3,493.69 m2 “registered in rights, specifically in sixteen registered rights (derechos registrales)”. He details that it is a property with the nature of coffee land with a house, according to the National Registry. He reports that, according to a consultation made to the Private Infrastructure Area, there are no construction permits (permisos de construcción) registered for the property with title number 125015 and that “Neither are there certificates of land use (certificados de uso del suelo) granted for the indicated activity registered; by the way, in the zone where the property is located, only one dwelling per lot is permitted in accordance with article 4 of the 1982 Great Metropolitan Area Regional Urban Plan (Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana)”. He adds that this department indicated that the unnumbered document dated June 1, 2020, issued by Mr. Bernardo Porras López, does not substitute a Certificate of Land Use (Certificado de Uso Suelo) or the current regulations. It is unknown how the construction of the existing dwellings was approved, since it is a necessary requirement to materialize a new service to provide the respective municipal construction permit (permiso de construcción), in accordance with article 52 of our Regulation for the Provision of ICAA Services. He reports that the denial expressed in the availability certificate SIGDD-2020-00028499-1-1-1 of July 7, 2020 “is not due to the absence of drinking water distribution or production infrastructure, but yes due to the absence of a sanitary sewer network in front of the property, it is specifically due to non-compliance with the urban regulation”. He argues that, in accordance with articles 5 and 21 of the Regulation for the Provision of ICAA Services, compliance with urban and construction regulations must be verified. He indicates that the property under analysis has four drinking water supply services, namely, 534-6063, 523-9774, 535-3176 and 344-0795. He clarifies, regarding the services already installed on the property, that the conditions under which such services were granted at the time are unknown, “however; appealing to the fundamental human right and to equality, this does not imply a right to be equated in irregular conditions; that is, by the fact that some neighbors had their drinking water supply approved, perhaps under irregular conditions at the time, due to the lack of compliance with the regulatory requirements provided for in the applicable regulations, the institution is not obligated to grant services under equally irregular conditions. Therefore, not having complied with all the requirements indicated in the Service Provision Regulation, the Constitutional Chamber has been insistent in several pronouncements for the Resolution of *Amparo* Appeals filed by different citizens that, while it is true that access to drinking water is a fundamental right, its exercise is not indiscriminate to the point that there is an obligation on the part of the entities that provide this service to provide it under any condition and opportunity, since the rejection of a request for water availability is not done arbitrarily or capriciously, but obeys a technical basis, where the real and current lack of hydraulic capacity of the aqueduct is evidenced. In this context, there being objective reasons to deny the request, it is not the Chamber's role to mediate in favor of the protected party before the Administration, especially if what they intend is for what they desire to be granted, *contra legem*, that is, contrary to the law”. He cites jurisprudence of this Court. He requests that the appeal be declared without merit.

6.- By brief incorporated into the digital file at 1:53 p.m. on September 18, 2020, Manuel Antonio Salas Pereira, in his capacity as General Manager of the ICAA, reports under oath in the same terms as in the brief incorporated into the digital file at 10:03 a.m. on September 18, 2020.

7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and, **Considering:** I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant considers his fundamental rights violated, given that he filed a request before the ICAA for drinking water and sanitary sewerage availability; however, said requirement was denied, despite the fact that there is water and sewerage availability in front of his property and that the canton of San Pablo de Heredia does not have a Regulatory Plan (Plan Regulador).

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

  • a)The appellant is the owner of one-eleventh of the property with title number 125015-000, which is located in San Pablo de Heredia, measures 3493.39 m2, and its nature is “COFFEE LAND WITH A HOUSE” (TERRENO DE CAFÉ CON UNA CASA). (See documentary evidence).
  • b)On June 1, 2020, the mayor of San Pablo de Heredia issued a document addressed to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in which he indicated:

“By this means we inform you that the Municipality of San Pablo de Heredia HAS NO OBJECTION for the installation of a meter for water service, on the property located in the province of Heredia, canton number 9, district San Pablo, adjacent to Iglesia de las Cruces, Cadastral Plan H 793707-88 in the name of Mr. EDGAR ANTONIO BRENES MORA, holder of identity card number 401250782”. (See documentary evidence).

  • c)On June 22, 2020, the petitioner filed a request for availability of drinking water and sanitary sewerage before the ICAA regarding the property with title number 4-125015-008, cadastral plan 4-793707-1988. (See documentary evidence).
  • d)On July 7, 2020, the ICAA sent a document to the *amparo* petitioner, through which he was informed that “In response to your request for availability of drinking water/sanitary sewerage services, filed before the Sub-Management of GAM Systems Management on June 22, 2020 (…) I inform you that as a result of the basic studies and technical report recorded in official letter: 2020-00028499-1-AP, the following was determined: According to a technical study carried out, in accordance with the area, it does not comply with the maximum number of housing units (unidades habitacionales) allowed per lot, according to the Regulatory Plan (Plan Regulador) of the area, so it is not feasible to grant new services. THERE IS NO DRINKING WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY THERE IS NO SEWERAGE SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY”. (See documentary evidence).
  • e)The ICAA issued an official letter regarding request number 2020-00028499-1, in which it was indicated: “IT IS NOT FEASIBLE TO GRANT AVAILABILITY, ACCORDING TO DENSITY (THERE ARE 7 DWELLINGS, EXCEEDS PERMITTED CONSTRUCTION DENSITY ON SAID PROPERTY) IN ACCORDANCE WITH THE REGULATORY PLAN OF THE MUNICIPALITY OF SAN”. (See documentary evidence).
  • f)On July 30, 2020, the appellant sent an email to [email protected], through which he indicated: “(…) I am writing to consult you about the certificate (Resolution) issued by you, as it has many inconsistencies, so I would appreciate it if you could clarify these doubts (…)”. (See documentary evidence).
  • g)On July 29, 2020, an ICAA official sent an email to the petitioner, through which he asked him to indicate the inconsistencies to which he had referred. (See documentary evidence).
  • h)On July 30, 2020, the petitioner sent an email to [email protected], in which he indicated:

“(…) Reviewing both the report and the resolution, it is indicated that they cannot grant the service for the following reasons: 1. That there is no water availability in front of the property. 2. That there is no sewerage system in front of the property. 3. That they do not provide the service due to what is established by the regulatory plan (plan regulador) of the Municipality of San Pablo.

This is where the inconsistencies arise.

It turns out that in front of the property there is water availability and even sewerage availability since the inspectors who came managed to denote that there are meters from your institution, where they even took down the corresponding code from each of the meters, and even on Tuesday there was a crew from A y A fixing one of the property's meters. Therefore, the aforementioned resolution is contradictory, additionally the property has a sewerage system that covers the entire property up to the main street, and regarding the 3rd (sic) point, it turns out that San pablo (sic) de Heredia does not have a regulatory plan (plan regulador)…”. (See documentary evidence).

  • i)On July 30, 2020, the *amparo* petitioner sent an email to [email protected], in which he indicated, among other things, that the information provided was complete. (See documentary evidence).
  • j)On August 7, 2020, the appellant sent an email to [email protected], in which he followed up on the opposition filed regarding the denial of his request for water availability. (See documentary evidence).
  • k)On August 7, 2020, an ICAA official sent an email to the petitioner, in which he communicated:

“(…) Regarding your inquiries, the following should be noted:

As it is a negative certificate of availability of drinking water and sanitary sewerage for the individualization of services, it is indicated that there is no availability of services in front of the property, even though they may exist.

The property is currently supplied by the NIS services 534-6063, 523-9774, 535-3176 and 344-0795.

The canton of San Pablo de Heredia has a partial Regulatory Plan (Plan Regulador).

Following a consultation made to the Private Infrastructure Area (Engineering), for property with title number 125015, no construction permits (permisos de construcción) are registered for the property.

Nor are certificates of land use (certificados de uso del suelo) registered for the indicated activity; by the way, in the zone where the property is located, only one dwelling per lot is permitted in accordance with article 4 of the 1982 Great Metropolitan Area Regional Urban Plan (Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana).

Based on the above, the requested certificate of water availability is denied”. (See documentary evidence).

  • l)On September 17, 2020, the sub-manager of GAM Systems Management sent official letter SG-GSGAM-2020-01155 to the Legal Directorate of the ICAA, in which it was indicated:

“1. The property with Real Property Folio Number (Folio Real) 4-125015-000, located in the district of San Pablo, canton San Pablo, province of Heredia, is a property of three thousand four hundred ninety-three square meters and sixty-nine square decimeters, registered in rights, specifically in sixteen registered rights (derechos registrales).

2. It is a property with the nature of coffee land with a house, according to the National Registry.

3. According to a consultation made to the Private Infrastructure Area (Engineering), for the property with title number 125015, no construction permits (permisos de construcción) are registered for the property. Nor are certificates of land use (certificados de uso del suelo) granted for the indicated activity registered; by the way, in the zone where the property is located, only one dwelling per lot is permitted in accordance with article 4 of the 1982 Great Metropolitan Area Regional Urban Plan (Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana).

4. In a consultation made to the same department, we are informed that the unnumbered document dated June 1 of this year, issued by Mr. Bernardo Porras López, does not substitute a Certificate of Land Use (Certificado de Uso Suelo) or the current regulations.

5. Having mentioned the above, it is unknown how the construction of the existing dwellings was approved. This is because it is a necessary requirement to materialize a new service to present the respective municipal construction permit (permiso de construcción), in accordance with article 52 of our Regulation for the Provision of AyA Services.

Article 52.- Requirements for requesting a new service. To request a new service, the service applicant, whose concept is defined in article 5 of this regulation, must comply with the following requirements in physical or digital format:

  • a)Present the application form, provided by AyA, complete and signed by the applicant or their legal representative.
  • b)Present identification document of the property applicant or their legal representative. If technological feasibility exists, AyA will exempt the applicant from presenting this requirement by verifying identity through the official digital platform.

In accordance with the verification and correction of necessary conditions for service approval, AyA will verify, through the official and available virtual platforms, the following conditions:

I. Registry certifications of properties

II. Registry certifications of Cadastral Plans

III.Registry or administrative certifications of valid legal entities, proxies with powers as judicial and extrajudicial representatives or authorized for this purpose, executors, guardians, curators.

  • c)Present cadastral plan. In the event that no cadastral plan exists for the property, or for purposes of segregation or subdivisions (fraccionamientos), must present a survey plan (plano de agrimensura) that complies with the provisions of Article No. 2, subsection q) of the current Regulation of the National Cadastre Law with its respective filing minutes and the corresponding seal of the CFIA in accordance with the provisions of the current Special Regulation of the Topography Project Administrator (APT) of the CFIA and its amendments, or the regulations that replace them. If technological feasibility exists, AyA will exempt the applicant from presenting this requirement.
  • d)Copy of the current municipal construction permit (permiso municipal de construcción), or the Project Number processed before the APC and duly approved, so that AyA can verify the existence of the requirement, in the case of a building to be developed. The permit must coincide with the initial purpose for which the availability was requested and approved. In the case of properties with existing buildings, where the construction permit is not provided, must present the equivalent document from the competent body that supports the legality of the structure on the property.

The admission of the application will be subject to the fulfillment of the requirements that the applicant must provide and the information obtained by AyA on the Official Digital Platforms.

  • e)Payment of the connection fee will be in accordance with the provisions of article 57 of this regulation.
  • f)In the case of requests for new services for activities that generate special type wastewater, the interested party must present a sworn statement indicating that the discharge into the sanitary sewer will comply with the regulation and approval note from the Ministry of Health, describing the type of activity to be developed, as well as the quantity and quality of the discharge to be poured; likewise, the specification of the treatment system to comply with current environmental regulations.
  • g)In those cases where the public service must be provided in territories of the country with special characteristics, under the modality of territories administered by the State or its institutions with a special legal regime, the maritime-terrestrial zone, border zones, indigenous territories, tourism development hubs, among others, which are granted through concessions, leases, and assignments, the applicants must present the express authorization of the corresponding Entity, according to the regulation that governs them.

For all cases provided for in this regulation, AyA will verify that the applicant and the property are not in default with AyA. Cases defined by other regulations or agreements are excepted.

When the administered person appears before AyA to request sanitation and/or water service for population use on an agricultural, forestry, or livestock parcel, and for the purpose of building the dwellings or buildings authorized by the current Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones) of the INVU, the user must comply with the basic requirements that are requested for this purpose in these regulations. Once the full presentation of requirements is completed, the Institution shall have a period of 15 business days to resolve the request.

6. The denial expressed in the availability certificate SIGDD-2020-00028499-1-1-1 of July 7 of this year is not due to the absence of drinking water distribution or production infrastructure but yes due to the absence of a sanitary sewer network in front of the property, it is specifically due to non-compliance with the urban regulation.

7. In accordance with articles 5 and 21 of our Regulation for the Provision of AyA Services, published in the official gazette La Gaceta No. 285 of December 19, 2019, compliance with urban and construction regulations must be verified:

Article 5.- Definitions. For the purposes of this Regulation, the following shall be understood by: Technical feasibility (Factibilidad técnica) for granting a service:

  • a)When there are distribution and collection networks in front of the property boundaries or it has direct access via a public road or right-of-way easement (servidumbre de paso) to the property for which a service is requested.
  • b)That the systems have hydraulic capacity, potabilization and treatment capacity, sufficient to serve new services.
  • c)That the system complies with the established quality attributes.
  • d)That it is legally and environmentally possible.
  • e)That the applicant(s) comply with urban regulations and the established requirements.

Article 21.- Issuance of the certificate of service availability. The issuance of this certificate is free of charge and will be issued within a period of up to 15 business days for individual cases and up to 20 business days for urban, industrial, and commercial development projects after satisfactory receipt of the established requirements. This certificate must indicate at a minimum: the real property folio number, exact address of the property, cadastral or survey plan, nature of the project, quantity of flow assigned, technical criteria, consecutive number, signature, and seal. The technical criteria that support the certificate must refer at a minimum to the hydraulic capacity and water supply capacity conditions presented by the systems, which by coverage correspond to the request; likewise, it must contain the verification of compliance with the urban and construction regulations that govern real estate activities. These certificates will be issued by the Operational Sub-Managements of System Management. It must be expressly indicated that this document is not a construction-level authorization, nor for segregation without having had the plans approved by AyA. Nor does it signify an authorization for interconnection or approval of new services; for that purpose, the respective requirements and procedures must be met before the competent authorities. Likewise, any other technical warning in case of non-granting. AyA will not issue the certificate if the property, or the possessor in the case of unregistered land, is in default with AyA. Cases defined by other regulations or agreements are excepted.

8. The property under analysis has four drinking water supply services: 534-6063, 523-9774, 535-3176 and 344-0795.

9. Regarding the services already installed on the property, it is important to clarify that the conditions under which said services were granted at the time are unknown; however, appealing to the fundamental human right and to equality, this does not imply a right to be equated in irregular conditions; that is, by the fact that some neighbors had their drinking water supply approved, perhaps under irregular conditions at the time, due to the lack of compliance with the regulatory requirements provided for in the applicable regulations, the institution is not obligated to grant services under equally irregular conditions.

10. It is important to mention that the Constitutional Chamber has been insistent in several pronouncements for the Resolution of *Amparo* Appeals filed by different citizens that, while it is true that access to drinking water is a fundamental right, its exercise is not indiscriminate to the point that there is an obligation on the part of the entities that provide this service to provide it under any condition and opportunity, since the rejection of a request for water availability is not done arbitrarily or capriciously, but obeys a technical basis, where the real and current lack of hydraulic capacity of the aqueduct is evidenced. In this context, there being objective reasons to deny the request, it is not the Chamber's role to mediate in favor of the protected party before the Administration, especially if what they intend is for what they desire to be granted, *contra legem*, that is, contrary to the law” (the highlighting was supplied). (See documentary evidence).

III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE.

In the case at bar, the appellant considers his fundamental rights to have been violated, since he submitted a request to the ICAA for availability of potable water and sanitary sewerage; however, that request was denied, even though there is water and sewerage availability in front of his property and the canton of San Pablo de Heredia does not have a Regulatory Plan.

Now then, it is inferred from the case file that the appellant is the owner of one-eleventh of the property with registration number 125015-000, which is located in San Pablo de Heredia, measures 3493.39 m2, and its nature is “COFFEE LAND WITH A HOUSE.” Likewise, it is observed that, on June 1, 2020, the mayor of San Pablo de Heredia issued a communication addressed to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in which he stated: “Through this medium, we inform the Municipalidad de San Pablo de Heredia that it HAS NO OBJECTION to the installation of a meter for water service on the property located in the province of Heredia, canton number 9, San Pablo district, adjacent to the Iglesia de las Cruces, cadastral map H 793707-88 in the name of Mr. EDGAR ANTONIO BRENES MORA, holder of identity card number 401250782.” The Court has established that, on June 22, 2020, the protected party submitted a request for availability of potable water and sanitary sewerage to the ICAA concerning the property with registration 4-125015-008, cadastral map 4-793707-1988. In this regard, on July 7, 2020, the ICAA sent a communication to the amparo petitioner, informing him that: “In response to your request for availability of potable water/sanitary sewerage services, filed with the Subgerencia Gestión de Sistemas GAM on June 22, 2020 (…) I inform you that as a result of the basic studies and technical report contained in official communication: 2020-00028499-1-AP, the following was determined: According to the technical study conducted, based on the area, it does not comply with the maximum number of housing units permitted per lot, according to the Regulatory Plan for the zone, therefore it is not feasible to grant new services. POTABLE WATER IS NOT AVAILABLE IN FRONT OF THE PROPERTY SANITARY SEWERAGE SYSTEM IS NOT AVAILABLE IN FRONT OF THE PROPERTY.” Thus, the ICAA issued an official communication regarding application number 2020-00028499-1, which stated: “IT IS NOT FEASIBLE TO GRANT AVAILABILITY, ACCORDING TO DENSITY (THERE ARE 7 DWELLINGS, IT EXCEEDS THE PERMITTED CONSTRUCTION DENSITY ON SAID PROPERTY) ACCORDING TO THE REGULATORY PLAN OF THE MUNICIPALIDAD DE SAN.” Consequently, on July 30, 2020, the appellant sent an email to [email protected], stating: “(…) it is to inquire about the certificate (Resolution) issued by you since it presents many inconsistencies, for which I would appreciate if you could clarify those doubts (…).” Likewise, it is verified that, on July 29, 2020, an ICAA official sent an email to the protected party requesting that he specify the inconsistencies he referred to. Thus, on July 30, 2020, the protected party sent an email to [email protected], stating: “(…) Reviewing both the report and the resolution, it is indicated that the service cannot be granted for the following reasons: 1. That there is no water availability in front of the property. 2. That there is no sewerage system in front of the property. 3. That the service is not granted due to what is established in the regulatory plan of the Municipalidad de San Pablo. It is regarding the above that the inconsistencies arise. It turns out that in front of the property there is water availability and even sewerage since the inspectors who came were able to note that there are meters from you, where they even recorded the corresponding code from each meter, and a crew from AyA was even working on Tuesday fixing one of the property’s meters, which contradicts the aforementioned resolution; additionally, the property has a sewerage system that covers the entire property up to the main street, and regarding the 3rd (sic) point, it turns out that San Pablo (sic) de Heredia does not have a regulatory plan…”. In that sense, that same day, the amparo petitioner sent an email to [email protected], stating, among other things, that the information provided was complete. In this regard, the Chamber notes that, on August 7, 2020, the appellant sent an email to [email protected], following up on the objection filed regarding the denial of his water availability request.

On this particular point, it is accredited that, on August 7, 2020, an ICAA official sent an email to the protected party, communicating: “(…) Regarding your inquiries, the following should be noted: As this is a negative certificate of potable water and sanitary sewerage availability for the individualization of services, it is indicated that there is no availability of services in front of the property despite the fact that they may exist. The property is currently supplied by services NIS 534-6063, 523-9774, 535-3176, and 344-0795. The canton of San Pablo de Heredia has a partial Regulatory Plan. Upon inquiry made to the Área de Infraestructura Privada (Engineering), no construction permits are registered for the property on farm registration 125015. Nor are there registered land use certificates (certificados de uso del suelo) granted for the indicated activity; it is worth mentioning that, in the zone where the property is located, only one dwelling per lot is permitted in accordance with Article 4 of the Gran Área Metropolitana Regional Urban Plan of 1982. Based on the foregoing, the requested water availability certificate is denied.” Lastly, this Court has established that, on September 17, 2020, the deputy manager of Gestión de Sistemas GAM sent official communication SG-GSGAM-2020-01155 to the ICAA Legal Directorate, stating: “1. The property Folio Real 4-125015-000, located in the district of San Pablo, canton of San Pablo, province of Heredia, is a property of three thousand four hundred ninety-three square meters and sixty-nine square decimeters, registered in rights, specifically in sixteen registry rights. 2. It is a property whose nature is coffee land with a house, according to the National Registry. 3. According to the inquiry made to the Área de Infraestructura Privada (Engineering), no construction permits are registered for the property on farm registration 125015. Nor are there registered land use certificates (certificados de uso del suelo) granted for the indicated activity; it is worth mentioning that, in the zone where the property is located, only one dwelling per lot is permitted in accordance with Article 4 of the Gran Área Metropolitana Regional Urban Plan of 1982. 4. Upon inquiry made to the same department, we are informed that the document without a sequential number, dated June 1st of this year, issued by Mr. Bernardo Porras López, does not substitute a Land Use Certificate (Certificado de Uso de Suelo) nor the regulations in force. 5. Having mentioned the foregoing, it is unknown how the construction of the existing dwellings was approved. This is because it is a necessary requirement to materialize a new service to present the respective municipal construction permit, according to Article 52 of our Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. Article 52.- Requirements for the request for a new service. To request a new service, the service applicant, whose concept is defined in Article 5 of these regulations, must comply with the following requirements in physical form or digital format: a) Submit the application form, provided by AyA, completed and signed by the applicant or their legal representative. b) Present identification documents for the applicant of the property or their legal representative. If there is technological feasibility, AyA will exempt the manager from presenting this requirement by verifying identity through the official digital platform. According to the verification and correction of necessary conditions for service approval, AyA will verify the following conditions through the official and available virtual platforms: I. Property registration certifications. II. Cadastral Map registration certifications. III. Registration or administrative certifications of valid legal entities, agents with powers of judicial and extrajudicial representatives or those empowered for this purpose, executors, guardians, curators. c) Present cadastral map. If there is no cadastral map for the property, or for effects of segregation or subdivisions (fraccionamientos), a survey plan must be presented that complies with the stipulations of Article No. 2, subsection q) of the Reglamento de la Ley de Catastro Nacional in force, with its respective filing receipt and the corresponding CFIA stamp in accordance with the provisions of the Reglamento Especial del Administrador de Proyectos de Topografía (APT) of the CFIA in force and its amendments, or the regulations that replace them. If there is technological feasibility, AyA will exempt the applicant from presenting this requirement. d) Copy of the valid municipal construction permit, or the Project Number processed before the APC duly approved, so that AyA can verify the existence of the requirement, in the case of a building to be developed. The permit must coincide with the initial purpose for which the availability was processed and approved. In the case of properties with existing buildings where the construction permit is not provided, the equivalent document from the competent entity must be presented that certifies the legality of the structure on the property. Admission of the application will be subject to compliance with the requirements that the applicant must provide and the information obtained by AyA on the Official Digital Platforms. e) Payment of the connection fee will be in accordance with what is established in Article 57 of these regulations. f) In the case of requests for new services for activities that generate special types of wastewater, the interested party must present a sworn statement indicating that the discharge into the sanitary sewer system will comply with the regulation and the approval note from the Ministry of Health, describing the type of activity to be carried out, as well as the quantity and quality of the discharge to be released; likewise, the specification of the treatment system to comply with the environmental regulations in force. g) In those cases where the public service must be provided in territories of the country with special characteristics, under the modality of territories administered by the State or its institutions with a special legal regime, maritime-terrestrial zone, border zones, indigenous territories, tourism development hubs, among others, which are granted through concessions, leases, and assignments, applicants must present the express authorization of the corresponding Entity, according to the regulation that governs them. For all cases provided in this regulation, AyA will verify that the applicant and the property are not in default with AyA. Cases defined by other regulations or agreements are excepted. When an individual appears before AyA to request sanitation and/or water services for population use on an agricultural, forest, or livestock parcel, and for the purposes of constructing the dwellings or buildings authorized by the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones of the INVU in force, the user must comply with the basic requirements requested for this purpose in these regulations. Once the presentation of all requirements is completed, the Institution will have a period of 15 business days to resolve the request. 6. The refusal expressed in the availability certificate SIGDD-2020-00028499-1-1-1 of July 7th of this year, is not due to the absence of potable water distribution or production infrastructure, but it is due to the absence of a sanitary sewerage network in front of the property; it is specifically due to non-compliance with the urban regulation. 7. According to Articles 5 and 21 of our Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA, published in the official newspaper La Gaceta No. 285 of December 19, 2019, compliance with urban planning and construction regulations must be verified: Article 5.- Definitions. For the purposes of these Regulations, the following shall be understood as: Technical feasibility (factibilidad técnica) for granting a service: a) When there are distribution and collection networks in front of the boundaries of the property or it has direct access via a public road or easement (servidumbre) of passage from the property for which a service is requested. b) That the systems have sufficient water, hydraulic, purification, and treatment capacity to serve new connections. c) That the system complies with the established quality attributes. d) That it is legally and environmentally possible. e) That the applicant(s) comply with urban planning regulations and established requirements. Article 21.- Issuance of the service availability certificate. The issuance of this certificate is free of charge and will be issued within a period of up to 15 business days for individual cases and up to 20 business days for urban, industrial, and commercial development projects after the established requirements have been received to satisfaction. Said certificate shall indicate at a minimum: the folio real number, exact address of the property, cadastral or survey plan, nature of the project, amount of allocated flow, technical criteria, sequential number, signature, and stamp. The technical criteria that support the certificate must refer at a minimum to the water and hydraulic capacity conditions presented by the systems that, by coverage, correspond to the request; likewise, it must contain verification of compliance with the urban planning and construction regulations that govern real estate activity. These certificates will be issued by the Subgerencias Operativas de Gestión de Sistemas. It must be expressly stated that this document is not a construction-level authorization or a segregation authorization without the plans having been approved by AyA. It does not mean an interconnection authorization or approval of new services either; to proceed with those, the respective requirements and procedures must be complied with before the competent authorities. Likewise, any other technical warning in case of non-granting. AyA will not issue the certificate if the property, or the possessor in the case of unregistered land, is in default with AyA. Cases defined by other regulations or agreements are excepted. 8. The property under analysis has four potable water supply services: 534-6063, 523-9774, 535-3176, and 344-0795. 9. Regarding the services already installed on the property, it is important to clarify that the conditions under which those services were granted at the time are unknown; however, appealing to the fundamental and equal human right, this does not imply a right to be equalized in irregular conditions; that is, due to the fact that some neighbors were approved for potable water supply, perhaps under irregular conditions at the time, due to the lack of compliance with the regulatory requirements established in the applicable regulations, the institution is not obliged to grant services under equally irregular conditions. 10. It is important to mention that the Constitutional Chamber has been insistent in several pronouncements for the Resolution of Amparo Appeals filed by different citizens that, although it is true that access to potable water is a fundamental right, its exercise is not indiscriminate to the point that there is an obligation on the entities that provide that service to provide it under any condition and opportunity, since the rejection of a water availability request is not done arbitrarily or willfully, but rather is based on technical grounds, where the real and current lack of hydraulic capacity of the aqueduct is evidenced. In this context, when there are objective reasons to deny the application, it is not up to the Chamber to mediate on behalf of the amparo-protected party before the Administration, especially if what is sought is to have what they desire granted, contra legem, that is, contrary to the law.” In the case at bar, it is observed that situations like the one raised by the appellant have been assessed on other occasions by this Court, therefore it is appropriate to cite what was stated in judgment No. 2020-002799 at 10:05 a.m. on February 11, 2020, which ordered:

“I.- Object of the appeal.- The appellant states that she was given a lot to build her house. Due to the foregoing, she filed a request for potable water availability for the property, plan No. 2019-37296-C, before the appellant ASADA. However, she alleges that the request was rejected on the grounds that there is no potable water distribution network in front of the property. She considers that the respondent's decision violates her right to potable water service.

II.- On the issue of providing potable water service. This Court has indicated that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the municipalities, or the associations that administer aqueducts and sewerage systems (Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados), may deny potable water availability if there are technical or legal reasons that justify it. In Judgment No. 2018-011148 at 9:30 a.m. on July 10, 2018, this Chamber resolved the following:

"(...) In the case under study, the Chamber has established that on August 8, 2017, the appellant filed a request for availability of aqueduct and sewerage services for the property registered under Folio Real Registration No. (...) before the respondent Institute, which was denied through official communication No. GSP-RCO-2017-02024, of August 21, 2017. According to what has been verified, in the sector where the land for which the amparo petitioner requested the service is located, there is no potable water availability or sanitary sewer system, because the Santiago de Puriscal System is experiencing a water deficit, meaning that an increase in the number of connections would imply a deterioration of the quality of service for current users, who are supplied through palliative measures such as valving (valvuleo) and water tanker trucks. It is therefore evident that the Institute cannot provide the service requested by the amparo petitioner because it is technically not feasible, and therefore, it is not possible to accept the request in the terms sought by the appellant. For that reason, from the constitutional perspective, the Chamber considers that there has been no arbitrary refusal by the respondent authority to provide potable water service availability to the applicant as she requests; rather, what has occurred is that there is a technical and material impossibility due to the non-existence at the site of the necessary infrastructure to grant what was requested, at least at this moment, which —as stated— has been made known to her. It must be remembered that on the substantive issue of this amparo, this Chamber has referred in multiple judgments to what it has called technical or material impossibility, which is the lack of infrastructure, and has expressed that when there is a technical impossibility to connect the requested service, no fundamental right of the individuals is violated, because it is due to the lack of technical elements necessary for the installation of the service and not to an arbitrary action by the Administration (see in that regard, among others, Judgments 2007-03355, at 1:37 p.m. on March 9, 2007; 2007-010341, at 2:45 p.m. on July 20, 2007, and 2017-011477, at 9:15 a.m. on July 21, 2017). Finally, there is no evidence of a discriminatory act in relation to the other dwellings located in the zone that do have the service, since the principle of equality, insofar as it constitutes a necessary premise for the effectiveness of public freedoms, obliges both to equalize equal situations and to differentiate different situations. This implies that equal factual situations must receive equal legal consequences and that to introduce differences between factual situations, there must be sufficient justification for such difference, which must appear both founded and reasonable according to generally accepted criteria and value judgments. This Chamber has repeatedly stated that when a violation of the principle of equality is alleged, the interested party must present a parameter for comparison, that is, they must indicate a specific case —or several— in which discriminatory treatment is evident. Finally, it is not for this Chamber to determine whether the requirements for granting the water supply as the appellant seeks are met or not, nor is it appropriate to elucidate under what terms, according to water availability and compliance with technical and legal conditions, the water supply application she lacks could eventually be authorized, since this is a task proper to the ordinary —administrative or judicial— channel (...)."

Such considerations are applicable to the case under study, as this Court finds no reasons to vary the criterion stated in that judgment, nor motives to assess the situation raised differently.

III.- On the specific case. As is evident from the appeal filing brief and the documentary evidence provided to the electronic file, the respondent rejected the request for potable water availability indicated by the appellant, informing of the reasons why it was not feasible to address it, specifically, that there is no potable water distribution network in front of the property. Now then, it must be indicated that verifying compliance with the legal or technical requirements to obtain the requested availability is the responsibility of the respective administrative or judicial authorities, and this Chamber cannot delve into the matter, because these are aspects of ordinary legality outside its jurisdiction. It should be noted that, as indicated in the cited precedent, this Court has considered that, given a legal impediment —non-compliance with requirements established in the respective regulations— or a formal impossibility —in this case, the lack of infrastructure—, the denial of service requests is reasonable, since it is not a willful and unfounded decision, but rather one based on a technical criterion that prevents guaranteeing the minimum conditions of service. Thus, the appropriate course is for the appellant to resort to the ordinary legality channel to file there the actions she deems pertinent so that the matter is resolved according to the law. Consequently, the appeal is declared inadmissible.” (bold text supplied).

The Court considers that the transcribed precedent is applicable to the case at hand, as there are no grounds found to vary the stated criterion nor reasons to assess the claimed situation differently. In this regard, in the case under examination, it is not observed that there was arbitrariness on the part of the respondent authority regarding the denial at issue. Thus, note that such denial was based on the lack of compliance with requirements, such as the non-observance of the urban regulation, given that the maximum number of housing units permitted per lot according to the Regulatory Plan is not met. In this regard, the appellant must note that it is not up to this Chamber to examine whether, indeed, the necessary requirements to obtain the said certification of water and sanitary sewerage availability are met or not. In that sense, it is not within the competence of this constitutional jurisdiction to determine, according to the infra-constitutional regulations governing the matter, the Regulatory Plan applicable to the appellant's property, nor to assess whether that property complies or not with the maximum number of housing units according to the corresponding Regulatory Plan. Likewise, it exceeds the scope of this Court's jurisdiction to examine whether the document sent by the mayor of San Pablo de Heredia on June 1, 2020, to the ICAA substitutes or not a land use certificate (certificado de uso de suelo). Similarly, the amparo-protected party must note that this Chamber should not act as a mediator before a specific natural or legal person —whether governed by public or private law—, to intercede on behalf of a third party, so that they are granted what they seek. Therefore, it is not for this Court to intercede so that the ICAA grants the water and sanitary sewerage availability it requires. Ergo, if the protected party deems it appropriate, they may formulate their claims before the respondent authority itself or in the corresponding jurisdictional channel, venues where they will be able to broadly discuss the merits of the matter and assert their claims. By virtue of the foregoing, the appeal is declared without merit.

IV.- On the other hand, the appellant claims that 7 dwellings are built on property 4-125015 and that the services with NISE numbers 534-6063, 535-3176, 523-9774, and 344-0795 are already located on that property; however, none of those services corresponds to his dwelling. Therefore, he considers that what is established in Article 33 of the Political Constitution has been violated. In this regard, the Chamber deems it opportune to cite what was indicated in judgment No. 2020-010415 at 9:10 a.m. on June 5, 2020:

“I.- ABOUT THE PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION. Having reviewed the appellant's allegations, it is made clear to him that the principle of equality, established in Article 33 of the Political Constitution, does not have an absolute character, since it does not properly grant a right to be equated with any individual without distinction of circumstances, but rather allows for demanding that no differences be made between two or more people who are in the same legal situation or in identical conditions, without being able to claim equal treatment when conditions or circumstances are unequal. For this reason, discrimination, understood from a legal point of view, means granting different treatment based on particular characteristics that are unjust, arbitrary, or unreasonable. Thus, the prohibition of discrimination implies an impossibility of invoking certain personal or social elements to give differentiated treatment, if these do not constitute an objective and reasonable justification to support the action in question. For example, those inequalities of treatment that are based exclusively on reasons of gender, race, social condition, or religious beliefs, among others, are contrary to the principle of non-discrimination. However, the Chamber has understood that discrimination can also occur when a person is subjected, for those same types of reasons, to treatment that is degrading, abusive, or, in general, violative of their human dignity. By virtue of this, in Judgment No. 2013003090 at 4:10 p.m. on March 6, 2013, the Chamber ordered the following:

"[…] it must be warned that a discriminatory act can occur when there is a difference of unjustified and arbitrary treatment between two subjects, in which case a parameter of comparison is required to determine if there is inequality within a normative relationship. However, discrimination can also occur when a person is qualified with denigrating criteria clearly contrary to the majority scientific opinion, such as considering that a person, because of their color, gender, ethnicity, or sexual orientation (among others), is an individual of lesser worth or a sick person." In such a case, the mere fact of promoting that type of label implies per se a discriminatory act and one that is injurious to human dignity, as has sadly occurred throughout history in totalitarian and intolerant regimes, in which even scientists (racialism) have maintained that certain races or nations, because of their color, physical features, or religious customs, correspond to inferior or less valuable classes." However, when the different treatment is not based on criteria intrinsically violative of human dignity, being able to determine when a difference has—or does not have—the legal significance that makes the diverse treatment reasonable and justifiable, requires finding some element that allows clarifying that question; which is why whoever alleges that type of violation is obligated to provide elements that allow establishing the veracity of their claims, since not every different treatment, in itself, constitutes a violation of Article 33 of the Political Constitution" (emphasis supplied).

Thus, as stated in the precedent transcribed, when a violation of numeral 33 of the Political Constitution is claimed, it is not sufficient for the appealing party to affirm that a different treatment has occurred between two subjects in order to consider the violation of the constitutional norm proven, since whoever alleges the violation of this right is obligated to provide ab initio sufficient elements that suggest—with a reasonable degree of probability—that differentiated treatment has been unjustifiably given to equal situations.

By virtue of the foregoing, and after reviewing the filing brief, this Chamber considers that in the sub lite, sufficient elements are not inferred that would allow denoting a possible injury to the principle of equality. Thus, note that, in the case at hand, a comparison parameter was not established upon which it could be analyzed whether or not discriminatory treatment occurred. The foregoing, due to the fact that the filing brief only indicates that on the property in question there are 7 dwelling houses and that services are available with NISE numbers 534-6063, 535-3176, 523-9774 and 344-0795; however, from the case file, the circumstances under which the referenced services were granted cannot be deduced, and therefore it cannot be determined if, in effect, we are faced with situations similar to those alleged by the appellant. Furthermore, in view of what has been stated, it is considered appropriate to cite what was recorded in judgment no. 2020-012092 of 9:05 a.m. on June 26, 2020:

"II.- In the case at hand, in contrast, a reading of the brief filing this appeal allows verifying that, even though the appealing party invokes a supposed violation of the principle of equality and non-discrimination, in reality it seeks for this Chamber to analyze the technical appropriateness of the requirements demanded to participate and be eligible in the competition published in circular VM-A-DRH-02-010-2020 of February 12, 2020; all of this, so that this Court declares in judgment their right to be part of the eligible list of Internal Competition MEP-INDIG-01-2020, making a modification to the requirements of competition VM-A-DRH-02-010-2020, of February 12, 2020 regarding the mother tongue certificate and taking into account as a requirement the bachelor's degree (licenciatura) in education sciences with emphasis in teaching to practice special education. To grant the foregoing, obviously, would mean redirecting to the amparo (constitutional protection) procedure a discussion pertaining to ordinary legality, which is not directly related to an eventual violation of any fundamental right, since the Chamber cannot act as an appellate body in the matter presented and review whether the requirements that the MEP demands in this case are appropriate according to an adequate weighing of technical criteria and opportunity and convenience, or of the current legal regulations. In addition to this, it is also not within its competence to usurp the powers of the Respondent Authorities—in their role as bodies of the active Administration—and, upon prior verification of the legal and regulatory requirements of the case, order that she be included in the aforementioned lists, and much less grant her what she desires, contra legem, that is, in a manner contrary to the law. In this way, with respect to the alleged violation of the right to equality, it would simply not be appropriate to analyze whether the described situation violates that guarantee and constitutes a situation of discrimination, since for such purposes it would be necessary to first carry out an analysis and comparison of legal aspects and circumstances whose discussion does not correspond to this specialized jurisdiction. Consequently, as the extremes in question pertain to ordinary legality and must be resolved in the ordinary channels, the correct course is for the appealing party, if she deems it appropriate, to present her disagreements or claims before the Respondent Authorities or in the competent jurisdictional channels, venues in which she may, broadly, discuss the merits of the matter and assert her claims. Consequently, the appeal is inadmissible and it is so declared." By virtue of the transcribed precedent, the Court does not omit to point out that, due to the way in which the appellant presents her argument, it would be necessary for this Chamber to enter into analyzing situations appropriate for discussion in ordinary channels and not in this constitutional venue, in order to verify whether or not the claimed discrimination occurred. In this regard, let the protected party note that it exceeds the scope of competence of this Court to assess the appropriateness or not of granting water availability (disponibilidad de agua) to other dwellings located on the property in question, as well as to determine the conditions under which such availability certifications were issued, in order to verify if they were issued under circumstances similar to those of the appellant. Consequently, if the protected party deems it appropriate, they may resort to the Respondent Authority itself or to the ordinary jurisdictional channels, venues in which they may broadly discuss the merits of the matter and assert their claims.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document was provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is declared without merit.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *RMG8IMOLNKM61*

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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200163700007CO* Res. Nº 2020019337 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del nueve de octubre de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-016370-0007-CO, interpuesto por EDGAR ANTONIO BRENES MORA, cédula de identidad 0402150782, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:10 horas del 7 de setiembre de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el ICAA. Indica que es propietario de una onceava parte de una finca del Partido de Heredia inscrita bajo la matrícula n.° 4125015, inmueble que posee una cabida total de 3493,69 metros cuadrados y en el espacio que le corresponde se ubica su casa de habitación. Señala que, el 1 de junio de 2020, la Municipalidad de San Pablo de Heredia le entregó un documento suscrito por el alcalde de la localidad, en el que se indica lo siguiente: "la Municipalidad de San Pablo de Heredia NO TIENE OBJECION (sic), para que se instale un medidor para el servicio de agua, en la propiedad ubicada en la provincia de Heredia. cantón 9. distrito San Pablo, contiguo Iglesia de las Cruces, plano Catastro H 793707-88, a nombre del señor EDGAR ANTONIO BRENES MORA. portador de la cedula de identidad número 401250782…". Refiere que el 22 de junio de 2020 envió ante al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el formulario debidamente lleno con la solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario, misma que se tramitó bajo n.° 2020-000284499-1-AP. Narra que, mediante oficio n.° SIGDD-2020-00028499-1-1-1 de fecha 7 de julio de 2020, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitió certificación de no disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado y determinó lo siguiente: "(...) Según estudio técnico realizado de acuerdo con el área no cumple con el máximo de unidades habitacionales permitidas por lote, según el Plan Regulador de la zona, por lo que no es factible otorgar nuevos servicios (…)". Explica que tal y como puede comprobarse en el Gobierno Local, así como en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en su sitio https://www.invu.go.crplanes-reguladores, el cantón de San Pablo de Heredia, al día de interposición de este amparo, no cuenta con Plan Regulador publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en virtud de que se encuentra en proceso de elaboración. Menciona que, en el certificado expedido, se indicó que el área no cumple con el máximo de unidades habitacionales, por lo que el ICAA no consideró que el área total del inmueble es de 3.493,69 metros cuadrados. Destaca que, ante tal situación, el 29 de julio de 2020 envió su disconformidad con lo resuelto al correo electrónico [email protected]. Agrega que tal gestión fue contestada ese mismo día por la Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM y se le solicitó indicar, de forma expresa, cuáles son las inconsistencias que cuestiona. Añade que el 30 de julio de 2020 remitió oficio mediante el cual expuso lo siguiente: “...Revisado tanto el informe como la resolución, se indica que no pueden otorgar el servicio por las siguientes razones: 1- Que no hay disponibilidad de agua al frente de la propiedad. 2- Que no hay sistema de alcantarillado al frente de la propiedad. 3- Que no dan el servicio por lo que establece el plan regulador de la Municipalidad de San Pablo…". Adiciona que las inconsistencias radican en los siguientes hechos: “...al frente de la propiedad sí hay disponibilidad de agua e incluso de alcantarillado ya que los inspectores que vinieron lograron denotar que si hay medidores por parte de su (sic) ustedes en donde incluso tomaron de cada uno de los medidores como el código correspondiente e incluso el día martes estuvo una cuadrilla del A y A arreglando uno de los medidores de la propiedad. Por lo anterior se contradice la resolución supra citada, adicionalmente la propiedad cuenta con un sistema de alcantarillado que abarca toda la propiedad hasta la calle principal y en cuanto al 3er (sic) punto resulta que San Pablo de Heredia no tiene plan regulador...”. Expresa que en el inmueble No. 4- 125015 se encuentran construidas 7 casas de habitación, motivo por el cual se han realizado los trámites para la obtención de servicio de agua potable en cada uno de los casos. Aclara que en el inmueble se encuentran los servicios con números de NISE 534-6063, 523-9774, 535-3176 y 344-0795 y ninguno corresponde a su casa de habitación. Reitera que el inmueble posee 12 codueños y que las construcciones que en ella se encuentran se ajustan al uso que indica el numeral 4 del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de 1982, en el cual se estipula que “... Articulo 4°. En la Zona Especial de Protección sólo se permitirán las siguientes construcciones: 4,1 Una vivienda por finca para uso del propietario o los propietarios y otras construcciones necesarias para uso o servicios de las fincas...”. Puntualiza que el artículo 50 de la Constitución Política fue reformado adicionándose el siguiente párrafo: “...Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones…". Sostiene que a la fecha de interposición de este amparo no cuenta con el servicio indispensable de agua potable, en virtud de que su solicitud fue rechazada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Menciona que, a diferencia de ese instituto, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia le otorgó sin problema el servicio de energía eléctrica, según contrato n.° 725592. Afirma que frente a la finca n.° 4-125015 existen 2 tubos madre y uno de ellos conecta a la alcantarilla, por lo que no existe fundamento legal por parte de la demandada para negar el servicio de agua potable. Estima que con los hechos descritos se lesionan sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene al ICAA aprobar y otorgar el servicio de agua potable. Pide que se condene al ICAA al pago de daños, perjuicios y costas.

2.- Mediante resolución de las 13:31 horas del 8 de setiembre de 2020, se previno al recurrente aclarar las razones por las que se incluyó una referencia de la Caja Costarricense de Seguro Social.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:56 horas del 9 de setiembre de 2020, el recurrente manifestó que el recurso se interpuso solo contra el ICAA. Aclara que su pretensión no se relaciona con la Caja Costarricense de Seguro Social.

4.- Mediante resolución de la Sala de las 7:43 horas del 15 de setiembre de 2020, se dio curso al proceso y se requirió informe al gerente general y al sub gerente de sistemas del Gran Área Metropolitana, ambos del ICAA, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:03 horas del 18 de setiembre de 2020, informan bajo juramento Alejandro Calderón Acuña, en su condición de subgerente de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana del ICAA. Manifiesta que la propiedad folio real 4-125015-000, ubicada en el distrito de San Pablo, cantón San Pablo, provincia Heredia, es un inmueble de 3493,69 m2 “registrado en derechos, específicamente en dieciséis derechos registrales”. Detalla que trata de una propiedad con naturaleza de terreno de café con una casa, según el Registro Nacional. Refiere que, según consulta realizada al Área de Infraestructura Privada, en la finca matrícula 125015 no se registran permisos de construcción y que “Tampoco se registran certificados de uso del suelo otorgados para la actividad indicada, dicho sea de paso, en la zona donde se ubica la propiedad, únicamente se permite una vivienda por lote de conformidad con el artículo 4 del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de 1982”. Agrega que ese departamento indicó que el documento sin consecutivo de 1° de junio de 2020, emitido por el señor Bernardo Porras López, no sustituye un Certificado de Uso Suelo ni la normativa vigente. Desconoce cómo se aprobó la construcción de las viviendas existentes, toda vez que es un requisito necesario para materializar un nuevo servicio aportar el respectivo permiso de construcción municipal, de acuerdo al artículo 52 de nuestro Reglamento para la Prestación de los Servicios de ICAA. Refiere que la negativa expresada en la constancia de disponibilidad SIGDD-2020-00028499-1-1-1 del 7 de julio de 2020 “no es por la ausencia de infraestructura de distribución o producción de agua potable, pero sí por la ausencia de red de alcantarillado sanitario frente a la propiedad, es puntualmente por el no cumplimiento de la norma urbana”. Sostiene que, de acuerdo con los artículos 5 y 21 del Reglamento para la Prestación de Servicios del ICAA, se debe verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y constructivas. Indica que la propiedad en análisis cuenta con cuatro servicios de abastecimiento de agua potable, sean, 534-6063, 523-9774, 535-3176 y 344-0795. Aclara, sobre los servicios ya instalados en la propiedad, que se desconocen las condiciones en las que tales servicios fueron otorgados en su momento, “sin embargo; abogando al derecho humano fundamental y de igualdad, éste no implica un derecho a ser equiparado en condiciones irregulares; es decir, por el hecho de que a algunos vecinos se les haya aprobado el suministro de agua potable, quizás en condiciones irregulares en su momento, por la falta de cumplimiento de los requisitos reglamentarios previstos en la normativa aplicable, la institución no está obligada a otorgar servicios en condiciones igualmente irregulares, por lo que al no haber cumplido con la totalidad de los requisitos que se indican en el Reglamento de Prestación de Servicios, la Sala Constitucional ha sido insistente en varios pronunciamientos para la Resolución de Recursos de Amparo interpuestos por diferentes ciudadanos que, si bien es cierto el acceso al agua potable es un derecho fundamental, su ejercicio no es indiscriminado al punto de que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad, pues el rechazo a una solicitud de disponibilidad de agua no se hace de forma arbitraria o antojadiza, sino que obedece a un fundamento técnico, donde se evidencia la falta real y actual de capacidad hidráulica del acueducto, en este contexto, habiendo razones objetivas para denegar la gestión, a la Sala no le corresponde mediar a favor de la parte amparada ante la Administración, en especial, si lo que pretende es que le sea concedido lo que desea, contra legem, sea, en forma contraria al derecho”. Cita jurisprudencia de este Tribunal. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 13:53 horas del 18 de setiembre de 2020, informan bajo juramento Manuel Antonio Salas Pereira, en su condición de gerente General del ICAA en los mismos términos que en el escrito incorporado al expediente digital a las 10:03 horas del 18 de setiembre de 2020.

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que planteó una solicitud ante el ICAA de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario; empero, tal requerimiento fue denegado, pese a que frente a su propiedad hay disponibilidad de agua y de alcantarillado y que el cantón de San Pablo de Heredia no cuenta con un Plan Regulador.

II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El recurrente es dueño de un onceavo de la propiedad con número de matrícula 125015-000, la cual se sitúa en San Pablo de Heredia, mide 3493,39 m2 y su naturaleza es “TERRENO DE CAFÉ CON UNA CASA”. (Ver prueba documental).
  • b)El 1° de junio de 2020, el alcalde de San Pablo de Heredia emitió un escrito dirigido al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el cual señaló:

“Por este medio hacemos de su conocimiento de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, NO TIENE OBJECIÓN, para que se le instale un medidor para el servicio de agua, en la propiedad ubicada en la provincia de Heredia, cantón número 9, distrito San Pablo, contiguo a la Iglesia de las Cruces, plano Castrato H 793707-88 a nombre del señor EDGAR ANTONIO BRENES MORA, portador de la cedula de identidad número 401250782”. (Ver prueba documental).

  • c)El 22 de junio de 2020, el tutelado planteó una solicitud de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario ante el ICAA respecto a la propiedad con matrícula 4-125015-008, plano catastro 4-793707-1988. (Ver prueba documental).
  • d)El 7 de julio de 2020, el ICAA remitió un escrito al amparado, mediante el cual se le indicó que “En atención a su solicitud de disponibilidad de servicios de agua potable/alcantarillado sanitario, presentada ante la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM en fecha 22 de Junio del 2020 (…) le comunico que como resultado de los estudios básicos e informe técnico que consta en oficio:2020-00028499-1-AP se determinó lo siguiente: Según estudio técnico realizado, de acuerdo con el área no cumple con el máximo de unidades habitacionales permitidas por lote, según el Plan Regulador de la zona, por lo que no es factible otorgar nuevos servicios. NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD”. (Ver prueba documental).
  • e)El ICAA emitió un oficio relativo al número de solicitud 2020-00028499-1, en el que se señaló: “NO ES FACTIBLE OTORGAR DISPONIBILIDAD, DE ACUERDO A DENSIDAD (EXISTEN 7 VIVIENDAS EXCEDE DENSIDAD PERMITIDA DE CONSTRUCCIÓN EN DICHA PROPIEDAD) DE ACUERDO CON PLAN REGULADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN”. (Ver prueba documental).
  • f)El 30 de julio de 2020, el recurrente remitió un correo electrónico a [email protected], por medio del que indicó: “(…) es para consultarles sobre la constancia (Resolución) emitida por ustedes ya que la misma presenta muchas inconsistencias por lo cual agradecería si me pueden evacuar dichas dudas (…)”. (Ver prueba documental).
  • g)El 29 de julio de 2020, un funcionario del ICAA dirigió un correo electrónico al tutelado, mediante el cual le solicitó que indicara las inconsistencias a las que hizo referencia. (Ver prueba documental).
  • h)El 30 de julio de 2020, el tutelado remitió un correo electrónico a [email protected], en el que señaló:

“(…) Revisando tanto el informe como la resolución, se indica que no pueden otorgar el servicio por las siguientes razones: 1. Que no hay disponibilidad de agua al frente de la propiedad. 2. Que no hay sistema de alcantarillado al frente de la propiedad. 3. Que no dan el servicio por lo que establece el plan regulador de la Municipalidad de San Pablo.

En razón de lo anterior es donde se presenta las inconsistencias.

Resulta que al frente de la propiedad sí hay disponibilidad de agua e incluso de alcantarillado ya que los inspectores que vinieron lograron denotar que si hay medidores por parte de ustedes en donde incluso tomaron de cada uno de los medidores como el código correspondiente e incluso el día martes estuvo una cuadrilla del A y A arreglando uno de los medidores de la propiedad, por lo anterior se contradice la resolución supra citada, adicionalmente la propiedad cuenta con un sistema de alcantarillado que abarca toda la propiedad hasta la calle principal y en cuanto al 3er (sic) punto resulta que San pablo (sic) de Heredia no tiene plan regulador...”.. (Ver prueba documental).

  • i)El 30 de julio de 2020, el amparado dirigió un correo electrónico a [email protected], en el que indicó, entre otras cosas, que la información aportada se encuentra completa. (Ver prueba documental).
  • j)El 7 de agosto de 2020, el recurrente dirigió un correo electrónico a [email protected], en el que dio seguimiento a la oposición interpuesto respecto a la denegatoria de su solicitud de disponibilidad de agua. (Ver prueba documental).
  • k)El 7 de agosto de 2020, un funcionario del ICAA remitió un correo electrónico al tutelado, en el que comunicó:

“(…) Sobre sus consultas cabe indicar lo siguiente:

Al ser una constancia negativa de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario para la individualización de servicios, se indica que no hay disponibilidad de servicios frente a la propiedad a pesar de que puedan existir.

La propiedad actualmente se abastece por los servicios NIS 534-6063, 523-9774, 535-3176 y 344-0795.

El cantón de San Pablo de Heredia cuenta con un Plan Regulador parcial.

Ante consulta realizada al Área de infraestructura Privada (Ingeniería), la finca matrícula 125015 no se registran permisos de construcción en la propiedad.

Tampoco se registran certificados de uso del suelo otorgados para la actividad indicada, dicho sea de paso, en la zona donde se ubica la propiedad, únicamente se permite una vivienda por lote de conformidad con el artículo 4 del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de 1982.

En base a lo anterior, se niega la constancia de disponibilidad de agua solicitada”. (Ver prueba documental).

  • l)El 17 de setiembre de 2020, el subgerente de Gestión de Sistemas GAM dirigió el oficio SG-GSGAM-2020-01155 a la Dirección Jurídica del ICAA, en el que se señaló:

“1. La propiedad Folio Real 4-125015-000, ubicada en el distrito de San Pablo, cantón San Pablo, provincia Heredia, es un inmueble de tres mil cuatrocientos noventa y tres metros con sesenta y nueve decímetros cuadrados, registrado en derechos, específicamente en dieciséis derechos registrales.

2. Es una propiedad con naturaleza de terreno de café con una casa, según el Registro Nacional.

3. Según consulta realizada al Área de Infraestructura Privada (Ingeniería), en la finca matrícula 125015 no se registran permisos de construcción en la propiedad. Tampoco se registran certificados de uso del suelo otorgados para la actividad indicada, dicho sea de paso, en la zona donde se ubica la propiedad, únicamente se permite una vivienda por lote de conformidad con el artículo 4 del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de 1982.

4. En consulta realizada al mismo departamento, se nos indica que el documento sin consecutivo con fecha 01 de junio del presente, emitido por el señor Bernardo Porras López no sustituye un Certificado de Uso Suelo ni la normativa vigente.

5. Mencionado lo anterior, se desconoce cómo se aprobó la construcción de las viviendas existentes. Esto, porque es un requisito necesario para materializar un nuevo servicio presentar el respectivo permiso de construcción municipal, de acuerdo al artículo 52 de nuestro Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA.

Artículo 52.- De los requisitos para la solicitud de un nuevo servicio. Para la solicitud del nuevo servicio el solicitante del servicio, cuyo concepto se define en el artículo 5 de este reglamento deberá cumplir con los siguientes requisitos en forma física o formato digital:

  • a)Presentar el formulario de solicitud, proporcionado por AyA, completo y firmado por el solicitante o su representante legal.
  • b)Presentar documento de identificación del solicitante del inmueble o su representante legal. De existir factibilidad tecnológica, AyA eximirá al gestionante de la presentación de este requisito con la verificación de identidad a través de la plataforma digital oficial.

De acuerdo con la verificación y subsanación de condiciones necesarias para la aprobación de servicios, AyA verificará a través de las plataformas virtuales oficiales y disponibles, las siguientes condiciones:

I. Certificaciones registrales de inmuebles

II. Certificaciones registrales de Planos Catastrados

III.Certificaciones registrales o administrativas de personerías jurídicas vigentes, apoderados con facultades de representantes judiciales y extrajudiciales o facultados al efecto, albaceas, tutores, curadores.

  • c)Presentar plano catastrado. En caso de que para la propiedad no exista plano catastrado, o para efectos de segregación o fraccionamientos, debe presentar un plano de agrimensura que cumpla con lo estipulado en el Artículo N° 2 inciso q) del Reglamento de la Ley de Catastro Nacional vigente con su respectiva minuta de presentación y el correspondiente sello del CFIA conforme a lo dispuesto en el Reglamento Especial del Administrador de Proyectos de Topografía (APT) del CFIA vigente y sus reformas o las normativas que los sustituya. De existir factibilidad tecnológica, AyA eximirá al solicitante de la presentación de este requisito.
  • d)Copia del permiso municipal de construcción vigente, o bien el Número de Proyecto tramitado ante la APC debidamente aprobado, con el fin de que AyA constate la existencia del requisito, en caso de que se trate de una edificación por desarrollar. El permiso deberá ser coincidente con el fin inicial para el que se gestionó y aprobó la disponibilidad. En caso de inmuebles con edificaciones existentes, donde no se aporte el permiso de construcción, deberá presentar el documento equivalente del ente competente que avale la legalidad de la estructura en el inmueble.

La admisión de la solicitud quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos que debe aportar el solicitante y a la información obtenida por parte de AyA en las Plataformas Digitales Oficiales.

  • e)El pago de la tarifa de conexión será conforme a lo establecido en el artículo 57 de este reglamento.
  • f)En el caso de solicitudes de nuevos servicios, para actividades que generen aguas residuales de tipo especiales, el interesado deberá presentar, una declaración jurada en la que indique que la descarga al alcantarillado sanitario, cumplirá con el reglamento y nota de aprobación del Ministerio de Salud, que describa el tipo de actividad a desarrollar, así como la cantidad y calidad de la descarga a verter; asimismo la especificación del sistema de tratamiento para cumplir con la normativa ambiental vigente.
  • g)En aquellos casos en que se deba brindar el servicio público, en territorios del país con características especiales, bajo la modalidad de territorios administrados por el Estado o sus instituciones con régimen jurídico especial, zona marítimo terrestre, zonas fronterizas, territorios indígenas, polos de desarrollo turístico, entre otros, que se otorgan mediante concesiones, arriendos y asignaciones, los solicitantes deberán presentar la autorización expresa del Ente correspondiente, según la norma que los regule.

Para todos los casos previstos en esta norma, el AyA verificará que el solicitante y el inmueble no se encuentren en mora con AyA. Se exceptúan los casos definidos por otras normas o convenios.

Cuando el administrado se apersone ante el AyA a solicitar el servicio de saneamiento y/o agua para uso poblacional en una parcela agrícola, forestal o pecuaria, y para efectos de construir las viviendas o edificaciones que autoriza el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU vigente, deberá el usuario cumplir con los requisitos básicos que para tal fin se solicitan en la presente normativa. Cumplida la presentación de la totalidad de requisitos; la Institución contará con un plazo de 15 días hábiles para la resolución de la solicitud.

6. La negativa expresada en la constancia de disponibilidad SIGDD-2020-00028499-1-1-1 del 07 de julio del presente año, no es por la ausencia de infraestructura de distribución o producción de agua potable pero sí por la ausencia de red de alcantarillado sanitario frente a la propiedad, es puntualmente por el no cumplimiento de la norma urbana.

7. De acuerdo con los artículos 5 y 21 de nuestro Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA, publicado en el diario oficial La Gaceta No.285 del 19 de diciembre de 2019, se debe verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y constructivas:

Artículo 5.- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: Factibilidad técnica para el otorgamiento de un servicio:

  • a)Cuando existan redes de distribución y de recolección frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio.
  • b)Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para atender nuevos servicios.
  • c)Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos.
  • d)Que es legal y ambientalmente posible.
  • e)Que el o los solicitantes cumplan con la normativa urbanística y los requisitos establecidos.

Artículo 21.- De la emisión de la constancia de disponibilidad de servicios. La emisión de esta constancia es gratuita y será extendida en un plazo de hasta 15 días hábiles para casos individuales y de hasta 20 días hábiles para proyectos de desarrollos urbanísticos, industriales y comerciales posterior al recibido a satisfacción de los requisitos establecidos. Dicha constancia deberá indicar como mínimo: el número de folio real, dirección exacta de la propiedad, plano catastrado o de agrimensura, naturaleza del proyecto, cantidad de caudal asignado, criterio técnico, número de consecutivo, firma y sello. El criterio técnico que fundamenta la constancia deberá referirse cómo mínimo a las condiciones de capacidad hídrica e hidráulica que presentan los sistemas, que por cobertura corresponden a la solicitud; asimismo, deberá de contener la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y constructivas que rigen el quehacer inmobiliario. Están constancias serán emitidas por las Subgerencias Operativas de Gestión de Sistemas. Deberá indicarse de forma expresa que este documento no es una autorización a nivel constructivo, de segregación sin haberse aprobado los planos por AyA. Tampoco significa una autorización de interconexión ni de aprobación de nuevos servicios, para ello proceda deberá cumplirse con los requisitos y procedimientos respectivos ante las instancias competentes. Asimismo, cualquier otra advertencia técnica en caso de no otorgamiento. AyA no emitirá la constancia en caso de que el inmueble, o el poseedor en caso de terrenos sin inscribir se encuentre en mora con AyA. Se exceptúan los casos definidos por otras normas o convenios.

8. La propiedad en análisis cuenta con cuatro servicios de abastecimiento de agua potable: 534-6063, 523-9774, 535-3176 y 344-0795.

9. Sobre los servicios ya instalados en la propiedad es importante aclarar que se desconocen las condiciones en las que dichos servicios fueron otorgados en su momento, sin embargo; abogando al derecho humano fundamental y de igualdad, éste no implica un derecho a ser equiparado en condiciones irregulares; es decir, por el hecho de que a algunos vecinos se les haya aprobado el suministro de agua potable, quizás en condiciones irregulares en su momento, por la falta de cumplimiento de los requisitos reglamentarios previstos en la normativa aplicable, la institución no está obligada a otorgar servicios en condiciones igualmente irregulares.

10.Importante mencionar que la Sala Constitucional ha sido insistente en varios pronunciamientos para la Resolución de Recursos de Amparo interpuestos por diferentes ciudadanos que, si bien es cierto el acceso al agua potable es un derecho fundamental, su ejercicio no es indiscriminado al punto de que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad, pues el rechazo a una solicitud de disponibilidad de agua no se hace de forma arbitraria o antojadiza, sino que obedece a un fundamento técnico, donde se evidencia la falta real y actual de capacidad hidráulica del acueducto. En este contexto, habiendo razones objetivas para denegar la gestión, a la Sala no le corresponde mediar a favor de la parte amparada ante la Administración, en especial, si lo que pretende es que le sea concedido lo que desea, contra legem, sea, en forma contraria al derecho” (el resaltado fue suplido). (Ver prueba documental).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que planteó una solicitud ante el ICAA de disponibilidad de agua potable alcantarillado sanitario; empero, tal requerimiento fue denegado, pese a que frente a su propiedad hay disponibilidad de agua y de alcantarillado y que el cantón de San Pablo de Heredia no cuenta con un Plan Regulador.

Ahora bien, de los autos se colige que el recurrente es dueño de un onceavo de la propiedad con número de matrícula 125015-000, la cual se sitúa en San Pablo de Heredia, mide 3493,39 m2 y su naturaleza es “TERRENO DE CAFÉ CON UNA CASA”. De igual forma, se observa que, el 1° de junio de 2020, el alcalde de San Pablo de Heredia emitió un escrito dirigido al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el cual señaló: “Por este medio hacemos de su conocimiento de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, NO TIENE OBJECIÓN, para que se le instale un medidor para el servicio de agua, en la propiedad ubicada en la provincia de Heredia, cantón número 9, distrito San Pablo, contiguo a la Iglesia de las Cruces, plano Castrato H 793707-88 a nombre del señor EDGAR ANTONIO BRENES MORA, portador de la cedula de identidad número 401250782”.

El Tribunal tiene por demostrado que, el 22 de junio de 2020, el tutelado planteó una solicitud de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario ante el ICAA respecto a la propiedad con matrícula 4-125015-008, plano catastro 4-793707-1988. Al respecto, el 7 de julio de 2020, el ICAA remitió un escrito al amparado, mediante el cual se le indicó que “En atención a su solicitud de disponibilidad de servicios de agua potable/alcantarillado sanitario, presentada ante la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM en fecha 22 de Junio del 2020 (…) le comunico que como resultado de los estudios básicos e informe técnico que consta en oficio:2020-00028499-1-AP se determinó lo siguiente: Según estudio técnico realizado, de acuerdo con el área no cumple con el máximo de unidades habitacionales permitidas por lote, según el Plan Regulador de la zona, por lo que no es factible otorgar nuevos servicios. NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD”. Así, el ICAA emitió un oficio relativo al número de solicitud 2020-00028499-1, en el que se señaló: “NO ES FACTIBLE OTORGAR DISPONIBILIDAD, DE ACUERDO A DENSIDAD (EXISTEN 7 VIVIENDAS EXCEDE DENSIDAD PERMITIDA DE CONSTRUCCIÓN EN DICHA PROPIEDAD) DE ACUERDO CON PLAN REGULADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN”.

Por lo anterior, el 30 de julio de 2020, el recurrente remitió un correo electrónico a [email protected], por medio del que indicó: “(…) es para consultarles sobre la constancia (Resolución) emitida por ustedes ya que la misma presenta muchas inconsistencias por lo cual agradecería si me pueden evacuar dichas dudas (…)”. De igual forma, se constata que, el 29 de julio de 2020, un funcionario del ICAA dirigió un correo electrónico al tutelado, mediante el cual le solicitó que indicara las inconsistencias a las que hizo referencia. Así, el 30 de julio de 2020, el tutelado remitió un correo electrónico a [email protected], en el que señaló: “(…) Revisando tanto el informe como la resolución, se indica que no pueden otorgar el servicio por las siguientes razones: 1. Que no hay disponibilidad de agua al frente de la propiedad. 2. Que no hay sistema de alcantarillado al frente de la propiedad. 3. Que no dan el servicio por lo que establece el plan regulador de la Municipalidad de San Pablo. En razón de lo anterior es donde se presenta las inconsistencias. Resulta que al frente de la propiedad sí hay disponibilidad de agua e incluso de alcantarillado ya que los inspectores que vinieron lograron denotar que si hay medidores por parte de ustedes en donde incluso tomaron de cada uno de los medidores como el código correspondiente e incluso el día martes estuvo una cuadrilla del A y A arreglando uno de los medidores de la propiedad, por lo anterior se contradice la resolución supra citada, adicionalmente la propiedad cuenta con un sistema de alcantarillado que abarca toda la propiedad hasta la calle principal y en cuanto al 3er (sic) punto resulta que San pablo (sic) de Heredia no tiene plan regulador...”. En ese sentido, ese mismo día, el amparado dirigió un correo electrónico a [email protected], en el que indicó, entre otras cosas, que la información aportada se encuentra completa. Al respecto, la Sala observa que, el 7 de agosto de 2020, el recurrente dirigió un correo electrónico a [email protected], en el que dio seguimiento a la oposición interpuesto respecto a la denegatoria de su solicitud de disponibilidad de agua.

Sobre el particular, se acredita que, el 7 de agosto de 2020, un funcionario del ICAA remitió un correo electrónico al tutelado, en el que comunicó: “(…) Sobre sus consultas cabe indicar lo siguiente: Al ser una constancia negativa de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario para la individualización de servicios, se indica que no hay disponibilidad de servicios frente a la propiedad a pesar de que puedan existir. La propiedad actualmente se abastece por los servicios NIS 534-6063, 523-9774, 535-3176 y 344-0795. El cantón de San Pablo de Heredia cuenta con un Plan Regulador parcial. Ante consulta realizada al Área de infraestructura Privada (Ingeniería), la finca matrícula 125015 no se registran permisos de construcción en la propiedad. Tampoco se registran certificados de uso del suelo otorgados para la actividad indicada, dicho sea de paso, en la zona donde se ubica la propiedad, únicamente se permite una vivienda por lote de conformidad con el artículo 4 del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de 1982. En base a lo anterior, se niega la constancia de disponibilidad de agua solicitada”.

Por último, este Tribunal tiene por comprobado que, el 17 de setiembre de 2020, el subgerente de Gestión de Sistemas GAM dirigió el oficio SG-GSGAM-2020-01155 a la Dirección Jurídica del ICAA, en el que se señaló: “1. La propiedad Folio Real 4-125015-000, ubicada en el distrito de San Pablo, cantón San Pablo, provincia Heredia, es un inmueble de tres mil cuatrocientos noventa y tres metros con sesenta y nueve decímetros cuadrados, registrado en derechos, específicamente en dieciséis derechos registrales. 2. Es una propiedad con naturaleza de terreno de café con una casa, según el Registro Nacional. 3. Según consulta realizada al Área de Infraestructura Privada (Ingeniería), en la finca matrícula 125015 no se registran permisos de construcción en la propiedad. Tampoco se registran certificados de uso del suelo otorgados para la actividad indicada, dicho sea de paso, en la zona donde se ubica la propiedad, únicamente se permite una vivienda por lote de conformidad con el artículo 4 del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de 1982. 4. En consulta realizada al mismo departamento, se nos indica que el documento sin consecutivo con fecha 01 de junio del presente, emitido por el señor Bernardo Porras López no sustituye un Certificado de Uso Suelo ni la normativa vigente. 5. Mencionado lo anterior, se desconoce cómo se aprobó la construcción de las viviendas existentes. Esto, porque es un requisito necesario para materializar un nuevo servicio presentar el respectivo permiso de construcción municipal, de acuerdo al artículo 52 de nuestro Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. Artículo 52.- De los requisitos para la solicitud de un nuevo servicio. Para la solicitud del nuevo servicio el solicitante del servicio, cuyo concepto se define en el artículo 5 de este reglamento deberá cumplir con los siguientes requisitos en forma física o formato digital: a) Presentar el formulario de solicitud, proporcionado por AyA, completo y firmado por el solicitante o su representante legal. b) Presentar documento de identificación del solicitante del inmueble o su representante legal. De existir factibilidad tecnológica, AyA eximirá al gestionante de la presentación de este requisito con la verificación de identidad a través de la plataforma digital oficial. De acuerdo con la verificación y subsanación de condiciones necesarias para la aprobación de servicios, AyA verificará a través de las plataformas virtuales oficiales y disponibles, las siguientes condiciones: I. Certificaciones registrales de inmuebles. II. Certificaciones registrales de Planos Catastrados. III. Certificaciones registrales o administrativas de personerías jurídicas vigentes, apoderados con facultades de representantes judiciales y extrajudiciales o facultados al efecto, albaceas, tutores, curadores. c) Presentar plano catastrado. En caso de que para la propiedad no exista plano catastrado, o para efectos de segregación o fraccionamientos, debe presentar un plano de agrimensura que cumpla con lo estipulado en el Artículo N° 2 inciso q) del Reglamento de la Ley de Catastro Nacional vigente con su respectiva minuta de presentación y el correspondiente sello del CFIA conforme a lo dispuesto en el Reglamento Especial del Administrador de Proyectos de Topografía (APT) del CFIA vigente y sus reformas o las normativas que los sustituya. De existir factibilidad tecnológica, AyA eximirá al solicitante de la presentación de este requisito. d) Copia del permiso municipal de construcción vigente, o bien el Número de Proyecto tramitado ante la APC debidamente aprobado, con el fin de que AyA constate la existencia del requisito, en caso de que se trate de una edificación por desarrollar. El permiso deberá ser coincidente con el fin inicial para el que se gestionó y aprobó la disponibilidad. En caso de inmuebles con edificaciones existentes, donde no se aporte el permiso de construcción, deberá presentar el documento equivalente del ente competente que avale la legalidad de la estructura en el inmueble. La admisión de la solicitud quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos que debe aportar el solicitante y a la información obtenida por parte de AyA en las Plataformas Digitales Oficiales. e) El pago de la tarifa de conexión será conforme a lo establecido en el artículo 57 de este reglamento. f) En el caso de solicitudes de nuevos servicios, para actividades que generen aguas residuales de tipo especiales, el interesado deberá presentar, una declaración jurada en la que indique que la descarga al alcantarillado sanitario, cumplirá con el reglamento y nota de aprobación del Ministerio de Salud, que describa el tipo de actividad a desarrollar, así como la cantidad y calidad de la descarga a verter; asimismo la especificación del sistema de tratamiento para cumplir con la normativa ambiental vigente. g) En aquellos casos en que se deba brindar el servicio público, en territorios del país con características especiales, bajo la modalidad de territorios administrados por el Estado o sus instituciones con régimen jurídico especial, zona marítimo terrestre, zonas fronterizas, territorios indígenas, polos de desarrollo turístico, entre otros, que se otorgan mediante concesiones, arriendos y asignaciones, los solicitantes deberán presentar la autorización expresa del Ente correspondiente, según la norma que los regule. Para todos los casos previstos en esta norma, el AyA verificará que el solicitante y el inmueble no se encuentren en mora con AyA. Se exceptúan los casos definidos por otras normas o convenios. Cuando el administrado se apersone ante el AyA a solicitar el servicio de saneamiento y/o agua para uso poblacional en una parcela agrícola, forestal o pecuaria, y para efectos de construir las viviendas o edificaciones que autoriza el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU vigente, deberá el usuario cumplir con los requisitos básicos que para tal fin se solicitan en la presente normativa. Cumplida la presentación de la totalidad de requisitos; la Institución contará con un plazo de 15 días hábiles para la resolución de la solicitud. 6. La negativa expresada en la constancia de disponibilidad SIGDD-2020-00028499-1-1-1 del 07 de julio del presente año, no es por la ausencia de infraestructura de distribución o producción de agua potable pero sí por la ausencia de red de alcantarillado sanitario frente a la propiedad, es puntualmente por el no cumplimiento de la norma urbana. 7. De acuerdo con los artículos 5 y 21 de nuestro Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA, publicado en el diario oficial La Gaceta No.285 del 19 de diciembre de 2019, se debe verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y constructivas: Artículo 5.- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: Factibilidad técnica para el otorgamiento de un servicio: a) Cuando existan redes de distribución y de recolección frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio. b) Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para atender nuevos servicios. c) Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos. d) Que es legal y ambientalmente posible. e) Que el o los solicitantes cumplan con la normativa urbanística y los requisitos establecidos. Artículo 21.- De la emisión de la constancia de disponibilidad de servicios. La emisión de esta constancia es gratuita y será extendida en un plazo de hasta 15 días hábiles para casos individuales y de hasta 20 días hábiles para proyectos de desarrollos urbanísticos, industriales y comerciales posterior al recibido a satisfacción de los requisitos establecidos. Dicha constancia deberá indicar como mínimo: el número de folio real, dirección exacta de la propiedad, plano catastrado o de agrimensura, naturaleza del proyecto, cantidad de caudal asignado, criterio técnico, número de consecutivo, firma y sello. El criterio técnico que fundamenta la constancia deberá referirse cómo mínimo a las condiciones de capacidad hídrica e hidráulica que presentan los sistemas, que por cobertura corresponden a la solicitud; asimismo, deberá de contener la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y constructivas que rigen el quehacer inmobiliario. Están constancias serán emitidas por las Subgerencias Operativas de Gestión de Sistemas. Deberá indicarse de forma expresa que este documento no es una autorización a nivel constructivo, de segregación sin haberse aprobado los planos por AyA. Tampoco significa una autorización de interconexión ni de aprobación de nuevos servicios, para ello proceda deberá cumplirse con los requisitos y procedimientos respectivos ante las instancias competentes. Asimismo, cualquier otra advertencia técnica en caso de no otorgamiento. AyA no emitirá la constancia en caso de que el inmueble, o el poseedor en caso de terrenos sin inscribir se encuentre en mora con AyA. Se exceptúan los casos definidos por otras normas o convenios. 8. La propiedad en análisis cuenta con cuatro servicios de abastecimiento de agua potable: 534-6063, 523-9774, 535-3176 y 344-0795. 9. Sobre los servicios ya instalados en la propiedad es importante aclarar que se desconocen las condiciones en las que dichos servicios fueron otorgados en su momento, sin embargo; abogando al derecho humano fundamental y de igualdad, éste no implica un derecho a ser equiparado en condiciones irregulares; es decir, por el hecho de que a algunos vecinos se les haya aprobado el suministro de agua potable, quizás en condiciones irregulares en su momento, por la falta de cumplimiento de los requisitos reglamentarios previstos en la normativa aplicable, la institución no está obligada a otorgar servicios en condiciones igualmente irregulares. 10. Importante mencionar que la Sala Constitucional ha sido insistente en varios pronunciamientos para la Resolución de Recursos de Amparo interpuestos por diferentes ciudadanos que, si bien es cierto el acceso al agua potable es un derecho fundamental, su ejercicio no es indiscriminado al punto de que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad, pues el rechazo a una solicitud de disponibilidad de agua no se hace de forma arbitraria o antojadiza, sino que obedece a un fundamento técnico, donde se evidencia la falta real y actual de capacidad hidráulica del acueducto. En este contexto, habiendo razones objetivas para denegar la gestión, a la Sala no le corresponde mediar a favor de la parte amparada ante la Administración, en especial, si lo que pretende es que le sea concedido lo que desea, contra legem, sea, en forma contraria al derecho” En el sub lite, se observa que, situaciones como la planteada por la parte recurrente han sido valoradas en otras ocasiones por este Tribunal, por lo que resulta procedente traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2020-002799 de las 10:05 horas del 11 de febrero de 2020, en la que se dispuso:

“I.- Objeto del recurso.- La recurrente manifiesta que le dieron un lote para construir su casa. Debido a lo anterior, se planteó ante la Asada recurrida solicitud de disponibilidad de agua potable para el inmueble, plano No. 2019-37296-C. Sin embargo, acusa que la solicitud fue rechazada con el argumento de que no se cuenta con una red de distribución de agua potable frente a la propiedad. Estima que lo resuelto por la recurrida es lesivo del derecho al servicio de agua potable.

II.- Sobre el tema de la dotación del servicio de agua potable. Este Tribunal ha señalado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas o legales que así lo justifiquen. En la Sentencia N° 2018-011148 de las 9:30 horas del 10 de julio de 2018, esta Sala resolvió lo siguiente:

"(...) En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado que el 8 de agosto de 2017, la recurrente presentó ante el Instituto recurrido una solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado para la propiedad inscrita bajo el Folio Real Matrícula N° (…) misma que le fue denegada mediante oficio N° GSP-RCO- 2017-02024, del 21 de agosto de 2017. Según lo constatado, en el sector donde se ubica el terreno en el que la amparada gestionó el servicio, no hay disponibilidad de agua potable ni sistema de alcantarillado sanitario, pues el Sistema de Santiago de Puriscal experimenta un déficit hídrico, por lo que el aumento en el número de servicios implicaría un desmejoramiento de la calidad de los usuarios actuales, quienes son abastecidos mediante medidas paliativas "valvuleo" y camión cisterna. Es evidente entonces, que el Instituto no puede brindar el servicio solicitado por la amparada porque técnicamente no le es factible, y por ende, no es posible acoger la solicitud en los términos en que la recurrente lo pretende. Por ello, desde la perspectiva constitucional, la Sala considera que no se ha dado una negativa arbitraria de la autoridad accionada para brindarle disponibilidad del servicio de agua potable a la gestionante como lo solicita, sino que, lo que ha ocurrido es que existe una imposibilidad técnica y material debido a la inexistencia en el sitio de la infraestructura necesaria para acceder a lo peticionado, al menos en este momento, lo cual -como se dijo- ha sido de su conocimiento. Se recuerda, que sobre el tema de fondo de este amparo, esta Sala se ha referido en múltiples sentencias a lo que ha llamado la imposibilidad técnica o material, que es la falta de infraestructura, y se ha manifestado, en el sentido de que cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se viola derecho fundamental alguno de los administrados, pues ello obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración (ver en ese sentido, entre otras, Sentencias 2007-03355, de las 13:37 horas del 09 de marzo del 2007; 2007-010341, de las 14:45 horas del 20 de julio del 2007 y 2017- 011477, de las 9:15 horas del 21 de julio del 2017). Finalmente, no consta un acto discriminatorio en relación con las otras viviendas que se ubican en la zona y que si cuentan con el servicio, ya que el principio de igualdad, en tanto constituye un presupuesto necesario para la efectividad de las libertades públicas, obliga tanto a parificar situaciones iguales como a diversificar situaciones distintas. Esto implica que a los supuestos fácticos iguales deben ser aplicadas consecuencias jurídicas también iguales y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Reiteradamente, esta Sala ha dicho que cuando se alegue violación al principio de igualdad, es necesario que el interesado presente un parámetro de comparación, es decir debe señalar un caso concreto -o varios- en que se evidencie el trato discriminatorio. Finalmente, no corresponde a esta Sala determinar si se cumplen o no los requisitos para otorgar el suministro de agua como la recurrente lo pretende, tampoco procede dilucidar en qué términos, según la disponibilidad de agua y el cumplimiento de condiciones técnicas y legales, podría eventualmente llegar a autorizarse la gestión de abastecimiento de agua que echa de menos, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común - administrativa o jurisdiccional (...)".

Tales consideraciones resultan aplicables al caso de estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada.

III.- Sobre el caso concreto. Según se desprende del escrito de interposición del recurso y de la prueba documental aportada al expediente electrónico, la accionada rechazó la solicitud de disponibilidad de agua potable que indica la recurrente, informando las razones por las cuales no era factible atenderla, específicamente, que no se cuenta con una red de distribución de agua potable frente a la propiedad. Ahora bien, se debe indicar que la verificación del cumplimiento de requisitos legales o técnicos para obtener la disponibilidad solicitada, corresponde a las autoridades administrativas o jurisdiccionales respectivas, sin que esta Sala pueda incursionar en la materia, porque se trata de aspectos de legalidad ordinaria ajenos a su competencia. Nótese que, conforme lo indicado en el precedente de cita, este Tribunal ha considerado que, ante el impedimento jurídico -incumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva- o frente a la imposibilidad formal -en este caso la falta de infraestructura-, resulta razonable la denegatoria de solicitudes de servicio, pues no se trata de una disposición antojadiza e infundada, sino sustentada en un criterio técnico que impide garantizar las condiciones mínimas del servicio. Así las cosas, lo propio es que la recurrente acuda ante la vía de legalidad ordinaria a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el recurso se declara inadmisible” (la negrita fue suplida).

El Tribunal considera que el precedente transcrito resulta aplicable al caso de marras, toda vez que no se encuentran motivos para variar el criterio vertido ni razones para valorar de manera distinta la situación reclamada. Sobre el particular, en el sub examine no se observa que haya mediado arbitrariedad por parte de la autoridad recurrida respecto la denegatoria de marras. Así, nótese que tal denegatoria se fundamentó en la falta de cumplimiento de requisitos, como lo es la inobservancia de la norma urbana, dado que no se cumple con el máximo de unidades habitacionales permitidas por lote según el Plan Regulador. Al respecto, advierta la parte recurrente que no le corresponde a esta Sala examinar si, efectivamente, se cumplen o no con los requisitos necesarios para obtener la referida certificación de disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario. En ese sentido, no le compete a esta jurisdicción constitucional determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, el Plan Regulador aplicable a la propiedad del recurrente, ni tampoco valorar si tal propiedad cumple o no con el máximo de unidades habitacionales de acuerdo con el Plan Regulador correspondiente. De igual forma, excede el ámbito de competencias de este Tribunal examinar si el documento dirigido por el alcalde de San Pablo de Heredia el 1° de junio de 2020 al ICAA sustituye o no un certificado de uso de suelo. De igual forma, advierta la parte amparada que esta Sala no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica -ya sea de derecho público o privado-, para interceder por una tercera persona, a fin de que se le conceda lo que ella pretende. Por ende, no le corresponde a esta Tribunal interceder a los efectos de que el ICAA le otorgue la disponibilidad de agua y alcantarillado sanitario que requiere. Ergo, si a bien lo tiene la parte tutelada, puede formular sus reclamos ante la propia autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional correspondiente, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En mérito de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.

IV.- Por otra parte, el recurrente reclama que en la propiedad 4-125015 se encuentran construidas 7 casas de habitación y que en tal inmueble ya se encuentran los servicios con números de NISE 534-6063, 535-3176, 523-9774 y 344-0795; empero, ninguno de esos servicios corresponde a su casa de habitación. Por lo que estima que se ha conculcado lo dispuesto en el ordinal 33 de la Constitución Política. Al respecto, la Sala estima oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2020-010415 de las 9:10 horas del 5 de junio de 2020:

“I.- ACERCA DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN. Vistos los alegatos del recurrente, se le hace ver que el principio de igualdad, establecido en el artículo el artículo 33 de la Constitución Política, no tiene un carácter absoluto, pues no concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de circunstancias, sino que más bien permite exigir que no se hagan diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, sin que pueda pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales. Por esa razón, la discriminación, entendida desde un punto de vista jurídico, significa otorgar un trato diferente con base en características particulares que resultan injustas, arbitrarias o irrazonables. De esta suerte, la prohibición de discriminar implica una imposibilidad de invocar ciertos elementos personales o sociales para dar un trato diferenciado, si éstos no constituyen una justificación objetiva y razonable para fundar el proceder en cuestión. Por ejemplo, son contrarias al principio de no discriminación, aquellas desigualdades de tratamiento que se funden, exclusivamente, en razones de género, raza, condición social o creencias religiosas, entre otras. Sin embargo, la Sala ha entendido que la discriminación también puede darse cuando se somete a una persona, por ese mismo tipo de razones, a un trato que resulta denigrante, abusivo o, en general, violatorio de su dignidad humana. En virtud de ello, en la sentencia N° 2013003090 de las 16:10 horas del 6 de marzo de 2013, la Sala dispuso lo siguiente:

"[…] se debe advertir que un acto discriminatorio puede darse cuando entre dos sujetos existe una diferencia de trato injustificado y arbitrario, en cuyo caso se requiere de un parámetro de comparación para determinar si hay desigualdad dentro de una relación normativa. Empero, la discriminación también se puede dar cuando a una persona se le califica con criterios denigrantes claramente contrarios a la opinión científica mayoritaria, como sería considerar que una persona por su color, género, etnia u orientación sexual (entre otros) sea un individuo de menor valía o bien una persona enferma. En tal caso, el solo hecho de propiciar tal tipo de calificativo implica per se un acto discriminatorio y lesivo a la dignidad humana, como tristemente ha ocurrido a lo largo de la historia en regímenes totalitarios e intolerantes, en los que incluso científicos (racialismo) han sostenido que ciertas razas o naciones, por su color, rasgos físicos o costumbres religiosas, corresponden a clases inferiores o de menor valía".

Sin embargo, cuando el trato distinto no se basa en criterios intrínsecamente violatorios de la dignidad humana, el poder determinar cuándo una diferencia tiene —o no tiene— la trascendencia jurídica que haga razonable y justificable el trato diverso, requiere encontrar algún elemento que permita precisar esa cuestión; razón por la cual quien alega ese tipo de quebranto está obligado a aportar elementos que permitan establecer la veracidad de sus alegatos, puesto que no todo tratamiento diferente, en sí mismo, constituye una violación al artículo 33 de la Constitución Política” (el énfasis fue suplido).

De este modo, tal como se consignó en el precedente transcrito, cuando se acusa vulneración al numeral 33 de la Constitución Política, no basta con que la parte recurrente afirme que se ha producido un trato distinto entre dos sujetos para tener por demostrado el quebranto a la norma constitucional, toda vez que quien alega la violación a este derecho está obligado a aportar ab initio elementos suficientes que sugieran -con un grado de probabilidad razonable- que de modo injustificado se ha dado un trato diferenciado a situaciones iguales.

En virtud de lo anterior, y luego de revisado el escrito de interposición, esta Sala estima que en el sub lite no se infieren elementos suficientes que permitan denotar una posible lesión al principio de igualdad. Así, nótese que, en la especie, no se estableció un parámetro de comparación sobre el cual pueda analizarse si se produjo o no un tratamiento discriminatorio. Lo anterior, debido a que en el escrito de interposición únicamente se señala que en la propiedad de marras existen 7 casas de habitación y que se cuenta con los servicios con números de NISE 534-6063, 535-3176, 523-9774 y 344-0795; empero, de los autos no se colige las circunstancias bajo las cuales se otorgaron los referidos servicios, por lo que no puede determinar si, en efecto, se está frente a situaciones similares a las alegadas por el recurrente. Además, en mérito de lo expuesto, se estima oportuno citar lo consignado en la sentencia n.° 2020-012092 de las 9:05 horas del 26 de junio de 2020:

“II.- En la especie, en cambio, una lectura del memorial de interposición de este recurso permite constatar que, aun cuando la parte recurrente invoque una supuesta violación del principio de igualdad y no discriminación, en realidad pretende que esta Sala analice la procedencia técnica de los requisitos exigidos para participar y resultar elegible en el concurso publicado en la circular VM-A-DRH-02-010-2020 del 12 de febrero de 2020; todo ello, a fin de que este Tribunal declare en sentencia su derecho a formar parte de la lista de elegibles del Concurso Interno MEP-INDIG-01-2020, realizándose una modificación de los requisitos del concurso VM-A-DRH-02-010-2020, del 12 de febrero de 2020 en cuanto al certificado de lengua materna y tomándose en cuenta como requisito la licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en docencia para ejercer la enseñanza especial. Acceder a lo anterior, obviamente, significaría reconducir a la vía del amparo una discusión propia de la legalidad ordinaria, que no está relacionada directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental, puesto que la Sala no puede hacer las veces de alzada en la materia expuesta y revisar si los requisitos que el MEP exige en este caso, son procedentes de acuerdo a una adecuada ponderación de criterios técnicos y de oportunidad y conveniencia, o de la normativa legal vigente. Aunado a ello, tampoco es de su competencia el usurpar las atribuciones de las Autoridades recurridas —en su rol de órganos de la Administración activa— y, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios del caso, ordenar que se la incluya en la lista antes indicadas, y mucho menos otorgarle lo que desea, contra legem, sea en forma contraria al derecho. De esta forma, con respecto a la alegada violación del derecho a la igualdad, simplemente no resultaría procedente analizar si la situación descrita vulnera esa garantía y constituye una situación de discriminación, pues para tales efectos sería necesario realizar de previo un análisis y comparación de aspectos de orden legal y circunstancias cuya discusión no corresponde a esta jurisdicción especializada. Por consiguiente, como los extremos en cuestión son propios de la legalidad ordinaria y deben dirimirse en la vía común, lo correcto es que la parte recurrente, si a bien lo tiene, exponga sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.

En virtud del precedente transcrito, el Tribunal no omite señalar que, por la forma en la que la recurrente plantea su alegato, sería necesario que esta Sala entrare a analizar situaciones propias de ser discutidas en la vía ordinaria y no en esta sede constitucional, a fin de constatar si se ha producido o no la discriminación reclamada. Al respecto, advierta la parte amparada que excede el ámbito de competencia de este Tribunal valorar la procedencia o no del otorgamiento de la disponibilidad de agua a otras viviendas ubicadas en la propiedad en cuestión, así como determinar las condiciones en las que se emitieron tales certificaciones de disponibilidad, a fin de constatar si se dictaron en circunstancias similares a las del recurrente. En consecuencia, si a bien lo tiene la parte tutelada, puede acudir ante la propia autoridad recurrida o ante la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *RMG8IMOLNKM61*

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