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Res. 19336-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 09/10/2020
OutcomeResultado
The MEP's Educational Infrastructure Directorate and the Health Area of Cartago were ordered to resolve complaints about the gymnasium's conditions within one month; the school itself was not found at fault, and the State was ordered to pay costs.Se ordenó a la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP y al Área Rectora de Salud de Cartago resolver las denuncias sobre las condiciones del gimnasio en un mes; se desestimó contra el colegio y se condenó al Estado a costas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by a student's mother against the Ministry of Public Education (Department of Educational Infrastructure) and the Health Area of Cartago for failing to respond to complaints about unsafe conditions at the Technical High School of San Juan Sur's gymnasium, which caused her son a disabling injury. The Chamber found that while the school administration informed the petitioner of steps taken, the Department of Educational Infrastructure and the Health Area had not shown that they communicated a substantive decision to the complainant. The amparo was partially granted: both agencies were ordered to resolve the complaints within one month, with warning of sanctions under the Constitutional Jurisdiction Law. The claim against the school itself was dismissed, and the State was ordered to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por la madre de un estudiante del Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur, quien denunció las malas condiciones del gimnasio del centro educativo, las cuales provocaron una lesión incapacitante a su hijo. Se alegó la omisión del Ministerio de Educación Pública (Dirección de Infraestructura Educativa), de la Junta Administrativa y Dirección del colegio, y del Área Rectora de Salud de Cartago en dar respuesta y resolver las denuncias presentadas. La Sala verificó que, si bien la Dirección del colegio sí informó a la recurrente sobre las gestiones realizadas, la Dirección de Infraestructura Educativa y el Área Rectora de Salud no acreditaron haber comunicado alguna decisión o respuesta sustantiva a la denunciante. Se declaró parcialmente con lugar el amparo, ordenando a ambas dependencias resolver lo que corresponda sobre las denuncias en el plazo de un mes, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se desestimó contra el centro educativo y se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
VI.- REGARDING THE COMPLAINTS. ... although the Director of Educational Infrastructure of the Ministry of Public Education states that during the visit made in February 2019 to evaluate the infrastructure conditions of that institution and prepare a Diagnostic Report, it was determined that the gym needed maintenance and that the conditions did not warrant closure, and that in May 2020 a Diagnostic Report of needs with current and future infrastructure requirements for the reported school was approved, ... there is no suitable and reliable evidence that this was communicated to the complainant. The Chamber finds that this omission violates the claimed fundamental rights. As for the Health Area, since its director did not submit the required report, this Chamber deemed the complainant's allegation as proven that it has not been addressed. Consequently, the appeal must be upheld with respect to the Educational Infrastructure Directorate of the Ministry of Public Education and the Health Area of Cartago, as set forth below. Otherwise, the appeal is dismissed. THEREFORE: The appeal is partially granted, only with respect to the Department of Educational Infrastructure of the Ministry of Public Education and the Health Area of Cartago. It is ordered … to take the necessary measures so that within ONE MONTH from notification of this judgment, they resolve as required by law on the complaints filed by GIANINA TOLEDO VIVAS… The respondents are warned that, pursuant to article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that must be complied with or enforced and fails to comply with it or to have it complied with...VI.- SOBRE LAS DENUNCIAS DE LA AMPARADA. ... aunque la directora de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública afirma que en la visita que se realizó en febrero de 2019 con la finalidad de evaluar las condiciones de infraestructura de todo esa institución y elaborar un Informe Diagnóstico, se determinó la necesidad de brindar mantenimiento al gimnasio y que las condiciones que presentaba, no ameritaban su clausura, así como que en mayo de 2020 se aprobó un Informe Diagnóstico de necesidades con los requerimientos de infraestructura actuales y futuras para el centro educativo denunciado, ... no consta idónea y fehacientemente que ello haya sido comunicado a la denunciante. Esa omisión, estima la Sala vulnera los derechos fundamentales reclamados. En cuanto al Área Rectora recurrida, en vista que el director de la misma no rindió su informe, esta Sala tuvo por demostrado la denuncia de la amparada, no ha sido atendida. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recurso en lo que atañe a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y al Área Rectora de Salud de Cartago, conforme se dirá. En lo demás, se desestima el recurso. POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en lo que respecta a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y al Área Rectora de Salud de Cartago. Se ordena a … que dispongan lo necesario a efecto de que dentro del plazo de UN MES contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan lo que en Derecho corresponda sobre las denuncias que formuló GIANINA TOLEDO VIVAS… Se advierte a las recurridas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir...
Pull quotesCitas destacadas
"no consta idónea y fehacientemente que ello haya sido comunicado a la denunciante. Esa omisión, estima la Sala vulnera los derechos fundamentales reclamados."
"there is no suitable and reliable evidence that this was communicated to the complainant. The Chamber finds that this omission violates the claimed fundamental rights."
Considerando VI
"no consta idónea y fehacientemente que ello haya sido comunicado a la denunciante. Esa omisión, estima la Sala vulnera los derechos fundamentales reclamados."
Considerando VI
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en lo que respecta a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y al Área Rectora de Salud de Cartago."
"The appeal is partially granted, only with respect to the Department of Educational Infrastructure of the Ministry of Public Education and the Health Area of Cartago."
Por tanto
"Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en lo que respecta a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y al Área Rectora de Salud de Cartago."
Por tanto
"… existen un riesgo inminente a la salud e integridad física de las personas menores de edad que asisten al Colegio Técnico Profesional de San Juan, debido al estado actual de la infraestructura del establecimiento referido, y pese a lo anterior, la autoridad recurrida no ha realizado la inspección, ni ha brindado una solución a dicho problema."
"… there is an imminent risk to the health and physical integrity of the minors attending the Technical High School of San Juan, due to the current state of the infrastructure of said establishment, and despite this, the respondent authority has not conducted an inspection or provided a solution to this problem."
Nota separada de la Magistrada Hernández López
"… existen un riesgo inminente a la salud e integridad física de las personas menores de edad que asisten al Colegio Técnico Profesional de San Juan, debido al estado actual de la infraestructura del establecimiento referido, y pese a lo anterior, la autoridad recurrida no ha realizado la inspección, ni ha brindado una solución a dicho problema."
Nota separada de la Magistrada Hernández López
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER Case File: 20-016347-0007-CO Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Resolution Text *200163470007CO* Res. No. 2020019336 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the ninth of October, two thousand twenty.
A recurso de amparo (amparo action) filed by ÓSCAR BAUTISTA VIVAS, identity card 0105460956, on behalf of GIANINA TOLEDO VIVAS, identity card 011163057, against the MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION AND THE MINISTRY OF HEALTH.
WHEREAS:
1.- By means of a brief filed at 11:12 on September 7, 2020, the petitioner filed a recurso de amparo against the Ministry of Public Education and the Ministry of Health, since, as he asserts, on March 11, 2020, while the protected party’s son was in physical education class at the gymnasium of the Colegio Técnico Profesional de San Juan, upon descending the wooden steps he suffered a foot injury, which caused an incapacity to attend lessons for a period of 30 days. He indicates that on March 18, 2020, the protected party sent a note to the email address [email protected] addressed to the Administration and the Administrative Board, both of the Colegio Técnico Profesional San Juan Sur, denouncing the poor condition of that educational center’s gymnasium and the injuries suffered by one of her children. He comments that the gymnasium shows deterioration in the walls located behind the stairs. Furthermore, the zinc sheets are loose or unfastened, some of the restrooms and the bathroom facilities (baterías sanitarias) do not work, there are no bathroom facilities (baterías sanitarias) for persons with disabilities. Additionally, the floor has irregularities and is slippery. Also, there are leaks that produce puddles on the floor of the area, which endangers the individuals who use the facilities. Moreover, the electrical installation is in terrible condition and has reached the end of its useful life. He states that due to such deficiencies and what happened to the protected party’s son, they requested the immediate closure of the gymnasium, in order to prevent students from being put at risk. He adds that they required that technical reports be prepared and the respective repairs be made. However, he complains that their efforts have not been resolved. By official communication from the Colegio’s principal, No. DRED-SC04-D-CTPSJS-066-2020 of March 19, 2020, it was informed that their complaint had been forwarded to the Dirección de Infraestructura Educativa (Office of Educational Infrastructure) of the Ministry of Public Education, for its assessment and to determine the actions to follow. He notes that said official communication was not signed by any member of the Administrative Board, despite the complaint having been made before that authority; in fact, to date no response whatsoever has been obtained regarding the situation. By official communication No. DRD-C04-C.T.P.S.J.S.-DIR-072 of March 20, 2020, they were informed of a prior study carried out by the Dirección de Infraestructura Educativa, which contains an analysis and estimate regarding the damages to the gymnasium, as well as a projection of an eventual budget for the works. However, that plan does not allude to the bathroom facilities (baterías sanitarias) in compliance with the provisions of Law No. 7600, nor the damages to the gymnasium floor. He mentions that the report evidences the damages and deficiencies in the educational center’s gymnasium infrastructure, for which the approval of a budget for the required improvements is necessary. He explains that COOPESANTOS R. L. is the entity responsible for supplying electrical power to the educational center, so it is necessary to determine what improvements should be carried out in that respect. He states that on March 17, 2020, a complaint was filed before the Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo of the respondent ministry, regarding the damages to the gymnasium and requesting that the pertinent repairs be carried out, as well as that its closure be ordered until they are corrected. He maintains that on August 25, 2020, they reiterated the complaints, but the respondents have not provided a response in that regard. On the other hand, he notes that on March 17, 2020, he filed a complaint before the Ministry of Health in Cartago for the aforementioned events, to which the consecutive number 1906-2020 was assigned; however, no resolution on the matter has been issued either. He considers that the facts set forth violate the fundamental rights of the protected party.
2.- By a resolution issued at 16:07 on September 9, 2020, the action was admitted and a report was requested from the Director of Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education, the Principal and the President of the Administrative Board, both of the Colegio Técnico Profesional San Juan Sur, as well as the Director of the Área Rectora de Salud of Cartago, regarding these facts.
3.- Elizabeth López Hidalgo and Alexander Rojas Camacho report under oath, in their capacity as Principal and President of the Administrative Board, respectively, both of the Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur, and indicate that on March 17, 2020, an official communication signed by the petitioners was received, requesting the closure of the gymnasium and its relocation, due to a series of irregularities that, from their perspective, exist in those facilities, referring to walls, steps, toilets, restrooms (mentioning the bathroom facilities (baterías sanitarias)), floors, roofs, and electrical installations. In addition to the foregoing, it raises a series of petitions regarding infrastructure, namely: the undertaking of a technical study to determine the condition of the wall consisting of zinc sheets, located behind the bleachers, requesting its repair. A technical study on the condition of the gymnasium stairs. A technical study to determine the condition of the gymnasium's bathroom facilities (baterías sanitarias) and the implementation of a bathroom facility for persons with disabilities, since there is none. A technical report on the condition of the floor, verifying structural condition and its demolition. A report on the condition of the gymnasium roof and its useful life, among others. A study to determine the electrical part of the institution. Likewise, it requires a technical report from the Dirección de Infraestructura Educativa, as well as the design of the construction and electrical blueprints for the works. Additionally, it requests that the budget for carrying out the construction work be granted. Prior to receiving the aforementioned complaint, in 2019, the Administration and Administrative Board had begun actions before the Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, prioritizing a visit by an engineer or architect from that department, with the objective of conducting a study of the structural condition not only of the gymnasium, but also of the institution’s old building. A visit that was conducted on February 7, 2019. Furthermore, in official communication DRD-SC04-CTPSJS-DIR-128-2020, they requested that a visit by an engineer from the Dirección de Infraestructura Educativa be arranged to assess the improvements that have been made within the educational center’s budgetary possibilities. With regard to the observations and orders issued by the Ministry of Health in relation to the provisions of Law 7600, the Administration and the Administrative Board have taken joint actions, in accordance with what was ordered. Regarding the infrastructure works, classified as “Major Works,” that the educational center demands, or as in the case of those raised by the petitioner (remodeling and/or new buildings), due to their complexity and cost, it was referred to the Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, since budgetary allocations for their execution are the responsibility of that ministerial body. On the other hand, to address the situation, what was requested by the petitioners was forwarded to the deputy director of the respondent Office, for it to be addressed. Indeed, by official communication DRED-SC04-D-CTPSJS-073-2020 they requested the intervention of the minister, the administrative vice-minister, and the Director of Infraestructura Educativa to address the complaint. They request that the action be dismissed.
4.- Catalina Salas Hernández reports under oath, in her capacity as Director of Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education, and indicates that she is aware of the situation facing the respondent institution with regard to the issue of its facilities. The Office under her charge has taken this situation with much responsibility, and has ordered specific actions to address those situations in which students may be harmed. To that effect, in February 2019, a visit was made to the educational center for the purpose of evaluating the infrastructure conditions and preparing a Diagnostic Report of needs with the current and future infrastructure requirements. Said Report was prepared, and the requirements provided by the Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras of the Ministry were analyzed and determined, and a project was proposed, a type of master plan, that broadly encompasses the entire infrastructure of the high school, in all areas such as architectural, structural, electrical, and mechanical, improvements to the pertinent works to comply with Law No. 7600, such as bathroom facilities (baterías sanitarias) and ramps. During the mentioned visit, the need to implement general maintenance was observed, which was included as major maintenance works in the aforementioned ID. However, it was not determined that the conditions of the gymnasium warranted its closure. In May 2020, the report was approved, which includes the stages of design, basic studies (topography, mechanical soil studies, and Environmental Viability before SETENA), and resources for the work. The Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur is among the institutions awaiting a source of financing. The foregoing due to the budget cuts suffered by the administration, the national emergency, and the fiscal situation facing the country. She clarifies that to date no sanitary order has been received with a request for a joint visit coordinated by the Ministry of Health, as established by directive DM-JG-3089-2019-MEP-S. A new visit is being coordinated for the month of September of the current year, for the purpose of reevaluating the current gymnasium facilities and determining, with due technical engineering criteria, whether any of the points raised by the petitioner must be addressed on a priority basis, and other situations that may have arisen in recent months subsequent to the visit conducted the previous year. She requests that the action be dismissed.
5.- The Director of the Área Rectora de Salud of Cartago did not submit the report that was ordered.
6.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Judge Garro Vargas; and,
WHEREAS:
I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner reproaches that none of the respondent authorities have addressed the complaints filed by the petitioner regarding the physical-sanitary conditions of the gymnasium and generally the Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur.
II.- PRELIMINARY QUESTION. Before analyzing the merits of the matter—due to the alleged violation of the right to a prompt and completed administrative procedure—it must be clarified that, as of judgment number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction, with some exceptions, those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the timeframes set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure, initiated ex officio or at the request of a party, or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception is posed, since we are dealing with a complaint involving the safety of the minor students of the respondent institution. On the other hand, it is necessary to warn that, by virtue of the fact that the Área Rectora de Salud did not submit the report requested within the period granted in the resolution admitting the action, in accordance with article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the facts alleged with respect to that department are taken as true, and the action is resolved based on the elements contained in the case file.
III.- REGARDING THE OFFICIAL NATURE OF THE ELECTRONIC MEDIUM TO WHICH THE COMPLAINT WAS SENT. In the resolution that admitted this action, the Principal and the President of the Administrative Board, both of the Colegio Técnico Profesional San Juan Sur, were requested to indicate whether the email address to which the protected party sent the petition whose lack of response is being challenged is provided for as an official communication mechanism. However, the submitted report makes no mention of that point. Therefore, in accordance with the provisions of article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, it is taken as true that the email address [email protected] constitutes an official communication medium of that respondent authority.
IV.- PROVEN FACTS. Of relevance to the decision of this amparo, the following are deemed proven: 1) On March 17, 2020, the protected party filed a complaint before the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education and the Área Rectora de Salud of Cartago, regarding the poor state of the infrastructure of the gymnasium of the Colegio Técnico Profesional de San Juan and the injuries suffered by her son (the case file). 2) On March 18, 2020, the protected party filed a complaint regarding these same facts before the Administration and the Administrative Board, both of the Colegio Técnico Profesional San Juan Sur, via email address [email protected] (the case file). 3) By official communication from the Administration of that Institution, No. DRED-SC04-CTPSJS-065-2020 of March 19, 2020, the Deputy Director of Infraestructura y Equipamiento Educativo of the Ministry of Public Education was requested to coordinate an inspection at that educational center (the case file). 4) By official communication from that Colegio Técnico Profesional, No. DRED-SC04-D-CTPSJS-066-2020 of March 19, 2020, the petitioner was informed that her complaint had been forwarded to the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education, for the assessment of the studies and to determine the actions to follow (the case file). 5) Through official communication from that educational center, No. DRD-C04-C.T.P.S.J.S.-DIR-072 of March 20, 2020, the petitioner was informed of the actions that had been taken to correct the reported problems (the case file). 6) Via email on March 21, 2020, the petitioner informed the Administration of the respondent high school that he was unable to download one of the files sent to him (the case file). 6) By official communication from the educational center on March 21, 2020, those files were resent to the petitioner (the case file). 7) By email from the Administration of the Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur on September 8, 2020, an inspection was requested from the Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (the case file).
V.- UNPROVEN FACTS. The following fact of relevance is deemed not proven: Sole.- That the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education and the Área Rectora de Salud have addressed the protected party’s complaint (the case file).
VI.- REGARDING THE PROTECTED PARTY’S COMPLAINTS. It was established that in March 2020, the protected party reported to the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education and the Área Rectora de Salud of Cartago, as well as to the Administration and the Administrative Board of the Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur, that the gymnasium of that educational center did not meet the appropriate physical-sanitary conditions and that, as a consequence thereof, one of her children had suffered a disabling injury. It is recorded that, by official communications from the Administration of that educational center, Nos. DRED-SC04-D-CTPSJS-066-2020 of March 19 and DRD-C04-C.T.P.S.J.S.-DIR-072 of March 20, both of 2020, the petitioner was informed of the actions that had been taken to correct the reported problems and that her complaint had been forwarded to the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education for the assessment of the studies and to determine the actions to follow. Therefore, regarding this aspect of the action, the Chamber rules out that the respondent educational center violated any fundamental right. On the other hand, although the Director of Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education states that during the visit conducted in February 2019 for the purpose of evaluating the infrastructure conditions of that entire institution and preparing a Diagnostic Report, the need to provide maintenance to the gymnasium was determined and that the conditions it presented did not warrant its closure, as well as that in May 2020 a Diagnostic Report of needs was approved with the current and future infrastructure requirements for the reported educational center, which includes the stages of design, basic studies, and resources for the work, and that they lack funds to carry it out, it is not duly and reliably recorded that this was communicated to the complainant. This omission, the Chamber finds, violates the fundamental rights claimed. As to the respondent Área Rectora, in view that its director did not submit his report, this Chamber deems it proven that the protected party's complaint has not been addressed. As a corollary to the foregoing, the action must be upheld regarding the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education and the Área Rectora de Salud of Cartago, as will be set forth. In all other respects, the action is dismissed.
VII.- SEPARATE NOTE BY JUDGE HERNANDEZ LÓPEZ. I have been dissenting in those cases where it is sought, through the recurso de amparo, to remedy simple inactivity by the administration regarding infrastructure works such as sidewalks, bridges, ballasting and paving of streets, culverts, among others, on the grounds that they can be litigated in the ordinary legality channel, considering that the Chamber is not, nor should it become, a sole or omnipresent body that diminishes the other channels of judicial protection created for that purpose by the constituent power and the legislature. I have clarified, however, that I do consider cases of administrative inactivity on the indicated topics to be amenable to protection through this channel if it directly affects the exercise of fundamental rights regulated in the Political Constitution or international human rights treaties, provided they are susceptible to being heard in a very summary process of a special nature and urgency such as the amparo as a procedural institution. Such is the case of the petitioner, who comes before this Court because there is an imminent risk to the health and physical integrity of the minors attending the Colegio Técnico Profesional de San Juan, due to the current state of the infrastructure of the referred establishment, and despite the foregoing, the respondent authority has not conducted the inspection nor provided a solution to said problem.
It is for that reason that, in this specific case, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons who, as stated in the filing brief, are in a condition of vulnerability because they are minors—one of them having suffered an accident due to the poor infrastructure conditions—and who use the facilities whose conditions are in question.
VIII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. I consider, as a matter of principle, that cases related to the Administration's inactivity in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed because such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate their disagreements with greater breadth. However, when some violation of other fundamental rights protected in this jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or when vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as occurs in this amparo case in which the intervention of the Ministry of Public Education is required in order to carry out a series of works to improve the infrastructure of the Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur, attending to the well-being and physical integrity of the student and teaching population of that educational center, a situation that constitutes an exception to my general position on this matter.
IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or device produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
THEREFORE:
The recurso de amparo is partially upheld, solely with respect to the Dirección de Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education and the Área Rectora de Salud of Cartago. Catalina Salas Hernández and Andrea Morales Fiesler are ordered, in their respective capacities as Director of Infraestructura Educativa of the Ministry of Public Education and Director of the Área Rectora de Salud of Cartago, or whoever occupies those positions in their stead, to take the necessary measures so that within a period of ONE MONTH counted from the notification of this judgment, they resolve, in accordance with the law, the complaints filed by GIANINA TOLEDO VIVAS, identity card 011163057. The respondents are warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in a recurso de amparo, and fails to comply with it or does not have it complied with, provided the offense is not more severely punishable. In all other respects, the action is dismissed. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events serving as grounds for this ruling, which shall be liquidated in execution of judgment in the administrative contentious jurisdiction. Judge Hernández López adds a note. Judge Salazar Alvarado adds a note. Notify.
Fernando Castillo V. President Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Digitally Signed Document -- Verification code -- *HSFOASVSVBY61* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6 Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 23:52:03.
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200163470007CO* Res. Nº 2020019336 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del nueve de octubre de dos mil veinte .
Recurso de amparo promovido por ÓSCAR BAUTISTA VIVAS, cédula de identidad 0105460956, a favor de GIANINA TOLEDO VIVAS, cédula de identidad 011163057, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL MINISTERIO DE SALUD.
RESULTANDO:
1.- Mediante memorial presentado a las 11:12 horas de 7 de septiembre de 2020, el recurrente promovió recurso de amparo, contra el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud, pues, según afirma, el 11 de marzo de 2020, mientras el hijo de la amparada se encontraba en educación física en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de San Juan, al bajar los escalones de madera sufrió una lesión en el pie, que le provocó una incapacidad para asistir a lecciones por un plazo de 30 días. Señala que el 18 de marzo de 2020, la amparada envió una nota al correo electrónico [email protected] dirigida a la Dirección y a la Junta Administrativa, ambos del Colegio Técnico Profesional San Juan Sur, denunciando el mal estado en el que se encuentra el gimnasio de ese centro educativo y las lesiones que sufrió uno de sus hijos. Comenta que el gimnasio presenta deterioro en las paredes que se ubican detrás de las escaleras. Además, las láminas de zinc están flojas o sueltas, algunos de los baños y las baterías sanitarias no funcionan, no se cuenta con baterías sanitarias para personas con discapacidad. Además, el piso tiene irregularidades y es resbaloso. También, hay goteras que producen charcos en el piso del área, lo cual pone en riesgo a las personas que utilizan las instalaciones. Por otra parte, la instalación eléctrica está en pésimas condiciones y llegó al fin de su vida útil. Refiere que debido a tales deficiencias y lo ocurrido con el hijo de la amparada, solicitaron la clausura inmediata del gimnasio, con la finalidad de evitar que se pusiera en riesgo a los estudiantes. Agrega que requirieron que se realizaran los informes técnicos y se efectuaran las reparaciones respectivas. Sin embargo, reclama que sus gestiones no han sido resueltas. Por oficio de la directora del Colegio, No. DRED-SC04-D-CTPSJS-066-2020 de 19 de marzo de 2020 se informó que su denuncia se había trasladado a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, para su valoración y determinar las acciones a seguir. Acota que dicho oficio no fue firmado por ningún miembro de la Junta Administrativa, a pesar de que la denuncia se formuló ante dicha autoridad, incluso, a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna sobre la situación. Por oficio No. DRD-C04-C.T.P.S.J.S.-DIR-072 de 20 de marzo de 2020 se les puso en conocimiento un estudio previo efectuado por la Dirección de Infraestructura Educativa, el cual se hace un análisis y estimación respecto de los daños del gimnasio, así como una proyección de un eventual presupuesto para las obras. No obstante, en ese plan no se hace alusión a las baterías sanitaria en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley No. 7600, ni los daños en el piso del gimnasio. Menciona que el informe evidencia los daños y deficiencias en la infraestructura del gimnasio del centro educativo, por lo que es necesario la aprobación de un presupuesto para las mejoras requeridas. Explica que COOPESANTOS R. L. es la encargada de suministrar fluido eléctrico al centro educativo, por lo que es necesario determinar cuáles serán las mejoras que deberían efectuarse en ese aspecto. Manifiesta que el 17 de marzo de 2020 se formuló una denuncia ante la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del ministerio recurrido, sobre los daños en el gimnasio y se solicitó que se llevaran a cabo las reparaciones pertinentes, así como que se dispusiera el cierre de estas hasta su corrección. Sostiene que el 25 de agosto de 2020 reiteraron las denuncias, pero los recurridos no han brindado una respuesta al respecto. Por otra parte, señala que el 17 de marzo de 2020 interpuso una denuncia ante el Ministerio de Salud en Cartago por los hechos antes referidos, a la cual se le asignó el número consecutivo 1906-2020; sin embargo, tampoco se ha emitido ninguna resolución sobre el tema. Considera que los hechos expuestos lesionan los derechos fundamentales de la amparada.
2.- Por resolución de las 16:07 horas de 9 de septiembre de 2020 se le dio curso al recurso y requirió un informe al director de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, a la directora y el presidente de la Junta Administrativa, ambos del Colegio Técnico Profesional San Juan Sur, así como al director del Área Rectora de Salud de Cartago, sobre esos hechos.
3.- Informan bajo juramento Elizabeth López Hidalgo y Alexander Rojas Camacho, respectivamente, en condición de directora y presidente de la Junta Administradora, ambos del Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur, e indican que el 17 de marzo de 2020 se recibió un oficio suscrito por los recurrentes, en el cual se solicita la clausura del gimnasio y su reubicación, por una serie de irregularidades que desde su óptica existen en esas instalaciones, refiriéndose a paredes, gradas, sanitarios, baños (hace mención a las baterías sanitarias), pisos, techos e instalación eléctrica. Aunado a lo anterior, plantea una serie de peticiones con respecto a infraestructura, a saber: el levantamiento de un estudio técnico para determinar el estado de la pared constituida por láminas de zinc, que se encuentra detrás de la gradería, solicitando su reparación. Un estudio técnico sobre el estado de las escaleras del gimnasio. Un estudio técnico para determinar el estado de las baterías sanitarias del gimnasio e implementación de una batería sanitaria para personas con discapacidad, pues no se cuenta con esta. Un informe técnico del estado del piso, verificar condición estructural y su demolición. Un informe sobre el estado del techo del gimnasio y su vida útil entre otros. Un estudio para determinar la parte eléctrica del estudio. Asimismo, requiere un informe técnico de la Dirección de Infraestructura Educativa, así como el diseño de los planos constructivos y eléctricos de las obras. Adicionalmente, solicita que se otorgue el presupuesto de rigor, para llevar la obra constructiva del mismo. Antes de recibir la denuncia en mención, en el 2019, la Dirección y Junta Administrativa, habían iniciado gestiones ante la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, priorizando una visita por parte de un ingeniero o arquitecto de esa dependencia, con el objetivo de que se realizara un estudio al estado estructural no solo del gimnasio, sino también del antiguo edificio de la institución. Visita que se hizo efectiva el 7 de febrero de 2019. Además, en el oficio DRD-SC04-CTPSJS-DIR-128-2020 solicitaron que se dispusiera la visita de un ingeniero de la Dirección de Infraestructura Educativa, para que valorara las mejoras que se han hecho dentro de las posibilidades presupuestarias del centro educativo. Con respecto a las observaciones y disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud en relación con lo establecido en la Ley 7600, la Dirección y la Junta Administrativa han tomado acciones en conjunto, en concordancia con lo ordenado. En cuanto a las obras de infraestructura, calificadas como “Obras Mayores”, que el centro educativo demanda, o como es el caso de las planteadas por el recurrente (remodelaciones y/o nuevas edificaciones) por su complejidad y costo, se refirió a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, por cuanto las asignaciones presupuestarias para su realización, son competencia de dicha instancia ministerial. Por otra parte, para atender dicha situación, se remitió lo pedido por los recurrentes al sub director de la Dirección recurrida, para que fuera atendido. Incluso, mediante el oficio DRED-SC04-D-CTPSJS-073-2020 solicitaron a la ministra, al viceministro administrativo y a la directora de Infraestructura Educativa, su intervención para atender la denuncia. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
4.- Informan bajo juramento Catalina Salas Hernández, en condición de directora de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, e indica que se sabe de la situación que tiene la institución recurrida con el tema de sus instalaciones. La Dirección a su cargo ha tomado tal situación como mucha responsabilidad, y ha dispuesto acciones puntuales para atender aquellas situaciones en las que puedan verse perjudicados los educandos. A ese efecto, en febrero de 2019 se realizó una visita al centro educativo con la finalidad de evaluar las condiciones de infraestructura y elaborar un Informe Diagnóstico de necesidades con los requerimientos de infraestructura actuales y futuras. Se elaboró dicho Informe y se analizó y determinó los requerimientos aportados por la Dirección de Educación Técnicas y Capacidades Emprendedoras del Ministerio, y se planteó un proyecto tipo plan maestro que abarca a nivel general toda la infraestructura del colegio, en todos los ámbitos como lo son el arquitectónico, estructural, eléctrico y mecánico, mejoras en las obras pertinentes para cumplir la Ley No. 7600 como baterías sanitarias y rampas. En la visita mencionada, se observó la necesidad de implementar un mantenimiento general, lo cual fue incluido como obras de mantenimiento mayor en el ID ya mencionado. Sin embargo, no se determinó que las condiciones del gimnasio ameritaran su clausura. En mayo de 2020 se aprobó el informe, que incluye las etapas de diseño, estudios básicos (topografía, estudios mecánicos sobre el suelo y Viabilidad Ambiental ante SETENA) y recursos para obra. El Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur es parte de las instituciones que se encuentran a la espera de una fuente de financiamiento. Lo anterior en razón de los recortes presupuestarios sufridos por la administración, por la emergencia nacional y la situación fiscal que atraviesa el país. Aclara que a la fecha no se ha recibido orden sanitaria alguna con solicitud de coordinación de visita en conjunto por parte del Ministerio de Salud, según lo establece la directriz DM-JG-3089-2019-MEP-S. Se está coordinando una nueva visita para el mes de setiembre del año en curso, con la finalidad de reevaluar las instalaciones del gimnasio em la actualidad y determinar con el debido criterio técnico en ingeniería si debe atenderse de manera prioritaria alguno de los puntos señalados por parte del recurrente y otras situaciones que hayan surgido en los últimos meses posterior a la visita realizada el año anterior. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
5.- El director del Área Rectora de Salud de Cartago, no rindió el informe que se ordenó.
6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reprocha que ninguna de las autoridades recurridas ha atendido las denuncias que formuló la recurrente, por las condiciones físico- sanitarias que presenta el gimnasio y en general el Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur.
II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación al derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa, con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo, instruido de oficio o a instancia de parte, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia que involucra la seguridad de los menores educandos de la institución recurrida. De otra parte, es menester advertir, que en virtud de que el Área Rectora de Salud no rindió el informe que se le requirió dentro del plazo que se le confirió en la resolución de curso, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tienen por ciertos los hechos alegados en lo que esa dependencia respecta y se entra a resolver el recurso con base en los elementos que constan en el expediente.
III.- SOBRE LA OFICIALIDAD DEL MEDIO ELECTRÓNICO AL CUAL SE REMITIÓ LA DENUNCIA. En la resolución que dio curso a este recurso, se le solicitó a la directora y al presidente de la Junta Administrativa, ambos del Colegio Técnico Profesional San Juan Sur que indicaran si el correo electrónico al cual la parte amparada remitió la gestión cuya falta de respuesta acusa, está previsto como mecanismo oficial de comunicación. Sin embargo, en el informe rendido no se hace mención a ese punto. Por tanto, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tiene por cierto que el correo electrónico [email protected], constituyen un medio oficial de comunicación de esa autoridad recurrida.
IV.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 17 de marzo de 2020, la amparada presentó una denuncia ante la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y el Área Rectora de Salud de Cartago, por el mal estado de la infraestructura del gimnasio del Colegio Técnico Profesional de San Juan y las lesiones que sufrió su hijo (los autos). 2) El 18 de marzo de 2020, la amparada presentó una denuncia por esos mismos hechos ante la Dirección y a la Junta Administrativa, ambos del Colegio Técnico Profesional San Juan Sur, a través del correo electrónico [email protected] (los autos). 3) Por oficio de la Dirección de esa Institución, No. DRED-SC04-CTPSJS-065-2020 de 19 de marzo de 2020 se solicitó al subdirector de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública que coordinara una inspección en ese centro educativo (los autos). 4) Por oficio de ese Colegio Técnico Profesional, No. DRED-SC04-D-CTPSJS-066-2020 de 19 de marzo de 2020 se informó a la recurrente que su denuncia se había remitido a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, para la valoración de los estudios y determinar las acciones a seguir (los autos). 5) Mediante el oficio ese centro educativo, No. DRD-C04-C.T.P.S.J.S.-DIR-072 de 20 de marzo de 2020 se puso en conocimiento del recurrente las acciones que se habían realizado para corregir los problemas denunciados (los autos). 6) Mediante correo electrónico de 21 de marzo de 2020, el recurrente comunicó a la Dirección del Colegio recurrido, que no podía descargar uno de los archivos que se le remitió (los autos). 6) Por oficio del centro educativo de 21 de marzo de 2020 se remitieron nuevamente esos archivos al recurrente (los autos). 7) Por correo electrónico de la Dirección del Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur de 8 de septiembre de 2020 se solicitó una inspección a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (los autos).
V.-HECHOS NO PROBADOS. Se estima no demostrado, el siguiente de relevancia: Único.- Que la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y el Área Rectora de Salud, hayan atendido la denuncia de la amparada (los autos).
VI.- SOBRE LAS DENUNCIAS DE LA AMPARADA. Se acreditó que en marzo de 2020, la amparada denunció ante la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y el Área Rectora de Salud de Cartago, así como ante la Dirección y la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur, que el gimnasio de ese centro educativo, no reunía las condiciones físico- sanitarias adecuadas y que, como consecuencia de ello, uno de sus hijos, había sufrido una lesión incapacitante. Consta que por oficios de la Dirección de ese centro educativo, Nos. DRED-SC04-D-CTPSJS-066-2020 de 19 de marzo y DRD-C04-C.T.P.S.J.S.-DIR-072 de 20 de marzo, ambos de 2020, se puso en conocimiento del recurrente las acciones que se habían realizado para corregir los problemas denunciados y que su denuncia se había trasladado a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, para la valoración de los estudios y determinar las acciones a seguir. Por lo anterior, en este extremo del recurso, descarta la Sala que el centro educativo recurrido vulnerara derecho fundamental alguno. De otra parte, aunque la directora de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública afirma que en la visita que se realizó en febrero de 2019 con la finalidad de evaluar las condiciones de infraestructura de todo esa institución y elaborar un Informe Diagnóstico, se determinó la necesidad de brindar mantenimiento al gimnasio y que las condiciones que presentaba, no ameritaban su clausura, así como que en mayo de 2020 se aprobó un Informe Diagnóstico de necesidades con los requerimientos de infraestructura actuales y futuras para el centro educativo denunciado, que incluye las etapas de diseño, estudios básicos y recursos para la obra y que carecen de fondos para realizarla, no consta idónea y fehacientemente que ello haya sido comunicado a la denunciante. Esa omisión, estima la Sala vulnera los derechos fundamentales reclamados. En cuanto al Área Rectora recurrida, en vista que el director de la misma no rindió su informe, esta Sala tuvo por demostrado la denuncia de la amparada, no ha sido atendida. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recurso en lo que atañe a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y al Área Rectora de Salud de Cartago, conforme se dirá. En lo demás, se desestima el recurso.
VII.- NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA HERNANDEZ LÓPEZ. He venido salvado el voto en aquellos casos que se trate de corregir por medio del recurso de amparo la simple inactividad de la administración, en obras de infraestructura tales como aceras, puentes, lastreado y asfaltado de calles, alcantarillas entre otras, con el argumento de que pueden ser discutidos en la vía de legalidad ordinaria, considerando que la Sala no es, ni debe constituirse, en una instancia única u omnipresente que demerite las otras vías de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador al efecto. He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal. Tal es el caso del recurrente quien acude a este Tribunal porque existe un riesgo inminente a la salud e integridad física de las personas menores de edad que asisten al Colegio Técnico Profesional de San Juan, debido al estado actual de la infraestructura del establecimiento referido, y pese a lo anterior, la autoridad recurrida no ha realizado la inspección, ni ha brindado una solución a dicho problema.
Es por esa razón, que en este caso concreto he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas que, según se indica en el escrito de interposición tiene una condición de vulnerabilidad por ser personas menores de edad -siendo que una de ellas sufrió un accidente por las malas condiciones de la infraestructura- y que hacen uso de las instalaciones cuyas condiciones se cuestionan.
VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Considero, en tesis de principio, que los casos relacionados con la inactividad de la Administración en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados por constituir esa omisión un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, tal y como sucede en este amparo en que se requiere la intervención del Ministerio de Educación Pública, con el fin de realizar una serie de obras para mejorar la infraestructura del Colegio Técnico Profesional de San Juan Sur, en atención al bienestar e integridad física de la población estudiantil y docente de ese centro educativo, situación que constituye una excepción mi posición general en esta materia.
IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en lo que respecta a la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y al Área Rectora de Salud de Cartago. Se ordena a Catalina Salas Hernández y a Andrea Morales Fiesler, respectivamente, en condición de directora de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública y de directora del Área Rectora de Salud de Cartago, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que dispongan lo necesario a efecto de que dentro del plazo de UN MES contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan lo que en Derecho corresponda sobre las denuncias que formuló GIANINA TOLEDO VIVAS, cédula de identidad 011163057. Se advierte a las recurridas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *HSFOASVSVBY61*
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