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Res. 18289-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 25/09/2020
OutcomeResultado
The Chamber ordered the Ministry of Health and the Municipality of San José to coordinate and implement, within two months, a definitive solution to solid-waste pollution on Sixth Avenue and the boulevard crossing the First Judicial Circuit.La Sala ordenó al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de San José coordinar y adoptar, en un plazo de dos meses, una solución definitiva a la contaminación por residuos sólidos en avenida 6 y el bulevar del I Circuito Judicial.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber granted an amparo concerning the persistent accumulation and dispersal of solid waste on Sixth Avenue and the boulevard crossing San José’s First Judicial Circuit. Although the Ministry of Health inspected the site, issued a sanitary order, and followed up on the matter, it confirmed that the Municipality of San José had failed to provide concrete measures capable of definitively resolving the problem. The Chamber deemed daily collection, warnings to businesses, and other administrative steps insufficient because the pollution continued to affect public health, pedestrian passage, and environmental conditions in the area. Relying on Articles 50 and 169 of the Constitution and on the respective public-health and municipal responsibilities, the Chamber held that both institutions had to act in coordination. It ordered them to take all necessary measures within two months to provide a definitive solution and ordered the State and the Municipality to pay costs and resulting damages.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo por la persistente acumulación y dispersión de residuos sólidos en avenida 6 y el bulevar que atraviesa el I Circuito Judicial de San José. Aunque el Ministerio de Salud inspeccionó el sitio, emitió una orden sanitaria y dio seguimiento al caso, comprobó que la Municipalidad de San José no había aportado acciones concretas para solucionar definitivamente el problema. La Sala consideró insuficientes la recolección diaria, las advertencias a comercios y las gestiones administrativas, pues la contaminación continuaba afectando la salud, el tránsito peatonal y las condiciones ambientales del sector. Con fundamento en los artículos 50 y 169 de la Constitución Política y en las competencias sanitarias y municipales, determinó que ambas instituciones debían actuar coordinadamente. Ordenó adoptar, dentro de dos meses, las medidas necesarias para brindar una solución definitiva y condenó al Estado y a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
For the foregoing reasons, in the Chamber’s view, the petitioner is correct in stating that, despite repeated complaints, the problem persists—an omission that is affecting the environment in the reported area. It must be borne in mind that the Ministry of Health’s governing role entails inspecting the reported site, issuing sanitary orders when appropriate, notifying the offender, and verifying that the ordered measures are fully complied with, using the mechanisms granted to it by law. That verification is lacking here, since it is acknowledged that the municipal authorities have not provided concrete actions to resolve the reported problem. Article 314 of the General Health Law provides that the Ministry of Health is responsible for ordering and taking the special measures authorized by law to prevent risks or harm to people’s health, to prevent such risks or harm from spreading or worsening, and to inhibit the continuation or repetition of violations by private parties. Consequently, the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution, has been established. Furthermore, the evidence provides no valid justification for such inaction by the municipal entity. Under Article 169 of the Constitution, municipalities are responsible for the “administration of local interests and services in each canton.” Accordingly, this Court finds it unacceptable that they were aware of the facts reported by the petitioner—which also constitute a public-health problem affecting the area—yet failed to cooperate with the Ministry of Health in seeking a definitive solution. This situation violates the fundamental rights of the petitioner and the area’s residents, to the detriment of their rights to health and to an environment free from pollution. The amparo is therefore also well-founded as against the Municipality of San José.En razón de lo anterior, a criterio de la Sala, lleva razón el recurrente al manifestar que, a pesar de reiteradas gestiones, el problema persiste; omisión que está afectando el ambiente en la zona denunciada. Debe tenerse presente que, la labor rectora del Ministerio de Salud implica la inspección del sitio denunciado, el dictado de órdenes sanitarias -de considerarse pertinentes-, la notificación al infractor y la obligación de verificar que las disposiciones ordenadas se cumplan a cabalidad, disponiendo para ello de los mecanismos que el ordenamiento le confiere, lo que se echa de menos en el presente asunto, pues se reconoce que las autoridades municipales no han aportado acciones concretas para solventar el problema denunciado. La Ley General de Salud, dispone en el artículo 314, que le corresponde al Ministerio de Salud ordenar y tomar las medidas especiales que habilita la ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. En consecuencia, se tiene por acreditada la violación al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50, de la Constitución Política. Asimismo, de los elementos probatorios, no es posible encontrar justificación válida para tal inacción por parte del ente municipal. Lo anterior por cuanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 169, de la Constitución Política, a las municipalidades les corresponde la “ administración de los intereses y servicios locales en cada cantón” , de manera que para este Tribunal resulta inaceptable que tengan conocimiento de los hechos denunciados por el recurrente, que además constituye un problema de salud pública que afecta esa zona, sin que hayan coadyuvado con el Ministerio de Salud para buscar una solución definitiva a dicho problema. Precisamente, dicha situación vulnera los derechos fundamentales del promovente y los habitantes de ese sector, en detrimento de los derechos a la salud y a un ambiente libre de contaminación. Por lo expuesto, el amparo también resulta procedente en cuanto a la Municipalidad de San José.
Pull quotesCitas destacadas
"Precisamente, en el sub-lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la posible falta de resolución de una denuncia en materia ambiental."
"This case presents an exception because it concerns the possible failure to resolve an environmental complaint."
Considerando I
"Precisamente, en el sub-lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la posible falta de resolución de una denuncia en materia ambiental."
Considerando I
"En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro tales casos de excepción pues se hace referencia a la existencia de una amenaza a la integridad y salud de las personas que habitan en la zona de avenida 6, y el boulevard que atraviesa el I Circuito Judicial de San José."
"In this particular case, the situation falls within those exceptions because it involves a threat to the integrity and health of people living near Sixth Avenue and the boulevard crossing San José’s First Judicial Circuit."
Nota separada de la magistrada Hernández López
"En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro tales casos de excepción pues se hace referencia a la existencia de una amenaza a la integridad y salud de las personas que habitan en la zona de avenida 6, y el boulevard que atraviesa el I Circuito Judicial de San José."
Nota separada de la magistrada Hernández López
"Se declara con lugar el recurso."
"The amparo is granted."
Por tanto
"Se declara con lugar el recurso."
Por tanto
"Se condena al Estado y a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios, causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de la jurisdicción contenciosa administrativa."
"The State and the Municipality of San José are ordered to pay the costs and damages caused by the facts underlying this judgment, to be assessed in enforcement proceedings before the contentious-administrative jurisdiction."
Por tanto
"Se condena al Estado y a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios, causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de la jurisdicción contenciosa administrativa."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review *200152320007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine fifteen on veinticinco de setiembre de dos mil veinte.
Amparo proceeding (recurso de amparo) processed under expediente número 20-015232-0007-CO, filed by GREGORIO JAVIER QUESADA QUESADA, identity card 0107390219, head of investigations of the SECCIÓN DE PRESENTACIONES DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL (OIJ) DEL PODER JUDICIAL, against the MINISTERIO DE SALUD and the MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.
Facts:
process,” which is used on the boulevard near the Mercado Central de San José and consists of businesses taking out their garbage when they hear the bell, but this has not been implemented either. He notes that he has been pursuing the matter since 31 de octubre de 2018 and that, ultimately, the authorities of the Ministerio de Salud informed him that it was the responsibility of the Municipalidad de San José to resolve the situation. Thus, among the requests submitted to the respondent municipality, he provides a copy of the one submitted on 31 de octubre de 2019 to the Contraloría de Servicios of that local government, by email to [email protected], in which he stated the following: “(...) Good morning, I wanted to bother you by asking about this matter, since the various businesses continue to deposit food waste at this location. Thank you. (...)” (see copy submitted as evidence). He states that these communications continued until 26 de noviembre de 2019.
Because no solution had been implemented as of 14 de enero de 2019, he renewed the request through an email sent to [email protected] (see copy submitted as evidence). Finally, on 26 de marzo de 2019, the Departamento de Servicios Ambientales of the respondent local government notified him by email of the inspection conducted by the inspector in charge (see copy submitted as evidence). Regarding his communications with the respondent ministry, he asserts that on 20 de noviembre de 2018 he filed the corresponding complaint with the ministry’s legal officer by email to [email protected] and stated that an inspector had even already notified the businesses to take out their garbage at 18:00, but that this had not been complied with; that same day, she replied that the matter had been forwarded to the Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana (see copy submitted as evidence). Because no solution had been implemented as of 14 de enero de 2019, he renewed the request through an email sent to [email protected], with copies to [email protected], [email protected], [email protected], and [email protected] (see copy submitted as evidence).
By official letter No. DR-CS-0079-2019 of 14 de enero 2019, the Acting Regional Director of the Rectoría de la Salud Central Sur of the Ministerio de Salud ordered the director of the Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana to address complaint No. 406-2018 concerning garbage outside the OIJ offices (see copy submitted as evidence). He complains that, as of the filing date, the reported situation persisted and therefore considers the fundamental rights of the staff of the protected office to have been violated. He requests that the proceeding be granted.
Report RCS-ARS-SEM-MTA-24-2019 of 23 de enero 2019 states, among the inspection findings: “During the inspections conducted, it was not possible to verify certain grounds for the complaint, such as the presence of cockroaches, foul odors, or torn bags, nor was it possible to determine which establishments deposit the bags containing waste.” In response to complaint 31249, received on 01 de noviembre 2019, an email was sent to the complainant on 14 de noviembre 2019 in order to obtain further information about the case. On 21 de noviembre del 2019, officials Marco Tulio Alvarado Godoy and Fabián Cambronero Steele conducted an inspection visit to the location addressed by the complaint, during which they verified the presence of solid waste (residuos sólidos) accumulated on the public roadway along the edge of the pedestrian sidewalk. In addition, a municipal official, Mr. Alberto Troyo of the “Área de Parques” department, was present during the inspection and stated that the problem was caused by restaurants and homeless persons who placed the garbage in a disorderly manner and sometimes committed acts of vandalism.
However, according to Mr. Troyo, he spends the entire day arranging the garbage and cleaning both boulevards on calle 15 in preparation for the passage of the “garbage” truck. According to the information provided by that official and confirmed by the complainant in previous conversations, the waste-collection truck passes through the location twice daily to collect bags containing waste. It should be noted that the boulevard is owned by the Municipalidad de San José and that its maintenance, improvements, and relevant modifications are therefore the municipality’s responsibility. As a result of those inspections, this Área Rectora de Salud issued health order (orden sanitaria) MS-RCS-ARS~SEM-FCS-593-2019 to Mr. Johnny Araya Monge, bearer of identity card 1-0476-0724, in his capacity as mayor of the Municipalidad de San José. The order was served on 05 de diciembre del 2019 and established a deadline of 30 business days for submission of the corrective-action plan and an implementation period not exceeding 80 business days. The health order states as follows:
“1. You must take the appropriate measures to keep the area in suitable conditions of order and cleanliness, preventing it from becoming a source of infection, a nuisance to pedestrians or citizens working nearby, a source of environmental pollution, or a breeding ground and/or shelter for harmful fauna.
2. To that end, you must submit to this Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana a corrective-action plan, together with its corresponding schedule and the actions to be taken, with an implementation period not exceeding 80 business days, to remedy the problem of odors and accumulated waste at the specified location (Av. 6, calle 15 y 171 supra.” By way of recommendation in report MS-RCS-ARS-SEM-FCS-IT-589~2019, the official urges the Municipalidad de San José to establish a program using containers made of material suitable for the temporary accumulation of waste at strategic locations along the public roadway, in order to facilitate collection at a single location and washing, mitigate corrosion and oxidation of the containers, and preferably use a material such as PET plastic—polyethylene terephthalate—or another material that is recyclable in our country; however, the manner in which the problem is addressed remains at the discretion and choice of the local government.
This recommendation is intended to improve compliance with Article 7 of Decreto N°36093-S. On 11 de febrero del 2020, Mr. Johnny Araya Monge, in his capacity as municipal mayor of San José, responded to health order MS/RCS-ARS-SEM-FCS-593-2019 by submitting to that Área Rectora de Salud the actions taken by the municipality, reporting the collection schedules, the municipality’s emphasis on collection, a warning issued to neighboring businesses, and the internal municipal measures taken to address the solid-waste problem at issue. By official letter N° MS-RCS-ARS-SEM-FCS-070-2020, receipt was acknowledged to Eng. Johnny Araya Monge, and he was informed of the follow-up to the case and the need for a concrete solution to the stated problem, in accordance with Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos and Articles 7 subsections e), i), and m), 15, 24, and 27 of Reglamento Sobre Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios N° 36093-S.
On 04 September 2020, pursuant to Inspection Report (Acta de Inspección) MS-RCS-ARSSEM-FCS-651-20, an assessment was conducted of the points identified in Health Order (Orden Sanitaria) No MS-RCS-ARS-SEM~FCS-5932019, which determined the presence of waste at the reported location. As a result of the follow-up to Health Order MS-RCS-ARS-SEM-FCS-593-2019, it was determined that Mr. Johnny Araya, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de San José, had not provided concrete measures to resolve the reported problem; nevertheless, it should be emphasized that the waste does not remain at the site for more than one day because it is collected daily by the Municipalidad, as reported to this Área Rectora de Salud by an unnumbered official letter received on 11 February 2020. It considers that this Health Authority has not failed to perform its duties, since the complaints filed by Mr. Quesada Quesada have been addressed in a timely manner, the necessary measures within its authority have been taken to address the reported problem promptly, the relevant administrative acts (actos administrativos) were issued, and the corresponding follow-up has been conducted.
It should be clarified that the present matter involves a problem concerning the education and culture of the neighboring population with respect to the proper disposal of waste, which extends beyond the authority of the Ministerio de Salud; however, during the process of addressing the complaint, it was observed that the amount of waste deposited at the site was not substantial, nor was there any presence of insects or foul odors, and, furthermore, the Municipalidad de San José handles its daily collection. It adds that this Área Rectora de Salud will continue addressing the problem and, if necessary, will issue the relevant administrative acts. In light of the foregoing, it considers that the appellant is incorrect in asserting that the Ministerio de Salud has neither addressed nor managed the reported problem. It requests that the amparo petition (recurso de amparo) filed be dismissed.
“In response to your official letter D5A-02296-9-20, concerning the amparo petition filed by Mr. Gregorio Javier Quesada Quesada under case file 20-0015232-0007CO, regarding the problem of waste accumulation by businesses located in the area, specifically in the northern side of the boulevard, I hereby inform you as follows:
“1. During the course of this week, preventive notices will be issued to all businesses adjacent to the Boulevard, informing them of the collection-service schedule, which operates from Monday through Saturday beginning at six in the evening.
2. The Urban Cleaning service (sidewalks and gutter curbs) is likewise provided from Monday through Saturday beginning at six in the morning.
3. The merchants will be advised that, once notified, if a business fails to comply with the terms of the notice, its business premises will be closed for a period of 24 hours.
4. This case will be forwarded to the Head of the Sección de Servicios de Recolección, Lic. Luis Rivera Ugarte, so that an assessment and inspection may be conducted to change the collection point and thus seek a prompt solution to this problem.” The Sección de Limpieza Urbana, through official letter stu-0944-2020, dated U7 September 2020 and signed by Lic. Jonatan Arias Garro, reported as follows:
“1. The petition describes conduct by the waste generator that is contrary to the provisions of ley integral de residuos sólidos 8839 and also refers to improper management of special waste, contrary to the provisions of reglamento sobre manejo de residuos ordinarios # 36093-S and reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial # 38272-5.
2. With regard to the fee-based service provided to the community by the Sección de Limpieza Urbana, I inform you that, in that specific area, public road sweeping is provided daily from Monday through Saturday.” Likewise, the Contraloría de Servicios, through official letter SCS-86-2020, dated 04 September 2020 and signed by Lic. Kattia León Lizano, reported as follows:
“Since 25 October 2018, the appellant has repeatedly sent emails reiterating his request for cleaning and for the location where garbage bags are collected to be changed; in each instance, that Office immediately forwarded those requests to the competent department (Depto. de Servicios Ambientales).” She adds that she has met on multiple occasions with the inspector responsible for the area, but the response is always the same: that is the designated place for the businesses in the surrounding area to deposit their garbage, and neither he nor that Office has authority to decide that the collection location should be changed.
She states that, on 31 October 2018, the Head of the Sección de Servicios de Recolección indicated that collection at that location takes place at night and that there is no reason for garbage to be deposited there during the day. Moreover, collection in the area takes place every day from Monday through Saturday.
On that same date, Inspector Sebastián Chanto Solís was instructed to review the case and notify the business owners.
She states that, during a visit by the aforementioned Inspector, the appellant was informed of the municipal rule requiring that waste be deposited in the designated area.
1. Preventive notices were issued to all businesses adjacent to the Boulevard, informing them of the collection-service schedule, which operates from Monday through Saturday beginning at six in the evening.
2. The Urban Cleaning service (sidewalks and gutter curbs) is likewise provided from Monday through Saturday beginning at six in the morning.
3. The merchants will be advised that, once notified, if a business fails to comply with the terms of the notice, its business premises will be closed for a period of 24 hours.
4. This case will be forwarded to the Head of the Sección de Servicios de Recolección, Lic. Luis Rivera Ugarte, so that an assessment and inspection may be conducted to change the collection point and thus seek a prompt solution to this problem.
Drafted by Justice Salazar Alvarado; and, Whereas (Considerando):
Before examining the merits of the matter, it must be clarified that, since Judgment N° 2008-2545 at 8:55 on 22 February 2008, this Sala has referred to the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, either to conclude an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—by issuing a final administrative act, or to hear the applicable administrative appeals. Specifically, the case at bar (sub-lite) presents such an exception, because it concerns the possible failure to resolve a complaint involving an environmental matter. Having clarified the foregoing, the merits of this amparo proceeding will now be considered.
II.Subject matter of the petition. The appellant complains that, in downtown San José, on avenida 6 and the boulevard crossing the I Circuito Judicial de San José, nearby businesses, primarily restaurants, engage in the improper practice of depositing ordinary garbage and food waste on the sidewalk. As a result, the area has become a dumping ground for non-ordinary garbage (beds, mattresses, cans, furniture, etc.), causing homeless persons searching for objects and food scraps to scatter the garbage, while the wind and animals spread the refuse as far as the entrance to the police section of the Organismo de Investigación Judicial where he works. This has caused the proliferation of insects and the presence of various animals that come to feed. He explains that, in addition to this being a public-health problem, the personnel working there in particular have had to contend with skin and eye allergies, insect bites, foul odors, and crawling animals on the sidewalk. For the foregoing reasons, he has filed repeated complaints with the Ministerio de Salud and the Municipalidad de San José; however, the problem continues to date.
III.Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter, either because they have been proven or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:
“1. You must take the appropriate measures to maintain the area in adequate conditions of order and cleanliness, preventing it from becoming a source of infection, a nuisance to pedestrians or citizens working in the surrounding area, a source of environmental pollution, or a breeding ground and/or shelter for harmful fauna.
2. For the foregoing purpose, you must submit to this Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana a corrective action plan, together with its corresponding schedule and the measures to be undertaken, with an implementation period not exceeding 80 business days, to remedy the odor and waste-accumulation problem at the indicated location (Av. 6, calle 15 and 171 supra.” (see reports and attached evidence).
“1. During the course of this week, preventive notices will be issued to all businesses near the Boulevard, informing them of the collection-service hours, which run from Monday through Saturday beginning at six in the evening.
2. The Urban Cleaning service (sidewalks and gutter curbs] is likewise provided from Monday through Saturday beginning at six in the morning.
3. Merchants will be advised that, once notified, if a business fails to comply with the provisions of the notice, the business will be closed for a period of 24 hours.
4. This case will be forwarded to the Head of the Collection Services Section, Lic. Luis Rivera Ugarte, so that an assessment and inspection may be conducted to relocate the collection point and thereby seek a prompt solution to this problem.” (see reports and attached evidence).
Based on the provisions of Articles 21, 50 and 89 of the Political Constitution, this Constitutional Court has broadly recognized the State’s duty to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. It is pursuant to those provisions, as well as to subconstitutional environmental legislation, that the State’s responsibility to exercise a protective and governing role in this field arises. In this regard, this Chamber, in Judgment N° 4830-2002 at 16:00 hours on 21 de mayo de 2002, stated as follows: “(…) Our Political Constitution, in Article 50, expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. Compliance with this requirement is a fundamental guarantee for the protection of life and public health, not only for Costa Ricans, but also for all members of the global community.
Violation of these fundamental precepts entails the possibility of harm to, or endangerment of, short-, medium-, and long-term interests. Environmental pollution is one of the ways in which the integrity of the environment may be disrupted, with consequences that are most often permanent and cumulative. The Costa Rican State is obligated to act preventively by avoiding—through oversight and direct intervention—the commission of acts that harm the environment, and is subject to the corresponding and equally unavoidable prohibition against promoting its degradation (…)”.
V.Regarding the principle of inter-administrative coordination (coordinación interadministrativa). One of the governing principles of administrative organization is the coordination that must exist among all public entities and bodies when exercising their powers and providing the services assigned to them by the legal system. Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire body of administrative law and binds all public entities. It may be inter-organizational coordination (coordinación interorgánica)—among the various bodies comprising a public entity that are not subject to a hierarchical relationship—or intersubjective coordination (coordinación intersubjetiva), that is, among public entities, each with its own legal personality, budget, autonomy, and specific powers. The administrative or other degree of autonomy vested in public entities obligates them to coordinate their actions, since, due to their inter-organizational nature, they cannot be reciprocally subject to hierarchical relationships.
The purpose of administrative coordination (coordinación administrativa) is to prevent duplication and omissions in the performance of each public entity’s administrative functions, that is, to ensure that they are performed rationally and systematically; this is achieved by establishing fluid and permanent levels or channels of information among public entities, all of which may be accomplished through meetings, reports, or the creation of formal coordination bodies.
VI.Regarding interinstitutional coordination (coordinación interinstitucional) in environmental matters. Specifically, with respect to environmental protection, Judgment N° 2008-004790 emphasized the duty of coordination among the institutions involved in the matter and the impossibility of disregarding warnings concerning the danger of pollution:
“(…) III.- Coordination among government agencies must ensure the protection of the environment. On various occasions, constitutional case law has stated that protecting the environment is a task for which everyone is equally responsible; that is, the State—as a whole—is obligated to take the measures necessary to protect the environment in order to prevent levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or improper use of natural resources that endanger the health of the governed. For purposes of this task, the term public institution must be understood to include both the Central Administration—the Ministries, such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministerio de Salud, which, by reason of the subject matter, have extensive involvement and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment and which most often act through their specialized agencies in this field, such as the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)—as well as decentralized institutions, such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the Instituto Costarricense de Turismo, or the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a task in which, of course, the municipal governments bear substantial responsibility within their territorial jurisdictions.
It might therefore be thought that this shared responsibility would cause chaos in administrative management, but this is not the case, because, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of authority having different origins and natures, the duplication of national and local efforts, and confusion regarding the rights and obligations of the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and decentralized institutions, and between them and the municipal governments, so that they may carry out the functions entrusted to them. This Chamber previously—and quite clearly—addressed the principle of coordination between government agencies and municipal governments in the pursuit of common purposes—which, obviously, must be extended to the relationship between the institutions of the Central Administration and decentralized institutions in carrying out this important function—and reference is therefore made to what was stated on that occasion (Judgment number 5445-99, at fourteen hours and thirty minutes on catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):
“Thus, coordination is the ordering of the relationships among these various independent activities, taking into account their convergence upon the same object or entity in order to make it useful to an overall public plan, without eliminating the reciprocal independence of the acting parties. Since there is no hierarchical relationship among decentralized institutions, or between the State itself and the municipalities, it is not possible to impose specific conduct upon them; hence the indispensable interinstitutional ‘agreement’ arises, in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and comprehensive framework, in which each performs a role with a view to a mission entrusted to the others. Accordingly, relationships between municipalities and other public entities may be conducted only on an equal footing, resulting in agreed forms of coordination and excluding any mandatory arrangement detrimental to their autonomy that would subject corporate entities to a coordination framework without or against their will; this does, however, allow for the necessary subordination of these entities to the State and in the State’s interest (through the State’s ‘administrative oversight’ (tutela administrativa), specifically through the function of legality review entrusted to it, with powers of general supervision over the entire sector).” Furthermore, failures to fulfill the duty to protect the environment and comply with environmental regulations are constitutionally significant because the Administration’s inaction in this area may cause harm to the environment and natural resources, sometimes with consequences similar to or greater than those arising from the Administration’s actions.
Examples include the authorization of regulatory plans (planes reguladores) or construction projects without approval of the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) by Secretaría Técnica Nacional Ambiental; the failure of Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía to monitor and oversee the implementation of management plans (planes de manejo) for protected areas; allowing companies to operate without health permits concerning the treatment of sewage or wastewater (Acueductos y Alcantarillados and Ministerio de Salud); or failing to verify noise controls in bars, karaoke venues, and nightclubs (municipalities and Ministerio de Salud), among others (see, in this regard, judgment number 2006-005159 of thirteen hours and four minutes on the seventh of April, two thousand six).” In other words, what matters is the technical cooperation that the various entities can provide to one another, the technical information they can contribute, and respect for each entity’s jurisdiction, so as to guarantee beyond doubt that the impact of the projects under evaluation is not adverse, thereby ensuring the sustainable management of water resources and the full right to a healthy and ecologically balanced environment, as enshrined in the constitutional provision.
Thus, the precautionary principle (principio precautorio)—which seeks to prevent or suspend any activity that could adversely affect such management—requires the Administration, first, to summon the affected and interested parties and the institutions that may be involved. This enables them to submit the corresponding arguments and technical opinions and ensures the effective participation of the bodies with jurisdiction over the matter for the purpose of protecting and preserving the environment and water resources. Second, it requires consideration of warnings issued by an institution legally empowered to protect water resources regarding the risk of adverse effects.
After analyzing the evidence submitted, this Court finds that the appellant’s fundamental rights have been violated. The report submitted by the representatives of the respondent authorities—which is deemed to have been given under oath, with the consequences, including criminal consequences, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence submitted for resolution of the matter duly establish that complaints 390-18 and 312-19 were registered with Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana. These complaints were filed by Mr. Gregorio Quesada Quesada by email concerning a garbage dumping site in downtown San José, on avenida 6 and the boulevard that crosses the I Circuito Judicial de San José. Complaint 390-18 was handled by official Marco Tulio Alvarado Godoy, who inspected the site identified in the complaint on 13 December 2018 and 17 January 2019. On both occasions, he was received by complainant Javier Quesada Quesada, as recorded in inspection reports N° RCS-ARS-SEM-MTA~507-18 and RCS-ARS-SEMMTA-23-19.
Report RCS-ARS-SEM-MTA-24-2019 of 23 January 2019 states the following among the inspection findings: “During the inspections conducted, it was not possible to verify some of the grounds for the complaint, such as the presence of cockroaches, foul odors, or torn bags, nor was it possible to determine which establishments deposited the bags containing waste.” In response to complaint 312-19, received on 01 November 2019, an email was sent to the complainant on 14 November 2019 in order to obtain more information about the case. On 21 November 2019, officials Marco Tulio Alvarado Godoy and Fabián Cambronero Steele inspected the location identified in the complaint and confirmed the presence of accumulated solid waste on the public roadway beside the pedestrian sidewalk. In addition, at the time of the inspection, a municipal official, Mr. Alberto Troyo of the “Área de Parques” department, was present and stated that the problem was caused by restaurants and homeless persons who placed the garbage in a disorderly manner and sometimes engaged in vandalism.
Nevertheless, according to Mr. Troyo, he spends the entire day arranging the garbage and cleaning both boulevards on calle 15 in preparation for the “garbage” truck, which, based on the information provided by that official and confirmed by the complainant in previous conversations, passes through the area twice a day to collect the bags containing waste. The boulevard is owned by Municipalidad de San José, which is therefore responsible for its maintenance, improvements, and any necessary changes. As a result of the aforementioned inspections, the respondent Área Rectora de Salud issued health order (orden sanitaria) MS-RCS-ARS-SEM-FCS-593-2019 to Mr. Johnny Araya Monge in his capacity as Mayor of Municipalidad de San José. The order was served on 05 December 2019, with a deadline of thirty business days for submission of the corrective action plan and an implementation period not exceeding eight business days. The health order states as follows:
“1. The appropriate measures must be taken to keep the area in suitable conditions of order and cleanliness, preventing it from becoming a source of infection, a nuisance to pedestrians or citizens working in the surrounding area, a source of environmental pollution, or a breeding ground and/or shelter for harmful fauna.
2. For this purpose, a corrective action plan, together with its respective schedule and the actions to be taken, must be submitted to this Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, with an implementation period not exceeding 80 business days, to remedy the problem of odors and accumulated waste at the specified location (Av. 6, calle 15 and 171 supra.” In report MS-RCS-ARS-SEM-FCS-IT-589~2019, Ministerio de Salud recommends that Municipalidad de San José establish a program using containers made of suitable material for the temporary accumulation of waste at strategic locations along the public roadway. The purpose is to facilitate collection at a single location and washing, to mitigate corrosion and oxidation of the container, and preferably to use a material such as PET plastic—polyethylene terephthalate—or another material that can be recycled in our country. Nevertheless, the manner in which the problem is addressed remains at the discretion and choice of the Local Government.
This is intended to improve compliance with article 7 of Decreto Ejecutivo N°36093-S, dated 15 July 2010, Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios. On 11 February 2020, Mr. Johnny Araya Monge, in his capacity as municipal mayor of San José, responded to health order MS-RCS-ARS-SEM-FCS-593-2019 by submitting to Área Rectora de Salud the actions taken by the municipality. He reported the collection schedules, the municipality’s emphasis on collection, the warning issued to nearby businesses, and the internal municipal measures taken to address the solid-waste problem at issue. By official letter N° MS-RCS-ARS-SEM-FCS-070-2020, dated 27 February 2020 and signed by the Environmental Manager of Unidad de Regulación and the Director of Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, receipt was acknowledged to Eng. Johnny Araya Monge, and he was advised of the follow-up to the case and the need for a concrete solution to the reported problem, pursuant to Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos and articles 7 subsections e), i), and m), 15, 24, and 27 of Reglamento Sobre Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios N° 36093-S.
On 04 September 2020, pursuant to Inspection Report MS-RCS-ARSSEM-FCS-651-20, the matters identified in Health Order No MS-RCS-ARS-SEM~FCS-5932019 were assessed, and the presence of waste was confirmed at the reported location. Follow-up on health order MS-RCS-ARS-SEM-FCS-593-2019 determined that Mr. Johnny Araya, in his capacity as Mayor of Municipalidad de San José, had not submitted concrete measures to resolve the reported problem. Nevertheless, it was noted that the waste did not remain at the location for more than one day because it was collected daily by Municipalidad.
VIII.For their part, the representatives of Municipalidad de San José acknowledge that, since 25 October 2018, the appellant has repeatedly sent emails to Contraloría de Servicios de la Municipalidad de San José, reiterating his request that the area be cleaned and that the collection point for the garbage bags be relocated. Those requests were forwarded to Departamento de Servicios Ambientales. They further state that, in response to the accumulation of waste by businesses located on the aforementioned boulevard, the Head of Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José stated as follows:
“1. During the course of this week, preventive notices will be issued to all businesses adjacent to the Boulevard, informing them of the collection service schedule, which runs from Monday through Saturday beginning at six in the evening.
2. Likewise, the Urban Cleaning service (sidewalks and gutter curbs) is provided from Monday through Saturday beginning at six in the morning.
3. Merchants will be advised that, once notified, if a business fails to comply with the requirements of the notice, the business will be closed for a period of 24 hours.
4. This case will be sent to the Head of Sección de Servicios de Recolección, Lic. Luis Rivera Ugarte, so that an assessment and inspection may be conducted to relocate the collection point and thereby seek a prompt solution to this problem.” From the foregoing, the Chamber finds that, although the Ministry of Health has addressed the complaints filed by the petitioner, and a health order (orden sanitaria) was even issued against the respondent Municipal Mayor, it is evident that the actions taken have been insufficient and that there is a deficiency in the protection of the petitioner’s fundamental rights. This also constitutes a public health problem because it affects pedestrians in the area, as the necessary measures to ensure full compliance with the provisions of the aforementioned health order have not been adopted in response to the events reported since 2018. The respondent authorities have not adopted specific measures to resolve the environmental problems that have arisen.
Although it is stated that the waste does not remain at the site for more than one day because it is collected daily by the respondent Municipality, the Ministry of Health’s technical report indicates that the Municipalidad de San José has not undertaken any concrete actions to resolve the reported problem. This is acknowledged by the representatives of that municipal corporation, who state that it is the designated location for depositing waste from nearby businesses and that there is no interim agreement authorizing a decision to change the collection location. It is also noted that, since 31 de octubre del 2018, the Head of the Collection Services Section of that local government stated that collection at that location takes place at night, every day from Monday through Saturday, and that businesses must not place waste there during the day. Nor have the municipal officials been able to demonstrate any concrete action regarding the recommendation issued by the Ministry of Health in report MS-RCS-ARS-SEM-FCS-IT-589~2019, which urges the Municipalidad de San José to establish a program using containers made of material suitable for the temporary accumulation of waste at strategic locations on public roads, in order to facilitate collection at a single location and washing, and to mitigate corrosion and oxidation of the container.
In light of the foregoing, the Chamber considers that the petitioner is correct in asserting that, despite repeated requests, the problem persists—an omission that is affecting the environment in the reported area. It must be borne in mind that the Ministry of Health’s governing role entails inspecting the reported site, issuing health orders—if deemed appropriate—serving notice upon the offender, and verifying that the ordered measures are fully complied with, using for that purpose the mechanisms granted to it by the legal system. Such action is lacking in this matter, as it is acknowledged that the municipal authorities have not undertaken any concrete measures to resolve the reported problem. The Ley General de Salud provides in article 314 that the Ministry of Health is responsible for ordering and adopting the special measures authorized by law to prevent risks or harm to human health, to prevent such risks or harm from spreading or worsening, and to prevent private parties from continuing or repeating the violation.
Accordingly, the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in article 50 of the Constitución Política, is deemed established. Likewise, the evidence provides no valid justification for such inaction by the municipal entity. This is because, pursuant to article 169 of the Constitución Política, municipalities are responsible for the “administration of local interests and services in each canton”; therefore, this Court finds it unacceptable that they were aware of the events reported by the petitioner—which also constitute a public health problem affecting that area—yet failed to cooperate with the Ministry of Health in seeking a definitive solution to the problem. That situation specifically infringes the fundamental rights of the claimant and the residents of that sector, to the detriment of their rights to health and to an environment free from pollution. For the foregoing reasons, the writ of amparo (amparo) is also granted with respect to the Municipalidad de San José.
In cases involving applications concerning environmental matters, I generally maintain that this Chamber should refrain from hearing claims submitted to it alleging a violation of article 50 of the Constitución Política, leaving such matters to the administrative justice system and the administrative litigation jurisdiction (jurisdicción contenciosa administrativa). However, I have also stated that my position does not preclude recognition of particular cases or categories of cases that, in my judgment, would still receive better protection from this Chamber and should therefore be heard and decided by it.- Among such categories of cases, without this enumeration being regarded as a closed and definitive list, I would note that the Chamber should retain jurisdiction over situations such as claims involving environmental violations that also directly endanger human health or the availability or quality of water; cases involving gross and direct violations of the environment in which there is a manifest absence of protection by State authorities, provided that the nature of the claim also permits it to be addressed through the amparo proceeding as a summary and special procedural remedy.
This is because I also consider that the amparo proceeding should not be converted into an ordinary proceeding to address, even in the cases cited above, issues exceeding its capacity to resolve them adequately.
In this particular case, the situation presented falls within those exceptional cases because reference is made to a threat to the integrity and health of the people living in the area of avenida 6 and the boulevard that crosses the I Circuito Judicial de San José. Accordingly, in this instance I agree with the majority that this Court should hear and rule on the merits of this case, as it has done.
In environmental matters, it is also the undersigned’s view that, if the Public Administration has already intervened, jurisdiction to hear and decide the matter lies with the administrative litigation jurisdiction. Nevertheless, I do address the merits when other rights of persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (article 50 of the Constitución Política), as occurs in this case. Here, the petitioner alleges that the Municipalidad de San José has permitted an improper practice by businesses near the boulevard that crosses the I Circuito Judicial de San José, principally restaurants, which deposit ordinary refuse and food waste on the sidewalk. This has turned the area into a dumping ground for non-ordinary refuse (beds, mattresses, cans, furniture, etc.), causing homeless persons, while searching for items and food scraps, to scatter the refuse, while the wind and animals spread the waste as far as the entrance to the police section of the Organismo de Investigación Judicial where the petitioner works, in violation of the rights to life, physical integrity, enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, and a dignified quality of life.
The parties are advised that, if they have submitted any paper documents, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, these must be collected from the court office within a maximum period of thirty business days from service of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period shall be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The application is granted. Accordingly, Johnny Francisco Araya Monge, in his capacity as Municipal Mayor; Emperatriz Ordeñana Ayerdis, in her capacity as Head of the Department of Environmental Services, both of the Municipalidad de San José; and Carolina Guillén Meléndez, in her capacity as Director of the Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana—or whoever may hold those offices—are ordered to issue the necessary directives and adopt the appropriate coordination measures within the scope of their respective authority so that, WITHIN TWO MONTHS from service of this judgment, a definitive solution is provided to the solid-waste pollution problem in downtown San José, at avenida 6 and the boulevard that crosses the I Circuito Judicial de San José. This order is issued with the warning that failure to comply may constitute the offense of disobedience and that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding that the person is required to comply with or enforce, but fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years or fined twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The State and the Municipalidad de San José are ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the events underlying this ruling, which shall be assessed in the judgment-enforcement proceeding before the administrative litigation jurisdiction. Justice Hernández López files a separate note. Justice Salazar Alvarado files a separate note. Notice shall be served.- Paul Rueda L.
Acting President Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo *EOLQH0DHD6461* Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Filing of matters involving vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
Revisión del Documento *200152320007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-015232-0007-CO, interpuesto por GREGORIO JAVIER QUESADA QUESADA, cédula de identidad 0107390219, jefe de investigación de la SECCIÓN DE PRESENTACIONES DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL (OIJ) DEL PODER JUDICIAL, contra el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.
Resultando:
campana” que se aplica en el boulevard por el Mercado Central de San José, que consiste en que cuando los comercios escuchan el sonido de la misma, sacan la basura, pero tampoco ha sido aplicado. Apunta que desde el 31 de octubre de 2018 ha gestionado lo propio y, finalmente, lo que las autoridades del Ministerio de Salud le han indicado es que corresponde a la Municipalidad de San José resolver la situación. Así, dentro de las gestiones realizadas con la municipalidad recurrida, aporta copia de la realizada el 31 de octubre de 2019 a la Contraloría de Servicios de dicho gobierno local, vía correo electrónico, a la dirección [email protected], en la que indicó, lo siguiente: "(...) Buen día, les quería molestar consultando por esta gestión. Ya que los diferentes comercios siguen deposita residuos de comida en este lugar. Gracias. (...)" (ver copia aportada como prueba). Refiere que dichas comunicaciones se mantuvieron hasta el 26 de noviembre de 2019.
Como al 14 de enero de 2019 no se había tomado ninguna solución, reiteró la gestión a través de un correo electrónico dirigido a la dirección [email protected] (ver copia aportada como prueba). Finalmente, el 26 de marzo de 2019, el Departamento de Servicios Ambientales del gobierno local recurrido le notificó, vía correo electrónico, de la inspección realizada por el inspector a cargo (ver copia aportada como prueba). En cuanto a las gestiones con el ministerio recurrido, aduce que el 20 de noviembre de 2018, planteó la respectiva denuncia a la encargada legal de dicho ministerio, vía correo electrónico, a la dirección [email protected] e indicó que, incluso, ya un inspector había notificado a los comercios para que sacaran la basura a las 18:00, pero que eso no se había cumplido; ese mismo día le contestó que el asunto había sido reenviado al Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana (ver copia aportada como prueba).
Como al 14 de enero de 2019 no se había tomado ninguna solución, reiteró la gestión a través de un correo electrónico dirigido a la dirección [email protected], con copia a las direcciones [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] (ver copia aportada como prueba). Por oficio No. DR-CS-0079-2019 de 14 de enero 2019, la directora Regional a.i. de Rectoría de la Salud Central Sur del Ministerio de Salud, ordenó a la directora del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana atender la denuncia No. 406-2018 sobre basura fuera de oficinas del OIJ (ver copia aportada como prueba). Reclama que, a la fecha de interposición, la situación denunciada persistía, por lo que estima lesionados los derechos fundamentales del personal de la oficina amparada. Solicita que se declare con lugar el recurso.
Mediante informe RCS-ARS-SEM-MTA-24-2019 de1 día 23 de enero 2019, como parte de los hallazgos de inspección se indica que: “Durante las inspecciones realizadas no se pudo constatar parte del motivo de la denuncia como presencia de cucarachas, malos olores, o bolsas rotas ni tampoco se pudo determinar cuáles locales depositan las bolsas con residuos”.
En atención a la denuncia 31249, recibida el 01 de noviembre 2019, el 14 de noviembre 2019, se envía correo electrónico al denunciante. en aras de obtener más de información sobre el caso. El 21 de noviembre del 2019, los funcionarios Marco Tulio Alvarado Godoy y Fabián Cambronero Steele, realizan visita de inspección al lugar objeto de la denuncia en la que se logra evidenciar que existe presencia de residuos sólidos acumulados en la vía pública a orillas de la acera peatonal. Aunado a lo anterior, en el momento de la inspección, se encuentra un funcionario Municipal, el señor Alberto Troyo del departamento de "Área de Parques", el cual indica que el problema son los restaurantes y los indigentes que colocan la basura de manera desordenada y a veces realizan vandalismo. Sin embargo, según lo que indico el señor Troyo él se encuentra todo el día acomodando la basura y limpiando ambos bulevares de la calle 15, para cuando pase el camión de la "basura", que según la información brindada por dicho funcionario y confirmada por el denunciante en previas conversaciones, el camión recolector de residuos transita dos veces al día por el lugar recogiendo las bolsas con residuos.
Cabe indicar que el boulevard es propiedad de la Municipalidad de San José y por ende corresponde a esta su mantenimiento, mejoras y cambios pertinentes. Consecuencia de las referidas inspecciones esta Área Rectora de Salud giró la orden sanitaria MS-RCS-ARS~SEM-FCS-593-2019 al señor Johnny Araya Monge portador de la cédula de identidad 1-0476-0724, en calidad de alcalde de la Municipalidad de San José, misma que fue notificada el 05 de diciembre del 2019, con un plazo de vencimiento para la entrega del plan de acciones correctivas. de 30 días hábiles y un plazo de implementación no mayor a 80 días hábiles, la orden sanitaria indica lo siguiente:
“1. Debe ejercer las respetivas acciones para mantener la zona en adecuadas condiciones de orden y limpieza evitando que; se convierta en fuente de infección, molestias para transeúntes o ciudadanos que laboren en los alrededores, foco de contaminación ambiental, o en criadero y/o albergue de fauna nociva.
2. Para lo anterior deberá presentar ante esta Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, un plan de acciones correctivas con su respectivo cronograma y acciones a realizar, con un plazo de implementación no mayor a 80 días hábiles, que subsane la problemática de olores y acumulación de residuos en el lugar indicado (Av. 6, calle 15 y 171 supra.” A modo de recomendación en el informe MS-RCS-ARS-SEM-FCS-IT-589~2019, el servidor insta a la Municipalidad de San José, a generar un programa con contenedores de un material adecuado para la acumulación temporal de residuos en sitios estratégicos de la vía pública, lo anterior con el fin de facilitar la recolección en un mismo sitio, el lavado, mitigue la corrosión y la oxidación del contenedor, y preferiblemente fabricado con un material como el plástico PET Polietileno Tereftalato u otro que sea reciclable en nuestro país; sin embargo, la forma de abordar el problema queda a discreción y escogencia del Gobierno Local.
Lo anterior, en aras de abordar de una mejor manera el cumplimiento del artículo 7 del Decreto N°36093-S. El 11 de febrero del 2020 el señor Johnny Araya Monge, en su condición de alcalde municipal de San José, en respuesta a la orden sanitaria MS/RCS-ARS-SEM-FCS-593-2019, presentó a esa Área Rectora de Salud las acciones realizadas por el ayuntamiento, en los que informa los plazos de recolección y como la Municipalidad hace énfasis en la recolección y una llamada de atención a los negocios aledaños, así como las gestiones realizadas a lo interno del municipio para atender el problema de los residuos sólidos que nos ocupa. Mediante oficio N° MS-RCS-ARS-SEM-FCS-070-2020 se da acuse de recibido al Ing. Johnny Araya Monge y se le indica sobre el seguimiento del caso y una solución concreta a la problemática planteada, de acuerdo con la Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y los artículos 7 incisos e), i) y m) ,15, 24 y 27 del Reglamento Sobre Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios N° 36093-S.
El 04 de septiembre del 2020 conforme Acta de Inspección MS-RCS-ARSSEM-FCS-651-20, se procede a realizar la valoración de los puntos señalados en la Orden Sanitaria No MS-RCS-ARS-SEM~FCS-5932019, en la que se determina la presencia de residuos, en el punto denunciado. Consecuencia del seguimiento a la orden sanitaria MS-RCS-ARS-SEM-FCS-593-2019, se determina que el señor Johnny Araya, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de San José, no ha aportado acciones concretas para solventar el problema denunciado; no obstante, vale resaltar que los residuos no permanecen en el sitio más de un día en razón de que los mismos son recolectados diariamente por la Municipalidad, según se informa a esta Área Rectora de Salud mediante oficio sin número recibido el 11 de febrero del 2020. Considera que esa Autoridad Sanitaria no ha sido omisa en el cumplimiento de sus funciones, ya que se han atendido en forma oportuna las denuncias planteadas por el Sr. Quesada Quesada, efectuando las gestiones necesarias dentro de sus competencias para la atención oportuna del problema denunciado, se emitieron los actos administrativos pertinentes y se ha dado el seguimiento respectivo.
Vale aclarar, que en el presente asunto, trasciende un problema de educación y cultura de la población circunvecina en cuanto a la disposición adecuada de los residuos, que va más allá de las competencias de ese Ministerio de Salud; sin embargo, en el proceso de atención de la denuncia se observa que la cantidad de residuos que se disponen en el sitio no supone grandes cantidades de residuos, ni la presencia de insectos o malos olores y además la Municipalidad de San José se encarga de la recolección diaria de los mismos. Se agrega que esta Área Rectora de Salud continuará dando atención a la problemática y en caso de ser necesario se procederá a emitir los actos administrativos pertinentes. Por lo anterior, considera que no lleva razón el recurrente al señalar que el Ministerio de Salud no ha atendido ni gestionado el problema denunciado. Solicita que se desestime el recurso planteado.
"En atención a su al oficio D5A-02296-9-20, en relación con el Recurso de Amparo, interpuesto por el señor Gregorio Javier Quesada Quesada, bajo expediente 20-0015232-0007CO, sobre la problemática de acumulación de residuos por parte de los comercios ubicados en la zona, precisamente en el sector del boulevard, costo norte, al respecto le indico:
“1. Se procederá a realizar, en el lapso de esta semana las notificaciones preventivas a todos los comercios aledaños al Boulevard, donde se les informará sobre los horarios del servicio de recolección, que se brindan de Lunes a Sábado a partir de las seis de la tarde.
2. En cuanto al servicio de Limpieza Urbana (aceras y cordón de caño] de igua1 manera se brinda de lunes a sábado a partir de las seis de la mañana.
3. A los comerciantes se les indicara que una vez notificados, si el comercio incumpliera lo establecido en la notificación, se les clausurara su negocio un periodo de por 24 horas.
4. Se enviará este caso al Jefe de la Sección de Servicios de Recolección, el Lic. Luis Rivera Ugarte, para que procedan a realizar la valoración he inspección para cambiar el punto de recolección, y así buscar una solución pronta a esta problemática.” Por parte de la Sección de Limpieza Urbana, con oficio stu-0944-2020, del U7 de setiembre del 2020, suscrito por el Licenciado Jonatan Arias Garro, se informó lo siguiente:
"1. Dicho recurso señala un comportamiento por parte del generador contrario a lo dispuesto por la ley integral de residuos sólidos 8839, además indica gestiones inadecuadas con residuos especiales contrario a lo establecido en el reglamento sobre manejo de residuos ordinarios # 36093-S y el reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial # 38272-5.
2. Con respecto al servicio que brinda la Sección de Limpieza Urbana a la comunidad por tasa, le indico que en esa zona específica se brinda un servicio de barrida de vías púbicas con una frecuencia diaria de lunes a sábado".
Asimismo, por parte de 1a Contraloría de Servicios, con oficio SCS-86-2020, del 04 de setiembre del 2020, suscrito por la Licenciada Kattia León Lizano, se informó lo siguiente:
“Que a partir de del 25 de octubre del 2018, recurrente ha remitido constantes correos reiterando la solicitud de limpieza y de cambio de lugar de la recolección de las bolsas de basura, siendo así que, en cada uno de ellos, ese Despacho, de forma inmediata ha transferido al área competente (Depto. de Servicios Ambientales) dichas petitorias”.
Agrega que en múltiples ocasiones se ha reunido con el inspector a cargo de la zona pero la respuesta es la misma, ese es el lugar designado para el depósito de la basura de los comercios alrededor y no es competencia ni de él, ni de ese Despacho, la decisión de cambio de lugar de la recolección de la misma Indica que el 31 de octubre del 2018, el Jefe de la Sección de Servicios de Recolección indicó que la recolección en ese punto corresponde al horario de la noche no tienen por qué colocar basura durante el día. Menos que en el sector se realiza la recolección todos los días de lunes a sábado.
En esa misma fecha, se indicó al inspector Sebastián Chanto Solís, la revisión del caso y notificar a los dueños de los comercios.
Señala que en visita del Inspector antes mencionados, se le explicó al recurrente la disposición municipal de colocar los residuos en la zona indicada.
1. Se procedió a realizar, notificaciones preventivas a todos los comercios aledaños al Boulevard, donde se les informará sobre los horarios del servicio de recolección, que se brinda de Lunes a Sábado a partir de las seis de la tarde.
2. En cuanto al servicio de Limpieza Urbana (aceras y cordón de caño) de igual manera se brinda de lunes a sábado a partir de las seis de la mañana.
3. A los comerciantes se les indicara que una vez notificados, si el comercio incumpliera lo establecido en la notificación', se les clausurara su negocio un periodo de por 24 horas.
4. Se enviará este caso al Jefe de la Sección de Servicios de Recolección, el Lic. Luis Rivera Ugarte, para que procedan a realizar la valoración he inspección para cambiar el punto de recolección, y así buscar una solución pronta a esta problemática.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse, que a partir de la Sentencia N° 2008-2545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub-lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la posible falta de resolución de una denuncia en materia ambiental. Aclarado lo anterior, se conoce por el fondo sobre el presente proceso de amparo.
II.Objeto del recurso. El recurrente reclama que, en el centro de San José, en avenida 6, y el boulevard que atraviesa el I Circuito Judicial de San José, se presenta una práctica inadecuada por parte de los comercios cercanos, principalmente restaurantes, los cuales depositan la basura tradicional y residuos de comidas en la acera. Lo anterior, se ha convertido en un tiradero de basura no tradicional, (camas, colchones, latas, muebles, etc.), que ha provocado que los indigentes, al buscar cosas y restos de comida, dispersen la basura y el viento, junto con los animales esparcen los restos hasta llegar a la entrada de la sección policial del Organismo de Investigación Judicial donde labora. Esto ha causado la proliferación de insectos y de la presencia de varios animales que llegan a comer. Explica que, aparte de tratarse de un problema de salud pública, en especial el personal que allí labora ha debido lidiar con alergias en piel, los ojos, piquetes de insectos, malos olores y presencia de animales rastreros en la acera. Por lo anterior, ha presentado reiteradas denuncias ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad de San José; sin embargo, a la fecha el problema continúa.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
“1. Debe ejercer las respetivas acciones para mantener la zona en adecuadas condiciones de orden y limpieza evitando que; se convierta en fuente de infección, molestias para transeúntes o ciudadanos que laboren en los alrededores, foco de contaminación ambiental, o en criadero y/o albergue de fauna nociva.
2. Para lo anterior deberá presentar ante esta Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, un plan de acciones correctivas con su respectivo cronograma y acciones a realizar, con un plazo de implementación no mayor a 80 días hábiles, que subsane la problemática de olores y acumulación de residuos en el lugar indicado (Av. 6, calle 15 y 171 supra.” (ver informes y prueba adjunta).
“1. Se procederá a realizar, en el lapso de esta semana las notificaciones preventivas a todos los comercios aledaños al Boulevard, donde se les informará sobre los horarios del servicio de recolección, que se brindan de Lunes a Sábado a partir de las seis de la tarde.
2. En cuanto al servicio de Limpieza Urbana (aceras y cordón de caño] de igua1 manera se brinda de lunes a sábado a partir de las seis de la mañana.
3. A los comerciantes se les indicara que una vez notificados, si el comercio incumpliera lo establecido en la notificación, se les clausurara su negocio un periodo de por 24 horas.
4. Se enviará este caso al Jefe de la Sección de Servicios de Recolección, el Lic. Luis Rivera Ugarte, para que procedan a realizar la valoración he inspección para cambiar el punto de recolección, y así buscar una solución pronta a esta problemática.” (ver informes y prueba adjunta).
A partir de lo dispuesto en los artículos 21, 50 y 89 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber del Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es a tenor de dichos numerales, así como de la normativa infraconstitucional ambiental, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia. En este sentido, esta Sala, en la Sentencia N° 4830-2002 de las 16:00 horas del 21 de mayo de 2002, señaló lo siguiente: "(… ) Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial.
La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación (…)”.
V.Sobre el principio de coordinación interadministrativa. Uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. Esta puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva, esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas. La autonomía administrativa o de otro grado de cuya titularidad gozan los entes públicos los obliga a coordinar sus acciones, puesto que, no pueden estar sometidos recíprocamente a relaciones de jerarquía por su naturaleza interorgánica.
La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada; y se logra a través del establecimiento de niveles o canales fluidos y permanentes de información entre los entes públicos, todo lo cual se puede lograr a través de reuniones, informes o la creación de instancias formales de coordinación.
VI.Sobre la coordinación interinstitucional en materia ambiental. Específicamente, en materia de tutela ambiental, la Sentencia N° 2008-004790 subrayó el deber de coordinación entre las instituciones relacionadas con el tema y la imposibilidad de hacer caso omiso a las advertencias sobre el peligro de contaminación:
“(…) III.- La coordinación entre las dependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado – como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central – Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial.
Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala con anterioridad – y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo indicado en aquella ocasión (sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):
"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” Por otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente y de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional, por cuanto a consecuencia de la inercia de la Administración en esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos naturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas de las actuaciones de la Administración; como lo es la autorización de planes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de control y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas protegidas por parte de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas sin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o residuales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar los controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y Ministerio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159 de las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).” En otras palabras, interesan la cooperación técnica que puedan brindarse los distintos entes, los elementos técnicos que éstos puedan aportar y el respeto a las competencias de cada uno; a fin de garantizar sin lugar a duda que la incidencia de los proyectos que se evalúen no sea negativa, y así garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y el pleno derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tal como lo consagra la norma constitucional.
Así, el principio precautorio -que pretende evitar o suspender cualquier actividad que pueda incidir negativamente en dicha gestión- obliga a la Administración, en primer lugar, a emplazar a los afectados e interesados, y a las instituciones que puedan verse involucradas. Ello para que puedan hacer las alegaciones correspondientes y presentar los criterios técnicos correspondientes, y asegurar una efectiva participación de los órganos competentes en la materia en aras de proteger y preservar el ambiente y el recurso hídrico. Y obliga, en segundo lugar, a tomar en consideración las advertencias que haga una institución facultada por ley para proteger el recurso hídrico sobre el peligro de afectación.
Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal constata la lesión de los derechos fundamentales del recurrente. Del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas -que se tiene dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44, de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que, ante el Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, se registran las denuncias 390-18 y 312-19, interpuestas por el Sr. Gregorio Quesada Quesada mediante correo electrónico, en relación con un tiradero de basura en el centro de San José, en avenida 6, y el boulevard que atraviesa el I Circuito Judicial de San José. La denuncia 390-18, fue atendida por el funcionario Marco Tulio Alvarado Godoy, quien realizó inspección al sitio de la denuncia los días 13 diciembre del 2018 y 17 de enero del 2019.
En ambas ocasiones fue atendido por el denunciante Javier Quesada Quesada, según lo consignado en las actas de inspección N° RCS-ARS-SEM-MTA~507-18 y RCS-ARS-SEMMTA-23-19. Mediante informe RCS-ARS-SEM-MTA-24-2019 de1 día 23 de enero 2019, como parte de los hallazgos de inspección se indica: “Durante las inspecciones realizadas no se pudo constatar parte del motivo de la denuncia como presencia de cucarachas, malos olores, o bolsas rotas ni tampoco se pudo determinar cuáles locales depositan las bolsas con residuos”. En atención a la denuncia 312-19, recibida el 01 de noviembre 2019, el 14 de noviembre 2019, se envía correo electrónico al denunciante. en aras de obtener más de información sobre el caso. El 21 de noviembre del 2019, los funcionarios Marco Tulio Alvarado Godoy y Fabián Cambronero Steele, realizan visita de inspección al lugar objeto de la denuncia en la que se logra evidenciar que existe presencia de residuos sólidos acumulados en la vía pública a orillas de la acera peatonal.
Aunado a lo anterior, en el momento de la inspección, se encuentra un funcionario Municipal, el señor Alberto Troyo del departamento de "Área de Parques", el cual indica que el problema son los restaurantes y los indigentes que colocan la basura de manera desordenada y a veces realizan vandalismo. Sin embargo, según lo que indicó el señor Troyo él se encuentra todo el día acomodando la basura y limpiando ambos bulevares de la calle 15, para cuando pase el camión de la "basura", que según la información brindada por dicho funcionario y confirmada por el denunciante en previas conversaciones, el camión recolector de residuos transita dos veces al día por el lugar recogiendo las bolsas con residuos. El boulevard es propiedad de la Municipalidad de San José, y por ende, corresponde a ésta su mantenimiento, mejoras y cambios pertinentes. Como consecuencia de las referidas inspecciones, el Área Rectora de Salud recurrida, giró la orden sanitaria MS-RCS-ARS-SEM-FCS-593-2019, al señor Johnny Araya Monge, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de San José, misma que fue notificada el 05 de diciembre del 2019, con un plazo de vencimiento para la entrega del plan de acciones correctivas de treinta días hábiles y un plazo de implementación no mayor a ocho días hábiles. La orden sanitaria indica lo siguiente:
“1. Debe ejercer las respetivas acciones para mantener la zona en adecuadas condiciones de orden y limpieza evitando que; se convierta en fuente de infección, molestias para transeúntes o ciudadanos que laboren en los alrededores, foco de contaminación ambiental, o en criadero y/o albergue de fauna nociva.
2. Para lo anterior deberá presentar ante esta Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, un plan de acciones correctivas con su respectivo cronograma y acciones a realizar, con un plazo de implementación no mayor a 80 días hábiles, que subsane la problemática de olores y acumulación de residuos en el lugar indicado (Av. 6, calle 15 y 171 supra.” En el informe MS-RCS-ARS-SEM-FCS-IT-589~2019, el Ministerio de Salud, a modo de recomendación, insta a la Municipalidad de San José, a generar un programa con contenedores de un material adecuado para la acumulación temporal de residuos en sitios estratégicos de la vía pública, lo anterior con el fin de facilitar la recolección en un mismo sitio, el lavado, mitigue la corrosión y la oxidación del contenedor, y preferiblemente fabricado con un material como el plástico PET Polietileno Tereftalato u otro que sea reciclable en nuestro país; sin embargo, la forma de abordar el problema queda a discreción y escogencia del Gobierno Local.
Lo anterior, en aras de abordar de una mejor manera el cumplimiento del artículo 7, del Decreto Ejecutivo N°36093-S, del 15 de julio del 2010, Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios. El 11 de febrero del 2020, el señor Johnny Araya Monge, en su condición de alcalde municipal de San José, en respuesta a la orden sanitaria MS-RCS-ARS-SEM-FCS-593-2019, presentó al Área Rectora de Salud las acciones realizadas por el ayuntamiento, en los que informa los plazos de recolección y como la Municipalidad hace énfasis en la recolección y una llamada de atención a los negocios aledaños, así como las gestiones realizadas a lo interno del municipio para atender el problema de los residuos sólidos que nos ocupa. Mediante oficio N° MS-RCS-ARS-SEM-FCS-070-2020, del 27 de febrero del 2020, suscrito por el Gestor Ambiental de la Unidad de Regulación y la Directora del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, se da acuse de recibido al Ing. Johnny Araya Monge, y se le indica sobre el seguimiento del caso y una solución concreta a la problemática planteada, de acuerdo a la Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y los artículos 7 incisos e), i) y m) ,15, 24 y 27 del Reglamento Sobre Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios N° 36093-S.
El 04 de septiembre del 2020, conforme Acta de Inspección MS-RCS-ARSSEM-FCS-651-20, se procede a realizar la valoración de los puntos señalados en la Orden Sanitaria No MS-RCS-ARS-SEM~FCS-5932019, en la que se determina la presencia de residuos, en el punto denunciado. Como consecuencia del seguimiento a la orden sanitaria MS-RCS-ARS-SEM-FCS-593-2019, se determina que el señor Johnny Araya, en calidad de Alcalde de la Municipalidad de San José, no ha aportado acciones concretas para solventar el problema denunciado; no obstante, se señala que los residuos no permanecen en el sitio más de un día, en razón de que los mismos son recolectados diariamente por la Municipalidad.
VIII.Por su parte, los representantes de la Municipalidad de San José, reconocen que a partir de del 25 de octubre del 2018, el recurrente ha remitido constantes correos electrónicos a la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de San José, reiterando la solicitud de limpieza y de cambio de lugar de la recolección de las bolsas de basura, gestiones que fueron remitidas al Departamento de Servicios Ambientales. Asimismo, indican que en atención a la acumulación de residuos por parte de los comercios ubicados en el bulevar antes mencionado, la Jefa del Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José, indicó lo siguiente:
“1. Se procederá a realizar, en el lapso de esta semana las notificaciones preventivas a todos los comercios aledaños al Boulevard, donde se les informará sobre los horarios del servicio de recolección, que se brindan de Lunes a Sábado a partir de las seis de la tarde.
2. En cuanto al servicio de Limpieza Urbana (aceras y cordón de caño] de igua1 manera se brinda de lunes a sábado a partir de las seis de la mañana.
3. A los comerciantes se les indicara que una vez notificados, si el comercio incumpliera lo establecido en la notificación, se les clausurara su negocio un periodo de por 24 horas.
4. Se enviará este caso al Jefe de la Sección de Servicios de Recolección, el Lic. Luis Rivera Ugarte, para que procedan a realizar la valoración he inspección para cambiar el punto de recolección, y así buscar una solución pronta a esta problemática.” De lo expuesto, la Sala estima que aun cuando el Ministerio de Salud ha dado atención a las denuncias planteadas por el recurrente, habiéndose incluso girado una orden sanitaria contra el Alcalde Municipal recurrido, es evidente que lo realizado ha sido insuficiente, y existe un déficit en la tutela de los derechos fundamentales del recurrente, que además es un problema de salud pública, porque afecta a los transeúntes de la zona, al haberse omitido adoptar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a las disposiciones tomadas en la orden sanitaria de anterior cita, con motivo de los hechos denunciados desde el año 2018. Las autoridades recurridas no han adoptado medidas precisas para dar solución a los problemas ambientales que se están presentado.
Si bien es cierto, se señala que los residuos no permanecen en el sitio más de un día, en razón de que son recolectados diariamente por la Municipalidad recurrida, el informe técnico del Ministerio de Salud indica que la Municipalidad de San José, no ha aportado acciones concretas para solventar el problema denunciado, lo cual es reconocido por los representantes de dicha corporación municipal, al indicar que es el lugar designado para el depósito de la basura de los comercios aledaños, y que no existe un acuerdo interino para tomar la decisión de cambio de lugar de la recolección. Asimismo, se aprecia que, desde el 31 de octubre del 2018, el Jefe de la Sección de Servicios de Recolección de ese gobierno local, indicó que la recolección en ese punto corresponde al horario de la noche, todos los días de lunes a sábado, y los comercios no deben colocar basura durante el día. Los funcionarios municipales tampoco logran acreditar acciones concretas en cuanto a la recomendación emitida por el Ministerio de Salud, en el informe MS-RCS-ARS-SEM-FCS-IT-589~2019, en el que se insta a la Municipalidad de San José, a generar un programa con contenedores de un material adecuado para la acumulación temporal de residuos en sitios estratégicos de la vía pública, con el fin de facilitar la recolección en un mismo sitio, el lavado, mitigue la corrosión y la oxidación del contenedor.
En razón de lo anterior, a criterio de la Sala, lleva razón el recurrente al manifestar que, a pesar de reiteradas gestiones, el problema persiste; omisión que está afectando el ambiente en la zona denunciada. Debe tenerse presente que, la labor rectora del Ministerio de Salud implica la inspección del sitio denunciado, el dictado de órdenes sanitarias -de considerarse pertinentes-, la notificación al infractor y la obligación de verificar que las disposiciones ordenadas se cumplan a cabalidad, disponiendo para ello de los mecanismos que el ordenamiento le confiere, lo que se echa de menos en el presente asunto, pues se reconoce que las autoridades municipales no han aportado acciones concretas para solventar el problema denunciado. La Ley General de Salud, dispone en el artículo 314, que le corresponde al Ministerio de Salud ordenar y tomar las medidas especiales que habilita la ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares.
En consecuencia, se tiene por acreditada la violación al derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contenido en el artículo 50, de la Constitución Política. Asimismo, de los elementos probatorios, no es posible encontrar justificación válida para tal inacción por parte del ente municipal. Lo anterior por cuanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 169, de la Constitución Política, a las municipalidades les corresponde la “ administración de los intereses y servicios locales en cada cantón” , de manera que para este Tribunal resulta inaceptable que tengan conocimiento de los hechos denunciados por el recurrente, que además constituye un problema de salud pública que afecta esa zona, sin que hayan coadyuvado con el Ministerio de Salud para buscar una solución definitiva a dicho problema. Precisamente, dicha situación vulnera los derechos fundamentales del promovente y los habitantes de ese sector, en detrimento de los derechos a la salud y a un ambiente libre de contaminación. Por lo expuesto, el amparo también resulta procedente en cuanto a la Municipalidad de San José.
En el caso de recursos por cuestiones ambientales sostengo como línea general que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Pero también he advertido que mi planteamiento no impide reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro tales casos de excepción pues se hace referencia a la existencia de una amenaza a la integridad y salud de las personas que habitan en la zona de avenida 6, y el boulevard que atraviesa el I Circuito Judicial de San José, de modo que en esta situación concuerdo con la mayoría en que este Tribunal debe conocer y decidir sobre el fondo de este caso, tal y como se ha hecho.
En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente acusa que la Municipalidad de San José ha permitido una práctica inadecuada por parte de los comercios cercanos al bulevar que atraviesa el I Circuito Judicial de San José, principalmente restaurantes, los cuales depositan la basura tradicional y residuos de comidas en la acera. Lo anterior, se ha convertido en un tiradero de basura no tradicional, (camas, colchones, latas, muebles, etc.), que ha provocado que los indigentes, al buscar cosas y restos de comida, dispersen la basura y el viento, junto con los animales esparcen los restos hasta llegar a la entrada de la sección policial del Organismo de Investigación Judicial donde labora, con violación del derecho a la vida, a la integridad física, a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Johnny Francisco Araya Monge, en su condición de Alcalde Municipal, a Emperatriz Ordeñana Ayerdis, en su condición de Jefa del Departamento de Servicios Ambientales; ambos de la Municipalidad de San José, y a Carolina Guillén Meléndez, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, o a quienes ocupen dichos cargos, que giren las órdenes necesarias, y tomen las medidas de coordinación pertinentes que estén dentro del ámbito de sus respectivas competencias, para que en el PLAZO DE DOS MESES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se brinde una solución definitiva al problema de contaminación por desechos sólidos en el centro de San José, en avenida 6, y el boulevard que atraviesa el I Circuito Judicial de San José. Lo anterior se dicta bajo la advertencia que de no acatar la orden dicha, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena al Estado y a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios, causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en el proceso de ejecución de sentencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.- Paul Rueda L.
Presidente a.i Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo *EOLQH0DHD6461*
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