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Res. 18216-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 25/09/2020

Failure to comply with procedural duties in the Los Pinos Landfill caseIncumplimiento de deberes procesales en el caso del Relleno Sanitario Los Pinos

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber grants the non-compliance claim and reiterates to the respondent authorities the immediate compliance with the duties to periodically report and issue the final resolution of the proceeding, under warning of administrative or criminal consequences.La Sala acoge la gestión de inejecución y reitera a las autoridades recurridas el cumplimiento inmediato de los deberes de informar periódicamente y emitir la resolución final del procedimiento, bajo apercibimiento de consecuencias administrativas o penales.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber resolves a non-compliance claim filed by the petitioner, who alleges disobedience to the orders issued in judgment No. 2020-002374 regarding the Los Pinos Landfill. The judgment had ordered the Ministry of Health, the Municipality of Cartago, and SETENA to report monthly on actions taken to address the reported environmental issues, and the Administrative Environmental Tribunal to issue the final resolution of the proceedings within two months. The Chamber finds that the respondent authorities have failed to submit reports with the required frequency, and that the Administrative Environmental Tribunal has not issued the final resolution, thus breaching the order. However, it acknowledges the efforts made by the institutions to address the complex landfill situation, including joint inspections and a pending conciliation agreement. The Chamber grants the petitioner's claim and reiterates the immediate compliance with the original order, warning of possible administrative or criminal consequences if non-compliance persists.La Sala Constitucional resuelve una gestión de inejecución presentada por el recurrente, quien alega desobediencia a lo ordenado en la sentencia No. 2020-002374 respecto al Relleno Sanitario Los Pinos. En dicha sentencia se había ordenado al Ministerio de Salud, la Municipalidad de Cartago y la SETENA informar mensualmente sobre las actuaciones realizadas para solventar la problemática ambiental denunciada, y al Tribunal Ambiental Administrativo emitir la resolución final del procedimiento en el plazo de dos meses. La Sala constata que las autoridades recurridas han omitido presentar los informes con la periodicidad requerida, y que el Tribunal Ambiental Administrativo no ha emitido la resolución final, incumpliendo así lo dispuesto. No obstante, se reconocen los esfuerzos realizados por las instituciones para atender la compleja situación del relleno sanitario, incluyendo inspecciones conjuntas y un acuerdo conciliatorio en trámite. La Sala acoge la gestión del recurrente y reitera a las autoridades el cumplimiento inmediato de lo ordenado, bajo la advertencia de posibles consecuencias administrativas o penales en caso de persistir el incumplimiento.

Key excerptExtracto clave

This Chamber confirms from the reports rendered by the Minister of Health, the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Cartago, and the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, the enormous and laborious efforts to solve the problem with the Los Pinos Landfill, which are not a minor matter and, therefore, deserve to be highlighted. However, it is observed that they have omitted to render reports on those works with the frequency required in the issued vote. An omission that cannot be overlooked, since the lack of information about the actions taken leads the petitioner and any other citizen to an erroneous perception of the reality in addressing such a highly complex problem. The Administrative Environmental Tribunal finds itself in a similar situation, since it has not reported on the progress of the proceeding, as ordered. In this context, the claim filed by the petitioner is considered appropriate, and therefore, the filed motion is granted. It is reiterated to Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, to Mario Redondo Poveda and Marco Antonio Arias Samudio, respectively, in their capacity as Mayor and President of the Council, both of the Municipality of Cartago, to Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, and to Marice Navarro Montoya, in her capacity as President of the Administrative Environmental Tribunal, the immediate compliance with the provisions of vote No. 2020-002374, of 09:30 hours on February 07, 2020, regarding the periodic reports by the first three authorities and the issuance of the final resolution of the administrative proceeding by the latter, or if applicable, the justification for not resolving in that sense, under the warning that an administrative proceeding will be initiated against them or evidence will be sent to the Public Prosecutor's Office if they fail to do so.Esta Sala constata de los informes rendidos por el Ministro de Salud, el Alcalde y el Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Cartago y la Secretaria General de la SETENA, los ingentes y laboriosos esfuerzos para solucionar la problemática con el relleno sanitario Los Pinos, que no constituyen peccata minuta y que, por ello, es de destacar. Sin embargo, se aprecia que han omitido rendir informes de esos trabajos con la periodicidad requerida en el voto dictado. Omisión que no es posible soslayar, pues el desconocimiento de la información sobre las actuaciones realizadas, hace incurrir al recurrente y a cualquier otro administrado, en una consideración errada de la realidad en la atención de tal problemática que es sumamente compleja. En similar situación se encuentra el Tribunal Ambiental Administrativa, pues tampoco ha informado lo acontecido en el proceso, conforme se le ordenó. En ese contexto, se estima procedente el reclamo presentado por el recurrente, por lo que procede acoger la gestión planteada. Se le reitera a Daniel Salas Peraza, en su condición de ministro de Salud, a Mario Redondo Poveda y a Marco Antonio Arias Samudio, respectivamente, en su condición de Alcalde y de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Cartago,  a Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de secretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y a Marice Navarro Montoya, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en el voto No. 2020-002374, de las 09:30 horas del 07 de febrero de 2020, en cuanto a los informes periódicos respecto a las primeras tres autoridades y el dictado de la resolución final del procedimiento administrativo respecto a la última, o en caso de que así fuere, la justificación de por qué no se resuelve en ese sentido, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra o de testimoniarse piezas ante el Ministerio Público, si no lo hicieren.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Sin embargo, se aprecia que han omitido rendir informes de esos trabajos con la periodicidad requerida en el voto dictado. Omisión que no es posible soslayar, pues el desconocimiento de la información sobre las actuaciones realizadas, hace incurrir al recurrente y a cualquier otro administrado, en una consideración errada de la realidad en la atención de tal problemática que es sumamente compleja."

    "However, it is observed that they have omitted to render reports on those works with the frequency required in the issued vote. An omission that cannot be overlooked, since the lack of information about the actions taken leads the petitioner and any other citizen to an erroneous perception of the reality in addressing such a highly complex problem."

    Considerando II

  • "Sin embargo, se aprecia que han omitido rendir informes de esos trabajos con la periodicidad requerida en el voto dictado. Omisión que no es posible soslayar, pues el desconocimiento de la información sobre las actuaciones realizadas, hace incurrir al recurrente y a cualquier otro administrado, en una consideración errada de la realidad en la atención de tal problemática que es sumamente compleja."

    Considerando II

  • "En ese contexto, se estima procedente el reclamo presentado por el recurrente, por lo que procede acoger la gestión planteada."

    "In this context, the claim filed by the petitioner is considered appropriate, and therefore, the filed motion is granted."

    Considerando II

  • "En ese contexto, se estima procedente el reclamo presentado por el recurrente, por lo que procede acoger la gestión planteada."

    Considerando II

  • "Se le reitera a [...] el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en el voto No. 2020-002374 [...] bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra o de testimoniarse piezas ante el Ministerio Público, si no lo hicieren."

    "It is reiterated to [...] the immediate compliance with the provisions of vote No. 2020-002374 [...] under the warning that an administrative proceeding will be initiated against them or evidence will be sent to the Public Prosecutor's Office if they fail to do so."

    Por tanto

  • "Se le reitera a [...] el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en el voto No. 2020-002374 [...] bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra o de testimoniarse piezas ante el Ministerio Público, si no lo hicieren."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Constitutional Chamber Date of Resolution: September 25, 2020 at 09:15 Case File: 19-005199-0007-CO Type of matter: Amparo remedy Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Rulings from the same case file Ruling with protected data, in accordance with current regulations *190051990007CO* Res. No. 2020018216 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-fifth of September, two thousand twenty.

Non-compliance proceeding filed by the petitioner [Name 001], of legal age, married, identity card No. [Value 001], in the amparo remedy that he filed and to which was added the amparo remedy filed by [Name 002], older adult, divorced, identity card No. [Value 002], against the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Cartago, the General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, the Minister of Health, the Regional Director of the Central East Health Rectorate of the Ministry of Health, and the President of the Administrative Environmental Tribunal.

Whereas:

1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 10:50 hours on August 27, 2020, the petitioner [Name 001] alleges disobedience to what was ordered by this Chamber in resolution No. 2020-002374, of 09:30 hours on February 7, 2020. He claims that the Constitutional Chamber ordered the Minister of Health, Dr. Daniel Salas Peraza, the Municipal Mayor of Cartago and the President of the Municipality of Cartago, Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as General Secretary of SETENA, or whoever holds those positions in their stead, to jointly and coordinately issue, within a one-month period, the sanitary orders and other corresponding acts, in order to resolve the problem denounced by the petitioners, as well as to ensure their effective compliance, and to report to this Chamber every month on the actions taken as long as the case of the Los Pinos Sanitary Landfill is not definitively resolved. That the cited resolution issued by this Constitutional Chamber was on February 7, 2020, and as can be observed in what was ordered by this high Court, the authorities of MINSA, the Municipality of Cartago, and SETENA had the duty to inform this Constitutional Chamber every month on the actions taken, "AS LONG AS THE CASE OF THE LOS PINOS SANITARY LANDFILL IS NOT DEFINITIVELY RESOLVED," and the only report they submitted was as of June 8, 2020, so they are disobeying what was ordered by the Constitutional Chamber. Likewise, Marice Navarro Montoya, in her capacity as President of the Administrative Environmental Tribunal or whoever holds that position in her stead, was ordered to issue, within a period of two months, counted from the notification of this ruling, the final resolution of the administrative procedure and to forward that pronouncement to the Chamber. As is already known, the resolution was given on February 7, 2020, and as of today, more than six months have passed since the communication of the resolution to the President of the Administrative Environmental Tribunal, and she has disobeyed the mandate of the Constitutional Chamber, since, as can be observed within the case file located in this Constitutional Court, the President of the Administrative Environmental Tribunal did not submit the final resolution of the administrative procedure she is handling regarding the Los Pinos sanitary landfill. As this Court can observe, the respondents have disobeyed the orders issued in resolution No. 2020-002374, dated February 7, 2020, creating pollution and chaos at the site and its surroundings, as to date no solution has been presented for what the residents have constantly denounced. In recent months, the entry of more trucks with garbage in poor condition has increased, as they pass by spilling garbage leachate in front of houses, and no authority is observed to eliminate this great environmental contamination that these liquids generate. He requests that this Constitutional Chamber order the President of the Administrative Environmental Tribunal to deliver the final resolution of the administrative procedure she is handling regarding the Los Pinos sanitary landfill. Without this report, the residents are in a state of total helplessness, since the Ministry of Health has allowed the new authorities of the Municipality of Cartago to deposit more garbage than that denounced in the present remedy. It was reported that this landfill had collapsed, as its useful life has ended, and to continue dumping garbage on land adjacent to the old landfill, they have violated the sanitary landfill regulations themselves, as all authorities have been negligent in allowing a private company to continue bringing garbage without having space for it. It is for the above reasons that it is requested that this high Court order the Ministry of Health of Cartago, the Mayor of Cartago, and the President of the Municipality of Cartago, as well as SETENA, to submit the reports ordered by the Constitutional Chamber, which should have been made month by month "AS LONG AS THE CASE OF THE LOS PINOS SANITARY LANDFILL IS NOT DEFINITIVELY RESOLVED." Likewise, order Marice Navarro Montoya, in her capacity as President of the Administrative Environmental Tribunal or whoever holds that position in her stead, to submit to the Constitutional Chamber the final resolution of the administrative procedure being carried out regarding the Los Pinos sanitary landfill and to forward said pronouncement to this Chamber; they were given two months and six months have passed, and she did not submit it.

2.- By resolution of 07:10 hours on August 28, 2020, the Instructing Magistrate ordered service of this proceeding to Daniel Salas Peraza, Rolando Rodríguez Brenes, Teresita Cubero Maroto, Cynthia Barzuna Gutiérrez, and Marice Navarro Montoya, or whoever holds the positions of Minister of Health, Mayor of Cartago, President of the Council of the Municipality of Cartago, General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, and President of the Administrative Environmental Tribunal, so that they may refer to and provide the corresponding evidence regarding the acts and omissions attributed to them.

3.- Mario Redondo Poveda and Marco Antonio Arias Samudio report under oath, respectively, in their capacity as Mayor and President of the Council, both of the Municipality of Cartago (document submitted at 12:05 hours on September 2, 2020), that they emphatically reject that they are disobeying the indicated constitutional order. Quite the opposite, as a result of the coordinated work carried out with SETENA and the Ministry of Health, a request for homologation of a conciliation agreement has been filed before the Environmental Tribunal, reached with the co-defendants WPP Continental de Costa Rica S. A. and WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A., within the case file referred to in the constitutional ruling, by which said ruling can be better addressed because it also includes a case file processed for this purpose before SETENA. Precisely, the agreement states in relevant part: “…PROCEDURES IN ADMINISTRATIVE VENUE. a. Case File No. FEAP-00037-2002-SETENA, which is the case file in which environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the Los Pinos Sanitary Landfill and within which resolution No. 2712-2019-SETENA was issued, ordering the execution of a series of works both on privately owned land and on the property belonging to this municipality. Regarding this procedure, the Company will assume responsibility for all the works to be executed, including those that would be carried out on the municipal land, so that the City Council does not have to fund any work. For its part, the Municipality will provide the construction permits required for all those works. b. Case File No. 132-18-03.TAA, which is a complaint filed by the Municipality of Cartago before the Administrative Environmental Tribunal and within which resolution 1134-19-TAA was issued, imposing precautionary measures under the responsibility of this Municipality. Regarding this procedure, as noted for the SETENA case, the Company will assume responsibility for all the works to be executed, including those that would be carried out on municipal land, so that the City Council does not have to fund any work. For its part, the Municipality will provide the construction permits required for all its works. c. In general, the Company will assume effective compliance with all its legal obligations imposed by environmental and health legislation in relation to the Sanitary Landfill, including those relating to its closure and post-closure obligations as determined by SETENA and the Ministry of Health in the resolutions indicated above, and in any other that may have been issued or may be issued regarding the Sanitary Landfill (...). i. The withdrawal of the complaints filed by the Municipality before the Administrative Environmental Tribunal and SETENA. ii. Inform in writing the rest of the Municipalities of the Province that the Municipality has reached an agreement with the company on the same terms. iii. Collaboration by the Municipality with the construction permits and any other authorization that the company requires to execute the works under its responsibility, on the understanding that, for the issuance of these permits and any authorization, the Municipality will respect Law No. 8220, without demanding any other requirement beyond those duly published for the procedure in question, and will also issue them within the deadlines established by the regulations for that purpose. MATTERS COMMON TO BOTH PARTIES: The parties undertake to forward this agreement to the Environmental Tribunal and to the Contentious-Administrative Court within the cited cases, in order to obtain its homologation for the purposes of those proceedings and thus, to consider them concluded, with the clarification that this does not include the request for authorization of direct contracting, which is independent of those proceedings…”. Likewise, and along the same lines, an identical proceeding was filed before the Contentious-Administrative Court, within judicial process No. 18-008412-1027-CA. Reference to that process is required for the purposes of this proceeding, given that within that process the Municipality appears as the defendant, and the intention is that the judge declare: “…1. That the Municipality of Cartago is obligated to allow the Los Pinos Sanitary Landfill to reach its total volumetric capacity, allowing the reception of waste in the portion of said landfill located on its property. 2. That the obligation referred to in the preceding point includes the reception of waste from any third party, whether public or private. 3. That the Municipality of Cartago must refrain from disturbing or obstructing the operation of the Los Pinos Sanitary Landfill, and 4. That the Municipality of Cartago must pay both sets of costs of this judicial action. The subsidiary claim, in the event that the main claim loses current interest because the capacity of the portion of the sanitary landfill located on private property is exhausted before the judgment is issued, or in the hypothetical case that the main claim is rejected for any other reason, is to request a declaration: 1. That the Municipality of Cartago must compensate the plaintiffs by the equivalent of the billing that ceases to be issued, the calculation of which must be made by multiplying the average price per ton currently charged to the different subjects that currently deposit their waste in the Sanitary Landfill by the total tonnage of remaining capacity in the portion of the landfill located on municipal land that ceases to be exploited. 2. That the Municipality of Cartago must additionally compensate the plaintiffs by paying them the total of any patrimonial action that may be imposed, as well as the equivalent of the performance guarantees that may eventually be executed by the other public administrations with which contractual commitments are currently maintained. 3. That the Municipality of Cartago must assume the totality of the costs that must be incurred to adjust the estimates and calculations aimed at executing the technical closure, in the event that said closure has to be carried out without completing the reception capacity for solid waste in the portion of the sanitary landfill located on its property. 4. That the Municipality of Cartago must also assume the totality of the operation and maintenance costs of the landfill until reaching its technical closure in the event that no more solid waste can be received in the portion of the sanitary landfill located on its property. 5. That the Municipality of Cartago must assume the environmental responsibility for the project before both SETENA and the Ministry of Health in the event that no more solid waste can be received in the portion of the sanitary landfill located on its property. 6. That the Municipality of Cartago must pay interest on any sum awarded in the judgment, which will be calculated at the legal rate, will begin on the day the resolution ordering it becomes final, and will end on the day of its effective cancellation. 7. That any sum considered in the judgment must be indexed, in accordance with the terms of Article 123 of the Contentious-Administrative Procedural Code and That the Municipality of Cartago must pay both sets of costs of this judicial action...”. Precisely, the conciliation implies: “…I. PROCEEDINGS IN JUDICIAL VENUE: Case File No. [Value 003] (a hearing for oral and public trial is scheduled to be held on November 9, 2020.) Regarding this process, the Company undertakes to: a) Withdraw the lawsuit. b) Waive the collection of damages and losses. c) Waive the collection of interest. d) Waive the collection of indexation. e) Waive the rest of the patrimonial claims asserted in the trial. f) Waive the collection of both sets of costs of the process. For its part, the Municipality undertakes to accept the withdrawal, also waiving the collection of both sets of costs…”. Likewise, the Comptroller General of the Republic was requested – always by virtue of my conciliation – to authorize direct contracting with WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. for the service of treatment and disposal of solid waste from the canton for the entire remaining useful life of the Los Pinos Landfill, under the terms of section 2 bis, subsection c) of the Administrative Contracting Law, 146 and 147 of its regulations: 3.- COMMITMENTS OF THE MUNICIPALITY. 1. The Municipality undertakes to immediately submit, upon approval of this agreement, a request to the Comptroller General of the Republic to be authorized to contract directly with the Company for the service of treatment and disposal of solid waste from the canton for the entire remaining useful life of the Landfill, under the terms of section 2 bis, subsection c) of the Administrative Contracting Law, 146 and 147 of its regulations: "Article 2 bis. Authorizations. Exclude from the competitive bidding procedures established in this Law the following cases authorized by the Comptroller General of the Republic: ...c) Other activities or specific cases in which sufficient reasons are demonstrated to consider that it is the only way to achieve proper satisfaction of the general interest or to avoid damages or injuries to public interests. The request submitted by the administration must contain a detailed justification of the circumstances that motivate the application of the exceptions established in this article, as well as the detail of the method foreseen to select the contractor. The Comptroller General will resolve the request within a period of ten business days and may establish substitute procedures for the ordinary ones. Likewise, it will specify the appellate avenue applicable in these cases, as well as the deadlines applicable to the respective procedure. The authorizations contemplated in this article do not exonerate the requesting administration from the results of the contract, nor from the erroneous qualification of the circumstances that, eventually, could serve as justification for the request for exemption from ordinary contracting procedures." "Article 146.- Contracting authorized by the Comptroller General of the Republic. The Comptroller General of the Republic may authorize, by reasoned resolution, direct contracting or the use of substitute procedures for the ordinary ones in other cases not provided for in the preceding provisions, when there are sufficient reasons to consider it the best way to achieve proper satisfaction of the general interest, or to avoid damages or injuries to public interests. Included within the scope of this article are the cases indicated in subsections a) and b) of article 2 bis of the Administrative Contracting Law. Likewise, in cases where the nature or license of the object so recommends, the Comptroller Body may authorize pre-qualification systems alternative to ordinary procedures. To this end, the Administration must indicate in its request, at least, the reasons for considering that the proposal is the best way to satisfy the general interest, the reasonable term of validity of the system, the method of selection of contractors, the appellate regime applicable, the forms of payment, and any other pertinent matter. Extension of the use of these systems will be possible, provided that the permanence of the reasons that justified their original authorization is demonstrated before the Comptroller General of the Republic. The Comptroller General of the Republic will resolve the request within a period of ten business days and may establish conditions aimed at better satisfaction of the public interest and proper management of the authorized contracting. Likewise, it will specify the appellate avenue applicable in these cases, as well as the deadlines applicable to the respective procedure. The non-resolution of the request within the indicated period may not be considered as tacit approval (silencio positivo)." "Article 147. Requirements of the request. Any request to contract directly or to promote a direct contracting procedure directed to the Comptroller General of the Republic must be signed by the Head of the Entity or Body or by the competent official. The request must contain a detailed justification of the circumstances for which the use of a bidding procedure is not appropriate or convenient for the satisfaction of the general interest, the estimated amount of the transaction, the specification of the budget line item that covers the expenditure, the schedule and person responsible for further activities until completion of execution, as well as the method foreseen to select the contractor. When requesting authorization for the direct contracting of works, the entity shall indicate a comparative schedule stating the deadlines in the case of carrying out the work through the corresponding ordinary procedure and those for the requested direct contracting, the status of the work design, the qualified personnel available for supervision of the contractor, and the degree of compliance with special authorizations required by the regulations, in order to assess the pertinence of the authorization. Likewise, it shall indicate the method it plans to use to choose the contractor. In the event that the request originates from a clear planning failure leading to a shortage of goods or a delay in the availability of the required service that compromises the continuity of the public service, the request must expressly indicate the corrective and disciplinary measures that have been adopted or are intended to be adopted. Additionally, for the request covered by the assumption of article 2 bis, subsection b) of the Administrative Contracting Law, the Administration must provide the corresponding studies demonstrating the need for a direct contracting, as well as the definition of the maximum planned period of dependence on that provider, prior to carrying out a new bidding process. On this point, any price analysis carried out in comparison with other options must be done based on documented consultation with other providers and be on file." Once the authorization is obtained, it undertakes to process the corresponding contracting procedure expeditiously. Related to these commitments, it is understood: that the determination of the useful life will be determined in accordance with what the Ministry of Health establishes for this purpose; that in turn, the Company may receive waste from any public or private clients on the property of the Municipality of Cartago and enter into its own contracts with those other public and private clients as of this date, independently of the direct contract whose authorization will be requested for the waste of the Canton, and must give priority at all times to the Municipality so that it can adequately utilize the remaining useful life of the Landfill; that for the foregoing purposes, the tolerated non-conforming land use (uso de suelo no conforme tolerado) of the company's property that is part of the Landfill will be respected, in accordance with the resolution of the Municipal Mayor's Office issued at eight hours and forty minutes on January thirteenth, two thousand twenty, which ordered: "...Therefore, based on all the foregoing, it is appropriate to grant the subsidiary appeal filed by Franklin Obregón Zamora and Marcela Medrano Meza, representing WPF Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A., against the certificate of land use for sanitary landfill, property of this District No. 259350-000 issued by the Office of Urban Planning (OPU), annul said certificate and, in its place, certify as tolerated non-conforming land use the sanitary landfill activity, property of this District No. 259350-000, with the limitations that article 55.3 b. l of the PR imposes for that figure....”; that the construction licenses processed by the Company will be granted as long as they meet all the respective required conditions; that the Company will fulfill all the obligations arising from that contracting, and the previously acquired closure and post-closure obligations…”. These proceedings are motivated, precisely, and as has been stated, by the results of that coordination process, motivated, as stated, by the position of the Ministry of Health, as recorded in Minute No. 293-2020, article IV, of the session of January 28, 2020: LOS PINOS SANITARY LANDFILL. "As of April 30, 2019, the two properties, both the Municipality of Cartago and WPP, have a volumetric capacity of 730,462.3 m3, to receive waste for a period of 7.68 years, for an average input of 300 tons/day." "As of April 30, 2019, the WPP property has an estimated remaining volumetric capacity of 30,866.21 m3 and a useful life of 7.98 months." It is recorded in an unnumbered official document delivered on May 16, 2019, at 12:39 m.d., signed by Eng. Franklin Obregón (Resident Engineer), Eng. Luis García (Director of Projects WPF), and Ms. Ileana González, Legal Representative of WPP. CONCLUSIONS. There is a sanitary emergency at the provincial level regarding the disposal of ordinary solid waste; both the El Huazo Sanitary Landfill and the WPP land in the Los Pinos Sanitary Landfill are technically at the end of their useful life. There is, however, land owned by the Municipality of Cartago, which is part of the Los Pinos Sanitary Landfill project, has environmental viability, infrastructure, a useful life between 6 and 7 years, and a qualified operator; however, it does not have the endorsement of the owner to be used for the most environmentally, socially, and sanitarily optimal purpose. Renegotiating the contract for said property would immediately solve the current problem for all local governments of the province and provide the necessary time for the opening of new, longer-term projects. The entire Landfill has environmental viability in accordance with resolution No. 1134-19-TAA, of 09:57 hours on July 8, 2019, No. 482-2003-SETENA, contained in Case File No. FEAP-037-2002-SETENA, "Technical Closure of the Navarro Dump and construction of the Los Pinos Sanitary Landfill." Likewise, SETENA has indicated through its legal advisory: "...Before SETENA, the developer of the project in question is WPP Continental de Costa Rica S. A., so it should be preliminarily stated that this company is the one that is entitled to submit the request for modification of the project, since it is the one that acquired the rights and duties over the assessed project area and is the one committed to fulfilling the environmental commitments, and not a third party, even if it is the registered owner of the property, because for this purpose, from the beginning, SETENA requests authorization from that owner for the developer to have the property and undertake a project (...) Furthermore, the possibility of using that property for a landfill of the Municipality depends on a contractual matter between the Municipality and WPP over which SETENA has no influence...". Also, the Landfill has the necessary infrastructure to function in its entirety, not to mention that the Law for Integral Waste Management, No. 8839, establishes: "Article 8.- Functions of the municipalities. The municipalities shall be responsible for the integrated management (gestión integral) of waste generated in their canton; for this purpose they must: (…) d) Ensure that the selective, accessible, periodic, and efficient waste collection service is provided in their territory for all inhabitants, as well as material recovery centers, with special emphasis on small and medium-scale ones for subsequent valorization. (…) h) Set the rates for waste management services that include the costs for carrying out integrated management of these, in accordance with the municipal plan for integrated waste management, this Law and its Regulations, and in proportion to the quantity and quality of the waste generated, ensuring the strengthening of the necessary infrastructure to provide said services and guaranteeing its self-financing." Having stated the above, that conciliation, duly signed and approved by the Municipal Government, will better resolve what was ordered by the Chamber in the ruling that is alleged to be unfulfilled. Finally, compliance reports have been rendered as recorded in the case file. Based on all the foregoing, they request that the present proceeding be rejected as unfounded.

4.- Cynthia Barzuna Gutiérrez reports under oath, in her capacity as General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (document submitted at 10:48 hours on September 3, 2020), that within the granted period and in compliance with what was ordered by this Chamber, the issued order was carried out in the following terms: On March 9, 2020, the first inspection visit to the project of the case at hand was carried out, accompanied by personnel from the Municipality of Cartago, the Ministry of Health, and the project developer, from which resolution No. 0476-2020-SETENA emerged, at 14 hours on March 17, 2020, issuing the respective actions, evidence of which was submitted to the Constitutional Chamber via official document SETENA-SG-0444-2020 dated March 18, 2020, as a report on compliance with the ruling. Visits were scheduled for proper follow-up and to inform the Constitutional Chamber of the progress within the Los Pinos Sanitary Landfill project. In this vein, the first report was submitted in the month of March, so the subsequent inspections have been carried out for the months of April, May, June, July, and August, which have been completed to date. These visits have been carried out on the following dates: Monday, May 11; Tuesday, June 16; Tuesday, June 30; Thursday, August 6; and Wednesday, August 26 (all of this year). As shown in the attached evidence and this report, due to the state of emergency we are in, and the various alerts and sanitary orders issued, some of the initially scheduled visits have had to be moved, meaning that during the process, inspection visits could not be carried out strictly on a monthly basis. Despite the foregoing, this Secretariat has not failed in its commitment to and compliance with what was ordered through ruling 2020-002374, of 09:30 hours on February 7, 2020, as will be detailed below. The respective technical reports have been prepared from each inspection, which will not be elaborated upon specially, as they are documents pending assessment by the Plenary Commission of SETENA.

In this case, said collegiate body has not been able to take cognizance of the technical reports generated and order what is appropriate because the administrative file was with the Legal Directorate of MINAE, resolving an Appeal in subsidy filed by the developer, so until the administrative file returned to SETENA with the resolution that exhausted the administrative channel, it was not possible to make decisions regarding the technical reports generated by the visits made. However, on August 24, 2020, the file of the case at hand was returned by the Minister of Environment and Energy, so it has now been transferred to the Plenary Commission for it to resolve as appropriate and finally, the consolidated report with the recommendations and observations requested from the developer in relation to the Los Pinos Sanitary Landfill will be sent to this Constitutional Chamber. In the case of the Secretariat, every technical report that is produced must be made known to and endorsed by the Plenary Commission, as established by the Organic Environmental Law in its Article 88: “Article 88.- Regulation and officials. The members of the National Environmental Technical Secretariat shall be full-time officials, … Their deliberations and resolutions shall be adopted in plenary commission, in accordance with the internal operating regulations that the Executive Branch shall issue within three months, counted from the effective date of this law. Their removal may only be agreed upon when there is serious fault or non-compliance with what is established by this or other laws”. Thus, the Department of Environmental Auditing and Monitoring has produced the corresponding technical reports and conducted the inspection visits; however, by virtue of the legal powers of this Secretariat, the Plenary Commission must evaluate them, either to endorse or modify their content and order what is appropriate. Regarding the environmental inspections conducted to oversee compliance with the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental): Table 1 details the inspections conducted between the months of May and August 2020, according to the opening and closing phase possibilities issued by the Ministry of Health in relation to COVID-19 response: Table 1. Detail of environmental inspections conducted to oversee compliance with the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental):

Inspection DayInspection RecordParticipants
1. May 11, 2020ASA-ACT INS-0144-2020\- SETENA: Denis García Fallas, Alejandro González Barquero, David Mejías, Osvaldo Chavarría Acuña - Ministry of Health: Braulio Fonseca Ramírez - Environmental Regent Rita Arce Lascares - WPP Personnel: Franklin Obregón Zamora, Luis Diego García
2. June 16, 2020ASA-ACT INS-0177-2020\- Environmental Regent: Rita Arce Lascares. - WPP Personnel: Franklin Obregón Zamora, Luis Diego García - Ministry of Health: Fiorella Aragón - SETENA: Osvaldo Chavarría Acuña, Joanna Méndez Herrera
3. June 30, 2020ASA-ACT INS-0199-2020\- Environmental Regent: Rita Arce Lascares. - WPP Personnel: Franklin Obregón Zamora, Luis Diego García - Ministry of Health: Braulio Fonseca Ramírez, Francisco Alfaro Chavarría. - SETENA: Joanna Méndez Herrera
4. August 6, 2020ASA-ACT INS-0231-2020\- Environmental Regent: Rita Arce Lascares. - WPP Personnel: Luis Diego García - Ministry of Health: Braulio Fonseca Ramírez, - SETENA: Joanna Méndez Herrera, Alejandro González Barquero
5. August 26, 2020ASA-ACT INS-0261-2020\- Environmental Regent: Rita Arce Lascares. - Ministry of Health: Braulio Fonseca Ramírez, Patricia Peña - SETENA: Joanna Méndez Herrera

An image of the route taken during the indicated inspections is attached (except for August 26, 2020, on which the project was not entered by order of the company, as recorded in record ASA-ACT INS-0261-2020 and the consolidated technical report INF-TEC-DT-ASA-0418-2020 dated August 26, 2020).

Map 1. Route covered by the environmental monitoring inspection conducted on May 11, 2020.

Map 2. Route covered by the environmental monitoring inspections conducted on June 16, June 30, and August 6, 2020.

Regarding the technical reports produced: a. Regarding the inspection of May 11, technical report INF-TEC-DT-ASA-0322-2020 dated June 11, 2020, was produced. b. Regarding the inspections of June 16, June 30, August 6, and August 26, the consolidated technical report INF-TEC-DT-ASA-0418-2020 dated August 26, 2020, was produced.

Technical report INF-TEC-DT-ASA-0418-2020 dated June 11, 2020, indicates that a consolidated report is sent according to the following clarification: “… A consolidated technical report is sent to the Plenary Commission regarding the inspections that the Department of Environmental Auditing and Monitoring has conducted jointly with the Ministry of Health during the months of May through August 2020, in compliance with what was indicated through Resolution No. 02374–2020 issued by the Constitutional Chamber. In parallel, it is clarified that the report is presented in a consolidated manner due to compliance with the Directives that the Government has issued regarding closures and vehicular restrictions for addressing the emergency generated by COVID-19, in addition to the administrative inconvenience that this Department did not have access to the administrative file of the project, because it was sent to the Legal Advisory Office of MINAE for the resolution of a Revocation with Appeal in Subsidy filed since June. Therefore, this report is issued considering the observations made through environmental monitoring inspections, as well as the analysis of the available IRAS, which correspond to the period 2019 to 2020.” Given that this Secretariat has acted in compliance with the order issued by the Constitutional Chamber, through vote 2020-002374, at 09:30 hours on February 7, 2020, having carried out all the expected inspections, it is requested, based on the reasons stated and on the grounds that it has acted according to law, that the amparo action under constitutional file 19-005199-0007-CO be declared without merit against this Secretariat.

5.- Daniel Salas Peraza reports under oath, in his capacity as Minister of Health (brief filed at 15:11 hours on September 3, 2020), that based on the information provided by Dr. Oscar Bermúdez García, Director of the Central East Health Rectorship Regional Directorate, through report No. MSDRRSCE-0586-2020 of March 13, 2020, the following is set forth: “… (…) Subject: Actions carried out by the Ministry of Health through the Central East Regional Directorate to address the Los Pinos Sanitary Landfill case. / In response to Resolution No. 2020002374 of nine thirty hours on February seventh, two thousand twenty. File 19-0055199-0007-CO. ➢ It is known that the Navarro de Agua Caliente Dump disappeared more than 5 years ago … it is necessary that in the present process, it be clear that there existed, several years ago, in the locality of Navarro de Agua Caliente, a dump and that this, through works carried out by the sole authorized sanitary operator, the company WPP Continental de Costa Rica S.A., was completely transformed through engineering works, into what is known as the Los Pinos Sanitary Landfill, so the concept that a Navarro de Agua Caliente Dump exists must be left behind and eliminated. ➢ Now, continuing with the matter, in Constitutional Chamber Resolution No. 2020-002374, mention is made of exposed solid waste contaminating the lands of adjacent properties, leachate that flows freely contaminating bodies of water, etc. In that regard, it is clarified that the situation alluded to by the petitioners is not verified at this time, and it should be noted that 2 inspections are maintained at the site per week, and said situation is not verified in any of the technical reports issued after each inspection conducted, and which are considered fundamental to provide as part of the response to the Constitutional Chamber. (See official letters MS-DRRSCE-0141-2020, MS-DRRSCE-ARSC-IT-0009-2020, MSDRRSCE-ARSC-IT-0014-2020, MS-DRRSCE-ARSC-IT-0020-2020, MS-DRRSCEARSC-IT-0043-2020, MS-DRRSCE-ARSC-IT-0056-2020, MS-DRRSCE-ARSC-IT-0096-2020, MS-DRRSCE-ARSC-IT-0124-2020 and MS-DRRSCE-ARSC-IT-0168-2020). ➢ It must be taken into account that the Los Pinos Sanitary Landfill, as a project, is physically constituted by two immovable properties or farms: one is owned by the Municipality of Cartago and the other is owned by the company WPP Continental de Costa Rica S.A., which, in turn, it is reiterated, is the sole authorized sanitary operator for the Los Pinos Sanitary Landfill. ➢ That, as a result of the contractual conflict between the authorized sanitary operator and the Municipality of Cartago, solid waste ceased to be deposited in the area corresponding to the farm belonging to the Municipality of Cartago. However, this did not mean that proper management and supervision of the Landfill's operation were abandoned, understanding that, first, while it is true the area belonging to the farm of the Municipality of Cartago did not continue in operation for receiving solid waste; on the farm owned by the company WPP Continental de Costa Rica S.A., operations did continue, receiving solid waste from El Guarco and Cervantes; and second, that the Regional Directorate has since been managing follow-up visits to the place to verify the proper functioning of the Landfill's operations, and that precisely upon verifying that the area of the farm belonging to the Municipality of Cartago was no longer receiving solid waste, Sanitary Order No. CE-ARSCE-OS-0138-2019 was issued to the company WPP Continental de Costa Rica S.A., so that it would continue with the “…pending procedures for the works for the technical closure of the sanitary landfill in the sector owned by the Municipality of Cartago…” [sic], precisely the area that was no longer receiving solid waste. Regarding said sanitary order, we must say that it remains, today, pending compliance. In this regard, it must be understood that although there has been some level of tolerance regarding the compliance deadline for said order, this is so because the Regional Directorate has considered the importance of the negotiation process that the Sanitary Operator and the Municipality of Cartago have entered into through representation of the Municipal Council, and that if the ultimate objective pursued is precisely to reopen the part of the farm belonging to the Municipality of Cartago for receiving solid waste, then the sanitary operator could once again treat the waste that remained in that part of the project. Therefore, it would not be worthwhile for the sanitary operator to carry out the technical closure and post-closure works for that area of the Sanitary Landfill, since the same farm would continue to be exploited, given that a certain number of years of useful life remain in said area, which is especially beneficial for the administered parties. There are records of this approach between the sanitary operator and the Municipality of Cartago through the Municipal Council; there is a private offer from the company WPP Continental de Costa Rica S.A. to the Municipality of Cartago. However, we do not have authorization for its disclosure at this time, so within the response given to the Constitutional Chamber regarding the Amparo Action filed, it is important to emphasize the management and intervention of the Regional Directorate in seeking solutions to the present case, and that said intervention managed by the Regional Directorate has achieved, among other things, an approach between the parties, through participation in the Municipal Council meeting, where an agreement was made, among others, that the conciliation offer would be submitted in writing and homologated by the competent judge. (See also official letter MS-DRRSCE-URS-0052-2020). ➢ That the solid waste mentioned previously in the area of the farm belonging to the Municipality of Cartago has indeed been continuously monitored, and this is recorded in the follow-up inspections that have been conducted, on which technical reports have been issued. These reports state that there are chimneys for gases, so it is not true that the gases are not being treated; that regarding leachate, it flows to the treatment plant where it is being treated sanitarily; it is verified that the waste is covered with a layer of soil and that there is even a visible vegetative layer; it also indicates that perimeter channels for rainwater are in operation, and that the legal setbacks are maintained with respect to adjacent properties, and that there is no exposed waste, etc. However, it must be taken into account that despite this, what originates the sanitary order is the risk, and that in compliance with the precautionary principle, the Ministry of Health is aware that those wastes have not stabilized completely, even though this is a phase that takes years for these wastes to mineralize until they lose their biological activity and then become a soil substrate. ➢ That there is activity on a third farm that borders the Los Pinos Sanitary Landfill and is owned by the company WPP Continental de Costa Rica S.A., regarding which said company already has a tolerated land-use certification (uso de suelo) issued by the Municipality of Cartago and continues procedures before SETENA for its approval. However, it must be understood that, as it is a project not currently completable within a foreseeable timeframe, the option of reopening the farm owned by the Municipality of Cartago for operation remains, due to opportunity, time, and management, the most appropriate and beneficial option for all parties. We hope, then, that the conciliation between the sanitary operator and the Municipality of Cartago materializes. If so, the Ministry of Health would not be indifferent to the process, since as part of our functions, we do not ignore that time has passed since solid waste stopped being deposited in the part of the farm owned by the Municipality of Cartago, and that evidently, it will be necessary to re-analyze what the conditions are, whether all the infrastructure that had been developed there—geomembranes, underground pipes, treatment plant, perimeter channels, etc.—are in functional conditions optimal for the Sanitary Landfill to continue operating. This would be done in parallel, because if said place is reopened and in order not to obstruct its reopening in a dilatory and unnecessary manner, the logic points to us, as the Ministry of Health, continuing to carry out assessments in the process and, if necessary, issuing the administrative acts deemed pertinent to guarantee the optimal sanitary functioning of the Los Pinos Sanitary Landfill. ➢ Additionally, continuing with the account of the supervision actions by the Ministry of Health, and upon detecting that the Municipality of Cartago was conducting drilling in the Sanitary Landfill, even though it was on its own property, Sanitary Order No. CE-ARSC-OS-0120-2019 was issued. Its compliance was verified through Technical Report CEARSC-IT-0686-2019, ordering them to immediately desist from their actions, firstly because the Municipality of Cartago is not the authorized sanitary operator for the Los Pinos Sanitary Landfill, and secondly because such action could potentially become grounds for justification for the company WPP Continental de Costa Rica S.A. to refuse to continue with the corresponding works for the sanitary disposal of the solid waste deposited by them in the Sanitary Landfill. ➢ That within the actions carried out by the Ministry of Health through the Regional Directorate, a meeting was arranged with the mayors of El Guarco, Alvarado, the Intendant of Cervantes, the Management of WPP Continental, and the Ministry of Health, in order to inform said authorities of the possible situations regarding the Los Pinos Sanitary Landfill and the need to seek alternative measures in the event of closure (See official letter MS-DRRSCE-URS-0017-2020). It is as a result of that meeting among the different authorities that, as a precautionary measure, given that the likely remaining useful life of the area on the farm belonging to the company WPP Continental de Costa Rica S.A. was known, sanitary orders CE-ARS-O-OS-0146-2019, CE-ARC-O-OS-0147-2019, O.S. Consecutive 095-2019, OS-MS-DRRSCEDARGEG-OS-189-2019, OS-MS-DRRSCE-DARSP-OS-149-2019, and OS-MSDRRSCE-DARSP-150-2019 were issued to the municipalities and intendancies of Oreamuno, Alvarado, Municipal Intendancy of Tucurrique, Municipality of El Guarco, Municipality of Paraíso, and Intendancy of Cervantes, in order for them to present an alternative plan, given the possibility that the useful life of the operating part of the Sanitary Landfill might be exhausted. With this, the Ministry of Health was able to identify more precisely that, within the responses issued by the Municipalities, several were clear in stating they had no alternatives; others reached agreements with the company EBI, for which the Ministry of Health provided support before the Comptroller General of the Republic so that authorization for temporary contracts could be granted, the same contracts that are about to expire, as is the case for Paraíso, Alvarado, and Oreamuno, these being authorizations for a 6-month term. Cartago and La Unión currently maintain a contract with the company EBI, and El Guarco and Cervantes are the only ones that continue with a contract with WPP Continental de Costa Rica S.A. (See official letter MS-DRRSCE-URS-0633-2019). ➢ On the other hand, let it be known that the Ministry of Health, through the Regional Directorate, has also continued meetings with the company WPP Continental de Costa Rica S.A., which has presented other alternatives for solid waste management to us, to address the eventuality that evidently the Los Pinos Sanitary Landfill will at some point exhaust its useful life, and this situation will then have to be addressed. ➢ Additionally, the issue of the transfer station was attended to as an emergency, given that this situation arose at the end of 2019, precisely when contracts with the company WPP Continental de Costa Rica S.A. and the Municipalities and Intendancies were ending, coupled with the fact that the useful life of the Area of the Farm owned by the company WPP Continental de Costa Rica S.A. was also ending. Therefore, the approval of that transfer station was decided, guaranteeing sanitarily that there would be no scattered or uncovered waste, leachate management, etc. Consequently, a temporary permit was first granted for a period of one month (See Official Letter MSDRRSCE-1532-2019) and subsequently renewed through an extension for one more month (See Official Letter MS-DRRSCE-0138-2020), which as of the date hereof have expired, so there is no longer a transfer operation, and now a new cell has been opened with an approximate useful life of one year at a rate of 75 tons per day, since, as indicated previously, only the solid waste from Cervantes and El Guarco is being managed. (See unnumbered official letter dated March 4, 2020). ➢ That, in compliance with the principle of administrative coordination, it is noted that the Ministry of Health notified Ms. Teresita Cubero Maroto in her capacity as president of the Municipal Council and Mr. Rolando Rodríguez Brenes, current mayor of the Municipality of Cartago, to convene a meeting in response to what was ordered by the Constitutional Chamber through Resolution No. 2020-002374. Said meeting was requested for nine o'clock on Monday, March 9, 2020, through official letter MS-DRRSCE-ARSC-0141-2020, for which, as of the date hereof, no response has been received from said administrative authority. ➢ Finally, on March 5, 2020, through official letter SETENA-DTASA-0219-2020 of March 4, 2020, a summons was received from SETENA for a coordination meeting for a field inspection of the Los Pinos Sanitary Landfill on March 9, 2020, at 08:30 am, in compliance with what was ordered through Resolution No. 2020-002374 of nine thirty hours on February seventh, two thousand twenty, by the Constitutional Chamber. ➢ Thus, on the aforementioned date, a coordinated inspection was conducted among institutions, with the following officials present representing the institutions respectively indicated: - Marvin Boza Quesada, SETENA, Plenary Commission. - Marjorie Valverde Castillo, SETENA. - Karla Alvarado Cajiao, SETENA. - David Mejías Chacón, SETENA. - Oscar Amaño Fernández, SETENA. - Ana Laura Valverde Fonseca, SETENA. - Rita Arce Láscarez, Environmental Regent (Regente Ambiental) for the project. - Franklin Obregón Zamora, WPP. - Olga Marta Arias, WPP Company. - Luis Diego García, WPP Company. - Julio Fonseca, WPP (lawyer). - Teresita Cubero Maroto, Municipal Council of Cartago (president). - Jorge Araya Serrano, Municipality of Cartago. - Josué Cabezas Garita, Municipality of Cartago. - Silvio Marín Chacón, Municipality of Cartago. - Allan Camacho Monestel, Municipality of Cartago. That, as recorded through official letter MS-DRRSCE-URS-0152-2020 dated March 10, 2020, issued by Eng. Jesús Zamora Hidalgo, the following was determined: “…SITUATION FOUND . The inspection consisted of verifying the current conditions of the sanitary landfill, visiting both properties, the municipal one and that of the private company. The visit began with entry via the vehicular access road to the active cell of the landfill, moving on to the municipal property, performing a general inspection of the disused zone, where sanitary sewer manholes were verified, as well as the upper layer of the inactive cells. Subsequently, a general inspection of the treatment plant was conducted, where the general treatment system was verified, including observation of pipes, channels, and the final water discharge. Throughout the entire zone, no anomalies of significance or those representing a latent risk to public health were observed, nor any sanitary inconsistencies. Lastly, an inspection was conducted of part of the active work zone, located on the WPP property, where the work being carried out by the machinery was observed. Throughout the entire zone, no stability problems were observed, active maintenance of several chimneys, the emanation of leachate, or uncovered material, except what was under active work. Even in the inactive zone, where no more waste materials have been incorporated, conditions were maintained as usual as presented in months past, with low-medium coverage of organic material, which is beginning to invade the stormwater channels, without affecting their functionality up to now. CONCLUSIONS. 1. During the inspection, no critical condition inherently causing harm to public health due to poor functioning or neglect of the works and inactive lands was visualized. However, it is important to attend to minor maintenance to progressively guarantee the proper functioning of the placed works, such as leachate and stormwater drains. 2. On the property belonging to the Municipality of Cartago, a lack of maintenance is evident, mainly in the coverage of the waste, as large-scale works have not been carried out, and regarding the safeguarding of the zone for a medium-to-long term future. 3. The methane gas generated in all cells of the sanitary landfill, both those corresponding to the land of the WPP company and that of the Municipality of Cartago, is being captured by piping and burned in chimneys located throughout the land, so during the visit conducted, no impact on neighboring communities from methane gas emanations was evidenced. 4. Both truck wash water and the leachate generated in the cells located on municipal land and on the land of the WPP company are being adequately conveyed to the same wastewater treatment plant, located on municipal land. The wastewater treatment plant shows adequate operation, maintenance, and daily control by the WPP company, and based on the operational reports, compliance with all discharge parameters is demonstrated according to current legislation. 5. There was no clarity regarding the actions following the visit, nor was there a meeting to verify the conditions or results of what was observed by each institution to unify criteria and eventually issue administrative acts. The corresponding inter-institutional action must be coordinated in compliance with the vote of the Constitutional Chamber…”. ➢ Finally, on March 11, 2020, a coordinated meeting between institutions was held at the facilities of the Municipality of Cartago, attended by representatives of the Ministry of Health, SETENA, and the Municipality. (See unnumbered official letter dated March 11, 2020, with the points developed at said meeting). - Oscar Umaña F. / SETENA. - Susan Castrillo M. / Ministry of Health. - Andrea Morales Fiesler / Ministry of Health. - Jesús Zamora Hidalgo / Ministry of Health. - Josué Cabezas G. / Municipality of Cartago. - Jorge Araya Serrano / Municipality of Cartago. - Silvio Marín Chacón / Municipality of Cartago. - Wilberth Quesada G./ Municipality of Cartago. - Rolando Rodríguez B./ Municipality of Cartago. - Oscar Bermúdez García / Ministry of Health. The foregoing clearly demonstrates that there has been no “… omission of duties … passivity and negligence…” [sic], but rather, on the contrary, the Ministry of Health has undertaken all measures within its powers to protect public health, which has been our sole guiding principle in the present case. …( )…”. They are currently, as the report rightly indicates, in inter-institutional coordination, determining what the measures will be, according to the competencies of each sector, to continue addressing, as has been done, in a responsible manner, the object of the complaint, and to fulfill the Constitutional mandate that occupies them.

6.- Marice Navarro Montoya reports under oath, in her capacity as President of the Administrative Environmental Tribunal (briefs filed at 16:07 hours on September 3, 2020, and at 15:08 hours on September 9, 2020), that in relation to what was alleged by the petitioner, this Judicature will proceed to refer to what falls within the powers granted to the Administrative Environmental Tribunal by the Organic Environmental Law, together with the fact of informing the Constitutional Chamber of the actions taken by this Office. On February 12, 2020, the Administrative Environmental Tribunal was notified of resolution No. 2020-002374, at 09:30 hours on February 7, 2020, from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, as recorded on folios 361 through 421 of the administrative file. Through resolution No. 1391-2020-TAA, at 11:12 hours on May 6, 2020, it was agreed to reject the appeal for revocation, as well as the concomitant nullity, filed by Mr. Rolando Rodríguez Brenes, in his capacity as Mayor of Cartago, against resolution No. 1134-2019-TAA, by which the issuance of a precautionary measure (medida cautelar) at the site was established to avoid damages of impossible or difficult repair. Through resolution No.

1392-2020, at 1:15 p.m. on May 6, 2020, visible at folios 478 through 482 of the administrative file, the order commencing the ordinary administrative proceeding is issued, scheduling a hearing for August 6, 2020, at 8:30 a.m., at the seat of the Environmental Administrative Tribunal, by which it is established: “… FIRST: That by means of this resolution, the commencement of an ordinary administrative proceeding is declared, and WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A., legal identification number 3-101-526134, represented in its capacity as President by Ms. OLGA MARTA ARIAS RIVAS, holder of identity card number 1-0865-0838, and the latter in her personal capacity for potential joint and several liability, as registered owner of the property registered under real folio 3-259350, cadastral map number C-2028389-2018, the MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, legal identification number 3-014-042080, represented by Mr. MARIO REDONDO POVEDA, holder of identity card number 1-0589-0526, or whoever holds his position, as registered owner of the property registered under real folio 3-255175, cadastral map number C-1905476-2016, the MUNICIPALIDAD DE PARAISO, legal identification number 3-014-042086, represented by Mr. CARLOS MANUEL RAMIREZ SANCHEZ, or whoever holds his position, as registered owner of the property registered under real folio number 3-81078, cadastral map number C-1953993-2017, and WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., legal identification number 3-101-155 289, represented in its capacity as President by Ms. ILEANA MARIA GONZÁLEZ PANIAGUA, holder of identity card number 1-0490-0011, and the latter in her personal capacity for potential joint and several liability, as the developer company of the Project “Cierre Técnico del Vertedero de Navarro y Construcción del Relleno Sanitario Los Pinos,” are formally charged. The foregoing by virtue of the complaint filed by Mr. SERGIO BERMUDEZ MUÑOZ, in his then capacity as Secretary General of SETENA. This is done in accordance with the provisions of Articles 46, 50, and 89 of the Political Constitution, Articles 1, 2, 4, 17 through 24, 59, 61, 83, 84, 86, 89, 98 through 101, 103, 106, 108 through 112 of the Organic Environmental Law, Articles 1, 7, 9, 11, 45, 53, 54, 106, 109, 110, and 113 of the Biodiversity Law, Article 3(c) of the Regulation to the Biodiversity Law, Decree Number 34433-MINAE, Articles 6, 7, 8, 218, 275, 284, 308 through 319, 345, and 346 of the General Public Administration Law, Law for Integrated Waste Management number 8839, General Health Law number 5395, Regulation on Sanitary Landfills number 27378-S, as well as 1, 11, 20, 24 et seq. of Executive Decree number 34136-MINAE. The alleged facts charged by means of this resolution occurred on the properties registered under real folio 3-259350, cadastral map number C-2028389-2018, 3-255175, cadastral map number C-1905476-2016, and 3-81078, cadastral map number C-1953993-2017, located in the district of Dulce Nombre, canton Cartago, province Cartago, and consist of having performed and/or not having prevented: * The carrying out of works (cells) without having environmental viability (folio 49, official communication number SETENA-SG-1575-2018). * The absence of an adequate system for the disposal of stormwater, which was verified during the rainy season (folio 91, Ministry of Health Report CE-URS-0430-2018). * Stormwater channels without maintenance and with the presence of leachate (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Absence of measures to reduce sediment drag in the stormwater conveyance systems (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Presence of vegetation in stormwater channels, areas without stormwater channeling, presence of waste, leachate, and earthen channels without waterproofing (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Presence of leachate or its outcrops on access roads, stormwater ditches, hillsides, pipes, and leaks in leachate wells (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Inefficient conveyance of leachate to the treatment plant (folios 203-2014, Report TAA-DT-004-19). * Raw discharge of leachate into a natural stormwater stream or channel (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Lack of monthly monitoring of water quality at the discharge point into receiving bodies (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Absence of slope stabilization measures (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Absence of controls for noxious fauna (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Presence of waste on accesses, ditches, internal roads, and hillsides (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Absence of trained technical personnel for the identification, separation, or treatment of hospital waste (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Absence of a system for the collection and conveyance of rumas, and ignorance of the final destination of the wastewater effluent generated in the truck washing area for vehicles entering and leaving the site (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Presence of several work fronts or cells that are unworked or abandoned (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Sediment drag at several sites within the project (folios 334-360, Resolution No. 2712-2019-SETENA). * Lack of operation of all the chimneys for the extraction and flaring of biogas for treatment (folios 203-2014, Report TAA-DT-004-19). * Lack of cover on solid waste (folios 58-59, Ministry of Health Report CE-ARSC-2093-2018). * Release of gases at the toe of slopes where uncovered waste was also observed (Folios 58-59, Ministry of Health Report CE-ARSC-2093-2018). Regarding the MUNICIPALIDAD DE PARAISO, legal identification number 3-014-042086, represented by Mr. CARLOS MANUEL RAMIREZ SANCHEZ, or whoever holds his position, as registered owner of the property registered under real folio number 3-81078, cadastral map number C-1953993-2017, having performed and/or not having prevented: * The construction of two tanks covered with black plastic, one of them containing brown-colored wastewater. The foregoing is located in the CRTM05 Projection System at coordinates East 513085.62 North 1085859.73. (…)”.

On May 21, 2020, a written submission is received from Mr. Mario Redondo Poveda, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Cartago, by which he files a motion for reconsideration of resolution No. 1391-2020-TAA. See folios 500 through 506 of the administrative file. By means of resolution No. 1898-2020-TAA, at 11:30 a.m. on June 17, 2020, it is agreed to suspend the oral and public hearing given that not all parties were notified; in adherence to the principle of due process and the right of defense, safeguarded in Articles 39 and 41 of the Political Constitution. Monday, October 19, 2020, is set as the new date for this proceeding. See folios 521 through 522 of the administrative file. Through La Gaceta 186 of 7/29/2020, La Gaceta 187 of 7/30/2020, and La Gaceta 188 of 7/31/2020, the publication by edict is made of resolution No. 1392-2020-TAA, by which the order commencing the ordinary administrative proceeding is issued. See folios 841 through 852 of the administrative file. On August 5, 2020, a written submission is received from Mr. [Name 001] by which he presents a request for Active Co-adjudication (Coadyuvancia Activa) in file No. 132-18-03-TAA. See folios 567 through 840 of the administrative file. On August 25, 2020, a written submission is received from the Municipalidad de Cartago, signed by Messrs. Mario Gerardo Redondo Poveda, in his capacity as Mayor of Cartago, Ms. Ileana María González Paniagua, representative of the company WPP Continental de Costa Rica S.A., and Ms. Olga Marta Arias Rivas, representative of the company WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A., by which they submit to the Tribunal for its respective approval the settlement agreement (acuerdo de conciliación) between the parties. See folios 853 through 894 of the administrative file. On August 28, 2020, a written submission is received from Mr. [Name 001] by which he requests a copy of the final resolution of this ordinary administrative proceeding. See folios 895 through 897 of the administrative file. On September 2, 2020, a written submission is received from Mr. [Name 001] Morales, by which he sets forth facts and evidence related to the statement of charges in this ordinary administrative proceeding for the purpose of determining the real truth of the facts. See folios 898 through 1199 of the administrative file. Having set forth the foregoing, it must be clear to the Honorable Constitutional Chamber that the Environmental Administrative Tribunal has been diligent in attending to this proceeding. The submissions from Mr. [Name 001] are currently being analyzed, as well as the settlement agreement (acuerdo de Conciliación) presented by the Municipalidad de Cartago. Based on the factual and legal grounds stated, it is requested that the report ordered by resolution at 07:10 on August 28, 2020, which was notified to this Office at 11:00 a.m. on August 31, 2020, be deemed submitted.

07.- By a written submission received in the Secretariat of the Chamber at 1:35 p.m. on September 9, 2020, the petitioner [Name 001] addresses the responses provided by the respondent authorities. He states that a simple glance at the responses made by the respondents is enough to immediately note that all of them evade the issue relating to the properties where both the Los Pinos Sanitary Landfill and the Dump referenced in this amparo appeal are located. In this regard, note that in none of the responses do they even make an effort to attempt to refute what has been indicated. Operations are being carried out outside the scope of the Environmental Viability initially granted, insofar as there is a property annexed to the Los Pinos Sanitary Landfill, where a Dump was installed without any type of permit or authorization from the competent authority. It must be recalled that the company WPP Continental S.A., as the Municipalidad de Cartago itself has also affirmed, was contracted to operate and subsequently definitively close an open-air municipal dump known as Navarro-Los Pinos or Los Pinos Landfill, which is owned by the Municipalidad de Cartago. The Municipalidad de Cartago itself, due to serious breaches, even filed a complaint for environmental contamination before the Environmental Administrative Tribunal, an authority before which the respective proceeding is still pending.

08.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Redacted by Judge Garro Vargas; and, Considering: I.- Regarding what was resolved in this matter. This Chamber, by means of judgment No. 2020-002374, at 09:30 a.m. on February 7, 2020, partially granted the appeal, for violation of the rights protected in Articles 21, 27, and 50 of the Political Constitution and ordered, insofar as relevant, what is transcribed below: “…The following is ordered: 1) to Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, to Rolando Rodríguez Brenes and to Teresita Cubero Maroto, respectively, in their capacity as Mayor and as President of the Council, both of the Municipalidad de Cartago, and to Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), or whoever holds those positions in their place, to issue, jointly and in a coordinated manner, within a one-month period, the sanitary orders and other corresponding acts, in order to resolve the problem denounced by the petitioners, as well as to ensure their effective compliance, and must report to this Chamber each month on the actions taken until the case of the Los Pinos Sanitary Landfill is definitively resolved. 2) to Marice Navarro Montoya, in her capacity as President of the Environmental Administrative Tribunal or whoever holds that position in her place, to issue, within a two-month period, counted from the notification of this judgment, the final resolution of the administrative proceeding and to forward that ruling to this Chamber…”.

II.- Regarding the petition presented by the petitioner. On August 27, 2020, the petitioner appears before this Tribunal accusing disobedience of what was ordered in that judgment. He states that the respondent authorities from the Ministry of Health, the Municipalidad de Cartago, and SETENA had the duty to report to this Constitutional Chamber each month on the actions taken, “as long as the case of the Los Pinos sanitary landfill is not definitively resolved,” and the only report they presented was on June 8, 2020. Furthermore, the President of the Environmental Administrative Tribunal did not present the final resolution of the administrative proceeding that she is handling regarding the Los Pinos sanitary landfill. In response to the hearing granted on that petition, the respondent authorities indicated in the reports rendered under oath, with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, as well as from the body of evidence provided, that as a result of the coordinated work carried out by the Municipalidad de Cartago with SETENA and the Ministry of Health, a request for approval (homologación) of a settlement agreement (acuerdo conciliatorio) reached with the co-respondents WPP Continental de Costa Rica S.A. and WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A. has been submitted to the Environmental Administrative Tribunal, within the file referred to in the constitutional judgment, which will allow for better compliance with said ruling because, additionally, it includes a file processed for this purpose before SETENA. The representative of SETENA points out that the first report was presented in March and subsequent inspections have been carried out for the months of April, May, June, July, and August, which have been completed to date. Furthermore, the respective technical reports have been made for each inspection, but they are pending evaluation by the Plenary Commission of SETENA. The Minister of Health refers to the approach to the Los Pinos sanitary landfill case carried out by the Directorate of the Central East Region, but makes no mention whatsoever of the monthly reports that must be rendered to this Chamber. Meanwhile, the President of the Environmental Administrative Tribunal reports that by resolution No. 1392-2020, at 1:15 p.m. on May 6, 2020, the order commencing the ordinary administrative proceeding was issued, scheduling a hearing for August 6, 2020. They add that the submissions from Mr. [Name 001] are currently being analyzed, as well as the settlement agreement (acuerdo de conciliación) presented by the Municipalidad de Cartago. This Chamber verifies, from the reports rendered by the Minister of Health, the Mayor, and the President of the Council, both of the Municipalidad de Cartago, and the Secretary General of SETENA, the enormous and laborious efforts to resolve the problem with the Los Pinos sanitary landfill, which do not constitute *peccata minuta* and which, therefore, are worthy of note. However, it is appreciated that they have failed to render reports on those works with the periodicity required in the ruling issued. An omission that cannot be overlooked, since the lack of knowledge of information about the actions taken causes the petitioner and any other administered party to fall into an erroneous consideration of the reality of the attention given to such a highly complex problem. The Environmental Administrative Tribunal finds itself in a similar situation, as it has also not reported on the events in the proceeding, as it was ordered. Apart from the foregoing, any inconvenience in the procedures, for whatever reasons, such as the current pandemic, must likewise be reported to this Chamber, without waiting for the petitioners to manage it, as has happened in these proceedings, because as long as what was resolved and ordered is not fully complied with, there exists a special subjection that implies an accountability, as warned in the judgment issued. Hence, it is considered that there has indeed been non-compliance with what was ordered by this Constitutional Tribunal. In that context, the claim presented by the petitioner is deemed appropriate, and therefore, it is proper to grant the petition raised.

III.- Conclusion. Consequently, the respondent authorities are reiterated to proceed with compliance in all its aspects of what was ordered in the ruling issued in this matter, under the warning of ordering the commencement of an administrative proceeding against them or of certifying documents to the Public Ministry, if they fail to do so.

IV.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Regulation on the Electronic File before the Judiciary,” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore: Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, Mario Redondo Poveda and Marco Antonio Arias Samudio, respectively, in their capacity as Mayor and as President of the Council, both of the Municipalidad de Cartago, Cynthia Barzuna Gutiérrez, in her capacity as Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), and Marice Navarro Montoya, in her capacity as President of the Environmental Administrative Tribunal, are reiterated the immediate compliance with what was ordered in ruling No. 2020-002374, at 09:30 a.m. on February 7, 2020, regarding the periodic reports with respect to the first three authorities and the issuance of the final resolution of the administrative proceeding with respect to the latter, or, if that were the case, the justification for why it is not resolved in that sense, under the warning of ordering the commencement of an administrative proceeding against them or of certifying documents to the Public Ministry, if they fail to do so. Notify accordingly.

Paul Rueda L. Acting President Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T.

Ronald Salazar Murillo Digitally Signed Document -- Verification Code -- *LTTNV7L2RUO61* FILE No. 19-005199-0007-CO

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *190051990007CO* Res. Nº 2020018216 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte .

Gestión de inejecución presentada por el recurrente [Nombre 001], mayor, casado, cédula de identidad No. [Valor 001], en el recurso de amparo que interpuso y al cual se le agregó el recurso de amparo interpuesto por [Nombre 002], adulto mayor, divorciado, cédula de identidad No. [Valor 002], contra el Alcalde y la Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Cartago, la Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Ministro de Salud, el Director Regional de la Rectoría de la Salud Central Este del Ministerio de Salud y la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:50 horas del 27 de agosto de 2020, el recurrente [Nombre 001] acusa desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la resolución No. 2020-002374, de las 09:30 horas del 07 de febrero de 2020. Alega que la Sala Constitucional ordenó al Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas Peraza, al Alcalde Municipal de Cartago y a la Presidenta de la Municipalidad de Cartago, a Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de Secretaria General de la SETENA, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, emitir de manera conjunta y coordinada, dentro del plazo de un mes, las órdenes sanitarias y los demás actos que corresponda, a fin de solventar la problemática denunciada por los recurrentes, así como velar por el efectivo cumplimiento de éstos, debiendo informar a esta Sala cada mes sobre lo actuado en tanto se resuelva definitivamente el caso del Relleno Sanitario Los Pinos. Que la citada resolución que emitió esta Sala Constitucional, fue el 07 de febrero de 2020 y según se puede observar en lo ordenado por este alto Tribunal, las autoridades de MINSA, Municipalidad de Cartago y la SETENA tenían el deber de informar a esta Sala Constitucional, cada mes sobre lo actuado, "EN TANTO NO SE RESUELVA DEFINITIVAMENTE EL CASO DEL RELLENO SANITARIO DE LOS PINOS", y el único informe que presentaron a 08 de junio de 2020, por lo que están desobedeciendo a lo ordenado por la Sala Constitucional. Así mismo se le ordenó a Marice Navarro Montoya, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo o a quien en su lugar ocupe ese cargo, emitir, dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, la resolución final del procedimiento administrativo y remitir a la Sala ese pronunciamiento. Como ya es conocido, la resolución se dio el 07 de febrero de 2020 y al día de hoy han pasado más de seis meses de la comunicación de la resolución a la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, y ha desobedecido el mandato de la Sala Constitucional, pues según se puede observar dentro del expediente que se encuentra en este Tribunal Constitucional, la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo no presentó la resolución final del procedimiento administrativo que lleva del relleno sanitario de Los Pinos. Como puede observar este Tribunal, los recurridos han desobedecido las ordenes emitidas en la resolución No. 2020-002374, de fecha 07 de febrero de 2020, creando contaminación y caos en el sitio y en sus alrededores, pues al día de hoy no se presenta solución alguna de lo que constantemente los vecinos han denunciado. En los últimos meses se ha acrecentado el ingreso de más camiones con basura en mal estado, pues pasan dejando botados los caldos de la basura por el frente de las casas y no se observa autoridad alguna para eliminar esta gran contaminación ambiental que generan estos líquidos. Solicita a esta Sala Constitucional ordenar a la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, entregar la resolución final del procedimiento administrativo que lleva del relleno sanitario de Los Pinos. Al no contar con dicho informe, los vecinos se encuentran en un total desamparo, pues el Ministerio de Salud les ha permitido a las autoridades nuevas de la Municipalidad de Cartago depositar más basura de la denunciada en el presente recurso. Se informó que este relleno había colapsado, pues se le ha acabado su vida útil, y para seguir votando basura en un terreno aledaño al viejo relleno, han violentado el mismo reglamento de rellenos sanitarios, pues todas las autoridades han sido omisas al permitirle a una empresa privada que siga llevando basura sin contar con espacio para ello. Es por lo expresado que se solicita, que este alto Tribunal, ordene al Ministerio de Salud de Cartago, al Alcalde de Cartago y al Presidente de la Municipalidad de Cartago, así como a la SETENA, presentar los informes que le ordenara la Sala Constitucional, los cuales deberían de hacerse mes a mes "EN TANTO NO SE RESUELVA DEFINITIVAMENTE EL CASO DEL RELLENO SANITARIO DE LOS PINOS". Así mismo se le ordene a Marice Navarro Montoya, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo o a quien en su lugar ocupe ese cargo, presentar a la Sala Constitucional la resolución final del procedimiento administrativo que se lleva cabo sobre el relleno sanitario de Los Pinos y remitir a esta Sala ese pronunciamiento, le dieron dos meses y han pasado seis meses y no lo presentó. 2.- Mediante resolución de las 07:10 horas del 28 de agosto de 2020, la Magistrada Instructora dio traslado de la presente gestión a Daniel Salas Peraza, a Rolando Rodríguez Brenes, a Teresita Cubero Maroto, a Cynthia Barzuna Gutiérrez y a Marice Navarro Montoya, o quienes ocupen los cargos de Ministro de Salud, de Alcalde de Cartago, de Presidenta del Concejo de la Municipalidad de Cartago, de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen. 3.- Informan bajo juramento Mario Redondo Poveda y Marco Antonio Arias Samudio, respectivamente, en su condición de Alcalde y de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Cartago (escrito presentado a las 12:05 horas del 02 de setiembre de 2020), que rechazan de manera enfática que se esté desobedeciendo la indicada orden constitucional. Todo lo contrario, fruto del trabajo coordinado que se ha hecho con SETENA y el Ministerio de Salud, se ha presentado ante el Tribunal Ambiental una solicitud de homologación de acuerdo conciliatorio a que se ha arribado con las codenunciadas WPP Continental de Costa Rica S. A. y WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A., dentro del expediente al que se refiere la sentencia constitucional, con lo que se podrá atender de mejor manera dicho fallo porque, además, incluye un expediente tramitado al efecto ante la SETENA. Cabalmente, el acuerdo dice en lo que interesa: “…PROCEDIMIENTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA. a. Expediente No. FEAP-00037-2002-SETENA, que es el expediente en el que se otorgó la viabilidad ambiental al Relleno Sanitario Los Pinos y dentro del que se dictó la resolución No. 2712-2019-SETENA, que ordena la realización de una serie de obras tanto en el terreno propiedad privada como en el inmueble que pertenece a esta municipalidad. En cuanto a este procedimiento, la Empresa se hará cargo de la totalidad de las obras que deben ejecutarse, incluyendo aquellas que se realizarían en el terreno municipal, de manera que el Ayuntamiento no tenga que costear ningún trabajo. Por su parte, la Municipalidad brindará los permisos de construcción que se requieran para todas esas obras. b. Expediente No. 132-18-03.TAA, que es denuncia presentada por la Municipalidad de Cartago ante el Tribunal Ambiental Administrativo y dentro del que se dictó la resolución 1134-19-TAA, que impuso medidas cautelares a cargo de esta Municipalidad. En cuanto a este procedimiento, al igual que lo señalado para el caso de SETENA, la Empresa se hará cargo de la totalidad de las obras que deben ejecutarse, incluyendo aquellas que se realizarían en el terreno municipalidad, de manera que el Ayuntamiento no tenga que costear ningún trabajo. Por su parte, la Municipalidad brindará los permisos de construcción que se requieran para todas sus obras. c. En general, la Empresa asumirá el cumplimiento efectivo de todas sus obligaciones legales que le imponga la legislación ambiental y sanitaria en relación con el Relleno Sanitario, incluidas las relativas a sus obligaciones de cierre y postcierre conforme lo ha determinado la SETENA y el Ministerio de Salud en las resoluciones supra indicadas, y en cualquier otra que se haya dictado o se dicte con respecto al Relleno Sanitario (...). i. El desistimiento de las denuncias presentadas por la Municipalidad ante el Tribunal Ambiental Administrativo y SETENA. ii. Informar por escrito al resto de Municipalidades de la Provincia, que la Municipalidad ha alcanzado un acuerdo con la empresa en los mismos términos. iii. La colaboración por parte de la Municipalidad con los permisos de construcción y cualquier otra autorización que la empresa requiera para ejecutar las obras a su cargo en el entendido que. para la emisión de esos permisos y cualquier autorización, la Municipalidad respetará la Ley No. 8220, sin exigir ningún otro requisito más allá de los que estén debidamente publicados para el trámite de que se trate, y además los emitirá dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento al efecto. CUESTIONES COMUNES A AMBAS PARTES: Las partes se comprometen a remitir este convenio al Tribunal Ambiental y al Tribunal Contencioso Administrativo dentro de las citadas causas, con el objeto de obtener su homologación para los fines de esos procesos y así, para darlos por terminados, con la aclaración de que ello no comprende la solicitud de autorización de contratación directa la cual es independiente a esos procesos…”. Asimismo, y en esa misma línea, se presentó idéntica gestión ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dentro del proceso judicial No. 18-008412-1027-CA. La referencia a ese proceso es obligada a los fines de esa gestión, toda vez que dentro de ese proceso la Municipalidad figura como demandada, y se pretende que el juez declare: “…1. Que la Municipalidad de Cartago está obligada a permitir que el Relleno Sanitario los Pinos alcance la totalidad de su capacidad volumétrica, permitiendo la recepción de desechos en la porción de dicho relleno que se ubica en terreno de su propiedad. 2. Que la obligación aludida en el extremo anterior incluye la recepción de desechos de cualquier tercero, sean estos públicos o privados. 3. Que la Municipalidad de Cartago debe abstenerse de perturbar u obstaculizar la operación del Relleno Sanitario Los Pinos, y 4. Que la Municipalidad de Cartago debe pagar ambas costas de esta acción judicial. La pretensión subsidiaria, en caso de que la pretensión principal pierda interés actual por agotarse la capacidad de la porción del relleno sanitario que se ubica en propiedad privada antes de dictar la sentencia, o bien en el hipotético caso que la pretensión principal se rechace por cualquier otra razón, se solicita declarar: 1. Que la Municipalidad de Cartago deba indemnizar a las actoras por el equivalente de la facturación que deje de emitirse, cuyo cálculo deberá realizarse multiplicando el promedio del precio por tonelada que actualmente se cobra a los distintos sujetos que actualmente depositan sus desechos en el Relleno Sanitario por el total de toneladas de capacidad remanente en la porción del relleno ubicada en terreno municipal que deje de explotarse. 2. Que la Municipalidad de Cartago adicionalmente debe indemnizar a las actoras pagándoles el total de cualquier acción patrimonial que se llegue a imponer, lo mismo que el equivalente a las garantías de cumplimiento que eventualmente sean ejecutadas por parte de las otras administraciones publicas con las que actualmente se mantienen compromisos contractuales. 3. Que la Municipalidad de Cartago debe asumir la totalidad de los costos en que deba incurrirse para ajustar las estimaciones y los cálculos tendientes a ejecutar el cierre técnico, en caso de que dicho cierre tenga que realizarse sin completar la capacidad de recepción de desechos sólidos en la porción del relleno sanitario que se ubica en terreno de su propiedad. 4. Que la Municipalidad de Cartago debe asumir también la totalidad de los costos de operación y mantenimiento del relleno hasta alcanzar su cierre técnico en caso de que no puedan recibirse más desechos sólidos en la porción del relleno sanitario que se ubica en terreno de su propiedad. 5. Que la Municipalidad de Cartago debe asumir la responsabilidad ambiental del proyecto ante SETENA como ante el Ministerio de Salud en caso de que no se puedan recibir más desechos sólidos en la porción del relleno sanitario que se ubica en terreno de su propiedad. 6. Que la Municipalidad de Cartago debe pagar intereses sobre toda suma que sea concedida en sentencia, los cuales se calcularan al tipo legal, iniciaran el día de la firmeza de la resolución que así lo ordene y finalizaran el día de su efectiva cancelación. 7. Que toda suma considerada en sentencia deberá ser indexada, conforme a los términos del Artículo 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo y Que la Municipalidad de Cartago debe pagar ambas costas de esta acción judicial...”. Cabalmente, la conciliación implica: “…I. PROCESOS EN VÍA JUDICIAL : Expediente No. [Valor 003] (tiene señalamiento para juicio oral y público a celebrase el 9 de noviembre de 2020.) En cuanto a este proceso, la Empresa se compromete a: a) Desistir de la demanda. b) Renunciar al cobro de daños y perjuicios. c) Renunciar al cobro de intereses. d) Renunciar al cobro de indexación. e) Renunciar al resto de las prestaciones patrimoniales esgrimidas en el juicio. f) Renunciar al cobro de ambas costas del proceso. Por su parte, la Municipalidad se compromete a aceptar el desistimiento, renunciado igualmente al cobro de ambas costas…”. Igualmente, se solicitó a la Contraloría General de la República -siempre en virtud de mi conciliación- autorizar a contratar directamente con WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A. el servicio de tratamiento y disposición de los residuos sólidos del cantón por toda la vida útil remanente del Relleno Los Pinos, en los términos del numeral 2 bis inciso c) de la Ley de la Contratación Administrativa, 146 y 147 de su reglamento: 3.- COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD. 1. La Municipalidad se compromete a plantear de forma inmediata a la aprobación de este acuerdo, una solicitud a la Contraloría General de la República para que se le autoriza a contratar directamente con la Empresa, el servicio de tratamiento y disposición de los residuos sólidos del cantón por toda la vida útil remante del Relleno, en los términos del numeral 2 bis inciso c) de la Ley del Contratación Administrativa, 146 y 147 de su reglamento: "Artículo 2 bis. Autorizaciones . Exclúyanse de los procedimientos de concurso establecidos en esta Ley, los siguientes supuestos autorizados por la Contraloría General a la República: ...c) Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. La solicitud que dirija la administración deberá contener una justificación detallada de las circunstancias que motivan la aplicación de las excepciones establecidas en este artículo, así como el detalle de la forma que se ha previsto para seleccionar el contratista. La Contraloría General resolverá la solicitud en el término de diez días hábiles y podrá establecer procedimientos sustitutivos a los ordinarios. Asimismo, especificará la vía recursiva que proceda en estos casos, así como en plazos aplicables al trámite respectivo. Las autorizaciones contempladas en este artículo no exoneran a la administración solicitante por los resultados de la contratación, ni por la calificación errónea de las circunstancias que, eventualmente, puedan servir de justificación para la solicitud de excepción de los procedimientos ordinarios de contratación”. “Artículo 146.- Contrataciones autorizadas por la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada. La contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. Se entienden incluidos dentro del alcance de este artículo, los supuestos indicados en los incisos a) y b) del artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa. De igual manera, en casos en los que la naturaleza o licencia del objeto así lo recomienden, el Órgano Contralor podrá autorizar sistemas de precalificación alternativos a los procedimientos ordinarios. Para ello, la Administración deberá indicar en su solicitud, al menos, las razones para considerar que la propuesta es la mejor forma de satisfacer el interés general, el plazo razonable de vigencia del sistema, la forma de selección de los contratistas, el régimen recursivo que procede, las formas de pago y cualquier otro atinente. La prórroga del uso de estos sistemas será posible, siempre y cuando se acredite ante la Contraloría General de la República la permanencia de las razones que justificaron su autorización original. La Contraloría General de la República, resolverá la solicitud en el término de diez días hábiles y podrá establecer condiciones tendientes a la mejor satisfacción del interés público y a un manejo adecuado de la contratación autorizada. Asimismo, especificará la vía recursiva que proceda en estos casos, así como los plazos aplicables al trámite respectivo. La no resolución de la solicitud dentro del término indicado, no podrá ser considerada como silencio positivo". "Artículo 147. Requisitos de la solicitud. Toda solicitud para contratar directamente o para promover un procedimiento de contratación directa que se dirija a la Contraloría General de la República, deberá ser suscrita por el Jerarca de la Entidad u Órgano o por el funcionario competente. La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por los cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y responsable de más actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en la que se tiene previsto seleccionar al contratista. Cuando se solicite la autorización para la contratación directa de obras, la entidad indicará un cronograma comparativo donde indique plazos en el caso de efectuar la obra mediante el procedimiento ordinario que corresponda y los de la contratación directa solicitada, el estado de su diseño de la obra, personal idóneo con que disponga para la fiscalización del contratista y el grado de cumplimiento de autorizaciones especiales requeridas en el ordenamiento, con el fin de valorar la pertinencia de la autorización. Asimismo, indicará la forma en que planea elegir al contratista. En caso de que la solicitud se origine en una evidente falla de planificación que dé lugar a un desabastecimiento de bienes o en una tardanza en la disponibilidad del servicio requerido que comprometa la continuidad del servicio público, la solicitud deberá indicar en forma expresa las medidas correctivas y disciplinarias que hayan sido adoptadas o se piensan adoptar. Adicionalmente, para la solicitud amparada al supuesto del artículo 2 bis inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa, la Administración deberá aportar los correspondientes estudios que acrediten la necesidad de realizar una contratación directa, así como la definición del plazo máximo planeado de dependencia con ese proveedor, de previo a realizar un nuevo proceso licitatorio. Sobre este punto, cualquier análisis de precios que se realice en comparación con otras opciones, deberá hacerse bajo consulta documentada a otros proveedores y constar en el expediente". Obtenida la autorización, se compromete a tramitar en forma célere el proceso de contratación correspondiente. En forma relacionada con esos compromisos, es entendido: que la determinación de la vida útil se determinará conforme a lo que al efecto establezca el Ministerio de Salud; que a su vez, la Empresa podrá recibir desechos de cualesquiera clientes públicos o privados en el terreno propiedad de la Municipalidad de Cartago y celebrar sus propios contratos con esos otros clientes públicos y privados a partir de esta fecha, con independencia de la contratación directa cuya autorización se solicitará para los desechos del Cantón, debiendo dar prioridad en todo momento a la Municipalidad con el objeto de que ésta aproveche adecuadamente la vida útil remanente del Relleno; que a los efectos anteriores, se respetará el uso de suelo no conforme tolerado de la finca de la empresa que es parte del Relleno conforme a la resolución del Alcaldía Municipal dictada a las ocho horas y cuarenta minutos del trece de enero del dos mil veinte, y por la que se dispuso: "...Por tanto, en mérito de todo lo expuesto procede acoger la apelación en subsidio interpuesto por Franklin Obregón Zamora y Marcela Medrano Meza, en representación de WPF Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A., contra el certificado de uso de suelo para relleno sanitario, finca de este Partido No. 259350-000 emitido por la Oficina de Planificación Urbana (OPU), anular dicho certificado y, en su lugar, certificar como uso de suelo no conforme tolerado la actividad de relleno sanitario, finca de este Partido No. 259350-000, con las limitaciones que al respecto impone el artículo 55.3 b. l del PR para esa figura....”; que se otorgaron las licencias de construcción que tramite la Empresa siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos respectivos; que la Empresa cumplirá con todos las obligaciones que dimanen de esa contratación, y con las de cierre y post cierre previamente adquiridas…”. Esas gestiones se motivan, cabalmente, y como se ha expuesto, en las resultas de ese proceso de coordinación, motivado, como se ha dicho, en la posición del Ministerio de Salud, conforme consta en el Acta No. 293-2020, artículo IV, de la sesión del 28 de enero de 2020: RELLENO SANITARIO LOS PINOS. "A partir de 30 de abril de 2019, las dos propiedades tanto Municipalidad de Cartago y WPP, tienen una capacidad volumétrica 730462.3 m3, para recibir desechos por un periodo 7.68 años, para un ingreso promedio de 300 ton/día”. “Al 30 de abril del 2019, la propiedad de WPP, tiene una capacidad volumétrica animada de 30866.21 m3 remanente y una vida útil de 7.98 meses". Consta en oficio sin número entregado el 16 de mayo de 2019 a las 12:39 m.d., firmado por el Ing. Franklin Obregón (lngeniero Residente), Ing. Luis García (Director de Proyectos WPF) y la Sra. Ileana González, Representante Legal de WPP. CONCLUSIONES. Existe una emergencia sanitaria a nivel de provincia, en cuanto a la disposición de residuos sólidos ordinarios tanto el Relleno Sanitario El Huazo como el terreno WPP en el Relleno Sanitario Los Pinos, están técnicamente sin vida útil. Existe, sin embargo, un terreno, propiedad de la Municipalidad de Cartago, que forma parte del proyecto Relleno Sanitario Los Pinos, cuenta con viabilidad ambiental, infraestructura, vida útil entro 6 y 7 años y un operador habilitado, sin embargo, no cuenta con el aval del propietario para ser utilizada con el fin ambiental, social y sanitariamente más opto. Renegociar al contrato de dicha finca, solucionaría inmediatamente la problemática actual de todos los gobiernos locales de la provincia y proporcionaría el tiempo necesario para la apertura de nuevos proyectos a más largo plazo. La totalidad del Relleno cuenta con viabilidad ambiental conforme a la resolución No. 1134-19-TAA, de las 09:57 horas del 8 de julio de 2019, No. 482-2003-SETENA, contenida en el Expediente No. FEAP-037-2002-SETENA, "Cierre Técnico del Vertedero de Navarro y construcción del Relleno Sanitario Los Pinos". Igualmente, la SETENA ha indicado mediante su asesoría legal: "...Ante la SETENA el desarrollador del proyecto de marras es WPP Continental de Costa Rica S. A. por lo que preliminarmente, debe indicarse que dicha empresa es quien se encuentra legitimada para realizar la solicitud de modificación del proyecto, pues es quien adquirió los derechos y deberes sobre el área de proyecto evaluada y es la comprometida a cumplir los compromisos ambientales, no así un tercero, aunque sea el propietario registral de la propiedad, pues para eso, desde un principio el SETENA solicita la autorización de ese propietario para que el desarrollador disponga de la propiedad y llevar a cabo un proyecto (...) Por otro lado, la posibilidad de uso de esa propiedad para un relleno de la Municipalidad, depende de un tema contractual entre el Municipio y WPP sobre el cual SETENA no tiene injerencia...". También, el Relleno cuenta con la infraestructura necesaria para funcionar en su totalidad, sin dejar de lado que la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No. 8839, establece: "Artículo 8.- Funciones de las municipalidades . Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón; para ellos deberán: (…) d) Garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, así como de centros de recuperación de materiales, con especial énfasis en los de pequeña y mediana escala para la posterior valorización. (…) h) Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan los costos para realizar una gestión integral de estos, de conformidad con el plan municipal para la gestión integral de residuos, esta Ley y su Reglamento, y en proporción con la cantidad y la calidad de los residuos generados, asegurando el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios y garantizando su autofinanciamiento”. Dicho lo expuesto, esa conciliación, debidamente firmada y aprobada por el Gobierno Municipal, resolverá de mejor forma lo ordenado por la Sala en el voto que se acusa incumplido. Finalmente, se han rendido informes de cumplimiento conforme consta en autos. Con base en todo lo anterior, solicitan rechazar la presente gestión por improcedente. 4.- Informa bajo juramento Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (escrito presentado a las 10:48 horas del 03 de setiembre de 2020) que dentro del plazo conferido y en acatamiento a lo ordenado por esta Sala, se procedió a cumplir la orden girada en los siguientes términos: En fecha 09 de marzo de 2020, se realizó la primera visita de inspección al proyecto del caso que nos ocupa, en compañía de personeros de la Municipalidad de Cartago, Ministerio de Salud y el desarrollador del proyecto, de la cual surgió la resolución No. 0476-2020-SETENA, de las 14 horas del 17 marzo de 2020, emitiendo las acciones respectivas, de lo cual se presentó evidencia a la Sala Constitucional mediante oficio SETENA-SG-0444-2020 con fecha 18 de marzo de 2020, como informe sobre acatamiento de sentencia. Se programaron las visitas para el debido seguimiento e informar a la Sala Constitucional los avances dentro del proyecto del Relleno Sanitario Los Pinos. En este orden de ideas, el primer informe se presentó en el mes de marzo, por lo que las siguientes inspecciones se han realizado para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, las cuales hasta el momento se han cumplido. Dichas visitas se han llevado a cabo en las siguientes fechas: lunes 11 de mayo, martes 16 de junio, martes 30 de junio, jueves 6 de agosto y miércoles 26 de agosto, (todas del presente año). Como se evidencia en las pruebas adjuntas y el presente informe, a raíz del estado de emergencia en que nos encontramos, y las distintas alertas y ordenes sanitarias giradas, algunas de las visitas inicialmente programadas han tenido que ser trasladadas, por lo que en el proceso de las visitas de inspección no se han podido realizar estrictamente de manera mensual. Aun con lo anterior, esta Secretaría no ha faltado a su compromiso y cumplimiento de lo ordenado mediante la sentencia 2020-002374, de las 09:30 horas del 07 de febrero de 2020, como se detallará. De cada inspección se han realizado los informes técnicos respectivos, de los cuales no se realizará especial ahondamiento, pues son documentos que se encuentran pendientes de valoración por la Comisión Plenaria de la SETENA. En este caso, dicho órgano colegiado no ha podido entrar en conocimiento de los informes técnicos generados y ordenar lo que corresponda debido a que el expediente administrativo se encontraba en la Dirección Jurídica del MINAE, resolviendo sobre un Recurso de Apelación en subsidio presentado por el desarrollador, por lo que hasta que no ingresara de nuevo a la SETENA el expediente administrativo con la resolución que agotó la vía administrativa, no era posible tomar decisiones en cuanto a los informes técnicos generados por las visitas realizadas. Sin embargo, en fecha 24 de agosto de 2020 el expediente del caso que nos ocupa, fue devuelto por parte del Ministro de Ambiente y Energía, por lo que ya se procedió a trasladar el mismo a la Comisión Plenaria para que resuelva como corresponda y finalmente, se enviará el informe consolidado con las recomendaciones y observaciones solicitadas al desarrollador en relación al Relleno Sanitario Los Pinos a esta Sala Constitucional. En el caso de la Secretaría, cada informe técnico que se realice deberá ser puesto en conocimiento y avalado por la Comisión Plenaria, tal como lo establece la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 88: “Artículo 88.- Reglamentación y funcionarios. Los integrantes de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental serán funcionarios de tiempo completo, … Sus deliberaciones y resoluciones se adoptarán en comisión plenaria, de conformidad con el reglamento de funcionamiento interno que el Poder Ejecutivo emitirá en el plazo de tres meses, contados a partir de la vigencia de esta ley. Su remoción sólo podrá ser acordada cuando exista falta grave o incumplimiento de lo que establecen esta u otras leyes”. Así las cosas, el Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental ha realizado los informes técnicos correspondientes y las visitas de inspección, sin embargo, en virtud de las competencias legales de esta Secretaría, la Comisión Plenaria deberá valorarlos, ya sea para avalar o modificar su contenido y ordenar lo correspondiente. De las inspecciones ambientales realizadas para fiscalización del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental: En el cuadro 1 se detalla las inspecciones realizadas entre los meses de mayo a agosto de 2020, según las posibilidades de etapas de apertura y cierres emitidas por el Ministerio de Salud en relación a la atención del COVID-19: Cuadro 1. Detalle de las inspecciones ambientales realizadas para fiscalización del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental: Día de la inspección Acta de inspección Participantes 1. 11 de mayo 2020 ASA-ACT INS-0144-2020 - SETENA: Denis García Fallas, Alejandro González Barquero, David Mejías, Osvaldo Chavarría Acuña - Ministerio de Salud: Braulio Fonseca Ramírez - Regente Ambiental Rita Arce Lascares - Personal de WPP: Franklin Obregón Zamora, Luis Diego García 2. 16 de junio de 2020 ASA-ACT INS-0177-2020 - Regenta ambiental: Rita Arce Lascares. - Personal de WPP: Franklin Obregón Zamora, Luis Diego García - Ministerio de Salud: Fiorella Aragón - SETENA: Osvaldo Chavarría Acuña, Joanna Méndez Herrera 3. 30 de junio de 2020 ASA-ACT INS-0199-2020 - Regenta ambiental: Rita Arce Lascares. - Personal de WPP: Franklin Obregón Zamora, Luis Diego García - Ministerio de Salud: Braulio Fonseca Ramírez, Francisco Alfaro Chavarría. - SETENA: Joanna Méndez Herrera 4. 6 de agosto de 2020 ASA-ACT INS-0231-2020 - Regenta ambiental: Rita Arce Lascares. - Personal de WPP: Luis Diego García - Ministerio de Salud: Braulio Fonseca Ramírez, - SETENA: Joanna Méndez Herrera, Alejandro González Barquero 5. 26 de agosto de 2020 ASA-ACT INS-0261-2020 - Regenta ambiental: Rita Arce Lascares. - Ministerio de Salud: Braulio Fonseca Ramírez, Patricia Peña - SETENA: Joanna Méndez Herrera Se adjunta imagen sobre el recorrido realizado en las inspecciones indicadas. (excepto el 26 de agosto de 2020, la cual no se ingresó al proyecto por disposición de la empresa, según consta en el acta ASA-ACT INS-0261-2020 y el informe técnico consolidado INF-TEC-DT-ASA-0418-2020 con fecha 26 de agosto de 2020. Mapa 1. Recorrido que comprende la inspección de seguimiento ambiental realizada en fechas 11 de mayo de 2020. Mapa 2. Recorrido que comprende las inspecciones de seguimiento ambiental realizadas en fechas 16, 30 de junio y 6 de agosto del 2020. De los informes técnicos realizados: a. Sobre la inspección del 11 de mayo, se realizó el informe técnico INF-TEC-DT-ASA-0322-2020 con fecha 11 de junio de 2020. b. Sobre las inspecciones del 16, 30 de junio, 6 y 26 de agosto se realizó el informe técnico consolidado INF-TEC-DT-ASA-0418-2020 con fecha 26 de agosto de 2020. En el informe técnico INF-TEC-DT-ASA-0418-2020 con fecha 11 de junio de 2020 se indica que se envía informe consolidado según la siguiente aclaración “… Se envía a Comisión Plenaria un informe técnico consolidado sobre las inspecciones que el departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental ha realizado en conjunto con el Ministerio de Salud durante los meses de mayo a agosto del 2020, en cumplimiento de lo indicado mediante Resolución No. 02374–2020 emitido por la Sala Constitucional. Paralelamente se hace la aclaración de que el informe se presenta de forma consolidada debido al acatamiento de las Directrices que el Gobierno ha emitido respecto a los cierres y restricciones vehiculares para la atención de la emergencia generada por el COVID-19, además del inconveniente administrativo de que este Departamento no tenía acceso al expediente administrativo del proyecto, por cuanto se envió a Asesoría Jurídica del MINAE para la resolución de un recurso de Revocatoria con Apelación de Subsidio desde junio. Por lo tanto, el presente informe se emite considerando las observaciones realizadas mediante las inspecciones de seguimiento ambiental, así como el análisis de los IRAS disponibles, que corresponden al periodo 2019 a 2020”. En razón de que esa Secretaría ha actuado en acatamiento a la orden girada por la Sala Constitucional, mediante el voto 2020-002374, de las 09:30 horas del 07 de febrero de 2020, al haberse realizado la totalidad de las inspecciones esperadas se solicita, con fundamento en las razones señaladas y en razón de que se ha actuado conforme a derecho, se declare sin lugar, en contra de esta Secretaría, el recurso de amparo con expediente constitucional 19-005199-0007-CO. 5.- Informa bajo juramento Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud (escrito presentado a las 15:11 horas del 03 de setiembre de 2020), que con sustento en la información aportada por el Dr. Oscar Bermúdez García, Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Este, mediante el informe No. MSDRRSCE-0586-2020. del 13 de marzo del 2020, como de seguido se expone: “… (…) Asunto: Gestiones realizadas por el Ministerio de Salud a través de la Dirección de la Región Central Este para el abordaje del caso Relleno Sanitario Los Pinos. / Para respuesta a Resolución No. 2020002374 de las nueve horas treinta minutos del siete de febrero del dos mil veinte. Exp. 19-0055199-0007-CO. ➢ Es de conocimiento, que el Vertedero de Navarro de Agua Caliente desapareció hace más de 5 años … es necesario que en el presente proceso, se tenga claro que existió, varios años atrás, en la localidad de Navarro de Agua Caliente, un vertedero y que este, a través de obras realizadas por el único operador sanitario autorizado, la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., fue trasformado totalmente mediante obras de ingeniería, en lo que se conoce como el Relleno Sanitario Los Pinos, de manera que se debe dejar atrás y eliminar el concepto de que exista un Vertedero de Navarro de Agua Caliente. ➢ Ahora bien, continuando con el tema, en la Resolución de la Sala Constitucional No. 2020-002374, se habla de residuos sólidos expuestos contaminando los terrenos de fincas colindantes, lixiviados que discurren libremente contaminando cuerpos de agua etc., en ese sentido, se aclara que esa situación que alude los recurrentes, no se verifica en este momento y téngase en cuenta que se mantienen 2 inspecciones en el sitio por semana, y dicha situación no se verifica en ninguno de los informes técnicos que se emiten luego de cada inspección realizada, y que se considera fundamental aportarlos como parte de la respuesta a la Sala Constitucional. (Ver oficios MS-DRRSCE-0141-2020, MS-DRRSCE-ARSC-IT-0009-2020, MSDRRSCE-ARSC-IT-0014-2020, MS-DRRSCE-ARSC-IT-0020-2020, MS-DRRSCEARSC-IT-0043-2020, MS-DRRSCE-ARSC-IT-0056-2020, MS-DRRSCE-ARSC-IT-0096-2020, MS-DRRSCE-ARSC-IT-0124-2020 y MS-DRRSCE-ARSC-IT-0168-2020). ➢ Se debe tener en cuenta, que el Relleno Sanitario Los Pinos como proyecto que es, está constituido físicamente por dos bienes inmuebles o fincas, una es propiedad de la Municipalidad de Cartago y la otra es propiedad de la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A quien, a su vez, se reitera, es el único operador sanitario autorizado para el Relleno Sanitario Los Pinos. ➢ Que, a raíz del conflicto contractual entre el operador sanitario autorizado y la Municipalidad de Cartago, se dejó de depositar residuos sólidos en el área que correspondía a la finca perteneciente a Municipalidad de Cartago. Sin embargo, no por ello se le dejó de dar un correcto manejo y supervisión a la operación del Relleno Sanitario, en el entendido de que, primeramente, si bien es cierto, el área perteneciente a la finca de la Municipalidad de Cartago, no continuo en operación para efectos de recibir residuos sólidos; en la finca propiedad de la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., sí se continuo en operaciones, recibiendo los residuos sólidos proveniente de El Guarco y Cervantes y segundo, que desde la Dirección Regional se ha venido gestionado desde entonces, visitas de seguimiento al lugar para verificar el buen funcionamiento de las operaciones del Relleno Sanitario y que justamente al verificarse que el área de la finca perteneciente a la Municipalidad de Cartago ya no se encontraba recibiendo residuos sólidos se le giró la Orden Sanitaria No. CE-ARSCE-OS-0138-2019 a la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A, para que continuara con los “…procedimientos faltantes de las obras para cierre técnico del relleno sanitario en el sector propiedad de la Municipalidad de Cartago…” [sic], justamente del área que ya no se encontraba recibiendo residuos sólidos. Acerca de dicha orden sanitaria si tenemos que decir, que se encuentra hoy por hoy pendiente de cumplimiento. Al respecto debe entenderse que si bien ha existido algún tipo de nivel de tolerancia con respecto al plazo de cumplimento de dicha orden, ello es así por cuanto ha considerado la Dirección Regional la importancia del proceso de negociación en que han entrado el Operador Sanitario y la Municipalidad de Cartago por representación del Consejo Municipal, y que si finalmente el objetivo que se persigue es justamente que se logre volver a abrir para recepción de desechos sólidos, la parte la finca que pertenece a la Municipalidad de Cartago, entonces el operador sanitario podría volver a tratar los residuos que quedaron en ese parte del proyecto, por lo que no valdría la pena que el operador sanitario realizara las obras de cierre y post cierre técnico de esa área del Relleno Sanitario, pues se seguiría explotando la misma finca, toda vez que le resta a esta cierta cantidad de años de vida útil a dicha área, lo que resulta especialmente beneficioso para los administrados. De lo anterior existen actas de dicho acercamiento entre el operador sanitario y la Municipalidad de Cartago a través del Consejo Municipal, existe una oferta privada por parte de la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. a la Municipalidad de Cartago, sin embargo, no contamos con autorización para su divulgación por el momento, así que dentro de la respuesta que se le dé a la Sala Constitucional respecto al Recurso de Amparo interpuesto, es importante que se recalque la gestión e intervención de la Dirección Regional a fin de buscar soluciones al presente caso y que dicha intervención gestionaba por la Dirección Regional ha logrado entre otros un acercamiento entre las partes, a través de la participación en la reunión de Consejo Municipal, donde se tomó el acuerdo entre otros, de que se iba a dar por escrito la oferta de conciliación y que esta sea homologada por el juez competente. (Ver además oficio MS-DRRSCE-URS-0052-2020). ➢ Que los residuos sólidos mencionados anteriormente en el área de la finca perteneciente a la Municipalidad de Cartago, sí se han seguido vigilando y ello consta en las inspecciones de seguimiento que se han venido realizando sobre las cuales se han emitido informes técnicos, en los cuales constan que existen chimeneas para los gases por lo cual no es cierto que no se están tratando los gases, que con respecto a los lixiviados estos discurren a la planta de tratamiento donde están siendo tratados sanitariamente, se constata que los residuos están cubiertos con una capa de tierra y que incluso ya existe una capa vegetal visible, indica también que existen en funcionamiento canales perimetrales para la lluvia y que se guardan los retiros de ley con respecto a las fincas colindantes y que no existen residuos expuestos, etc., sin embargo, debe tenerse en cuenta que a pesar de ello, lo que origina la orden sanitaria es el riesgo y que en razón de acatamiento del principio precautorio, el Ministerio de Salud es conocedor de que esos residuos no se han estabilizado de forma completa, a pesar de que ello es una fase que conlleva años para que estos residuos se mineralicen hasta perder su actividad biológica y se convierten entonces en un sustrato del suelo. ➢ Que existe una gestión en una tercera finca que colinda con el Relleno Sanitario Los Pinos y que es propiedad de la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., acerca de la cual dicha empresa ya cuenta con un uso de suelo tolerado emitido por la Municipalidad de Cartago y continúa gestiones ante las instancias del SETENA para su aprobación, sin embargo, debe entenderse, que al ser un proyecto a una distancia de tiempo no terminable actualmente, la opción de reapertura para funcionamiento de la finca propiedad de la Municipalidad de Cartago, sigue siendo por oportunidad, tiempo y gestión, la opción más apropiada y beneficiosa para todas las partes. Esperamos pues, que se materialice la conciliación entre el operador sanitario y la Municipalidad de Cartago y de ser así, el Ministerio de Salud no resultaría ser indiferente al proceso, toda vez que como parte de nuestras funciones, no ignoramos que ha trascurrido tiempo desde que se dejaron de depositar residuos sólidos en la parte de la finca propiedad de la Municipalidad de Cartago, y que evidentemente, se tendrá que volver a analizar cuáles son las condiciones, si toda la infraestructura que se había desarrollado ahí, geomembranas, tuberías subterráneas, planta de tratamiento, canales perimetrales etc., están en condiciones funcionales óptimas para que el Relleno Sanitario siga operando, lo que realizaría de manera paralela, pues de darse la reapertura de dicho lugar y con el fin de no entorpecer de manera dilatoria e innecesaria su reapertura, la lógica apunta a que en la marcha, nosotros como Ministerio de Salud seguiríamos realizando valoraciones y, de ser necesario, girando los actos administrativos que se consideren pertinentes para garantizar el óptimo funcionamiento sanitario del Relleno Sanitario Los Pinos. ➢ Adicionalmente, continuando con el recuento de las gestiones de supervisión por parte del Ministerio de Salud, y al detectarse que la Municipalidad de Cartago se encontraba realizando perforaciones en el Relleno Sanitario, aun cuando estas fueran en la finca de su propiedad, se le giró la Orden Sanitaria No. CE-ARSC-OS-0120-2019, lo cual se constató su cumplimiento a través del Informe Técnico CEARSC-IT-0686-2019, para que se abstuvieran de manera inmediata de sus actos, primeramente porque la Municipalidad de Cartago no es el operador sanitario autorizado para el Relleno Sanitario Los Pinos, segundo porque con dicha actuación, podía eventualmente convertirse en causa de justificación para que la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., se negara a seguir con las obras correspondientes de disposición sanitaria de los residuos sólidos depositados por ellos en el Relleno Sanitario. ➢ Que dentro de las gestiones que ha realizado el Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional, gestionó una reunión con los alcaldes de El Guarco, Alvarado, Intendente de Cervantes, Gerencia de WPP Continental y el Ministerio de Salud, a fin de poner en conocimiento a dichas autoridades, de las posibles situaciones del Relleno Sanitario Los Pinos y la necesidad de buscar medidas alternativas en caso de cierre, (Ver oficio MS-DRRSCE-URS-0017-2020), es a raíz de dicha reunión entre las distintas autoridades que tenemos que, como medida precautoria, siendo que se tenía conocimiento del tiempo que posiblemente le restaba de vida útil al área de la finca perteneciente a la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A., se giraron órdenes sanitarias CE-ARS-O-OS-0146-2019, CE-ARC-O-OS-0147-2019, O.S Consecutivo 095-2019, OS-MS-DRRSCEDARGEG-OS-189-2019, OS-MS-DRRSCE-DARSP-OS-149-2019 y OS-MSDRRSCE-DARSP-150-2019 a las municipalidades e intendencias de Oreamuno, Alvarado, Intendencia Municipal de Tucurrique, Municipalidad de El Guarco, Municipalidad de Paraíso e Intendencia de Cervantes, a fin de que presentaran un plan alternativo, ello ante la posibilidad de que se agotara la vida útil de la parte del Relleno Sanitario en funcionamiento, con ello logró el Ministerio de Salud identificar de una manera más precisa, que dentro de las respuestas emitidas por las Municipalidades, varias fueron claras en manifestar que no contaban con alternativas, otras lograron acuerdos con la Empresa EBI, en la cual el Ministerio de Salud le dio acompañamiento ante la Contraloría General de la República a finde que se les pudiera otorgar la autorización para contrataciones temporales, mismas que se encuentran prontas a vencer, tal es el caso de Paraíso, Alvarado y Oreamuno, ello por ser autorizaciones por un plazo de 6 meses, Cartago y La Unión mantienen contratación con la Empresa EBI, actualmente y El Guarco y Cervantes son las únicas que continúan con contratación con la WPP Continental de Costa Rica S.A. (Ver oficio MS-DRRSCE-URS-0633-2019). ➢ Por otra parte, téngase en conocimiento que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Regional, también ha continuado con reuniones con la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A, quienes nos han expuesto otras alternativas para gestión de residuos sólidos, para afrontar la eventualidad de que evidentemente el Relleno Sanitario Los Pinos en algún momento agotará su vida útil y se tendrá entonces que abordar esta situación. ➢ Adicionalmente, se dio atención como emergencia, el tema de la estación de trasbordo, siendo que dicha situación se presentó finalizando el año 2019, justamente cuando estaban finalizando los contratos con la Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A y las Municipalidades e Intendencias y aunado a ello estaba también acabando la vida del Área de la Finca propiedad de Empresa WPP Continental de Costa Rica S.A, por lo cual se decidió la aprobación de esa estación de trasbordo, garantizando sanitariamente que no hubiera residuos dispersos ni descubiertos, manejo de lixiviados etc., en razón de ello se otorgó primeramente un permiso temporal por espacio de un mes (Ver Oficio MSDRRSCE-1532-2019) y posteriormente se renovó mediante prórroga por un mes más (Ver Oficio MS-DRRSCE-0138-2020), los cuales a la fecha de la presente están precluidos en plazo, por lo cual ya no hay trasbordo y hora se abrió una nueva celda con una vida útil aproximada de un año a razón de 75 toneladas por día, ya que, como se indicó anteriormente, únicamente se encuentran gestionando los residuos sólidos de Cervantes y El Guarco. (Ver oficio sin número de fecha 04 de marzo 2020). ➢ Que, en acatamiento al principio de coordinación administrativa, se tiene que el Ministerio de Salud, notificó a la Sra. Teresita Cubero Maroto en su condición de presidenta del Concejo Municipal y al Sr. Rolando Rodríguez Brenes actual alcalde de la Municipalidad de Cartago, para convocatoria a reunión en respuesta a lo ordenado mediante Resolución No. 2020-002374 por parte de la Sala Constitucional, dicha reunión fue solicitada para las nueve horas del día lunes el 09 de marzo 2020, mediante oficio MS-DRRSCE-ARSC-0141-2020 sobre el cual, a la fecha de la presente no se tiene respuesta por parte de dicha autoridad administrativa. ➢ Finalmente, se recibió en fecha 05 de marzo 2020 mediante oficio SETENA-DTASA-0219-2020 del 04 de marzo 2020, por parte de SETENA, convocatoria para fecha 09 de marzo 2020 a las 08:30 am, para coordinación de inspección de campo al Relleno Sanitario Los Pinos, en acatamiento a lo ordenado mediante Resolución No. 2020-002374 de las nueve horas treinta minutos del siete de febrero del dos mil veinte, por parte de la Sala Constitucional. ➢ Es así que, en la fecha anteriormente indicada, se realizó inspección coordinada entre instituciones, estando presente los siguientes funcionarios en representación de las instituciones que respectivamente se indican: - Marvin Boza Quesada, SETENA, Comisión Plenaria. - Marjorie Valverde Castillo, SETENA. - Karla Alvarado Cajiao, SETENA. - David Mejías Chacón, SETENA. - Oscar Amaño Fernández, SETENA. - Ana Laura Valverde Fonseca, SETENA. - Rita Arce Láscarez, Regente Ambiental del proyecto. - Franklin Obregón Zamora, WPP. - Olga Marta Arias, Empresa WPP. - Luis Diego García, Empresa WPP. - Julio Fonseca, WPP (abogado). - Teresita Cubero Maroto, Concejo Municipal de Cartago (presidenta). - Jorge Araya Serrano, Municipalidad de Cartago. - Josué Cabezas Garita, Municipalidad de Cartago. - Silvio Marín Chacón, Municipalidad de Cartago. - Allan Camacho Monestel, Municipalidad de Cartago. Que como consta mediante oficio MS-DRRSCE-URS-0152-2020 de fecha 10 de marzo 2020, emitido por Ing. Jesús Zamora Hidalgo, se determinó a través de este lo siguiente: “…SITUACIÓN ENCONTRADA . La inspección consistió en la verificación de las condiciones actuales del relleno sanitario, visitando ambos terrenos, tanto el municipal como el de la empresa privada. La visita empezó con el ingreso por el camino de acceso vehicular hacia la celda activa al relleno, pasando al terreno municipal, realizando una inspección general en la zona en desuso, donde se verificaron registros de alcantarillado sanitario, así como la capa superior de las celdas inactivas. Posteriormente se procedió a realizar una inspección general en la planta de tratamiento, donde se verificó el sistema de tratamiento general, incluso se observaron tuberías, canales y el vertido de aguas finales. En toda la zona no se observaron anomalías de trascendencia o que representaran un riesgo latente a la salud pública, así como inconsistencias de índole sanitario. Por último, se procedió a realizar la inspección en parte de la zona de trabajo activo, ubicado en la propiedad de WPP, donde se observó el trabajo que se venía realizando por la maquinaria. En toda la zona no se logró observar problemas de estabilidad, el mantenimiento activo de varias chimeneas, la emanación de lixiviados o material sin cobertura, salvo el que se mantenía bajo un trabajo activo. Incluso en la zona inactiva, donde no se han incorporado más materiales de desecho, se mantenía con las condiciones de usuales que se ha presentado en meses atrás, con cobertura baja-media de material orgánico, las cuales empiezan a invadir los canales de aguas pluviales, sin afectar su funcionabilidad hasta el momento. CONCLUSIONES. 1. Durante la inspección no se visualizó una condición crítica o inherente a causar daño en la salud pública por el mal funcionamiento o desatención de las obras y terrenos inactivos. No obstante, es importante atender el mantenimiento menor para ir garantizando el buen funcionamiento de las obras colocadas, tales como drenajes de lixiviados y aguas pluviales. 2 . En el terreno de la propiedad de la Municipalidad de Cartago se evidencia una falta de mantenimiento, principalmente en la cobertura de los desechos, ya que no se ha venido efectuando obras de gran magnitud y en resguardo de la zona para un futuro a mediano-largo plazo. 3. El gas metano generado en todas las celdas del relleno sanitario, tanto las correspondientes a terreno de la empresa WPP, como de la Municipalidad de Cartago, está siendo captado por tubería y quemado en chimeneas ubicadas en todo el terreno, por lo que durante la visita realizada no se evidenció una afectación a las comunidades vecinas por emanaciones de gas metano. 4. Tanto las aguas de lavado de camiones, como los lixiviados generados en las celdas ubicadas en terreno municipal y en el terreno de la empresa WPP están siendo adecuadamente conducidas a la misma planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en terreno municipal. La planta de tratamiento de aguas residuales presenta un adecuado funcionamiento, mantenimiento y control diario por parte de la empresa WPP y con base en los reportes operacionales se demuestra cumplimiento con todos los parámetros de vertido según lo establecido en la legislación vigente. 5. No se tuvo claridad en relación con las gestiones posterior a la visita, así como tampoco existió una reunión para verificar las condiciones o resultado de lo observado por cada institución para unificar criterios y eventualmente girar los actos administrativos. Se debe coordinar la gestión interinstitucional correspondiente en cumplimiento con el voto de la Sala Constitucional…”. ➢ Finalmente, en fecha 11 de marzo 2020, se lleva a cabo una reunión coordinada entre instituciones, ello en las instalaciones de la Municipalidad de Cartago, en la cual estuvieron presentes representantes de Ministerio de Salud, SETENA y Municipalidad. (Ver oficio sin número de fecha 11 de marzo 2020, con los puntos desarrollados en dicha reunión). - Oscar Umaña F. / SETENA. - Susan Castrillo M. / Ministerio Salud. - Andrea Morales Fiesler / Ministerio Salud. - Jesús Zamora Hidalgo / Ministerio Salud. - Josué Cabezas G. / Municipalidad Cartago. - Jorge Araya Serrano / Municipalidad Cartago. - Silvio Marín Chacón / Municipalidad Cartago. - Wilberth Quesada G./ Municipalidad Cartago. - Rolando Rodríguez B./ Municipalidad Cartago. - Oscar Bermúdez García / Ministerio Salud. Lo anterior claramente demuestra que no ha existido “… omisión de deberes … pasividad y decidía…” [sic], sino que, por el contrario, el Ministerio de Salud ha gestionado todas las medidas dentro de sus competencias a fin de resguardar la salud pública, el cual ha sido nuestro único norte en el presente caso. …( )…”. Actualmente se encuentran, como bien lo indica el informe, en la coordinación interinstitucional, determinando cuáles serán las medidas, de acuerdo con las competencias de cada sector, para seguir atendiendo, como se ha hecho, de manera responsable, el objeto de lo denunciado, y para cumplir el mandato Constitucional que los ocupa. 6.- Informa bajo juramento Marice Navarro Montoya, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo (escritos presentados a las 16:07 horas del 03 de setiembre de 2020 y a las 15:08 horas del 09 de setiembre de 2020), que en relación con lo alegado por el recurrente, procederá esa Judicatura a hacer referencia a lo que se enmarca dentro de las competencias otorgadas al Tribunal Ambiental Administrativo por la Ley Orgánica del Ambiente, aunado al hecho de informar a la Sala Constitucional de las acciones realizadas por este Despacho. El 12 de febrero de 2020, el Tribunal Ambiental Administrativo, es notificado de la resolución No. 2020-002374, de las 09:30 horas del 07 de febrero de 2020 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tal y como consta a folios 361 al 421 del expediente administrativo. Mediante resolución No. 1391-2020-TAA, de las 11:12 horas del 06 de mayo de 2020, se acuerda rechazar el recurso de revocatoria, así como la nulidad concomitante, interpuesta por el señor Rolando Rodríguez Brenes, en su condición de Alcalde de Cartago, en contra de la resolución No. 1134-2019-TAA, mediante la cual se estableció el dictado de una medida cautelar en el sitio a fin de evitar daños de imposible o difícil reparación. Mediante resolución No. 1392-2020, de las 13:15 horas del 06 de mayo de 2020, visible a los folios 478 al 482 del expediente administrativo, se dicta el auto de apertura del procedimiento ordinario administrativo citando audiencia para el 6 de agosto de 2020, a las 08:30 horas, en la sede del Tribunal Ambiental Administrativa, mediante el cual se establece: “… PRIMERO: Que mediante la presente resolución se declara la apertura de un proceso ordinario administrativo y se imputa formalmente a WPP CORICLEAN LOS PINOS WASTE DISPOSAL S.A., cédula jurídica número 3-101-526134, representada en su condición de Presidenta por la señora OLGA MARTA ARIAS RIVAS, portadora de la cédula de identidad número 1-0865-0838, y a ésta última en su condición personal por una eventual responsabilidad solidaria, como propietaria registral del inmueble matrícula a folio real 3-259350, plano catastrado número C-2028389-2018, a la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, cédula jurídica número 3-014-042080, representada por el señor MARIO REDONDO POVEDA, portador de la cédula de identidad número 1-0589-0526, o por quien ocupe su cargo, como propietaria registral del inmueble matrícula a folio real 3-255175, plano catastrado número C-1905476-2016, a la MUNICIPALIDAD DE PARAISO, cédula jurídica número 3-014-042086, representada por el señor CARLOS MANUEL RAMIREZ SANCHEZ, o por quien ocupe su cargo, como propietaria registral del inmueble matrícula a folio real número 3-81078, plano catastrado número C-1953993-2017 y a WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA S.A., cédula jurídica 3-101-155 289, representada en su condición de Presidenta por la señora ILEANA MARIA GONZÁLEZ PANIAGUA, portadora de la cédula de identidad número 1-0490-0011, y a ésta última en su condición personal por una eventual responsabilidad solidaria, como empresa desarrolladora del Proyecto “Cierre Técnico del Vertedero de Navarro y Construcción del Relleno Sanitario Los Pinos”, lo anterior en virtud de la denuncia incoada por el señor SERGIO BERMUDEZ MUÑOZ, en su entonces condición de Secretario General de la SETENA. Ello se realiza de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, 50 y 89 de la Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 17 a 24, 59, 61, 83, 84, 86, 89, 98 a 101, 103, 106, 108 a 112 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículos 1, 7, 9, 11, 45, 53, 54, 106, 109, 110 y 113 de la Ley de Biodiversidad, artículo 3 inciso c) Reglamento a la Ley de Biodiversidad Decreto Número 34433-MINAE, artículos 6, 7, 8, 218, 275, 284, 308 a 319, 345 y 346 de la Ley General de Administración Pública, Ley para la Gestión Integral de Residuos número 8839, Ley General de Salud número 5395, Reglamento sobre Rellenos Sanitarios número 27378-S, así como 1, 11, 20, 24 y siguientes del Decreto Ejecutivo número 34136-MINAE. Los presuntos hechos imputados mediante la presente resolución ocurrieron en las fincas matrícula a folio real 3-259350, plano catastrado número C-2028389-2018, 3-255175, plano catastrado número C-1905476-2016 y 3-81078, plano catastrado número C-1953993-2017, localizadas en el distrito de Dulce Nombre, cantón Cartago, provincia Cartago y consisten en el haber realizado y/o no haber impedido: * La realización de obras (celdas) sin contar con viabilidad ambiental (folio 49, oficio número SETENA-SG-1575-2018). * Inexistencia de un adecuado sistema para la disposición de aguas pluviales, lo cual fue verificado en época de lluvia (folio 91, Informe Ministerio de Salud CE-URS-0430-2018). * Canales pluviales sin mantenimiento y con presencia de lixiviados (folios 334-360, Resolución No. 2712-2019-SETENA). * Ausencia de medidas para disminuir el arrastre de sedimentos en los sistemas de conducción de aguas pluviales (folios 334-360, Resolución Nº 2712-2019-SETENA). * Presencia de vegetación en canales pluviales, áreas sin canalización pluvial, presencia de residuos, lixiviados y canales en tierra sin impermeabilizar (folios 334-360, Resolución Nº 2712-2019-SETENA). * Presencia de lixiviados o afloramientos de los mimos en calles de acceso, cunetas pluviales, laderas, caños y fugas en pozos de lixiviados (folios 334-360, Resolución No. 2712-2019-SETENA). * Conducción ineficiente de lixiviados hacia la planta de tratamiento (folios 203-2014, Informe TAA-DT-004-19). * Desfogue crudo de lixiviados en una quebrada o cauce pluvial natural (folios 334-360, Resolución No. 2712-2019-SETENA). * Falta de monitoreo mensual sobre la calidad del agua en el punto de desfogue hacia los cuerpos receptores (folios 334-360, Resolución No. 2712-2019-SETENA). * Ausencia de medidas de estabilización de taludes (folios 334-360, Resolución No. 2712-2019-SETENA). * Ausencia de controles para fauna nociva (folios 334-360, Resolución No. 2712-2019-SETENA). * Presencia de residuos en accesos, cunetas, caminos internos y laderas (folios 334-360, Resolución No. 2712-2019-SETENA). * Ausencia de personal técnico capacitado para la identificación, separación o tratamiento de los residuos hospitalarios (folios 334-360, Resolución No. 2712-2019-SETENA). * Ausencia de sistema de recolección y conducción de rumas, y desconocimiento del destino final del efluente de las aguas residuales generadas en el área de lavado de camiones que ingresan y salen del terreno (folios 334-360, Resolución No. 2712-2019-SETENA). * Presencia de varios frentes de trabajo o celdas sin trabajar o abandonadas (folios 334-360, Resolución No. 2712-2019-SETENA). * Arrastre de sedimentos en varios sitios del proyecto (folios 334-360, Resolución No. 2712-2019-SETENA). * Falta de operación de todas las chimeneas para la extracción y quema de biogás tratamiento (folios 203-2014, Informe TAA-DT-004-19). * Falta de cobertura de residuos sólidos (folios 58-59, Informe Ministerio de Salud CE-ARSC-2093-2018). * Liberación de gases en pie de taludes donde también se observaron residuos sin cobertura (Folios 58-59, Informe Ministerio de Salud CE-ARSC-2093-2018). En cuanto a la MUNICIPALIDAD DE PARAISO, cédula jurídica número 3-014-042086, representada por el señor CARLOS MANUEL RAMIREZ SANCHEZ, o por quien ocupe su cargo, como propietaria registral del inmueble matrícula a folio real número 3-81078, plano catastrado número C-1953993-2017, el haber realizado y/o no haber impedido: * La construcción de dos piletas cubiertas con plástico negro, una de ellas conteniendo aguas residuales de coloración café. Lo anterior se localiza en el Sistema de Proyección CRTM05 en las coordenadas Este 513085.62 Norte 1085859.73. (…)”. El 21 de mayo de 2020, se recibe escrito del señor Mario Redondo Poveda, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de Cartago, mediante el cual interpone escrito de reconsideración de la resolución No. 1391-2020-TAA. Ver folios 500 al 506 del expediente administrativo. Mediante resolución No. 1898-2020-TAA, de las 11:30 horas del 17 de junio de 2020, se acuerda suspender la audiencia oral y pública siendo que no todas las partes se encontraban notificadas; con apego al principio del debido proceso y derecho de defensa, resguardados en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. Se señala como nueva fecha para realizar la presente diligencia el lunes 19 de octubre de 2020. Ver folios 521 al 522 del expediente administrativo. Mediante La Gaceta 186 del 29/7/2020, La Gaceta 187 del 30/7/2020 y la Gaceta 188 del 31/7/2020, se realiza la publicación por edicto de la resolución No. 1392-2020-TAA mediante el cual se dicta el auto de apertura del procedimiento ordinario administrativo. Ver folios 841 al 852 del expediente administrativo. El 5 de agosto de 2020 se recibe escrito del señor [Nombre 001] mediante el cual presenta solicitud de Coadyuvancia Activa del expediente No. 132-18-03-TAA. Ver folios 567 al 840 del expediente administrativo. El 25 de agosto de 2020, se recibe escrito de la Municipalidad de Cartago, suscrito por los señores Mario Gerardo Redondo Poveda en su condición de Alcalde de Cartago, la señora Ileana María González Paniagua, representante de la empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. y la señora Olga Marta Arias Rivas, representante de la sociedad WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A., mediante el cual someten al Tribunal para su respectiva homologación el acuerdo de conciliación entre las partes. Ver folios 853 al 894 del expediente administrativo. El 28 de agosto de 2020 se recibe escrito del señor [Nombre 001] mediante el cual solicita copia de la resolución final del presente procedimiento ordinario administrativo. Ver folios 895 al 897 del expediente administrativo. El 02 de setiembre de 2020, se recibe escrito del señor [Nombre 001] Morales, mediante el cual expone hechos y pruebas que tienen relación con el traslado de cargos en el presente procedimiento ordinario administrativo con la finalidad de que se determine la verdad real de los hechos. Ver folios 898 al 1199 del expediente administrativo. Una vez expuesto lo anterior, debe quedar claro a la Honorable Sala Constitucional que el Tribunal Ambiental Administrativo ha sido diligente en la atención del presente proceso. Se encuentran actualmente analizando los escritos del señor [Nombre 001], así como el acuerdo de Conciliación presentando por la Municipalidad de Cartago. Con fundamento en las razones de hecho y de derecho señaladas, se solicita se tenga por rendido el informe ordenado mediante resolución de las 07:10 del 28 de agosto de 2020, que fue notificada a ese Despacho a las 11:00 horas del 31 de agosto de 2020. 07.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:35 horas del 09 de setiembre de 2020, el recurrente [Nombre 001] se refiere a las contestaciones brindadas por las autoridades recurridas. Dice que basta un simple vistazo a las contestaciones realizadas por los recurridos, para notar de inmediato, que todos ellos evaden el tema relativo a los inmuebles donde se ubican tanto el Relleno Sanitario Los Pinos, como el Vertedero al que se ha hecho alusión en el presente recurso de amparo. En este sentido, nótese que, en ninguna de las contestaciones, siquiera se esfuerzan por intentar desvirtuar lo señalado. Se está operando al margen de la Viabilidad Ambiental Inicialmente concedida, en el tanto existe un inmueble anexo al Relleno Sanitario Los Pinos, donde se instaló un Vertedero sin ningún tipo de permiso o habilitación por la autoridad competente. Ha de recordarse que la empresa WPP Continental S.A., como también lo ha afirmado la propia Municipalidad de Cartago, fue contratada para operar y posteriormente cerrar de manera definitiva, un vertedero municipal a cielo abierto conocido como Navarro-Los Pinos o Relleno Los Pinos, que es propiedad de la Municipalidad de Cartago. La propia Municipalidad de Cartago por incumplimientos graves, e incluso la misma Municipalidad denunció por contaminación ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo, autoridad ante quien pende aún el procedimiento respectivo. 08.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, Considerando: I.- Sobre lo resuelto en este asunto. Esta Sala, mediante sentencia No. 2020-002374, de las 09:30 horas del 07 de febrero de 2020, declaró parcialmente con lugar el recurso, por infracción a los derechos tutelados en los artículos 21, 27 y 50 de la Constitución Política y dispuso, en lo que interesa, lo que seguidamente se trascribe: “…Se ordena lo siguiente: 1) a Daniel Salas Peraza, en su condición de ministro de Salud, a Rolando Rodríguez Brenes y a Teresita Cubero Maroto, respectivamente, en su condición de alcalde y de presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Cartago y a Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de secretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quienes en sus lugares ocupen esos cargos, emitir de manera conjunta y coordinada, dentro del plazo de un mes, las órdenes sanitarias y los demás actos que corresponda, a fin de solventar la problemática denunciada por los recurrentes, así como velar por el efectivo cumplimiento de éstos, debiendo informar a esta Sala cada mes sobre lo actuado en tanto se resuelva definitivamente el caso del Relleno Sanitario Los Pinos. 2 ) a Marice Navarro Montoya, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo o a quien en su lugar ocupe ese cargo, emitir, dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, la resolución final del procedimiento administrativo y remitir a esta Sala ese pronunciamiento…”. II.- En cuanto a la gestión presentada por el recurrente. El 27 de agosto de 2020, comparece ante este Tribunal el recurrente acusando desobediencia a lo ordenado en esa sentencia. Dice que las autoridades recurridas del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Cartago y la SETENA tenían el deber de informar a esta Sala Constitucional, cada mes sobre lo actuado, "en tanto no se resuelva definitivamente el caso del relleno sanitario de Los Pinos", y el único informe que presentaron fue el 08 de junio de 2020. Además, la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo no presentó la resolución final del procedimiento administrativo que lleva del relleno sanitario de Los Pinos. En atención a la audiencia conferida sobre esa gestión, las autoridades recurridas indicaron en los informes rendidos bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción, así como del acervo probatorio aportado, que fruto del trabajo coordinado que ha hecho la Municipalidad de Cartago con SETENA y el Ministerio de Salud, se ha presentado ante el Tribunal Ambiental Administrativo una solicitud de homologación de acuerdo conciliatorio a que se ha arribado con las codenunciadas WPP Continental de Costa Rica S. A. y WPP Coriclean Los Pinos Waste Disposal S.A., dentro del expediente al que se refiere la sentencia constitucional, con lo que se podrá atender de mejor manera dicho fallo porque, además, incluye un expediente tramitado al efecto ante la SETENA. La representante de la SETENA señala que el primer informe se presentó en el mes de marzo y las siguientes inspecciones se han realizado para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, las cuales hasta el momento se han cumplido. Además, de cada inspección se han realizado los informes técnicos respectivos, pero se encuentran pendientes de valoración por la Comisión Plenaria de la SETENA. El Ministro de Salud hace referencia al abordaje que del caso del relleno sanitario Los Pinos ha realizado la Dirección de la Región Central Este, pero no hace mención alguna a los informes mensuales que se debe rendir a esta Sala. Mientras que la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo informa que mediante resolución No. 1392-2020, de las 13:15 horas del 06 de mayo de 2020, se dicta el auto de apertura del procedimiento ordinario administrativo citando audiencia para el 6 de agosto de 2020. Agregan que se encuentran actualmente analizando los escritos del señor [Nombre 001] , así como el acuerdo de conciliación presentando por la Municipalidad de Cartago. Esta Sala constata de los informes rendidos por el Ministro de Salud, el Alcalde y el Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Cartago y la Secretaria General de la SETENA, los ingentes y laboriosos esfuerzos para solucionar la problemática con el relleno sanitario Los Pinos, que no constituyen peccata minuta y que, por ello, es de destacar. Sin embargo, se aprecia que han omitido rendir informes de esos trabajos con la periodicidad requerida en el voto dictado. Omisión que no es posible soslayar, pues el desconocimiento de la información sobre las actuaciones realizadas, hace incurrir al recurrente y a cualquier otro administrado, en una consideración errada de la realidad en la atención de tal problemática que es sumamente compleja. En similar situación se encuentra el Tribunal Ambiental Administrativa, pues tampoco ha informado lo acontecido en el proceso, conforme se le ordenó. Aparte de lo anterior, cualquier inconveniente en los trámites, por las razones que sean, como la actual pandemia, de igual forma se debe hacer a esta Cámara, sin esperar que para ello gestionen los recurrentes, como ha acontecido en autos, pues mientras no se cumpla a cabalidad con lo resuelto y ordenado, existe una sujeción especial que implica una rendición de cuentas, como lo apercibido en la sentencia emitida. De ahí que se considera que sí ha habido incumplimiento a lo dispuesto por este Tribunal Constitucional. En ese contexto, se estima procedente el reclamo presentado por el recurrente, por lo que procede acoger la gestión planteada. III.- Conclusión. En consecuencia, se le reitera a las autoridades recurridas que procedan al cumplimiento en todos sus extremos de lo dispuesto en el voto dictado en este asunto, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra o de testimoniar piezas ante el Ministerio Público, si no lo hicieren. IV.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se le reitera a Daniel Salas Peraza, en su condición de ministro de Salud, a Mario Redondo Poveda y a Marco Antonio Arias Samudio, respectivamente, en su condición de Alcalde y de Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Cartago, a Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de secretaria general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y a Marice Navarro Montoya, en su condición de presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en el voto No. 2020-002374, de las 09:30 horas del 07 de febrero de 2020, en cuanto a los informes periódicos respecto a las primeras tres autoridades y el dictado de la resolución final del procedimiento administrativo respecto a la última, o en caso de que así fuere, la justificación de por qué no se resuelve en ese sentido, bajo la advertencia de ordenarse la apertura de un procedimiento administrativo en su contra o de testimoniarse piezas ante el Ministerio Público, si no lo hicieren. Notifíquese.

Paul Rueda L. Presidente a.i Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T.

Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *LTTNV7L2RUO61*

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