Res. 17305-2020 Sala Constitucional — Amparo for Lack of Response to Environmental Complaints in a Protected Zone

OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo action is granted; the Minister of Environment is ordered to resolve the complaint within one month, and the Municipality of San José and the State are ordered to pay costs and damages.Se declara con lugar el recurso de amparo; se ordena al Ministro de Ambiente resolver la denuncia en el plazo de un mes y se condena a la Municipalidad de San José y al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Costa Rica granted an amparo action filed against the Municipality of San José and the Ministry of Environment and Energy for failing to resolve environmental complaints within a reasonable time. The complaints, submitted on April 1, 2020, reported earthworks and fill material being deposited on a property adjacent to the María Aguilar River, encroaching on the legally mandated 10-meter protection zone, which could cause emergency situations. The Court found a violation of the petitioner's fundamental right to a prompt and complete response under Article 41 of the Constitution, as approximately four months had elapsed by the time the amparo was filed without any substantive resolution. Although the municipality had conducted inspections and issued warnings, its formal reply was sent only after the amparo was filed. The Ministry had forwarded the complaint to SINAC, but it was placed on a waiting list without concrete actions, partly due to COVID-19 restrictions. The Court ordered the Minister of Environment to resolve the complaint within one month and awarded costs and damages against the Municipality and the State.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de San José y el Ministerio de Ambiente y Energía, por no haber resuelto dentro de un plazo razonable las denuncias ambientales presentadas por el recurrente el 1° de abril de 2020. Las denuncias alertaban sobre la realización de rellenos en una propiedad colindante con el río María Aguilar, dentro de la zona de protección de 10 metros, lo que podría generar riesgos y emergencias. El tribunal consideró vulnerado el derecho fundamental a obtener respuesta pronta y cumplida (artículo 41 constitucional), ya que para la fecha de interposición del amparo —21 de agosto de 2020— habían transcurrido aproximadamente cuatro meses sin una resolución de fondo. Aunque el municipio había realizado inspecciones y girado prevenciones, su respuesta formal se emitió solo después de notificada la acción de amparo. Por su parte, el MINAE trasladó la denuncia al SINAC, pero esta se mantuvo en lista de espera sin acciones concretas para su atención integral, situación agravada por las restricciones de la pandemia COVID-19. La Sala ordenó al Ministro de Ambiente resolver la denuncia en el plazo de un mes y condenó al pago de costas, daños y perjuicios a la Municipalidad de San José y al Estado.

Key excerptExtracto clave

IV. REGARDING THE COMPLAINT FILED WITH THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ. First, the petitioner argues that the authorities of the Municipality of San José have not addressed a complaint he filed via email on April 1, 2020, regarding alleged fill material being placed in Zapote, specifically in a protection zone. […] Under these circumstances, this Constitutional Court finds that the petitioner's fundamental right enshrined in Article 41 of the Constitution has been violated. Consequently, this part of the appeal must be upheld. V. REGARDING THE COMPLAINT FILED WITH THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY. […] After analyzing the above, this Chamber finds that the amparo should also be upheld in this respect. First, because the record shows that, as of the filing date of this amparo (August 21, 2020), and after approximately four months since the complaint was filed, it had not been resolved by the respondent authorities. Second, because it was shown that, despite some actions taken by the respondent (including notification to the petitioner of official letter No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020, which was in any case prompted by this amparo), the complaint has not been substantively addressed to date, and therefore no clear and decisive actions have been taken for its resolution and subsequent notification to the petitioner. […] Based on the foregoing, since it is established that, to date, the authorities of the Ministry of Environment and Energy, specifically SINAC, have not resolved the complaint under review, this amparo must be granted due to a violation of Article 41 of the Constitution.IV.- SOBRE LA DENUNCIA PLANTEADA ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. En primer término, el recurrente aduce que las autoridades de la Municipalidad de San José no han atendido una denuncia que les formuló, vía correo electrónico, el día 1° de abril de 2020, con respecto a unos presuntos rellenos que se estaban realizando en Zapote, concretamente, en una zona de protección. […] Así las cosas, este Tribunal Constitucional observa que, en la especie, se ha quebrantado el derecho fundamental del recurrente consagrado en el ordinal 41 constitucional. Por consiguiente, lo que procede es acoger este extremo del recurso. V.- TOCANTE A LA DENUNCIA FORMULADA ANTE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. […] Analizado el estado de cosas anterior, esta Sala estima que el amparo merece ser acogido en lo que a este aspecto igualmente se refiere. Lo anterior, en primer término, por cuanto consta en autos que, para la fecha de formulado este amparo (21 de agosto de 2020) y, luego de transcurridos aproximadamente cuatro meses desde que la denuncia en cuestión fue planteada, esta no había sido resuelta por las mencionadas autoridades recurridas. De otra parte, por cuanto se demostró que, pese a algunas gestiones realizadas por la parte recurrida (incluida la notificación al tutelado del oficio No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020 que, en todo caso, se hizo con motivo de este amparo), la denuncia en cuestión no ha sido atendida a la fecha por el fondo y, por ende, no se han ejecutado acciones claras y contundentes para su resolución y posterior notificación al recurrente. […] Bajo dicha inteligencia, al acreditarse que, a la fecha, las autoridades del MINAE, concretamente del SINAC, no han resuelto la denuncia bajo estudio, lo que corresponde es acoger este amparo, por vulnerarse lo dispuesto en el ordinal 41 constitucional.

Pull quotesCitas destacadas

"Así las cosas, este Tribunal Constitucional observa que, en la especie, se ha quebrantado el derecho fundamental del recurrente consagrado en el ordinal 41 constitucional."

"Under these circumstances, this Constitutional Court finds that the petitioner's fundamental right enshrined in Article 41 of the Constitution has been violated."

Considerando IV

"Así las cosas, este Tribunal Constitucional observa que, en la especie, se ha quebrantado el derecho fundamental del recurrente consagrado en el ordinal 41 constitucional."

Considerando IV

"De otra parte, por cuanto se demostró que, pese a algunas gestiones realizadas por la parte recurrida (incluida la notificación al tutelado del oficio No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020 que, en todo caso, se hizo con motivo de este amparo), la denuncia en cuestión no ha sido atendida a la fecha por el fondo y, por ende, no se han ejecutado acciones claras y contundentes para su resolución y posterior notificación al recurrente."

"Second, because it was shown that, despite some actions taken by the respondent (including notification to the petitioner of official letter No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020, which was in any case prompted by this amparo), the complaint has not been substantively addressed to date, and therefore no clear and decisive actions have been taken for its resolution and subsequent notification to the petitioner."

Considerando V

"De otra parte, por cuanto se demostró que, pese a algunas gestiones realizadas por la parte recurrida (incluida la notificación al tutelado del oficio No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020 que, en todo caso, se hizo con motivo de este amparo), la denuncia en cuestión no ha sido atendida a la fecha por el fondo y, por ende, no se han ejecutado acciones claras y contundentes para su resolución y posterior notificación al recurrente."

Considerando V

"Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, realizar las gestiones que sean necesarias y coordinar lo que sea pertinente con las instancias correspondientes para que, en el término de UN MES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se resuelva la denuncia planteada por el recurrente el 1° de abril de 2020 y se le notifique lo resuelto."

"The appeal is granted. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds that position, is ordered to take the necessary steps and coordinate with the relevant entities so that within ONE MONTH from notification of this judgment, the complaint filed by the petitioner on April 1, 2020, is resolved and the decision is notified to him."

Por tanto

"Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, realizar las gestiones que sean necesarias y coordinar lo que sea pertinente con las instancias correspondientes para que, en el término de UN MES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se resuelva la denuncia planteada por el recurrente el 1° de abril de 2020 y se le notifique lo resuelto."

Por tanto

Full documentDocumento completo

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the eleventh of September, two thousand twenty.

An amparo appeal filed by EDWIN MORA MONTERO, identity card number 0106200558, against THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ and THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.

WHEREAS:

1By a brief submitted to the Chamber on August 21, 2020, the appellant files an amparo appeal and states that he observed that on a property adjacent to the Río María Aguilar, there was machinery carrying out fill (relleno) within the protection zone, which is why he filed a complaint via email on April 1, 2020, before the respondent Ministry of Environment and Energy and before the Municipality of San José. However, he alleges that, as of the date this amparo was filed, such complaints had not been addressed or resolved. He claims that such authorities have shown an omissive attitude and have breached their duties as public officials. He requests that the appeal be granted.
2By a resolution issued at 11:07 a.m. on August 24, 2020, the process is admitted and reports are requested from the respondent authorities.
3By a brief submitted to the Chamber on August 27, 2020, Johnny Araya Monge, in his capacity as Mayor of San José, renders his report. He indicates that by official letter No. ALCALDÍA-A1-01412-2020, a response to the complaint filed on April 2, 2020, was provided to the appellant. He refers to the actions they have executed to address the complaint raised by the plaintiff (site inspection, issuance of a prevention order to property owners, and referral of a copy to MINAE and INVU for their attention according to their powers). He explains that the case does not date from April 1, 2020, as indicated by the protected party (since it was received at the Mayor's Office on April 4, 2020, as recorded on the email receipt sheet). He mentions that this case has already been addressed and has been under follow-up since 2019. This is a complaint that, furthermore, was already heard and resolved by the Constitutional Chamber through Ruling No. 2020-3053 (case file No. 20-001761-0007-CO).Pursuant to said judgment, it was ordered to provide a definitive response, within a period of 10 days, to the pleading filed by the appellant on November 11, 2019. He states that said order was fulfilled by official letter No. SCMRP-150-2020 of March 9, 2020. He notes that for the second time, the protected party alleged the same matter before the Chamber, and by resolution No. 2020-6200, a dismissal was issued regarding the pleading. Regarding the new pleading dated April 4, 2020, he indicates that they have been delayed in issuing responses not only due to its complexity but also due to the COVID-19 pandemic and all that this has entailed (teleworking staff, infected staff, etc.). He asserts that they have acted diligently and within prudential timeframes. He requests that the appeal be dismissed.
4By a brief submitted to the Chamber on August 28, 2020, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, renders his report. He states that the complaint sent by the appellant on April 1, 2020, was received at the Water Directorate of MINAE, which, in turn, forwarded it to the Central Conservation Area of SINAC for its attention according to its powers. He explains that SINAC, through the Central Conservation Area of the San José Subregional Office, has carried out the following proceedings in response to the aforementioned complaint: "(...) FIRST: That the email to which the appellant apparently sent it is the Water Directorate, stating '...I report the fill activities (rellenos) being carried out on an adjacent property... which are carried out encompassing the river's 10-meter protection zone...'. That the content of the email does not expressly indicate the address for notifications; however, it is interpreted that the email address zona protección [email protected] is the address for notifications.SECOND: That, on April 1, 2020, via email, the Water Directorate official, Ing. Marilyn Mora Vega, through official letter DA-UHTPCOSJ-0890-2020, forwards the complaint filed by Mr. Edwin Mora Montero to the email address [email protected]. THIRD: That on April 6, via email, Mr. Mora Montero's complaint is assigned to official Bernal Salas Víquez with the attached official letter DA-UHTPCOSJ-0890-20220, as well as a file titled PROPIEDAD ZAPOTE SETENA COSTADO ESTE, which consists of a map from the Municipality of San José titled as 'LAND-USE ZONING OF THE ZAPOTE DISTRICT (ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL DISTRITO DE ZAPOTE)'. FOURTH: That from the analysis of the complaint and the documents provided, the exact address of the site is not known with certainty; therefore, through official letter SINAC-ACC-OSJ-270-2020 notified to Mr. Edwin Mora Montero at the email addresses zona protección [email protected] and [email protected] on April 16, 2020, he is requested to indicate the exact address of the site, as well as to provide any further evidence of the facts, if available, with the purpose of providing better attention and optimization of the scarce resources available to the San José Subregional Office of SINAC.FIFTH: That regarding what was requested through official letter SINAC-ACC-OSJ-270-2020, on April 16, Mr. Edwin Mora Montero, via email [email protected], regarding the exact address, only indicates '...the location of the reported property is ave 42, calle 53, the property borders the Río María Aguilar', without precisely indicating the exact address of the property and specific details of structures or terrain conditions that could differentiate the plot from the others. SIXTH: That the point mentioned in the previous paragraph is relevant given that the area is presumably highly urbanized, and in cases of access to private properties that do not correspond to rustic landholdings (fundos rústicos), access is restricted by the right to privacy of individuals, making it impossible to enforce the provisions of Article 54 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 related to access to rustic landholdings to carry out the corresponding proceedings in accordance with our functions.Also, in these situations, the clandestine nature of the action and the urban characteristics mean that the visibility of the facts cannot be achieved from public access points such as streets, park areas, or vacant lots; therefore, it is necessary to have sufficient evidence to presume the configuration of the crime in case it is necessary to request search warrants (sic) from the corresponding judicial authority. SEVENTH: That the request or complaint with the scarce information obtained was entered to be addressed by SINAC; for this purpose, it has been on a waiting list due to the high volume of similar situations that this office must handle. It is important to note that the actions to address these requests have been diminished due to staff adjustments by reason of compliance with the sanitary provisions issued by the Ministry of Health, official letters C-COVID19-012-2020, MS-DM-6105-2020, as well as Ministerial Directive PE-001, in addition to official letters SINAC-ACC-D-0988-2020, SINAC-ACC-D-1083-2020.Eighth: That, due to the scarce data in the complaint, the information obtained was entered to be addressed; for this purpose, it has been on a waiting list due to the high volume of similar situations that the SINAC offices must handle. It is important to note that the actions to address these requests have been diminished due to staff adjustments by reason of compliance with the sanitary provisions issued by the Ministry of Health, official letters C-COVID19-012-2020, MS-DM-6105-2020, as well as Ministerial Directive PE-001, in addition to official letters SINAC-ACC-D-0988-2020, SINAC-ACC-D-1083-2020. Ninth: That as a strategy for addressing this case and other similar ones filed by Mr. Edwin Mora Montero along the protection area of the Río María Aguilar, efforts have been made to address the cases jointly with the Municipality of San José and the Judicial Investigation Agency, as demonstrated in the chain of emails called 'Request for meeting or field visit for amparo case San Francisco District'.The foregoing is part of the actions in response to amparo appeal case file 20-009771-007-CO, resolution No. 2020011864, as well as the other requests filed by Mr. Mora Montero. The coordination actions with both the Municipality of San José and the Judicial Investigation Agency are aimed at optimizing resources, complementing efforts, and technical criteria among the institutions to provide a comprehensive response. Tenth: As can be seen in the emails 'Request for meeting or field visit for amparo case San Francisco District', the first working session for addressing the case at hand and other similar ones filed by Mr. Mora Montero is scheduled for September 1 (...)". He adds that by official letter No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020 of August 27, 2020, the protected party was informed, via email, of the actions executed to address his complaint, in summary: "(...) that the actions of this subregional office have been diminished due to compliance with the sanitary provisions issued by the Ministry of Health, official letters C-COVID19-012-2020, MS-DM-6105-2020, as well as Ministerial Directive PE-001, that, regarding the handling of the complaint, technical coordination was initiated between officials of this office, the Municipality of San José, and the Judicial Investigation Agency, aiming to provide comprehensive attention to the case by making better use of the resources available to the institutions at this time, likewise, that as the cases are addressed, progress will be reported considering the provisions of Article 295 of the Code of Criminal Procedure (...)".He adds that in the Environmental Administrative Tribunal, there is no record of the filing of the complaint of April 1, 2020, in the name of the protected party. He clarifies that a preliminary investigation is being processed in said Tribunal, which corresponds to the referral of a complaint by SETENA and which was filed on February 26, 2020 (case file No. 038-20-02TAA). He states that from the evidence provided to the case file, it is clear that the complaint has been followed up on, despite the limited information provided and despite the problems faced due to COVID-19. He requests that the filed appeal be dismissed.
5By a brief submitted to the Chamber on September 5, 2020, the appellant refers to the reports rendered by the respondent authorities and reiterates that they have breached their duties as public officials.
6In the processing of the case, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

WHEREAS:

I. PRELIMINARY CLARIFICATION

Before analyzing the merits of the matter, it must first be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is debated whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario arises – backed by the majority of this Constitutional Court – because it involves complaints of an environmental nature filed by the appellant, which, as alleged, have not been resolved by the respondents. Having clarified that point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II. PURPOSE OF THE APPEAL

The appellant alleges that, contrary to the provisions of Article 41 of the Political Constitution, as of the date this amparo process was filed, the authorities of the Municipality of San José and the Ministry of Environment and Energy had not resolved complaints he filed with them on April 1, 2020, regarding the creation of fill (relleno) in a protection zone.

III. PROVEN FACTS

Of relevance to settle this amparo appeal, the following are deemed accredited:

A. FACTS RELATED TO THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ.

1)On April 1, 2020, the appellant, via email, filed a complaint before the Mayor's Office of the Municipality of San José in the following terms: "(...) The undersigned reports the fill activities (rellenos) being carried out on an adjacent property, clearly located on the map I attach, located in Zapote, according to indications, and which can currently be observed by satellite, which are carried out encompassing the 10-meter river protection zone, and which eventually, with the upcoming rains, will very likely generate emergency situations for those of us who border the property. Regarding the present, it is reported that IF YOU DO NOT IMMEDIATELY ISSUE THE SUSPENSION (sic), AND REMOVAL OF THE ALREADY DEPOSITED MATERIAL, YOU WILL BE REPORTED TO THE PUBLIC MINISTRY, FOR BREACH OF DUTIES (sic) COORDINATE IMMEDIATELY WITH SETENA, FOR THE SENDING OF INSPECTORS, NOTIFICATIONS, AND OTHERS (...)". On that occasion, the amparo petitioner indicated the email account zonaprotecció[email protected] as the means to receive notifications (see evidence).
2)The email address to which the appellant sent said complaint is considered an official mechanism of communication with the respondent municipal corporation (uncontested fact).
3)On April 2, 2020, the municipal authorities replied to the protected party, via email, as follows: "(...) I confirm receipt of your complaint, it is being processed and registered in file No. 243172 (...)" (see evidence).
4)On August 24, 2020, the Mayor of San José was notified of the filing of this amparo (see notification record).
5)By official letter No. ALCALDÍA-A1-01412-2020 dated August 26, 2020, a response to the complaint filed on April 2, 2020, was provided to the appellant. The foregoing, in the following terms: "(...) In response to your email, where you file a complaint regarding fill activities (rellenos) being carried out on an adjacent property that encompass the ten-meter river protection zone, property located in Zapote, according to the attached map. In this regard, I inform you that through official letter ALCALDÍA-AI-0629-2020, a report and criteria were requested from the Permits and Construction Section. Subsequently, through official letter SPC-OInsp-0896-2020, the Section issues its report in this regard, indicating in summary that a field visit was made (sic), a prevention notification was left for the property owners, and that a copy will be sent to the Ministry of Environment and Energy and the National Institute of Housing and Urbanism, for their respective attention according to their powers. Attached is the report prepared by the Inspection Section (...)" (see report and evidence).
6)On August 26, 2020, the respondent municipal authorities sent official letter No. ALCALDÍA-A1-01412-2020 to the protected party, specifically, to the email account indicated by him for such purposes (see evidence).

B. FACTS RELATED TO THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.

1)On April 1, 2020, via email, the protected party filed before the Ministry of Environment and Energy a complaint in the following terms: "(...) The undersigned reports the fill activities (rellenos) being carried out on an adjacent property, clearly located on the map I attach, located in Zapote, according to indications, and which can currently be observed by satellite, which are carried out encompassing the 10-meter river protection zone, and which eventually, with the upcoming rains, will very likely generate emergency situations for those of us who border the property. Regarding the present, it is reported that IF YOU DO NOT IMMEDIATELY ISSUE THE SUSPENSION (sic), AND REMOVAL OF THE ALREADY DEPOSITED MATERIAL, YOU WILL BE REPORTED TO THE PUBLIC MINISTRY, FOR BREACH OF DUTIES (sic) COORDINATE IMMEDIATELY WITH THE CORRESPONDING INSTITUTIONS, FOR THE SENDING OF INSPECTORS, NOTIFICATIONS, AND OTHERS (...)". On that occasion, the amparo petitioner indicated the email account zonaprotecció[email protected] as the means to receive notifications (see evidence).
2)The email address to which the appellant sent said complaint is considered an official mechanism of communication with the respondent ministry (uncontested fact).
3)On April 1, 2020, the cited complaint was forwarded to the Central Conservation Area of SINAC for its attention (see report).
4)By official letter No. SINAC-ACC-OSJ-270-2020 notified to the protected party at the emails zona protección [email protected] and [email protected] on April 16, 2020, he was requested to indicate the exact address of the reported site, as well as to provide more evidence of the facts, if he had it (see report).
5)On April 16, 2020, the appellant, via email, indicated the following to SINAC: "(...) the location of the reported property is ave 42, calle 53, the property borders the Río María Aguilar (...)" (see report and evidence).
6)SINAC decided to place the mentioned complaint on a waiting list for its attention (see report).
7)On August 24, 2020, the Minister of Environment and Energy was notified of the filing of this amparo (see notification record).
8)By official letter No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020 of August 27, 2020, Mr. Edwin Mora Montero was informed of the following: "(...) In response to the complaint filed by you on April 1, 2020, regarding the fill activity (relleno) or deposit of material within the protection area of the Río María Aguilar in the Zapote sector, I hereby inform you of the following: a) That the actions of this office have been diminished due to compliance with the sanitary provisions issued by the Ministry of Health, official letters C-COVID19-012-2020, MSDM-6105-2020, as well as Ministerial Directive PE-001, in addition to official letters SINAC-ACC-D0988-2020, SINAC-ACC-D-1083-2020. b) That, regarding the handling of your complaint, technical coordination was initiated between officials of this office, the Municipality of San José, and the Judicial Investigation Agency, aiming to provide comprehensive attention to the case by making better use of the resources available to the institutions at this time. c) That as the cases are addressed, you will be informed of their progress, considering the provisions of Article 295 of the Code of Criminal Procedure (...)". (see report and evidence).
9)The foregoing official letter was notified to the protected party's email on August 27, 2020 (see report and evidence).

IV. REGARDING THE COMPLAINT FILED BEFORE THE MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ

Firstly, the appellant alleges that the authorities of the Municipality of San José have not addressed a complaint he filed with them, via email, on April 1, 2020, regarding some alleged fill activities (rellenos) being carried out in Zapote, specifically, in a protection zone.

In this regard, it has been demonstrated that, indeed, on the cited April 1 of this year, the appellant filed said complaint before the cited municipal corporation. It is also recorded (given the omission to render a report in this regard by the respondent Mayor and in application of the provisions of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction), that said complaint was sent to an email address established as an official mechanism of communication with the municipal corporation. Likewise, it has been demonstrated that, in response to said complaint, on August 26, 2020, the authorities of the Municipality of San José sent the protected party official letter No. ALCALDÍA-A1-01412-2020, through which they addressed his complaint, in the following terms:

"(...) In response to your email, where you file a complaint regarding fill activities (rellenos) being carried out on an adjacent property that encompass the ten-meter river protection zone, property located in Zapote, according to the attached map. In this regard, I inform you that through official letter ALCALDÍA-AI-0629-2020, a report and criteria were requested from the Permits and Construction Section. Subsequently, through official letter SPC-OInsp-0896-2020, the Section issues its report in this regard, indicating in summary that a field visit was made (sic), a prevention notification was left for the property owners, and that a copy will be sent to the Ministry of Environment and Energy and the National Institute of Housing and Urbanism, for their respective attention according to their powers. Attached is the report prepared by the Inspection Section (...)"

Having reviewed the foregoing, this Constitutional Court deems that the appellant is right with respect to this grievance. The foregoing, for the following reasons.

First, because it has been demonstrated that, certainly, as of the date this amparo was filed (August 21, 2020) and, after approximately four months had elapsed since the pleading under study was filed, it had not been resolved by the mentioned respondent authorities.

Second, because it has been accredited that it was not until August 26, 2020, after the respondent Mayor was notified of the filing of this amparo (which occurred on August 24, 2020), that official letter No. ALCALDÍA-A1-01412-2020 was communicated to the appellant, through which, in turn, reference was made to the actions executed to address his complaint, namely: conducting a field inspection, issuing a prevention order to the landowners, and coordinating with MINAE and INVU so that they also address the filed claim.

Thus, this Constitutional Court observes that, in this case, the fundamental right of the appellant enshrined in Article 41 of the Constitution has been violated. Consequently, what is appropriate is to uphold this aspect of the appeal.

V. REGARDING THE COMPLAINT FILED BEFORE THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY

On the other hand, the petitioner claims that the MINAE authorities have also not resolved a complaint he filed on April 1, 2020, related to some alleged fill activities (rellenos) being created in Zapote, specifically, in a protection zone.

The case file records that, indeed, on the cited April 1, 2020, the protected party sent said complaint to the authorities of the Ministry of Environment and Energy. It was also demonstrated (given the omission to render a report in this regard by the Minister and in application of the provisions of Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction), that said complaint was sent to an email address established as an official mechanism of communication with the cited ministerial body. Likewise, it has been accredited that said complaint was taken up in April 2020 by the National System of Conservation Areas, which, after issuing a prevention order to the protected party to provide some data, decided to place it on a waiting list for its attention. Furthermore, it is recorded that on August 27, 2020, official letter No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020 was sent to the protected party, through which he was informed of the following:

"(...) In response to the complaint filed by you on April 1, 2020, regarding the fill activity (relleno) or deposit of material within the protection area of the Río María Aguilar in the Zapote sector, I hereby inform you of the following: a) That the actions of this office have been diminished due to compliance with the sanitary provisions issued by the Ministry of Health, official letters C-COVID19-012-2020, MSDM-6105-2020, as well as Ministerial Directive PE-001, in addition to official letters SINAC-ACC-D0988-2020, SINAC-ACC-D-1083-2020. b) That, regarding the handling of your complaint, technical coordination was initiated between officials of this office, the Municipality of San José, and the Judicial Investigation Agency, aiming to provide comprehensive attention to the case by making better use of the resources available to the institutions at this time. c) That as the cases are addressed, you will be informed of their progress, considering the provisions of Article 295 of the Code of Criminal Procedure (...)".

Having analyzed the current state of affairs, this Chamber deems that the amparo also deserves to be upheld with respect to this aspect.

The foregoing, firstly, because it is recorded in the case file that, as of the date this amparo was filed (August 21, 2020) and, after approximately four months had elapsed since the complaint in question was filed, it had not been resolved by the mentioned respondent authorities.

On the other hand, because it was demonstrated that, despite some actions carried out by the respondent party (including the notification to the protected party of official letter No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020 which, in any case, was done on the occasion of this amparo), the complaint in question has not been addressed on the merits to date and, therefore, clear and conclusive actions for its resolution and subsequent notification to the appellant have not been executed. This fact was even confirmed by the respondent authority itself when rendering its report, by indicating that the case is currently on a waiting list for its attention, due to a series of circumstances related mainly to the COVID-19 situation.

Under this understanding, as it is accredited that, to date, the MINAE authorities, specifically SINAC, have not resolved the complaint under study, what is appropriate is to uphold this amparo, for violating the provisions of Article 41 of the Constitution.

VI. COROLLARY

In view of the foregoing, it is imperative to uphold this amparo process, with the consequences that will be detailed in the operative part of this judgment.

VII. NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO

In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested party can debate, with greater breadth, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or vulnerable groups are affected, I proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where the lack of response to complaints filed on April 1, 2020, is alleged, regarding the creation of fill (relleno) in a protection zone, which puts the appellant at risk since his property borders that construction.

VIII. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE

The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judicial Branch (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is granted. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds said position in his stead, is ordered to carry out necessary actions and coordinate what is pertinent with the corresponding bodies so that, within the term of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the complaint filed by the appellant on April 1, 2020, is resolved and the decision is notified.

All of the foregoing is issued with the warning that, in accordance with Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order from this Chamber that must be complied with or enforced and disregards it, provided the offense is not more severely penalized. The Municipalidad de San José and the State are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado notes. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.

*EH1NQBMK6CA61* 1

*200150890007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del once de setiembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por EDWIN MORA MONTERO, cédula de identidad 0106200558, contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ y El MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

RESULTANDO:

1Por escrito aportado a la Sala el 21 de agosto de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que observó que en una propiedad colindante con el Río María Aguilar, había maquinaria realizando un relleno dentro la zona de protección, razón por la que planteó una denuncia vía correo electrónico el 1° de abril de 2020, ante el Ministerio de Ambiente y Energía accionado y ante la Municipalidad de San José. Sin embargo, acusa que, a la fecha de formulado este amparo, tales denuncias no habían sido atendidas o resueltas. Afirma que tales autoridades han mostrado una actitud omisiva y han incumplidos sus deberes como funcionarios públicos. Solicita se declare con lugar el recurso.
2Por resolución de las 11:07 hrs. de 24 de agosto de 2020, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.
3Mediante memorial aportado a la Sala el 27 de agosto de 2020, Johnny Araya Monge, en su condición de Alcalde de San José, rinde informe. Señala que por oficio No. ALCALDÍA-A1-01412-2020 se le brindó al recurrente respuesta a la denuncia presentada el 2 de abril de 2020. Refiere a las acciones que han ejecutado para atender la denuncia planteada por el accionante (inspección del sitio, emisión de prevención a propietarios y remisión de copia a MINAE y al INVU para su atención conforme sus competencias). Explica que el caso no data el 1°| de abril de 2020 como lo indica el tutelado (pues fue recibido en la Alcaldía el 4 de abril de 2020, según consta en hoja de recibido por email). Menciona que este caso ya fue atendido y se encuentra en seguimiento desde el año 2019. Se trata de una denuncia que, además ya fue conocida y resuelta por la Sala Constitucional mediante el Voto No. 2020-3053 (expediente No. 20-001761-0007-CO).Conforme dicha sentencia se ordenó brindar una respuesta definitiva, en el plazo de 10 días, a la gestión formulada por el recurrente 11 de noviembre de 2019. Afirma que dicha orden fue cumplida por oficio No. SCMRP-150-2020 de 9 de marzo de 2020. Refiere que por segunda ocasión el tutelado alegó eso mismo ante la Sala y por resolución No. 2020-6200 se emitió un no ha lugar a la gestión. En cuanto a la nueva gestión de fecha 4 de abril de 2020, indica que se han tardado en emitir las respuestas no solo por su complejidad, sino también a causa de la pandemia COVID-19 y todo lo que esto ha supuesto (personal en teletrabajo, personal infectado, etc.). Asevera que se ha actuado de forma diligente y dentro de plazos prudenciales. Solicita que se declare con lugar el recurso.
4Por escrito aportado a la Sala el 28 de agosto de 2020, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, rinde informe. Refiere que la denuncia enviada por el recurrente el 1° de abril de 2020 fue recibida en la Dirección de Aguas del MINAE y esta, a su vez, la trasladó al Área de Conservación Central del SINAC para su atención conforme a sus competencias. Explica que el SINAC, a través del Área de Conservación Central de la Subregional San José, ha realizado las siguientes gestiones en atención a la mencionada denuncia: “(...) PRIMERO: Que el correo electrónico al cual el recurrente remitió en apariencia es el Dirección de Agua señala “…denuncio los rellenos que se están realizando en propiedad colindante…las cuales se realizan abarcando la zona de protección del rio 10 metros…”. Que en el contenido del correo electrónico no se indica de manera expresa el sitio para notificaciones, sin embargo, se interpreta que como sitio para notificaciones el correo electrónico zona protección [email protected] SEGUNDO: Que, en fecha 1 de abril del 2020 vía correo electrónico la funcionaria de la Dirección de Agua Ing. Marilyn Mora Vega mediante oficio DA-UHTPCOSJ-0890-2020, hace traslado de la denuncia interpuesta por el señor Edwin Mora Montero al correo electrónico [email protected].TERCERO: Que en fecha 06 de abril mediante correo electrónico se asigna la denuncia del señor Mora Montero al funcionario Bernal Salas Víquez con el adjunto oficio DA-UHTPCOSJ-0890-20220 así como un archivo titulado PROPIEDAD ZAPOTE SETENA COSTADO ESTE, el cual consiste en un mapa de la Municipalidad de San José titulado como “ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO DEL DISTRITO DE ZAPOTE”. CUARTO: Que del análisis de la denuncia y de los documentos aportados no se tiene con exactitud la dirección exacta del sitio, por lo anterior mediante oficio SINAC-ACC-OSJ-270-2020 notificado al señor Edwin Mora Montero al correo electrónico zona protección [email protected] y al correo electrónico [email protected] el día 16 de abril del 2020, se le solicita indicar la dirección exacta del sitio, así como de tener más evidencia de los hechos proceda a aportarlas, lo anterior con el propósito de brindar una mejor atención y optimización de los escasos recursos con los que cuenta la Oficina Subregional San José del SINAC.QUINTO: Que de lo solicitado mediante oficio SINAC-ACC-OSJ-270-2020, el día 16 de abril el señor Edwin Mora Montero mediante correo electrónico [email protected] en relación a la dirección exacta únicamente indica “ …la ubicación de la propiedad denunciada es ave 42, calle 53, la propiedad colinda con el rio María Aguilar”, sin indicar de manera precisa la dirección exacta del inmueble y señas específica de estructuras o condiciones del terreno, que logre diferenciar el predio de los demás. SEXTO: Que lo señalado en el punto anterior es de relevancia dado que la zona presumiblemente es altamente urbanizada y en los casos de accesos a las propiedades privadas que no corresponden a fundos rústicos se encuentran restringido por el derecho de intimidad de las personas, no pudiendo hacer efectivo lo señalado por el artículo 54 de la Ley Forestal número 7575 relacionado con los accesos a fundos rústicos para llevar a cabo las diligencias correspondientes en apego a nuestras funciones.También en estas situaciones la clandestinidad de la acción y las características urbanas hacen que la visibilidad de los hechos no se pueda dar desde los accesos públicos como calles, áreas de parques o lotes baldíos; por ello es necesario contar con las evidencias suficientes que permitan presumir la configuración del delito en caso de ser necesario la solicitud de ordenes (sic) de allanamiento por la autoridad judicial correspondiente. SÉPTIMO: Que la solicitud o denuncia con la escasa información que se logró obtener fue ingresada para ser atendida por el SINAC, para ello ha estado en lista de espera debido al alto volumen de situaciones similares que debe atender esta oficina. Es importante señalar que las acciones para atender estas solicitudes se han visto disminuidas debido a los ajustes de personal a razón del acatamiento de las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud oficios C-COVID19-012-2020, MS-DM-6105-2020 así como la Directriz Ministerial PE-001, además de los oficios SINAC-ACC-D-0988-2020, SINAC-ACC-D-1083-2020.Octavo: Que, debido a la escasa datos en la denuncia, la información que se logró obtener fue ingresada para ser atendida, para ello ha estado en lista de espera debido al alto volumen de situaciones similares que debe atender en las oficinas del SINAC. Es importante señalar que las acciones para atender estas solicitudes se han visto disminuidas debido a los ajustes de personal a razón del acatamiento de las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud oficios C-COVID19-012-2020, MS-DM-6105-2020 así como la Directriz Ministerial PE-001, además de los oficios SINAC-ACC-D-0988-2020, SINAC-ACC-D-1083-2020. Noveno: Que como estrategia de atención de este caso y otros similares interpuestos por el señor Edwin Mora Montero a lo largo del área de protección del río María Aguilar, se ha gestionado atender los casos de manera conjunta con la Municipalidad de San José y el Organismo de Investigación Judicial, como se demuestra en la cadena de correos electrónicos denominada “Solicitud de reunión o visita de campo caso recurso de amparo Distrito San Francisco”.Lo anterior es parte de las acciones en respuesta al recurso de amparo expediente 20- 009771-007-CO, resolución No 2020011864 así como las demás solicitudes que ha presentado el señor Mora Montero. Las acciones de coordinación tanto con el Municipio de San José como con el Organismo de Investigación Judicial es en procura de optimizar recursos, complementar esfuerzos y criterios técnicos entre las instituciones para dar respuesta de manera integral. Decimo: Como se aprecia en los correos electrónicos “Solicitud de reunión o visita de campo caso recurso de amparo Distrito San Francisco” para el día 01 de setiembre se tiene previsto la primera sesión de trabajo para la atención del caso de marras y otros similares interpuestos por el señor Mora Montero (...)". Agrega que por oficio No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020 de 27 de agosto de 2020, se le informó al tutelado, por correo electrónico, las acciones ejecutadas para la atención de su queja, en resumen: "(...) que el accionar de esa oficina subregional se ha visto disminuido debido al acatamiento de las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud oficios C-COVID19-012-2020, MS-DM-6105-2020 así como la Directriz Ministerial PE-001, que, en lo referente a la atención de la queja se inició con las coordinaciones técnicas entre funcionarios de esta oficina, la Municipalidad de San José y el Organismo de Investigación Judicial, con esto se pretende dar una atención integral al caso haciendo un mejor uso de los recursos con los que cuentan las instituciones en estos momentos, así mismo, que conforme se atiendan los casos se le procederá a informar del avance de los mismos considerando lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal (...)".Agrega que en el Tribunal Ambiental Administrativo, no consta la formulación de la denuncia de 1° de abril de 2020 a nombre del tutelado. Aclara que en dicho Tribunal se tramita una investigación preliminar que corresponde al traslado de una denuncia por parte de la SETENA y que se planteó el 26 de febrero de 2020 (expediente No. 038-20-02TAA). Refiere que de la prueba aportada a los autos se aprecia que se ha estado dando seguimiento a la denuncia, pese a la poca información que aporta y pese a la problemática afrontada a causa del COVID-19. Solicita que se desestime el recurso planteado.
5Por escrito aportado a la Sala el 5 de septiembre de 2020, el recurrente se refiere a los informes rendidos por las autoridades recurridas y reitera que estas han incumplido sus deberes como funcionarios públicos.
6En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I. ACLARACIÓN PREVIA

Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse, en primer término, que, a partir de la Sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte–, o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante denuncias de índole ambiental formuladas por el recurrente, las cuales, según se alega, no han sido resueltas por los recurridos. Aclarado dicho punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II. OBJETO DEL RECURSO

El recurrente aduce que, en contra de lo dispuesto en el ordinal 41 de la Constitución Política, para la fecha de formulado este proceso de amparo, las autoridades de la Municipalidad de San José y del Ministerio de Ambiente y Energía, no habían resuelto denuncias que les planteó desde el 1° de abril de 2020, por la constitución de un relleno en una zona de protección.

III. HECHOS PROBADOS

De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

A. HECHOS RELACIONADOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.

1)El 1 de abril de 2020, el recurrente, vía correo electrónico, formuló ante la Alcaldía de la Municipalidad de San José una denuncia conforme los siguientes términos: "(...) Quien suscribe denuncio los rellenos que se están realizando en propiedad colindante, ubicada claramente en mapa que adjunto, ubicada en Zapote, según indicaciones y las que se pueden observar actualmente en satélite, las cuales se realizan abarcando la zona de proteccion (sic) del rio 10 metros, y que eventualmente con la lluvias próximas, van a general (sic) muy probablemente situaciones de emergencia a los que colindamos con la propiedad. Sobre la presente se informa que en RAZON QUE NO EMITAN INMEDIATAMENTE LA SUSPENCION (sic), Y RETIRO DEL MATERIAL YA DEPOSITADO, SE VERAN DENUNCIADOS ANTE EL MINSTERIO PUBLICO, POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERÉS (sic) COORDINAR DE FORMA INMEDIATA CON SETENA, PARA EL ENVIO DE INSPECTORES, NOTIFICACIONES Y DEMAS (...)". En tal ocasión, el amparado señaló como medio para recibir notificaciones la cuenta de correo electrónica zonaprotecció[email protected] (ver prueba).
2)La dirección de correo electrónica a la que el recurrente envió dicha denuncia se tiene como un mecanismo oficial de comunicación con la corporación municipal recurrida (hecho incontrovertido).
3)El 2 de abril de 2020, las autoridades municipales le contestaron al tutelado, vía correo electrónico, lo siguiente: "(...) Confirmo el recibido de su denuncia, la misma se tramita y registra en el exp. 243172 (...)" (ver prueba).
4)El 24 de agosto de 2020, el Alcalde de San José fue notificado de la interposición de este amparo (ver acta de notificación).
5)Por oficio No. ALCALDÍA-A1-01412-2020 de fecha 26 de agosto de 2020 se le brindó al recurrente respuesta a la denuncia presentada el 2 de abril de 2020. Lo anterior, conforme los siguientes términos: "(...) En atención a su correo, donde presenta denuncia por rellenos que se realizan en propiedad colindante que abarcan la zona de protección del río diez metros, propiedad ubicada en Zapote, según mapa adjunto. Al respecto le indico que mediante oficio ALCALDÍA-AI-0629-2020, se solicitó informe y criterio a la Sección de Permisos y Construcción. Posteriormente mediante oficio SPC-OInsp-0896-2020, la Sección emite su informe al respecto, indicando en resumen que se hizo vista (sic) de campo se dejó notificación de prevención a los propietarios y que se va a remitir copia al Ministerio de Ambiente y Energía y al Instituto de Vivienda y Urbanismo, para su atención respectiva según sus competencias. Adjunto se remite el informe realizado por la Sección de Inspección (...)" (ver informe y prueba).
6)El 26 de agosto de 2020, las autoridades municipales recurridas le remitieron al tutelado el oficio No. ALCALDÍA-A1-01412-2020, específicamente, a la cuenta de correo electrónica señalada por este para tales efectos (ver prueba).

B. HECHOS RELACIONADOS CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

1)El 1° de abril de 2020, vía correo electrónico, el tutelado planteó ante el Ministerio de Ambiente y Energía, una denuncia conforme los siguientes términos: "(...) Quien suscribe denuncio los rellenos que se están realizando en propiedad colindante, ubicada claramente en mapa que adjunto, ubicada en Zapote, según indicaciones y las que se pueden observar actualmente en satélite, las cuales se realizan abarcando la zona de proteccion (sic) del rio 10 metros, y que eventualmente con la lluvias próximas, van a general (sic) muy probablemente situaciones de emergencia a los que colindamos con la propiedad. Sobre la presente se informa que en RAZON QUE NO EMITAN INMEDIATAMENTE LA SUSPENCION (sic), Y RETIRO DEL MATERIAL YA DEPOSITADO, SE VERAN DENUNCIADOS ANTE EL MINSTERIO PUBLICO, POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERÉS (sic) COORDINAR DE FORMA INMEDIATA CON LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES, PARA EL ENVIO DE INSPECTORES, NOTIFICACIONES Y DEMAS (...)". En tal ocasión, el amparado señaló como medio para recibir notificaciones la cuenta de correo electrónica zonaprotecció[email protected] (ver prueba).
2)La dirección de correo electrónica a la que el recurrente envió dicha denuncia se tiene como un mecanismo oficial de comunicación con el ministerio recurrido (hecho incontrovertido).
3)El 1° de abril de 2020, la citada denuncia fue trasladada al Área de Conservación Central del SINAC para su atención (ver informe).
4)Mediante oficio No. SINAC-ACC-OSJ-270-2020 notificado al tutelado al correo electrónico zona protección [email protected] y al correo electrónico [email protected] el día 16 de abril del 2020, se le solicitó indicar la dirección exacta del sitio denunciado, así como aportar más evidencia de los hechos, en caso de tenerla (ver informe).
5)El día 16 de abril de 2020, el recurrente, a través de correo electrónico, indicó al SINAC lo siguiente “(…) la ubicación de la propiedad denunciada es ave 42, calle 53, la propiedad colinda con el rio María Aguilar (...)” (ver informe y prueba).
6)El SINAC dispuso ingresar la mencionada denuncia a una lista de espera para su atención (ver informe).
7)El 24 de agosto de 2020, el Ministro de Ambiente y Energía fue notificado de la interposición de este amparo (ver acta de notificación).
8)Mediante oficio No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020 de 27 de agosto de 2020, se informó al señor Edwin Mora Montero lo siguiente: "(...) En atención a la queja interpuesta por su persona el pasado 1 de abril del 2020, relacionada con el relleno o depósito de material dentro de área de protección del río María Aguilar en el sector de Zapote, me permito informarle lo siguiente: a) Que el accionar de esta oficina se ha visto disminuido debido al acatamiento de las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud oficios C-COVID19-012-2020, MSDM-6105-2020 así como la Directriz Ministerial PE-001, además de los oficios SINAC-ACC-D0988-2020, SINAC-ACC-D-1083-2020. b) Que, en lo referente a la atención de su queja se inició con las coordinaciones técnicas entre funcionarios de esta oficina, la Municipalidad de San José y el Organismo de Investigación Judicial, con esto se pretende dar una atención integral al caso haciendo un mejor uso de los recursos con los que cuentan las instituciones en estos momentos. c) Que conforme se atiendan los casos se le procederá a informar del avance de los mismos considerando lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal (...)". (ver informe y prueba).
9)El anterior oficio fue notificado al correo electrónico del tutelado el día 27 de agosto de 2020 (ver informe y prueba).

IV. SOBRE LA DENUNCIA PLANTEADA ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

En primer término, el recurrente aduce que las autoridades de la Municipalidad de San José no han atendido una denuncia que les formuló, vía correo electrónico, el día 1° de abril de 2020, con respecto a unos presuntos rellenos que se estaban realizando en Zapote, concretamente, en una zona de protección.

Sobre el particular, se tiene por demostrado que efectivamente, el citado 1° de abril del año en curso, la parte recurrente planteó dicha denuncia ante la citada corporación municipal. Consta también (ante la omisión de rendir informe al respecto por el Alcalde recurrido y en aplicación de lo dispuesto en el ordinal 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), que dicha denuncia se remitió a una dirección de correo electrónica que se tiene establecida como un mecanismo oficial de comunicación con la corporación municipal. Igualmente, se tiene por demostrado que, en atención a dicha denuncia, el día 26 de agosto de 2020, las autoridades de la Municipalidad de San José le remitieron al tutelado el oficio No. ALCALDÍA-A1-01412-2020, a través del cual atendieron su denuncia, conforme los siguientes términos:

"(...) En atención a su correo, donde presenta denuncia por rellenos que se realizan en propiedad colindante que abarcan la zona de protección del río diez metros, propiedad ubicada en Zapote, según mapa adjunto. Al respecto le indico que mediante oficio ALCALDÍA-AI-0629-2020, se solicitó informe y criterio a la Sección de Permisos y Construcción. Posteriormente mediante oficio SPC-OInsp-0896-2020, la Sección emite su informe al respecto, indicando en resumen que se hizo vista (sic) de campo se dejó notificación de prevención a los propietarios y que se va a remitir copia al Ministerio de Ambiente y Energía y al Instituto de Vivienda y Urbanismo, para su atención respectiva según sus competencias. Adjunto se remite el informe realizado por la Sección de Inspección (...)"

Revisado lo anterior, este Tribunal Constitucional estima que lleva razón el recurrente en lo tocante a este agravio. Lo anterior, por los siguientes motivos.

Primero, por cuanto se tiene por demostrado que, ciertamente, para la fecha de formulado este amparo (21 de agosto de 2020) y, luego de transcurridos aproximadamente cuatro meses desde que la gestión bajo estudio fue interpuesta, esta no había sido resuelta por las mencionadas autoridades recurridas.

Segundo, ya que se tiene por acreditado que no fue sino hasta el día 26 de agosto de 2020, luego que el Alcalde recurrido fue notificado de la formulación de este amparo (lo cual ocurrió el 24 de agosto de 2020), que se le comunicó al recurrente el oficio No. ALCALDÍA-A1-01412-2020, mediante el cual, a su vez, se hizo referencia a las acciones ejecutadas para atender su denuncia, a saber: la realización de una inspección de campo, el giro de una prevención a los propietarios del terreno y la coordinación con el MINAE y con el INVU para que igualmente atiendan el reclamo formulado.

Así las cosas, este Tribunal Constitucional observa que, en la especie, se ha quebrantado el derecho fundamental del recurrente consagrado en el ordinal 41 constitucional. Por consiguiente, lo que procede es acoger este extremo del recurso.

V. TOCANTE A LA DENUNCIA FORMULADA ANTE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

De otra parte, el promovente reclama que las autoridades del MINAE tampoco le han resuelto una denuncia que planteó el 1° de abril de 2020, relacionada con unos presuntos rellenos que se estaban constituyendo en Zapote, concretamente, en una zona de protección.

En autos consta que ciertamente, el citado 1° de abril de 2020, el tutelado remitió dicha denuncia ante las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía. Se demostró también (ante la omisión de rendir informe al respecto por el Ministro y en aplicación de lo dispuesto en el ordinal 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), que dicha denuncia se remitió a una dirección de correo electrónica que se tiene establecida como un mecanismo oficial de comunicación con el citado órgano ministerial. Igualmente, se tiene por acreditado que dicha denuncia fue asumida en abril de 2020 por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la que, luego de efectuarle una prevención al tutelado para que aportara unos datos, decidió ingresarla en una lista de espera para su atención. Asimismo, consta que el 27 de agosto de 2020 se le remitió al tutelado el oficio No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020, mediante el cual se le indicó lo siguiente:

"(...) En atención a la queja interpuesta por su persona el pasado 1 de abril del 2020, relacionada con el relleno o depósito de material dentro de área de protección del río María Aguilar en el sector de Zapote, me permito informarle lo siguiente: a) Que el accionar de esta oficina se ha visto disminuido debido al acatamiento de las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud oficios C-COVID19-012-2020, MSDM-6105-2020 así como la Directriz Ministerial PE-001, además de los oficios SINAC-ACC-D0988-2020, SINAC-ACC-D-1083-2020. b) Que, en lo referente a la atención de su queja se inició con las coordinaciones técnicas entre funcionarios de esta oficina, la Municipalidad de San José y el Organismo de Investigación Judicial, con esto se pretende dar una atención integral al caso haciendo un mejor uso de los recursos con los que cuentan las instituciones en estos momentos. c) Que conforme se atiendan los casos se le procederá a informar del avance de los mismos considerando lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal (...)".

Analizado el estado de cosas anterior, esta Sala estima que el amparo merece ser acogido en lo que a este aspecto igualmente se refiere.

Lo anterior, en primer término, por cuanto consta en autos que, para la fecha de formulado este amparo (21 de agosto de 2020) y, luego de transcurridos aproximadamente cuatro meses desde que la denuncia en cuestión fue planteada, esta no había sido resuelta por las mencionadas autoridades recurridas.

De otra parte, por cuanto se demostró que, pese a algunas gestiones realizadas por la parte recurrida (incluida la notificación al tutelado del oficio No. SINAC-ACC-OSJ-742-2020 que, en todo caso, se hizo con motivo de este amparo), la denuncia en cuestión no ha sido atendida a la fecha por el fondo y, por ende, no se han ejecutado acciones claras y contundentes para su resolución y posterior notificación al recurrente. Hecho anterior que, incluso, fue confirmado por la propia autoridad recurrida al rendir el informe, al indicar que el caso se encuentra actualmente en lista de espera para su atención, debido a una serie de circunstancias relacionadas principalmente con la situación del COVID-19.

Bajo dicha inteligencia, al acreditarse que, a la fecha, las autoridades del MINAE, concretamente del SINAC, no han resuelto la denuncia bajo estudio, lo que corresponde es acoger este amparo, por vulnerarse lo dispuesto en el ordinal 41 constitucional.

VI. COROLARIO

En mérito de lo expuesto, se impone acoger el presente proceso de amparo, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.

VII. NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO

En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se acusa la falta de respuesta de denuncias que planteó desde el 1° de abril de 2020, por la constitución de un relleno en una zona de protección, que pone le pone en riesgo ya que su propiedad colinda con esa construcción.

VIII. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, o a quien en su lugar ocupe dicho cargo, realizar las gestiones que sean necesarias y coordinar lo que sea pertinente con las instancias correspondientes para que, en el término de UN MES, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se resuelva la denuncia planteada por el recurrente el 1° de abril de 2020 y se le notifique lo resuelto. Todo lo anterior se dicta con la advertencia que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta día multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José y al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.