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Res. 17204-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/09/2020

Protection of the Río Carbón Wetland outside Cahuita National ParkProtección del Humedal Río Carbón fuera del Parque Nacional Cahuita

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber denied the amparo, finding no arbitrary omission by SINAC in protecting the Río Carbón Wetland, and referring the petitioner's disagreement to ordinary legality proceedings.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo, al no acreditar omisión arbitraria del SINAC en la protección del Humedal Río Carbón, remitiendo la disconformidad del recurrente a la vía de legalidad ordinaria.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by an individual against SINAC. The petitioner claims that since 2005 a report from the Protected Wild Areas Management recommended protecting the Río Carbón Wetland, but to date SINAC has not annexed that sector to Cahuita National Park, violating the right to a healthy environment. The Chamber denies the amparo. It finds that SINAC has taken protective actions: it filed criminal complaints, has not granted permits in the area, and the wetlands in the Maritime Terrestrial Zone are already included in certification SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017. The delimitation and possible technical annexation will be carried out once the final elements of the Talamanca Coastal Regulatory Plan are ready. The Chamber finds no omission or arbitrary action. The petitioner's disagreement is a matter of legality to be addressed in administrative litigation. Justice Hernández López adds a note on the need for the Chamber to moderate its intervention in environmental matters and refer to ordinary jurisdiction cases that are not exceptionally serious. Justice Salazar Alvarado issues a dissenting vote arguing that the amparo should have been summarily dismissed as a question of legality.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un particular contra el SINAC. El recurrente alega que desde 2005 un informe de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas recomendó proteger el Humedal Río Carbón, pero a la fecha el SINAC no ha anexado ese sector al Parque Nacional Cahuita, lo que vulnera el derecho a un ambiente sano. La Sala declara sin lugar el recurso. Considera que el SINAC ha realizado acciones de protección: presentó denuncias penales, no ha otorgado permisos en la zona y los humedales en Zona Marítimo Terrestre ya están incluidos en la certificación SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017. La delimitación y posible anexión técnica se realizará una vez se cuente con los elementos finales del Plan Regulador Costero de Talamanca. La Sala no encuentra omisión o actuación arbitraria. La disconformidad del recurrente es un tema de legalidad que debe ventilarse en la vía contencioso-administrativa. La magistrada Hernández López añade una nota sobre la necesidad de que la Sala modere su intervención en materia ambiental y remita a la jurisdicción ordinaria los casos que no revistan excepcional gravedad. El magistrado Salazar Alvarado emite un voto salvado en el que sostiene que el amparo debió rechazarse de plano por ser una cuestión de legalidad.

Key excerptExtracto clave

Based on the foregoing, the Chamber cannot find any omission or arbitrary action that harms the rights claimed by the petitioner to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment. Now, if the petitioner disagrees with what has been done, that is a matter of legality, outside the competence of this Chamber, so the petitioner must, if he sees fit, raise his arguments before the respondent authority itself or in the respective legality avenue, where he will be able, in a broad manner, to discuss the merits of the matter and assert his claims. Consequently, the amparo is inadmissible. V.- Note of Justice Hernández López regarding the claim of violation of Article 50 of the Political Constitution. 1. The historical context that at its time prompted the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable change that forces this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of people to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. In effect, the current situation —characterized by an extensive production of laws and regulations that include substantive rules, procedures and the creation of bodies for compliance with the provisions of the Fundamental Charter— is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed on the Chamber a role as a protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.Partiendo de lo expuesto, la Sala no logra acreditar ninguna omisión, ni actuación arbitraria que lesione los derechos planteados por el recurrente en perjuicio de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahora, si el recurrente se encuentra disconforme con lo actuado, ese resulta ser un extremo de legalidad, ajeno al ámbito de competencia de esta Sala, por lo que la parte recurrente deberá, si a bien lo tiene, plantear sus alegatos ante la propia autoridad recurrida o en la vía de legalidad respectiva, en la cual podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso improcedente. V.- Nota de la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política. 1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Partiendo de lo expuesto, la Sala no logra acreditar ninguna omisión, ni actuación arbitraria que lesione los derechos planteados por el recurrente en perjuicio de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    "Based on the foregoing, the Chamber cannot find any omission or arbitrary action that harms the rights claimed by the petitioner to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment."

    Considerando IV

  • "Partiendo de lo expuesto, la Sala no logra acreditar ninguna omisión, ni actuación arbitraria que lesione los derechos planteados por el recurrente en perjuicio de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."

    Considerando IV

  • "Ahora, si el recurrente se encuentra disconforme con lo actuado, ese resulta ser un extremo de legalidad, ajeno al ámbito de competencia de esta Sala, por lo que la parte recurrente deberá, si a bien lo tiene, plantear sus alegatos ante la propia autoridad recurrida o en la vía de legalidad respectiva."

    "Now, if the petitioner disagrees with what has been done, that is a matter of legality, outside the competence of this Chamber, so the petitioner must, if he sees fit, raise his arguments before the respondent authority itself or in the respective legality avenue."

    Considerando IV

  • "Ahora, si el recurrente se encuentra disconforme con lo actuado, ese resulta ser un extremo de legalidad, ajeno al ámbito de competencia de esta Sala, por lo que la parte recurrente deberá, si a bien lo tiene, plantear sus alegatos ante la propia autoridad recurrida o en la vía de legalidad respectiva."

    Considerando IV

  • "En materia ambiental, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente."

    "In environmental matters, it is the undersigned's opinion that this Chamber, through amparo, should only hear a case alleging violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment if the Administration has not yet intervened and where the violation of that right is manifest and evident."

    Voto salvado del Magistrado Salazar Alvarado

  • "En materia ambiental, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente."

    Voto salvado del Magistrado Salazar Alvarado

  • "La situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior."

    "The current situation —characterized by an extensive production of laws and regulations that include substantive rules, procedures and the creation of bodies for compliance with the provisions of the Fundamental Charter— is radically different from the previous one."

    Nota de la Magistrada Hernández López

  • "La situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior."

    Nota de la Magistrada Hernández López

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL *200138580007CO* Res. No. 2020017204 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the eleventh of September, two thousand twenty.

An amparo remedy processed in expediente No. 20-013858-0007-CO, filed by WALTER BRENES SOTO, identity card number 0206450800, against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN.

Whereas:

1.- Received by the Secretariat of the Chamber on August 5, 2020, the complainant files an amparo remedy against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN and states the following: that the Wild Protected Areas Management (Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas) of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, through inspection report number SINAC-SEGASP-165-05 of July 13, 2005, communicated to the Head of the Cahuita Subregion of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) a series of conclusions regarding the Río Carbón Wetland (Humedal Río Carbón), among them, the lack of an effective protection declaration for the part of the Río Carbón Wetland that is located outside the Cahuita National Park (Parque Nacional Cahuita). See Documentary Evidence ONE. That report recommended not developing any type of infrastructure, nor granting concessions, which has not been complied with by the ACLA-C; added to the fact that the recommendation to maintain and improve the forest cover (bosque) strip with reforestation of native species was not fulfilled, implying a lack of protection for the wetland, as a stabilizer of the beach zone, a perch, feeding, and resting area for birds, and a habitat for migratory species. He adds that the banana company located in the area continues with the use of agrochemicals, meaning that the reduction of impacts on that wetland area has not been achieved, which affects the sea turtle spawning zone; added to the absence of a review of the boundary marking (amojonamiento) of the Playa Negra de Puerto Viejo sector (jointly with IGN and SINAC). He adds that despite the recommendations of this report, to date, SINAC has not fulfilled the obligation to annex this unprotected sector of the Playa Negra de Puerto Viejo zone, including the wetland area and its maritime-terrestrial zone, to the Cahuita National Park. He considers that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación has harmed the fundamental right to a healthy and balanced environment, by not resolving the protection of the Río Carbon Wetland protection area. He requests that this amparo remedy be granted, ordering the Sistema Nacional de Áreas de Conservación to annex this sector of the Playa Negra de Puerto Viejo zone, including the wetland area and its maritime-terrestrial zone, to the Cahuita National Park.

2.- By resolution at 10:49 a.m. on August 14, 2020, this remedy was admitted for processing.

3.- Through a document incorporated into the Legal System on August 25, 2020, Grettel Vega Arce, Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath that SINAC has not granted any type of permit in that zone; that the legal institution of the concession itself is a municipal matter, as are construction permits. She points out that SINAC has carried out actions to continue with the protection of this zone and, this year alone, two complaints have been filed with the Environmental Prosecutor's Office, complaints SINAC-ACLACPCP-068-2020 and SINAC-ACLAC-PCP-47-2019, under criminal cases 20-001097-0485, Infracción a la Ley Forestal, and criminal case 20-001096-0485-PE, Infracción Ley Forestal. She adds that, regarding agrochemical contamination, it is the jurisdiction of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Health; likewise, regarding the boundary marking of the Playa Negra de Puerto Viejo sector, boundary markers 446 to 462 are located there, which is the exclusive jurisdiction of the Instituto Geográfico Nacional. With respect to what is alleged by the complainant about "That SINAC has not fulfilled the obligation to annex this unprotected sector of the Playa Negra de Puerto Viejo zone, including the wetland area and its maritime-terrestrial zone, to the Cahuita National Park," she indicates that it has not been done because the delimitation and certification of the PNE in ZMT was carried out in 2017 for compliance with what was established in the preparation of the Talamanca Coastal Regulatory Plan (Plan Regulador Costero de Talamanca), for which purpose, once the final elements are available, the respective analysis will be carried out to technically verify if it is feasible to carry out an annexation to the ASP. She adds that, in 2018, as a result of the SINAC Wetlands Project (Proyecto de Humedales SINAC) implemented by PNUD-GEF, the National Wetlands Inventory (Inventario Nacional de Humedales) was achieved, which identified said ecosystem component in ZMT areas and private properties. In the case of interest, the wetlands determined in ZMT are already included in certification SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017. She requests that the remedy be dismissed.

4.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Hernández López; and,

Considering:

I.- Preliminary matter. Prior to analyzing the merits of the case, it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Public Administration Law (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is presented because it involves an environmental complaint for wetland fill (relleno de humedal) filed with the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- Object of the amparo. The complainant states that the Wild Protected Areas Management of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, through inspection report number SINAC-SEGASP-165-05 of July 13, 2005, communicated to the Head of the Cahuita Subregion of the La Amistad Caribe Conservation Area a series of conclusions regarding the Río Carbón Wetland, among them, the lack of an effective protection declaration. In that sense, he claims that, as of the date of filing, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación has not resolved the protection of the Río Carbón Wetland protection area, despite having the indicated report. He considers that this situation harms his fundamental rights.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly demonstrated: a) on July 13, 2005, the Wild Protected Areas Management of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación prepared inspection report number SINAC-SEGASP-165-05 addressed to the Head of the Cahuita Subregion of the La Amistad Caribe Conservation Area, in which conclusions and recommendations were indicated regarding the wetland called Río Carbón (see filing brief and evidence provided); b) the Sistema Nacional de Áreas de Conservación has not granted any type of permit in the Cahuita National Park zone (see report rendered under oath); c) during this year, two complaints have been filed with the Environmental Prosecutor's Office, these being: SINAC-ACLACPCP-068-2020 and SINAC-ACLAC-PCP-47-2019, under criminal cases 20-001097-0485 and 20-001096-0485-PE, both for Infracción Ley Forestal (see report rendered under oath); d) the Sistema Nacional de Áreas de Conservación has not annexed the unprotected sector to the Cahuita National Park because the delimitation and certification of the PNE in ZMT was carried out in 2017, and the final elements are not yet available; once they are ready, it will carry out the respective analysis to technically verify if it is feasible to carry out the annexation (see report rendered under oath); e) in 2018, as a result of the SINAC Wetlands Project implemented by PNUD-GEF, the National Wetlands Inventory was achieved, which identified said ecosystem component in ZMT areas and private properties, and the wetlands determined in ZMT are already included in certification SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017 (report rendered under oath).

IV.- On the merits.- The complainant files an amparo remedy and states that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación has harmed the fundamental right to a healthy and balanced environment by not resolving the protection of the Río Carbon Wetland protection area. Additionally, he indicates that the Wild Protected Areas Management of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, through inspection report number SINAC-SE-GASP-165-05 of July 13, 2005, communicated to the Head of the Cahuita Subregion of the La Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) a series of conclusions regarding the Río Carbón Wetland, among them, the lack of an effective protection declaration for the part of the Río Carbón Wetland that is outside the Cahuita National Park, and that report recommended not developing any type of infrastructure, nor granting concessions, which has not been complied with. In this regard, the respondent authority reports that SINAC has carried out actions to continue with the protection of this zone and, this year alone, two complaints have been filed with the Environmental Prosecutor's Office, complaints SINAC-ACLACPCP-068-2020 and SINAC-ACLAC-PCP-47-2019, under criminal cases 20-001097-0485, Infracción a la Ley Forestal, and criminal case 20-001096-0485-PE, Infracción Ley Forestal. She adds that, regarding agrochemical contamination, it is the jurisdiction of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Health; likewise, regarding the boundary marking of the Playa Negra de Puerto Viejo sector, boundary markers 446 to 462 are located there, which is the exclusive jurisdiction of the Instituto Geográfico Nacional. And with respect to what is alleged by the complainant about "That SINAC has not fulfilled the obligation to annex this unprotected sector of the Playa Negra de Puerto Viejo zone, including the wetland area and its maritime-terrestrial zone, to the Cahuita National Park," she indicates that it has not been done because the delimitation and certification of the PNE in ZMT was carried out in 2017 for compliance with what was established in the preparation of the Talamanca Coastal Regulatory Plan, for which purpose, once the final elements are available, the respective analysis will be carried out to technically verify if it is feasible to carry out an annexation to the ASP. Finally, she adds that, in 2018, as a result of the SINAC Wetlands Project implemented by PNUD-GEF, the National Wetlands Inventory was achieved, which identified said ecosystem component in ZMT areas and private properties. In the case of interest, the wetlands determined in ZMT are already included in certification SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017. Based on the foregoing, the Chamber cannot accredit any omission or arbitrary action that harms the rights raised by the complainant to the detriment of a healthy and ecologically balanced environment. Now, if the complainant disagrees with what has been done, that is a matter of legality, outside the scope of this Chamber's jurisdiction, so the complainant must, if he so wishes, raise his arguments before the respondent authority itself or through the respective legal route, where he can, broadly, discuss the merits of the matter and assert his claims. Consequently, the remedy is inadmissible.

V.- Note by Magistrate Hernández López regarding the claim for violation of Article 50 of the Political Constitution.

1. The historical context that once motivated the extensive intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable change that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected under Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a very broad production of laws and regulations that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for the fulfillment of what is ordered in the Constitution—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate jurisdiction imposed on the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we are faced with a "dense framework" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was poorly or not at all regulated, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry into the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the administrative contentious, but also criminal. In these, in accordance with the importance of environmental law, procedural routes and inclusive standing mechanisms have been broadly regulated, so that individuals can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues.

3. In that context, it is neither legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally inappropriate because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its jurisdiction with that of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts that are composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are known examples in which the Chamber has issued a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions have been generated and legal certainty affected.

4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have judgment enforcement judges that allow for adequate follow-up on these resolutions—generally complex—which sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.

5. From that perspective, the decision to take a step aside in environmental matters by this Tribunal should not be seen as an abandonment of the environmental field but, on the contrary, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, is reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise in readjusting the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of establishing its own jurisdiction, as established by Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that while every claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist alongside others, so that—among all, and each in their own space—the full variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society in which other, equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection but gains substantially in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber should abstain from hearing the claims presented to it for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, to leave their hearing in the hands of administrative justice and the administrative contentious jurisdiction. The foregoing is stated generally, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and must therefore be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this statement being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also directly endanger people's health, or access to or quality of water; cases of gross and direct violations to the environment in which a manifest absence of protection by state authorities is verified, provided always that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also consider that the amparo should not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately addressed within it.

8. In the specific case, the complainant alleges that as of the date of filing, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación has not resolved the protection of the Río Carbón Wetland protection area, despite having the indicated report. Consequently, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out the indicated omissions.

VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO.

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is protected not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA), to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional control from legality control. In this sense, it is the opinion of the undersigned that this Chamber, through the amparo remedy, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and that directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in the legality route. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is proper to be heard in the legality route—administrative or jurisdictional—where, with much greater breadth, the accused non-compliances or omissions can be supervised. It must be kept in mind that the amparo remedy is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and conducts a procedure, with the issuance of administrative acts, its hearing is outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full hearing process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms, or with the evacuation of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or review of criteria already on file in the administrative record of the case. To imply otherwise would transform the amparo into an ordinary full hearing process, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it has been designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various ways, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its hearing and supervision corresponds to the administrative-contentious jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the jurisdiction of the legality route. Consequently, this remedy should have been rejected outright with respect to this aspect, since its object is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality route. However, since it was not done so, the proper course is to dismiss it, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the administrative-contentious jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system of legal rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The complainant is forewarned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The remedy is dismissed. Magistrate Hernández López adds a note. Magistrate Salazar Alvarado dissents and dismisses the remedy, with respect to the accused violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Fernando Castillo V.

President Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.

Digitally Signed Document -- Verification Code -- *4RJGEEC2LVG61* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:44:50.

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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200138580007CO* Res. Nº 2020017204 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del once de setiembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 20-013858-0007-CO, interpuesto por WALTER BRENES SOTO, cédula de identidad 0206450800, contra el SISTEMA NACIONA DEL ÁREAS DE CONSERVACIÓN.

Resultando:

1.- Por recibido en la Secretaría de la Sala el 05 de agosto de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo, contra el SISTEMA NACIONA DEL ÁREAS DE CONSERVACIÓN, y manifiesta lo siguiente: que la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, mediante el informe de inspección número SINAC-SEGASP-165-05 del 13 de julio del 2005, le comunicó al Jefe de la Subregión Cahuita del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) una serie de conclusiones acerca del Humedal Río Carbón, entre ellas, la inexistencia de una declaratoria de protección efectiva para la parte del Humedal Río Carbón que se encuentra fuera del Parque Nacional Cahuita. Ver Prueba Documental UNO. En ese informe se recomendó no desarrollar ningún tipo de infraestructura, ni otorgar concesiones, lo cual no se ha cumplido por parte del ACLA-C; sumado a que no se cumplió con la recomendación de mantener y mejorar la franja de bosque con reforestación de especies nativas, implicando una desprotección al Humedal, como estabilizador de la zona de playa, de percha, alimentación y descanso de aves y de hábitat de especies migratorias. Agrega que la empresa bananera ubicada en la zona, continúa con la utilización de agroquímicos, por lo que no se ha logrado la reducción de los impactos sobre esa área del humedal, lo cual afecta la zona de desove de tortugas marinas; sumado a la ausencia de una revisión del amojonamiento del sector de Playa Negra de Puerto Viejo (en conjunto con IGN y SINAC). Agrega que a pesar de la recomendación de este informe, a la fecha, el SINAC no ha cumplido con la obligación de anexar este sector -desprotegido- de la zona de Playa Negra de Puerto Viejo, incluyendo la zona de humedal y su zona marítimo terrestre, al Parque Nacional Cahuita. Considera que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ha lesionado el derecho fundamental a un medio ambiente sano y equilibrado, al no resolverse la protección del área de protección del Humedal Río Carbon. Solicita declarar con lugar este recurso de amparo, ordenando al Sistema Nacional de Áreas de Conservación se anexe este sector de la zona de Playa Negra de Puerto Viejo, incluyendo la zona de humedal y su zona marítimo terrestre, al Parque Nacional Cahuita.

2.- Mediante resolución a las 10:49 horas del 14 de agosto de 2020, se dio curso al presente recurso.

3.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 25 de agosto de 2020, Grettel Vega Arce, Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, informa bajo juramento que el SINAC no ha otorgado ningún tipo de permiso en esa zona, que propiamente la figura legal de la concesión es materia municipal, al igual que los permisos de construcción. Señala que, el SINAC ha realizado acciones para continuar con la protección de esta zona y solo este año se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía de Ambiental, denuncias SINAC-ACLACPCP-068-2020 y SINAC-ACLAC-PCP-47-2019, bajo las causas penales 20-001097-0485, Infracción a la Ley Forestal y la causa penal 20-001096-0485-PE Infracción Ley Forestal. Añade que, con respecto a la contaminación por agroquímicos es competencia del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, asimismo, en cuanto el amojonamiento del sector de Playa Negra de Puerto Viejo, se encuentran localizados los mojones del 446 al 462, lo cual es competencia exclusiva del Instituto Geográfico Nacional. Con respecto a lo alegado por el recurrente sobre “Que el SINAC no ha cumplido con la obligación de anexar este sector-desprotegido- de la zona de playa negra de Puerto Viejo, incluyendo la zona de Humedal y su zona marítimo terrestre, al Parque Nacional Cahuita”, indica que no se ha realizado, debido a que la delimitación y certificación del PNE en ZMT se realizó en el año 2017 para el cumplimiento de lo establecido en la elaboración del Plan Regulador Costero de Talamanca, para lo cual una vez se cuente con los elementos finales se realizará el análisis respectivo para verificar técnicamente si es factible realizar un anexo al ASP. Agrega que, en el año 2018, producto del Proyecto de Humedales SINAC implementado por el PNUD-GEF, se logró el Inventario Nacional de Humedales, el cual identificó dicho componente ecosistémico en áreas de ZMT y propiedades privadas. En el caso de interés, los humedales determinados en ZMT ya están incluidos en la certificación SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

Considerando:

I.- Cuestión previa. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia ambiental por relleno de humedal presentada ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Objeto del amparo. El recurrente manifiesta que la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, mediante el informe de inspección número SINAC-SEGASP-165-05 del 13 de julio del 2005, le comunicó al Jefe de la Subregión Cahuita del Área de Conservación La Amistad Caribe una serie de conclusiones acerca del Humedal Río Carbón entre ellas, la inexistencia de una declaratoria de protección efectiva. En ese sentido, reclama que, a la fecha de interposición el Sistema Nacional de Áreas de Conservación no ha resuelto protección del área de protección del Humedal Río Carbón, pese a contar con el informe indicado. Considera que dicha situación lesiona sus derechos fundamentales.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) el 13 de julio de 2005, la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación realizó informe inspección número SINAC-SEGASP-165-05 dirigido al Jefe de la Subregión Cahuita del Área de Conservación La Amistad Caribe, en el cual se indicaron conclusiones y recomendaciones con respecto al Humedal denominado Río Carbón (ver escrito de interposición y prueba aportada); b) el Sistema Nacional de Áreas de Conservación no ha otorgado ningún tipo de permiso en la zona del Parque Nacional Cahuita (ver informe rendido bajo juramento); c) durante este año se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía de Ambiental, siendo estas: SINAC-ACLACPCP-068-2020 y SINAC-ACLAC-PCP-47-2019, bajo las causas penales 20-001097-0485 y 20-001096-0485-PE , ambas por Infracción Ley Forestal (ver informe rendido bajo juramento); d) el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, no ha anexado el sector desprotegido al Parque Nacional Cahuita porque la delimitación y certificación del PNE en ZMT se realizó en el año 2017, y aún no se cuenta con los elementos finales, una vez que estén listos, realizará el análisis respectivo para verificar técnicamente si es factible realizar el anexo (ver informe rendido bajo juramento); e) en el año 2018, producto del Proyecto de Humedales SINAC implementado por el PNUD-GEF, se logró el Inventario Nacional de Humedales, el cual identificó dicho componente ecosistémico en áreas de ZMT y propiedades privadas y los humedales determinados en ZMT ya están incluidos en la certificación SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017 (informe rendido bajo juramento).

IV.- Sobre el fondo.- El recurrente plantea recurso de amparo y manifiesta que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ha lesionado el derecho fundamental a un medio ambiente sano y equilibrado, al no resolver la protección del área de protección del Humedal Río Carbon. Adicionalmente indica que la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, mediante el informe de inspección número SINAC-SE-GASP-165-05 del 13 de julio del 2005, le comunicó al Jefe de la Subregión Cahuita del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) una serie de conclusiones acerca del Humedal Río Carbón, entre ellas, la inexistencia de una declaratoria de protección efectiva para la parte del Humedal Río Carbón que se encuentra fuera del Parque Nacional Cahuita y en ese informe se recomendó no desarrollar ningún tipo de infraestructura, ni otorgar concesiones, lo cual no se ha cumplido. Al respecto la autoridad recurrida informa que el SINAC ha realizado acciones para continuar con la protección de esta zona y solo este año se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía de Ambiental, denuncias SINAC-ACLACPCP-068-2020 y SINAC-ACLAC-PCP-47-2019, bajo las causas penales 20-001097-0485, Infracción a la Ley Forestal y la causa penal 20-001096-0485-PE Infracción Ley Forestal. Añade que, con respecto a la contaminación por agroquímicos es competencia del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, asimismo, en cuanto el amojonamiento del sector de Playa Negra de Puerto Viejo, se encuentran localizados los mojones del 446 al 462, lo cual es competencia exclusiva del Instituto Geográfico Nacional. Y con respecto a lo alegado por el recurrente sobre “Que el SINAC no ha cumplido con la obligación de anexar este sector-desprotegido- de la zona de playa negra de Puerto Viejo, incluyendo la zona de Humedal y su zona marítimo terrestre, al Parque Nacional Cahuita”, indica que no se ha realizado, debido a que la delimitación y certificación del PNE en ZMT se realizó en el año 2017 para el cumplimiento de lo establecido en la elaboración del Plan Regulador Costero de Talamanca, para lo cual una vez se cuente con los elementos finales se realizará el análisis respectivo para verificar técnicamente si es factible realizar un anexo al ASP. Finalmente, agrega que, en el año 2018, producto del Proyecto de Humedales SINAC implementado por el PNUD-GEF, se logró el Inventario Nacional de Humedales, el cual identificó dicho componente ecosistémico en áreas de ZMT y propiedades privadas. En el caso de interés, los humedales determinados en ZMT ya están incluidos en la certificación SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017. Partiendo de lo expuesto, la Sala no logra acreditar ninguna omisión, ni actuación arbitraria que lesione los derechos planteados por el recurrente en perjuicio de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ahora, si el recurrente se encuentra disconforme con lo actuado, ese resulta ser un extremo de legalidad, ajeno al ámbito de competencia de esta Sala, por lo que la parte recurrente deberá, si a bien lo tiene, plantear sus alegatos ante la propia autoridad recurrida o en la vía de legalidad respectiva, en la cual podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso improcedente.

V.- Nota de la Magistrada Hernández López respecto del reclamo por infracción del artículo 50 de la Constitución Política.

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, el recurrente alega que a la fecha de interposición el Sistema Nacional de Áreas de Conservación no ha resuelto protección del área de protección del Humedal Río Carbón, pese a contar con el informe indicado. En consecuencia, he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas.

VI.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO.

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería, su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano en cuanto a este extremo se refiere, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, en cuanto a la acusada violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *4RJGEEC2LVG61*

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 50
    • Ley 7554 Arts. 22-24
    • Ley Forestal 7575 Art. 19

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