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Res. 16661-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 04/09/2020
OutcomeResultado
The amparo is granted; SENASA, the Ministry of Health, the Municipality of Buenos Aires, and SINAC are ordered to draft a remedial plan within two months and implement it within ten months to solve the pollution from Crisme del Sur S.A.'s livestock operations.Se declara con lugar el recurso; se ordena a SENASA, Ministerio de Salud, Municipalidad de Buenos Aires y SINAC elaborar un plan remedial en dos meses y ejecutarlo en diez meses para solucionar la contaminación por la ganadería de Crisme del Sur S.A.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a resident of Buenos Aires de Puntarenas against several authorities (Mayor, Health Area, SINAC, Environmental Administrative Tribunal, and SENASA) regarding pollution from the livestock company Crisme del Sur S.A. The plaintiff alleges environmental and health damages from foul odors, plagues, dust, and waste discharge into the Ceibo River. The Chamber finds that authorities have known about the problem for years (since at least 2008) but their actions have been insufficient: the Environmental Tribunal took over a decade to conclude the preliminary investigation; the Ministry of Health, despite creating an inter-institutional commission, failed to solve the pollution; SINAC and the Municipality were neglectful; SENASA acted but ineffectively. The amparo is granted, ordering SENASA, the Ministry of Health, the Municipality, and SINAC to draft a remedial plan within two months and implement it within ten months, under warning of disobedience. The State and the Municipality are ordered to pay costs, damages, and losses.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un vecino de Buenos Aires de Puntarenas contra varias autoridades (Alcalde, Área Rectora de Salud, SINAC, Tribunal Ambiental Administrativo y SENASA) por la contaminación generada por la empresa ganadera Crisme del Sur S.A. El recurrente alega daños al ambiente y a la salud por olores fétidos, plagas, polvo y vertido de residuos al río Ceibo. La Sala constata que las autoridades conocen el problema desde hace años (al menos desde 2008) pero sus actuaciones han sido insuficientes: el Tribunal Ambiental tardó más de una década en concluir la etapa de investigación preliminar; el Ministerio de Salud, pese a crear una comisión interinstitucional, no ha logrado solucionar la contaminación; SINAC y la Municipalidad han sido omisos; SENASA ha actuado pero de manera ineficaz. Se declara con lugar el amparo, ordenando a SENASA, Ministerio de Salud, Municipalidad y SINAC elaborar un plan remedial en dos meses y ejecutarlo en diez meses, bajo apercibimiento de desobediencia. Se condena al Estado y a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.
Key excerptExtracto clave
VIII.- Conclusion. Given the described scenario, the violation of the right to health and a healthy and ecologically balanced environment of the people living in the affected community is clear. It has been demonstrated that the respondent authorities have been aware of the situation for years and have failed in their obligation, in accordance with the principle of inter-institutional coordination in environmental matters and the precautionary principle, to address the situation with the necessary urgency for this type of problem. It is unacceptable that after so many years, the respondent administrations have not coordinated activities and executed the corresponding acts to establish measures to solve the denounced polluting activity, which could eventually pose a danger to the population's health. Therefore, from the constitutional perspective, the Chamber concludes that the actions taken in exercise of the control or surveillance power in protection of health and the environment by the Environmental Administrative Tribunal, the Ministry of Health, the Municipality of Buenos Aires, SINAC, and SENASA, within their respective competences, have been clearly insufficient, as the denounced problem persists. Consequently, the appeal is granted, with respect to said Tribunal, for compensation purposes, and as for the other authorities, with the effects indicated in the operative part.VIII.- Conclusión. Ante el escenario descrito, resulta clara la acusada violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que habitan la comunidad afectada. Ha quedado demostrado que las autoridades recurridas conocen de la situación desde hace años y han incumplido su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la coyuntura con la premura necesaria para este tipo de problemas. No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas que permitan solucionar la actividad contaminante denunciada y que eventualmente podría representar ser un peligro para la salud de la población. Por ello, desde la perspectiva constitucional, en el sublite la Sala concluye, que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del ambiente por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud, y la Municipalidad de Buenos Aires, el SINAC y SENASA, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, ya que el problema denunciado aún persiste. Por consiguiente, se declara con lugar el recurso, respecto al citado Tribunal, para efectos indemnizatorios y en lo que corresponde a las demás autoridades, con los efectos que se indican en la parte dispositiva.
Pull quotesCitas destacadas
"La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras..."
"Environmental quality is a parameter of that quality of life; other parameters no less important are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that while man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations..."
Considerando V — cita de sentencia No. 1993-003705
"La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras..."
Considerando V — cita de sentencia No. 1993-003705
"No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas que permitan solucionar la actividad contaminante denunciada y que eventualmente podría representar ser un peligro para la salud de la población."
"It is unacceptable that after so many years, the respondent administrations have not coordinated activities and executed the corresponding acts to establish measures to solve the denounced polluting activity, which could eventually pose a danger to the population's health."
Considerando VIII
"No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas que permitan solucionar la actividad contaminante denunciada y que eventualmente podría representar ser un peligro para la salud de la población."
Considerando VIII
"las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del ambiente por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud, y la Municipalidad de Buenos Aires, el SINAC y SENASA, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, ya que el problema denunciado aún persiste."
"The actions taken in exercise of the control or surveillance power in protection of health and the environment by the Environmental Administrative Tribunal, the Ministry of Health, the Municipality of Buenos Aires, SINAC, and SENASA, within their respective competences, have been clearly insufficient, as the denounced problem persists."
Considerando VIII
"las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del ambiente por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud, y la Municipalidad de Buenos Aires, el SINAC y SENASA, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, ya que el problema denunciado aún persiste."
Considerando VIII
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Constitutional Chamber Case File: 19-008443-0007-CO Type of matter: Amparo appeal Constitutional control: Upholding judgment Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with separate opinion Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Content type: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
POLLUTION.
016661-20. SEVERAL INSTITUTIONS ARE ORDERED TO, WITHIN A PERIOD OF TEN MONTHS, TAKE MEASURES TO SOLVE A POLLUTION PROBLEM OCCURRING IN BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, GENERATED BY A COMPANY.
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Content type: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
ENVIRONMENTAL DAMAGE.
016661-20. SEVERAL INSTITUTIONS ARE ORDERED TO, WITHIN A PERIOD OF TEN MONTHS, TAKE MEASURES TO SOLVE A POLLUTION PROBLEM OCCURRING IN BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, GENERATED BY A COMPANY.
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Content type: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics:
COMPLAINT.
016661-20. SEVERAL INSTITUTIONS ARE ORDERED TO, WITHIN A PERIOD OF TEN MONTHS, TAKE MEASURES TO SOLVE A POLLUTION PROBLEM OCCURRING IN BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, GENERATED BY A COMPANY.
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Content type: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
COMPLAINT.
016661-20. SEVERAL INSTITUTIONS ARE ORDERED TO, WITHIN A PERIOD OF TEN MONTHS, TAKE MEASURES TO SOLVE A POLLUTION PROBLEM OCCURRING IN BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, GENERATED BY A COMPANY.
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Content type: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
PROTECTED AREA.
016661-20. SEVERAL INSTITUTIONS ARE ORDERED TO, WITHIN A PERIOD OF TEN MONTHS, TAKE MEASURES TO SOLVE A POLLUTION PROBLEM OCCURRING IN BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, GENERATED BY A COMPANY.
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Content type: Separate opinion Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
POLLUTION.
Separate opinion of Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is this undersigned's criterion that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution and environmental degradation are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, wherein problems of pollution are accused that affect Buenos Aires de Puntarenas, due to foul and pestilent water and odors, allegedly originating from the livestock activity in the name of Crisme del Sur S.A., which affects the health of the residents of the place, with violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
LBH09/20 ... See more *190084430007CO* Res. Nº 2020016661 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes of September fourth, two thousand twenty. Amparo appeal filed by [Name 001], older adult, married, farmer, identity card No. [Value 001], resident of El Bajo del Remolino of Buenos Aires de Puntarenas, against the Mayor of Buenos Aires de Puntarenas, the Head of the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of Buenos Aires de Puntarenas, the Head of the Subregion of Buenos Aires de Puntarenas of the National System of Conservation Areas (SINAC) and the President of the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo), the General Director of the National Animal Health Service (SENASA). Whereas: 1.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 8:12 hours on May 17, 2019, the petitioner files an amparo appeal against the Mayor of Buenos Aires de Puntarenas, the Head of the Health Governing Area of Buenos Aires de Puntarenas, the Head of the Subregion of Buenos Aires de Puntarenas of the National System of Conservation Areas (SINAC) and the President of the Environmental Administrative Tribunal and states that he is a native of Buenos Aires de Puntarenas, where pure air has always been breathed and the river waters have been crystalline. He indicates that several years ago a company dedicated to livestock activity under the name of Crisme del Sur S.A. was established in Bajo El Remolino, one kilometer west of the center of Buenos Aires, whose western adjoining property is the Ceibo River. He states that, since its establishment in that place, serious damage to the environment has occurred due to air pollution, direct impact on flora and fauna because of the deposit of liquid waste and discarded materials directly into the Ceibo River, which pollutes the water, causing the immediate death of large quantities of fish and other animals. He recounts that, furthermore, it causes a plague of flies and mosquitoes that invade the center of Buenos Aires, nearby places, foul and pestilent odors that the wind carries several kilometers around said company, the most affected being the inhabitants of the center of Buenos Aires and surrounding neighborhoods. He adds that in his personal case, at his age, he had never suffered from skin conditions and now has a type of allergy spread all over his body, for which he has had to go for medical consultations, but no medication helps him positively against this discomfort. He indicates that he lives scarcely 400 meters to the south and in summer the wind carries the dust raised by the number of animals kept in that place, which are about 5 thousand head of cattle, dust that reaches his house, causing him respiratory problems due to the amount of dust carried and in winter it is the odors so strong that sometimes one cannot even breathe due to the stench and smell of death. In response to the prevention made to the petitioner, he responds indicating that he has not personally filed any complaint, but he is part of a group of organized neighbors who are dissatisfied and suffering the effects of air and water pollution of the Ceibo River, produced by Ganadería Crisme S.A. and in a high-risk zone declared as such by the National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencias, CNE). He indicates that by resolution No. 174-18-TAA, issued by the Environmental Administrative Tribunal, at 11:34 hours on February 27, 2018, case file No. [Value 002], it is recorded that a complaint was filed since November 17, 2017 and nothing has yet been resolved in this regard. He states that in addition, on March 21, 2019, before the Health Governing Area of Buenos Aires, said livestock company was reported for pollution by Ronny Jesús Cartín Agüero and nothing has yet been resolved on the matter. He alleges that serious damage is being caused to assets of superior interest such as life, health and the environment. 2.- By resolution at 12:33 hours on May 24, 2019, the Presidency of the Chamber processed this amparo and requested reports from the Mayor of Buenos Aires de Puntarenas, the Head of the Health Governing Area of Buenos Aires de Puntarenas, the Head of the Office of the National System of Conservation Areas (SINAC) of Buenos Aires de Puntarenas, and the President of the Environmental Administrative Tribunal, regarding the facts alleged by the petitioner. 3.- Maricé Navarro Montoya, in her capacity as President of the Environmental Administrative Tribunal and processing judge of case file No. [Value 003], reports under oath (documents filed at 14:53 hours on May 30, 2019 and at 14:53 hours on June 3, 2019), that the actions of said Tribunal regarding case files No. [Value 003], No. [Value 004] and No. [Value 005], are those detailed. The first corresponds to a complaint filed on September 5, 2008. The second regarding a complaint filed on October 18, 2016 and the last, filed on November 17, 2017. Furthermore, by Resolution No. [Value 006] of May 30, 2019, administrative case files No. [Value 007] and [Value 005] are consolidated within case file No. [Value 003], this latter prevailing. In addition, the complaint referring to the alleged activity formerly known as Pollos Delji or Pollos el Rey is deconsolidated from case file No. [Value 003], such that in case file No. [Value 003] proceedings will continue with the complaint allegedly referring to Crisme del Sur, S.A., and in a new case file, which will be opened for this purpose, the complaint filed against the activity formerly known as Pollos Delji or Pollos El Rey will be heard. She indicates that the petitioner filed the complaint processed in case file No. [Value 003], but did not file any action in case file No. [Value 007] or in case file No. [Value 005]. Furthermore, the complaint processed in case file No. [Value 003] refers to two different activities: a. Confined cattle (ganado bovino estabulado) activity, apparently without environmental viability in the Canton Buenos Aires, First District Buenos Aires, locality Bajos del Remolino, with barns 120 meters long by 15 meters wide, in the name of Mr. [Name 002]. b. Confined cattle activity that houses about 600 animals (each farm), also in the First District of the Canton Buenos Aires, Bajos del Remolino, in the name of Sociedad Pollos El Rey (formerly the farm of the company Pollos Delji). She states that the case files are in the investigation stage, therefore, a potential ordinary administrative procedure has not been initiated. To this effect, the following should be considered: 1. When a complaint is received at the Environmental Administrative Tribunal, it generally does not correspond to initiate an ordinary administrative procedure. According to the jurisprudence of the Constitutional Chamber, what is appropriate is to begin the investigation stage, with the purposes indicated in said jurisprudence. The jurisprudence dealing with the investigation refers both to sanctioning matters in general and also to the specific actions of the Environmental Administrative Tribunal. 2. Constitutional jurisprudence is clear in determining that in the preliminary investigation stage, there is no due process, there are no parties per se, nor, therefore, does the filing of appeals apply. From this, it follows that, in the preliminary investigation stage, Article 41 of the Political Constitution is not applicable, since, as there is no imputation of charges, there is no contender) nor possible harm to any party (there are not even parties), but rather a simple investigation. Therefore, she reiterates that no kind of alleged violation of Article 41 of the Political Constitution can be claimed regarding this Office. She requests that the appeal be dismissed as it concerns her represented institution. 4.- Rolando Rodríguez Peraza, in his capacity as Head of the Buenos Aires Subregion of SINAC, reports under oath (document filed at 21:23 hrs. on May 31, 2019), that the documentation requested and generated by said institution (SINAC), already accumulates a considerable amount of pages, as they are complaints that have been processed since 2016. He indicates that the feeling regarding this case is that some institutions such as the Prosecutor's Offices (Auxiliary and Agrarian Environmental), Environmental Administrative Tribunal, Ministry of Health, SENASA, OIJ, are handling it quite slowly, which does not conform at all to what would be prompt and complete justice. He says that this situation leads to the institutions involved in general being seen by the affected parties and the community as accomplices to the illegal situations generated by the livestock operation owned by Crisme del Sur S.A. He states that the complaints filed by this institution are grouped into 5 administrative case files. He states that the situation afflicting the community of Buenos Aires de Puntarenas constitutes the sacrifice and suffering of many that translates into the benefit of very few. 5.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 14:54 hrs. on June 4, 2019, the petitioner replies to the report provided by the President of the Environmental Administrative Tribunal. 6.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 16:39 hrs. on June 6, 2019, the petitioner refers to the report provided by the representative of SINAC. 7.- Randall Bejarano Campos, in his capacity as Director of the Health Governing Area of the Ministry of Health in Buenos Aires de Puntarenas, reports under oath (document filed at 13:03 hours on June 7, 2019), that regarding the background and actions taken, he indicates that the livestock activity (semi-confined cattle) operated by the company Crisme del Sur S.A., legal ID No. 3-101-160084, in the locality of El Remolino, in Buenos Aires de Puntarenas, has an open file in this Health Governing Area since 2008. It corresponds to the semi-confined keeping of bovine cattle for fattening and has authorization from the competent body for the regulation and oversight of agricultural activity (the National Animal Health Service - SENASA - CVO No. 002085-1 valid until July 8, 2019). It is therefore SENASA, the competent body to authorize and oversee, or, where appropriate, limit or disable the exercise of the activity. It also has authorized by this Ministry of Health (official letter BRU URS RS 096-2018 page 664), the wastewater treatment system (STAR for its acronyms in Spanish) for the activity and submits operational reports on its operation every six months, in accordance with the provisions of Decree 39887-S-MINAE (Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales) in relation to Decree 33601-MINAE-S (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales). Regarding this activity under the exclusive competence of the Ministry of Health (that is, the control and authorization of the wastewater disposal system -STAR-), there has been constant oversight, it has borne various sanitary orders (especially No. BRU URS RS 009-2017) which have been complied with to date (and an order is pending notification in which it is compelled to apply corrective actions in the STAR, by virtue of the fact that the latest operational report (for the period 11/12/2018 to 05/12/2019) a copy of which is attached to the evidence, was found to be altered (non-conformity) in the parameters: pH (water acid-base level), COD (chemical oxygen demand), BOD (biochemical oxygen demand), TSS (total suspended solids), phosphates, total nitrogen, and fats and oils. The petitioner Cosme Justino Heraldo Barrantes is part of a group of neighbors who have been intensifying complaints about the operation of this activity. Contrary to what he indicates, he personally has filed complaints before this Health Governing Area, specifically on March 21, 2019 (complaint SERSA 19192) which runs to page 789 of the file. In summary and in accordance with the transfer made by the Chamber, he alleges: a. That for years the activity reported here was established in El Remolino. b. That the activity has produced serious environmental damage and impact on flora and fauna (death of large quantities of fish) due to liquid waste and discarded materials deposited in the Ceibo River. c. Plague of flies and mosquitoes, foul odors, and large amounts of dust that reach the communities. d. Complaints before the Environmental Administrative Tribunal and before this Ministry without resolution. Regarding such arguments and in their order, it must be indicated: a. It is true, as has already been recorded, the activity at its current location dates back to 2008 (at least since then this Ministry has had a record). b. As already indicated, it is not the competence of this Ministry to determine the pollution of waters in a river from a source such as the one accused. Furthermore, despite the insistence of the complainants, there is no document or proof whatsoever in the administrative file, much less technical or scientific evidence, provided by them or by any other subject or body, indicating that the waters of the Ceibo River have been polluted with waste from the livestock activity, much less that the dead fish (which it is alleged there are even photographs or videos of) correspond to an area affected by the activity or died from that cause. There are complaints and an open case against the company at the Environmental Administrative Tribunal since 2010, without, to date, that administrative body, albeit with the rank of tribunal, having been able to conclude the case. In fact, surprisingly, the tribunal has repeatedly been requesting reports and actions from the Ministry of Health (resolutions 1120-13 TAA, 086-17-TAA; 1015-18 TAA and 160-19 TAA) without to date -it is insisted- there having been a resolution of the case. The determination of river pollution is not within the competences of the Ministry of Health, even less so of the local level he directs, but rather within those of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) – his representative institution’s role is to determine that the wastewater discharged into the water body complies with the established regulatory parameters and order the corresponding measures if this is not the case. c. Regarding flies, mosquitoes, and odors, it must be indicated that this has been the bulk of the complaints, including that of the petitioner. As for odors, it is not true that these are frequent in the city of Buenos Aires, and even less can it be affirmed that when they occur they come from the livestock activity. And regarding the plague of flies, these have not been evidenced either in the city, at least in recent years, nor in situ in the inspections carried out at the activity. d. As for the complaints filed before the Ministry of Health, which have intensified in the course of this year, the truth is that they have been addressed and processed according to the procedure established for this purpose, but the case has been given a differentiated and special approach given that the matter even reached the Office of the Minister of Health (a meeting was held with the participation of Health, MINAE, SENASA, Municipality and neighbors), an instance that formed an inter-institutional commission coordinated by the Regional Director of the Brunca Region of the Ministry of Health, Dr. Christian Valverde, which, based on a roadmap, projects sampling by the Ministry and the Municipality and conducts inter-institutional visits to the site with the participation of the neighbors, who appointed two representatives for this purpose. Regarding the complaint before the Environmental Administrative Tribunal, he refers to what is indicated in the preceding section "b". On the other hand, it must be indicated that in response to the group of complaints received on March 21, 2019, from a group of neighbors (including the petitioner), his person, that same day, met with them, the matter was discussed, the competences of the various entities involved and the special procedures were explained, and it was agreed to give special attention to the complaint and review the management by PINDECO of the pineapple "crowns" (material used for preparing cattle feed). The petitioner signed second on the attendance list for that meeting and, furthermore, like the other complainants, was given an individual response (in his case MS-DRRSB-ARSBA-093-2019) where the situation is explained and even though an attempt was made to deliver (notify) it to him personally, the citizen, now petitioner, expressly refused to receive the communication. Hence, in his case, bad faith and an attempt to confuse the Constitutional Tribunal with statements and arguments that are not true are perceived. A copy of pages 903 to 905 detailing the situation described here is attached. The activity subject to this amparo is a purely agricultural activity, regulated by the Animal Health Service Law No. 8495, whose purpose is the protection of animal health and veterinary public health and which assigns to the Ministry of Agriculture and Livestock, through SENASA, the preservation, promotion, protection, and restoration of animal health, in order to ensure their greater welfare and productivity, in harmony with the environment. This activity, however, pursuant to rule 4 of the same law, must be interpreted (and applied) "...for the benefit of human health, animal health and the environment, and for the protection of each of them). The regulation, authorization, operation, and oversight of the treatment systems for this and any other activity of this nature correspond to the Ministry of Health, within the framework of the provisions of the General Health Law, 5495 and its regulations: on "Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales" and "Vertido y Reuso de Aguas Residuales" (39887-s-S-MINAE and 33601-MINAE-S respectively), in logical concordance with other related regulations, such as the Organic Environment Law, the Biodiversity Law. Given that, as has been set out, the Ministry of Health has addressed the case within the framework of its functions and procedures, attending to the complainants and their different instances or actions, and there being no violation of any fundamental right attributable to his person or to his represented institution, he requests that the appeal be dismissed. 8.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 09:35 hrs. on June 12, 2019, the petitioner indicates that he is aware that the Mayor of Buenos Aires has been incapacitated from his duties for several days, which has hindered the act of notification of this appeal, therefore he requests to commission again for the respective notification. 9.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 14:34 hrs. on June 12, 2019, the petitioner refers to the report provided by the representative of the Ministry of Health. 10.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 17:27 hrs. on June 20, 2019, those who claim to be residents of the center of Buenos Aires de Puntarenas, indicate that they provide their resounding community support for this amparo appeal. They substantiate their decision. 11.- José Rojas Méndez, in his capacity as Mayor of Buenos Aires de Puntarenas, reports under oath (document filed at 10:20 hours on June 25, 2019), that his represented institution should be exonerated from liability, as it has been demonstrated that the administration has at all times respected the legality framework in the present matter, and no complaint has been processed regarding the subject raised by the petitioner, as he himself stated that the complaints have been filed before the Environmental Administrative Tribunal, and the Health Governing Area of Buenos Aires, these instances not being an institutional part of his represented entity, and therefore, not having competence to hear or resolve the matter indicated by the petitioner. 12.- By document received in the Secretariat of the Chamber at 11:21 hrs. on June 27, 2019, the petitioner indicates that he offers as evidence for better provision, a video of the statement of Mr. [Name 003], who is a builder and resident of Santa Cruz de Buenos Aires, holder of identity card number [Value 008], who is the father of the young lady [Name 004], 24 years old, a special person, as she suffers from cerebral deterioration, with language and learning problems, whom he took to bathe in the Ceibo River, at the bridge crossing on the Carretera Interamericana. He also provides four photos of the state of damage to her skin, two days later, as her father indicates, after having entered the waters of said river. He believes there is no doubt that this is a very serious and grave case of environmental contamination and harm to people. The degree of contamination of the waters of the Ceibo River by the livestock company Crisma del Sur S.A. is very grave. He dares to say that this is a crime of concrete danger since there is an imminent potential danger to the health of people who use the waters of the Ceibo River for bathing and other chores. He begs that this evidence be taken into account for issuing the final resolution in this case, as well as the other evidence presented. 13.- By resolution at 14:27 hrs. on July 2, 2019, the Instructing Magistrate ordered to extend the appeal against the General Director of the National Animal Health Service (SENASA), from whom the respective report was requested. 14.- Bernardo Jaén Hernández, in his capacity as General Director of SENASA, reports under oath (document filed at 09:25 hours on July 12, 2019), that the establishment named Crisme del Sur S.A. holds the current Veterinary Operation Certificate No. 603-002085, with the annual registration updated until July 18, 2019, having as its main authorized activity the production of bovine cattle meat and the keeping of equines, with the main responsible person indicated as Mr. [Name 005]. On March 18, 2019, for the purpose of responding to Resolution No. 160-19-TAA of case file No. [Value 003], an inspection visit was made to the establishment Crisme del Sur S.A., generating official letter SENASA-DRB-DSP-014-2019, which indicated the following: "...9. The inspection was carried out on the topics of: animal feed, quantity of animals, treatment system, follow-up to the previous inspection; use of veterinary medicines, animal welfare, and Veterinary Advisor as shown below. 10. Regarding animal feed: feed is prepared daily from 6 a.m. to 4 p.m., the formulation uses bagasse, fresh stubble and pineapple silage, poultry litter, pig manure, DDGS (corn distiller's dried grains), corn, coquillo nut, salt, lime and urea. A piece of equipment is used that, in addition to mixing the feed, transports it to the animals' feed troughs, which is given ad libitum. 11. Regarding quantity of animals: in the query made to the SIREA (Animal Establishment Registration and Information System) of the establishment, the record indicates that those responsible report 2150 animals in total; during the inspection, the farm manager indicates that there are 3845 animals. There is no registry of females and males, sizes, ages, entries and exits; no sanitary record is kept indicating bloating (timpanismo), pneumonia, stomatitis, limping, or other ailments; however, the farm manager indicates that a system indicating what is stated in this point will soon be implemented. 12. Regarding the treatment system: during the tour, two treatment systems for liquid and solid waste were observed, one composed of three sedimentation traps and another formed by three oxidation ponds. Both systems discharge the final leachate into a final pond near the river. The establishment has as Environmental Regent (Regente Ambiental) Mr. Rigoberto Núñez Zúñiga, a logbook for wastewater management, a calculation memorandum as of February 2018, and presents three operational reports, one from the second half of 2017 and two from the first and second half of 2018. 13. Follow-up to the previous visit: follow-up was given to the previous inspection dated August 18, 2013, where a positive result in beef for the product zaperone is indicated and where feeding with pig manure is prohibited, identified as a possible source of contamination of the drug. Follow-up will be given jointly with the National Veterinary Services Laboratory (LANASEVE) to verify the second beef sample with a negative result for the drug zaperone as indicated by the owner, so that SENASA may lift the imposed sanitary order or, otherwise, confirm it. 14. Regarding the use of veterinary medicines: the medicines used in the operation were reviewed; four medicines had expired registration, the Directorate of Veterinary Medicines was consulted by telephone on the status of the product registration and it was verified that in all cases the commercial houses are updating the registration. 15. Regarding animal welfare: it was verified that the animals have availability of water and permanent feed throughout the day, furthermore, the establishment has a "hospital" corral where sick animals or those under treatment are separated (with about 50 animals), the body condition of the animals is the maximum possible, except for the newly arrived animals that present a low body condition (approximately 29 animals were counted). There are workhorses on the operation, which are in very good body condition. 16. Regarding the Veterinary Advisor: the establishment does not have a professional in charge of animal health, the proper management of medicines on the farm, proper management of traceability systems, among other responsibilities as requested by Executive Decree No.
19184 subsection b) livestock operations when they acquire veterinary medications directly from wholesale businesses. Sanitary orders issued to the establishment Crisme del Sur S.A. • The updating of the data contained in SIREA was ordered, from the 2150 registered animals to the 3845 head of beef cattle currently at the establishment, within a period not exceeding 30 days. It is worth mentioning that the dimensions of the establishment, the number of animals, and the dynamic of entries and exits three times per week are factors that make counting the animals difficult. • It was ordered to have an animal identification and traceability system within a period not exceeding 3 months. • It was indicated to the establishment that it must have a professional Veterinary Advisor, just as it already has one at the pig farming operation located in Cristo Rey de Pérez Zeledón, and therefore Mr. [Name 006] will request the same professional’s services for the beef cattle operation located in Buenos Aires. In follow-up to what was indicated in Official Letter SENASA-DRB-DSP-04-2019, Dr. Siasky Blanco Chaves, in her capacity as Head of the Public Health Department of the Brunca Regional Directorate of SENASA, issued Official Letter SENASA-DRB-DSP-038-2019, which textually states: "...On Friday, July 5, 2019, the joint inspection by the National Animal Health Service and the State Phytosanitary Service of the MAG was carried out at the establishment Crisme del Sur S.A. Veterinary Operation Certificate 603-002085 located in Bajo Remolino, Buenos Aires. The purpose of the inspection was to follow up on the previous visit dated March 18, 2019, and to verify the establishment's Fly Management Plan in compliance with Ministerial Directive No. MAG-006-20/8 (see Sheet 135458 and two annexes of the file). Regarding the inspection of March 18, 2019. 1. Follow-up on the three sanitary orders: a. Update the real number of animals on the farm in the Integrated Establishment Registry System (SIREA) database. On July 10, 2019, the principal responsible party complied with the sanitary order; however, the reported number of 3330 animals in SIREA remains low compared to the 3466 animals reported by the establishment on July 5, 2019, during the visit. b. Have an updated animal registration system. The establishment complied with the order and has a real-time information system on the number of animals it has, separated by sex, date of entry and exit, medication administered prior to slaughter, and withdrawal period, among other data. c. Have a veterinary advisor. The establishment still does not have a veterinary advisor. According to Executive Decree No. 19184, article 107 subsection b), it states: “In addition to the establishments and/or events that require permanent veterinary medical advice, these are: (...) b) Livestock operations when they acquire veterinary medications directly from wholesale businesses. The establishment receives medications directly from commercial houses Virbac, Corivet, Ciencias Pecuarias, among others. Regarding the Fly Management Plan 2. The inspection of the establishment was conducted at 8 a.m., so that the presence of the Stable Fly could be observed. During the inspection, the following was observed: a The establishment has four corridors with feeders for the animals; one is closed with a roof and three are open (see Photo 1 of ANNEX). Of the four corridors, the one that is closed has fly control through the use of the chemical Alphi®, the three open ones do not have that control. The blue-colored containers used for Alphi® control are placed 5 or 7 meters apart and are changed daily, according to the person in charge; at the time of the visit, they contained a large quantity of captured and dead flies (see Photo 2 of ANNEX). b. In the three open corridors, white bags impregnated with the chemical Zapicol 53® are placed near the animal feeders and changed twice a week to verify the presence of flies, flight direction, infestation threshold, etc. Despite being placed at a height that does not benefit the capture of flies, the trap was saturated with the presence of houseflies on both sides of the trap (see Photo 3 of ANNEX). c. In the controls and traps, the abundant presence of houseflies was verified; however, the presence of the Stable Fly (Stomoxys calcitrans) was not found, nor was S. calcitrans found resting on the animals or in the environment. d. On the peripheries, boundaries, property limits, treatment system areas, common work areas, among others, there is no placement of traps made with white plastic bags, so as to identify the fly load at the establishment, the flight direction, etc. (see Photo 4 of ANNEX). The flight direction is the "side" of the bag that, at the moment of being removed, has the greatest quantity of insects; once the most loaded side is identified, it is possible to identify the origin of the fly, whether it comes from a neighboring location, type of pest, etc. e. In one of three mounds made from the cleaning of the solids trap and lagoons, the presence of Stomoxys calcitrans larvae was verified with a load greater than 5 larvae per square meter (see Photo 5 of ANNEX). 3. The inspection of the documentation. The establishment does not have a Fly Management Plan, with a revised manual, updated procedures, and filled-out records. Result. 4. Three sanitary orders were issued. a. Have a Fly Management Plan and its records within a period not exceeding 30 calendar days. b. Implement fly control and trapping on the peripheries, critical zones, and corridors within a period not exceeding three months. c. Control of Stomoxys calcitrans larvae in any mound of decomposing organic matter of plant or animal origin within a period not exceeding 30 days. 5. Joint SENASA-SFE follow-up will be given to the fulfillment of what was ordered on the dates of March 18 and July 5, 2019...". That in addition to all the above, it is necessary to point out to the Constitutional Body that the Brunca Regional Directorate of SENASA has maintained constant contact with the other institutions involved in the reported issue. In order to comprehensively address the concern of the neighbors and the community of Buenos Aires, on Monday, April 29, 2019, at the central offices of the Ministry of Health, in a meeting with Dr. Daniel Salas Peraza, Minister of Health, joint attention was coordinated, integrated by the following parties: Ministry of Health, Municipality of Buenos Aires, National Animal Health Service, Ministry of Environment and Energy, Legislative Assembly, National System of Conservation Areas, Integral Development Association of Buenos Aires, community, and neighbors. This meeting has generated at least two consecutive meetings in the Municipality of Buenos Aires to follow up on the Work Plan, one on May 16 and the other on June 25; the aforementioned institutions and neighborhood representatives have attended both, with the follow-up meeting with the Minister of Health in San José scheduled for July 17, 2019. From what has been set forth in previous lines, it has been amply demonstrated that the case put forward by the petitioner has been and is being appropriately handled by SENASA and the rest of the state institutions involved, and active participation has also been given to the affected parties and to the establishment itself, in order to correct the existing non-conformities and thus ensure a healthy and ecologically balanced environment and the development of the activity that was authorized to Crisme del Sur S.A. by that National Service. Therefore, it is requested that the present amparo appeal filed against its represented party be dismissed. 15.- By resolution issued at 4:17 p.m. on March 2, 2020, as evidence for a better resolution, the Instructing Magistrate ordered Bernardo Jaén Hernández, in his capacity as General Director of SENASA or whoever holds that position, to inform this Chamber whether the establishment called Crisme del Sur S.A. had its Veterinary Operation Certificate renewed, given that the previous one, No. 603-002085, expired on July 18, 2019. It must specify, if that were the case, the reasons for that administrative decision, despite the existing complaints filed against it. 16.- Federico Chaverri Suárez, in his capacity as Deputy General Director of SENASA and currently with the additional duties of the position of General Director, reports under oath (brief filed at 1:19 p.m. on March 5, 2020) that the establishment Crisme del Sur S.A. had its annual establishment registration renewed with a Veterinary Operation Certificate, and therefore said registration is currently in force. Law No. 8495, the General Law of the National Animal Health Service, states in its article 57 that the Veterinary Operation Certificate (CVO) is understood as the document issued by SENASA, by which the authorization is certified, so that the requesting natural or legal person may engage in one or various activities mentioned in article 56 of said Law. Likewise, the said article also states that the CVO will be requested and granted only once and it will not be necessary to renew it, as long as it constantly complies with the sanitary requirements. For its part, the General Regulation for the Issuance of the Veterinary Operation Certificate, No. 34859-MAG, indicates in its eighth article that the CVO has an indefinite validity, as long as the establishment complies with the sanitary, environmental, and administrative requirements that the administered party declares under oath to have, as established in article 7 of said Regulation. Furthermore, said establishment with a CVO is obligated to be registered in the Registry of Veterinary Operation Certificates, and must update it annually, for which it is necessary to pay the respective fee and at that time update the establishment's information. If the registration update is not carried out on the indicated date, the Regulation grants an additional period of 3 months from that date to proceed accordingly, and once that period is exceeded, the CVO will be considered expired. Likewise, according to the aforementioned Regulation, the CVO will be canceled if SENASA determines that the establishment fails to comply with the measures provided in said regulation or those dictated to regulate specific activities (article 9). As can be deduced from the foregoing, the CVO granted to Crisme del Sur can only be canceled or revoked for two circumstances: 1. That it does not update the annual registration of the establishment that has a CVO within the established period. 2. That the cancellation of the CVO is ordered for not complying with the requirements demanded for its operation. Regarding the first scenario, it states that the establishment in question appeared to carry out the update within the indicated period. Regarding the second scenario, although it is true that there are repeated complaints against the establishment, even in other administrative instances, and it has been proven that it has a series of non-conformities, the truth is that before arriving at the most onerous measure, which is the closure of the establishment and cancellation of the CVO, this National Service, under criteria of proportionality and reasonableness, has ordered the fulfillment of a series of sanitary measures by the establishment, which have the purpose of allowing it to operate without damaging the environment. They are precisely in that process, also assessing what other actions must be generated to achieve that end and to appease the nuisances that the development of the activity may cause to other inhabitants. Thus, as there is no order for cancellation or revocation of the CVO, the annual registration update cannot be denied, which is what this Institution proceeded to carry out. Finally, it states that SENASA is very aware of the reported situation and is committed to ordering and executing the necessary actions in coordination with other competent institutions to be able to resolve the issue. 17.- By resolution issued at 6:38 a.m. on July 28, 2020, as evidence for a better resolution, the Instructing Magistrate ordered the following: 1) To Maricé Navarro Montoya, in her capacity as President of the Administrative Environmental Tribunal or whoever occupies that position in her place, to indicate whether the investigation stage has already concluded in the administrative files to which she referred in the report rendered in this amparo, and must specify at which procedural stage these matters are. 2) To Randall Bejarano Campos, in his capacity as Director of the Governing Health Area of the Ministry of Health in Buenos Aires de Puntarenas or whoever occupies that position, to inform: a) whether the reported company has already complied with the issued sanitary orders; b) when the inter-institutional commission referred to in the report last met and what decision or agreement was reached. 3) To Bernardo Jaén Hernández, in his capacity as General Director of the National Animal Health Service (SENASA) or whoever occupies that position in his place, to inform this Chamber: a) when the last inspection was conducted at the reported establishment and what the result was; b) whether the lagoon where, as indicated, the final leachate from the two liquid and solid waste treatment systems is discharged, represents any danger to the river that is indicated to be close to that lagoon. 18.- Christian Valverde Alpízar, in his capacity as Director of the Brunca Regional Health Governance Directorate of the Ministry of Health, reports under oath (brief filed at 10:26 a.m. on August 3, 2020), the following: 1. Regarding the Sanitary Orders Issued: As detailed in report MS-DRRSBRU-ARS-BA-0129-2019, dated June 7, 2019, signed by Dr. Randall Bejarano Campos, Director of the Governing Health Area of Buenos Aires and addressed to Magistrate Marta Esquivel Rodríguez; this Ministry has constantly supervised the wastewater disposal system (STAR) and has issued various Sanitary Orders, which as of that date had been complied with. At that moment, as indicated in the report, the administrative act to compel the company to apply corrective actions in the STAR was pending, according to the operational report corresponding to the first semester of that year, which was formalized with order ARSBAERS-118-2019, dated June 6, 2019. A follow-up visit to verify compliance with said Sanitary Order was conducted by the Governing Health Area of Buenos Aires on October 1, 2019, and as detailed in report ARSBA-ERS-020110-2019, the update of the calculation report was completed, which was approved by Eng. Marvin Salamanca Cordero, an official of this Regional Health Governance Directorate; in addition, the cleaning of sedimentators was performed, leaving only pending that the company Crisme del Sur S.A. present the next operational report, corresponding to the second semester of that year. 2. Regarding the Inter-institutional Commission: This commission has held several meetings, the last of which took place on July 17, 2020, with the participation of officials from this Ministry, the National Animal Health Service (SENASA), the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), and the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). During the meeting, it was agreed to send the reports prepared from the field visits conducted by MAG-SENASA to the Ministry of Health and the Water Directorate; likewise, a meeting was agreed upon for August 7, 2020, to provide feedback on these reports and define joint action by the participating institutions. 19.- Maricé Navarro Montoya, in her capacity as President of the Administrative Environmental Tribunal and processing judge of file No. [Value 003], reports under oath (brief filed at 11:52 a.m. on August 3, 2020) that the actions of the Administrative Environmental Tribunal since the filing of charges are as follows: I. Resolution No. 1130-19-TAA of July 5, 2019, by which the opening of an ordinary administrative proceeding was declared and the parties were summoned to an oral and public hearing to be held on September 18 and 19, 2019, both days starting at 9:00 a.m. (folios 351 to 355 of the file). II. The briefs of the co-accused, Mr. José Daniel Ramírez Steller, requesting the rescheduling of the oral hearing due to his illness, which are accompanied by supporting documents, at folios 382 to 389 of the file. III. Official Letters No. SINAC-ACLA-P-SRBA-394-2019 and No. SINAC-ACLA-P-SRBA-428-2019, signed by Eng. Rolando Rodríguez Peraza, Head of the Buenos Aires Sub-region of ACLA-P-SINAC-MINAE, and official Mr. Ronald Romero Ureña, an official of said Sub-region, received by this Tribunal together with the attached inspection records. IV. Resolution No. 1638-19-TAA of September 17, 2019, by which the oral and public hearing of the proceeding is suspended, and it is indicated that it will be rescheduled by a later resolution (folios 390 to 391 of the file). V. Resolution No. 2536-19-TAA of December 13, 2019 (folios 412 to 434 of the file), by which a precautionary measure is issued. VI. Resolution No. 2537-19-TAA of December 13, 2019 (folios 447 to 451 of the file), by which the filing of charges was expanded and the parties are summoned to an oral and public hearing to be held on February 27, 2020, starting at 8:00 a.m. VII. The brief received on January 30, 2020, through which Mr. [Name 005], of known identity in the file, formally requests “clarification and addition” of Resolution No. 2536-19-TAA that issued the aforementioned precautionary measure (folios 462 to 465 of the file). Attached are Official Letters No. DA-UHTPSOZ-0263-2019 and DA-UHTPSOZ-0611-2019 from the Water Directorate of MINAE, titled: “Technical Report for Discharge Permit” (folios 466 to 470 of the file). VIII. The fax received on February 3, 2020, through which Mr. [Name 005], of known identity, states that he is filing an “appeal for revocation with concomitant appeal against Resolution No. 2536-19-TAA…”. Attached is the alleged first page of Official Letter No. DR-BRU-0554-2019, unsigned, and an Expert Opinion from the OIJ, illegible, which lacks signatures. IX. Resolution No. 569-2020-TAA, of February 13, 2020, by which the appeal for addition and clarification, the appeal for revocation, as well as the expansion of the appeal for revocation, all filed by Mr. [Name 005] against Resolution No. 2536-19-TAA that ordered the precautionary measure in the case, are rejected. In addition, the subsidiary appeal is declared inadmissible. X. Resolution No. 570-2020-TAA, of February 13, 2020, by which the oral and public hearing is rescheduled for March 26, 2020, at 8:00 a.m. XI. Official Letter No. 215-2020-TAA, in which it is indicated that, by virtue of the Declaration of National Emergency issued by Executive Decree No. 42227-MP-S and the measures taken by the Ministry of Health as a result thereof, the hearing summoned by Resolution No. 570-2020-TAA for March 26, 2020, at 8:00 a.m., will NOT be held. XII. Resolution No. 2177-2020-TAA, by which the Oral and Public Hearing is rescheduled for December 3, 2020, at 8:30 a.m. 20.- Germán Rojas Hidalgo, in his capacity as General Director of SENASA, reports under oath (brief filed at 1:38 p.m. on August 20, 2020) that before responding to what is requested on the merits, it is necessary to make the Chamber aware that this National Animal Health Service is responding late, due to a technical problem that arose with the designated email address, namely, [email protected]. By virtue of a notification received on August 18, 2020, from the official of this Chamber, Julieta Segura Guzmán, where she noted the lack of response from SENASA, did this office become aware of the notification of said resolution. In view of this, Attorney Antonio Van der Lucht, Head of the Legal Advisory Department of SENASA, sent an email on August 19 addressed to said official indicating that on the occasion of a reminder made by the Attorney General's Office of the Republic on Friday, August 14, 2020, regarding the expiration of a deadline for issuing conclusions in an administrative contentious proceeding, the Legal Advisory Department of SENASA learned that the email assigned for notifications ([email protected]), created exclusively for receiving judicial notifications, had been unlinked, due to some changes made by the Information Technology Department of SENASA, thus causing emails sent to that address to appear as successfully sent but never arriving at the recipient. A situation which, it is noted, occurred approximately towards the end of July and until the date when the Attorney General's Office of the Republic alerted them of the indicated case. Given what has been stated and as can be observed from what was indicated, one of the notifications that did not arrive at the recipient was precisely the resolution issued at 6:38 a.m. on July 28, 2020. Thus, and providing as evidence an official letter issued by the Information Technology Department, it is requested that this report be accepted and added to the file and that the requirement raised by the Chamber be considered responded to in time by SENASA. It is also noted that to date the problem has been resolved, and therefore the indicated email is functioning correctly. Regarding what was specifically requested by the Chamber in this file, as for point a), it reports that on June 4, 2020, an inspection visit was conducted at the establishment Crisme del Sur, with the participation of Dr. Silvia Fernández Abarca and Dr. Siasky Blanco Chaves, as SENASA officials of the Brunca Regional Directorate of SENASA, with the support of Lic. Alejandra Bolaños Retana, from the Legal Advisory Department, and Eng. Rebecca Gutiérrez Bermúdez, an official of the MAG and expert in agro-environmental matters, in order to assess actions for improvement at said establishment in the management of the waste generated in areas where animals stay and the legal actions to be taken by this National Service, according to evidence in the field. Thus, on June 5, during a follow-up meeting to take actions based on what was observed in the field, with the aforementioned officials, concern was expressed that 100% of the excreta (dung) generated by the animals in the holding areas is reaching the treatment system that currently exists at the establishment and that a possible negative environmental impact is originating. Therefore, the need for an institutional approach to this situation was defined. The institutions involved in the follow-up of the Crisme del Sur case were summoned to a virtual meeting for July 17, where Engineer Rebeca Gutiérrez presented the situation evidenced in the field, and the following were defined as measures: a) The formation of the inter-institutional commission for the joint management of this case and others in the Brunca region. With semi-annual meetings and joint visits to address cases in productive systems. b) Sending the report issued by Engineer Rebeca Gutiérrez for analysis by the institutions, follow-up to the case, and feedback on observations and possible measures to execute, for the next meeting to be held on August 7, 2020. The report is sent to institutions in official letter OF. SENASA-DRB-200-2020. On August 7, 2020, with the analysis of the report issued by Engineer Rebeca Gutiérrez already completed and endorsing the technical foundations described therein by the involved institutions, a joint visit to the productive system was defined during a virtual meeting, for August 14, 2020. During the inter-institutional visit of August 14, opportunities for improvement regarding the handling of excreta (dung) in the animal holding area were evidenced. These will be requested of the company Crisme del Sur, through a sanitary order prepared jointly by the technical commission. During this visit, the need to have the support of SENARA was also defined, to request from Crisme del Sur the necessary technical studies to rule out or evidence potential negative environmental impact, in the animal holding area and in the area of the waste and wastewater treatment system. Regarding what was requested in point b) of the resolution, referring to indicating whether the lagoon where the final leachate from the two liquid and solid waste treatment systems is discharged represents any danger to the river that is indicated to be close to that lagoon, it must be pointed out to the Chamber that during the visit of June 4, among the findings were the new actions employed by the company Crisme del Sur, in order to prevent contamination of the Ceibo River, but which could represent contamination of another type, for which reason this Service coordinated the inter-institutional meeting with the Ministry of Health, as the approving entity for the establishment's treatment system, and with the Water Directorate of MINAE, with the purpose of communicating to these institutions the findings detected and proceeding in a consensual manner, to take the actions to follow with respect to the establishment, in search of respect for the environment, beyond the contamination that might exist to the Ceibo River. So, it is these institutions, as those responsible for the approval of the remnant treatment system and discharge, that must issue the technical criterion to determine the danger of contamination to the river, due to the proximity of the lagoon. 21.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Magistrate Garro Vargas; and, Considering: I.- Preliminary Matter. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of ruling No. 2008-002545, of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception scenario is presented, since we are dealing with proceedings related to environmental matters. Taking into account this type of matter, this Chamber assesses possible delays in the resolution of this type of complaints. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- Object of the Appeal. The appellant alleges that several years ago, a company dedicated to livestock activity was established in Bajo El Remolino, one kilometer west of the center of Buenos Aires de Puntarenas, under the name of Crisme del Sur S.A., whose western boundary is the Ceibo River. He states that, since its establishment in that place, serious damage to the environment has occurred due to air pollution with fetid and pestilent odors, causing a plague of flies and mosquitoes, as well as the dust raised by close to 5 thousand head of cattle. Also, direct impact on flora and fauna due to the deposit of liquid residues and waste directly discharged into the Ceibo River, which contaminates the water. These facts have been reported by neighbors before the Administrative Environmental Tribunal and the Governing Health Area of Buenos Aires, but nothing has been resolved on the matter. III.- Proven Facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order: a) The establishment called Crisme del Sur S.A., located in the locality of El Remolino, in Buenos Aires de Puntarenas, holds a current Veterinary Operation Certificate, with its main authorized activity being the production of beef cattle and maintenance of equines, with Mr. José Daniel Ramírez Steller appearing as principal responsible party (report from the General Director of SENASA and evidence provided). b) The company Crisme del Sur S.A. has the wastewater treatment system (STAR) for the activity authorized by the Ministry of Health, and presents operational reports on its operation every six months (report from the Director of the Governing Health Area of the Ministry of Health in Buenos Aires de Puntarenas and evidence provided). 1) Regarding the actions of the Administrative Environmental Tribunal. c) In file No.
[Value 003], which refers to a complaint filed by the petitioner on September 5, 2008, regarding the activity of confined (estabulado) cattle, apparently without environmental viability (viabilidad ambiental) in the canton of Buenos Aires, first district Buenos Aires, locality of Bajos del Remolino, with sheds measuring 120 meters long by 15 meters wide, in the name of Mr. [Name 002]. Additionally, through Resolution No. 849-19-TAA, of May 30, 2019, administrative files No. [Value 007], regarding a complaint filed on October 18, 2016, and No. [Value 005], for a complaint filed on November 17, 2017, are consolidated into file No. [Value 003], with the latter prevailing. Since the file was in the investigation stage, a potential ordinary administrative proceeding had not been initiated (report of the President of the Environmental Administrative Tribunal and processing judge of file No. [Value 003] and evidence provided). d) Through resolution No. 1130-19-TAA, of July 5, 2019, the Environmental Administrative Tribunal declared the opening of an ordinary administrative proceeding in file No. [Value 003] and summoned the parties to an oral and public hearing to be held on September 18 and 19, 2019. However, due to a request for rescheduling, the issuance of a precautionary measure, request for clarification and addition to that measure, the filing of ordinary appeals against it, expansion of the statement of charges, the declaration of a national emergency due to the COVID-19 pandemic, the oral and public hearing was finally rescheduled for December 3, 2020 (report of the President of the Environmental Administrative Tribunal and processing judge of file No. [Value 003] and evidence provided). 2) Regarding the actions of the Ministry of Health. e) Since 2008, the company Crisme del Sur S.A., located in the locality of El Remolino, in Buenos Aires de Puntarenas, has had an open file in the Health Governing Area (Área Rectora de Salud) of the Ministry of Health in Buenos Aires de Puntarenas. It corresponds to the semi-confined (semi estabulada) holding of beef cattle for fattening and has authorization from the competent body for the regulation and oversight of agricultural activity, which is SENASA (report of the Director of the Health Governing Area of the Ministry of Health in Buenos Aires de Puntarenas and evidence provided). f) The petitioner Cosme Justino Heraldo Barrantes is part of a group of neighbors who have been intensifying complaints regarding the operation of the accused company's activity. He also personally filed a complaint before the respondent Health Governing Area, specifically on March 21, 2019 (complaint SERSA 19192) (report of the Director of the Health Governing Area of the Ministry of Health in Buenos Aires de Puntarenas and evidence provided). g) The complaints filed before the Ministry of Health have been addressed and processed according to the procedure established for this purpose, but the case has been given a differentiated and special approach given that the matter even reached the Office of the Minister of Health (a meeting was held with the participation of Health, MINAE, SENASA, the Municipality, and neighbors), an instance that formed an inter-institutional commission coordinated by Mr. Christian Valverde, Regional Director of the Brunca Region of the Ministry of Health, which, based on a roadmap, plans sampling by the Ministry and the Municipality and conducts inter-institutional visits to the site with the participation of the neighbors, who appointed two representatives for this purpose (report of the Director of the Health Governing Area of the Ministry of Health in Buenos Aires de Puntarenas and evidence provided). h) On April 29, 2019, in order to comprehensively address the concern of the neighbors and the community of Buenos Aires, at the central offices of the Ministry of Health in a meeting with Dr. Daniel Salas Peraza, Minister of Health, joint attention was coordinated through a commission composed of the following parties: Ministry of Health, Municipality of Buenos Aires, National Animal Health Service, Ministry of Environment and Energy, Legislative Assembly, National System of Conservation Areas, Integral Development Association of Buenos Aires, community, and neighbors (report of the Director of the Regional Directorate of Health Governance Brunca of the Ministry of Health and evidence provided). i) The institutional commission has held several meetings, the last of which took place on July 17, 2020, and included the participation of officials from the Ministry of Health, National Animal Health Service (SENASA), Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), and the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). In that meeting, it was agreed to send the reports prepared from the field visits carried out by MAG-SENASA to the Ministry of Health and the Water Directorate; likewise, a meeting was agreed upon for August 7, 2020, to provide feedback on these reports and define joint action by the participating institutions (report of the Director of the Regional Directorate of Health Governance Brunca of the Ministry of Health and evidence provided). 3) Regarding the actions of SINAC. j) Since 2016, the Buenos Aires Subregion of SINAC has been processing complaints for alleged illicit situations generated by the livestock operation owned by Crisme del Sur S.A. (report of the Head of SINAC, Buenos Aires Subregion). 4) Regarding the actions of the National Animal Health Service (SENASA). k) On June 4, 2020, an inspection visit was conducted at the Crisme del Sur establishment, with the participation of Dr. Silvia Fernández Abarca and Dr. Siasky Blanco Chaves, as SENASA officials from the Brunca Regional Directorate of SENASA, with the support of Licda. Alejandra Bolaños Retana, from the Legal Advisory Office, and Ing. Rebecca Gutiérrez Bermúdez, an official of MAG and expert in agri-environmental issues, in order to assess the improvement actions of said establishment in managing the waste generated in the animals' dwelling areas and the legal actions to be followed by that National Service, according to evidence in the field (report of the Director General of SENASA and evidence provided). l) During the visit of June 4, 2020, among the findings were the new actions employed by the company Crisme del Sur, in order to avoid contamination of the Ceibo River, but which could represent other types of contamination, so SENASA coordinated the inter-institutional meeting with the Ministry of Health, as the approving body for the establishment's treatment system, and with the Water Directorate of MINAE, with the purpose of informing these institutions of the detected findings and proceeding in a consensual manner to take the actions to be followed regarding the establishment, in pursuit of respect for the environment, beyond the contamination that could exist to the Ceibo River (report of the Director General of SENASA and evidence provided). m) On June 5, 2020, in a follow-up meeting to take actions based on what was observed in the field, with the aforementioned officials, the concern was raised that 100% of the excreta (manure, boñiga) generated by the animals in the dwelling areas is reaching the treatment system currently in place at the establishment and that a potential negative environmental impact is being generated. Therefore, the need for this situation to be addressed institutionally was defined. The institutions involved in the follow-up of the Crisme del Sur case were summoned to a virtual meeting for July 17 (report of the Director General of SENASA and evidence provided). n) At the meeting of July 17, 2020, Engineer Rebeca Gutiérrez presented the situation observed in the field, and the following measures were defined: a) The formation of an inter-institutional commission for the joint management of this case and others in the Brunca region, with semi-annual meetings and joint visits to address cases in production systems. b) The sending of the report issued by Engineer Rebeca Gutiérrez, for analysis by the institutions, follow-up on the case, and feedback on observations and possible measures to be implemented, for the next meeting to be held on August 7, 2020 (report of the Director General of SENASA and evidence provided). o) On August 7, 2020, with the analyses of the report issued by Engineer Rebeca Gutiérrez and endorsing the technical grounds described therein by the involved institutions, it was defined, in a virtual meeting, to conduct a joint visit to the production system on August 14, 2020 (report of the Director General of SENASA and evidence provided). p) During the inter-institutional visit on August 14, 2020, opportunities for improvement were noted regarding the management of excreta (manure, boñiga) in the animals' dwelling area. These will be requested from the company Crisme del Sur, by means of a sanitary order prepared jointly by the technical commission. During this visit, the need to have the support of SENARA was also defined, to request from Crisme del Sur the necessary technical studies to rule out or demonstrate potential negative environmental impact, in the animals' dwelling area and in the area of the waste and wastewater treatment system (report of the Director General of SENASA and evidence provided). q) SENASA is very aware of the reported situation and is committed to ordering and executing the necessary actions in coordination with other competent institutions to resolve the problem (report of the Director General of SENASA). IV.- Unproven fact. The following fact of relevance for the resolution of this constitutional proceeding is considered unproven. Sole. That the Municipality of Buenos Aires has sought the solution to the problems afflicting the petitioners and the neighbors due to the activity carried out at the establishment called Crisme del Sur S.A., located in the locality of El Remolino, in Buenos Aires de Puntarenas. V.- Regarding the right to health and the right to enjoy a healthy environment. This Chamber has previously established that, while it is true that the State must respect the right of individuals to work and freedom of enterprise, it must also ensure the well-being of the community. Any person may engage in a lawful commercial activity, as long as it does not thereby threaten the health or safety of persons, or the environment, and must prevent said activity from constituting a danger to the health of the inhabitants or causing environmental contamination. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution, as well as through international regulations. In this sense, this Tribunal in judgment No. 1993-003705, of 3:00 p.m. on July 30, 1993, stated: "...Environmental quality is a parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is simply the translation into this matter of the principle of 'injury' (lesión), already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself...". Likewise, there is an obligation of the State to protect the environment that is expressly contemplated in the second paragraph of article 50 of the Political Constitution, which provides: "...Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to report acts that violate this right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve this right..." This provision is complemented by that established in numeral 11 of the "Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights". Likewise, regarding the obligations that public authorities have to guarantee the right to health and the right to a healthy environment, this Chamber, through judgment No. 180-98, of 4:24 p.m. on January 13, 1998, ruled: "...the State not only has the unavoidable responsibility of ensuring that the health of each of the persons who make up the national community does not suffer harm from third parties, in relation to these rights, but it must also assume the responsibility of achieving the social conditions suitable so that each person can enjoy their health, understanding such right as a situation of physical, psychological (or mental), and social well-being." On the other hand, infra-constitutional regulations develop this right, and in this sense, the General Health Law authorizes the Ministry of Health to take the corresponding sanitary measures and impose sanctions in order to protect the environment and the right to health of persons (judgment No. 2008-005864, of 3:01 p.m. on April 15, 2008). VI.- Regarding constitutional competence in environmental matters. As has been reiterated in the jurisprudence of this Chamber, constitutional competence in environmental matters cannot extend to the point of becoming a verifier of the technical criteria set forth in the regulations or by the administrative authorities in environmental matters but is limited to verifying whether the competent state agencies have fulfilled the obligation imposed on them by article 50 of the Political Constitution, to assume responsible and timely action regarding environmental protection. It has also been held that the admissibility of the amparo appeal (recurso de amparo) is conditioned on proving the existence of a disturbance or threat to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Political Charter or in the international human rights instruments subscribed to by the country. This last circumstance highlights the eminently summary nature of the amparo process, whose processing does not lend itself well to the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or to the need to first examine - with a declaratory nature - whether there actually exist or not rights of an infra-constitutional rank that the parties cite as part of the factual array of the amparo appeal or the legal report, as the case may be, since it is evident that this is a competence which this Chamber lacks. Given this situation, it is not appropriate for the Chamber to issue any pronouncement (positive or negative) in these cases, because in order to elucidate whether or not there has been an infringement of fundamental rights, said conflict must first be resolved at the level of legality (judgment No. 2020-012900, of 9:15 a.m. on July 10, 2020). VII.- On the merits. The State must respect the right of individuals, but it must also ensure the well-being of the community. Public health and environmental protection are principles protected both at the constitutional level (articles 21, 50, 73, and 89 of the Magna Carta), as well as through national and international regulations. In the case under study, it should be noted that the General Law of the National Animal Health Service (SENASA), number 8495, in its article 5, establishes that "the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), through SENASA, shall be responsible for the regulation, planning, administration, coordination, execution, and application of official activities of a national, regional, and international nature, relating to the health of the animal population, residues, veterinary public health, veterinary control of zoonoses, traceability/trackability, protection and safety of food of animal origin, animal feed, veterinary medicines, animal genetic material, products and by-products, the production, use, release, or marketing of genetically modified organisms that may affect animal health or its environment, and hazardous substances of animal origin." Said Law establishes a series of functions and measures that are mandatory for SENASA to apply and for the administered parties to obey, for reasons of public interest and with the purpose of protecting the environment, human health, and animal health. In turn, article 6 of the cited law provides that when aspects related to the protection of public health are involved in the exercise of the established competences, SENASA must act in strict collaboration and coordination with the Ministry of Health. In the records, the petitioner's disagreement is against the activity carried out by the establishment called Crisme del Sur S.A., located in the locality of El Remolino, in Buenos Aires de Puntarenas. A company which, according to SENASA, has as its main authorized activity the production of beef cattle meat and the maintenance of equines, for which it holds a current Veterinary Operation Certificate (Certificado Veterinario de Operación). Furthermore, regarding the Ministry of Health, it has the wastewater treatment system (STAR) for the activity authorized. However, given that different authorities are involved in the sub lite case, the appropriate course is to analyze the performance of each of them independently. a.- In relation to the Environmental Administrative Tribunal. From the reports provided by the President of the Environmental Administrative Tribunal, given under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences provided for in article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction and the evidence provided, it is inferred that on September 5, 2008, the petitioner filed a complaint before that administrative body regarding the confined cattle activity, apparently without environmental viability, carried out in the locality of Bajos del Remolino, Buenos Aires, Puntarenas, by the company called Crisme del Sur S.A. It is proven that, to this file, by means of a resolution dated May 30, 2019, administrative files No. 196-16-01-TAA, regarding a complaint filed on October 18, 2016, and No. 240-17-03-TAA, for a complaint filed on November 17, 2017, were consolidated into it, with the number of the first matter prevailing. Regarding the processing given, the respondent states that the files were in the investigation stage, so a potential ordinary administrative proceeding had not been initiated. It argues that when a complaint is received at the Environmental Administrative Tribunal, it is generally not appropriate to initiate an ordinary administrative proceeding. That, by jurisprudence of the Constitutional Chamber, what is appropriate is to initiate the investigation stage, with the purposes indicated in said jurisprudence. The jurisprudence dealing with the investigation refers both to sanctioning matters in general, as well as to the specific actions of the Environmental Administrative Tribunal. Furthermore, constitutional jurisprudence is clear in determining that during the preliminary investigation stage, due process does not exist, nor are there parties as such, nor is the filing of appeals therefore applicable. It follows from this that, during the preliminary investigation stage, article 41 of the Political Constitution is not applicable, since, as there is no statement of charges (imputación de cargos), there is no contender nor possible harm to any party (there are not even parties), but rather a simple investigation. Therefore, it argues that no kind of alleged infringement of article 41 of the Political Constitution can be claimed against that Office. Apart from the foregoing, according to what was stated in the second report provided, it is verified that by resolution No. 1130-19-TAA, of July 5, 2019, the opening of an ordinary administrative proceeding was declared in file No. 354-08-03-TAA, and the parties were summoned to an oral and public hearing to be held on September 18 and 19, 2019. However, due to the request for rescheduling, the issuance of a precautionary measure, request for clarification and addition to that measure, the filing of ordinary appeals against it, expansion of the statement of charges, the declaration of a national emergency due to the COVID-19 pandemic, the oral and public hearing was finally rescheduled for December 3, 2020. The respondent is not correct in the argument presented in defense of its represented entity. This Chamber has likewise considered it appropriate to protect the principle of swift and complete justice, in the face of environmental complaints filed with that administrative body and whose processing has been delayed in the preliminary stage. Just to cite two examples, judgment No. 2019-009239, of 9:20 a.m. on May 24, 2019, and more recently, judgment No. 2020-008926, of 9:15 a.m. on May 15, 2020. In the first, the following was considered: “... VI.- REGARDING THE ENVIRONMENTAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. Regarding the actions carried out by the Environmental Administrative Tribunal, it must be stated that it is incomprehensible to this Tribunal that the mentioned problem still persists, since on April 10, 2018, the protected party filed the respective complaint before said Tribunal; however, the process has been halted in the preliminary investigation stage for a year. This Chamber calls attention that, despite the evident abandonment of the file, the respondent authority does not provide justification for the delay in processing, even though the contamination problem resulting from the deposit of earth and waste persists to date and, according to what was verified by the Conservation Area, constitutes a threat to the channel of the Segundo River, due to landslides and the amount of debris and garbage found less than a meter from the channel. Thus, it was not until one day after the filing of the amparo appeal, and after almost a year of inactivity in the file, that the Tribunal issued and notified Resolution No. 346-19-TAA of 4:02 p.m. on March 8, 2019, which consists of a replica of Resolution 377-18-TAA of 3:08 p.m. on May 11, 2018, in which it reiterated the request to the Central Conservation Area, the Municipality of Alajuela, and the Ministry of Health to provide the technical reports in this regard. By virtue of this, on April 2, 2019, the Ministry of Environment provided the respondent Tribunal with the requested information and warned it of the existing environmental damage, it being the case that to date, there is no record that either the Municipality or the Ministry of Health has provided the requested reports, nor is there any record that the Tribunal has requested them again. Thus, this Chamber verifies that the Environmental Administrative Tribunal has been negligent in its actions, so it has failed in its obligation to guarantee the rights to health and an ecologically balanced environment for the inhabitants of the area. Therefore, on this aspect, it is appropriate to grant the appeal...” (emphasis added). A similar situation occurs in the records, as it has been demonstrated that the complaint filed by the petitioner more than a decade ago concluded the investigation stage and the opening of the ordinary administrative proceeding was declared, subsequent to the notification of the resolution granting this amparo. A more than excessive period to conclude a preliminary investigation. Hence the appropriateness of the appeal against it, although only for indemnification purposes. b.- Regarding the actions of the Ministry of Health. From what was reported by both the Director of the Health Governing Area of Buenos Aires de Puntarenas and the Director of the Regional Directorate of Health Governance Brunca, it is considered proven that since 2008, the company Crisme del Sur S.A. has had an open file in the cited Governing Area. That it corresponds to the semi-confined holding of beef cattle for fattening and has authorization from the competent body for the regulation and oversight of agricultural activity, which is SENASA. Regarding what is the subject of the appeal, it is proven that the petitioner is part of a group of neighbors who have been intensifying complaints regarding the operation of the accused company's activity. Also that on March 21, 2019, he personally filed a complaint before the respondent Health Governing Area. It is stated that all the complaints filed have been addressed and processed according to the procedure established for this purpose, but the case has been given a differentiated and special approach given that the matter even reached the Office of the Minister of Health, an instance that formed an inter-institutional commission coordinated by Mr. Christian Valverde, Regional Director of the Brunca Region, which, based on a roadmap, plans sampling by the Ministry and the Municipality and conducts inter-institutional visits to the site with the participation of the neighbors, who appointed two representatives for this purpose. On April 29, 2019, in order to comprehensively address the concern of the neighbors and the community of Buenos Aires, at the central offices of the Ministry of Health in a meeting with Dr. Daniel Salas Peraza, Minister of Health, joint attention was coordinated through a commission composed of the following parties: Ministry of Health, Municipality of Buenos Aires, National Animal Health Service, Ministry of Environment and Energy, Legislative Assembly, National System of Conservation Areas, Integral Development Association of Buenos Aires, community, and neighbors. The institutional commission has held several meetings, the last of which took place on July 17, 2020, and included the participation of officials from the Ministry of Health, National Animal Health Service (SENASA), Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), and the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). In that meeting, it was agreed to send the reports prepared from the field visits carried out by MAG-SENASA to the Ministry of Health and the Water Directorate; likewise, a meeting was agreed upon for August 7, 2020, to provide feedback on these reports and define joint action by the participating institutions. The legal system grants the authorities responsible for environmental protection and public health broad powers to fulfill their functions. Both the General Health Law and the Organic Law of the Environment and related norms confer detailed competences to the different levels of organization to which the exercise of preventive, inspection, sanctioning, etc., functions are delegated. On the other hand, the respondents, including the Ministry of Health, also have the powers that the General Law of Public Administration grants to ensure the best possible fulfillment of the Administration's purposes. In the present matter, the petitioner claims the negligence of the defendants in addressing the environmental contamination problem generated by the cattle production establishment that the residents of Buenos Aires have widely and repeatedly reported. From the list of proven facts, it is evident that the health authorities have been aware of the referenced problem for years, and although several administrative acts have been issued, none have been effective and efficient, since the truth is that the situation persists. As indicated supra, it exceeds the nature of the amparo appeal to analyze in this venue the origin, veracity, or severity of the reported damage, and the constitutional significance is limited to verifying whether the respondent authorities have been diligent in finally addressing and solving said environmental problem. A point that is confirmed with the Ministry of Health, since its actions, even with the inter-institutional commission created, have been insufficient to solve the problem that afflicts the petitioner and his fellow citizens. Consequently, the appeal becomes appropriate against it. c.- Regarding SINAC. From what was succinctly reported by the Head of the Buenos Aires Subregion of SINAC, both the existence of what was reported by the petitioner and its persistence over time are more than evident. That official points out that since 2016, his represented entity has been processing complaints for alleged illicit situations generated by the livestock operation owned by Crisme del Sur S.A. Without, according to what is stated in the records, said situation having been resolved. It is even evident from what was reported by the health authorities that SINAC is part of the inter-institutional commission created to address the problems generated by said livestock company and that greatly affects the residents of Buenos Aires. Thus, this Chamber verifies that the representation of SINAC has been negligent in its actions, so it has failed in its obligation to guarantee the rights to health and an ecologically balanced environment for the inhabitants of the area.
Therefore, with regard to this aspect, the appeal is declared with merit.
d.- Regarding the actions of SENASA.
It is evident from the information provided by the Director General of SENASA that, as part of addressing the situation reported by the appellant and which is known to them, on June 4, 2020, an inspection visit was conducted at the Crisme del Sur establishment, with the participation of Dr. Silvia Fernández Abarca and Dr. Siasky Blanco Chaves, as officials of the SENASA Brunca Regional Directorate, with the support of Licda. Alejandra Bolaños Retana, from the Legal Advisory Office, and Ing. Rebecca Gutiérrez Bermúdez, an official of the MAG and expert in agro-environmental issues, in order to assess the improvement actions of said establishment in the management of waste generated in animal housing areas and the legal actions to be followed by that National Service, based on field evidence. It is stated that among the findings were new actions employed by the company aimed at preventing contamination of the Ceibo River, but which could represent contamination of another type. Therefore, SENASA coordinated an inter-institutional meeting with the Ministry of Health, as the approving body for the establishment's treatment system, and with the Water Directorate of MINAE, with the purpose of informing said institutions of the detected findings and proceeding, by consensus, to take the actions to be followed regarding the establishment, in pursuit of respect for the environment, beyond the contamination that might exist to the Ceibo River. In that vein, on June 5, 2020, in a follow-up meeting to that inspection, with the aforementioned officials, to take actions on what was observed in the field, concern was raised that 100% of the excreta (manure) generated by the animals in the housing areas is reaching the treatment system currently in place at the establishment and that a potential negative environmental impact is being caused. Therefore, it was determined that a necessary institutional approach to this situation was required. The institutions involved in monitoring the Crisme del Sur case were convened to a virtual meeting for July 17. At that event, Engineer Rebeca Gutiérrez presented the situation evidenced in the field, and the following measures were defined: a) The formation of an inter-institutional commission for the joint management of this case and others in the Brunca region, with semi-annual meetings and joint visits to address cases in production systems. b) The sending of the report issued by Engineer Rebeca Gutiérrez, for the institutions' analysis, case follow-up, and feedback on observations and possible measures to be executed, for the next meeting to be held on August 7, 2020. It is indicated that, indeed, on August 7, 2020, already having the analyses of the report issued by Engineer Rebeca Gutiérrez and endorsing the technical foundations described therein by the institutions involved, a joint visit to the production system was defined in a virtual meeting for August 14, 2020. Furthermore, during the inter-institutional visit of August 14, 2020, opportunities for improvement were evidenced regarding the management of excreta (manure) in the animal housing area. These will be requested from the company Crisme del Sur, by means of a sanitary order prepared jointly by the technical commission. During this visit, the need to have the support of SENARA was also defined, to request from Crisme del Sur the technical studies necessary to rule out or evidence potential negative environmental impact in the animal housing area and in the area of the waste and wastewater treatment system. Finally, it is indicated that SENASA is very aware of the reported situation and is committed to ordering and executing the necessary actions in coordination with other competent institutions to resolve the problem. It is verified that SENASA has indeed acted based on what was reported; however, it is evident that its approach to the situation has been insufficient. It is a body with broad powers of action, and although it is subject to legality and reasonableness, the truth is that, considering that this involves a threat to the environment and public health, legality and formalisms are displaced, which in its case is particularly relevant because the regulation of the activity identified as polluting falls under its competence. The *pro acto* principle requires the Administration to channel its actions to achieve the issuance of a final act that resolves the situation entrusted to it, and if it has sufficient elements that allow it to verify the presence of polluting elements, as indeed occurred, it should have performed the necessary steps to guarantee the well-being of the environment and the inhabitants of Buenos Aires. Under the stated premises, the arguments that attempt to justify the Administration's inaction in the face of repeated complaints from the neighbors are not acceptable. Therefore, it is considered responsible for the accused acts.
e.- Regarding the Municipality of Buenos Aires. In the case of the local government of the canton of Buenos Aires, while it is true that a formal complaint filed by the appellant cannot be gleaned from the file, it can be inferred from the information provided by the respondent health authority that it was included within the inter-institutional commission, and therefore it cannot claim ignorance of the situation reported by the appellant that afflicts the community it represents. Moreover, it is important to remember that, while each institution has its own competencies, the Municipality has a special duty to safeguard the interests of its community and must coordinate with the other institutions involved, especially when it concerns aspects that affect the environment and health. This Tribunal has repeatedly stated so:
"… VI.- On the role of municipalities in environmental matters. In accordance with the foregoing, municipalities, as an integral part of the whole that is the State, have within the scope of their competencies and obligations a high quota of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which prior compliance with requirements is demanded that certify adequate environmental management before other public authorities, or through regular inspections and channeling of risk situations to the authorities with greater competence to intervene. It has already been established that local governments are bound by the obligation of coordination and prevention in environmental matters within their territorial jurisdiction, and it follows that municipalities are indeed important actors in the task of environmental protection. The power of local governments to establish their own land-use planning through regulatory plans is unquestionable; but the existence of these plans—which mostly lack planning complements from the standpoint of a healthy and ecologically balanced environment—does not result in the non-application of protective environmental legislation. It is evident that in this case, the national and local interest are completely coincident, and therefore local governments can and must demand compliance with environmental requirements in their territory, and in case of conflict with the governing authorities on environmental matters, they may submit the disputes to the corresponding jurisdictional control according to the nature of the infraction (see, in this sense, judgment No. 2006-7994, at 08:57 hours on June 2, 2006)." (criterion reiterated in judgment No. 2015-9399) In this context, neglecting a situation that occurs in its canton is unacceptable. Therefore, it is considered equally responsible.
VIII.- Conclusion. Given the scenario described, the alleged violation of the right to health and a healthy and ecologically balanced environment of the people inhabiting the affected community is clear. It has been demonstrated that the respondent authorities have known about the situation for years and have breached their obligation, in accordance with the principle of inter-institutional coordination in environmental matters and the precautionary principle, to address the situation with the urgency required for this type of problem. It is not possible that after so many years, the respondent administrations have not coordinated activities and executed the corresponding acts to establish measures that would solve the reported polluting activity, which could eventually represent a danger to the population's health. Therefore, from a constitutional perspective, in the case at hand, the Chamber concludes that the actions in exercise of the power of control or surveillance deployed in protection of health and the environment by the Administrative Environmental Tribunal, the Ministry of Health, the Municipality of Buenos Aires, SINAC, and SENASA, within the framework of their competencies, have been clearly insufficient, as the reported problem still persists. Consequently, the appeal is declared with merit, with respect to the aforementioned Tribunal, for indemnification purposes, and with respect to the other authorities, with the effects indicated in the operative part.
IX.- Note from Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination and environmental degradation are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, wherein problems of contamination are alleged that affect Buenos Aires de Puntarenas, through waters and foul, pestilent odors, allegedly originating from the livestock activity under the name of Crisme del Sur S.A., affecting the health of the local inhabitants, violating the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
X.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is declared with merit. Bernardo Jaén Hernández, Randall Bejarano Campos, José Rojas Méndez, and Rolando Rodríguez Peraza, in their respective capacities as Director General of the National Animal Health Service, Mayor of Buenos Aires de Puntarenas, Director of the Governing Health Area in Buenos Aires de Puntarenas of the Ministry of Health, and Head of the Buenos Aires Subregion of the National System of Conservation Areas, or whomever holds those positions, are ordered, jointly and in coordination: a) to immediately adopt the necessary measures so that within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, a remedial plan shall have been prepared to solve the contamination problem reported in this amparo; b) to carry out and execute that plan to provide a definitive solution to this problem within the period of TEN MONTHS, counted from the notification of this judgment; c) to immediately adopt the necessary measures to mitigate that contamination in protection of the appellant and the community of Buenos Aires de Puntarenas. All the foregoing under warning that failure to comply with this order shall constitute the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Buenos Aires are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of judgment before the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado notes. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *KXL43WAA47SOA61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
CONTAMINACION.
016661-20. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES, QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ MESES, TOMEN LAS MEDIDAS PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN QUE SE PRESENTA EN BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, QUE GENERA UNA EMPRESA.
LBH09/20 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
DAÑO AMBIENTAL.
016661-20. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES, QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ MESES, TOMEN LAS MEDIDAS PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN QUE SE PRESENTA EN BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, QUE GENERA UNA EMPRESA.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:
QUEJA.
016661-20. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES, QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ MESES, TOMEN LAS MEDIDAS PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN QUE SE PRESENTA EN BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, QUE GENERA UNA EMPRESA.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
QUEJA.
016661-20. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES, QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ MESES, TOMEN LAS MEDIDAS PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN QUE SE PRESENTA EN BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, QUE GENERA UNA EMPRESA.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
AREA PROTEGIDA.
016661-20. SE ORDENA A VARIAS INSTITUCIONES, QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ MESES, TOMEN LAS MEDIDAS PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN QUE SE PRESENTA EN BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, QUE GENERA UNA EMPRESA.
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Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
CONTAMINACION.
Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación y degradación ambiental, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusan problemas de contaminación que afecta al a Buenos Aires de Puntarenas, por las aguas y olores fétidos y pestilentes, provenientes presuntamente de la actividad ganadera a nombre de Crisme del Sur S.A., lo que afecta la salud de los vecinos del lugar, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
LBH09/20 ... Ver más *190084430007CO* Res. Nº 2020016661 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinte . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], adulto mayor, casado, agricultor, cédula de identidad No. [Valor 001], vecino de El Bajo del Remolino de Buenos Aires de Puntarenas, contra el Alcalde de Buenos Aires de Puntarenas, el Jefe del Área Rectora de Salud de Buenos Aires de Puntarenas, el Jefe de la Subregión de Buenos Aires de Puntarenas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, el Director General del Servicio Nacional de Salud Animal. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 8:12 horas del 17 de mayo de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Alcalde de Buenos Aires de Puntarenas, el Jefe del Área Rectora de Salud de Buenos Aires de Puntarenas, el Jefe de la Subregión de Buenos Aires de Puntarenas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo y expresa que es oriundo de Buenos Aires de Puntarenas, donde siempre se ha respirado aire puro y las aguas de los ríos han sido cristalinas. Indica que hace varios años se estableció en el Bajo El Remolino, a un kilómetro al oeste del centro de Buenos Aires, una empresa dedicada a la actividad ganadera a nombre de Crisme del Sur S.A., cuyo colindante oeste es el río Ceibo. Manifiesta que, a partir de su establecimiento en ese lugar, se han producido graves daños al ambiente por contaminación del aire, afectación directa de la flora y fauna a causa del depósito de residuos líquidos y desechos depositados directamente al río Ceibo, que contamina el agua, provocando la muerte inmediata de grandes cantidades de peces y otros animales. Narra que, además, ocasiona una plaga de moscas y zancudos que invaden el centro de Buenos Aires, lugares cercanos, olores fétidos y pestilentes que el viento traslada a varios kilómetros a la redonda de dicha empresa, siendo los más afectados los pobladores del centro de Buenos Aires y barrios aledaños. Agrega que en su caso personal, a su edad, nunca había padecido de la piel y ahora tiene un tipo de alergia extendida por todo el cuerpo, por lo que ha tenido que ir a consultas médicas, pero, ningún medicamento le ayuda de forma positiva contra este malestar. Indica que vive a escasos 400 metros al sur y en verano el viento traslada el polvo que levanta la cantidad de animales que mantienen en ese lugar, que son cerca de 5 mil cabezas de ganado, polvo que llega hasta su casa, produciéndole problemas respiratorios por la cantidad de polvo que se traslada y en invierno son los olores tan fuertes que a veces no se puede ni respirar por la fetidez y olor a mortandad. En respuesta a la prevención hecha al recurrente, responde indicando que en condición personal no ha presentado ninguna denuncia, pero, forma parte de un grupo de vecinos organizados que están inconformes y sufriendo los efectos de la contaminación del aire y de las aguas del río Ceibo, producida por la Ganadería Crisme S.A. y en zona de alto riesgo declarada así por la Comisión Nacional de Emergencias. Indica que por resolución No. 174-18-TAA, emitida por el Tribunal Ambiental, de las 11:34 horas de 27 de febrero de 2018, expediente No. [Valor 002], consta que fue presentada una denuncia desde el 17 de noviembre de 2017 y aún no se ha resuelto nada al respecto. Manifiesta que además, el 21 de marzo de 2019, ante el Área Rectora de Salud de Buenos Aires, se denunció a dicha empresa ganadera por contaminación por parte de Ronny Jesús Cartín Agüero y tampoco se ha resuelto nada sobre el particular Alega que se está causando un daño grave a los bienes de interés superior como la vida, la salud y el medio ambiente. 2.- Mediante resolución de las 12:33 horas del 24 de mayo de 2019, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se les solicitó informe al Alcalde de Buenos Aires de Puntarenas, al Jefe del Área Rectora de Salud de Buenos Aires de Puntarenas, al Jefe de la Oficina del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de Buenos Aires de Puntarenas y al Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, sobre los hechos alegados por el recurrente. 3.- Informa bajo juramento Maricé Navarro Montoya, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo y jueza tramitadora del expediente No. [Valor 003] (escritos presentados a las 14:53 horas del 30 de mayo de 2019 y a las 14:53 horas del 03 de junio de 2019), que las actuaciones de ese Tribunal respecto a los expedientes No. [Valor 003], No. [Valor 004] y No. [Valor 005], son las que detalla. El primero corresponde a una denuncia interpuesta el 05 de setiembre de 2008. El segundo respecto a una denuncia presentada el 18 de octubre de 2016 y el último, interpuesta el 17 de noviembre de 2017. Además, mediante Resolución No. [Valor 006] del 30 de mayo de 2019, se acumulan los expedientes administrativos N° [Valor 007] y [Valor 005] dentro del expediente N° [Valor 003], prevaleciendo éste último. Además, se desacumula del expediente No. [Valor 003] la denuncia referente a la presunta actividad antes conocida como Pollos Delji o Pollos el Rey, de modo que en el expediente No. [Valor 003] se continuará con la denuncia presuntamente referente a Crisme del Sur, S.A., y en un nuevo expediente, que se abrirá al efecto, se conocerá de la denuncia interpuesta contra la actividad antes conocida como Pollos Delji o Pollos El Rey. Indica que el recurrente interpuso la denuncia que se tramita en el expediente N° [Valor 003], pero no presentó gestión alguna en el expediente N° [Valor 007] ni en el expediente N° [Valor 005] . Además, la denuncia tramitada en el expediente N° [Valor 003] se refiere a dos actividades distintas: a. Actividad de ganado bovino estabulado, aparentemente sin viabilidad ambiental en el Cantón Buenos Aires, Distrito Primero Buenos Aires, localidad Bajos del Remolino, con galerones de 120 metros de largo por 15 metros de ancho, a nombre del Sr. [Nombre 002]. b. Actividad de ganado estabulado que alberga unos 600 animales (cada finca), también en el Distrito Primero del Cantón Buenos Aires, Bajos del Remolino, a nombre de Sociedad Pollos El Rey (antiguamente finca de la empresa Pollos Delji). Expresa que los expedientes se encuentran en la etapa de investigación, por lo cual no se ha dado inicio un eventual procedimiento ordinario administrativo. A tal efecto correspondería tomar en consideración lo siguiente: 1. Cuando se recibe una denuncia en el Tribunal Ambiental Administrativo, no corresponde por lo general, iniciar un procedimiento ordinario administrativo. Por jurisprudencia de la Sala Constitucional, lo que corresponde es iniciar la etapa de investigación, con las finalidades indicadas en dicha jurisprudencia. La jurisprudencia que se ocupa de la investigación se refiere tanto a la materia sancionadora en general, como también a las actuaciones específicas del Tribunal Ambiental Administrativo. 2. La jurisprudencia constitucional es clara al determinar que en etapa de investigación preliminar no existe el debido proceso, ni existen partes propiamente, ni cabe, por tanto, la interposición de recursos. De ello se desprende que, en etapa de investigación preliminar no resulta aplicable el artículo 41 de la Constitución Política, pues, al no existir imputación de cargos, no existe contender) ni posible perjuicio a ninguna parte (ni siquiera hay partes), sino una simple investigación. Por ello, reitera que no cabe alegar ningún género de supuesta infracción al artículo 41 de la Constitución Política respecto a ese Despacho. Solicita declarar sin lugar el recurso en lo que concierne a su representada. 4.- Informa bajo juramento Rolando Rodríguez Peraza, en su condición de Jefe de la Subregión Buenos Aires del SINAC (escrito presentado a las 21:23 hrs. del 31 de mayo de 2019), que la documentación solicitada y a la vez generada por esa institución (SINAC), ya acumula una cantidad considerable de folios, pues son denuncias que se viene tramitando desde el año 2016. Indica que el sentir respecto a este caso, es que por parte de algunas instituciones como las Fiscalías (Auxiliares y Agrario Ambiental), Tribunal Ambiental, Ministerio de Salud, SENASA, OIJ, se le está dando un trato bastante lento que no se apega para nada con lo que sería una justicia pronta y cumplida. Dice que esa situación conduce a que las instituciones involucradas en general, estén siendo vistas por parte de los afectados y comunidad como cómplices de las situaciones ilícitas generadas por parte de la explotación ganadera propiedad de Crisme del Sur S.A. Expresa que las denuncias interpuestas por esa institución se agrupan en 5 expedientes administrativos. Manifiesta que la situación que está aquejando a la comunidad de Buenos Aires de Puntarenas, constituye el sacrificio y sufrimiento de muchos que se traduce en el beneficio de muy pocos. 5.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:54 hrs. del 04 de junio de 2019, el recurrente replica el informe rendido por la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo. 6.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:39 hrs. del 06 de junio de 2019, el recurrente se refiere al informe rendido por el representante del SINAC. 7.- Informa bajo juramento Randall Bejarano Campos, en su condición de Director del Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud en Buenos Aires de Puntarenas (escrito presentado a las 13:03 horas del 07 de junio de 2019), que sobre los antecedentes y lo actuado, indica que la actividad ganadera (ganado semi estabulado) a cargo de la empresa Crisme del Sur S.A., cédula jurídica No. 3-101-160084, en la localidad de El Remolino, en Buenos Aires de Puntarenas, tiene expediente abierto en esa Área Rectora de Salud desde el año 2008. Corresponde a la tenencia semi estabulada de ganado vacuno para engorde y cuenta con autorización del órgano competente para la regulación y fiscalización de la actividad agropecuaria (el Servicio Nacional de Salud Animal - SENASA- CVO No. 002085-1 con vigencia hasta el 08 de julio de 2019). Es por tanto el SENASA, el órgano competente para autorizar y fiscalizar, o, en su caso limitar o inhabilitar el ejercicio de la actividad. Tiene además autorizado por ese Ministerio de Salud (oficio BRU URS RS 096-2018 folio 664), el sistema de tratamiento de las aguas residuales (STAR) de la actividad y presenta reportes operacionales sobre la operación de éste cada seis meses, conforme las disposiciones del Decreto 39887-S-MINAE (Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales) en relación con el Decreto 33601-MINAE-S (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales). Sobre esa actividad competencia exclusiva del Ministerio de Salud (es decir el control y autorización del sistema de disposición de aguas residuales -STAR-), ha habido constante fiscalización, ha soportado diversas órdenes sanitarias (especialmente la No. BRU URS RS 009-2017) al día de hoy cumplidas (y está pendiente de notificación una orden en la que se le conmina a aplicar las acciones correctivas en el star, en virtud de que el último reporte operacional (del periodo 12/11/2018 a 12/05/2019) y cuya copia se adjunta a la prueba, resultó alterado (no conformidad) en los parámetros: pH (nivel ácido base del agua), DQO (demanda química de oxígeno), DBOJ (demanda bioquímica de oxígeno), SST (sólidos suspendidos totales), fosfatos, nitrógeno total y grasas y aceites. El recurrente Cosme Justino Heraldo Barrantes es parte de un grupo de vecinos que han venido intensificando denuncias sobre el funcionamiento de esta actividad. Contrario a lo que indica, personalmente sí ha presentado denuncias ante esa Área Rectora de Salud, concretamente el 21 de marzo de 2019 (denuncia SERSA 19192) que corre al folio 789 del expediente. En resumen y conforme al traslado hecho por la Sala, alega: a. Que desde hace años se estableció en el remolino, la actividad aquí denunciada. b. Que la actividad ha producido graves daños ambientales y afectación de flora y fauna (muerte de grandes cantidades de peces) por residuos líquidos y desechos depositados en el río Ceibo. c. Plaga de moscas y zancudos, olores fétidos y grandes cantidades do polvo que llegan a las comunidades. d. Denuncias ante el Tribunal Ambiental Administrativo y ante ese Ministerio sin resolver. Sobre tales argumentos y en su orden, hay que indicar: a. Es cierto, tal y como ya ha sido consignado la actividad en la ubicación actual data del año 2008 (al menos desde entonces tiene registro ese Ministerio). b. Como ya se indicó, no es competencia de ese Ministerio determinar la contaminación de las aguas en un río por una fuente como la que se acusa. Además, a pesar de la insistencia de los denunciantes, no existe en el expediente administrativo, documento o prueba alguna y menos -técnica o científica- aportada por ellos o por cualquier otro sujeto u órgano, que indique que las aguas del río Ceibo hayan sido contaminadas con residuos de la actividad ganadera, ni menos aún que los peces muertos (de los cuales se aduce hay incluso fotografías o videos) correspondan a una zona afectada por la actividad o hayan muerto por esa causa. En el Tribunal Ambiental Administrativo existen denuncias y causa abierta contra la empresa desde el año 2010, sin que, a la fecha, ese órgano administrativo, pero con rango de tribunal haya podido concluir la causa. De hecho, sorprendentemente, el tribunal ha venido pidiendo reiteradamente informes y actuaciones de éstos al Ministerio de Salud (resoluciones 1120-13 TAA, 086-17-TAA; 1015-18 TAA y 160-19 TAA) sin que a la fecha -se insiste- haya habido resolución del caso. No está dentro de las competencias del Ministerio de Salud y menos aún del nivel local que dirige, sino dentro de las del Ministerio de Ambiente y Energía -la determinación de contaminación de ríos-, a su representanta le corresponde determinar que las aguas residuales o vertidas en el cuerpo de agua, cumplan con los parámetros reglamentarios establecidos y ordenar las medidas correspondientes en caso de que no sea así. c. Sobre las moscas, sancudos y olores, hay que indicar que ha sido el grueso de las denuncias, incluida la del recurrente. En cuanto a los olores, no es cierto que éstos, en la ciudad de Buenos Aires sean frecuentes, y menos se puede afirmar que cuando se presentan provengan de la actividad ganadera. Y en cuanto a plaga de moscas, éstas no se han evidenciado ni en la ciudad, al menos en los últimos años, ni tampoco in situ en las inspecciones realizadas a la actividad. d. En cuanto a las denuncias presentadas ante el Ministerio de Salud, las cuales se han visto intensificadas en lo que corre de este año, es lo cierto que han sido abordadas y tramitadas según el procedimiento establecido al efecto, pero al caso se le ha dado un abordaje diferenciado y especial dado que el asunto llegó incluso al Despacho del Ministro de Salud (se realizó reunión con participación de Salud, MINAE, SENASA, Municipalidad y vecinos) instancia que conformó una comisión interinstitucional coordinada por el señor Director Regional Región Brunca del Ministerio de Salud Dr. Christian Valverde, la que, con base en una hoja de ruta proyecta muestreos por parte del Ministerio y de la Municipalidad y realiza visitas interinstitucionales al sitio con participación de los vecinos, que nombraron dos representantes al efecto. En cuanto a la denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, remite a lo indicado en el precedente aparte "b". Por otra parte, hay que indicar que en atención al grupo de denuncias recibidas el 21 de marzo 2019 de un grupo de vecinos (incluido el recurrente), su persona, ese mismo día, se reunió con ellos, se discutió el asunto, se explicaron las competencias de Ias diversas entidades involucradas y los procedimientos especiales y se acordó dar atención especial a la denuncia y revisar el manejo que hace PINDECO de las "coronas" de la piña (materia que se utiliza para la preparación de alimentos del ganado). El recurrente firmó de segundo en la lista de asistencia a esa reunión y, además, al igual que a los demás denunciantes, se le dio respuesta individual (en su caso MS-DRRSB-ARSBA-093-2019) donde se le explica la situación y aun cuando se le intentó entregar (notificar) de forma personalísima, el ciudadano, hoy recurrente, se negó expresamente a recibir la comunicación. De ahí que, en su caso, se adivina mala fe y pretensión de confundir al Tribunal Constitucional con aseveraciones y argumentos que no son ciertos. Se adjunta copia de los folios 903 a 905 que dan cuenta de la situación aquí detallada. La actividad objeto de este amparo, es una actividad netamente agropecuaria, regulada por la Ley del Servicio de Salud Animal No. 8495, cuyo objeto es la protección de la salud animal y la salud pública veterinaria y que asigna al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del SENASA, el conservar, promover, proteger y restablecer la salud de los animales, a fin de procurarles mayor bienestar y productividad, en armonía con el medio ambiente. Esta actividad, no obstante, a tenor de la norma 4 de la misma Iey, debe ser interpretada (y aplicada) "...en beneficio de la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, y para la protección de cada uno de ellos). La regulación, autorización, operación y fiscalización de los sistemas de tratamiento de esta y de cualquier otra actividad de esta naturaleza, corresponde al Ministerio de Salud, en el marco de las disposiciones de la Ley General de Salud, 5495 y sus reglamentos: de "Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales" y de Vertido y Reuso de Aguas Residuales" (39887-s-S-MINAE y 33601-MINAE-S respectivamente), en concordancia lógicamente con otra normativa afín, como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de la Biodiversidad. Siendo que, como ha quedado expuesto, el Ministerio de Salud abordado el caso en el marco de sus funciones y procedimientos, atendiendo a los denunciantes y sus diferentes instancias o actuaciones y no habiendo violación a derecho fundamental alguno imputable a su persona o a su representada, solicita declarar sin lugar el recurso. 8.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:35 hrs. del 12 de junio de 2019, el recurrente indica que es de su conocimiento que el Alcalde de Buenos Aires ha estado incapacitado de sus labores, desde hace varios días, lo que ha dificultado el acto de la notificación del presente recurso, por lo que solicita comisionar nuevamente para su respectiva notificación 9.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:34 hrs. del 12 de junio de 2019, el recurrente se refiere al informe rendido por el representante del Ministerio de Salud. 10.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:27 hrs. del 20 de junio de 2019, quienes dicen ser vecinos del centro de Buenos Aires de Puntarenas, indican que brindan el apoyo comunal rotundo a este recurso de amparo. Fundamentan su decisión. 11.- Informa bajo juramento José Rojas Méndez, en su condición de Alcalde de Buenos Aires de Puntarenas (escrito presentado a las 10:20 horas del 25 de junio de 2019), que se exonere de responsabilidad a su representada, ya que se ha demostrado, que la administración ha respetado en todo momento el bloque de legalidad dentro del presente asunto, y no se ha tramitado denuncia sobre el tema planteado por el recurrente, y manifestando el mismo, que las denuncias se han interpuesto para ante el Tribunal Ambiental Administrativo, y el Área Rectora de Salud de Buenos Aires, no siendo dichas instancias parte institucional de su representada, y, por tanto, no teniendo competencia para conocer ni resolver el tema que indica el recurrente. 12.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:21 hrs. del 27 de junio de 2019, el recurrente indica que ofrece como prueba para mejor proveer, un video de la manifestación del señor [Nombre 003], quien es constructor y vecino de Santa Cruz de Buenos Aires, portador de la cédula de identidad número [Valor 008], quien es padre de la señorita [Nombre 004] de 24 años de edad, una persona especial, pues padece de desgaste cerebral, con problemas de lenguaje y aprendizaje, la que llevó a bañarse al río Ceibo, en el paso del puente sobre la Carretera Interamericana. Además aporta cuatro fotos del estado de afectación de su piel, dos días después, como su padre lo indica, de haber ingresado a las aguas del río en mención. Cree que no hay duda que se está ante un caso muy serio y muy grave de contaminación ambiental y daño a las personas. El grado de contaminación de las aguas del río Ceibo por parte de la empresa ganadera Crisma del Sur S.A. es muy grave. Se atreve a decir que se está en presencia de un delito de peligro concreto ya que existe un peligro potencial inminente para la salud de las personas que hacen uso de las aguas del río Ceibo para bañarse y otros quehaceres. Ruega tomar en cuenta la presente prueba para dictar la resolución de fondo del presente caso, así como las demás presentadas. 13.- Mediante resolución de las 14:27 hrs. del 02 de julio de 2019, la Magistrada Instructora dispuso ampliar el recurso contra el Director General de del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), a quien se le requirió el informe respectivo. 14.- Informa bajo juramento Bernardo Jaén Hernández, en su condición de Director General de SENASA (escrito presentado a las 09:25 horas del 12 de julio de 2019), que el establecimiento denominado Crisme del Sur S.A. posee vigente el Certificado Veterinario de Operación No. 603-002085, con el registro anual actualizado hasta el 18 de julio de 2019, teniendo como actividad principal autorizada la de producción de carne de ganado bovino y mantenimiento de équidos, figurando como responsable principal aparece el señor [Nombre 005]. El 18 de marzo de 2019, para efectos de dar respuesta a la Resolución No. 160-19-TAA del expediente No. [Valor 003], se acudió a realizar visita de inspección al establecimiento Crisme del Sur S.A., generándose el oficio SENASA-DRB-DSP-014-2019, el cual señaló lo siguiente: "...9. La inspección se realizó en los temas de: alimento para animales cantidad de animales, sistema de tratamiento, seguimiento a la inspección anterior; uso de medicamentos veterinarios, bienestar animal y Asesor Veterinario como se muestra de seguido. 10. Sobre alimento para animales: el alimento se prepara diariamente de 6 a.m. hasta las 16 horas, en la formulación se utiliza bagazo, rastrojos fresco y ensilado de piña, pollinaza, cerdaza, DDGS (destilado de maíz), maíz, coquillo, sal, cal y urea. Se utiliza un equipo que además de mezclar el alimento, lo transporta hasta comederos de los animales que se da a los animales ad Iibidum. 11. Sobre cantidad de animales: en la consulta realizada al SIREA del establecimiento, el registro indica que los responsables reportan 2150 animales en total; durante la inspección el encargado de la finca indica que hay 3845 animales. No hay registro de hembras y machos tamaños edades, ingresos y egresos no se lleva un registro sanitario que indique timpanismo, neumonía, estomatitis, renqueras, u otros padecimientos; sin embargo, señala el encargado de la finca que pronto se implementará un sistema que indique lo señalado en ente punto. 12. Sobre el sistema de tratamiento: durante el recorrido se apreciaron dos sistemas de tratamientos de los desechos líquidos y sólidos uno compuesto por tres trampas de sedimentación y otro formado por tres lagunas de oxidación. Ambos sistemas vierten el lixiviado final a una laguna final cercana al río. El establecimiento posee como Regente Ambiental al señor Rigoberto Núñez Zúñiga, posee bitácora de manejos de aguas residuales, memoria de cálculo a febrero de 2018, y presentan tres reportes operacionales uno del segundo semestre del 2017 y los dos del primer y segundo semestre del 2018. 13. Seguimiento a la visita anterior: se dio seguimiento a la inspección anterior con fecha de 18 de agosto de 2013 donde se indica un resultado positivo en carne de res al producto zaperona y donde se prohíbe la alimentación con cerdaza señalada como posible fuente contaminante del medicamento. Se dará seguimiento en conjunto con el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE) para verificar la segunda muestra de carne de res con resultado negativo al medicamento zaperona como indica el propietario, de manera que el SENASA levante lo orden sanitaria impuesta o en caso contrario, la confirme. 14. Sobre el uso de medicamentos veterinarios: se revisaron los medicamentos utilizados en la explotación; cuatro medicamentos presentaban el registro vencido, se consultó vía telefónica a la Dirección de Medicamentos Veterinarios sobre el estado del registro del producto y se pudo verificar que todos los casos las casas comerciales se encuentran realizando la actualización del registro. 15. Sobre el bienestar animal: se verificó que los animales poseen disponibilidad de agua y alimento permanente durante todo el día, además el establecimiento posee un corral "hospital" donde se apartan los animales enfermos o en tratamiento (con cerca de 50 animales), la condición corporal de los animales es el máximo posible, exceptuando los animales de recién ingreso que presentan una condición corporal baja (se contabilizaron cerca de 29 animales). En la explotación hay caballos de trabajo, que se encuentran en muy buenas condiciones corporales. 16. Sobre el Asesor Veterinario: el establecimiento no posee un profesional a cargo de la salud de los animales, el manejo adecuada de los medicamentos en finca, maneja adecuado de los sistemas de trazabilidad, entre otras responsabilidades como lo solicita el Decreto Ejecutivo No. 19184 inciso b) las explotaciones ganaderas cuando adquieran medicamentos veterinarios directamente de comercios mayoristas. Órdenes sanitarias giradas al establecimiento Crisme del Sur S.A. • Se ordenó la actualización de los datos contenidos en el SIREA, de los 2150 animales registrados a los 3845 animales de ganado bovino de carne que se encuentran actualmente en el establecimiento en un plazo no mayor a 30 días. Cabe mencionar que las dimensiones del establecimiento, la cantidad de animales y la dinámica de ingresos y egresos tres veces por semana son factores que dificultan el conteo de los animales. • Se ordenó poseer un sistema de identificación y trazabilidad de los animales en un plazo no mayor a 3 meses. • Se indicó al establecimiento que debe contar con una profesional Asesor Veterinario como ya lo posee en la explotación de ganado porcino ubicada en Cristo Rey de Pérez Zeledón, por lo que el señor [Nombre 006] solicitará al mismo profesional sus servicios para la explotación ganadera de carne ubicada en Buenos Aires. En seguimiento a lo señalado en el Oficio SENASA-DRB-DSP-04-2019, la Dm. Siasky Blanco Chaves, en su calidad de Jefa del Departamento de Salud Pública de la Dirección Regional Brunca del SENASA, emite el Oficio SENASA-DRB-DSP-038-2019, el cual señala textualmente: " ...El viernes 05 de julio de 2019 se realizó la inspección conjunta Servicio Nacional de Salud Animal y Servicio Fitosanitaria del Estado del MAG al establecimiento Crisme del Sur S.A. Certificado Veterinario de Operación 603-002085 ubicado en Bajo Remolino, Buenos Aires. La inspección tuvo el objetivo de dar seguimiento a la visita anterior con fecha de 18 de marzo de 2019 y verificar el Plan de Manejo de la Mosca del establecimiento en acatamiento a la Directriz Ministerial N° MAG-006-20/8 (ver Hoja 135458 y dos anexos del expediente). Sobre la inspección del 18 de marzo de 2019. 1. Seguimiento a las tres órdenes sanitarias: a. Actualizar en la base de datos del Sistema Integrado de Registro de Establecimientos (SIREA) el número real de animales en la finca. El 10 de julio de 2019 el responsable principal cumplió la orden sanitaria, sin embargo, el número reportado de 3330 animales en el SIREA sigue siendo bajo con respecto a los 3466 animales reportados por el establecimiento el 05 de julio de 2019 durante la visita. b. Poseer un sistema de registro de animales actualizado. El establecimiento cumplió la orden y poseen un sistema de información en tiempo real de la cantidad de animales que posee, separado por sexo, fecha de ingreso y salida, medicamento suministrado previo al sacrificio y período de retiro entre otros datos. c. Poseer asesor veterinario. El establecimiento aún no cuenta con asesor veterinario. Según el Decreto Ejecutivo N°19184 en su artículo 107 inciso b), dice “Además de los establecimientos y/o eventos que requieren asesoría médica veterinaria permanente son: (...) b) Las explotaciones ganaderas cuando adquieran medicamentos veterinarios directamente de comercios mayoristas. El establecimiento recibe los medicamentos directamente de las casas comerciales Virbac, Corivet, Ciencias Pecuarias, entre otros. Sobre el Plan de Manejo de la Mosca 2. La inspección al establecimiento se realizó a la 8 a.m., de manera que se pudiera apreciar la presencia de la Mosca del Establo. Durante la inspección se pudo observar lo siguiente: a El establecimiento posee cuatro pasillos con comederos para los animales, uno está cerrado con techo y tres son abiertos (ver Foto 1 del ANEXO). De los cuatro pasillos; el que está cerrado posee un control de mosca mediante el uso del químico Alphi®, en los tres abiertos no posee ese control. Los recipientes de color azul utilizados para el control Alphi® se colocan a 5 o 7 metros de distancia cada uno y se cambian diariamente según informa el encargado, al momento de Ia visita se encontraban con gran cantidad de mosca capturada y muerta (ver Foto 2 del ANEXO). b. En los tres pasillos abiertos, colocan cerca de los comederos de los animales bolsas blancas impregnadas con el químico Zapicol 53® que se cambian dos veces por semana para verificar la presencia de mosca, la dirección de vuelo, el umbral de infestación, etc. a pesar de estar colocada a una altura que no beneficia la captura de la mosca, la trampa se encontraba saturada de presencia de mosca domestica por ambos lados de la trampa (ver Foto 3 del ANEXO). c. En los controles y trampas se verificó la presencia abundante de mosca doméstica, sin embargo, no se encontró presencia de Mosca del Establo (Stomoxys calcitrans), tampoco se encontró S. calcitrans posada en los animales ni en el ambiente d. En las periferias, colindancias, límites de propiedad, áreas de sistema de tratamiento, áreas comunes de trabajo, entre otras, no hay colocación de las trampas hechas con bolsas plástica blanca, de manera que se identifique la carga de la mosca en el establecimiento, la dirección de vuelo, etc (ver Foto 4 del ANEXO). La dirección de vuelo es el "lado" de la bolsa que al momento de ser retirada posea mayor cantidad de insectos, una vez identificado el lado más cargado, es posible identificar el origen de la mosca, si viene de la vecindad ubicación, tipo de plaga, etc. e. En uno de tres montículos hechos con la limpieza de la trampa de sólidos y lagunas, se verificó la presencia de larva de Stomnoxys calcitrans con una carga mayor de 5 larvas por metro cuadrado (ver Foto 5 del ANEXO). 3. La inspección de la documentación. El establecimiento no posee un Plan de Manejo de la Mosca, con un manual revisado, procedimientos actualizados y registros llenos. Resultado. 4. Se giraron tres órdenes sanitarias. a. Contar con el Plan de Manejo de la Mosca y sus registros en un plazo no mayor a 30 días naturales. b. Implementar el control y trampeo de mosca en las periferias, zonas críticas y pasillos en un plazo no mayor a tres meses. c. Control de la larva Stomoxys calcitrans en cualquier montículo de materia orgánica en descomposición de origen vegetal o animal en un plazo no mayor a 30 días. 5. Se dará seguimiento conjunto SENASA-SFE al cumplimiento de lo ordenado en Ias fechas 18 de marzo y 05 de julio de 2019...". Que aunado a todo lo anteriormente dicho es menester señalar al Órgano Constitucional, que la Dirección Regional Brunca del SENASA ha mantenido acercamientos constantes con las demás instituciones involucradas en la problemática denunciada. En función de atender de forma integral la preocupación de los vecinos y la comunidad de Buenos Aires, el lunes 29 de abril de 2019 en las oficinas centrales del Ministerio de Salud en reunión con el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, se coordinó la atención conjunta integrada por las siguientes partes: Ministerio de Salud, Municipalidad de Buenos Aires, Servicio Nacional de Salud Animal, Ministerio de Ambiente y Energía, Asamblea Legislativa, Sistema Nacional de Área de Conservación, Asociación de Desarrollo Integral de Buenos Aires, comunidad y vecinos. Esta reunión ha generado al menos dos reuniones consecutivas en la Municipalidad de Buenos Aires para dar seguimiento al Plan de Trabajo, una el 16 de mayo y la otra el 25 de junio, a ambas han asistido las instituciones mencionadas y los representantes vecinales, teniéndose programada la reunión de seguimiento con el Ministro de Salud en San José para el 17 de julio de 2019. De lo expuesto en líneas anteriores, ha quedado sobradamente evidenciado cue el caso manifestado por el recurrente ha sido y está siendo tratado apropiadamente por SENASA y el resto de instituciones estatales involucradas, y además se ha dado una participación activa a los afectados y al propio establecimiento, a fin de corregir las no conformidades existentes y así poder garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el desarrollo de la actividad que fue autorizada a Crisme del Sur S.A. por parte de ese Servicio Nacional. Por ello, solicita se rechace el presente recurso de amparo interpuesto en contra de su representada. 15.- Mediante resolución de las 16:17 horas del 02 de marzo de 2020, como prueba para mejor resolver, la Magistrada Instructora previno a Bernardo Jaén Hernández, en su condición de Director General de SENASA o a quien ocupe ese cargo, que informe a esta Sala si al establecimiento denominado Crisme del Sur S.A. se le renovó el Certificado Veterinario de Operación, pues el anterior, No. 603-002085, venció el 18 de julio de 2019. Debiendo especificar en caso de que, si así fuere, las razones para esa decisión administrativa, a pesar de las denuncias existentes en su contra. 16.- Informa bajo juramento Federico Chaverri Suárez, en su condición de Subdirector General de SENASA y actualmente con recargo del puesto de Director General (escrito presentado a las 13:19 horas del 05 de marzo de 2020), que al establecimiento Crisme del Sur S.A. se le renovó el registro anual de establecimiento con Certificado Veterinario de Operación, con lo cual dicho registro a la fecha se encuentra vigente. La Ley No. 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, señala en su artículo 57 que el Certificado Veterinario de Operación (CVO) se entiende como el documento otorgado por el SENASA, mediante el cual se hace constar la autorización, a fin de que la persona física o jurídica solicitante, se dedique a una o varias actividades de las mencionadas en el artículo 56 de dicha Ley. Asimismo, señala igualmente dicho artículo, que el CVO será solicitado y otorgado por una única vez y no será necesario renovarlos, mientras cumpla, constantemente, con los requisitos sanitarios. Por su parte, el Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación, No. 34859-MAG, indica en el articulado octavo que el CVO tiene una vigencia indefinida, siempre y cuando el establecimiento cumpla con los requisitos sanitarios, ambientales y administrativos que declara bajo juramento tener el administrado conforme lo establecidos en el artículo 7 de ese Reglamento. Asimismo, dicho establecimiento con CVO, está obligado a estar inscrito en el Registro de Certificados Veterinarios de Operación, debiendo actualizar el mismo de manera anual, siendo necesario para ello, pagar el canon respectivo y en ese momento actualizarse la información del establecimiento. De no procederse con la actualización del registro en la fecha señalada, el Reglamento da un plazo adicional de 3 meses a partir de dicha fecha para proceder conforme, y una vez superado ese plazo, se tendrá por vencido el CVO. De igual manera, según el Reglamento antes citado, el CVO se cancelará si el SENASA determina que el establecimiento incumple las medidas que dispone dicho reglamento o aquellas que se dicten para regular actividades específicas (artículo 9). Como se desprende de los señalado, el CVO otorgado a Crisme del Sur únicamente puede ser cancelado o revocado por dos circunstancias: 1. Que no actualice el registro anual del establecimiento que tiene CVO en el plazo establecido. 2. Que se ordene la cancelación del CVO por no cumplir con los requisitos exigidos para su operación. Sobre el primer supuesto, señala que el establecimiento en cuestión se presentó a realizar la actualización en el plazo señalado. Sobre el segundo supuesto, si bien es cierto que existen reiteradas denuncias contra el establecimiento e incluso en otras instancias administrativas, y se ha comprobado que posee una serie de inconformidades, lo cierto es que antes de llegar a la medida más gravosa, que es el cierre del establecimiento y cancelación del CVO, ese Servicio Nacional, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad ha ordenado el cumplimiento de una serie medidas sanitarias por parte del establecimiento, que tienen como propósito que el mismo opere sin llegar a dañar el ambiente. Precisamente en ese proceso se encuentran, además valorando qué otras acciones deben generarse para lograr dicho fin y apaciguar las molestias que el desarrollo de la actividad pueda ocasionar a otros habitantes. Así las, cosas, al no existir orden de cancelación o revocación de CVO, no puede denegarse la actualización del registro anual, que fue lo que se procedió a realizar por parte de esa Institución. Finalmente, señala que SENASA tiene muy presente la situación denunciada y está comprometido a ordenar y ejecutar las acciones necesarias en coordinación con otras instituciones competentes para poder solventar la problemática. 17.- Mediante resolución de las 06:38 horas del 28 de julio de 2020, como prueba para mejor resolver, la Magistrada Instructora ordenó lo siguiente: 1) A Maricé Navarro Montoya, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo o a quien en su lugar ocupe ese cargo, indicar si ya se concluyó la etapa de investigación en los expedientes administrativos a que se refirió en el informe rendido en el presente amparo, debiendo especificar en qué etapa procesal se encuentran esos asuntos. 2) A Randall Bejarano Campos, en su condición de Director del Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud en Buenos Aires de Puntarenas o a quien ocupe ese cargo, informar: a) si la empresa denunciada ya cumplió con las órdenes sanitarias emitidas; b) cuándo fue la última vez que se reunió la comisión interinstitucional que refiere en el informe y cuál fue la decisión o acuerdo que se tomó. 3) A Bernardo Jaén Hernández, en su condición de Director General del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que informe a esta Sala: a) cuándo fue la última inspección que se realizó al establecimiento denunciado y cuál fue el resultado; b) si la laguna donde indica se vierte el lixiviado final de los dos sistemas de tratamientos de los desechos líquidos y sólidos, representa algún peligro para el río que se señala está cercano a esa laguna. 18.- Informa bajo juramento Christian Valverde Alpízar, en su condición de Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca del Ministerio de Salud (escrito presentado a las 10:26 horas del 03 de agosto de 2020), lo siguiente: 1. Sobre las Órdenes Sanitarias emitidas: Según se detalla en el informe MS-DRRSBRU-ARS-BA-0129-2019, del 07 de junio de 2019, suscrito por el Dr. Randall Bejarano Campos, Director del Área Rectora de Salud de Buenos Aires y dirigido a la Magistrada Marta Esquivel Rodríguez; por parte de ese Ministerio se ha dado constante fiscalización al sistema de disposición de aguas residuales (STAR) y ha emitido diversas Órdenes Sanitarias, mismas que a esa fecha se encontraban cumplidas. En ese momento, tal y como se indicó en el informe, se encontraba pendiente el acto administrativo para conminarle a la empresa a aplicar las acciones correctivas en el STAR, según el reporte operacional correspondiente al primer semestre de ese año, lo cual se formalizó con la orden ARSBAERS-118-2019, del 06 de junio de 2019. Por parte del Área Rectora de Salud de Buenos Aires, se realizó visita de seguimiento al cumplimiento de dicha Orden Sanitaria el primero de octubre de 2019 y, según se detalla en el informe ARSBA-ERS-020110-2019, se cumplió con la actualización de la memoria de cálculo, la cual fue aprobada por el Ing. Marvin Salamanca Cordero, funcionario de esta Dirección Regional de Rectoría de la Salud, además se realizó la limpieza de sedimentadores, quedando pendiente únicamente que la empresa Crisme del Sur S.A presentara el próximo reporte operacional, correspondiente al segundo semestre de ese año. 2. Sobre la Comisión Interinstitucional: Esta comisión ha realizado varias reuniones, la última de ellas se llevó a cabo el 17 de julio de 2020 y se contó con la participación de funcionarios de ese Ministerio, Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). En la misma se acordó enviar los informes elaborados a partir de las visitas de campo realizadas por MAG-SENASA al Ministerio de Salud y a la Dirección de Aguas; así mismo, se acordó una reunión para el 07 de agosto de 2020 para realizar una retroalimentación de estos informes y definir la acción conjunta por parte de las instituciones participantes. 19.- Informa bajo juramento Maricé Navarro Montoya, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo y jueza tramitadora del expediente No. [Valor 003] (escrito presentado a las 11:52 horas del 03 de agosto de 2020), que las actuaciones del Tribunal Ambiental Administrativo a partir de la imputación de cargos, son las siguientes: I. La Resolución No. 1130-19-TAA del 5 de julio de 2019, por la cual se declaró la apertura de un proceso ordinario administrativo y se convocó a las partes a una audiencia oral y pública a realizarse los días 18 y 19 de setiembre del 2019, ambos días a partir de las 9:00 horas (folios 351 a 355 del expediente). II. Los escritos del codenunciado, Sr. José Daniel Ramírez Steller, solicitando reprogramación de la audiencia oral debido a su incapacidad por enfermedad, los cuales constan con comprobantes, a folios 382 a 389 del expediente. III. Los Oficios No. SINAC-ACLA-P-SRBA-394-2019 y No. SINAC-ACLA-P-SRBA-428-2019, suscritos por el Ing. Rolando Rodríguez Peraza, Jefe de la Subregión Buenos Aires de ACLA-P-SINAC-MINAE, y el funcionario Sr. Ronald Romero Ureña, funcionario de dicha Subregión, recibidos en este Tribunal juntamente con las actas de inspección anexas. IV. La Resolución No. 1638-19-TAA del 17 de setiembre del 2019, por la cual se suspende la audiencia oral y pública del proceso, y se indica que la misma será reprogramada por resolución posterior (folios 390 a 391 del expediente). V. La Resolución No. 2536-19-TAA del 13 de diciembre del 2019 (folios 412 a 434 del expediente), por la cual se emite una medida cautelar. VI. La Resolución No. 2537-19-TAA del 13 de diciembre del 2019 (folios 447 a 451 del expediente), por la cual se amplió la imputación de cargos y se convoca a las partes a una audiencia oral y pública a realizarse el día 27 de febrero de 2020 a partir de las 8:00 horas. VII. El escrito recibido el 30 de enero del 2020, por medio del cual el Sr. [Nombre 005], de calidades conocidas en el expediente, solicita formalmente “aclaración y adición” de la Resolución No. 2536-19-TAA que emitió la medida cautelar referida anteriormente (folios 462 a 465 del expediente). Se adjuntan los Oficios No. DA-UHTPSOZ-0263-2019 y DA-UHTPSOZ-0611-2019 de la Dirección de Agua del MINAE, titulados: “Informe Técnico para Permiso de Vertidos” (folios 466 a 470 del expediente). VIII. El fax recibido el 3 de febrero del 2020, por medio del cual el Sr. [Nombre 005], de calidades conocidas, manifiesta interponer “recurso de revocatoria con apelación concomitante en contra de la Resolución No. 2536-19-TAA…”. Adjunta el supuesto primer folio del Oficio No. DR-BRU-0554-2019, sin rúbrica, y de un Dictamen Pericial del OIJ, no legible, el cual carece de firmas. IX. La Resolución No. 569-2020-TAA, del 13 de febrero de 2020, por medio de la cual se rechazan el recurso de adición y aclaración, el recurso de revocatoria, así como la ampliación del recurso de revocatoria, todos ellos interpuestos por el Sr. [Nombre 005] contra la Resolución No. 2536-19-TAA que dispuso la medida cautelar del caso. Además, se declara inadmisible la apelación subsidiaria. X. La Resolución No. 570-2020-TAA, del 13 de febrero de 2020, por la cual se reprograma la audiencia oral y pública, para el 26 de marzo de 2020, a las 8:00 horas. XI. El Oficio No. 215-2020-TAA, en el cual se indica que, en virtud de la Declaratoria de Emergencia Nacional emitida por Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S y las medidas tomadas por el Ministerio de Salud a consecuencia de la misma, NO se realizará la audiencia convocada por Resolución No. 570-2020-TAA, para el día 26 de marzo del 2020 a las 8:00 horas. XII. La Resolución No. 2177-2020-TAA, por la cual se reprograma la Audiencia Oral y pública, para el 3 de diciembre de 2020, a las 8:30 horas. 20.- Informa bajo juramento Germán Rojas Hidalgo, en su condición de Director General de SENASA (escrito presentado a las 13:38 horas del 20 de agosto de 2020), que de manera previa a contestar lo que por el fondo se solicita, es necesario hacerle ver a la Sala que ese Servicio Nacional de Salud Animal se encuentra respondiendo de manera extemporánea, en razón de un problema técnico suscitado con el correo designado, a saber, [email protected]. En virtud de una notificación recibida el 18 de agosto de 2020 por parte de la funcionaria de dicha Sala, Julieta Segura Guzmán, donde advertía de la falta de respuesta por parte del SENASA, es que se tuvo conocimiento de la notificación de dicha resolución. Ante ello, el Lic. Antonio Van der Lucht, Jefe de Asesoría Jurídica del SENASA, remitió el 19 de agosto correo dirigido a dicha funcionaria donde le indica que con ocasión de un recordatorio realizado por la Procuraduría General de la República el pasado viernes 14 de agosto de 2020, relativo al vencimiento de un plazo para emisión de conclusiones en un proceso contencioso administrativo, es que la Asesoría Jurídica del SENASA tuvo conocimiento de que el correo asignado para notificaciones ( [email protected]), creado exclusivamente para la recepción de notificaciones judiciales, a razón de unos cambios que realizó el Departamento de Tecnologías de la Información de SENASA, había sido desvinculado, haciendo por tanto que los correos enviados a dicha dirección aparecieran como exitosamente enviados pero no llegando nunca al remitente. Situación que advierte que sucedió aproximadamente para finales de julio y hasta la fecha en que fueron advertidos por la Procuraduría General de la República del caso señalado. Dado lo manifestado y como se puede observar de lo indicado, una de las notificaciones que no llegaron al remitente, fue precisamente la resolución de las 06:38 del 28 de julio de 2020. Así las cosas, y aportando como prueba un oficio emitido por el Departamento de Tecnologías de la Información, solicita se acepte y se agregue el presente informe al expediente y se tenga por contestado en tiempo por parte del SENASA el requerimiento planteado por la Sala. Hace ver además que a la fecha el problema ha sido resuelto, por lo cual el correo indicado se encuentra funcionando de manera correcta. Sobre lo solicitado propiamente por la Sala en el presente expediente, en cuanto al punto a) informa que, el 04 de junio de 2020 se procedió a realizar visita de inspección al establecimiento Crisme del Sur, con la participación de la Dra. Silvia Fernández Abarca y la Dra. Siasky Blanco Chaves, como funcionarias SENASA de Dirección Regional Brunca del SENASA, con el apoyo de la Licda. Alejandra Bolaños Retana, de la Asesoría Jurídica y de la Ing. Rebecca Gutiérrez Bermúdez, funcionaria del MAG y experta en temas agroambientales, a fin de valorar las acciones de mejora de dicho establecimiento en el manejo de la gestión de los residuos generados en zonas de estancia de los animales y las acciones legales a seguir por parte de ese Servicio Nacional, según evidencia en campo. Es así como el 5 de junio en reunión de seguimiento, para tomar acciones de lo observado en campo, con las funcionarias antes mencionadas, se expone la preocupación de que el 100% de la excreta (boñiga) generada por los animales en los lugares de estancia, estén llegando al sistema de tratamiento que actualmente se encuentra en el establecimiento y que se esté originando un posible impacto ambiental negativo. Por lo que se define la necesidad de que el abordaje de esta situación sea de manera institucional. Se convocan a las instituciones involucradas en el seguimiento del caso Crisme del Sur, a una reunión virtual, para el día 17 de julio, donde la Ingeniera Rebeca Gutiérrez expone la situación evidenciada en campo y se definen como medidas: a) La conformación de la comisión interinstitucional para el manejo en conjunto de este caso y otros de la región Brunca. Con reuniones semestrales y visitas en conjunto para abordar los casos en sistemas productivos. b) El envío del informe emitido por la Ingeniera Rebeca Gutiérrez, para análisis de las instituciones, seguimiento al caso y retroalimentación de observaciones y posibles medidas a ejecutar, para la próxima reunión a efectuarse el 7 de agosto de 2020. Se envía informe a instituciones en el oficio OF. SENASA-DRB-200-2020. El 7 de agosto de 2020, ya con los análisis del informe emitido por la Ingeniera Rebeca Gutiérrez y avalando los fundamentos técnicos en este descrito por parte de las instituciones involucradas, se define en reunión virtual, realizar una visita en conjunto al sistema productivo, para el día 14 de agosto de 2020. En la visita interinstitucional del 14 de agosto, se evidencian oportunidades de mejora en cuanto al manejo de la excreta (boñiga) en área de estancia de los animales. Las que se solicitarán a la empresa Crisme del Sur, por medio de una orden sanitaria elaborada en conjunto por la comisión técnica. En esta visita también se define la necesidad de contar con el apoyo de SENARA, para solicitar a Crisme del Sur los estudios técnicos necesarios para descartar o evidenciar, potencial impacto ambiental negativo, en área de estancia de los animales y en el área del sistema de tratamiento de residuos y aguas residuales. Sobre lo requerido en el punto b) de la resolución, referente a señalar si la laguna donde indica se vierte el lixiviado final de los dos sistemas de tratamientos de los desechos líquidos y sólidos, representa algún peligro para el río que se señala está cercana a la laguna, ha de señalarle a la Sala, que en la visita del 4 de junio, entre los hallazgos encontrados, fueron las nuevas acción empleadas por la empresa Crisme del Sur, a fin de evitar la contaminación al río Ceibo, pero que pudieran representar contaminación de otro tipo, por lo que ese Servicio, coordinó la reunión interinstitucional con el Ministerio de Salud, como ente aprobador del sistema de tratamiento del establecimiento y con la Dirección de Aguas del MINAE, con el propósito de comunicar a dichas instituciones de los hallazgos detectados y proceder de manera consensuada, a tomar las acciones a seguir con respecto al establecimiento, en búsqueda del respeto al ambiente, más allá de la contaminación que pudiera existir al río Ceibo. De manera que son estas instituciones, como responsables de la aprobación del sistema de tratamiento de remanentes y del vertido, las que emitan el criterio técnico para determinar el peligro de contaminación al río, por la cercanía de la laguna. 21.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, Considerando: I.- De previo. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-002545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante gestiones relacionadas con materia ambiental. Atendiendo a este tipo de materia, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de este tipo de denuncias. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- Objeto del recurso. El recurrente alega que hace varios años se estableció en el Bajo El Remolino, a un kilómetro al oeste del centro de Buenos Aires de Puntarenas, una empresa dedicada a la actividad ganadera a nombre de Crisme del Sur S.A., cuyo colindante oeste es el río Ceibo. Manifiesta que, a partir de su establecimiento en ese lugar, se han producido graves daños al ambiente por contaminación del aire con olores fétidos y pestilentes, que ocasiona una plaga de moscas y zancudos, así como el polvo que levantan cerca de 5 mil cabezas de ganado. También afectación directa de la flora y fauna a causa del depósito de residuos líquidos y desechos depositados directamente al río Ceibo, que contamina el agua. Hechos que han sido denunciados por vecinos ante el Tribunal Ambiental Administrativo y el Área Rectora de Salud de Buenos Aires, pero no han resuelto nada sobre el particular. III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a)El establecimiento denominado Crisme del Sur S.A., sito en la localidad de El Remolino, en Buenos Aires de Puntarenas, posee vigente el Certificado Veterinario de Operación, teniendo como actividad principal autorizada la de producción de carne de ganado bovino y mantenimiento de équidos, figurando como responsable principal el señor José Daniel Ramírez Steller (informe del Director General de SENASA y prueba aportada). b)La empresa Crisme del Sur S.A. tiene autorizada por el Ministerio de Salud el sistema de tratamiento de las aguas residuales (STAR) de la actividad y presenta reportes operacionales sobre la operación de éste cada seis meses (informe del Director del Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud en Buenos Aires de Puntarenas y prueba aportada). 1)Sobre las actuaciones del Tribunal Ambiental Administrativo. c)En el expediente No. [Valor 003], que se refiere a una denuncia presentada por el recurrente el 05 de setiembre de 2008, por la actividad de ganado bovino estabulado, aparentemente sin viabilidad ambiental en el cantón de Buenos Aires, distrito primero Buenos Aires, localidad Bajos del Remolino, con galerones de 120 metros de largo por 15 metros de ancho, a nombre del Sr. [Nombre 002]. Además, mediante Resolución No. 849-19-TAA, del 30 de mayo de 2019, se acumulan al expediente No. [Valor 003], prevaleciendo este último, los expedientes administrativos No. [Valor 007], respecto a una denuncia presentada el 18 de octubre de 2016 y el No. [Valor 005], por una denuncia interpuesta el 17 de noviembre de 2017. Como el expediente se encontraba en la etapa de investigación, no se había dado inicio a un eventual procedimiento ordinario administrativo (informe de la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo y jueza tramitadora del expediente No. [Valor 003] y prueba aportada). d)Mediante resolución No. 1130-19-TAA, del 5 de julio de 2019, el Tribunal Ambiental Administrativo declaró la apertura de un proceso ordinario administrativo en el expediente No. [Valor 003] y se convocó a las partes a una audiencia oral y pública a realizarse los días 18 y 19 de setiembre de 2019. No obstante, debido a solicitud de reprogramaciones, la emisión de medida cautelar, solicitud de aclaración y adición de esa medida, la interposición de los recursos ordinarios contra la misma, ampliación de imputación de cargos, la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, la audiencia oral y pública finalmente se reprogramó para el 3 de diciembre de 2020 (informe de la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo y jueza tramitadora del expediente No. [Valor 003] y prueba aportada). 2)Sobre las actuaciones del Ministerio de Salud. e)Desde el año 2008, la empresa Crisme del Sur S.A., sita en la localidad de El Remolino, en Buenos Aires de Puntarenas, tiene expediente abierto en el Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud en Buenos Aires de Puntarenas. Corresponde a la tenencia semi estabulada de ganado vacuno para engorde y cuenta con autorización del órgano competente para la regulación y fiscalización de la actividad agropecuaria, que es SENASA (informe del Director del Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud en Buenos Aires de Puntarenas y prueba aportada). f)El recurrente Cosme Justino Heraldo Barrantes es parte de un grupo de vecinos que han venido intensificando denuncias sobre el funcionamiento de la actividad de la empresa acusada. También presentó personalmente una denuncia ante el Área Rectora de Salud recurrida, concretamente el 21 de marzo de 2019 (denuncia SERSA 19192). (informe del Director del Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud en Buenos Aires de Puntarenas y prueba aportada). g)Las denuncias presentadas ante el Ministerio de Salud han sido abordadas y tramitadas según el procedimiento establecido al efecto, pero al caso se le ha dado un abordaje diferenciado y especial dado que el asunto llegó incluso al Despacho del Ministro de Salud (se realizó reunión con participación de Salud, MINAE, SENASA, Municipalidad y vecinos) instancia que conformó una comisión interinstitucional coordinada por el señor Director Regional Región Brunca del Ministerio de Salud Dr. Christian Valverde, la que, con base en una hoja de ruta proyecta muestreos por parte del Ministerio y de la Municipalidad y realiza visitas interinstitucionales al sitio con participación de los vecinos, que nombraron dos representantes al efecto (informe del Director del Área Rectora de Salud del Ministerio de Salud en Buenos Aires de Puntarenas y prueba aportada). h)El 29 de abril de 2019, en función de atender de forma integral la preocupación de los vecinos y la comunidad de Buenos Aires, en las oficinas centrales del Ministerio de Salud en reunión con el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, se coordinó la atención conjunta mediante una comisión integrada por las siguientes partes: Ministerio de Salud, Municipalidad de Buenos Aires, Servicio Nacional de Salud Animal, Ministerio de Ambiente y Energía, Asamblea Legislativa, Sistema Nacional de Área de Conservación, Asociación de Desarrollo Integral de Buenos Aires, comunidad y vecinos (informe del Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca del Ministerio de Salud y prueba aportada). i)La comisión institucional ha realizado varias reuniones, la última de ellas se llevó a cabo el 17 de julio de 2020 y se contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). En la misma se acordó enviar los informes elaborados a partir de las visitas de campo realizadas por MAG-SENASA al Ministerio de Salud y a la Dirección de Aguas; así mismo, se acordó una reunión para el 07 de agosto de 2020 para realizar una retroalimentación de estos informes y definir la acción conjunta por parte de las instituciones participantes (informe del Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca del Ministerio de Salud y prueba aportada). 3)Sobre las actuaciones del SINAC. j)Desde el año 2016, la Subregión Buenos Aires del SINAC, viene tramitando denuncias por supuestas situaciones ilícitas generadas por parte de la explotación ganadera propiedad de Crisme del Sur S.A. (informe del Jefe del SINAC, Subregión Buenos Aires). 4)Sobre las actuaciones del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). k)El 04 de junio de 2020, se procedió a realizar visita de inspección al establecimiento Crisme del Sur, con la participación de la Dra. Silvia Fernández Abarca y la Dra. Siasky Blanco Chaves, como funcionarias SENASA de Dirección Regional Brunca del SENASA, con el apoyo de la Licda. Alejandra Bolaños Retana, de la Asesoría Jurídica y de la Ing. Rebecca Gutiérrez Bermúdez, funcionaria del MAG y experta en temas agroambientales, a fin de valorar las acciones de mejora de dicho establecimiento en el manejo de la gestión de los residuos generados en zonas de estancia de los animales y las acciones legales a seguir por parte de ese Servicio Nacional, según evidencia en campo (informe del Director General de SENASA y prueba aportada). l)En la visita del 4 de junio de 2020, entre los hallazgos encontrados, fueron las nuevas acción empleadas por la empresa Crisme del Sur, a fin de evitar la contaminación al río Ceibo, pero que pudieran representar contaminación de otro tipo, por lo que SENASA coordinó la reunión interinstitucional con el Ministerio de Salud, como ente aprobador del sistema de tratamiento del establecimiento y con la Dirección de Aguas del MINAE, con el propósito de comunicar a dichas instituciones de los hallazgos detectados y proceder de manera consensuada, a tomar las acciones a seguir con respecto al establecimiento, en búsqueda del respeto al ambiente, más allá de la contaminación que pudiera existir al río Ceibo (informe del Director General de SENASA y prueba aportada). m)El 5 de junio de 2020, en reunión de seguimiento, para tomar acciones de lo observado en campo, con las funcionarias antes mencionadas, se expone la preocupación de que el 100% de la excreta (boñiga) generada por los animales en los lugares de estancia, estén llegando al sistema de tratamiento que actualmente se encuentra en el establecimiento y que se esté originando un posible impacto ambiental negativo. Por lo que se define la necesidad de que el abordaje de esta situación sea de manera institucional. Se convocan a las instituciones involucradas en el seguimiento del caso Crisme del Sur, a una reunión virtual, para el día 17 de julio (informe del Director General de SENASA y prueba aportada). n)En la reunión del 17 de julio de 2020, la Ingeniera Rebeca Gutiérrez expone la situación evidenciada en campo y se definen como medidas: a) La conformación de la comisión interinstitucional para el manejo en conjunto de este caso y otros de la región Brunca. Con reuniones semestrales y visitas en conjunto para abordar los casos en sistemas productivos. b) El envío del informe emitido por la Ingeniera Rebeca Gutiérrez, para análisis de las instituciones, seguimiento al caso y retroalimentación de observaciones y posibles medidas a ejecutar, para la próxima reunión a efectuarse el 7 de agosto de 2020 (informe del Director General de SENASA y prueba aportada). o)El 7 de agosto de 2020, ya con los análisis del informe emitido por la Ingeniera Rebeca Gutiérrez y avalando los fundamentos técnicos en este descrito por parte de las instituciones involucradas, se define en reunión virtual, realizar una visita en conjunto al sistema productivo, para el 14 de agosto de 2020 (informe del Director General de SENASA y prueba aportada). p)En la visita interinstitucional del 14 de agosto de 2020, se evidencian oportunidades de mejora en cuanto al manejo de la excreta (boñiga) en área de estancia de los animales. Estas se solicitarán a la empresa Crisme del Sur, por medio de una orden sanitaria elaborada en conjunto por la comisión técnica. En esta visita también se define la necesidad de contar con el apoyo de SENARA, para solicitar a Crisme del Sur los estudios técnicos necesarios para descartar o evidenciar, potencial impacto ambiental negativo, en área de estancia de los animales y en el área del sistema de tratamiento de residuos y aguas residuales (informe del Director General de SENASA y prueba aportada). q)SENASA tiene muy presente la situación denunciada y está comprometido a ordenar y ejecutar las acciones necesarias en coordinación con otras instituciones competentes para poder solventar la problemática (informe del Director General de SENASA). IV.- Hecho no probado. Se considera indemostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución del presente proceso constitucional. Único. Que la Municipalidad de Buenos Aires haya procurado la solución de la problemática que aqueja a los recurrentes y los vecinos por la actividad realizada en el establecimiento denominado Crisme del Sur S.A., sito en la localidad de El Remolino, en Buenos Aires de Puntarenas. V.- Sobre el derecho a la salud y el derecho a gozar de un ambiente sano. Esta Sala ha establecido con anterioridad, que si bien es cierto, el Estado debe respetar el derecho de los individuos al trabajo y la libertad de empresa, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad. Cualquier persona puede dedicarse a una actividad comercial lícita, siempre y cuando no amenace con ello la salud o la seguridad de las personas, o el medio ambiente, debiendo evitar que dicha actividad se constituya en un peligro a la salud de los habitantes u ocasione contaminación ambiental. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política, así como a través de la normativa internacional. En este sentido este Tribunal en sentencia No. 1993-003705, de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, indicó: "...La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo...". Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada expresamente en el segundo párrafo del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone: "...Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho..." Esta disposición se complementa por lo establecido en el numeral 11 del " Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales". Asimismo, en relación con las obligaciones que tienen las autoridades públicas de garantizar el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano, esta Sala mediante la sentencia No.180-98, de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998 dispuso: "...el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social." Por otra parte, la normativa infraconstitucional desarrolla este derecho, y en este sentido la Ley General de Salud, autoriza al Ministerio de Salud para tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones con el fin de proteger el medio ambiente y el derecho a la salud de las personas (sentencia No. 2008-005864, de las 15:01 horas del 15 de abril de 2008). VI.- Respecto a la competencia constitucional en materia ambiental. Tal y como ha sido reiterado en la jurisprudencia de esta Sala, la competencia constitucional en materia ambiental no puede extenderse al punto en que se convierta en un verificador de los criterios técnicos vertidos en las normas o por las autoridades administrativas en materia ambiental, sino que se limita a constatar si las dependencias estatales competentes han cumplido la obligación que les impone el artículo 50 de la Constitución Política, de asumir una actuación responsable y oportuna respecto a la protección del ambiente. Se ha sostenido también, que la procedencia del recurso de amparo está condicionada a que se acredite la existencia de una perturbación o amenaza a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, toda vez que es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece. Ante esta situación, no resulta procedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) en estos casos, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales primero se debe resolver dicho conflicto en el plano de la legalidad (sentencia No. 2020-012900, de las 09:15 horas del 10 de julio de 2020). VII.- Sobre el fondo. El Estado debe respetar el derecho de los individuos, pero también debe velar por el bienestar de la comunidad. La salud pública y la protección del ambiente, son principios tutelados tanto a nivel constitucional (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Carta Magna), como a través de la normativa nacional e internacional. En el caso bajo estudio, cabe señalar que la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), número 8495, en su artículo 5, establece que "corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), mediante el SENASA, la reglamentación, planificación, administración, coordinación, ejecución y aplicación de las actividades oficiales con carácter nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la población animal, los residuos, la salud pública veterinaria, el control veterinario de la zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, la protección y la seguridad de los alimentos de origen animal, los alimentos para los animales, los medicamentos veterinarios, el material genético animal, los productos y los subproductos, la producción, el uso, la liberación o la comercialización de los organismos genéticamente modificados que puedan afectar la salud animal o su entorno, y las sustancias peligrosas de origen animal". Dicha Ley, establece una serie de funciones y medidas que son de aplicación obligatoria para el SENASA y de acatamiento obligatorio para los administrados, por razones de interés público y con la finalidad de proteger el ambiente, la salud de las personas y los animales. A su vez, en el artículo 6, de la citada ley, se dispone que cuando en el ejercicio de las competencias establecidas, se involucren aspectos relacionados con la protección de la salud pública, el SENASA deberá actuar en estricta colaboración y coordinación con el Ministerio de Salud. En autos, la inconformidad del recurrente es contra la actividad desarrollada por el establecimiento denominado Crisme del Sur S.A., sito en la localidad de El Remolino, en Buenos Aires de Puntarenas. Empresa que, según SENASA, la principal actividad autorizada es la de producción de carne de ganado bovino y mantenimiento de équidos, para la cual tiene vigente el Certificado Veterinario de Operación. Además, en cuanto al Ministerio de Salud, tiene autorizado el sistema de tratamiento de las aguas residuales (STAR) de la actividad. No obstante, dado que, en el sublite, se encuentran involucradas diferentes autoridades, lo procedente es analizar la actuación de cada una de ellas en forma independiente. a.- En relación con el Tribunal Ambiental Administrativo. De los informes rendidos por la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, dados bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la prueba aportada, se colige que el 05 de setiembre de 2008, el recurrente presentó una denuncia ante esa instancia administrativa por la actividad de ganado bovino estabulado, aparentemente sin viabilidad ambiental, desarrollada en la localidad Bajos del Remolino de Buenos Aires, Puntarenas, por la empresa denominada Crisme del Sur S.A. Se acredita que, a ese expediente, mediante resolución del 30 de mayo de 2019, se le acumularon los expedientes administrativos No. 196-16-01-TAA, respecto a una denuncia presentada el 18 de octubre de 2016 y el No. 240-17-03-TAA, por una denuncia interpuesta el 17 de noviembre de 2017, prevaleciendo el número del primer asunto. En cuanto al trámite dado, refiere la recurrida que los expedientes se encontraban en la etapa de investigación, por lo cual no se había dado inicio un eventual procedimiento ordinario administrativo. Argumenta que cuando se recibe una denuncia en el Tribunal Ambiental Administrativo, no corresponde por lo general, iniciar un procedimiento ordinario administrativo. Que, por jurisprudencia de la Sala Constitucional, lo que procede es iniciar la etapa de investigación, con las finalidades indicadas en dicha jurisprudencia. La jurisprudencia que se ocupa de la investigación se refiere tanto a la materia sancionadora en general, como también a las actuaciones específicas del Tribunal Ambiental Administrativo. Además, la jurisprudencia constitucional es clara al determinar que en etapa de investigación preliminar no existe el debido proceso, ni existen partes propiamente, ni cabe, por tanto, la interposición de recursos. De ello se desprende que, en etapa de investigación preliminar no resulta aplicable el artículo 41 de la Constitución Política, pues, al no existir imputación de cargos, no existe contender ni posible perjuicio a ninguna parte (ni siquiera hay partes), sino una simple investigación. Por ello, aduce que no cabe alegar ningún género de supuesta infracción al artículo 41 de la Constitución Política respecto a ese Despacho. Aparte de lo anterior, de acuerdo a lo indicado en el segundo informe rendido, se constata que mediante resolución No. 1130-19-TAA, del 5 de julio de 2019, se declaró la apertura de un proceso ordinario administrativo en el expediente No. 354-08-03-TAA y se convocó a las partes a una audiencia oral y pública a realizarse los días 18 y 19 de setiembre de 2019. No obstante, debido a la solicitud de reprogramaciones, la emisión de medida cautelar, solicitud de aclaración y adición de esa medida, la interposición de los recursos ordinarios contra la misma, ampliación de imputación de cargos, la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, la audiencia oral y pública finalmente se reprogramó para el 3 de diciembre de 2020. No lleva razón la recurrida en el argumento expuesto en defensa de su representada. Esta Sala, igualmente, ha considerado procedente tutelar el principio de justicia pronta y cumplida, ante denuncias ambientales presentadas en ese órgano administrativo y que se ha demorado el trámite en la etapa preliminar. Solo por citar dos ejemplos, la sentencia No. 2019-009239, de las 09:20 horas del 24 de mayo de 2019 y en fecha más reciente, la sentencia No. 2020-008926, de las 09:15 horas del 15 de mayo de 2020. En la primera, se consideró lo siguiente: “… VI.- EN CUANTO AL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. En el caso de las acciones desarrolladas por el Tribunal Ambiental Administrativo, debe indicarse que resulta incomprensible para este Tribunal que el problema mencionado persista todavía, pues desde el 10 de abril de 2018, el amparado presentó ante dicho Tribunal la denuncia respectiva; sin embargo, el proceso está detenido en la etapa de investigación preliminar desde hace un año . Llama la atención de esta Sala, que, a pesar del evidente abandono del expediente, la autoridad recurrida no da justificación del atraso en el trámite, a pesar de que el problema de contaminación producto del depósito de tierra y desechos se mantiene a la fecha y que, según lo verificado por el Área de Conservación, constituye una amenaza al cauce del Río Segundo, debido a los deslizamientos y a la cantidad de escombros y basura que se encuentra a menos de un metro del cauce. De manera, que no fue sino un día después de la interposición del recurso de amparo, y luego de casi de un año de inactividad en el expediente, que el Tribunal dictó y notificó la resolución No. 346-19-TAA de las 16:02 horas del 8 de marzo de 2019, que consiste en una réplica de la resolución 377-18-TAA de las 15:08 horas del 11 de mayo de 2018, en la que reiteró la solicitud al Área de Conservación Central, a la Municipalidad de Alajuela y al Ministerio de Salud, para que rindan los informes técnicos al respecto. En virtud de ello, el 2 de abril del 2019, el Ministerio de Ambiente brindó al Tribunal recurrida la información requerida, y le advirtió del daño ambiental existente, siendo que a la fecha no consta que ni la Municipalidad ni el Ministerio de Salud hayan rendido los informes solicitados, ni tampoco consta que, el Tribunal se los haya solicitado nuevamente. Así las cosas, esta Sala comprueba que el Tribunal Ambiental Administrativo ha sido omiso en su accionar, de modo que ha faltado a su obligación de garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado de los habitantes de la zona. Por lo anterior, en cuanto a este aspecto, procede declarar con lugar el recurso…” (el resaltado es agregado). Situación similar acontece en autos, pues ha quedado demostrado que la denuncia que presentó el recurrente hace más de un decenio, se concluyó la etapa de investigación y se declaró la apertura del proceso ordinario administrativo, con posterioridad a la notificación de la resolución de curso de este amparo. Un plazo más que excesivo para concluir una investigación preliminar. De ahí la procedencia del recurso en su contra, aunque solo para efectos indemnizatorios. b.- Sobre las actuaciones del Ministerio de Salud. De lo informado tanto por el Director del Área Rectora de Salud de Buenos Aires de Puntarenas, como del Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Brunca, se tiene por demostrado que desde el año 2008, la empresa Crisme del Sur S.A. tiene expediente abierto en la citada Área Rectora. Que corresponde a la tenencia semi estabulada de ganado vacuno para engorde y cuenta con autorización del órgano competente para la regulación y fiscalización de la actividad agropecuaria, que es SENASA. En cuanto a lo que es objeto de recurso, se acredita que el recurrente es parte de un grupo de vecinos que han venido intensificando denuncias sobre el funcionamiento de la actividad de la empresa acusada. También que el 21 de marzo de 2019 presentó personalmente una denuncia ante el Área Rectora de Salud recurrida. Se indica que todas las denuncias presentadas han sido abordadas y tramitadas según el procedimiento establecido al efecto, pero al caso se le ha dado un abordaje diferenciado y especial dado que el asunto llegó incluso al Despacho del Ministro de Salud, instancia que conformó una comisión interinstitucional coordinada por el señor Director Regional Región Brunca, la que, con base en una hoja de ruta proyecta muestreos por parte del Ministerio y de la Municipalidad y realiza visitas interinstitucionales al sitio con participación de los vecinos, que nombraron dos representantes al efecto. El 29 de abril de 2019, en función de atender de forma integral la preocupación de los vecinos y la comunidad de Buenos Aires, en las oficinas centrales del Ministerio de Salud en reunión con el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud, se coordinó la atención conjunta mediante una comisión integrada por las siguientes partes: Ministerio de Salud, Municipalidad de Buenos Aires, Servicio Nacional de Salud Animal, Ministerio de Ambiente y Energía, Asamblea Legislativa, Sistema Nacional de Área de Conservación, Asociación de Desarrollo Integral de Buenos Aires, comunidad y vecinos. La comisión institucional ha realizado varias reuniones, la última de ellas se llevó a cabo el 17 de julio de 2020 y se contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). En la misma se acordó enviar los informes elaborados a partir de las visitas de campo realizadas por MAG-SENASA al Ministerio de Salud y a la Dirección de Aguas; así mismo, se acordó una reunión para el 07 de agosto de 2020 para realizar una retroalimentación de estos informes y definir la acción conjunta por parte de las instituciones participantes. El ordenamiento jurídico concede a las autoridades encargadas de la tutela del ambiente y de la salud pública amplias facultades para cumplir con sus funciones. Tanto la Ley General de Salud, como la Ley Orgánica del Ambiente y las normas conexas, confieren competencias detalladas a los distintos niveles de organización en que se delega el ejercicio de las funciones preventivas, de inspección, sancionatorias, etc. Por otra parte, los recurridos, incluyendo el Ministerio de Salud, cuentan también con las potestades que la Ley General de la Administración Pública otorga para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la Administración. En el presente asunto, el recurrente reclama la negligencia de los accionados para atender el problema de contaminación ambiental que genera el establecimiento de producción bovina que ampliamente y en reiteradas ocasiones los pobladores de Buenos Aires han denunciado. Del elenco de hechos probados se desprende que las autoridades sanitarias conocen la problemática referida desde hace años y si bien se han dictado varios actos administrativos, ninguno ha sido eficaz y eficiente, pues lo cierto es que la situación persiste. Tal y como se indicó supra, excede la naturaleza del recurso de amparo analizar en esta sede el origen, la veracidad o gravedad del daño denunciado, y la trascendencia constitucional se limita en verificar si las autoridades accionadas han sido diligentes en atender y solventar finalmente dicha problemática ambiental. Punto que se confirma con el Ministerio de Salud, pues su actuación, aun con la comisión interinstitucional creada, ha sido insuficiente para solucionar la problemática que aqueja al recurrente y sus conciudadanos. En consecuencia, el recurso deviene procedente en su contra. c.- En lo que respecta al SINAC. De lo escuetamente informado por el Jefe de la Subregión Buenos Aires del SINAC, queda más que manifiesto tanto la existencia de lo denunciado por el recurrente, como de su persistencia en el tiempo. Señala ese jerarca que desde el año 2016, su representada viene tramitando denuncias por supuestas situaciones ilícitas generadas por parte de la explotación ganadera propiedad de Crisme del Sur S.A. Sin que conforme lo señalado en autos, dicha situación haya sido solventada. Incluso se desprende de lo informado por las autoridades sanitarias que el SINAC forma parte de la comisión interinstitucional creada para atender la problemática generada por dicha empresa ganadera y que afecta en demasía a los pobladores de Buenos Aires. Así las cosas, esta Sala comprueba que la representación del SINAC ha sido omisa en su accionar, de modo que ha faltado a su obligación de garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado de los habitantes de la zona. Por lo anterior, con relación a este aspecto, procede declarar con lugar el recurso. d.- En cuanto a la actuación del SENASA. Se tiene de lo informado por el Director General de SENASA que, como parte de la atención a la situación referida por el recurrente y que es de su conocimiento, el 04 de junio de 2020, se procedió a realizar visita de inspección al establecimiento Crisme del Sur, con la participación de la Dra. Silvia Fernández Abarca y la Dra. Siasky Blanco Chaves, como funcionarias de la Dirección Regional Brunca del SENASA, con el apoyo de la Licda. Alejandra Bolaños Retana, de la Asesoría Jurídica y de la Ing. Rebecca Gutiérrez Bermúdez, funcionaria del MAG y experta en temas agroambientales, a fin de valorar las acciones de mejora de dicho establecimiento en el manejo de la gestión de los residuos generados en zonas de estancia de los animales y las acciones legales a seguir por parte de ese Servicio Nacional, según evidencia en campo. Se dice que entre los hallazgos encontrados, fueron las nuevas acciones empleadas por la empresa, a fin de evitar la contaminación al río Ceibo, pero que pudieran representar contaminación de otro tipo, por lo que SENASA coordinó la reunión interinstitucional con el Ministerio de Salud, como ente aprobador del sistema de tratamiento del establecimiento y con la Dirección de Aguas del MINAE, con el propósito de comunicar a dichas instituciones de los hallazgos detectados y proceder de manera consensuada, a tomar las acciones a seguir con respecto al establecimiento, en búsqueda del respeto al ambiente, más allá de la contaminación que pudiera existir al río Ceibo. En ese orden de ideas, el 5 de junio de 2020, en reunión de seguimiento de esa inspección, para tomar acciones de lo observado en campo, con las funcionarias antes mencionadas, se expone la preocupación de que el 100% de la excreta (boñiga) generada por los animales en los lugares de estancia, estén llegando al sistema de tratamiento que actualmente se encuentra en el establecimiento y que se esté originando un posible impacto ambiental negativo. Por lo que se define la necesidad de que el abordaje de esta situación sea de manera institucional. Se convocan a las instituciones involucradas en el seguimiento del caso Crisme del Sur, a una reunión virtual, para el día 17 de julio. En esa actividad, la Ingeniera Rebeca Gutiérrez expone la situación evidenciada en campo y se definen como medidas: a) La conformación de la comisión interinstitucional para el manejo en conjunto de este caso y otros de la región Brunca. Con reuniones semestrales y visitas en conjunto para abordar los casos en sistemas productivos. b) El envío del informe emitido por la Ingeniera Rebeca Gutiérrez, para análisis de las instituciones, seguimiento al caso y retroalimentación de observaciones y posibles medidas a ejecutar, para la próxima reunión a efectuarse el 7 de agosto de 2020. Se indica que, en efecto, el 7 de agosto de 2020, ya con los análisis del informe emitido por la Ingeniera Rebeca Gutiérrez y avalando los fundamentos técnicos en este descrito por parte de las instituciones involucradas, se define en reunión virtual, realizar una visita en conjunto al sistema productivo, para el 14 de agosto de 2020. Además, en la visita interinstitucional del 14 de agosto de 2020, se evidencian oportunidades de mejora en cuanto al manejo de la excreta (boñiga) en área de estancia de los animales. Estas se solicitarán a la empresa Crisme del Sur, por medio de una orden sanitaria elaborada en conjunto por la comisión técnica. En esta visita también se define la necesidad de contar con el apoyo de SENARA, para solicitar a Crisme del Sur los estudios técnicos necesarios para descartar o evidenciar, potencial impacto ambiental negativo, en área de estancia de los animales y en el área del sistema de tratamiento de residuos y aguas residuales. Finalmente, se indica que SENASA tiene muy presente la situación denunciada y está comprometido a ordenar y ejecutar las acciones necesarias en coordinación con otras instituciones competentes para poder solventar la problemática. Se constata que SENASA sí ha actuado en virtud de lo denunciado, sin embargo, es evidente que su abordaje de la situación han insuficiente. Es un órgano que cuentan con amplias facultades de actuación, y si bien se encuentra sujeta a la legalidad y la razonabilidad, lo cierto es que teniendo en cuenta que se trata de una amenaza al medio ambiente y a la salud pública, la legalidad y los formalismos se ven desplazados, lo que en su caso es particularmente relevante porque la regulación de la actividad señalada como contaminante, es de su competencia. El principio pro acto exige a la Administración encausar sus actuaciones para conseguir el dictado de un acto final que resuelva la situación que le ha sido encomendada, y si tienen elementos suficientes que les permiten constatar la presencia de elementos contaminantes, como en efecto aconteció, debieron realizar las diligencias necesarias para garantizar el bienestar del medio ambiente y de los habitantes de Buenos Aires. Bajo las premisas expuestas, no resultan de recibo los argumentos que pretenden justificar la inacción de la Administración ante las reiteradas denuncias de los vecinos. Por ello se le considera responsable en los hechos acusados. e.- En lo que corresponde a la Municipalidad de Buenos Aires. En el caso del gobierno local del cantón de Buenos Aires, si bien es cierto, del expediente no puede extraerse una denuncia formal presentada por el recurrente, sí se desprende de lo informado por la autoridad sanitaria recurrida que fue incluida dentro de la comisión interinstitucional, por lo que no puede alegar desconocimiento de la situación denunciada por el recurrente y que aqueja al pueblo que representa. Además, es importante recordar que, si bien cada institución tiene sus competencias propias, el Municipio tiene especial deber de resguardar por los intereses de su comunidad y debe coordinar con las demás instituciones involucradas sobre todo cuando se trata de aspectos que afectan al ambiente y a la salud. Así lo ha precisado reiteradamente este Tribunal: “... VI.- Sobre el papel de las municipalidades en materia ambiental. De conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta cuota de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente. Es indubitable la facultad de los gobiernos locales para darse su propia ordenación territorial a través de los planes reguladores; pero la existencia de éstos -que en su mayoría carecen de complementos de ordenación desde el punto de vista del ambiente sano y ecológicamente equilibrado- no produce la desaplicación de la legislación tutelar ambiental. Es evidente que en este caso, es totalmente coincidente el interés nacional y el local, y por ello los gobiernos locales pueden y deben exigir el cumplimiento de requisitos ambientales en su territorio, y en caso de conflicto con las autoridades rectoras de la materia ambiental, pueden someter las controversias al contralor jurisdiccional que corresponda según la naturaleza de la infracción (ver, en este sentido, sentencia No. 2006-7994, de las 08:57 horas del 02 de junio de 2006).”(criterio reiterado en sentencia No. 2015-9399) En ese contexto, es inaceptable la desatención de una situación que sucede en su cantón. Por ello, se le considera igualmente responsable. VIII.- Conclusión. Ante el escenario descrito, resulta clara la acusada violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que habitan la comunidad afectada. Ha quedado demostrado que las autoridades recurridas conocen de la situación desde hace años y han incumplido su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la coyuntura con la premura necesaria para este tipo de problemas. No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas que permitan solucionar la actividad contaminante denunciada y que eventualmente podría representar ser un peligro para la salud de la población. Por ello, desde la perspectiva constitucional, en el sublite la Sala concluye, que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del ambiente por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud, y la Municipalidad de Buenos Aires, el SINAC y SENASA, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, ya que el problema denunciado aún persiste. Por consiguiente, se declara con lugar el recurso, respecto al citado Tribunal, para efectos indemnizatorios y en lo que corresponde a las demás autoridades, con los efectos que se indican en la parte dispositiva. IX.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación y degradación ambiental, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusan problemas de contaminación que afecta al a Buenos Aires de Puntarenas, por las aguas y olores fétidos y pestilentes, provenientes presuntamente de la actividad ganadera a nombre de Crisme del Sur S.A., lo que afecta la salud de los vecinos del lugar, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. X.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Bernardo Jaén Hernández, a Randall Bejarano Campos, a José Rojas Méndez y a Rolando Rodríguez Peraza, respectivamente, en su condición de Director General del Servicio Nacional de Salud Animal, de Alcalde de Buenos Aires de Puntarenas, de Director del Área Rectora de Salud en Buenos Aires de Puntarenas del Ministerio de Salud y de Jefe de la Subregión Buenos Aires del Sistema Nacional de Áreas de Conservación o a quienes ocupen esos cargos, de manera conjunta y coordinada: a) adopten de forma inmediata las medidas necesarias para que en el plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se haya elaborado un plan remedial para solucionar el problema de contaminación denunciada en este amparo; b) realicen y ejecuten ese plan para dar solución definitiva a ese problema en el plazo de DIEZ MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia; c) de forma inmediata adopten las medidas necesarias para mitigar esa contaminación en protección del recurrente y la comunidad de Buenos Aires de Puntarenas. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Buenos Aires, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *KXL43WAA47SOA61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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