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Res. 16238-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 28/08/2020

Ministry of Finance's failure to respond regarding biodegradable plastic additivesOmisión de respuesta del Ministerio de Hacienda sobre aditivos plásticos biodegradables

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo was granted and the Vice Minister of Expenditures of the Ministry of Finance was ordered to provide the requested information within ten days, with a warning of sanctions under Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law.Se declaró con lugar el recurso de amparo y se ordenó al Viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda remitir la información solicitada en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de las sanciones del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by Silvia María Vega Cardona against the Ministry of Finance for failing to respond to an information request filed on June 5, 2020. The petitioner asked whether any ministerial provision prohibited the use in Costa Rica of d2w additives for the biodegradation of plastics in open environments. The respondent argued that the request was not a simple petition and that the ten-day deadline was insufficient, although it claimed to have replied on August 12, 2020 via official letter DJMH-1387-2020. The Chamber held that the request did constitute a pure and simple petition, making the ten-day deadline under Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law applicable. Furthermore, effective notification of the reply to the designated email address was not proven. The amparo was granted, ordering the Vice Minister of Expenditures to provide the requested information within ten days, with a warning of the sanctions under Article 71 of the same law.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por Silvia María Vega Cardona contra el Ministerio de Hacienda, por la omisión de respuesta a una solicitud de información presentada el 5 de junio de 2020. La recurrente preguntaba si existía alguna disposición ministerial que impidiera el uso en Costa Rica de aditivos d2w para la biodegradación de plásticos en ambiente abierto. La autoridad recurrida argumentó que la petición no era simple y que el plazo de diez días era insuficiente, aunque afirmó haber respondido el 12 de agosto de 2020 mediante oficio DJMH-1387-2020. La Sala determinó que la solicitud sí constituía una petición pura y simple, por lo que era aplicable el plazo de diez días del artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, no se acreditó la notificación efectiva de la respuesta al correo electrónico señalado. En consecuencia, se declaró con lugar el recurso, ordenando al Viceministro de Egresos remitir la información solicitada en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el artículo 71 de la misma ley.

Key excerptExtracto clave

VI.- Regarding the respondent's argument, this Chamber disagrees with the analysis performed, since it is evident that the request does constitute a pure and simple petition before the Administration, and therefore, in the specific case, the deadline set forth in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law is applicable. While constitutional case law has contemplated the possibility that, if the Administration deems it impossible to fulfill the request within said deadline, it must communicate the impossibility and set a reasonable timeframe to address the request, this did not occur in the present case. Finally, even though the report submitted by the respondent authority includes a copy of official letter DJMH-1387-2020 dated August 12, 2020, signed by the Vice Minister of Expenditures, and states that it was sent to the email address provided by the petitioner that same day, from the evidence presented it is not possible to verify that the reply was actually communicated to the designated address, [email protected]. Under these circumstances, the petitioner's claim is upheld, and the consequent violation of the rights to information, petition, and prompt response is confirmed, with the consequences to be set forth in the operative part of this Judgment.VI.- Sobre lo indicado por la parte recurrida, esta Sala discrepa del análisis efectuado, toda vez que resulta evidente, que lo solicitado sí constituye una petición pura y simple ante la Administración, por lo que, en el caso concreto, sí es aplicable el plazo dispuesto en el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha contemplado la posibilidad de que, si la Administración considera que no es posible cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud; sin embargo, ello se echa de menos en el caso que nos ocupa. Por último, aun cuando en el informe rendido por la autoridad recurrida se aporta copia del oficio DJMH-1387-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, suscrito por el Viceministro de Egresos, y se indica que fue remitido al correo electrónico suministrado por la recurrente, ese mismo día, de los elementos probatorios aportados no es posible acreditar la comunicación de la respuesta al medio señalado, el correo electrónico [email protected]. En esas condiciones, se constata el alegato de la promovente, y la consecuente lesión a los derechos de información, petición y pronta respuesta, con las consecuencias que se indicarán en la parte dispositiva de esta Sentencia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."

    "this Court has held that the right to petition and prompt response has a dual nature, since it implies not only the right of every citizen to address any official or public entity in order to present a matter of interest or request certain information, but also obliges the Administration to receive and respond to them within ten days, in accordance with Article 27 of the Political Constitution and Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law."

    Considerando IV

  • "este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."

    Considerando IV

  • "resulta evidente, que lo solicitado sí constituye una petición pura y simple ante la Administración, por lo que, en el caso concreto, sí es aplicable el plazo dispuesto en el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."

    "it is evident that the request does constitute a pure and simple petition before the Administration, and therefore, in this specific case, the deadline set forth in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law is applicable."

    Considerando VI

  • "resulta evidente, que lo solicitado sí constituye una petición pura y simple ante la Administración, por lo que, en el caso concreto, sí es aplicable el plazo dispuesto en el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."

    Considerando VI

  • "de los elementos probatorios aportados no es posible acreditar la comunicación de la respuesta al medio señalado, el correo electrónico [email protected]."

    "from the evidence presented it is not possible to verify that the reply was actually communicated to the designated address, [email protected]."

    Considerando VI

  • "de los elementos probatorios aportados no es posible acreditar la comunicación de la respuesta al medio señalado, el correo electrónico [email protected]."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Case File: 20-014088-0007-CO Reviewed by: SALA CONSTITUCIONAL *200140880007CO* Res. No. 2020016238 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-eighth of August, two thousand twenty.

A recurso de amparo (amparo action) processed under case file number 20-014088-0007-CO, filed by SILVIA MARIA VEGA CARDONA, identity card number 0104580657, against the MINISTERIO DE HACIENDA.

Resultando:

1.- By brief received in the Secretariat of the Sala at 8:51 a.m. on August 7, 2020, the petitioner files a recurso de amparo against the MINISTRO DE HACIENDA, and states that on June 5, 2020, she submitted a letter addressed to the respondent, in which she requests to be informed of the following: "whether from the Ministry there exists any circular, directive, internal agreement, or any type of legal or regulatory provision that prohibits the use in Costa Rica of d2w additives for the production of plastic for its biodegradation in open environments that demonstrate compliance with the existing methodologies for this type of material". She indicates that to date they have not responded to her request, even though the established deadline for answering has been exceeded by a considerable margin. She requests that the recurso (action) be declared with merit and that the respondent be ordered to respond to her request.

2.- Isaac Castro Esquivel, in his capacity as Vice Minister of Expenditure of the Ministry of Finance, reports under oath that the development at the level of the Sala Constitucional has allowed for establishing that the right of petition has certain limits in its exercise, which are, for example, that it does not mean a right of the administered party to receive a favorable response to what was requested; that the time in which the Administration must resolve depends on the complexity of the petition, implying with this a deadline that may be longer in certain cases, without this meaning a violation of the right or the omission of a prompt response by the Administration, and some other fundamental aspects. In other words, it is the right to request and not the right to obtain what is requested, which is guaranteed, even though the public official must resolve in strict accordance with the law, since the freedom of petition is based on another principle, that is, that the right of the governed to address public bodies cannot be restricted by the administration. To argue the contrary, as the petitioner does, in the sense that the Administration is obliged to provide the requested information within the legal deadline, despite the fact that in cases like the present one, this information requires an exhaustive search of the information within all the databases that are related to this topic. It must also be taken into account that the nature of the request for technical information does not constitute a pure and simple petition by the petitioner before the Administration; it is not a mere request for information, and therefore it constitutes the exercise of the right of access to administrative justice. The foregoing allows for the conclusion that the ten-day deadline for the Administration to provide a response, established in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, is clearly insufficient for the case to be analyzed and resolved. In its place, the two-month deadline provided for in Article 261, subsection 1) of the Ley General de la Administración Pública should be considered applicable. Despite the foregoing, the request was filed with this Office; consequently, the Administration has the duty to receive them and give them the corresponding processing, which is to redirect the request to the competent body, in this case the Unidad de Gestión Ambiental, so that it could issue the technical input. This Office undertook the task of gathering the information requested by the petitioner, and through official letter DJMH-1387-2020 dated August 12, 2020, sent to the email address provided by the petitioner on the same day, a response to her request was provided. He requests that the filed recurso be dismissed.

3.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considerando:

I.- Object of the recurso. The petitioner states that on June 5, 2020, she submitted a letter addressed to the respondent, in which she requests to be informed of the following: "whether from the Ministry there exists any circular, directive, internal agreement, or any type of legal or regulatory provision that prohibits the use in Costa Rica of d2w additives for the production of plastic for its biodegradation in open environments that demonstrate compliance with the existing methodologies for this type of material". She indicates that to date they have not responded to her request, even though the established deadline for answering has been exceeded by a considerable margin. She requests that the recurso be declared with merit and that the respondent be ordered to respond to her request.

II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are considered duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)On June 5, 2020, the amparo petitioner filed a letter addressed to the Minister of Finance, in which she requests to be informed of the following: "whether from the Ministry there exists any circular, directive, internal agreement, or any type of legal or regulatory provision that prohibits the use in Costa Rica of d2w additives for the production of plastic for its biodegradation in open environments that demonstrate compliance with the existing methodologies for this type of material". For notifications, the email address [email protected] was indicated (see attached evidence).
  • b)By official letter DJMH-1387-2020 dated August 12, 2020, a response is provided to the request filed on June 5, providing the required information (see attached evidence).

III.- Facts not proven. The following facts of relevance for this resolution are not considered proven:

  • a)That official letter DJMH-1387-2020 dated August 12, 2020, was notified to the amparo petitioner.

IV.- On the rights of information, petition, and prompt response. This Tribunal has indicated that the right of petition and prompt response contains a double aspect, since it implies not only the right that every citizen holds to address any official or official entity in order to present a matter of interest, or to request specific information, but also obligates the Administration to receive and respond to them within a ten-day period, in accordance with Article 27 of the Constitución Política and Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Consequently, it must issue a timely response, without denial of any kind; however, there is an exception if it cannot fulfill the petition within the referred period. In such a case, it must communicate the impossibility of resolving the matter and shall set a reasonable period within which it will attend to the request. For its part, Article 30 of the Constitución Política enshrines the right of persons to access information of public interest held by authorities and—consequently—the duty of the latter to deliver said information immediately if what was requested is available, all of the foregoing without prejudice to the existence of possible exceptions in which the information must be reserved in consideration of the protection of relevant rights and interests, formally recognized.

V.- ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner claims the omission of the Minister of Finance in providing a response to a request for information filed since June 5, 2020, more than two months before the filing of this recurso de amparo. In this regard, in his report, the Vice Minister of Expenditure of the Ministry of Finance indicates that the nature of the request for technical information does not constitute a pure and simple petition by the petitioner before the Administration; it is not a mere request for information, and therefore he considers that it constitutes the exercise of the right of access to administrative justice. For this reason, he concludes that the ten-day deadline for the Administration to provide a response, established in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, is insufficient for the case to be analyzed and resolved. Despite the foregoing, he indicates that he undertook the task of gathering the information requested by the petitioner, and through official letter DJMH-1387-2020 dated August 12, 2020, signed by the Vice Minister of Expenditure, sent to the email address provided by the petitioner on that same day, a response to her request was provided.

VI.- Regarding what was stated by the respondent, this Sala disagrees with the analysis carried out, since it is evident that what was requested does constitute a pure and simple petition before the Administration, and therefore, in the specific case, the deadline established in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is applicable. Now, constitutional jurisprudence has contemplated the possibility that, if the Administration considers that it is not possible to fulfill the petition within the referred period, it must consequently communicate the impossibility of resolving the matter and shall set a reasonable period within which it will attend to the request; however, this is noticeably absent in the case before us. Finally, even though in the report rendered by the respondent authority a copy of official letter DJMH-1387-2020 dated August 12, 2020, signed by the Vice Minister of Expenditure is provided, and it is indicated that it was sent to the email address supplied by the petitioner that same day, from the evidentiary elements provided it is not possible to accredit the communication of the response to the indicated address, the email [email protected]. Under these conditions, the allegation of the petitioner is confirmed, and the consequent injury to the rights of information, petition, and prompt response, with the consequences that will be indicated in the operative part of this Judgment.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, has been provided, these must be removed from the office within a maximum period of thirty working days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The recurso is declared with merit. Consequently, Isaac Castro Esquivel, in his capacity as Vice Minister of Expenditure of the Ministerio de Hacienda, or whoever occupies that position, is ordered to, within a period of TEN days counted from the notification of this judgment, send the petitioner the information requested on June 5, 2020, to the address indicated for that purpose. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within a recurso de amparo, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify.- Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo Digitally Signed Document -- Verification code -- *2YGNSYFKQBA61* CASE FILE No. 20-014088-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:42:11.

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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200140880007CO* Res. Nº 2020016238 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-014088-0007-CO, interpuesto por SILVIA MARIA VEGA CARDONA, cédula de identidad 0104580657, contra el MINISTERIO DE HACIENDA.-

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 8:51 horas del 7 de agosto del 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTRO DE HACIENDA, y manifiesta que el 05 de junio de 2020 presentó una carta dirigida al recurrido, en donde solicita informarle lo siguiente: "si de parte del Ministerio existe alguna circular, directriz acuerdo interno o cualquier tipo de disposición legal o reglamentaria que impida el uso en Costa Rica de aditivos d2w para la producción de plástico para su biodegradación en ambiente abierto que muestren cumplimiento con las metodologías existentes para este tipo de material". Señala que a la fecha no le han respondido su gestión, a pesar de que ya ha transcurrido con suma ventaja el plazo establecido para contestar. Solicita que se declare con lugar el recurso y se le ordene al recurrido responder su gestión.

2.- Informa bajo juramento Isaac Castro Esquivel, en su condición de Viceministro de Egresos de Hacienda, que el desarrollo a nivel de la Sala Constitucional ha permitido establecer que el derecho de petición posee ciertos límites en su ejercicio, cuales son, por ejemplo, que éste no significa un derecho del administrado a recibir respuesta favorable a lo solicitado; que de la complejidad de la petición depende el tiempo en que la Administración deba resolver, implicando con esto un plazo que puede ser mayor en ciertos casos, sin que ello signifique la violación del derecho o la omisión de pronta respuesta por parte de la Administración, y algunos otros aspectos fundamentales. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, lo que se garantiza, aun cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. Sostener lo contrario como lo hace el recurrente, en el sentido de que la Administración está obligada a dar la información requerida en el plazo de ley, no obstante que en casos como el presente esa información requiera una búsqueda exhaustiva de la información dentro de todas las bases de datos que tengan relación con este tema. Debe tenerse en cuenta también que la naturaleza de la solicitud de información técnica no constituye una petición pura y simple del recurrente frente a la Administración, no es una mera petición de información, por lo que configura el ejercicio del derecho de acceso a la justicia administrativa. Lo anterior permite arribar a la conclusión de que el plazo de diez días para que la Administración brinde respuesta, establecido en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional es claramente insuficiente para que se analice y resuelva el caso. En su lugar, debe considerarse aplicable el plazo de dos meses previsto en el artículo 261 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública. A pesar de lo anterior, la solicitud fue presentada en este Despacho, por consiguiente, a la Administración le corresponde el deber de recibirlas y darles el trámite correspondiente, cual es el redireccionar la solicitud al órgano competente, sea en este caso la Unidad de Gestión Ambiental a efectos de que emitiera el insumo técnico. Este Despacho se dio a la tarea de recabar la información que solicita la petente, siendo que mediante oficio DJMH-1387-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, remitido al correo electrónico suministrado por la recurrente, el mismo día, se dio respuesta a su gestión. Solicita que se desestime el recurso planteado.

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que el 05 de junio de 2020, presentó una carta dirigida al recurrido, en donde solicita informarle lo siguiente: "si de parte del Ministerio existe alguna circular, directriz acuerdo interno o cualquier tipo de disposición legal o reglamentaria que impida el uso en Costa Rica de aditivos d2w para la producción de plástico para su biodegradación en ambiente abierto que muestren cumplimiento con las metodologías existentes para este tipo de material". Señala que a la fecha no le han respondido su gestión, a pesar de que ya ha transcurrido con suma ventaja el plazo establecido para contestar. Solicita que se declare con lugar el recurso y se le ordene al recurrido responder su gestión.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 05 de junio de 2020, el amparado presentó una carta dirigida al Ministro de Hacienda, en la que solicita informarle lo siguiente: "si de parte del Ministerio existe alguna circular, directriz acuerdo interno o cualquier tipo de disposición legal o reglamentaria que impida el uso en Costa Rica de aditivos d2w para la producción de plástico para su biodegradación en ambiente abierto que muestren cumplimiento con las metodologías existentes para este tipo de material". Para notificaciones se señaló el correo electrónico [email protected] (ver prueba adjunta).
  • b)Mediante oficio DJMH-1387-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, se brinda respuesta a la gestión presentada el 05 de junio pasado, facilitando la información requerida (ver prueba adjunta).

III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

  • a)Que el oficio DJMH-1387-2020 de fecha 12 de agosto de 2020 haya sido notificado al amparado.

IV.- Sobre los derechos de información, petición y pronta respuesta. Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por lo anterior, debe emitir la respuesta oportuna, sin denegación de ninguna especie, empero cabe la excepción de que no pueda cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud. Por su parte, el artículo 30, de la Constitución Política, recoge el derecho de las personas de acceder a la información de interés público en poder de las autoridades y -consecuentemente- el deber de éstas de entregar dicha información de forma inmediata si lo pedido está disponible y todo lo anterior sin perjuicio la existencia de posibles excepciones en las que la información debe reservarse en atención a la protección de derechos e intereses relevantes, reconocidos formalmente.

V.- ANÁLISIS DE CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente reclama la omisión del Ministro de Hacienda en brindar respuesta a una solicitud de información presentada desde el 05 de junio de 2020, más de dos meses antes de la interposición del presente recurso de amparo. Al respecto, en su informe, el Viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda indica que la naturaleza de la solicitud de información técnica no constituye una petición pura y simple del recurrente frente a la Administración, no es una mera petición de información, por lo que estima que se configura el ejercicio del derecho de acceso a la justicia administrativa. Por ello, concluye que el plazo de diez días para que la Administración brinde respuesta, establecido en el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional es insuficiente para que se analice y resuelva el caso. A pesar de lo anterior, indica que se dio a la tarea de recabar la información que solicita la petente, siendo que mediante oficio DJMH-1387-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, suscrito por el Viceministro de Egresos, remitido al correo electrónico suministrado por la parte recurrente, el mismo día, y se dio respuesta a su gestión.

VI.- Sobre lo indicado por la parte recurrida, esta Sala discrepa del análisis efectuado, toda vez que resulta evidente, que lo solicitado sí constituye una petición pura y simple ante la Administración, por lo que, en el caso concreto, sí es aplicable el plazo dispuesto en el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha contemplado la posibilidad de que, si la Administración considera que no es posible cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud; sin embargo, ello se echa de menos en el caso que nos ocupa. Por último, aun cuando en el informe rendido por la autoridad recurrida se aporta copia del oficio DJMH-1387-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, suscrito por el Viceministro de Egresos, y se indica que fue remitido al correo electrónico suministrado por la recurrente, ese mismo día, de los elementos probatorios aportados no es posible acreditar la comunicación de la respuesta al medio señalado, el correo electrónico [email protected]. En esas condiciones, se constata el alegato de la promovente, y la consecuente lesión a los derechos de información, petición y pronta respuesta, con las consecuencias que se indicarán en la parte dispositiva de esta Sentencia.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Isaac Castro Esquivel, en su condición de Viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda, o a quien ocupe ese cargo que, en el plazo de DIEZ días contado a partir de la notificación de la presente sentencia, se remita a la recurrente la información solicitada el 05 de junio del 2020, al medio señalado para tal efecto. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.- Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *2YGNSYFKQBA61*

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 27
    • Constitución Política Art. 30
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 32
    • Ley General de la Administración Pública Art. 261 inciso 1
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 71

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