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Res. 16082-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 26/08/2020

Conflict between regulations on gas station minimum distancesConflicto entre reglamentos sobre distancias de estaciones de servicio

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OutcomeResultado

InadmissibleInadmisible

The unconstitutionality action is flatly rejected as it involves a conflict of ordinary legality between infra-legal norms, which must be resolved by ordinary courts.Se rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria entre normas infralegales, que debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber flatly rejects an unconstitutionality action against Directive DGTCC-DL-2020-115 and Article 383 of the INVU Construction Regulations. The petitioner argued there was a conflict with Articles 15.9 and 15.10 of Executive Decree 30131-MINAE-S, which impose stricter minimum distances between gas stations and certain buildings. The Chamber finds the conflict is one of ordinary legality, as it involves infra-legal norms, not a constitutional issue. It declares the action inadmissible, holding that disputes over conflicts between regulations and the scope of administrative powers must be resolved by ordinary courts, not the constitutional jurisdiction. Three justices add a note clarifying that, unlike cases where a regulation contradicts a statute, here the contradiction is between infra-legal provisions, so they concur with the rejection.La Sala Constitucional rechaza de plano una acción de inconstitucionalidad contra la Directriz DGTCC-DL-2020-115 y el artículo 383 del Reglamento de Construcciones del INVU. El accionante alegaba que existía una antinomia entre esta disposición y los artículos 15.9 y 15.10 del Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S, que establecen distancias mínimas más rigurosas entre estaciones de servicio y ciertas edificaciones. La Sala determina que el conflicto planteado es de mera legalidad ordinaria, pues involucra normas de rango infralegal, y no una cuestión de inconstitucionalidad. Por tanto, declara inadmisible la acción, señalando que las controversias sobre antinomias entre reglamentos y la delimitación de competencias administrativas deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria y no por la constitucional. Tres magistrados añaden una nota aclarando que, a diferencia de casos donde un reglamento contradice una ley, aquí la contradicción es entre disposiciones infralegales, por lo que comparten el rechazo.

Key excerptExtracto clave

CONSIDERING: I.- ON THE INADMISSIBILITY OF THIS ACTION. In this specific case, upon examining the petition, it is evident that the petitioner essentially claims the existence of an alleged antinomy between infra-legal norms, namely: Article 383 of the Construction Regulations of the National Institute of Housing and Urbanism and Articles 15.9 and 15.10 of Executive Decree No. 30131-MINAE-S, titled Regulation for the System of Storage and Commercialization of Hydrocarbons; regarding the minimum distance that must exist between service stations and other infrastructure. Additionally, the petitioner questions the legal nature of Directive No. DGTCC-DL-2020-115, as well as the legal authority of the General Directorate of Transport and Commercialization of Fuels to issue such a directive and of the National Institute of Housing and Urbanism to regulate in this matter. Notwithstanding the petitioner's allegations, the truth is that the legality conflict raised falls outside the jurisdiction of this Constitutional Court, since the disagreement lies in the alleged contradiction between norms and powers that are provided for in infra-constitutional provisions, which must be analyzed through the competent administrative or judicial channels.CONSIDERANDO: I.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE ESTA ACCIÓN. En el caso concreto, a partir del estudio del escrito de interposición de esta acción, se constata que, en el fondo, lo que el accionante reclama es la existencia de una supuesta antinomia entre normas de rango infra legal, a saber: el artículo 383 del Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y los artículos 15.9 y 15.10 del Decreto Ejecutivo n° 30131-MINAE-S, denominado Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos; en cuanto a la distancia mínima que debe existir entre las estaciones de servicio y otras infraestructuras. Además, el actor cuestiona la naturaleza jurídica de la Directriz n° DGTCC-DL-2020-115, así como las competencias legales de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles para emitir ese tipo de directriz y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para reglamentar en la materia. No obstante las alegaciones de la parte accionante, lo cierto es que el conflicto de legalidad que plantea se encuentra fuera del ámbito de competencia de este Tribunal Constitucional, toda vez que su disconformidad radica en la supuesta contradicción entre normas y competencias que están previstas en disposiciones infra constitucionales, lo cual corresponde ser analizado en la vía administrativa o jurisdiccional competente.

Pull quotesCitas destacadas

  • "… lo cierto es que el conflicto de legalidad que plantea se encuentra fuera del ámbito de competencia de este Tribunal Constitucional, toda vez que su disconformidad radica en la supuesta contradicción entre normas y competencias que están previstas en disposiciones infra constitucionales, lo cual corresponde ser analizado en la vía administrativa o jurisdiccional competente."

    "… the truth is that the legality conflict raised falls outside the jurisdiction of this Constitutional Court, since the disagreement lies in the alleged contradiction between norms and powers that are provided for in infra-constitutional provisions, which must be analyzed through the competent administrative or judicial channels."

    Considerando I

  • "… lo cierto es que el conflicto de legalidad que plantea se encuentra fuera del ámbito de competencia de este Tribunal Constitucional, toda vez que su disconformidad radica en la supuesta contradicción entre normas y competencias que están previstas en disposiciones infra constitucionales, lo cual corresponde ser analizado en la vía administrativa o jurisdiccional competente."

    Considerando I

  • "… cuando hay una evidencia manifiesta, que salta a la vista, que la norma reglamentaria excede, suprime o contradice el texto de la Ley; no cabe duda que, de forma grosera, se vulnera el principio de fuerza, autoridad o eficacia de la Ley; principio que tiene cobertura constitucional y que debe ser tutelado por este Tribunal."

    "… when there is manifest evidence, evident at first glance, that a regulation exceeds, suppresses, or contradicts the text of a statute, there is no doubt that the principle of force, authority or efficacy of the statute is grossly violated; a principle that has constitutional protection and must be safeguarded by this Court."

    Nota de los magistrados Cruz, Castillo y Rueda

  • "… cuando hay una evidencia manifiesta, que salta a la vista, que la norma reglamentaria excede, suprime o contradice el texto de la Ley; no cabe duda que, de forma grosera, se vulnera el principio de fuerza, autoridad o eficacia de la Ley; principio que tiene cobertura constitucional y que debe ser tutelado por este Tribunal."

    Nota de los magistrados Cruz, Castillo y Rueda

  • "… no salvamos el voto, toda vez que la contradicción que el accionante plantea es entre el Decreto Ejecutivo n° 30131-MINAE-S y el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, es decir, entre disposiciones infra legales, por lo que compartimos la postura de este Tribunal en cuanto a que es un tema de legalidad cuya discusión no corresponde a esta jurisdicción."

    "… we do not dissent, since the contradiction raised by the petitioner is between Executive Decree No. 30131-MINAE-S and the Construction Regulations of the National Institute of Housing and Urbanism, that is, between infra-legal provisions, so we share the position of this Court that it is a legality issue whose discussion does not belong in this jurisdiction."

    Nota de los magistrados Cruz, Castillo y Rueda

  • "… no salvamos el voto, toda vez que la contradicción que el accionante plantea es entre el Decreto Ejecutivo n° 30131-MINAE-S y el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, es decir, entre disposiciones infra legales, por lo que compartimos la postura de este Tribunal en cuanto a que es un tema de legalidad cuya discusión no corresponde a esta jurisdicción."

    Nota de los magistrados Cruz, Castillo y Rueda

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Type of matter: Acción de inconstitucionalidad Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with applicable regulations *200146770007CO* Res. No. 2020016082 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-sixth of August, two thousand twenty .

Acción de inconstitucionalidad filed by [Name 001], identity card No. [Value 001], in his capacity as special judicial representative of [Name 002], identity card No. [Value 002], and [Name 003], identity card No. [Value 003], against Directive No. DGTCC-DL-2020-115, issued by the Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, and Article 383 of the update to the Reglamento de Construcciones issued by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. WHEREAS: 1.- Through a brief received at the Secretariat of the Sala at 15:40 hours on August 14, 2020, the petitioner requests that the unconstitutionality of Directive No. DGTCC-DL-2020-115, issued by the Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, and Article 383 of the update to the Reglamento de Construcciones issued by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo be declared. He states that Directive No. DGTCC-DL-2020-115 issued on March 5, 2020, by the Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible of MINAE (hereinafter DGTCC), regarding the application of minimum distances to service stations (estaciones de servicio) for the storage and sale of fuels, indicates the following: “… That regulation 6306, the Reglamento de Construcciones of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, has been in effect since July 31, 2018; said regulation establishes setback distances (distancias de resguardo) that are less than those established in Decree 30.131 MINAE-S, the Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos, with respect to the sites defined therein: 'ARTICLE 383. Minimum distances from other infrastructure to service stations: In zones where the use permits the location of service stations and fuel storage, a distance of at least 35.00 m must be maintained from the following buildings: 1) Factories of, or sites where explosive or flammable products or substances are stored 2) Schools and high schools 3) Health centers (sic) and nursing homes 4) Public performance halls and public meeting centers in general 5) Temples' Meanwhile, Decree 30-131 MINAE-S provides: 'Article 15.- Of the land. The land where a terrestrial service station is installed must meet the following requirements: 15.1 (…) 15.9 For safety reasons, the construction of service stations whose distance (which shall be measured from the location area of the storage tanks) is equal to or less than that indicated below is not permitted; this prohibition shall apply in the opposite direction if the service station was built first. 15.10 At one hundred meters from the buildings of factories or sites where explosive or flammable products or substances are stored in quantities that may cause a hazard according to the technical criteria of the Ministry of Health, public meeting sites, and electrical substations.' Given that regulation 6306 is subsequent to Decree 30.131 MINAE-S, it is perfectly legal to apply the setback distances established in regulation 6306, provided that the respective municipality does not have a different provision in this regard.” He indicates that the challenged directive could be conceptualized as an order due to the legal effects it produces and that, visibly, it aims to regulate the application for the public administration of the setback distances (distancias de retiro) pursuant to provision 383 of the Reglamento de Construcciones of INVU and not according to Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S, granting preeminence to that Regulation over provisions 15.9 and 15.10 of the executive decree; however, from a detailed analysis of the content of the directive, it is plausible to determine that this is not its legal nature. He argues that the challenged directive does not legally qualify as an administrative directive for two reasons: first, because the DGTCC's competence in this matter was limited to regulating, supervising, and controlling matters related to the transportation and commercialization of hydrocarbons and not to promulgating provisions within a "directive" that derogated, as it did, two regulatory norms (15.9 and 15.10) of Decreto Ejecutivo 303131-MINAE-S and in which, in turn, it ruled that since provision 383 of the Reglamento de Construcciones of INVU is a later norm, its application is appropriate, suppressing the application of a norm of higher hierarchy, potency, and specialty such as Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S. He points out that the DGTCC's competencies are established in Article 5 of Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S, from which it must be understood that the directives the DGTCC was to issue are those indispensable for the application of that decree, in accordance with the competencies assigned to it, but not to derogate the precise content of norms 15-9 and 15.10, nor to determine which norm applies in substitution of another, leaving without effect and without value a pre-existing norm, which is of higher hierarchy, potency, and specialty. He alleges that this body can issue directives, but is constitutionally inhibited from promulgating norms or instructions of general scope, as well as from ruling on the preeminence of one norm over another and which one applies or is derogated, since these are exclusive competencies of the legislator and the Poder Judicial, according to Articles 129 and 166 of the Constitución Política. He points out that in matters of legal attributions and jurisdiction of the courts of justice, Article 166 of the Constitution contains a legal reservation; indeed, the jurisdictional function is an essential function of their exclusive and excluding competence. He considers that the directive violates Article 166 of the Constitution in that the DGTCC does not have the competence to rule on the preeminence of the application of one norm in substitution of another, consequently causing its derogation, nor is it competent to resolve normative antinomies, given that it is a matter of legal reservation of the administration of justice by constitutional provision. On the other hand, he alleges that the challenged directive infringes the constitutional principle of normative hierarchy that emanates from the interpretation of Articles 7, 10, and 140, subsection 3), of the Constitución Política. He states that the cited principle is violated by virtue of the fact that the directive in question not only determines the viability of applying a provision of lower hierarchy, but that the materialization of that directive entails a sort of jurisdictional decline of the DGTCC to the detriment of health and citizen safety, since in matters of granting permits for the operation and construction of service stations for the sale, storage, and commercialization of fuels, the only competent entity is MINAE through the DGTCC, as provided by Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S and Article 5 of Law No. 7593, and no other entity, including INVU. He argues that it is the DGTCC that is responsible for applying the provisions of Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S, without any caveats or exceptions of any type or nature, so declining its application in favor of a norm of lower hierarchy and potency is contrary to the cited constitutional principle. He alleges that the Junta Directiva of INVU, with the promulgation of provision 383 of the Reglamento de Construcciones, violated Article 121, subsection 1) of the Constitución Política, which establishes the monopoly of the Asamblea Legislativa in the enactment, reform, and derogation of laws and the prohibition of legislating ex novo. The provision of the Reglamento de Construcciones modified a current norm through a legal act not authorized by numeral 129 of the Constitución Política and to that extent is unconstitutional, since INVU's competence is limited, in matters of construction, to the design and subsequent execution of the general guidelines on urban policy, and that institution cannot in any way interfere in the competency and specialty sphere of the DGTCC, nor introduce a norm that suppressed the DGTCC's competence in that matter. He explains that it is the competence of MINAE through the DGTCC to grant authorization for the construction and operation of service stations that provide the public service of supply, sale, and distribution of fuels derived from hydrocarbons. Thus, the regulation, surveillance, and supervision under the DGTCC's charge also encompasses the field of environmental protection and people's safety, with Decreto Ejecutivo No. 30131-S establishing for these purposes the technical and safety specifications that must be considered in the sites where a service station will be built. He points out that thus, every potential concessionaire of the service regarding the construction, installation, remodeling, or expansion of service stations for sale to the final consumer must be governed by what is stipulated in Decreto Ejecutivo No. 30131-MINAE-S—a special norm—, so the regulation issued by INVU in provision 383, insofar as it modified the minimum setback distances at which a service station must be located from buildings that sell explosive or flammable material established in the executive decree, for less rigorous ones—from 100 meters to 35 meters—, is contrary to Articles 129 and 121 of the Constitución Política. Based on the foregoing, he requests that Directive No. DGTCC-DL-2020-115 be declared unconstitutional for violation of Articles 121 1), 129, and 166 of the Constitución Política and the constitutional principle of normative hierarchy. And that the unconstitutionality of Article 383 of the Reglamento de Construcciones of INVU No. 6306 be declared, for violating Articles 129 and 121 of the Constitución Política. 2.- The petitioner grounds his standing on the base matter expediente No. [Value 004] that is being processed before the Jurisdicción Contencioso Administrativa. He attaches a notarial certification of the brief in which the unconstitutionality of the questioned norms was invoked within the base matter.

3.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Sala to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any action submitted for its consideration that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a mere reiteration or reproduction of an earlier equal or similar action that was rejected.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

CONSIDERING:

I.- ON THE INADMISSIBILITY OF THIS ACTION. In the specific case, from the study of the brief filing this action, it is verified that, fundamentally, what the petitioner claims is the existence of a supposed antinomy between norms of sub-legal rank, namely: Article 383 of the Reglamento de Construcciones of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and Articles 15.9 and 15.10 of Decreto Ejecutivo No. 30131-MINAE-S, called Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos; regarding the minimum distance that must exist between service stations and other infrastructure. In addition, the petitioner questions the legal nature of Directive No. DGTCC-DL-2020-115, as well as the legal competencies of the Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles to issue that type of directive and of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo to regulate in the matter. Notwithstanding the allegations of the petitioner, the truth is that the conflict of legality raised falls outside the scope of competence of this Tribunal Constitucional, since his disagreement lies in the supposed contradiction between norms and competencies that are provided for in sub-constitutional provisions, which must be analyzed in the competent administrative or jurisdictional channels. In this regard, in a matter where the existence of a supposed normative antinomy was similarly alleged, this Sala ruled as follows:

“(…) I.- ON THE INADMISSIBILITY OF THIS ACTION. From a comprehensive reading of the filing brief, as well as its subsequent expansion, it is verified that the petitioner's reproaches and arguments are circumscribed to a supposed normative conflict between the Código Procesal Civil (Law No. 9342 of February 3, 2016) and the Ley de vigencia transitoria para procedimientos de familia (Law No. 9621 of October 2, 2018), as well as matters concerning the proper interpretation, application, and integration of said legal regulations and the correct delimitation of their eventual derogatory effects and validity. The foregoing refers to a conflict of ordinary legality that it is not proper for this Sala to elucidate. This Tribunal has pointed out, firstly, that “the improper application of the law or its erroneous interpretation in the specific case” is not a matter proper to be heard through the acción de inconstitucionalidad (judgment No. 5966-94 of 15:54 hours of October 11, 1994). To which is added that it is also not its place to resolve possible antinomies between norms of legal rank. Thus, for example, in judgment No. 2014-001584 of 16:01 hours of February 5, 2014, this Sala resolved that:

“(...) Finally, although one of the coadjuvants rules on the merits of the action, to indicate that the derogation made by Law No. 7732 of December 17, 1997, which is the Ley Reguladora del Mercado de Valores, in its Article 196 establishes the derogation of Law No. 7201 of September 18, 1990, also called Ley Reguladora del Mercado de Valores, which introduced the challenged Article 32 bis of the Código de Comercio, which entails the non-existence of the challenged norm. In our view, such argumentation leads the Tribunal to an assessment of the antinomy of norms, in this case, not hierarchical but chronological. In this way, it is a discussion of ordinary legality, since this Sala must determine whether one norm of legal rank prevails over another, based on criteria of interpretation of the later law derogating the earlier one, or by the principle of specificity of the norm, or whether the specific norm prevails over the general one, among others. As is evident, the foregoing is a matter that escapes constitutional jurisdiction, so these propositions must be settled in the ordinary channels, and not in the constitutional one.” (The highlighting is not part of the original).

Meanwhile, in judgment No. 2012-011067 of 16:34 hours of August 14, 2012, this Tribunal pointed out that:

“(…) the issue of tacit derogations of the sub-constitutional legal system is a question of mere legality that must be resolved by the ordinary instances and not in this jurisdiction.” Therefore, the petitioner's disagreement, regarding the proper interpretation, application, and integration of the referred legal regulations and the determination of their validity or prevalence, must be raised in the ordinary instances.

II.- IN CONCLUSION. As a corollary of the foregoing, it is appropriate to reject outright the action under study, as is hereby ordered (…)”. (Judgment No. 2019-002866 of 10:05 hours of February 19, 2019).

Considerations that are applicable to this case. Consequently, given that what is sought concerns a conflict of legality that must be raised, assessed, and resolved by the ordinary jurisdiction, the appropriate course is to reject the action outright, as is hereby ordered.

II.- Note by Judges Cruz, Castillo, and Rueda, drafted by the second. The undersigned judges, in other matters where the existence of an antinomy between a regulatory norm and a Law has been alleged, have dissented, given that, from our point of view, when there is manifest evidence, which is obvious, that the regulatory norm exceeds, suppresses, or contradicts the text of the Law; there is no doubt that, in a gross manner, the principle of force, authority, or efficacy of the Law is violated; a principle that has constitutional coverage and must be protected by this Tribunal. However, in this specific case we do not dissent, since the contradiction that the petitioner raises is between Decreto Ejecutivo No. 30131-MINAE-S and the Reglamento de Construcciones of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, that is, between sub-legal provisions, so we share the position of this Tribunal in that it is an issue of legality whose discussion does not correspond to this jurisdiction.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if any document on paper has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional device of an electronic, computer, magnetic, optical, telematic nature or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

This action is rejected outright. Judges Cruz, Castillo, and Rueda append a note.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V. Digitally Signed Document -- Verification code -- *IU28BMUKZIA61* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 23:41:24.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *200146770007CO* Res. Nº 2020016082 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiseis de agosto de dos mil veinte .

Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre 001], cédula de identidad n° [Valor 001], en su condición de apoderado especial judicial de [Nombre 002], cédula de identidad n° [Valor 002], y [Nombre 003], cédula de identidad n ° [Valor 003] , contra la Directriz n° DGTCC-DL-2020-115, emitida por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, y el artículo 383 de la actualización al Reglamento de Construcciones emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:40 horas del 14 de agosto de 2020, la parte accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Directriz n° DGTCC-DL-2020-115, emitida por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, y el artículo 383 de la actualización al Reglamento de Construcciones emitido por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Manifiesta que la Directriz n° DGTCC-DL-2020-115 emitida el 5 de marzo de 2020 por la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible del MINAE (en adelante DGTCC), sobre la aplicación de distancias mínimas a estaciones de servicio para el almacenamiento y venta de combustibles, indica lo siguiente: “… Que se encuentra vigente desde el 31 de julio de 2018 el reglamento 6306 Reglamento de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, dicho reglamento establece unas distancias de resguardo menores a las establecidas en el Decreto 30.131 MINAE-S Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos, con respecto a los sitios ahí definidos: 'ARTÍCULO 383. Distancias mínimas de otras infraestructuras a estaciones de servicio: En zonas en que el uso permita la ubicación de estaciones de servicio y de almacenamiento de combustibles, se debe mantener una distancia de al menos 35,00 m de las siguientes edificaciones: 1) Fábricas de, o sitios donde se almacenen productos o sustancias explosivas o inflamables 2) Escuelas y colegios 3) Centros de saludo (sic) y asilos 4) Salas de espectáculos públicos y centros de reunión pública en general 5) Templos' Por su parte el Decreto 30-131 MINAE-S dispone: 'Artículo 15.- Del terreno. El terreno donde se instale una estación de servicio terrestre debe cumplir con los siguientes requisitos: 15.1 (…) 15.9 Por razones de seguridad, no se permite la construcción de estaciones de servicio cuya distancia (la que se medirá desde el área de ubicación de los tanques de almacenamiento) sea igual o menor a la indicada a continuación, esta prohibición se aplicará en sentido opuesto, si la estación de servicio hubiese sido construida primero. 15.10 A cien metros de las edificaciones de fábricas o sitios donde se almacenan productos o sustancias explosivas o inflamables en cantidades que puedan ocasionar un peligro según criterio técnico del Ministerio de Salud, sitios de reunión pública y de subestaciones eléctricas.' Siendo que el reglamento 6306 es posterior al Decreto 30.131 MINAE-S, es perfectamente legal aplicar las distancias de resguardo establecidas en el reglamento 6306, siempre y cuando la municipalidad respectiva no tenga una disposición diferente al respecto”. Indica que la directriz impugnada podría conceptuarse como una orden por los efectos jurídicos que produce y que, visiblemente, tiene como objeto regular la aplicación para la administración pública de las distancias de retiro conforme a la disposición 383 del Reglamento de Construcciones del INVU y no según el Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S, otorgándole preeminencia a ese Reglamento sobre las disposiciones 15.9 y 15.10 del decreto ejecutivo; no obstante, de un análisis detallado del contenido de la directriz, es plausible determinar que esa no es su naturaleza jurídica. Aduce que la directriz impugnada no califica jurídicamente como una directriz administrativa por dos razones: primero, porque la competencia de la DGTCC en esta materia se circunscribía a regular, fiscalizar y controlar lo relativo al transporte y comercialización de hidrocarburos y no a promulgar disposiciones dentro de una “directriz” que derog ó, como lo hizo, dos normas reglamentarias (15.9 y 15.10) del Decreto Ejecutivo 303131-MINAE-S y en la que, a su vez, dictaminó que al ser la disposición 383 del Reglamento de Construcciones del INVU norma posterior cabe su aplicación suprimiendo la aplicación de una norma de mayor jerarquía, potencia y especialidad como es el Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S. Señala que las competencias de la DGTCC están establecidas en le artículo 5 del Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S, del cual se debe entender que las directrices que debía dictar la DGTCC son aquellas indispensables para la aplicación de ese decreti, con arreglo a las competencias que le fueron asignadas, pero no derogar el contenido preciso de las normas 15-9 y 15.10, ni determinar cuál norma aplica en sustitución de otra, dejando sin efecto y sin valor una norma preexistente, que es de mayor jerarquía, potencia y especialidad. Alega que ese órgano puede dictar directrices, pero está constitucionalmente inhibido para promulgar normas o instrucciones de alcance general, así como para dictaminar la preminencia de una norma respecto a otra y cuál se aplica o se deroga, pues estas son competencias exclusivas del legislador y del Poder Judicial, según los artículos 129 y 166 de la Constitución Política. Señala que en materia de atribuciones legales y jurisdicción de los tribunales de justicia, el artículo 166 constitucional contiene una reserva legal, en efecto, la función jurisdiccional es una función esencial de su competencia exclusiva y excluyente. Considera que la directriz viola el artículo 166 constitucional en tanto la DGTCC no tiene competencia para dictaminar la preminencia de la aplicación de una norma en sustitución de otra, provocando consecuentemente su derogación, ni tampoco es competente para resolver antinomias normativas, dado que es materia de reserva legal de la administración de justicia por disposición constitucional. De otra parte, alega que la directriz impugnada infringe el principio constitucional de jerarquía normativa que dimana de la interpretación de los artículo 7, 10 y 140, inciso 3), de la Constitución Política. Expone que se violenta el citado principio en virtud de que la directriz en cuestión no solo determina la viabilidad de la aplicación de una disposición de menor jerarquía, sino que, la materialización de esa directriz lleva aparejada una suerte de declinación competencial de la DGTCC en perjuicio de la salud y la seguridad ciudadana, por cuanto en materia de concesión de permisos para el funcionamiento y construcción de estaciones de servicio para la venta, almacenamiento y comercialización de combustibles; el único ente competente es el MINAE por medio de la DGTCC, conforme lo disponen el Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S y el artículo 5 de la Ley n° 7593 y ninguna otra entidad, incluido el INVU. Aduce que es a la DGTCC a quien le corresponde aplicar las disposiciones del Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S, sin salvedades ni excepciones de ningún tipo o naturaleza, por lo que declinar su aplicación a favor de una norma de menor jerarquía y potencia resulta contrario al citado principio constitucional. Alega que la Junta Directiva del INVU con la promulgación de la disposición 383 del Reglamento de Construcciones, violentó el artículo 121 inciso 1) de la Constitución Política, que establece el monopolio de la Asamblea Legislativa en el dictado, reforma y derogatoria de las leyes y la prohibición de legislar ex novo. La disposición del Reglamento de Construcciones modificó una norma vigente por medio de un acto jurídico no autorizado por el numeral 129 de la Constitución Política y en ese tanto resulta inconstitucional, por cuanto la competencia del INVU se limita, en materia de construcción, al diseño y posterior ejecución de las directrices generales sobre política urbana y no puede esa institución de ninguna forma interferir en la esfera competencial y de especialidad de la DGTCC, ni introducir una norma que suprimió la competencia de la DGTCC en esa materia. Explica que es competencia del MINAE por medio de la DGTCC otorgar autorización para la construcción y operación de estaciones de servicio que presten el servicio público de suministro, venta y distribución de combustibles derivados de los hidrocarburos. De este modo, la regulación, vigilancia y fiscalización a cargo de la DGTCC comprende igualmente el campo de la protección ambiental y de la seguridad de las personas, estableciendo a estos efectos el Decreto Ejecutivo n° 30131-S las especificaciones técnicas y de seguridad que se deben considerar en los sitios donde se construirá una estación de servicio. Señala que así, todo potencial concesionario del servicio en torno a la construcción, instalación, remodelación o ampliación de las estaciones de servicio para venta al consumidor final, deben regirse por lo estatuido en el Decreto Ejecutivo n° 30131-MINAE-S -norma especial-, por lo que la regulación emitida por el INVU en la disposición 383, en cuanto modificó las distancias mínimas de retiro a la que debe estar una estación de servicio respecto de edificaciones que tengan a la venta material explosivo o inflamable establecidas en el decreto ejecutivo, por unas menos rigurosas -de 100 metros a 35 metros-, es contraria a los artículos 129 y 121 de la Constitución Política. Con fundamento en lo anterior, solicita que la directriz n° DGTCC-DL-2020-115 sea declarada inconstitucional por violación a los artículos 121 1), 129 y 166 de la Constitución Política y el principio constitucional de jerarquía de las normas. Y que se declare la inconstitucionalidad del artículo 383 del Reglamento de Construcciones del INVU n° 6306, por violentar los artículos 129 y 121 de la Constitución Política. 2.- El accionante fundamenta su legitimación en el asunto base expediente n° [Valor 004] que se tramita ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Adjunta certificación notarial del escrito en que se invocó la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas dentro del asunto base.

3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

CONSIDERANDO:

I.- SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE ESTA ACCIÓN. En el caso concreto, a partir del estudio del escrito de interposición de esta acción, se constata que, en el fondo, lo que el accionante reclama es la existencia de una supuesta antinomia entre normas de rango infra legal, a saber: el artículo 383 del Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y los artículos 15.9 y 15.10 del Decreto Ejecutivo n° 30131-MINAE-S, denominado Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos; en cuanto a la distancia mínima que debe existir entre las estaciones de servicio y otras infraestructuras. Además, el actor cuestiona la naturaleza jurídica de la Directriz n° DGTCC-DL-2020-115, así como las competencias legales de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles para emitir ese tipo de directriz y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para reglamentar en la materia. No obstante las alegaciones de la parte accionante, lo cierto es que el conflicto de legalidad que plantea se encuentra fuera del ámbito de competencia de este Tribunal Constitucional, toda vez que su disconformidad radica en la supuesta contradicción entre normas y competencias que están previstas en disposiciones infra constitucionales, lo cual corresponde ser analizado en la vía administrativa o jurisdiccional competente. En este sentido, en un asunto donde de manera similar se alegó la existencia de una supuesta antinomia normativa, esta Sala dispuso lo siguiente:

“(…) I.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE ACCIÓN. De la lectura integral del escrito de interposición, así como de su posterior ampliación, se constata que los reproches y argumentos del accionante se circunscriben a un supuesto conflicto normativo entre el Código Procesal Civil (Ley No. 9342 del 03 de febrero de 2016) y la Ley de vigencia transitoria para procedimientos de familia (Ley No. 9621 de 02 de octubre de 2018), así como lo referente a la debida interpretación, aplicación e integración de dicha normativa legal y la correcta delimitación de sus eventuales efectos derogatorios y vigencia. Lo anterior hace referencia a un conflicto de legalidad ordinaria que no procede ser dilucidado por esta Sala. Este Tribunal ha señalado, primeramente, que “la aplicación indebida de la ley o su errónea interpretación en el caso concreto” no es materia propia de conocerse mediante la acción de inconstitucionalidad (sentencia No. 5966-94 de las 15:54 horas del 11 de octubre de 1994). A lo que se añade que tampoco le compete resolver sobre posibles antinomias entre normas de rango legal. Así, por ejemplo, en la sentencia No. 2014-001584 de las 16:01 horas del 05 de febrero de 2014, esta Sala resolvió que:

“(...) Por último, si bien uno de los coadyuvantes se pronuncia sobre el fondo de la acción, para indicar que la derogatoria que hace la Ley No. 7732 del 17 de diciembre de 1997, que es Ley Reguladora del Mercado de Valores, en su artículo 196 establece la derogatoria de la Ley No. 7201 de 18 de septiembre de 1990, también denominada Ley Reguladora del Mercado de Valores, que introdujo el artículo 32 bis del Código de Comercio impugnado, lo que, acarrea la inexistencia de la norma impugnada. En nuestro criterio tal argumentación conduce al Tribunal a una valoración de la antinomia de normas, en este caso, no jerárquica sino cronológica. De esta manera, se trata de una discusión de legalidad ordinaria, toda vez que debe esta Sala determinar si prevalece una norma de rango legal sobre otra, con base en criterios de interpretación de la ley posterior que deroga la anterior, o por el principio de especificidad de la norma, o si la norma específica prevalece por sobre la general, entre otras. Como es evidente, lo anterior es un asunto que escapa la jurisdicción constitucional, de modo que éstos planteamientos deberán dirimirse en la vía ordinaria, y no en la constitucional.” (El destacado no forma parte del original).

Mientras que en la sentencia No. 2012-011067 de las 16:34 horas del 14 de agosto de 2012, este Tribunal señaló que:

“(…) el tema de las derogaciones tácitas del ordenamiento jurídico infra constitucional es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto por las instancias ordinarias y no en esta jurisdicción.” Por ende, la disconformidad del accionante, respecto de la debida interpretación, aplicación e integración de la referida normativa legal y la determinación de su vigencia o prevalencia, deberá plantearse en las instancias ordinarias.

II.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano la acción en estudio, como así se dispone (…)”. (Sentencia n° 2019-002866 de las 10:05 horas del 19 de febrero de 2019).

Consideraciones que son aplicables a este caso. En consecuencia, dado que lo pretendido se trata de un conflicto de legalidad que debe ser planteado, valorado y resuelto por la jurisdicción ordinaria, lo que corresponde es rechazar de plano la acción, como en efecto se dispone.

II.- Nota de los magistrados Cruz, Castillo y Rueda, con redacción del segundo. Los suscritos magistrados, en otros asuntos donde se ha alegado la existencia de una antinomia entre una norma reglamentaria y una Ley, hemos salvado el voto, dado que, desde nuestro punto de vista, cuando hay una evidencia manifiesta, que salta a la vista, que la norma reglamentaria excede, suprime o contradice el texto de la Ley; no cabe duda que, de forma grosera, se vulnera el principio de fuerza, autoridad o eficacia de la Ley; principio que tiene cobertura constitucional y que debe ser tutelado por este Tribunal. No obstante, en este caso concreto no salvamos el voto, toda vez que la contradicción que el accionante plantea es entre el Decreto Ejecutivo n° 30131-MINAE-S y el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, es decir, entre disposiciones infra legales, por lo que compartimos la postura de este Tribunal en cuanto a que es un tema de legalidad cuya discusión no corresponde a esta jurisdicción.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se rechaza de plano esta acción. Los magistrados Cruz, Castillo y Rueda ponen nota.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *IU28BMUKZIA61*

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