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Res. 14375-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 31/07/2020
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the habeas corpus petition, finding that the apprehension of the person concerned was constitutional, both to verify his migratory status and to protect the safety of the officers during the inspection, though with a partial dissenting opinion on the proportionality of the detention time.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de habeas corpus al concluir que la aprehensión del amparado fue constitucional, tanto para verificar su condición migratoria como para resguardar la integridad de los funcionarios durante la inspección, aunque con voto salvado parcial sobre la proporcionalidad del tiempo de detención.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed a habeas corpus petition filed on behalf of several foreigners at a hotel in Golfito, claiming that officers from the Public Force, the Municipality of Golfito, and SINAC entered the property without authorization and illegally detained one of them, who was handcuffed, treated as a criminal, and taken to supposedly regularize his migratory status, even though he showed documents proving his legal stay. The Chamber analyzed the difference between detention and apprehension under Article 37 of the Constitution and the Criminal Procedure Code, noting that apprehending a person solely for a contravention is not permissible, though temporary restriction of freedom to identify the person is allowed. In the specific case, the apprehension was justified to verify migratory status under Article 31 of the General Migration and Aliens Act, and also to ensure the physical integrity of the officers given the aggressive behavior of the person concerned. The petition was denied, with a partial dissenting opinion by Judge Hernández López, who considered that the duration of the apprehension was disproportionate, since the police could have verified the migratory extension immediately without keeping him deprived of liberty for an hour.La Sala Constitucional conoció un recurso de hábeas corpus presentado por varios extranjeros que se encontraban en un hotel en Golfito, alegando que funcionarios de la Fuerza Pública, la Municipalidad de Golfito y el SINAC ingresaron sin autorización a la propiedad y detuvieron ilegalmente a uno de ellos, quien fue esposado, tratado como delincuente y trasladado para supuestamente arreglar su situación migratoria, pese a que les mostró documentos que acreditaban su estancia legal. La Sala analizó la diferencia entre detención y aprehensión según el artículo 37 constitucional y el Código Procesal Penal, señalando que no es procedente aprehender a una persona solo por una contravención, aunque sí se puede limitar temporalmente su libertad para identificarla. En el caso concreto, la aprehensión fue justificada para verificar la condición migratoria bajo el artículo 31 de la Ley General de Migración y Extranjería, y además para garantizar la integridad física de los funcionarios ante la conducta agresiva del amparado. Se declaró sin lugar el recurso, con voto salvado parcial de la magistrada Hernández López, quien consideró que el plazo de la aprehensión fue desproporcionado, pues la policía pudo verificar la prórroga migratoria de forma inmediata sin necesidad de mantener privado de libertad al amparado por una hora.
Key excerptExtracto clave
As can be seen from the above article, the police initially had a reasonable basis to suspect that the person concerned was in an irregular migratory status in the country, given the supposed expiration of the tourist visa (after 90 days). Based on the foregoing, and in accordance with Article 31 of the General Migration and Aliens Act, the police proceeded to apprehend the person concerned to verify his migratory status (through the respective coordination with the Immigration Police), and it was confirmed, within less than the 24 hours established by the article in question, that persons who entered the country after December 1, 2019, were granted an extension of their stay until August 14, 2020; therefore, the person concerned was released one hour after his apprehension. In conclusion, the constitutional conformity of the apprehension suffered by the person concerned is verified, based on the need to: 1. Ensure the physical integrity of the persons participating in the inspection. 2. To verify the migratory status of the person concerned. For the foregoing reasons, the petition is denied.Como se observa del artículo anterior, la policía contaba inicialmente, con un elemento de convicción razonable, para sospechar que el amparado se encontraba con estatus migratorio irregular en el país, ante el supuesto vencimiento de la visa de turismo del tutelado (por el paso de los 90 días). Partiendo de lo anterior, y de conformidad con el artículo 31 de la Ley General de Migración y Extranjería, la policía procedió a realizar la aprehensión del amparado, para efectos de verificar su condición migratoria (a través de la coordinación respectiva con la Policía de Migración), siendo que, en un plazo inferior a las 24 horas que establece el artículo en comentario, se acreditó, que, las personas que ingresaron al país después del 01 de diciembre de 2019, se les extendió el permiso de permanencia en el país hasta el 14 de agosto de 2020, por lo anterior, se dejó en libertad al amparado, una hora después de su aprehensión. En conclusión, se verifica la conformidad constitucional de la aprehensión que sufrió el amparado, a partir de la necesidad de: 1. Garantizar la integridad física de las personas que estaban participando de la Inspección. 2. Para efectos de verificar la condición migratoria del amparado. Por las anteriores razones, se declara sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"En síntesis, de la lectura de los anteriores artículos, se puede extraer que la aprehensión la puede realizar cualquier persona –sin necesidad de ostentar autoridad pública alguna-, por cuanto los escenarios que permiten la privación de libertad temporal de una persona, se limitan a hechos en curso, cuyos efectos se deben de detener lo más pronto posible, por el interés general y particular que existe de por medio."
"In summary, from the reading of the foregoing articles, it can be concluded that apprehension may be carried out by any person—without needing to hold public authority—since the scenarios that allow the temporary deprivation of liberty of a person are limited to ongoing events, whose effects must be stopped as soon as possible, due to the general and particular interest at stake."
Considerando III
"En síntesis, de la lectura de los anteriores artículos, se puede extraer que la aprehensión la puede realizar cualquier persona –sin necesidad de ostentar autoridad pública alguna-, por cuanto los escenarios que permiten la privación de libertad temporal de una persona, se limitan a hechos en curso, cuyos efectos se deben de detener lo más pronto posible, por el interés general y particular que existe de por medio."
Considerando III
"Pese, a que, el artículo 235 del Código Procesal Penal establece, la posibilidad de aprehender a una persona ante la comisión -en Flagrancia- de una contravención, lo cierto del caso es, que dicha facultad no se encuentra reconocida en la Constitución Política."
"Although Article 235 of the Criminal Procedure Code establishes the possibility of apprehending a person for committing a contravention in flagrante delicto, the fact is that such power is not recognized in the Political Constitution."
Considerando III
"Pese, a que, el artículo 235 del Código Procesal Penal establece, la posibilidad de aprehender a una persona ante la comisión -en Flagrancia- de una contravención, lo cierto del caso es, que dicha facultad no se encuentra reconocida en la Constitución Política."
Considerando III
"Esta Sala considera, que es posible, ante la supuesta comisión de una contravención por la negativa de identificarse, de manera temporal, y por el tiempo estrictamente necesario y razonable, que los oficiales de Fuerza Pública, procedan a limitar la libertad de tránsito de una persona, para finalmente identificarla, no solo con el fin de cotejar si la persona no cuenta con pendientes o con problemas de estatus migratorio, sino, para proceder con los datos que son necesarios para confeccionar el parte policial."
"This Chamber considers that, in the event of a suspected contravention due to refusal to identify oneself, the Public Force officers may, temporarily and for the strictly necessary and reasonable time, restrict a person's freedom of movement to ultimately identify them, not only to check whether the person has any pending matters or migratory status issues, but also to proceed with the data necessary to prepare the police report."
Considerando IV
"Esta Sala considera, que es posible, ante la supuesta comisión de una contravención por la negativa de identificarse, de manera temporal, y por el tiempo estrictamente necesario y razonable, que los oficiales de Fuerza Pública, procedan a limitar la libertad de tránsito de una persona, para finalmente identificarla, no solo con el fin de cotejar si la persona no cuenta con pendientes o con problemas de estatus migratorio, sino, para proceder con los datos que son necesarios para confeccionar el parte policial."
Considerando IV
"En conclusión, se verifica la conformidad constitucional de la aprehensión que sufrió el amparado, a partir de la necesidad de: 1. Garantizar la integridad física de las personas que estaban participando de la Inspección. 2. Para efectos de verificar la condición migratoria del amparado."
"In conclusion, the constitutional conformity of the apprehension suffered by the person concerned is verified, based on the need to: 1. Ensure the physical integrity of the persons participating in the inspection. 2. To verify the migratory status of the person concerned."
Considerando V
"En conclusión, se verifica la conformidad constitucional de la aprehensión que sufrió el amparado, a partir de la necesidad de: 1. Garantizar la integridad física de las personas que estaban participando de la Inspección. 2. Para efectos de verificar la condición migratoria del amparado."
Considerando V
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: July 31, 2020 at 09:20 Case File: 20-012566-0007-CO Type of matter: Habeas corpus petition Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Related Judgments Judgment with protected data, in accordance with current regulations *200125660007CO* Res. No. 2020014375 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirty-first of July of two thousand twenty.
Habeas corpus petition processed in case file No. 20-012566-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of [Name 002], residence card [Value 002], [Name 003], passport [Value 003], [Name 004], passport [Value 004], and [Name 005], passport [Value 005], against the MINISTRY OF PUBLIC SECURITY and the MUNICIPALITY OF GOLFITO and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY.
Whereas: 1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber on July 14, 2020, the petitioner files a habeas corpus petition on behalf of [Name 002], [Name 003], [Name 004]ČÍK, and [Name 005], against the MINISTRY OF PUBLIC SECURITY and the MUNICIPALITY OF GOLFITO and the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, and states the following: that on the 2nd of July last, in the morning hours, the protected party [Name 004] čík, a Czech national, was at the Avatar Private Reserve hotel, located in Puerto Jiménez de Golfito, on the Osa Peninsula, property of his compatriot [Name 002], in the pool area with the young women [Name 003] and [Name 005], conversing peacefully. He indicates that at that moment, suddenly and unexpectedly, they were approached by a group of individuals dressed in military green uniforms and others dressed in civilian clothes. He adds that said armed commando, by making a display of the firearms they carried, produced an incident, which filled the aforementioned young women with fear, causing them to head to their rooms in search of refuge. Given the state of shock of Mr. [Name 004]čík, it was verified that the armed green commando were public officials of SINAC and the other individuals, apparently officials of the Municipality of Golfito (Luis Miguel Herrero, municipal architect, and José Luis Rivera Pineda, municipal inspector). The same, acting with full control of the situation, entered without authorization, not only the hotel, which [Name 002] had already advised the respondent municipality would be closed due to the COVID-19 pandemic, but also entered the dwelling of [Name 002]. After some time, the mentioned officials, knowing they had not performed an act in accordance with the law, proceeded in collusion with members of the local public force to carry out a migratory analysis of Mr. [Name 004] čík. He comments that despite the fact that the protected party [Name 004]čík objectively made the respondent officials aware of his legal and lawful status for his stay in Costa Rica until August 18th next, showing them the documents that supported his claim, the officials, in a prepotent manner and with abuse of authority, detained him by order of a legal advisor of the Public Force named David Torres, without this person being a migratory official. He adds that through threats and intimidation they informed him that he would be transferred to Paso Canoas in order to resolve his migratory situation. Likewise, he was handcuffed and treated like a criminal, placed in the cabin of a private vehicle and not an official vehicle, and transferred, apparently, to the Migration Police. He was subsequently released as there was nothing irregular, according to statements by the Public Force advisor David Torres. He considers that the facts described above violate the fundamental rights of his protected parties. He requests that the petition be granted, with the consequences under law. 2.- By resolution at 08:44 hours on July 15, 2020, this petition was admitted for processing. 3.- By written submission incorporated into the Legal System on July 20, 2020, Freiner Lara Blanco, Mayor of the Municipality of Golfito, reports under oath that through official letter No. MGDI-O-0144-2020 of July 9, 2020, issued by Arch. Luis Miguel Herrero Khnorr, Engineering Coordinator, the actions on behalf of the Municipality of Golfito officials are recorded, who at no time ordered the detention of the petitioner within the functions they exercised on behalf of the Municipality, nor is it part of the objective competencies established in the Municipal Code for Municipalities. He indicates that, as part of the background, on June 11, 2020, the municipal inspectors attempted to enter the property to verify if new constructions were indeed being carried out; however, they were denied access by the person who claimed to be the manager, Mr. [Name 004], who at that time behaved aggressively and rudely. He adds that, on that occasion, a telephone conversation was held with Lic. Ulloa, who is the legal advisor of the company, who committed to scheduling our visit; however, they showed no interest in collaborating. Given the foregoing, prior coordination was made with different authorities, and they were accompanied by: the Puerto Jiménez Public Force: Officers Elí Anchía Blanco, José Hernández González, and Oscar Bolandi; Ministry of Environment and Energy (MINAE): Rosalina Trejos Rodríguez and Oscar Guadamuz Marín. He adds that, at 08:45 hours on July 8, 2020, the municipal officials appeared at the mentioned site, finding the access gate closed, for which reason they requested permission to enter the property. But initially, via the intercom, an unidentified person told them that the manager was in the downtown Puerto Jiménez sector and that they had to wait; after about 30 minutes, Mr. [Name 004] appeared, to whom the officials identified themselves and explained the reason for their visit, and even so, he told them that without a court order they would not permit entry, for which reason a telephone conversation was held with Lic. Ulloa, who maintained the same position of preventing the municipal officials from entering. It is for this reason that the MINAE officials indicated to him that, given a possible environmental crime, they have the authority to enter the property. He indicates that, at 09:25 hours, the officials were allowed entry, highlighting that Mr. [Name 004]'s behavior was one of total lack of respect towards the municipal officials, addressing them offensively, which caused, due to presenting irregular migratory status, his detention by the Public Force Officers and transfer to the Puerto Jiménez Police Station. Finally, he indicates that, regarding the proper objective municipal competencies, to determine the existence of new works, the inspection carried out on April 5, 2019, is taken as a background, duly recorded in Official Letter No. MGIM-INT-058-2019, which was duly forwarded to the Municipal Council, as well as to the then Municipal Mayor, Lic. Elberth Barrantes Arrieta, where the works that do not have a construction permit, which violates Law No. 833 Construction Law (Ley de Construcciones), were indicated. He requests that the petition be dismissed. 4.- By written submission incorporated into the Legal System on July 20, 2020, Gilbert Pérez Arguedas, Chief of the Cantonal Delegation of Puerto Jiménez, reports under oath that the events occurred on July 8, 2020, in the Cañaza sector of Puerto Jiménez in front of the Avatar Lodge Hotel on a public road, and not on July 2, 2020, as the petitioner indicates. He indicates that the pool area is publicly accessible; they arrived at the place due to existing complaints received and in cooperation at the request of officials from the Municipality of Golfito and MINAE for environmental damage, and by demonstrating before the judicial authority with documentation the authority that assists them to enter these properties for both the municipality and MINAE. He adds that the officials were in the proper exercise of their functions, given the nature of the case, and due to the refusal by Mr. [Name 037] to permit the legal proceedings, and based on verbal grounds he had indicated on several occasions his refusal to collaborate, provoking with his negative attitude the action deployed by Mr. [Name 029], where he verbally attacked, shouting profane words in a violent manner, inciting and denigrating the good name of the public authority, which gives way, in a facultative and rational manner, for his apprehension (aprehensión), in order to investigate his migratory status in the territory, as well as for his proper identification for the preparation of the police report for these events, which even qualify as a contravention. He adds that the place where the events occurred is a public place, and due to his irregular migratory status, coupled with his violent behavior and the shouting of profane vocabulary and the prepotent manner in which he verbally addressed the public officials, the apprehension (aprehensión) was carried out for the purposes of investigation by the Migration and Foreigners Authority and the preparation of the corresponding reports. He indicates that he acknowledges the apprehension (aprehensión) of Mr. [Name 029], an apprehension (aprehensión) that was necessary to safeguard public order at the site and given the contraventional conduct of the protected party; as for the rest of the protected parties, [Name 037], [Name 003], and [Name 005], this authority did not carry out any intervention against them. He requests that the petition be dismissed. 5.- By written submission filed on July 21, 2020, the petitioner appears again to correct the facts and states the following: that on July 2, 2020, at 09:15 a.m., in the locality of Puerto Jiménez and outside the Avatar Private Reserve property, Mr. [Name 047] was arriving in the company of his girlfriend [Name 048] when they came face to face with a dozen armed men who were looking at them intimidatingly. He indicates that they were approached by several members of the armed group, who were dressed in blue public force uniforms, demanding that they open the first access gate to the place, which Mr. [Name 049], due to such an unexpected and illegitimate form of action, refused on the spot to comply with their abusive claims, since they never showed him documentary proof that might make him consider that he should yield to their demands. He adds that they asked him to show and hand over his identification documents, after which they proceeded with his detention because he was supposedly in Costa Rica illegally, despite having explained to them that there were orders from Ministry of Health authorities enabling the stay of foreigners until August 16, 2020. He adds that, once handcuffed, they continued demanding that he open the gate, and due to the situation he was in, he was forced to open it for them; subsequently, they chose to leave him detained and handcuffed in a private vehicle in which he was taken to the Golfito police delegation, a place where he was finally released and was never taken to migration in Paso Canoas as he was falsely told. 6.- By written submission incorporated into the Legal System on July 23, 2020, Laura Gabriela Rivera Quintanilla, interim Regional Director of the Osa Conservation Area (Área de Conservación Osa, ACOSA) of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), reports under oath that it is not true that an action was carried out on July 2, 2020, at least not by officials of the Osa Conservation Area; however, on July 7, 2020, a request was made to them by Urban Control Procedures via the email [email protected] and by instructions of Mayor Lic. Freiner William Lara, requesting collaboration to carry out an inspection, an inter-institutional operation type, with indications that it was required promptly, likewise indicating that the places to visit would be indicated in a planning meeting before the operation. She indicates that on July 8, 2020, officials Rosaline Trejos Rodríguez and Óscar Guadamuz Marín met with officials of the Municipality of Golfito, being José Luis Rivera, Michael González del Río, Luis Miguel Herrero, and Alexander Alvarado Alpizar, who explained the objective of the work to them, being the inspection of the Avatar Eco Lodge and Preciosa Lodge hotels, due to a complaint of alleged irregularities in construction permits. In addition to this, following their instructions, they would be responsible for carrying out preliminary assessments on possible non-compliance with Environmental regulations, according to official letter SINAC-ACOSA-RFGD-CORQ-041-2020. After the meeting, instructions were received from Forest Engineer Juan José Jiménez Espinoza, who serves as their immediate superior, who reported in official letter SINAC-ACOSA-DAP-RFGD-228-2020 that, at the request of the Municipality of Golfito, instructions were given to officers Rosaline Trejos Rodríguez and Óscar Guadamuz Marín to appear at the Puerto Jiménez office to participate by providing support in two inspections that the Municipality had to carry out. She adds that the petitioner is not correct when he states that Mr. [Name 047] "at that moment, suddenly and unexpectedly, they were approached by a group of individuals dressed in military green uniforms and others dressed in civilian clothes," this because according to official letter SINAC-ACOSA-RFGDCORQ-041-2020, prepared by Rosaline Trejos Rodríguez and Óscar Guadamuz Marín, both Civil Service 2 officers, they state that Mr. Sevcik, on July 8, 2020, was outside the Avatar Hotel, because one of the Municipality officials requested via intercom that they open the doors to enter and conduct the inspection at the site, to which another person indicated that the person responsible was about to arrive, and they waited at the site until 9 a.m. when the person responsible arrived to attend to them, being a male named [Name 004] Sevcik, of Czech nationality and with passport number [Value 004], who presented himself as the administrator of the Avatar Eco Lodge hotel. She adds that the Public Force officers asked him to cooperate by opening the gate to carry out the corresponding inspections by the Municipality and SINAC to determine possible environmental crimes; however, Mr. [Name 004] refused to cooperate and used offensive words and accusations that the officials were corrupt. She indicates that they had no participation whatsoever in the detention of Mr. [Name 004] Sevcik due to the alleged situation of his migratory irregularity, since this is not the competence of SINAC, which contradicts what was asserted by the petitioner. Finally, she indicates that Mr. [Name 004] Sevcik, when apprehended, agreed to open the gate and cooperate in carrying out the inspection according to the instructions given by his superior, Engineer Jiménez Espinoza. Officials Rosaline and Carlos did not verify the existence of any logging or environmental damage; they accompanied Engineer Herrero from the Municipality to inspect an existing water intake (toma de agua) on the site, which was found in the middle of a palm grove 7 meters from the bed of a stream (quebrada); the necessary information was collected and the tour continued, this being the only matter of interest to SINAC. She requests that the petition be dismissed. 7.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Magistrate Hernández López; and, Considering: I.- Purpose of the petition.- The petitioner states that on the 2nd of July last, in the morning hours, the protected parties were in the pool area at the Avatar Private Reserve hotel. In that sense, he explains that, suddenly and unexpectedly, they were approached by a group of individuals dressed in military green uniforms and others dressed in civilian clothes, who entered the hotel and the dwelling of the protected party Jiří Vokáč Čmolík without authorization. He adds that the public force officials proceeded to carry out a migratory analysis of Mr. [Name 004] čík, despite the fact that he explained to them his right to stay in Costa Rica until August 18th next; they detained him and informed him that he would be transferred to Paso Canoas in order to resolve his migratory situation, for which he was handcuffed and treated like a criminal, and later released as there was nothing irregular. Actions that violate the fundamental rights of the protected parties. II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven: On June 11, 2020, municipal inspectors from the Municipality of Golfito appeared at the Avatar Eco Lodge hotel to verify if new constructions were being carried out; however, Mr. [Name 004]čík did not allow them entry. (see report rendered under oath and evidence provided); On July 8, 2020, at 08:45 hours, officials Luis Miguel Herrero Knohr and Michael González del Río from the Municipality of Golfito, officers Elí Anchía Blanco, José Hernández González, and Oscar Bolandi from the Puerto Jiménez Public Force, and officials Rosalina Trejos Rodríguez and Oscar Guadamuz Marín from the Ministry of Environment and Energy, appeared at the Avatar Eco Lodge hotel due to a complaint of alleged irregularities in construction and environmental permits. Upon arrival, they saw the gate closed, so they requested permission to enter the property via the intercom, where a person told them that the manager was in the downtown Puerto Jiménez sector and that they had to wait. (see reports rendered under oath and evidence provided); On July 8, 2020, at 09:11 hours, Mr. [Name 004]čík arrived, presenting himself as the administrator of the Avatar Eco Lodge hotel, and they asked him to open the gate to carry out the corresponding inspections by the Municipality and SINAC officials to determine possible environmental crimes; however, he refused to cooperate and used offensive words (sons of bitches; good-for-nothings; thieves) and accusations that the officials were corrupt. (see report rendered under oath and evidence provided); The Public Force officials requested identification from Mr. [Name 004]čík, who provided his passport number [Value 004]; upon review, it has an entry date to the country of February 10, 2020, for a period of 90 days, so, due to presenting an allegedly irregular migratory status and his supposed disrespectful behavior towards the officials, he was apprehended for the contravention of article 392, subsections 7 and 8, and to consult the National Directorate of Migration and Foreigners about his migratory status. (see reports rendered under oath and evidence provided); Mr. [Name 004]čík, after being apprehended, permitted the officials to enter the Avatar Eco Lodge hotel. Once the inspection was completed, the SINAC officials did not verify the existence of any logging or environmental damage, but when accompanying the officials of the Municipality of Golfito, an existing water intake (toma de agua) was found on the site, in the middle of a palm grove 7 meters from the bed of a stream (quebrada). (see report rendered under oath and evidence provided); Once the investigation was concluded, the Public Force officers transferred the protected party to the Public Force Delegation, where upon consulting with the migration police, they were told that persons who entered the country after December 1, 2019, were granted an extension of their permit to remain in the country until August 14, 2020; therefore, at 10:25 hours on the very day of the apprehension (aprehensión), Mr. [Name 004]čík was released. (see report rendered under oath and evidence provided); Through official letter MGIM-INT-096-2020, dated July 9, 2020, signed by Luis Miguel Herrero Knohr and Michael González del Rio, officials of the Municipality of Golfito, they indicated that on June 7, 2019, several constructions without a permit were found on Mr. [Name 037]'s property; however, on July 3, 2020, the construction plans were submitted to regularize the previously closed works. Therefore, upon conducting the visit to the Avatar Eco Lodge hotel on July 8, 2020, the completed works were found, and other new works were also found. (see report rendered under oath and evidence provided); The respondent authorities did not carry out any intervention against the protected parties [Name 037], [Name 003], and [Name 005]. (see reports rendered under oath). III.- Preliminary considerations. – In his claim, the protected party accuses that he was illegally deprived of his liberty. To resolve this matter, it is necessary to revisit what was stated by this Chamber, through judgment 2020011709, which indicates the following: "III.- On Apprehension (Aprehensión), Detention, and the guarantees in favor of the person who has been temporarily deprived of liberty. - Article 37 of the Constitution develops the two forms of temporary deprivation of liberty, with which a person can be brought before the competent authority for their respective processing, that is, detention and apprehension (aprehensión). Both figures regulate different powers, arising from the special scenarios on which they take effect. In the case of detention, its execution can only be ordered by the Public Ministry, and in the case of apprehension (aprehensión), it can be carried out by any person, without the need for a prior court order, in cases of an ongoing crime. Regarding the scope of detention, Article 237 of the Code of Criminal Procedure establishes the following:
ARTICLE 237.-Detention The Public Ministry may order that a person be detained, when:
Detention may not exceed twenty-four hours. If the Public Ministry considers that the person must remain detained for a longer time, it shall immediately place them at the disposal of the court of the preparatory procedure and request that it order pretrial detention or apply any other substitute measure. Otherwise, it shall order their release.
From the reading of the previous article, it can be extracted that, in relation to detention, it can only be ordered by the Public Ministry and executed by police forces, in accordance with the Functional Direction that the Prosecutor's Office exercises over the Judicial Police. In the case of the functions of the Judicial Investigation Agency, Article 1 of the Organic Law of the Judicial Investigation Agency establishes that our judicial police is an agency dependent on the Supreme Court of Justice and is "auxiliary to the criminal courts and the Public Ministry in the discovery and scientific verification of crimes and their presumed perpetrators. It shall also be a consulting body for the other courts of the country." For its part, Article 3 of the Organic Law of the Judicial Investigation Agency establishes that its main function lies in that "on its own initiative, by complaint, or by order of competent authority, it shall proceed to investigate crimes of public action, to prevent the committed acts from being carried to further consequences, to identify and preventively apprehend (aprehender) the presumed culprits, and to gather, secure, and scientifically order the evidence and other necessary background for the investigation." Note that none of the previous articles grants the judicial police the power to order the detention of a person to be presented deprived of liberty before the administration of justice; quite the contrary, especially Article 3 of the Organic Law of the Judicial Investigation Agency, reinforces the fact that the judicial police can execute an apprehension (aprehensión) –as will be developed later in this considering–, and in the case of detentions, its role is limited to the material execution of these, prior to the Functional Direction issued by the Public Ministry, which holds the legal monopoly to order it. The foregoing is because the criteria developed in Article 237 of the Code of Criminal Procedure establish limitations on the discretionary decision that the Public Ministry has when choosing the way in which it will present a person for any judicial proceeding, whether free (use of the summons) or deprived of this (use of detention), in accordance with Articles 1, 9, 11, 22, 37, and 39 of the Constitution; since the potential injury to one of the fundamental rights par excellence, which is liberty, is at stake.
In another line of thought, Article 37 of the Constitution and Articles 235 and 236 of the Code of Criminal Procedure establish the scope of apprehension (aprehensión), as follows:
ARTICLE 235.- Apprehension (Aprehensión) of persons Police authorities may apprehend (aprehender) any person, even without a court order, when:
Likewise, in case of flagrancy, any person may carry out the apprehension (aprehensión) and prevent the act from producing consequences. The apprehended person shall be handed over immediately to the nearest authority. The police authority that has apprehended (aprehendido) a person must place them promptly at the disposal of the Public Ministry, so that it, if it deems necessary, may request pretrial detention from the judge. The request must be made after carrying out the indispensable proceedings and, in any case, within twenty-four hours from the capture. If it is a crime requiring private complaint, whoever can file the complaint shall be informed immediately, and if they do not file the complaint in the same act, the apprehended person shall be released.
ARTICLE 236.- Flagrancy. There shall be flagrancy when the perpetrator of the punishable act is caught in the act of committing it, or immediately after, or while being pursued, or when they have objects or present traces that strongly presume they have just participated in a crime.
From the reading of the previous articles, it can be extracted that apprehension (aprehensión) can be carried out by any person –without the need to hold any public authority–, because the scenarios that allow the temporary deprivation of liberty of a person are limited to ongoing events, whose effects must be stopped as soon as possible, due to the general and particular interest at stake. In cases of apprehension (aprehensión), we are faced with ongoing crimes, or with persons escaping from the police or penal centers, for which, due to the immediacy of the events that occurred, it is not possible to previously resort to the issuance of a court order to detain the apprehended person. The reasonableness and legitimization of a temporary privative figure of liberty, as occurs with the case of apprehension (aprehensión), lies in the close relationship that exists between the immediacy of the events that allow its execution and the general interest of preventing any criminal act from taking effect against persons and society in general. For the above reasons, the constituent framers, in Article 37 of the Political Constitution, excluded the scenarios related to apprehension (aprehensión) from the prior need for a judge's mandate.
On this matter, Article 37 of the Political Constitution provides that no one may be detained without a verified indication of having committed a crime and without a written mandate from a judge or authority in charge of public order, except in the case of an escaped prisoner or a criminal in flagrante delicto; but in all cases must be placed at the disposal of a competent judge within the peremptory term of twenty-four hours.
These constitutional precepts that guarantee individual freedoms have been extensively developed by this Constitutional Chamber, which has established a clear jurisprudential line on the matter, and specifically in judgment 1993-20843 of 15:45 hrs. on May 18, 1993, which in turn is cited in judgment 2004-06738 of fourteen hours and forty minutes on June twenty-third, two thousand four, regarding the case under analysis, has indicated the following:
"… III.- With respect to provisional detention carried out by the administrative police in similar cases, this Chamber has multiple pronouncements, in which, generally, the following has been determined: "Although the Chamber will not judge the merit of the accusation that the officers were insulted by the appellant and her companions, an action typified in article 392 subsection 8 of the Penal Code, this Court does have jurisdiction to resolve the detention of the appellant for not carrying an identification document. In accordance with article 95 of the Organic Law of the Supreme Electoral Tribunal, every citizen is obligated to carry their identity card; this gives the police authorities the right to request identification from any person, but only to the extent that there is sufficient cause for doing so, based on current legislation. II.-The Chamber has expressed on repeated occasions that, based on the pro libertatis principle enunciated in article 37 of the Political Constitution, a person's freedom cannot be restricted without a verified indication of having committed a crime, in which they had culpable participation, and in the instant case, Mrs. (...) was transiting through San José, accompanied by two other people, without, in the judgment of this Chamber, this being able to be considered suspicious behavior or an indication of having committed a crime, especially since, as has been indicated on other occasions, the cited article 37 of the Constitution must be interpreted restrictively as referring to 'crimes,' thus excluding contraventions. Persons accused of committing a contravention must be summoned before the respective Mayor's Court and, in extreme cases, may be transferred to it immediately but without being detained at any time…" Despite the fact that article 235 of the Criminal Procedure Code establishes the possibility of apprehending a person upon the commission – in Flagrancy – of a contravention, the truth of the matter is that this power is not recognized in the Political Constitution, as previously indicated. The guarantees established by constitutional article 37 are the classic example of what North American constitutional doctrine calls backward-looking constitutional precepts. This type of precept contains clauses or restrictions on state punitive power that do not allow it to act freely, with the aim of preventing abuses of state power from occurring again, which would end up generating consequences on the fundamental rights of individuals. As a particular characteristic of this type of precept, we have the fact that they cannot lose their content in the face of the approval of ordinary laws, since their original construction, by the constituent power, was undertaken based on a prior historical reality that is intended not to recur in the future.
The spirit of these constitutional precepts is to completely prevent any disproportionate action by state agents, and the default ineffectiveness of illegitimate actions; for the foregoing reason, this type of precept does not intend that the State must correct its action after the verification of its illegal actions, but rather, to provide – through the threat – the default ineffectiveness of illegitimate state actions. It is not possible to achieve the general welfare when state arbitrariness is permitted; for this reason, constitutional precepts that impose limits on punitive power must be interpreted under a strictly literal logic, without being able to be weakened through evolutionist interpretation methods, much less extensive ones, since they were designed to defend the constitutional rights of individuals, even against attacks from new generations or from current democratic majorities that seek to render the norm devoid of content, without complying with the constitutional reform process imposed by our Political Constitution.
For the reasons above, the design and approval of ordinary laws that relate to constitutional guarantees, which serve as controls on state punitive power, must not allow the inclusion of exclusion clauses that permit a state action to escape the control of the constitutional precept.
In the case of the Criminal Procedure Code, note that Apprehension in Flagrancy (236), and the figure of Detention (237), are in accordance with Constitutional Article 37, because they exclude the possibility of depriving a person who has committed a contravention of their freedom. The issue of the exclusion of contraventions, regarding the power of police forces to deprive a person of their freedom, is not capricious but rather obeys matters of proportionality, since it is absolutely disproportionate for a person to be deprived of their freedom for a minor offense (falta) that does not carry a custodial sentence.
In the same sense, both figures – detention and apprehension – have a common guarantee, which consists of the immediate disposition before the competent authority of the person deprived of freedom. Note that both the Constitution and articles 235 and 237 of the Criminal Procedure Code establish, in favor of the apprehended person, the guarantee of being promptly placed at the disposal of the competent authority, that is, the authority that will be responsible for their deprivation of freedom. In the same sense, article 82 of the Criminal Procedure Code establishes the following rights for the accused person:
ARTICLE 82.- Rights of the accused. The judicial police, the Public Prosecutor's Office, and the judges, as applicable, shall inform the accused, immediately and comprehensibly, that they have the following rights:
[…]
The foregoing guarantee operates for the following purposes: 1. To guarantee that the detained or apprehended person is subjected to the respective procedure and thus avoid deprivations of freedom for purposes of torture, forced disappearances, mere punishment, illegal, arbitrary, or criminal acts. 2. In the absence of a prior judicial order, for the purpose of guaranteeing the integrity of the person deprived of freedom and the rest of their fundamental rights, through the publicity of the competent authority that has the apprehended person under its charge. 3. In the absence of a prior judicial order, for the purpose of exercising control over the duties that the competent authority having the person deprived of freedom under its charge must execute. The foregoing premises even entail a close relationship with the original protection of the writ of habeas corpus, in the sense of demanding – from the state authority – that it “exhibit” the person it has deprived of freedom under its charge. Note that due to the special circumstances of the case, the foregoing guarantees are within reach both of the person deprived of freedom and of family members, legal representatives, defenders, or persons interested in the person deprived of freedom, since the latter, finding themselves at liberty, are in better conditions to guarantee due process in favor of the person deprived of freedom.
IV. – Differences between Apprehension and the obligation to identify oneself before police forces. – As indicated in the previous Whereas Clause, Constitutional Article 37 develops the two forms of temporary deprivation of freedom by which a person can be presented before the competent authority for their respective processing, that is, detention and apprehension. In the case of Apprehension, article 37 of the Constitution and articles 235 and 236 of the Criminal Procedure Code establish the scope of apprehension, as follows:
ARTICLE 235.- Apprehension of persons. Police authorities may apprehend any person, even without a judicial order, when:
Likewise, in case of flagrancy, any person may make the apprehension and prevent the act from producing consequences. The apprehended person shall be delivered immediately to the nearest authority. The police authority that has apprehended a person must promptly place them at the order of the Public Prosecutor's Office, so that the latter, if it deems it necessary, may request pretrial detention from the judge. The request must be made after carrying out the indispensable procedures and, in any case, within twenty-four hours from the capture. If it concerns a crime requiring a private complaint, whoever may file it shall be informed immediately, and if they do not file the complaint in the same act, the apprehended person shall be released.
ARTICLE 236.- Flagrancy. Flagrancy shall occur when the perpetrator of the punishable act is caught in the act of committing it or immediately thereafter, or while being pursued, or when they have objects or show traces that make it vehemently presumed they have just participated in a crime.
Despite the fact that article 235 of the Criminal Procedure Code establishes the possibility of apprehending a person upon the commission – in Flagrancy – of a contravention, the truth of the matter is that this power is not recognized in the Political Constitution, as previously indicated. In the case of the Criminal Procedure Code, note that Apprehension in Flagrancy (236), and the figure of Detention (237), are in accordance with Constitutional Article 37, because they exclude the possibility of depriving a person who has committed a contravention of their freedom. The issue of the exclusion of contraventions, regarding the power of police forces to deprive a person of their freedom, is not capricious but rather obeys matters of proportionality, since it is absolutely disproportionate for a person to be deprived of their freedom for a minor offense (falta) that does not carry a custodial sentence.
In summary, from reading the previous articles, it can be extracted that apprehension can be carried out by any person – without the need to hold any public authority – because the scenarios that permit the temporary deprivation of freedom of a person are limited to ongoing acts, whose effects must be stopped as quickly as possible, due to the general and particular interest at stake. In cases of apprehension, we find ourselves before ongoing crimes, or before people escaping from the police or penal centers, for which, due to the immediacy of the events that have occurred, it is not possible to previously resort to the issuance of a judicial order to detain the apprehended person. The reasonableness and legitimacy of a temporary deprivation of freedom figure, as occurs with the case of apprehension, lies in the close relationship that exists between the immediacy of the events that permit its execution and the general interest in preventing any criminal act from having effects against individuals and society in general. For the foregoing reasons, the constituent power in article 37 of the Political Constitution excluded the scenarios related to apprehension from the prior need for a judge's mandate.
On the other hand, this Chamber, in judgment 2019015489, established regarding the duty to identify oneself before police forces and the actions that the police can carry out to identify a person, the following:
“V.- Regarding the identification carried out on the protected party. - From the analysis of the evidence provided in the file, it is ruled out that the approach and subsequent identification carried out against the protected party was illegal. In the specific case, the Public Force officers proceeded in accordance with their competencies established in articles 12 and 140 of the Political Constitution, which establish that surveillance and conservation of public order are part of the obligations of the country's police forces. Regarding the reasonableness of the intervention, this is accredited based on what was reported under oath by the respondent authorities, who indicate that the protected party was approached during a preventive patrol for investigation purposes, at which time the petitioner did not collaborate with the procedure for his identification (see subsection 6 of article 396 of the Penal Code, regarding refusal to identify oneself), which led to the respondent officers proceeding to a subsequent search of the protected party for security reasons, apparently finding three doses of marijuana. For the specific case, it is necessary to remember that every person in the country has the duty to identify themselves when requested by a police authority (see subsection 6 of article 396 of the Penal Code, regarding refusal to identify oneself); therefore, in principle, the conduct of the country's police forces, when identifying a specific person during preventive patrols, is in accordance with the Constitution; however, the foregoing does not imply that, based on this power, the police forces convert their obligation to ensure citizen security into an instrument of arbitrary and unjustified harassment against persons or against a specific person (as can happen with the case of a systematic and sustained approach to a person, with the excuse of identifying them, but with the aim of harassing them and exposing them to third parties).” (underlining is not from the original) This Chamber considers that it is possible, in the face of the alleged commission of a contravention for refusal to identify oneself, to temporarily, and for the strictly necessary and reasonable time, limit the freedom of movement of a person—in order to finally identify them—by Public Force officers, not only for the purpose of checking whether the person has pending matters or problems with immigration status, but to proceed with the data necessary to prepare the police report (parte policial) required to initiate the contraventional process before the corresponding Court. But beyond the foregoing, there is no constitutional authorization to apprehend a person and keep them deprived of freedom in a disproportionate manner." IV. - From the analysis of the previous precedent, it is extracted:
Police forces cannot apprehend a person for the commission of a contravention, because the Political Constitution does not allow it.
Police forces, for the strictly necessary and reasonable time, may limit the freedom of movement of a person to identify them, for the purpose of checking whether the person has pending judicial matters or problems with immigration status. But beyond the foregoing, there is no constitutional authorization to keep the person deprived of freedom in a disproportionate manner. In the event of an existing judicial order warranting the deprivation of freedom of the person, their detention shall proceed, followed by bringing them to the knowledge of the competent authority, in accordance with the rules of article 37 of the Political Constitution and the Criminal Procedure Code. In the event of suspecting or verifying the irregular immigration status of the person, action shall be taken in accordance with the provisions of article 31 of the General Law on Migration and Foreign Nationals.
In the face of the alleged commission of a contravention, temporarily, and for the strictly necessary and reasonable time, police forces may limit the freedom of movement of a person to identify them, in order to proceed with the data necessary to prepare the police report required to initiate the contraventional process before the corresponding Court. But beyond the foregoing, there is no constitutional authorization to apprehend a person and keep them deprived of freedom in a disproportionate manner.
V.- Regarding the specific case. – The petitioner accuses that he was illegally deprived of his freedom. Now, from the analysis of the reports and the evidence provided, it is found that the respondent officials appeared at the Hotel, which the protected party apparently manages, to conduct an inspection thereof, following complaints about constructions allegedly being carried out without the respective permits, such that the Environment was eventually being endangered. On this point, it is ruled out that the respondents acted as a criminal structure for the purpose of kidnapping the petitioner, as the appellant accuses. It is clear that the tasks carried out by the municipal officials, SINAC, and the Public Force are inherent to their competencies.
Furthermore, the respondents agree on the fact that they did not enter the hotel in question without permission, since they proceeded to wait for the petitioner to appear at the site, just as they had agreed with the person who initially attended to them on the day of the events. It is at the moment when the petitioner appears, and the latter aggressively utters insults against the police forces and the officials present, that his arrest proceeds, for a contravention and due to the aggressiveness he showed against the officials present. After his arrest, the petitioner granted permission for the entry of the municipal officials and SINAC. It is striking that the appellant indicated in his filing brief that the entry of the respondents was by surprise, without prior notice or any authorization, describing a scenario equivalent to a military intervention, to subsequently indicate, in a brief expanding arguments, that it was the petitioner who authorized the entry of the respondents, but because he had no other option upon finding himself handcuffed. While it is understandable that a person's will – to authorize the entry of police forces onto their property – can be affected by the fact of being intimidated by the weapons carried by the police, or by the fact of being deprived of freedom, without disregarding that it would be openly unconstitutional for state agents to use intimidation or arbitrary arrests to achieve authorization to enter a property, the truth of the matter is that, in the present matter, it is held as proven that the municipal and SINAC authorities tried on previous occasions to agree on a date for the inspection, to which the petitioner aggressively refused; moreover, it also cannot be ignored that on the day of the events, the officials appeared outside the hotel, where they reported the objective of their presence, and did not proceed to enter until awaiting the arrival of the petitioner, and finally, his arrest was due to his aggressive conduct against the public officials, so it is ruled out that the consent granted was obtained through threat, coercion, and intimidation.
Now, as previously indicated, in the face of the alleged commission of a contravention, temporarily, and for the strictly necessary and reasonable time, police forces may limit the freedom of movement of a person to identify them, in order to proceed with the data necessary to prepare the police report required to initiate the contraventional process before the corresponding Court. But beyond the foregoing, there is no constitutional authorization to apprehend a person and keep them deprived of freedom in a disproportionate manner. Under the foregoing interpretation, the apprehension of the petitioner solely under said assumption, as the respondents argued, was not appropriate.
However, the deprivation of freedom suffered by the petitioner has constitutional and legal support beyond the commission of the contravention, which is why the appeal must be dismissed for the reasons set forth below. To begin, all respondents are clear on the fact that the petitioner received them with aggressive conduct, so his restraint, even using handcuffs, was necessary to guarantee the integrity of the officials who were about to conduct the environmental inspection. Now, in the present matter, it must be added that the deprivation of freedom suffered by the petitioner was also sustained under the suspicion of his irregular immigration status. On this subject, the General Law on Migration and Foreign Nationals establishes the following:
"ARTICLE 31.- Foreign persons shall enjoy the individual and social rights and guarantees recognized for Costa Rican persons in the Political Constitution, except for the limitations it establishes. The norms relating to the fundamental rights of foreign persons shall be interpreted in accordance with human rights conventions and ratified international treaties and agreements that are in force and, specifically, as follows: 1) Every foreign person shall have the right of access to justice, respect for due process guarantees, the right to defense, and the right to petition and response. 2) Foreign persons who have authorization to remain in the country may circulate freely throughout the national territory for the time defined by the authorization. 3) Foreign persons shall be subject to the requirements established in this Law, its Regulations, and other applicable legal norms, for entering the country, remaining in it, or leaving it. 4) Foreign persons may be compelled to leave the country when they are subject to administrative sanctions, according to the provisions of this Law or when so ordered by the judicial authority. 5) Foreign persons may only be detained according to the provisions of the Political Constitution, the laws, and the provisions contemplated in this Law. For the application of immigration legislation, this right may be limited under the following exceptional assumptions and conditions, provided there is no other less burdensome measure: a) Precautionary apprehension for a maximum of twenty-four hours, for purposes of verifying their immigration status. This period may be extended in special situations and under a justified resolution issued by the director general. Once the immigration infraction is confirmed and another less burdensome measure is ruled out, the Directorate General must issue the deportation procedure." As observed from the previous article, the police initially had a reasonable element of conviction to suspect that the petitioner was in the country with an irregular immigration status, given the alleged expiration of the protected party's tourist visa (due to the passage of 90 days). Based on the foregoing, and in accordance with article 31 of the General Law on Migration and Foreign Nationals, the police proceeded to carry out the apprehension of the petitioner for the purpose of verifying his immigration status (through the respective coordination with the Migration Police), and it was proven, within a period of less than the 24 hours established by the article under comment, that persons who entered the country after December 1, 2019, had their permission to remain in the country extended until August 14, 2020; therefore, the petitioner was released one hour after his apprehension. In conclusion, the constitutional conformity of the apprehension suffered by the petitioner is verified, based on the need to: 1. Guarantee the physical integrity of the persons who were participating in the Inspection. 2. For the purpose of verifying the immigration status of the petitioner. For the foregoing reasons, the appeal is declared without merit. VI. – Partially dissenting vote of Magistrate Hernández López. – I concur with the majority regarding the constitutional conformity of the initial approach made by the respondent authorities to the petitioner, including his initial apprehension, due to the doubt about his immigration status. However, even though police forces have legal authorization to apprehend a person for the purpose of verifying their immigration status, one must not lose sight of the fact that, within the context of the current pandemic, the authorities of the Directorate General of Migration and Foreign Nationals have ordered immigration actions, such as extending tourist visas until August 14 of the current year, which have even been communicated through daily press conferences. On this point, the apprehension of a migrant is also subject to proportionality control; therefore, in cases where there are doubts regarding the action to be taken, the police must execute the necessary acts expeditiously to verify the immigration status of the apprehended person. In the present matter, it is held as proven that the person accompanying the petitioner – at the time of his apprehension – warned the police forces about the directive issued by the Directorate General of Migration and Foreign Nationals regarding the extensions of tourist visas. A context such as the foregoing obligated the police forces to immediately carry out the respective coordination with the Migration Police, to prevent the deprivation of freedom suffered by the petitioner (for purposes of investigating the person's immigration status) from extending beyond what was due. In the specific case, even though a telephone call – to consult the Migration Police – would have been more than sufficient, the Public Force opted to keep the petitioner deprived of freedom for 1 hour, to finally, upon arriving at the Station, make the previously described call to verify a notorious and public fact, and one about which they had even been forewarned by the person accompanying the protected party. In summary, it is inadmissible that police forces in general, and even more so those working near our borders, are unaware of the actions taken by the Directorate General of Migration and Foreign Nationals, within the context of the pandemic's effects, regarding the immigration statuses of migrant persons in our country. For the foregoing reasons, I consider that the period for which the petitioner was deprived of freedom was disproportionate. VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The appellant party is warned that if any document was provided in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Plenary Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is declared without merit. Magistrate Hernández López partially dissents, regarding the proportionality of the apprehension suffered by the petitioner. Notify. - Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Hubert Fernández A.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *2BCQNBLTLNK61* Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Cathedral District, González Lahmann Neighborhood, 19th and 21st Streets, 8th and 6th Avenues It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:38:32.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de hábeas corpus Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencias Relacionadas Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *200125660007CO* Res. Nº 2020014375 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte .
Recurso de hábeas corpus que se tramita en expediente No. 20-012566-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002] , cédula de residencia [Valor 002], [Nombre 003], pasaporte [Valor 003], [Nombre 004], pasaporte [Valor 004] y [Nombre 005], pasaporte [Valor 005], contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 14 de julio de 2020, la parte recurrente interpone recurso de hábeas corpus a favor de [Nombre 002] , [Nombre 003], [Nombre 004]ČÍK y [Nombre 005], contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, y manifiesta lo siguiente: que el día 2 de julio pasado, en horas de la mañana el amparado [Nombre 004] čík, de nacionalidad Checa, se encontraba en el hotel Avatar Private Reserve, ubicada en Puerto Jiménez de Golfito, en la Penísula de Osa, propiedad de su compatriota [Nombre 002], en el área de la piscina junto a las jóvenes [Nombre 003] y [Nombre 005], departiendo tranquilamente. Señala que en ese momento de forma súbita e inesperadamente, fueron abordados por un grupo de sujetos vestidos con uniformes de color verde militar y otros vestidos de civil. Agrega, que dicho comando armado, al hacer ostentación de las armas de fuego que portaban, se produjo un incidente, lo cual llenó de temor a las jóvenes, antes mencionadas, las cuales se dirigieron a sus habitaciones en busca de refugio. Ante el estado de conmoción del señor [Nombre 004]čík, se logró comprobar que el comando verde armado eran funcionarios públicos del SINAC y los otros sujetos, aparentemente funcionarios de la Municipalidad de Golfito (Luis Miguel Herrero, arquitecto municipal y José Luis Rivera Pineda, inspector municipal). Los mismos actuando con pleno dominio del hecho ingresaron, sin autorización, no solamente al hotel el cual [Nombre 002] , ya había advertido a la municipalidad recurrida que estaría cerrado por razones de la pandemia del COVID-19, sino que también ingresaron a la casa de habitación de [Nombre 002]. Después de un tiempo, los funcionarios mencionados sabedores de no haber realizado un acto conforme a la ley, procedieron en contubernio con miembros de la fuerza pública del lugar, a realizar un análisis migratorio del señor [Nombre 004] čík. Comenta que a pesar de que el amparado [Nombre 004]čík, les hizo saber, a los funcionarios recurridos de forma objetiva la situación legal y apegada a derecho de su estancia en Costa Rica hasta el 18 de agosto próximo, mostrándoles los documentos que le respaldaban su dicho, los funcionarios de forma prepotente y con abuso de autoridad, lo detuvieron por orden de un asesor legal de la Fuerza Pública de nombre David Torres, sin ser éste funcionario migratorio. Añade que mediante amenazas e intimidación le informaron que sería trasladado a Paso Canoas con el fin de arreglar su situación migratoria. Asimismo, fue esposado y tratado como un delincuente, introduciéndolo en la cabina de un vehículo particular y no en un vehículo oficial y trasladado, aparentemente, hasta la Policía de Migración. Posteriormente se le dejó en libertad al no existir nada irregular, según manifestaciones del asesor de la Fuerza Pública David Torres. Estima que los hechos antes descritos son violatorios a los derechos fundamentales de su amparado. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley. 2.- Mediante resolución a las 08:44 horas del 15 de julio de 2020, se dio curso al presente recurso. 3.- Mediante escrito incorporado al Sistema Jurídico el 20 de julio de 2020, Freiner Lara Blanco, Alcalde de la Municipalidad de Golfito, informa bajo juramento que mediante el oficio No. MGDI-O-0144-2020 del 09 de julio de 2020, emitido por el Arq. Luis Miguel Herrero Khnorr, Coordinador de Ingeniería, consta las actuaciones por parte de los funcionarios en representación de la Municipalidad de Golfito, los cuales en ningún momento ordenaron la detención del recurrente dentro de las funciones que ejercieron en representación de la Municipalidad, ni forma parte de las competencias objetivas establecidas en el Código Municipal para los Municipios. Señala que, como parte de los antecedentes, se tiene que, el pasado 11 de junio de 2020, los inspectores municipales, intentaron ingresar a la propiedad para verificar si efectivamente se realizaban nuevas construcciones, sin embargo, se les impidió el paso a los mismos, por parte del quien dijo ser el encargado el Sr. [Nombre 004], quien ese momento se comportó de forma agresiva y grosera. Añade que, en esa oportunidad vía telefónica se conversó con el Lic. Ulloa, quien es el asesor legal de la sociedad, mismo que se comprometió a programar nuestra visita, no obstante, no mostraron interés en colaborar, dado lo anterior, se coordina previamente con diferentes autoridades y son acompañados por: Fuerza Pública de Puerto Jiménez: Los Oficiales Elí Anchía Blanco, José Hernández González y Oscar Bolandi, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE): Rosalina Trejos Rodríguez y Oscar Guadamuz Marín. Agrega que, al ser las 08:45 horas del 08 de julio de 2020, los funcionarios municipales se hicieron presentes en el sitio en mención, encontrándose con el portón de acceso cerrado, razón por la cual solicitaron el permiso para ingresar a la propiedad, pero en primera instancia por medio del intercomunicador una persona no identificada les indica que el encargado se encuentra en el sector de Puerto Jiménez Centro y que debían esperar; transcurridos unos 30 minutos se hizo presente el Sr. [Nombre 004], ante quien se identificaron los funcionarios y explicaron el motivo de su visita y aún así les manifiesta que, de no tener una orden judicial no permitirían el ingreso, razón por la cual, se conversó con vía telefónica con el Lic. Ulloa, manteniendo la misma posición de impedirles el ingreso a los funcionarios municipales. Es por ello, que los funcionarios de MINAE, le indican que, ante posible delito al ambiente, ellos tienen la potestad de ingresar al inmueble. Indica que, al ser las 09:25 horas se les permite el ingreso a los funcionarios, destaca que el comportamiento del Sr. [Nombre 004] fue de irrespeto total hacia los funcionarios municipales y dirigiéndose en forma ofensiva, lo que motivó que, por presentar estatutos migratorio irregular, fue detenido por los Oficiales de la Fuerza Pública y trasladado al Puesto Policial de Puerto Jiménez. Por último, indica que, en cuanto a las competencias objetivas municipales propiamente, para poder determinar la existencia de nuevas obras, se toma como antecedente el levantamiento efectuado el 05 de abril de 2019, debidamente consignado en el Oficio No. MGIM-INT-058-2019, mismo que en su oportunidad se remitió al Concejo Municipal, así como al entonces Alcalde Municipal Lic. Elberth Barrantes Arrieta, donde se señalaron las obras que no poseen permiso de construcción lo que viola la Ley No. 833 Ley de Construcciones. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 4.- Mediante escrito incorporado al Sistema Jurídico el 20 de julio de 2020, Gilbert Pérez Arguedas, Jefe de la Delegación Cantonal de Puerto Jiménez, informa bajo juramento que el 08 de julio de 2020 en el sector de Cañaza de Puerto Jiménez frente a Hotel Avatar Lodge en vía pública y no el 02 de julio de 2020 como lo indica el recurrente. Señala que, el área de la piscina, es de acceso público, se llega al lugar por existir denuncias recibidas y en cooperación a solicitud de los funcionarios de la Municipalidad de Golfito y MINAE por daños ambientales, por demostrar ante la autoridad judicial con documentación y la facultad que les asiste para ingresar a estas propiedades tanto a la municipalidad como al MINAE. Añade que, los funcionarios se encontraban en el ejercicio propio de sus funciones con la naturaleza del caso y debido a la negativa por parte del señor [Nombre 037] de no permitir las diligencias legales y bajo los fundamentos verbales había indicado en varias ocasiones la negativa de colaborar; provocando con su actitud negativa la acción desplegada por parte del Sr. [Nombre 029] , donde éste arremete en forma verbal vociferando palabras soeces de forma violenta, incitando y denigrando el buen nombre de la autoridad pública lo que da paso en forma facultativa y racional para su aprehensión, a fin de investigar su status migratorio en el territorio, así como a su debida identificación para la confección del informe policial, por estos hechos, que aun cuando califican como contravención. Agrega que, el lugar donde se desarrollan los hechos es un lugar público y por encontrarse sus status migratorio irregular, aunado a su comportamiento violento y la vociferación de vocabulario soez y la forma prepotente en la que se condujo verbalmente hacia los funcionarios públicos se realiza la aprehensión para los efectos de investigación en la instancia de Migración y Extranjería y la confección de los informes de rigor. Indica que, reconoce la aprehensión, del señor [Nombre 029], aprehensión que resulta necesaria para resguardar el orden público, en el sitio y ante la conducta contravencional del amparado, en cuanto al resto de los amparados [Nombre 037], [Nombre 003] y [Nombre 005], esta autoridad no realizó intervención alguna contra ellos. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 5.- Por escrito presentado el 21 de julio de 2020, el recurrente se apersona nuevamente a corregir los hechos y manifiesta lo siguiente: que el 02 de julio de 2020 a las 09:15 am, en la localidad de Puerto Jiménez y en las afueras de la propiedad Avatar Private Reserve, el señor [Nombre 047] , iba llegando en compañía de su novia [Nombre 048] cuando se toparon de frente con una docena de hombres armados que los miraban amedrentadoramente. Señala que, fueron abordados por varios de los miembros del grupo armado, que iban vestidos con uniforme de la fuera pública color azul, exigiéndoles que les abrieran el primer portón de acceso del lugar, de lo cual, el señor [Nombre 049] por tan inesperada e ilegítima forma de actuación se negó en el acto a cumplir con sus abusivas pretensiones, toda vez que los mismos nunca le mostraron prueba documental que pudiera hacerle considerar que debía ceder a sus exigencias. Añade que, le solicitaron mostrarles y entregarles su documentación de identificación, de lo cual, proceden con su detención porque supuestamente se encontraba de manera ilegal en Costa Rica, pese haberles explicado que existían ordenes de autoridades del Ministerio de Salud que posibilitan la estancia de extranjeros hasta el 16 de agosto de 2020. Agrega que, una vez esposado se le siguió exigiendo que abriera el portón y por la situación en la que se encontraba se vio obligado a abrirles, posteriormente optaron por dejarlo detenido y esposado en un vehículo particular en el cual fue llevado hasta la delegación policial de Golfito, lugar donde finalmente fue liberado y no fue llevado nunca a migración en Paso Canoas como falsamente se le dijo. 6.- Mediante escrito incorporado al Sistema Jurídico el 23 de julio de 2020, Laura Gabriela Rivera Quintanilla, Directora interina Regional del Área de Conservación Osa (ACOSA) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), informa bajo juramento que no es cierto, que el 02 de julio de 2020 se haya realizado una actuación al menos no de parte de los funcionarios del Área de Conservación Osa; no obstante, el 07 de julio de 2020, les fue solicitado por Trámites de Control Urbano y por medio del correo electrónico [email protected] y por instrucciones del Alcalde Lic. Freiner William Lara, solicitando colaboración para realizar inspección, tipo operativo interinstitucional, con indicaciones de que se requería a la brevedad, así mismo se indica que los lugares a visitar se indicaran en una reunión de planteamiento, antes del operativo. Señala que, el 08 de julio de 2020, los funcionarios Rosaline Trejos Rodríguez y Óscar Guadamuz Marín se reunieron, con los funcionarios de la Municipalidad de Golfito, siendo José Luis Rivera, Michael González del Río, Luis Miguel Herrero y Alexander Alvarado Alpizar, quienes les explican el objetivo del trabajo, siendo la inspección a los hoteles Avatar Eco Lodge y Preciosa Lodge, por una denuncia de presuntas irregularidades en los permisos de construcción, en complemento a esto, siguiendo sus instrucciones les correspondería realizar pericias preliminares sobre posibles incumplimientos a la normativa Ambiental, según oficio SINAC-ACOSA-RFGD-CORQ-041-2020, posterior a la reunión se recibe instrucciones del Ing. For. Juan José Jiménez Espinoza, quien funge como su jefe inmediato informa en oficio SINAC-ACOSA-DAP-RFGD-228-2020 que a solicitud de la Municipalidad de Golfito, se les giró instrucciones a los oficiales Rosaline Trejos Rodríguez y Óscar Guadamuz Marín, de que se presentarán en la oficina de Puerto Jiménez, para que participaran brindando apoyo en dos inspecciones, que la Municipalidad debía realizar. Añade que, no lleva a razón el recurrente cuando señala que el señor [Nombre 047] “en ese momento en forma súbita e inesperadamente, fueron abordados por un grupo de sujetos vestidos con uniforme de color verde militar y otros vestidos de civil”, esto por cuanto según el oficio SINAC-ACOSA-RFGDCORQ-041-2020, realizado por Rosaline Trejos Rodríguez y Óscar Guadamuz Marín, ambos oficiales de servicio Civil 2, manifiestan que el señor Sevcik, el 08 de julio del 2020, estaba fuera del Hotel Avatar, porque uno de los funcionarios de la Municipalidad, solicita vía intercomunicador que les abran las puertas para poder ingresar y hacer la inspección en el lugar, a lo cual otra persona indica que el responsable está por llegar, y lo esperan en el sitio hasta las 9 am que llega la persona responsable para atenderlos, siendo un masculino de nombre [Nombre 004] Sevcik de nacionalidad checa y con pasaporte número [Valor 004], el mismo se presenta como el administrador del hotel Avatar Eco Lodge. Agrega que, los oficiales de Fuerza Pública le solicitan que colabore con abrir el portón para la realización de las inspecciones correspondientes de la Municipalidad y del SINAC, para determinar posibles delitos ambientales, no obstante, el señor [Nombre 004] se niega en colaborar y utiliza palabras ofensivas y acusaciones a los funcionarios de ser corruptos. Indica que, no tuvieron participación alguna en la detención del señor [Nombre 004] Sevcik por la presunta situación de su irregularidad migratoria, ya que esto no es competencia del SINAC, lo que viene a desmentir lo aseverado por el recurrente. Por último, indica que, el señor [Nombre 004] Sevcik estaba aprehendido accedió a abrir el portón y colaborar en la realización de la inspección acorde a las instrucciones dadas por su superior el Ing. Jiménez Espinoza, siendo que los funcionarios Rosaline y Carlos, no verifican la existencia de ninguna tala o daño ambiental; hacen el acompañamiento al Ingeniero Herrero de la Municipalidad para hacer inspección de una toma de agua existente en el sitio, la cual se halló en medio del palmar a 7 metros del cauce de una quebrada; se tomó la información necesaria y se continuó con el recorrido, siendo el único tema de interés para el SINAC. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Hernández López; y, Considerando: I.- Objeto del recurso.- El recurrente manifiesta que, el día 2 de julio pasado, en horas de la mañana, los amparados se encontraban en el área de la piscina en el hotel Avatar Private Reserve. En ese sentido explica que, de forma súbita e inesperadamente, fueron abordados por un grupo de sujetos vestidos con uniformes de color verde militar y otros vestidos de civil, quienes ingresaron sin autorización al hotel y a la casa de habitación del amparado Jiří Vokáč Čmolík. Añade que, los funcionarios de la fuerza pública procedieron a realizar un análisis migratorio del señor [Nombre 004] čík, pese a que este les explico su derecho de estancia en Costa Rica hasta el 18 de agosto próximo lo detuvieron y le informaron que sería trasladado a Paso Canoas con el fin de arreglar su situación migratoria, por lo que fue esposado y tratado como un delincuente para posteriormente ser dejado en libertad al no existir nada irregular. Actuaciones que lesionan los derechos fundamentales de los amparados. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: El 11 de junio de 2020, los inspectores municipales de la Municipalidad de Golfito, se apersonaron al hotel Avatar Eco Lodge, para verificar si se estaban realizando nuevas construcciones, no obstante, el señor [Nombre 004]čík no permitió su ingreso. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); El 08 de julio de 2020, a las 08:45 horas, los funcionarios Luis Miguel Herrero Knohr y Michael González del Río de la Municipalidad de Golfito, los oficiales Elí Anchía Blanco, José Hernández González y Oscar Bolandi a la Fuerza Pública de Puerto Jiménez, y los funcionarios Rosalina Trejos Rodríguez y Oscar Guadamuz Marín del Ministerio de Ambiente y Energía, se apersonaron al hotel Avatar Eco Lodge por una denuncia de presuntas irregularidades en los permisos de construcción y ambiental. Al llegar, vieron el portón cerrado por lo que solicitaron el permiso para ingresar a la propiedad por medio del intercomunicador, donde una persona les indicó que el encargado se encontraba en el sector de Puerto Jiménez Centro y que debían esperar. (ver informes rendidos bajo juramento y pruebas aportadas); El 08 de julio de 2020, a las 09:11 horas, llegó el señor [Nombre 004]čík, quien se presentó como el administrador del hotel Avatar Eco Lodge, por lo que le solicitan abrir el portón para la realizar las inspecciones correspondientes por parte de los funcionarios de la Municipalidad y del SINAC para determinar posibles delitos ambientales, no obstante, se niega en colaborar y utiliza palabras ofensivas (hijos de puta; buenos para nada; ladrones) y acusaciones a los funcionarios de ser corruptos. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); Los funcionarios de la Fuerza Pública, le solicitaron la identificación al señor [Nombre 004]čík, quien brinda su pasaporte número [Valor 004], al ser revisado tiene fecha de ingreso al país el 10 de febrero de 2020 por un lapso de 90 días, por lo que, al presentar un presunto estatus migratorio irregular y su supuesto comportamiento de irrespeto hacia los funcionarios, fue aprehendido por la contravención del artículo 392 incisos 7 y 8, y para consultar a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería sobre su estatus migratorio. (ver informes rendido bajo juramento y pruebas aportadas); El señor [Nombre 004]čík, después de ser aprendido permitió el ingreso de los funcionarios al hotel Avatar Eco Lodge. Culminada la inspección, los funcionarios del SINAC no verificaron la existencia de ninguna tala o daño ambiental, pero al acompañar a los funcionarios de la Municipalidad de Golfito se halló una toma de agua existente en el sitio, en medio del palmar a 7 metros del cauce de una quebrada. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); Terminada la investigación, los oficiales de la Fuerza Pública trasladaron al amparado a la Delegación de la Fuerza Pública, donde al consultar con la policía de migración, les fue indicado, que las personas que ingresaron al país después del 01 de diciembre de 2019, se les extendió el permiso de permanencia en el país hasta el 14 de agosto de 2020; por lo anterior, al ser las 10:25 horas del propio día de la aprehensión, se deja en libertad al señor [Nombre 004]čík. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); Mediante oficio MGIM-INT-096-2020, del 09 de julio de 2020, suscrito por Luis Miguel Herrero Knohr y Michael González del Rio, funcionarios de la Municipalidad de Golfito, indicaron que el 07 de junio de 2019 la propiedad del señor [Nombre 037] se encontraron varias construcciones sin permiso, no obstante el 03 de julio de 2020, presentaron los planos constructivos para regularizar las obras antes clausuradas. Por lo que, al realizar la visita al hotel Avatar Eco Lodge el 08 de julio de 2020, se encontraron las obras terminadas y además se encontraron otras obras nuevas. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada); Las autoridades recurridas, no realizaron intervención alguna contra los amparados [Nombre 037], [Nombre 003] y [Nombre 005]. (ver informes rendidos bajo juramento). III.- Consideraciones preliminares. – En su reclamo, el amparado acusa que fue privado de libertad de manera ilegal. Para resolver el presente asunto, es necesario retomar lo dicho por esta Sala, mediante sentencia 2020011709, que indica lo siguiente: “III.- Sobre la Aprehensión, la Detención, y las garantías a favor de la persona que ha sido privada de libertad de manera temporal. - El artículo 37 constitucional, desarrolla las dos formas de privación de libertad temporal, con las que una persona puede ser presentada ante la autoridad competente para su respectivo procesamiento, es decir, la detención y la aprehensión. Ambas figuras, regulan potestades diferentes, a raíz de los escenarios especiales sobre los cuales surten efectos. En el caso de la detención, su consecución únicamente puede ser ordenada por el Ministerio Público, y en el caso de la aprehensión, esta puede ser practicada por cualquier persona, sin necesidad de una orden judicial previa, en casos de delito en curso. Sobre los alcances de la detención, el artículo 237 del Código Procesal Penal, establece lo siguiente:
ARTÍCULO 237.-Detención El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida, cuando:
La detención no podrá superar las veinticuatro horas. Si el Ministerio Público estima que la persona debe quedar detenida por más tiempo, la pondrá inmediatamente a la orden del tribunal del procedimiento preparatorio y le solicitará ordenar la prisión preventiva o aplicar cualquier otra medida sustitutiva. En caso contrario, ordenará su libertad.
De la lectura del anterior artículo, se puede extraer que, en relación con la detención, esta únicamente puede ser ordenada por el Ministerio Público y ejecutada por los cuerpos policiales, de conformidad con la Dirección Funcional que ejerce la Fiscalía sobre la policía Judicial. En el caso de las funciones del Organismo de Investigación Judicial, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, establece que nuestra policía judicial es órgano dependiente de la Corte Suprema Justicia y es “auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables. Será, asimismo, cuerpo de consulta de los demás tribunales del país.” Por su parte, el artículo 3 la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, establece que su función principal radica en que “por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente, procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a identificar y aprehender preventivamente a los presuntos culpables, y a reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación.” Nótese, que ninguno de los artículos anteriores, reconoce la potestad a favor de la policía judicial, de ordenar la detención de una persona, para ser presentada privada de libertad ante la administración de justicia; todo lo contrario, especialmente el artículo 3 la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, refuerza el hecho de que la policía judicial puede ejecutar una aprehensión –como se desarrollara más adelante en el presente considerando-, y en el caso de las detenciones, su papel se limita a la ejecución material de estas, de previo a la Dirección Funcional girada por parte del Ministerio Público, quien ostenta el monopolio legal para ordenarla. Lo anterior obedece a que, los criterios que desarrolla el artículo 237 del Código Procesal Penal, establecen limitaciones a la decisión discrecional que el Ministerio Público tiene, a la hora elegir la forma en que hará presentar una persona para cualquier diligencia judicial, ya sea en libertad (uso de la citación) o privado de esta última (uso de la detención), en concordancia con los artículos 1, 9, 11, 22, 37 y 39 constitucionales; ya que de por medio se encuentra le eventual lesión de uno de los derechos fundamentales por excelencia, como lo es la libertad.
En otro orden de ideas, el artículo 37 de la Constitución y los artículos 235 y 236 del Código Procesal Penal, establecen los alcances de la aprehensión, de la siguiente forma:
ARTÍCULO 235.- Aprehensión de las personas Las autoridades de policía podrán aprehender a toda persona, aun sin orden judicial, cuando:
Asimismo, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión e impedir que el hecho produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad más cercana. La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá ponerla, con prontitud, a la orden del Ministerio Público, para que este, si lo estima necesario, solicite al juez la prisión preventiva. La solicitud deberá formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la captura. Si se trata de un delito que requiera la instancia privada, será informado inmediatamente quien pueda instar y, si este no presenta la denuncia en el mismo acto, el aprehendido será puesto en libertad.
ARTÍCULO 236.- Flagrancia. Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.
De la lectura de los anteriores artículos, se puede extraer que la aprehensión la puede realizar cualquier persona –sin necesidad de ostentar autoridad pública alguna-, por cuanto los escenarios que permiten la privación de libertad temporal de una persona, se limitan a hechos en curso, cuyos efectos se deben de detener lo más pronto posible, por el interés general y particular que existe de por medio. En los casos de la aprehensión, nos encontramos ante delitos en curso, o ante personas que escapan de la policía o de los centros penales, que, por lo inmediato de los hechos acaecidos, no es posible recurrir previamente a la emisión de una orden judicial para detener a la persona aprehendida. La razonabilidad y legitimación de una figura privativa de libertad temporal, como sucede con el caso de la aprehensión, radica en la estrecha relación que existe entre la inmediatez de los hechos que permiten su consecución y el interés general de evitar que cualquier hecho delictivo surta sus efectos en contra de las personas y de la sociedad en general. Por las anteriores razones, es que el constituyente en el artículo 37 de la Constitución Política, excluyó los escenarios relacionados con la aprehensión, de la previa necesidad del mandato del juez.
Sobre el particular, el artículo 37 de la Constitución Política, dispone que nadie podrá ser detenido, sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas. Estos preceptos constitucionales que garantizan libertades individuales han sido ampliamente desarrollados por esta Sala Constitucional, la cual ha establecido una línea jurisprudencial clara al respecto, y específicamente en la sentencia 1993-20843 de 15:45 hrs. del 18 de mayo de 1993, que a su vez es citada en la sentencia 2004-06738 de las catorce horas con cuarenta minutos del veintitrés de junio del dos mil cuatro, en lo atinente al caso sometido bajo análisis ha indicado lo siguiente:
"… III.- En lo que atañe a la detención provisional realizada por la policía administrativa en casos similares, esta Sala tiene múltiples pronunciamientos, en los que en general se ha determinado lo siguiente: "Aunque la Sala no entrará a juzgar sobre el mérito de la acusación de los oficiales de haber sido insultados por la recurrente y sus acompañantes, acción tipificada en el artículo 392 inciso 8 del Código Penal, sí es competencia de este Tribunal el resolver sobre la detención de la accionante por no portar documento de identificación. De conformidad con el artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, todo ciudadano está obligado a portar su cédula de identidad, esto da derecho a las autoridades policiales para pedir la identificación a cualquier persona, pero en la medida en que exista motivo suficiente para ello, fundado en la legislación vigente. II.-La Sala ha expresado en reiteradas ocasiones que con base en el principio por (sic) libertatis enunciado en el artículo 37 de la Constitución Política, no se puede restringir la libertad de una persona sin un indicio comprobado de haber cometido un delito, en el cual tuvo participación culpable, y en el caso de marras la señora (...) se encontraba transitando por San José, acompañada de dos personas más, sin que, a juicio de esta Sala, esto pueda considerarse un comportamiento sospechoso o un indicio de haber cometido algún delito, máxime que, como en otras ocasiones se ha indicado, el citado artículo 37 de la Constitución, debe interpretarse restrictivamente referido a "delitos" excluyéndose así las contravenciones. Las personas a quienes de (sic) impute la comisión de una contravención deben ser citadas ante la Alcaldía respectiva y, en casos extremos, pueden ser trasladadas a ella de inmediato pero sin tenerlas detenidas en ningún momento…” Pese, a que, el artículo 235 del Código Procesal Penal establece, la posibilidad de aprehender a una persona ante la comisión -en Flagrancia- de una contravención, lo cierto del caso es, que dicha facultad no se encuentra reconocida en la Constitución Política, como se indicó anteriormente. Las garantías que establece el artículo 37 constitucional, son el clásico ejemplo, de lo que la doctrina constitucional norteamericana llama, preceptos constitucionales que miran hacia atrás. Este tipo de preceptos, contienen cláusulas o restricciones al poder punitivo estatal, que no le permiten actuar a la libre, con el fin de evitar, que se vuelvan a dar abusos del poder estatal, que terminen generando consecuencias en los derechos fundamentales de las personas. Como una característica particular de este tipo de preceptos, tenemos el hecho, de que no pueden perder su contenido ante la aprobación de leyes ordinarias, ya que su construcción original, por parte del constituyente, se llevó a partir de una realidad histórica previa, que se pretende que no se vuelva a dar en el futuro.
El espíritu de estos preceptos constitucionales, es impedir del todo, cualquier actuación desproporcionada por parte de los agentes estatales, de la ineficacia por default, de las actuaciones ilegítimas; por la anterior razón, este tipo de preceptos, no pretende que el Estado debe de corregir su actuación, posterior a la comprobación de sus actuaciones ilegales, sino, disponer -mediante la amenaza- de la ineficacia por default, de las actuaciones ilegítimas estatales. No es posible lograr el bienestar general, cuando se es permisivo con la arbitrariedad estatal, por tal razón, los preceptos constitucionales que imponen límites al poder punitivo, deben de interpretarse bajo una lógica estrictamente literal, sin que se puedan debilitar a partir de métodos de interpretación evolucionistas, ni mucho menos extensivos, ya que éstos fueron diseñados para defender los derechos constitucionales de las personas, incluso ante los ataques de nuevas generaciones o de las actuales mayorías democráticas, que pretendan dejar sin contenido la norma, sin cumplir con el proceso de reforma constitucional que impone nuestra Constitución Política.
Por las razones anteriores, el diseño y aprobación de las leyes ordinarias que se relacionan con las garantías constitucionales, que fungen como controles al poder punitivo estatal, no deben de permitir la inclusión de cláusulas de exclusión, que permitan que una acción estatal escape del control del precepto constitucional.
En el caso del Código Procesal Penal, nótese que la Aprehensión en Flagrancia (236), y la figura de la Detención (237), son conformes al artículo 37 Constitucional, por cuanto excluyen la posibilidad de privar de su libertad a la persona, que haya cometido una contravención. El tema de la exclusión de la contravención, sobre la potestad de los cuerpos policiales, en el sentido de poder privar de su libertad a una persona, no es caprichoso, sino, que obedece a temas de proporcionalidad, ya que es absolutamente desproporcionado, que una persona sea privada de su libertad, por una falta, que no cuenta con pena privativa de libertad.
En igual sentido, ambas figuras -detención y aprehensión-, cuentan con una garantía en común, la cual consiste en la inmediata disposición ante la autoridad competente de la persona privada de libertad. Nótese, que tanto la Constitución, como los artículos 235 y 237 del Código Procesal Penal, establecen a favor de la persona aprehendida, la garantía de que ser puesto de forma pronta a disposición de la autoridad competente, es decir a la autoridad que será responsable de su privación de libertad. En igual sentido, el artículo 82 del Código Procesal Penal, establece los siguientes derechos para la persona imputada:
ARTICULO 82.- Derechos del imputado La policía judicial, el Ministerio Público y los jueces, según corresponda, harán saber al imputado, de manera inmediata y comprensible, que tiene los siguientes derechos:
[…]
La anterior garantía opera bajo los siguientes fines: 1. Para garantizar que la persona detenida o aprehendida sea sometida al procedimiento respectivo y así evitar privaciones de libertades con fines de tortura, para desapariciones forzadas, de mero aleccionamiento, ilegales, arbitrarias o delictivas. 2. Ante la ausencia de una orden judicial previa, con el fin de garantizar la integridad de la persona privada de libertad y el resto de sus derechos fundamentales, mediante la publicidad de la autoridad competente que tiene a su orden a la persona aprehendida. 3. Ante la ausencia de una orden judicial previa, con el fin de ejercer control sobre los deberes que debe de ejecutar la autoridad competente que tenga a su orden a la persona privada de libertad. Las anteriores premisas, incluso conllevan una estrecha relación con la tutela original del recurso de habeas corpus, en el sentido de exigir – a la autoridad estatal- que “exponga” a la persona que tiene privada de libertad a su orden. Nótese, que por las circunstancias especiales del caso, las anteriores garantías se encuentran tanto al alcance de la persona privada de libertad, como de los familiares, representantes legales, defensores o personas interesadas en la persona privada de libertad, por cuanto estas últimas al encontrarse en libertad, cuentan con mejores condiciones para garantizar el debido proceso a favor de la persona privada de libertad.
IV. – Diferencias, entre la Aprehensión y la obligación de identificarse ante los cuerpos policiales. – Como se indicó en el Considerando anterior, El artículo 37 constitucional, desarrolla las dos formas de privación de libertad temporal, con las que una persona puede ser presentada ante la autoridad competente para su respectivo procesamiento, es decir, la detención y la aprehensión. En el caso de la Aprehensión, el artículo 37 de la Constitución y los artículos 235 y 236 del Código Procesal Penal, establecen los alcances de la aprehensión, de la siguiente forma:
ARTÍCULO 235.- Aprehensión de las personas Las autoridades de policía podrán aprehender a toda persona, aun sin orden judicial, cuando:
Asimismo, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión e impedir que el hecho produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad más cercana. La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá ponerla, con prontitud, a la orden del Ministerio Público, para que este, si lo estima necesario, solicite al juez la prisión preventiva. La solicitud deberá formularse luego de realizar las diligencias indispensables y, en todo caso, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la captura. Si se trata de un delito que requiera la instancia privada, será informado inmediatamente quien pueda instar y, si este no presenta la denuncia en el mismo acto, el aprehendido será puesto en libertad.
ARTÍCULO 236.- Flagrancia. Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras sea perseguido, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.
Pese, a que, el artículo 235 del Código Procesal Penal establece, la posibilidad de aprehender a una persona ante la comisión -en Flagrancia- de una contravención, lo cierto del caso es, que dicha facultad no se encuentra reconocida en la Constitución Política, como se indicó anteriormente. En el caso del Código Procesal Penal, nótese que la Aprehensión en Flagrancia (236), y la figura de la Detención (237), son conformes al artículo 37 Constitucional, por cuanto excluyen la posibilidad de privar de su libertad a la persona, que haya cometido una contravención. El tema de la exclusión de la contravención, sobre la potestad de los cuerpos policiales, en el sentido de poder privar de su libertad a una persona, no es caprichoso, sino, que obedece a temas de proporcionalidad, ya que es absolutamente desproporcionado, que una persona sea privada de su libertad, por una falta, que no cuenta con pena privativa de libertad.
En síntesis, de la lectura de los anteriores artículos, se puede extraer que la aprehensión la puede realizar cualquier persona –sin necesidad de ostentar autoridad pública alguna-, por cuanto los escenarios que permiten la privación de libertad temporal de una persona, se limitan a hechos en curso, cuyos efectos se deben de detener lo más pronto posible, por el interés general y particular que existe de por medio. En los casos de la aprehensión, nos encontramos ante delitos en curso, o ante personas que escapan de la policía o de los centros penales, que, por lo inmediato de los hechos acaecidos, no es posible recurrir previamente a la emisión de una orden judicial para detener a la persona aprehendida. La razonabilidad y legitimación de una figura privativa de libertad temporal, como sucede con el caso de la aprehensión, radica en la estrecha relación que existe entre la inmediatez de los hechos que permiten su consecución y el interés general de evitar que cualquier hecho delictivo surta sus efectos en contra de las personas y de la sociedad en general. Por las anteriores razones, es que el constituyente en el artículo 37 de la Constitución Política, excluyó los escenarios relacionados con la aprehensión, de la previa necesidad del mandato del juez.
Por otra parte, esta Sala, en sentencia 2019015489, estableció sobre el deber de identificarse ante los cuerpos policiales, y sobre las acciones que pueden llevar a cabo la policía para identificar a una persona, lo siguiente:
“V.- Sobre la identificación realizada al tutelado. - Del análisis de las pruebas aportadas en el expediente, se descarta que el abordaje y posterior identificación realizada en contra del tutelado haya sido ilegal. En el caso en concreto, los oficiales de Fuerza Pública procedieron de conformidad con sus competencias establecidas en los artículos 12 y 140 de la Constitución Política, que establecen que la vigilancia y conservación del orden público son parte de las obligaciones de los cuerpos de policía del país. Sobre la razonabilidad de la intervención, esta se acredita a partir de lo informado bajo juramento por parte de las autoridades recurridas, quienes indican que el tutelado fue abordado durante un recorrido preventivo con fines de investigación, momento en el cual el amparado no prestó colaboración con el procedimiento de su identificación (ver inciso 6 del artículo 396 del Código Penal, sobre la negativa a identificarse), lo que conllevó a que los oficiales recurridos, procedieran a una revisión ulterior sobre el tutelado por motivos de seguridad, hallando en apariencia, tres dosis de marihuana. Para el caso en concreto, es necesario recordar que toda persona que se encuentre en el país, tiene el deber de identificarse ante el pedido de una autoridad policial (ver inciso 6 del artículo 396 del Código Penal, sobre la negativa a identificarse), por lo que en principio, el proceder de las policías del país, a la hora de identificar a determinada persona durante recorridos preventivos, es conforme a la Constitución; sin embargo lo anterior no implica, que a partir de la anterior potestad, los cuerpos policiales conviertan su obligación de velar por la seguridad ciudadana, en un instrumento de acoso arbitrario e injustificado en contra de las personas o en contra de determinada persona (como puede suceder con el supuesto de un abordaje sistemático y sostenido sobre una persona, con la excusa de identificarlo, pero con el fin de hostigarlo y exponerlo a terceros).” (lo subrayado no es del original) Esta Sala considera, que es posible, ante la supuesta comisión de una contravención por la negativa de identificarse, de manera temporal, y por el tiempo estrictamente necesario y razonable, que los oficiales de Fuerza Pública, procedan a limitar la libertad de tránsito de una persona, para finalmente identificarla, no solo con el fin de cotejar si la persona no cuenta con pendientes o con problemas de estatus migratorio, sino, para proceder con los datos que son necesarios para confeccionar el parte policial que es necesario para iniciar el proceso contravencional ante el Juzgado correspondiente. Pero más allá de lo anterior, no existe autorización constitucional, para aprehender a una persona y mantenerla privada de libertad de manera desproporcionada.” IV. - Del análisis del anterior precedente se extrae:
Los cuerpos policiales no pueden aprehender a una persona, por la comisión de una contravención, ya que la Constitución Política no lo permite.
Los cuerpos policiales, por el tiempo estrictamente necesario y razonable, pueden a limitar la libertad de tránsito de una persona, para identificarla, con el fin de cotejar si la persona no cuenta con pendientes judiciales, o, con problemas de estatus migratorio. Pero más allá de lo anterior, no existe autorización constitucional, para mantener a la persona privada de libertad de manera desproporcionada. En caso de existir una orden judicial que amerite la privación de libertad de la persona, se procederá a su detención y posterior puesta en conocimiento de la autoridad competente, de conformidad con las reglas del artículo 37 de la Constitución Política y del Código Procesal Penal. En caso, de sospechar o de constatar el estatus migratorio irregular de la persona, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Migración y Extranjería.
Ante la supuesta comisión de una contravención, de manera temporal, y por el tiempo estrictamente necesario y razonable, los cuerpos policiales, pueden a limitar la libertad de tránsito de una persona, para identificarla, para proceder con los datos que son necesarios para confeccionar el parte policial que es necesario para iniciar el proceso contravencional ante el Juzgado correspondiente. Pero más allá de lo anterior, no existe autorización constitucional, para aprehender a una persona y mantenerla privada de libertad de manera desproporcionada.
V.- Sobre el caso concreto. – El amparado acusa, que fue privado de su libertad de manera ilegal. Ahora, del análisis de los informes y de las pruebas aportadas, se tiene, que los funcionarios recurridos, se apersonaron al Hotel, que en apariencia administra el tutelado, para realizar una inspección del mismo, ante denuncias por construcciones que se estarían realizando sin los permisos respectivos, por lo que eventualmente, se estaría poniendo en peligro el Ambiente. Sobre este punto, se descarta, que los recurridos hayan actuado como una estructura criminal, con el fin de secuestrar al amparado, como así lo acusa el recurrente. Es claro, que las labores que realizaron los funcionarios municipales, del SINAC y de la Fuerza Pública, son propias de sus competencias.
Por otra parte, los recurridos concuerdan, en el hecho, de que no ingresaron sin permiso, al hotel en cuestión, ya que procedieron a esperar, que el amparado se apersonara al lugar, tal y como lo pactaron con la persona que los atendió inicialmente el día de los hechos. Es en el momento, en el que el amparado se apersona, que este último profiere, de manera agresiva, insultos en contra de los cuerpos policiales y de los funcionarios presentes, que se procede a su arresto, por una contravención, y por la agresividad que mostraba en contra de los funcionarios presentes. Posterior a su arresto, el amparado otorgó el permiso para el ingreso de los funcionarios municipales y del SINAC. Llama la atención, que el recurrente indicara en su escrito de interposición, que el ingreso de los recurridos fue de manera sorpresiva, sin previo aviso o autorización alguna, describiendo un escenario, equivalente a una intervención militar, para posteriormente indicar, en un escrito de ampliación de argumentos, que fue el amparado quien autorizó el ingreso de los recurridos, pero porque no tuvo otra opción al verse esposado. Si bien, puede comprenderse, que la voluntad de una persona -para autorizar el ingreso de cuerpos policiales a su propiedad-, se puede ver afectada por el hecho, de que sea amedrantado por las armas que portan los policiales, o por el hecho de ser privado de libertad, sin dejar de lado, que sería abiertamente inconstitucional, que los agentes estatales hagan uso de la intimidación o de arrestos arbitrarios, para lograr una autorización de ingreso a una propiedad, lo cierto del caso es, que en el presente asunto, se tiene por comprobado, que las autoridades municipales y del SINAC, trataron en ocasiones anteriores de acordar una fecha para la inspección, siendo que el amparado, de forma agresiva se negó; además, tampoco se puede dejar de lado, que el día de los hechos, los funcionarios se apersonaron a fueras del hotel, donde informaron sobre el objetivo de su presencia, y no procedieron a ingresar, hasta esperar la llegada del amparado, y finalmente, su arresto obedeció a su conducta agresiva en contra de los funcionarios públicos, por lo que se descarta, que el consentimiento otorgado, haya sido obtenido a través de la amenaza, coacción y amenaza.
Ahora, como se indicó anteriormente, ante la supuesta comisión de una contravención, de manera temporal, y por el tiempo estrictamente necesario y razonable, los cuerpos policiales, pueden a limitar la libertad de tránsito de una persona, para identificarla, para proceder con los datos que son necesarios para confeccionar el parte policial que es necesario para iniciar el proceso contravencional ante el Juzgado correspondiente. Pero más allá de lo anterior, no existe autorización constitucional, para aprehender a una persona y mantenerla privada de libertad de manera desproporcionada. Bajo la anterior intelección, no era procedente la aprehensión del amparado, únicamente bajo dicho supuesto, como así lo argumentaron los recurridos.
Sin embargo, la privación de libertad que sufrió el amparado, encuentra sustento constitucional y legal, más allá de la comisión de la contravención, por lo que se debe de desestimar el recurso por lo que se dirá. Para iniciar, todos los recurridos son claros, en el hecho de que el amparado los recibió con una conducta agresiva, por lo que, su contención, incluso usando las esposas, era necesaria para garantizar la integridad de los funcionarios que estaban por realizar la inspección ambiental. Ahora, en el presente asunto se debe de agregar, que la privación de libertad que sufrió el amparado, también se sustentó bajo la sospecha de su estatus migratorio irregular. Sobre el particular, la Ley General de Migración y Extranjería, establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 31.- Las personas extranjeras gozarán de los derechos y las garantías individuales y sociales reconocidos para las personas costarricenses en la Constitución Política, salvo las limitaciones que esta establezca. Las normas relativas a los derechos fundamentales de las personas extranjeras se interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados que se encuentren vigentes y, específicamente, por lo siguiente: 1) Toda persona extranjera tendrá derecho de acceso a la justicia, al respeto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición y respuesta. 2) Las personas extranjeras que cuenten con autorización para permanecer en el país podrán circular libremente por el territorio nacional, por el tiempo que defina la autorización. 3) Las personas extranjeras estarán sujetas a los requisitos fijados en esta Ley, su Reglamento y en otras normas jurídicas aplicables, para ingresar al país, permanecer en él o egresar de él. 4) Las personas extranjeras podrán ser compelidas a abandonar el país, cuando sean sujetas a sanciones administrativas, según lo dispuesto en la presente Ley o cuando así lo disponga la autoridad judicial. 5) Las personas extranjeras únicamente podrán ser detenidas según lo dispuesto por la Constitución Política, las leyes y las disposiciones contempladas en la presente Ley. Para la aplicación de la legislación migratoria, este derecho podrá ser limitado bajo los siguientes supuestos y condiciones de carácter excepcional, siempre y cuando no exista otra medida menos gravosa:
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Hubert Fernández A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *2BCQNBLTLNK61*
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