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Res. 13407-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/07/2020
OutcomeResultado
The amparo is granted against SETENA and the Municipality of Garabito for violation of the right to a prompt and complete procedure. The Municipality is ordered to notify the response to the complaint within five days and is condemned to pay costs, damages, and injury. Against SETENA, the majority grants the amparo without special award of costs, with dissenting opinions ordering abstract condemnation.Se declara con lugar el recurso de amparo contra SETENA y la Municipalidad de Garabito por violación al derecho a un procedimiento pronto y cumplido. Se ordena a la Municipalidad notificar la respuesta a la denuncia en cinco días y se le condena en costas, daños y perjuicios. Contra SETENA, la mayoría declara con lugar sin condenatoria en costas, con votos salvados a favor de condenatoria en abstracto.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by Walter Brenes Soto against the Municipality of Garabito and SETENA. The plaintiff reported unauthorized earthworks in Playa Hermosa de Jacó, filing environmental complaints with both entities in February and March 2017. SETENA partially rejected the complaint in May 2017, and the plaintiff requested clarification and addition in June 2017, receiving no response until the amparo was filed in 2020. The Municipality also failed to respond to the original complaint. The Chamber grants the amparo against both authorities for violation of the right to a prompt and complete procedure. Against the Municipality, it orders notification within five days of the belated response and imposes costs, damages, and injury. Against SETENA, although it responded during the amparo, the Chamber grants the amparo by majority without special award of costs, with dissenting opinions ordering abstract condemnation.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por Walter Brenes Soto contra la Municipalidad de Garabito y la SETENA. El recurrente denunció movimientos de tierra no autorizados en Playa Hermosa de Jacó, presentando denuncias ambientales ante ambas entidades en febrero y marzo de 2017. SETENA rechazó parcialmente la denuncia en mayo de 2017, y el recurrente solicitó aclaración y adición en junio de 2017, sin recibir respuesta hasta que se interpuso el amparo en 2020. La Municipalidad tampoco había respondido a la denuncia original. La Sala declara con lugar el recurso contra ambas autoridades por violación al derecho a un procedimiento pronto y cumplido. Contra la Municipalidad, ordena notificar en cinco días la respuesta emitida tardíamente y la condena en costas, daños y perjuicios. Contra SETENA, aunque emitió respuesta durante el amparo, la Sala declara con lugar sin condenatoria en costas por mayoría, con votos salvados que ordenan condena en abstracto.
Key excerptExtracto clave
V.- REGARDING THE ACTIONS OF THE MUNICIPALITY OF GARABITO. After analyzing the evidentiary elements provided and the report rendered by the respondent authorities, with timely warning of the consequences set forth in Article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law, the violation of the plaintiff's fundamental rights is verified. In this regard, on March 1, 2017, the plaintiff filed an environmental complaint with the Municipality of Garabito, accusing unauthorized earthworks adjacent to the Hermosa Palms Residential in Playa Hermosa de Jacó, Garabito, and requesting the immediate closure of the works; however, as of the date of filing this appeal, he has not received a response. In that sense, the Municipal Mayor forwards a copy of official letter ST-092-2620-FS-I dated July 6, 2020, issued by the Technical Services of the municipal entity, which provides a response to the request made by the plaintiff since 2017; nevertheless, it is not proven that said documentation was notified to the protected party. Thus, it is appropriate to grant the appeal in the terms indicated in the operative part. VI.- REGARDING THE ACTIONS OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT. The plaintiff states that on June 2, 2017, he requested clarification and addition of Resolution No. 982-2017-SETENA issued by the respondent Secretariat, which resolved to reject the environmental complaint filed by him. He claims that as of the date of filing this appeal, his request has not been resolved. In this regard, the respondent authority - in a report rendered under oath with the consequences, including criminal ones, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction - admits the facts reported by the protected party and fails to indicate the reasons why approximately 3 years have elapsed without being able to respond to the request, a period that this Chamber considers excessive and disproportionate. Furthermore, although they report that on July 8, 2020, by Resolution No. 1228-2020-SETENA, the requested clarification and addition was resolved, the fact is that said action was due to the notification of the resolution - that is, June 23, 2020 - of the filing of this appeal. Therefore, the injury to the plaintiff's fundamental rights is verified, and on this point it is appropriate to grant the appeal in the terms indicated in the operative part.V.- SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE GARABITO. Después de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se comprueba la vulneración de los derechos fundamentales del amparado. Sobre el particular tenemos, que el 1 de marzo de 2017 el recurrente interpuso ante la Municipalidad de Garabito denuncia ambiental, acusando un movimiento de tierra no autorizado contiguo al Residencial Hermosa Palms, en Playa Hermosa de Jacó, Garabito y solicitando la clausura inmediata de las obras; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso no ha recibido respuesta. En ese sentido, el Alcalde Municipal remite copia del oficio ST-092-2620-FS-I de fecha 6 de julio de 2020, emitido por Servicios Técnicos del ente municipal, en el cual se brinda respuesta al requerimiento formulado por el amparado desde el año 2017; pese a lo anterior, no se acredita que dicha documentación haya sido notificada al tutelado. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva. VI.- SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL. Refiere el recurrente que el 2 de junio de 2017 solicitó aclaración y adición de la resolución No. 982-2017-SETENA emitida por la Secretaría accionada, en la cual se resolvió rechazar la denuncia ambiental interpuesta por su persona. Acusa que a la fecha de interposición del presente recurso, su gestión no ha sido resuelta. Al respecto, se tiene que la autoridad accionada -en informe rendido bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- admite los hechos denunciados por el tutelado y omite indicar las razones por las cuales han transcurrido aproximadamente 3 años, sin que se haya podido dar respuesta a lo solicitado, plazo que considera esta Sala resulta excesivo y desproporcionado. Aunado a lo anterior, si bien informan que el 8 de julio de 2020 mediante resolución No. 1228-2020-SETENA se resolvió la gestión de aclaración y adición que se reclama, lo cierto es que dicha actuación obedeció a la notificación de la resolución -sea el 23 de junio de 2020- de interposición del presente recurso. Por lo expuesto, se verifica la lesión a los derechos fundamentales del amparado y en cuanto a este extremo lo procedente es declarar con lugar el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva.
Pull quotesCitas destacadas
"Se comprueba la vulneración de los derechos fundamentales del amparado."
"The violation of the plaintiff's fundamental rights is verified."
Considerando V
"Se comprueba la vulneración de los derechos fundamentales del amparado."
Considerando V
"La autoridad accionada...omite indicar las razones por las cuales han transcurrido aproximadamente 3 años, sin que se haya podido dar respuesta a lo solicitado, plazo que considera esta Sala resulta excesivo y desproporcionado."
"The respondent authority... fails to indicate the reasons why approximately 3 years have elapsed without being able to respond to the request, a period that this Chamber considers excessive and disproportionate."
Considerando VI
"La autoridad accionada...omite indicar las razones por las cuales han transcurrido aproximadamente 3 años, sin que se haya podido dar respuesta a lo solicitado, plazo que considera esta Sala resulta excesivo y desproporcionado."
Considerando VI
"Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso."
"Every resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and injury caused and to the payment of the costs of the appeal."
Voto salvado, art. 51 LJC
"Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso."
Voto salvado, art. 51 LJC
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber *200110920007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on July seventeenth, two thousand twenty.
A recurso de amparo (amparo action) processed in expediente No. 20-011092-0007-CO, filed by WALTER BRENES SOTO, identity card 0206450800, against the MUNICIPALITY OF GARABITO and the NATIONAL ENVIRONMENTAL TECHNICAL SECRETARIAT.
Resultando:
Drafted by Magistrate Hernandez Gutierrez; and,
Considerando:
Prior to analyzing the merits of the matter —due to the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure— it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is debated whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to address the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception is raised because this involves a complaint filed before the National Environmental Technical Secretariat and the Municipality of Garabito due to an environmental situation. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as stipulated in the initial order:
FOURTH: The developer is warned that the start of the project's construction stage will only be when Environmental Viability is obtained. FIFTH: The Municipality is warned that it cannot grant any construction permit for the project's development until it has Environmental Viability. (...)"; a decision notified to the amparo petitioner the following day at the address indicated by him. (see report of the respondent authority and documentation provided).
The following fact of interest for the resolution of this matter is not deemed demonstrated: Solely) That the Municipality of Garabito notified the petitioner of official letter ST-092-2620-FS-I dated July 6, 2020.
After analyzing the probative elements provided and the report rendered by the respondent authorities, with timely warning of the consequences provided in article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), the violation of the amparo petitioner's fundamental rights is verified. In this regard, we have that on March 1, 2017, the petitioner filed an environmental complaint before the Municipality of Garabito, accusing unauthorized earthworks (movimiento de tierra) adjacent to the Residencial Hermosa Palms, in Playa Hermosa de Jacó, Garabito, and requesting the immediate closure of the works; however, on the date this recurso was filed, he had not received a response. In that sense, the Municipal Mayor forwards a copy of official letter ST-092-2620-FS-I dated July 6, 2020, issued by Technical Services of the municipal entity, in which a response is provided to the request formulated by the amparo petitioner since 2017; despite the foregoing, it is not accredited that said documentation was notified to the protected party. This being the case, the appropriate course is to grant the recurso on the terms indicated in the operative part.
The petitioner states that on June 2, 2017, he requested clarification and addition of resolution No. 982-2017-SETENA issued by the respondent Secretariat, in which it was decided to reject the environmental complaint filed by him. He claims that on the date this recurso was filed, his request had not been resolved. In this regard, it is noted that the respondent authority —in a report rendered under oath, with the consequences, including criminal ones, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction— admits the facts reported by the protected party and omits to indicate the reasons why approximately 3 years have elapsed without being able to provide a response to what was requested, a period that this Chamber considers excessive and disproportionate. In addition to the above, although they report that on July 8, 2020, through resolution No. 1228-2020-SETENA, the requested addition and clarification were resolved, the truth is that this action resulted from the notification of the resolution —on June 23, 2020— admitting the present recurso. For the foregoing reasons, the harm to the fundamental rights of the amparo petitioner is verified, and regarding this aspect, the appropriate course is to grant the recurso on the terms indicated in the operative part.
Regarding the award of costs, damages, and losses in accordance with article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recurso shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate"), the granting must be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to indicate that the recurso is granted, when during the course of the amparo the grievance is resolved, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is "solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate".
It is emphasized that the Law states "if they are appropriate", which means that the appropriateness or inappropriateness of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases like this one, the content of the amparo petitioner's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would be the case, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it states: "every resolution granting the recurso shall abstractly award compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the recurso, reserving their liquidation for the execution of the judgment", where the possibility of assessing whether compensation and costs are appropriate is not provided for.
The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where appropriate, International or Community Law, and, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedure Code and other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction —cfr. article 14—. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which corresponds to procedural logic in any subject matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility to resort, if deemed appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this recurso without an award of costs, damages, and losses.
I agree with the majority of the Chamber in the decision taken regarding the existence of a violation of fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I dissent from its decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration.
The constitutional jurisdiction under the charge of this Court in matters of amparo and habeas corpus —the jurisdiction of liberty, as it is called— is special because its purpose is not that of a traditional judge resolving a conflict between two parties facing a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights, in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, in fact or in law, exercise concrete acts of authority capable of violating them.
This protective vocation of the constitutional jurisdiction is materialized in a procedural design that is also peculiar, swift, and free, where the respondent public authority is ordered to simply render "a report" on what has been done in the reported case (articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). Thus, it is not technically a litigation, and in accordance with this, the Constitutional Chamber is granted broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus process, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened and regarding the broad management of the evidence that may serve to clarify what occurred. Such a procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties facing each other in such a way that what one wins the other loses, requires us to move away from the solutions that for these latter issues have been provided for in procedural systems such as civil, contentious-administrative, or labor.
For what is now of interest, the Law of Constitutional Jurisdiction regulates in its articles 46 and following, three special aspects of the exercise of the jurisdictional function in the protection of fundamental rights, under the charge of the Chamber: a) the first aspect pertains to the declaration that must be made regarding the existence or non-existence of the violation (articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers enjoyed by the Court to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective manner, their exercise (articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus processes, such that —upon the confirmation of a violation by the Chamber— there is a restoration of the enjoyment of such rights and, in addition, effective compensation for the damages and costs caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the infringing authorities, which are not only for the purposes of effective judicial protection of the petitioner but also as a deterrent, so that the State does not incur in the future in the actions that gave rise to the granting of the recurso, a matter regulated in article 50 of the Law of Constitutional Jurisdiction.
In this last aspect, the Law, in its article 51, orders the Chamber that "every resolution granting the recurso shall abstractly award compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the recurso…". This is the general system that regulates the matters of the compensation scope, for the cases that the majority identifies as the "natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…"; in such cases, among which the one now being decided is found, the Chamber has verified the grievance, and hence the need for an award of costs, damages, and losses, which is based on the aforementioned concept of effective protection of individuals' rights and on the notion that the Administration must be held responsible for the damages and costs caused by its unconstitutional actions. This conclusion is not changed at all by the fact that upon hearing and resolving the amparo, "the effects of the challenged act may have ceased" (article 50), as such a case forms an integral part of the general system of automatic award of costs, damages, and losses, as it is understood that the process has terminated normally and the violation has been verified.
Within this simple and clear general framework —and lacking deficiencies or gaps as the majority affirms— the provision of article 52 of the Law fits perfectly as a case of exception, applicable solely in cases where the Chamber has not heard, nor ruled on, the merits of the claim, that is —as the majority states— in those situations of "abnormal termination of the process". But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are delimited with extreme precision by the legislator; first, the factual requirements for the application of this norm are clearly described, such that the Chamber must verify:
In this case, the foregoing exercise obliges one to conclude the inapplicability of article 52 of the LJC, given that, on the one hand, the Court has ruled on the merits of the matter, has recognized through its declaration a violation of fundamental rights, and determined who was the perpetrator; this in no way resembles an "abnormal termination of the process". On the other hand, the requirements of the recently cited article 52 are also not met, since there is no formally issued "administrative or judicial resolution" in which the act causing the violation of constitutional rights is expressly revoked, halted, or suspended. For all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of articles 50 and 51 of the LJC and to order —as a consequence of having verified the violation— the award of damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the process.
But even if we were to set aside the automatic award of damages, losses, and costs, disregarding the previous reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impairment in the exercise of the fundamental rights of the amparo petitioner, which, as a harmful action, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses —whose specific determination is not up to the Chamber—, and no merit is appreciated in the file that convinces to exempt the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly established in the law.
Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the recurso shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate".
My interpretation of this norm is the following: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are appropriate" refers to costs. Indeed, article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: costs.
Certainly, under article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the recurso de amparo is not compensatory but restitutive; however, article 51 of the LJC states: "Every resolution granting the recurso shall abstractly award compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the recurso, reserving their liquidation for the execution of the judgment".
If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, the abstract award of these is appropriate. If this were not done, if such an award were not granted, in the event that they had indeed occurred, there would be no title —derived from this process— to claim them, which could violate article 41 of the CP. Even if there is an abstract award, if the damages and losses have not occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, as it is solely up to them to take the real existence and magnitude of the same as proven.
With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with a recurso de amparo.
It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award legal costs (costas), even when the right has been restored.
In light of the foregoing, I partially dissent (salvo parcialmente el voto) with respect to the operative part and order the award of damages (daños y perjuicios), but not the award of legal costs.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic or new-technology device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
Regarding the actions of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in accordance with the provisions of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the recurso is granted (declara con lugar) without special award of legal costs, damages, or losses. Judge Hernández López partially dissents (salva parcialmente el voto) and orders the award of damages, losses, and legal costs in accordance with Articles 50 and 51 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Judge Garro Vargas partially dissents and orders the award of damages and losses, but not the award of legal costs. - Regarding the actions of the Municipalidad de Garabito, the recurso is granted. Tobías Murillo Rodríguez, Mayor of the Municipalidad de Garabito, or whoever holds that office, is ordered, within the scope of their powers, to issue the necessary orders so that the petitioner (amparado) is notified of the resolution on the request filed on March 1, 2017; the foregoing within a period of FIVE DAYS from the notification of this judgment.
They are warned that failure to comply with said order will constitute the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in a recurso de amparo, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Municipalidad de Garabito is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of sentence in the contentious-administrative jurisdiction. Let it be notified.
Fernando Castillo V.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.
*43HN7NEGEY3Q61*
*200110920007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 20-011092-0007-CO, interpuesto por WALTER BRENES SOTO, cédula de identidad 0206450800, contra la MUNICIPALIDAD DE GARABITO Y LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL.
Resultando:
Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,
Considerando:
De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante una denuncia interpuesta ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental y la Municipalidad de Garabito por una situación ambiental. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
CUARTO: Se advierte al desarrollador que el inicio de la etapa constructiva del proyecto será hasta el momento en cuente con la Viabilidad Ambiental. QUINTO: Se le advierte a la Municipalidad que no puede otorgar ningún permiso de construcción para el desarrollo del proyecto, hasta tanto cuente con la Viabilidad Ambiental. (...)”; decisión que fue notificada al amparado al día siguiente en el medio señalado por éste. (ver informe de autoridad recurrida y documentación aportada).
No se tiene por demostrado el siguiente hecho de interés para la resolución del asunto: Único) Que la Municipalidad de Garabito haya notificado al recurrente el oficio ST-092-2620-FS-I de fecha 6 de julio de 2020.
Después de analizar los elementos probatorios aportados y el informe rendido por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se comprueba la vulneración de los derechos fundamentales del amparado. Sobre el particular tenemos, que el 1 de marzo de 2017 el recurrente interpuso ante la Municipalidad de Garabito denuncia ambiental, acusando un movimiento de tierra no autorizado contiguo al Residencial Hermosa Palms, en Playa Hermosa de Jacó, Garabito y solicitando la clausura inmediata de las obras; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso no ha recibido respuesta. En ese sentido, el Alcalde Municipal remite copia del oficio ST-092-2620-FS-I de fecha 6 de julio de 2020, emitido por Servicios Técnicos del ente municipal, en el cual se brinda respuesta al requerimiento formulado por el amparado desde el año 2017; pese a lo anterior, no se acredita que dicha documentación haya sido notificada al tutelado. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva.
Refiere el recurrente que el 2 de junio de 2017 solicitó aclaración y adición de la resolución No. 982-2017-SETENA emitida por la Secretaría accionada, en la cual se resolvió rechazar la denuncia ambiental interpuesta por su persona. Acusa que a la fecha de interposición del presente recurso, su gestión no ha sido resuelta. Al respecto, se tiene que la autoridad accionada -en informe rendido bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- admite los hechos denunciados por el tutelado y omite indicar las razones por las cuales han transcurrido aproximadamente 3 años, sin que se haya podido dar respuesta a lo solicitado, plazo que considera esta Sala resulta excesivo y desproporcionado. Aunado a lo anterior, si bien informan que el 8 de julio de 2020 mediante resolución No. 1228-2020-SETENA se resolvió la gestión de aclaración y adición que se reclama, lo cierto es que dicha actuación obedeció a la notificación de la resolución -sea el 23 de junio de 2020- de interposición del presente recurso. Por lo expuesto, se verifica la lesión a los derechos fundamentales del amparado y en cuanto a este extremo lo procedente es declarar con lugar el recurso en los términos que se indican en la parte dispositiva.
VII.SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas.
Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO.
Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.
En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos especiales del ejercicio de la función jurisdiccional en la protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.
En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.
Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos como lo afirma la mayoría-la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar:
En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.
Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.
Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.
En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
En cuanto a las actuaciones de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. - En cuanto a las actuaciones de la Municipalidad de Garabito, se declara con lugar el recurso. Se ordena a Tobías Murillo Rodríguez, Alcalde de la Municipalidad de Garabito, o a quien en ocupe ese cargo, para que dentro del ámbito de sus competencias, gire las órdenes necesarias para que se comunique al amparado lo resuelto sobre la gestión presentada el 1 de marzo de 2017; lo anterior dentro del plazo de CINCO DÍAS a partir de la notificación de esta sentencia.
Se le advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Garabito al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.
*43HN7NEGEY3Q61*
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