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Res. 12400-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/07/2020
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered the Municipality of Escazú and the Health Area to coordinate a definitive solution to the blackwater and sanitary sewer problem in the Cuesta Grande area within twelve months, to respond to petitioners' requests within ten days, and ordered payment of costs, damages, and losses.La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo y ordenó a la Municipalidad de Escazú y al Área Rectora de Salud coordinar una solución definitiva para el problema de aguas negras y falta de alcantarillado sanitario en el sector de Cuesta Grande en un plazo de doce meses, así como responder las gestiones de los recurrentes en diez días y condenó al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo filed by residents of the Cuesta Grande area, Escazú, against the Municipality of Escazú and the Health Area for failing to resolve contamination from sewage and blackwater, causing foul odors and health risks. Despite multiple complaints, inspections, and correspondence between the authorities, no definitive solution had been implemented. The Chamber verified a serious public health and environmental problem, and the inability of the respondent entities to exercise their oversight and coordination powers. It granted the amparo, ordering the authorities to jointly carry out necessary actions to install a sanitary sewer and eliminate the sewage within a strict twelve-month period, respond to petitioners' requests within ten days, and ordered the State and the Municipality to pay costs, damages, and losses. The ruling includes separate opinions discussing the admissibility of amparo proceedings in environmental matters when direct health risks are involved.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por vecinos del sector Cuesta Grande, Escazú, contra la Municipalidad de Escazú y el Área Rectora de Salud por la omisión en resolver un problema de contaminación por aguas negras y residuales, con malos olores y riesgo sanitario. A pesar de múltiples denuncias, inspecciones y correspondencia entre las autoridades, no se había implementado una solución definitiva. La Sala constató la existencia de un problema grave de salud pública y ambiente, y la incapacidad de las entidades recurridas para ejercer sus potestades de vigilancia y coordinación. Declaró con lugar el recurso, ordenando a las autoridades realizar de forma coordinada las acciones necesarias para instalar alcantarillado sanitario y eliminar las aguas negras en el plazo improrrogable de doce meses, responder gestiones de los recurrentes en diez días, y condenó al Estado y a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios. La sentencia incluye notas separadas que discuten la procedencia de la vía de amparo en materia ambiental cuando están involucrados riesgos directos a la salud.
Key excerptExtracto clave
This Constitutional Court verifies the alleged violation of the fundamental rights of the petitioners and their neighbors, for the reasons set forth below. It is confirmed that in the area called Cuesta Grande there is a problem due to the lack of a sanitary sewer and black and residual waters on public roads, with consequent foul odors and health risks. It is accredited in the judicial file that the competence for the sanitary sewer in the canton of Escazú falls to the Municipality. Similarly, it is confirmed that both authorities (Municipality of Escazú and Health Area of Escazú) are aware of this problem, have exchanged correspondence on the matter, and carried out inspections, in which the existence of irregular works and black and residual waters on public roads was verified; without concrete actions having been taken to solve the problem at hand. In the opinion of this Chamber, in this case we are facing a serious health problem that affects the environment and the health of the inhabitants of the community, and it is confirmed that the respondent authorities have shown an inability to enforce the laws on the matter and their obligation to guarantee the enjoyment by the inhabitants of the area of a healthy and ecologically balanced environment, with consequences for the health of these people due to the nature of the health problem afflicting them. The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient, thus incurring responsibility for omission in the exercise of those powers, which, in turn, violate the constitutional right of the administered to receive efficient and effective public services.Este Tribunal Constitucional constata la acusada lesión a los derechos fundamentales de los amparados, así como de sus vecinos, por las razones que a continuación se expondrán. Se verifica que en la zona denominada Cuesta Grande existe una problemática de ausencia de alcantarillado sanitario y de aguas negras y residuales en vía pública, con los consecuentes malos olores y riesgo sanitario. Está acreditado en el expediente judicial que la competencia del alcantarillado sanitario en el cantón de Escazú compete a la Municipalidad. En igual sentido, se tiene por constatado que ambas autoridades (Municipalidad de Escazú y Área Rectora de Salud de Escazú) conocen dicha problemática, han intercambiado correspondencia al respecto y realizado inspecciones, en las que se ha constatado la existencia de obras irregulares y de aguas negras y residuales en vía pública; sin que se hayan tomado acciones concretas tendentes a solucionar el problema de marras. A juicio de esta Sala, en la especie nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata que las autoridades accionadas han mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.
Pull quotesCitas destacadas
"La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces."
"The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient, thus incurring responsibility for omission in the exercise of those powers, which, in turn, violate the constitutional right of the administered to receive efficient and effective public services."
Considerando: Sobre el caso concreto
"La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces."
Considerando: Sobre el caso concreto
"En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas."
"In this sense, control and supervision of environmental matters and activities constitute an essential function of the State, so in terms of environmental protection, the functions of stewardship, control, and supervision of environmental matters correspond to the State, in charge of the various administrative agencies."
Considerando: Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado
"En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas."
Considerando: Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado
"La Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento... sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares... que según mi criterio, sí resultarían aún mejor tutelados por esta Sala."
"The Chamber should refrain from hearing claims presented for alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, leaving their knowledge to administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction... without prejudice to recognizing the existence of particular cases... that, in my opinion, would be even better protected by this Chamber."
Nota de la Magistrada Hernández López, párrafo 7
"La Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento... sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares... que según mi criterio, sí resultarían aún mejor tutelados por esta Sala."
Nota de la Magistrada Hernández López, párrafo 7
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: July 3, 2020 at 9:15 a.m.
Case File: 20-009999-0007-CO Type of matter: Amparo appeal Constitutional control: Judgment upholding the appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Judgment with separate note Relevance Indicators Relevant judgment Content of Interest:
Strategic Themes: Environmental, Political Constitution Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
SEWERAGE.
12400-20. THE MUNICIPALITY OF ESCAZÚ AND THE HEALTH AREA OF THE SAME PLACE ARE ORDERED TO COORDINATE A SOLUTION, WITHIN A TWELVE-MONTH PERIOD, FOR THE PROBLEM OF LACK OF SANITARY SEWERAGE AND TO PROVIDE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OF BLACKWATER, IN THE SECTOR OF CUESTA GRANDE.
LBH07/20 ... See more Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
12400-20. THE MUNICIPALITY OF ESCAZÚ AND THE HEALTH AREA OF THE SAME PLACE ARE ORDERED TO COORDINATE A SOLUTION, WITHIN A TWELVE-MONTH PERIOD, FOR THE PROBLEM OF LACK OF SANITARY SEWERAGE AND TO PROVIDE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OF BLACKWATER, IN THE SECTOR OF CUESTA GRANDE.
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Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
COMPLAINT.
12400-20. THE MUNICIPALITY OF ESCAZÚ AND THE HEALTH AREA OF THE SAME PLACE ARE ORDERED TO COORDINATE A SOLUTION, WITHIN A TWELVE-MONTH PERIOD, FOR THE PROBLEM OF LACK OF SANITARY SEWERAGE AND TO PROVIDE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OF BLACKWATER, IN THE SECTOR OF CUESTA GRANDE.
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Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics:
INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.
12400-20. THE MUNICIPALITY OF ESCAZÚ AND THE HEALTH AREA OF THE SAME PLACE ARE ORDERED TO COORDINATE A SOLUTION, WITHIN A TWELVE-MONTH PERIOD, FOR THE PROBLEM OF LACK OF SANITARY SEWERAGE AND TO PROVIDE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OF BLACKWATER, IN THE SECTOR OF CUESTA GRANDE.
LBH07/20 ... See more Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics:
COMPLAINT.
12400-20. THE MUNICIPALITY OF ESCAZÚ AND THE HEALTH AREA OF THE SAME PLACE ARE ORDERED TO COORDINATE A SOLUTION, WITHIN A TWELVE-MONTH PERIOD, FOR THE PROBLEM OF LACK OF SANITARY SEWERAGE AND TO PROVIDE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OF BLACKWATER, IN THE SECTOR OF CUESTA GRANDE.
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Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: PUBLIC SERVICES Subtopics:
SEWERAGE.
12400-20. THE MUNICIPALITY OF ESCAZÚ AND THE HEALTH AREA OF THE SAME PLACE ARE ORDERED TO COORDINATE A SOLUTION, WITHIN A TWELVE-MONTH PERIOD, FOR THE PROBLEM OF LACK OF SANITARY SEWERAGE AND TO PROVIDE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OF BLACKWATER, IN THE SECTOR OF CUESTA GRANDE.
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Type of content: Separate note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:
SEWERAGE.
12400-20. THE MUNICIPALITY OF ESCAZÚ AND THE HEALTH AREA OF THE SAME PLACE ARE ORDERED TO COORDINATE A SOLUTION, WITHIN A TWELVE-MONTH PERIOD, FOR THE PROBLEM OF LACK OF SANITARY SEWERAGE AND TO PROVIDE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OF BLACKWATER, IN THE SECTOR OF CUESTA GRANDE.
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Type of content: Separate note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
SEWERAGE.
" VII. NOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.
1. The historical context that once motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a very extensive production of laws and regulations that include substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed on the Chamber a role as the protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Today, we find ourselves facing a "dense framework" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all ordered, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. In them, in accordance with the importance of environmental law, inclusive procedural avenues and means of standing have been broadly regulated, so that individuals can enforce what is established in that broad legal order related to environmental issues.
3. In this context, it is neither legally appropriate nor functionally correct for the Constitutional Chamber to displace, or—worse still—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts that are composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are well-known examples in which the Chamber has delivered a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary friction and impact on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects that I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have judgment enforcement judges to allow for adequate follow-up of these judgments—generally complex—which sometimes involve the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up over months and even years.
5. From this perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental field, but on the contrary, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this area for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the field assigned to it, as well as the exercise of fixing its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the work of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that while every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is, then, about ensuring that the Chamber becomes a protagonist alongside others, so that—among all and each in their own space—it is possible to cover the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but substantial gains are made in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, leaving their knowledge to the administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed with a general character, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases which, in my opinion, would indeed be better protected by this Chamber and therefore should be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can state that the Chamber should reserve knowledge of situations such as, for example, claims for environmental infractions that also put people's health at direct risk, or access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a patent lack of protection by state authorities is confirmed, provided always that the nature of the claim also permits it to be addressed through the instrument of amparo appeal as a summary and special procedural institute, since I also believe that amparo should not be "ordinaried" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately handled within it.
8. In this specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the appealing party could potentially affect their physical integrity, that of their family, and of the people living in the area called Cuesta Grande; the foregoing, due to the absence of sanitary sewerage and blackwater and residual waters in public roads, with the consequent bad odors and sanitary risk. Consequently, it is clear that we are before the exceptions mentioned, and for that reason, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the persons seeking amparo." LBH07/20 ... See more Content of Interest:
Type of content: Separate note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
SEWERAGE.
"VIII. NOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the appellants consider their fundamental rights harmed, since they accuse that, despite having repeatedly reported the problem of contamination by blackwater and residual waters in the sector of Cuesta Grande, the indicated contamination problem has not been solved, even though it affects the health and quality of life of the residents of the area, due to the fact that several dwelling houses discharge water with excrement onto the street gutter edge and outside the homes, which causes bad odors. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life." LBH07/20 ... See more *200099990007CO* Res. No. 2020012400 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes of July third, two thousand twenty.
Amparo appeal processed in case file number 20-009999-0007-CO, filed by AU SHUM TSANG, identity card 0800660941, DANIELE PEYER, residency card 175600045409, against THE MUNICIPALITY OF ESCAZÚ, THE HEALTH GOVERNING AREA OF ESCAZÚ.
Whereas:
By document received in the Secretariat of the Chamber at 12:29 p.m. on June 5, 2020, the appealing party files an amparo appeal against the mayor, the head of the Technical Road Management Unit, and the head of the Environmental Management Department, all of the Municipality of Escazú, as well as the director and the person in charge of the Health Regulation Process, both from the Health Governing Area of Escazú, and states that on November 27, 2019, the Cuesta Grande Development Committee filed a complaint for environmental contamination with the Municipality of Escazú, given that the health and quality of life of the residents of the area are affected, due to the fact that several dwelling houses discharge water with excrement onto the street gutter edge and outside the homes, which causes bad odors. They add that on December 18, 2019, the appellant Verónica Shum Tsang filed a new complaint for the same facts. They point out that by official notice dated December 11, 2019, the respondent mayor's office indicated that the contamination problems being accused were the competence of the Ministry of Health, without carrying out a true follow-up on the situation and transferring the procedure to another institution. They indicate that they went to the Ministry of Health and verbally filed the corresponding complaint; however, they reiterate that said complaint is known to that Ministry given the transfer made by the respondent Municipality. They point out that the families being affected by the contamination problems are the residents of the neighborhood located at the intersection of Cuesta Grande Street and Isabel Agüero Street, in Escazú. They recount that due to the indicated problems, several neighbors organized to purchase pipes in order to prevent excrement from flowing through the gutters and causing a fecal matter contamination problem; such situations prevent them from eating or living decently in their own homes. They note that by official notice No. MSDRRSCS-ARSE-ERS-0438-2019 of June 28, 2019, signed by the director and the person in charge of the Health Regulation Process of the Escazú Health Governing Area, that authority requested the mayor of Escazú to carry out a series of pertinent actions to give a comprehensive solution to the complaint filed by Daniel Peyer. They allege that despite the sanitary orders issued, the situation persists in clear injury to public health. They explain that the neighbors organized for a private laboratory to evaluate samples on site, where the laboratory Bioanalítica Pacífico Ltda detected bad odors, fecal matter, fats, oils, and various solids, among others. They claim that this situation worries them to a greater degree, since in several media outlets, the spread of the COVID-19 virus through human feces has been linked, which puts the health of the neighbors at risk given the Administration's negligence and inaction. On the other hand, they point out that due to the described contamination, people can contract hepatitis, a disease that puts people's health at risk. They maintain that the respondent authorities have not taken the necessary actions to verify the reported facts and solve the reported contamination problems. They consider their fundamental rights harmed. By resolution at 11:21 a.m. on June 8, 2020, this appeal was processed, which was notified to the respondents on June 9, 2020. Arnoldo Barahona Cortés, Jerson Calderón Valverde, and Cristian Boraschi González report under oath, in their capacity as mayor, coordinator of the Environmental Management Subprocess, and Urban Management manager, all of the Municipality of Escazú (folio 62 of the electronic file), that in resolution No. 2019-004583, this Constitutional Court dismissed an appeal filed by the present appellant for the same problem. They state that they have carried out the actions that are legally and technically possible, since what is reported constitutes a public health problem on properties that—some—do not have construction permits. As part of the tasks to be carried out, a schedule for the application of fluorescein throughout the entire area was defined, including Naranjo Street, Cuesta Grande Street, and Isabel Agüero Street. This work is carried out in support of the Ministry of Health, to detect possible offenders (sources of blackwater and graywater). These inspections were scheduled between April 14 and November 24, 2020; and to date, five have been carried out, of which four tested positive in public roads. In those cases, the matter is transferred with evidence to the Ministry of Health, so that it can proceed with the corresponding sanitary notification. Since the national emergency for COVID-19 was declared, no further inspections have been carried out, because to apply the dye, one must enter the dwelling houses, with the consequent risk to municipal personnel and citizens. It is planned to resume inspections starting the second week of June. They refer to the notifications that have been made for the discharge of residual waters into public roads, and indicate that the owners have not submitted any remedial plan, for which reason they referred the case to the corresponding instances. Regarding the complaint of November 27, 2019, they refer to the actions carried out by the Municipality, which, in addition to the inspections and transfers already mentioned, include the projection of an intervention in the Cuesta Grande area. They request that the appeal filed be dismissed. Adolfo Ortiz Barboza reports under oath, in his capacity as Director of the Health Governing Area of Escazú (folio 140 of the electronic file), that on October 16, 2018, the appellant filed a complaint that was answered the same day, through official notice CS-ARSE-640-2018, indicating the procedure to follow for the attention of his complaint with the consecutive number No. 13739-18. Attention to complaint No. 13739-18 was internally scheduled to conduct a visit on January 10, 2019. He states that on November 20, 2018, Mr. Peyer was notified of the inspection appointment and was asked if he wished to be notified prior to the visit, to which he indicated that he did not want to be informed of the visit since the problem described is in a gutter near his home and that he is not directly affected, as evidenced by the Ocular Inspection Report RCS-ARSE-AIO-RS-121-RMAS-2018. By February 2019, this governing area received an Amparo Appeal under case file 19-001025-0007-CO filed by Mr. Daniel Peyer regarding the same facts reported under consecutive number No. 13739-18; and in order to resolve said Amparo Appeal, on Thursday, February 7, 2019, an inspection visit was made to the place indicated by the complainant, as recorded in Ocular Inspection Report No. RCS-ARSE-AIO-RS-017-RMAS-2018. He notes that on February 8, 2019, Technical Report No. CS-ARSEERS-0186-2019 was issued, in which it is indicated that, of what was reported by Mr. Daniel Peyer, it was not verified, so Administrative File No. 13739-18 was closed because no impact on public health was confirmed, given that, on the day of the inspection visit, a coloration test with sodium fluorescein was carried out on each of the sanitary services of three homes located on the reported property, all of which were declared negative, with Mr. Daniel Peyer even being present, and at the time of the inspection no unpleasant odors were perceived. In other words, Mr. Daniel Peyer's complaint was heard on October 16, 2018, and was assigned Administrative File No. 13739-18. Said complaint was closed on February 8, 2019, through Technical Report No. CS-ARSE-ERS-0186-2019, as the fact reported by Mr. Daniel Peyer was not confirmed, who was duly notified on February 11, 2019. On June 25, 2019, the Municipality of Escazú forwarded, via official notice UTGV-87-19, the case of Verónica Shum Tsang, Daniel Peyer, and Miguel Arias Jiménez, who report contamination by blackwater on the street known as Cuesta Grande (intersection between Cuesta Grande Street and Isabel Agüero Street, San Antonio de Escazú), and on June 28, 2019, this Health Governing Area issued and delivered official notices MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0437-2019, MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0438-2019, and MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0439-2019, at the Municipality of Escazú, addressed to the Mayor, in reference to what was reported by Verónica Shum, Daniel Peyer, and Miguel Ángel Arias Jiménez, requesting information from the municipality in order to seek a comprehensive solution to the complaint, expressly requesting the following: 1) indicate whether all the buildings located in the reported place have the appropriate construction permits from the Municipality, 2) If they are up to date with the permits, indicate who was the professional responsible for monitoring the construction works and whether they fully comply with what was previously approved in the construction permits. 3) Indicate what is the approved treatment system for residual waters in the plans and who was the professional in charge of supervising that system and whether said approved system was the same one that was built. 4) If they do not comply with what was approved in the construction permits, indicate the actions taken by the Municipality in this regard. 5) If they do not have construction permits for these buildings, indicate the actions that have been taken to resolve the non-conformity according to current legislation. 6) The actions taken by the Environmental Management and Social Promotion and Urban Management departments to resolve said situation. He clarifies that the Municipality has responsibility for the oversight of construction matters, as specified in the Construction Law, the Municipal Code, and related legislation. On August 20, 2019, a response was received from the Municipality of Escazú via official notices DA-769-2019, UTGV-108-19, and PCU-123-2019. They indicate that the reported property corresponds to property number 341795, which is under probate. No record was found suggesting that any application for a construction permit had been processed on said property; however, the existence of several structures consolidated in previous years is evident. They indicated that what is appropriate is to make the respective transfer to the General Inspection Subprocess so that the corresponding administrative process can be initiated and thus the owners can legalize the existing works with the Municipality. Finally, they recommend that the Health Governing Area of Escazú act ex officio as this is a public health problem. On August 23, 2019, at approximately 10:00 a.m., an inspection was carried out in follow-up to complaint No. 13739-18, and the home of the complainant, Mr. Daniel Peyer, was visited; a knock on the door yielded no answer from any person, this according to Inspection Report No. MSDRRSCS-ARSE-AIO-AFS-209-2019. On June 9, 2020, at 11:55 a.m., an amparo appeal was received under the resolution at eleven hours twenty-one minutes of June 8, 2020, with case file number 20-009999-0007-CO, filed by Mrs. Au Shum Tsang, identity card 0800660941, and Mr. Daniele Peyer, residency card No. 175600045409, so an inspection was carried out at the reported site (located 300 meters East of Mirador Tiquicia in Cuesta Grande, San Antonio de Escazú) on June 10, 2020, as recorded in Inspection Report No. MSDRRSCS-DARSE-AIO-YBB-70-2020, in which it is confirmed that arriving at the site, Ministry of Health officials identified themselves to the women living there, who are family, and explained that they are following up on Complaint No. 13739-18 and also attending to a mandate of the Constitutional Chamber, for which reason they requested permission to enter the property to perform a coloration test with sodium fluorescein in the sanitary services of the homes on the property, in order to verify if there is a discharge of blackwater into the storm sewer. They expressed their disagreement, stating that the Ministry of Health had already performed this test and it had come back negative. For this reason, they did not allow entry. They explain that, if entry to the property is denied, a request for a warrant to enter will be made. He states that the intention in trying to perform the coloration test again on the reported property is to verify if the situation has changed compared to the visit made on February 7, 2019. If the coloration test comes back negative again, the disposal of wastewater into the storm gutter must be assessed, which could be the cause of the impact; however, the appellants have only reported the apparent presence of blackwater coming from that property. He adds that the problem may be caused by other nearby properties, which have not yet been reported by the appellants to this body. They emphasize that the procedure for filing complaints involves completing Form D-1 "Sanitary Complaint Submission" or filing it via email to the institutional address: [email protected]. On the other hand, the fact alleged by the appellants that they have a water analysis prepared by the Laboratory Bioanalítica Pacífico Ltda. is not known to this Health Governing Area, as it was not notified to this body. And the only valid tests are those performed and verified by the Ministry of Health, or by whomever is granted the authority to do so. Regarding the appellants' concern about contracting the Covid-19 disease through human feces, they are informed that the Ministry of Health has not indicated this as one of the means of possible contagion. He considers that they have not been neglectful, that the administration's actions have been aimed at providing timely follow-up to the case at hand, and that no harm has been caused to the appellants, so he requests that the appeal filed be dismissed. By document received in the Secretariat of the Chamber at 12:29 p.m. on June 5, 2020 (folio 152 of the electronic file), the appealing party replies to the reports of the respondent authorities. They indicate that the municipal authorities acknowledge having detected a large number of homes that discharge their contaminated water into the gutters and onto the gutter edge, but have done nothing about it nor given follow-up to the case. And the Ministry of Health authorities disregard the technical evidence provided, stating that only the test performed by them is valid, without doing anything to gather it. In the procedures followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,
Considering:
Preliminarily. Before analyzing the merits of the claim, it must be clarified that, since judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration. In the present matter, a scenario of exception arises, as this involves a complaint related to contamination and public health, which has allegedly not been resolved within a reasonable time.
Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
Object of the appeal. The appellants consider their fundamental rights harmed, as they allege that, despite having repeatedly reported the problem of contamination by untreated sewage and wastewater (aguas negras y residuales) in the Cuesta Grande sector, the indicated contamination problem has not been solved.
Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
Unproven facts. The following facts of relevance to this resolution are not deemed proven:
Regarding the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Constitución Política. Environmental protection is an adequate mechanism for safeguarding and improving the quality of life for all, which makes necessary the intervention of Public Authorities over factors that can alter its balance and hinder a person's development and growth in a healthy environment. The State becomes the guarantor of the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitute an essential function of the State; therefore, concerning environmental protection, the functions of stewardship, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, through its various administrative bodies.
Regarding the specific case. Having analyzed the reports from the respondent authorities and the evidence provided to the record, this Constitutional Court (Tribunal Constitucional) verifies the alleged harm to the fundamental rights of the amparo beneficiaries, as well as their neighbors, for the reasons set forth below. It is verified that in the area called Cuesta Grande, there is a problem of absence of a sanitary sewage system and of untreated sewage and wastewater (aguas negras y residuales) on public roads, with the consequent bad odors and sanitary risk. It is accredited in the judicial file that jurisdiction over the sanitary sewage system in the canton of Escazú belongs to the Municipality. In the same vein, it is taken as verified that both authorities (Municipality of Escazú and Área Rectora de Salud of Escazú) are aware of this problem, have exchanged correspondence on the matter, and conducted inspections, in which the existence of irregular works and untreated sewage and wastewater (aguas negras y residuales) on public roads has been verified; without any concrete actions having been taken aimed at solving the problem in question. This Court has recognized that one of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must exist between all public entities and bodies when exercising their competencies and providing the services that the legal system has assigned to them. Coordination, as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and binds all public entities; it can be inter-organic—between the various bodies that make up a public entity not subject to a hierarchical relationship—or inter-subjective—that is, between public entities, each with its own legal personality, budget, autonomy, and specific competencies—; and its purpose is to avoid duplication and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity, that is, that they be performed in a rational and orderly manner (see, to that effect, ruling Nº 2007-015218, among others). In the judgment of this Chamber (Sala), in this instance, we are faced with a serious sanitary problem that affects the environment and the health of the community's inhabitants, and it is verified that the respondent authorities have shown an inability to enforce the laws on the matter and their obligation to guarantee the inhabitants of the area the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, with consequences for the health of those persons due to the nature of the sanitary problem affecting them. In reiterated jurisprudence, the Chamber (Sala) has stated that it cannot be accepted that human beings are denied the right to a healthy environment, the right to health, due to the inability of the corresponding public authorities to effectively exercise the oversight powers and solutions to the problems granted by law. It is not enough to schedule inspections months in advance or to ask neighbors if they agree to said inspections being conducted. Both authorities possess sufficient and varied competencies to ensure the fulfillment of their functions. However, despite being aware of the reported problem for a long time, the few actions they have deployed have not been sufficient to resolve the reported environmental problem. The persistence of the problem demonstrates that the few actions taken have been clearly insufficient, thus incurring responsibility for omission in the exercise of those powers which, in turn, harm the constitutional right of the administered to receive efficient and effective public services. In addition to this, the municipal authorities fail to demonstrate that they have responded in writing to the appellants' claims. By reason of the foregoing, it is appropriate to grant the appeal, so that both the respondent Municipality and the Ministry of Health (Ministerio de Salud) coordinate with each other and exercise the necessary actions to provide an effective solution to said problem.
NOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
1. The historical context that motivated, in its time, the broad intervention of the Chamber (Sala) in environmental matters, has undergone considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in securing the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been safeguarded in Article 50 of the Constitución Política. Indeed, the current situation—characterized by an extremely broad production of laws and regulations that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for the fulfillment of what is ordered in the Carta Fundamental—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence forced the Chamber (Sala) into a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Today, we find ourselves faced with a "dense framework" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with oversight and control powers over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative, but also the criminal jurisdiction. In these, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive means of standing have been broadly regulated, so that the administered can assert what is established in that broad legal order related to environmental issues.
3. In this context, it is neither legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Sala Constitucional to displace, or—worse yet—substitute for, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that—these indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes does not fit well with the complexity present in numerous environmental conflicts that consist of technically and legally complex series of facts and acts. On both issues, there are well-known examples in which the Chamber (Sala) has delivered a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an impact on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence execution judges to allow adequate follow-up on the judgments—generally complex—which sometimes involve following up on remedial plans, among other things, with inter-institutional coordination and follow-up over months or even years.
5. From that perspective, the decision to step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of environmental matters, but rather, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the declination of this instance from its task of protecting constitutional rights imposed upon it by the Constitución Política and its Ley Orgánica, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjusting the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise of setting its own competence, as established by Article 7 of its Ley Orgánica.
6. It is clear that the Chamber (Sala) is not proposing to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that while every claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. It is therefore about ensuring the Chamber (Sala) becomes a protagonist together with others, so that—among all and each in its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection but gains substantially in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being necessarily considered, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber (Sala) must abstain from hearing claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Constitución Política, to leave their hearing in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed in a general manner, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my judgment, would indeed be better protected by this Chamber (Sala) and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this listing being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber (Sala) should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infractions that also pose a direct risk to people's health, or to the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment and in which a glaring absence of protection by state authorities is verified, provided also that the nature of the claim can be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, given that I also consider that the amparo should not be "ordinari-ized" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately attended to within it.
8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the appellant party could eventually affect their physical integrity, that of their family, and of the people residing in the area called Cuesta Grande; the foregoing, given the absence of a sanitary sewage system and of untreated sewage and wastewater (aguas negras y residuales) on public roads, with the consequent bad odors and sanitary risk. Consequently, it is clear that we are dealing with the exceptions mentioned, and for that reason, I have considered it necessary for the Chamber (Sala) to exercise its competence, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the amparo-protected persons.
NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50, of the Constitución Política), as is the case here, in which the appellants consider their fundamental rights harmed, as they allege that, despite having repeatedly reported the problem of contamination by untreated sewage and wastewater (aguas negras y residuales) in the Cuesta Grande sector, the indicated contamination problem has not been solved, despite it affecting the health and quality of life of the neighbors in the area, due to the fact that several dwelling houses discharge water with excrement to the curb and the outside areas of the homes, which causes bad odors. The foregoing, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. This Chamber (Sala) must warn the appellant party that if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence backed up via any additional device, or via electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or means produced by new technologies, these must be removed from the office, within a period of 30 business days, after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is granted. Arnoldo Barahona Cortés, Jerson Calderón Valverde, and Cristian Boraschi González, in their condition as mayor, coordinator of the Subproceso de Gestión Ambiental, and manager of Gestión Urbana, all of the Municipality of Escazú, and Adolfo Ortiz Barboza, in his condition as Director of the Área Rectora de Salud of Escazú, or whoever holds the office in their place, are ordered to carry out, in a coordinated and joint manner with the other involved entities, the actions within the scope of their competencies to 1) immediately, initiate the corresponding procedures to solve the problem generated by the lack of a sanitary sewage system, for which they must adopt the corresponding budgetary measures, 2) conduct the pending inspections and issue the corresponding administrative actions, and 3) provide a definitive solution to the problems of untreated sewage and wastewater (aguas negras y residuales) in the area called Cuesta Grande, within the non-extendable period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment. 4) Likewise, within the period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the municipal authorities must respond in writing to the claims of the appellants and communicate the corresponding information to them. They are warned that failure to comply with said order will constitute the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, shall be punished with imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Escazú are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Hernández López adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Mauricio Chacón J.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *43UCQ1CJ2WQC61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Ambiental,Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
ALCANTARILLADO.
12400-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y AL ÁREA DE SALUD DEL MISMO LUGAR, COORDINAR UNA SOLUCIÓN, EN UN PLAZO DE DOCE MESES, PARA EL PROBLEMA DE FALTA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DARLE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS, EN EL SECTOR DE CUESTA GRANDE.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
12400-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y AL ÁREA DE SALUD DEL MISMO LUGAR, COORDINAR UNA SOLUCIÓN, EN UN PLAZO DE DOCE MESES, PARA EL PROBLEMA DE FALTA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DARLE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS, EN EL SECTOR DE CUESTA GRANDE.
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QUEJA.
12400-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y AL ÁREA DE SALUD DEL MISMO LUGAR, COORDINAR UNA SOLUCIÓN, EN UN PLAZO DE DOCE MESES, PARA EL PROBLEMA DE FALTA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DARLE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS, EN EL SECTOR DE CUESTA GRANDE.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
12400-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y AL ÁREA DE SALUD DEL MISMO LUGAR, COORDINAR UNA SOLUCIÓN, EN UN PLAZO DE DOCE MESES, PARA EL PROBLEMA DE FALTA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DARLE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS, EN EL SECTOR DE CUESTA GRANDE.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:
QUEJA.
12400-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y AL ÁREA DE SALUD DEL MISMO LUGAR, COORDINAR UNA SOLUCIÓN, EN UN PLAZO DE DOCE MESES, PARA EL PROBLEMA DE FALTA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DARLE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS, EN EL SECTOR DE CUESTA GRANDE.
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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
ALCANTARILLADO.
12400-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y AL ÁREA DE SALUD DEL MISMO LUGAR, COORDINAR UNA SOLUCIÓN, EN UN PLAZO DE DOCE MESES, PARA EL PROBLEMA DE FALTA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DARLE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS, EN EL SECTOR DE CUESTA GRANDE.
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Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
ALCANTARILLADO.
12400-20. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ Y AL ÁREA DE SALUD DEL MISMO LUGAR, COORDINAR UNA SOLUCIÓN, EN UN PLAZO DE DOCE MESES, PARA EL PROBLEMA DE FALTA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DARLE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DE AGUAS NEGRAS, EN EL SECTOR DE CUESTA GRANDE.
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Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
ALCANTARILLADO.
" VII. NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su integridad física, la de la su familia y de las personas que habitan en la zona denominada Cuesta Grande; lo anterior, ante la ausencia de alcantarillado sanitario y de aguas negras y residuales en vía pública, con los consecuentes malos olores y riesgo sanitario. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas." LBH07/20 ... Ver más Contenido de Interés:
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ALCANTARILLADO.
“VIII. NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que los recurrentes consideran lesionados sus derechos fundamentales, pues acusan que, a pesar de haber denunciado reiteradamente la problemática de contaminación por aguas negras y residuales en el sector de Cuesta Grande, no se ha solucionado el problema de contaminación indicado, pese a que afecta la salud y calidad de vida de los vecinos de la zona, debido que varias casas de habitación lanzan aguas con excremento al cordón del caño y a las afueras de las viviendas, lo cual provoca malos olores. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.” LBH07/20 ... Ver más *200099990007CO* Res. Nº 2020012400 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del tres de julio de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-009999-0007-CO, interpuesto por AU SHUM TSANG, cédula de identidad 0800660941, DANIELE PEYER , cédula de residencia 175600045409, contra LA MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, EL AREA RECTORA DE SALUD DE ESCAZU.
Resultando:
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:29 horas del 05 de junio de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el alcalde, jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el jefe del Departamento de Gestión Ambiental, todos de la Municipalidad de Escazú, así como el director y la encargada de Proceso Regulación de la Salud, ambos del Área Rectora de Salud de Escazú, y manifiesta que el 27 de noviembre de 2019 el Comité de Desarrollo de Cuesta Grande presentó ante la Municipalidad de Escazú una denuncia por contaminación ambiental, dado que se afecta la salud y calidad de vida de los vecinos de la zona, debido que varias casas de habitación lanzan aguas con excremento al cordón del caño y a las afueras de las viviendas, lo cual provoca malos olores. Añaden que el 18 de diciembre de 2019 la recurrente Verónica Shum Tsang presentó una nueva denuncia por los mismos hechos. Señalan que por oficio de 11 de diciembre de 2019 la alcaldía recurrida indicó que los problemas de contaminación que se acusaban eran competencia del Ministerio de Salud, sin realizar un verdadero seguimiento sobre la situación y trasladando el procedimiento a otra institución. Indican que acudieron al Ministerio de Salud y de forma verbal presentaron la correspondiente denuncia, no obstante reitera que dicha denuncia es de conocimiento de ese Ministerio dado el traslado realizado por la Municipalidad recurrida. Señalan que las familias que se están viendo afectadas con los problemas de contaminación son los residentes del barrio ubicado en el cruce entre calle Cuesta Grande y calle Isabel Agüero, en Escazú. Refieren que debido a los problemas señalados, varios vecinos se organizaron para la compra de tuberías con la finalidad de evitar que el excremento fluya por los caños y ocasione un problema de contaminación por materia fecal, tales situaciones no permiten comer ni vivir dignamente en sus propios hogares. Acotan que por oficio No. MSDRRSCS-ARSE-ERS-0438-2019 de 28 de junio de 2019 suscrita por el director y la encargada de Proceso Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Escazú esa autoridad solicitó al alcalde de Escazú realizar una serie de acciones pertinentes para dar una solución integral a la denuncia formulada por Daniel Peyer. Alegan que a pesar de las órdenes sanitarias emitidas, la situación persiste en clara lesión a la salud pública. Explican que los vecinos se organización para que un laboratorio privado valoraran muestras en el sitio, donde el laboratorio Bioanalítica Pacífico Ltda, detectó malos olores, materia fecal, grasas, aceites y sólidos diversos entre otros. Reclaman que dicha situación les preocupa en mayor grado, ya que en varios medios de comunicación se ha vinculado el contagio del virus COVID-19 por medio de heces humanas, lo que pone en riesgo la salud de los vecinos ante la negligencia e inacción de la Administración. Por otra parte, señalan que por la contaminación descrita las personas pueden contraer hepatitis, enfermedad que pone en riesgo la salud de las personas. Sostienen que a las autoridades recurridas no han tomado las acciones del caso para verificar los hechos denunciados y solucionar los problemas de contaminación denunciados. Estiman lesionados sus derechos fundamentales. Mediante resolución de las 11:21 horas del 08 de junio de 2020 se dio curso al presente recurso, lo cual se notificó a los recurridos en fecha 09 de junio de 2020. Informa bajo juramento Arnoldo Barahona Cortés, Jerson Calderón Valverde y Cristian Boraschi González, en su condición de alcalde, coordinador del Subproceso de Gestión Ambiental y gerente de Gestión Urbana, todos de la Municipalidad de Escazú (folio 62 del expediente electrónico), que en la resolución Nº 2019-004583, este Tribunal Constitucional desestimó un recurso planteado por el aquí recurrente por la misma problemática. Refieren que han realizado las acciones que son legal y técnicamente posibles, puesto que lo denunciado constituye un problema de salud pública en predios que –algunos- no tienen permisos de construcción. Como parte de las tareas a realizar, se definió un cronograma de aplicación de fluorescencia en toda la zona, incluidas calle Naranjo, calle Cuesta Grande y calle Isabel Agüero. Dicha labor se realiza en apoyo al Ministerio de Salud, para detectar los posibles infractores (fuentes de aguas negras y grises). Dichas inspecciones se programaron entre el 14 de abril y el 24 de noviembre de 2020; y a la fecha se han realizado cinco, de las cuales cuatro dieron positivas en vía pública. En esos casos, se traslada el asunto con pruebas al Ministerio de Salud, para que proceda con la correspondiente notificación sanitaria. Desde que se declaró la emergencia nacional por COVID-19, no se han realizado más inspecciones, por cuanto, para aplicar el colorante, se debe ingresar a las casas de habitación, con el consecuente riesgo para el personal municipal y los ciudadanos. Se tiene previsto retomar las inspecciones a partir de la segunda semana de junio. Refiere las notificaciones que se han realizado por salida de aguas residuales a vía pública, y señalan que los propietarios no han presentado plan remedial alguno, por lo que remitieron el caso a las instancias correspondientes. En lo que respecta a la denuncia de 27 de noviembre de 2019, refiere las acciones realizadas por la Municipalidad, que además de las inspecciones y traslados ya mencionados, incluye la proyección de una intervención en la zona de Cuesta Grande. Solicita se desestime el recurso planteado. Informa bajo juramento Adolfo Ortiz Barboza, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Escazú (folio 140 del expediente electrónico), que el 16 de octubre de 2018, el recurrente presentó una denuncia que fue respondida el mismo día, mediante oficio CS-ARSE-640-2018, indicándole el procedimiento a seguir para la atención de su denuncia con el número de consecutivo Nº 13739-18. Se programó internamente, atención de la denuncia Nº 13739-18, para realizar visita el día 10 de enero del 2019. Refiere que el día 20 de noviembre del 2018, se le notificó al Sr. Peyer la cita de inspección y se le preguntó si él deseaba que se le avisara previo a la visita, a lo cual indicó que no deseaba que se le informara la visita ya que el problema descrito es en un caño cercano a su vivienda y que él no posee afectación directa según lo evidencia el Acta de Inspección Ocular RCS-ARSE-AIO-RS-121-RMAS-2018. Para el mes de febrero del 2019 se recibió en esta área rectora un Recurso de Amparo bajo el expediente 19-001025-0007-CO interpuesto por el señor Daniel Peyer en cuanto los mismos hechos denunciados según consecutivo Nº13739-18; y con el fin de resolver dicho Recurso de Amparo, el día jueves 07 de febrero del 2019, se realizó visita de inspección al lugar señalado por el denunciante, según consta en el Acta de Inspección Ocular Nº RCS-ARSE-AIO-RS-017-RMAS-2018. Acota que el día 08 de febrero del 2019, se efectuó el Informe Técnico N°CS-ARSEERS-0186-2019 en el cual, se indica que, de lo denunciado por el Sr. Daniel Peyer, no se comprueba, por lo que se procede a archivar el Expediente Administrativo N° 13739-18 por no constatarse una afectación a la salud pública, por cuanto, el día de la visita de inspección, se realizó prueba de coloración con fluoresceína sódica a cada uno de los servicios sanitarios de tres viviendas ubicadas en la propiedad denunciada, siendo las mismas declaradas negativas estando inclusive presente el señor Daniel Peyer y durante el momento de la inspección no se percibieron olores molestos. Dicho de otro modo, se conoció la denuncia del señor Daniel Peyer el día 16 de octubre del 2018, a la cual se le asignó el Expediente administrativo N° 13739-18. Dicha denuncia se cerró el 08 de febrero del 2019, mediante Informe Técnico N° CS-ARSE-ERS-0186-2019 al no constatarse el hecho denunciado por el señor Daniel Peyer, a quien se le notificó debidamente el día 11 de febrero de 2019. El día 25 de junio del 2019 la Municipalidad de Escazú trasladó por medio del oficio UTGV-87-19 el caso de Verónica Shum Tsang, Daniel Peyer y Miguel Arias Jiménez, quienes denuncian contaminación por aguas negras en la calle conocida como Cuesta Grande (intersección entre Calle Cuesta Grande y Calle Isabel Agüero, San Antonio de Escazú),y el 28 de junio de 2019 esa Área Rectora de Salud emitió e hizo entrega de los oficios MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0437-2019, MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0438-2019 y MS-DRRSCS-ARSE-ERS-0439-2019, en la Municipalidad de Escazú, dirigidas al Alcalde, en referencia a lo denunciado por Verónica Shum, Daniel Peyer y Miguel Ángel Arias Jiménez, solicitando información al municipio con el fin de buscar una solución integral a la denuncia, expresamente se solicitó lo siguiente: 1) indicar si todas las edificaciones que se encuentran en el lugar denunciado cuentan con los debidos permisos constructivos por parte de la Municipalidad, 2) En caso de que las mismas se encuentren al día con los permisos, indicar, cuál fue el profesional responsable del seguimiento de las obras constructivas y si las mismas cumplen a cabalidad con lo aprobado previamente en los permisos de construcción. 3) Indicar cuál es el sistema de tratamiento para aguas residuales aprobado en planos y cuál fue el profesional encargado de supervisar dicho sistema y si dicho sistema aprobado fue el mismo que se construyó. 4) En caso de que las mismas no cumplan con lo aprobado en los permisos constructivos, indicar las acciones realizados por la Municipalidad al respecto. 5) En caso de no tener permisos constructivos para dichas edificaciones, indicar las acciones que han tomado para solventar la no conformidad según la legislación vigente. 6) Las acciones realizadas por el departamento de Gestión Ambiental y de Promoción Social y Gestión Urbana para solventar dicha situación. Aclara que la Municipalidad posee responsabilidad respecto a la fiscalización de los temas constructivos tal y como se tipifica en la Ley de Construcciones, el Código Municipal y legislación conexa. En fecha 20 de agosto de 2019, se recibió la respuesta por parte de la Municipalidad de Escazú mediante oficios DA-769-2019, UTGV-108-19 y PCU-123-2019. En ellos se indica que la propiedad denunciada corresponde al número de finca 341795, la cual se encuentra en derechos. No se encontró ningún registro que sugiera que en dicha propiedad se hubiese tramitado alguna solicitud para permiso de construcción, sin embargo, si se evidencia la existencia de varias estructuras consolidadas en años anteriores. Indicaron que lo que procede es realizar el respectivo traslado al Subproceso de Inspección General para que se inicie el proceso administrativo correspondiente y así los propietarios pongan a derecho las obras existentes en la Municipalidad. Finalmente, recomiendan al Área Rectora de Salud de Escazú actuar de oficio al tratarse de un problema de salubridad pública. El 23 de agosto del 2019, al ser aproximadamente las 10:00 horas se realizó inspección en seguimiento a la denuncia N°13739-18, y se visitó la casa del denunciante el señor Daniel Peyer, se llamó a la puerta pero no se obtuvo respuesta de ninguna persona, esto según consta en el Acta de inspección N°MSDRRSCS-ARSE-AIO-AFS-209-2019. El día 09 de junio de 2020 a las 11:55 horas del día, se recibió un recurso de amparo bajo la resolución a las once horas con veintiuno minutos del 08 de junio del 2020, con el número de expediente 20-009999-0007-CO, interpuesto por la señora Au Shum Tsang, con cédula de identidad 0800660941 y el señor Daniele Peyer, con cédula de residencia N°175600045409, por lo que se procedió a realizar inspección al sitio denunciado (ubicado del Mirador Tiquicia, 300 metros al Este en Cuesta Grande en San Antonio de Escazú) el día 10 de junio del 2020, según consta en el Acta de inspección N°MSDRRSCS-DARSE-AIO-YBB-70-2020, en la cual se constata que se llega al sitio, y se procede a la identificación de los funcionarios del Ministerio de Salud con las señoras que habitan en el lugar, quienes son familia, se les explica se está dando seguimiento a la Denuncia N°13739-18 y además se atiende un mandato de la Sala Constitucional, por lo que, les solicitamos su permiso para ingresar a la propiedad para realizar una prueba de coloración con fluoresceína sódica en los servicios sanitarios de las viviendas de la propiedad, con el fin de verificar si existe salida de aguas negras hacia el alcantarillado pluvial. Ellas expresaron su disconformidad, debido a que, indican que el Ministerio de Salud ya había realizado dicha prueba y había salido negativa. Por esta razón, no permitieron el ingreso. Explican que, en caso de que se niegue la entrada a la propiedad se procederá a realizar la solicitud de allanamiento. Refiere que la intención al tratar de realizar nuevamente la prueba de coloración en la propiedad denunciada, es verificar si la situación ha cambiado respecto a la visita realizada el pasado 07 de febrero de 2019. En caso de que la prueba de coloración resulte negativa nuevamente, se debe valorar la disposición de las aguas servidas hacia el caño pluvial, las cuales pueden ser la causa de la afectación, no obstante, los recurrentes solamente han denunciado la aparente presencia de aguas negras provenientes de esa propiedad. Añade que la problemática puede ser provocada por otras propiedades cercanas, las cuales no han sido denunciadas hasta el momento por los recurrentes ante esa instancia. Destacan que el procedimiento para la interposición de denuncias implica completar el Formulario D-1 “Presentación de denuncia sanitaria” o bien, plantearla por medio de correo electrónico al correo institucional: [email protected]. Por otra parte, el hecho que alegan los recurrentes respecto a que cuentan con un análisis de aguas elaborado por el Laboratorio Bioanalítica Pacífico Ltda., no es de conocimiento de esta Área Rectora de Salud, debido a que no fue notificado ante esta instancia. Y las únicas pruebas válidas son las realizadas y verificadas por el Ministerio de Salud, o a quien se le otorgue la autoridad para ello. Respecto a la preocupación de los recurrentes por contagiarse de la enfermedad del Covid-19 por medio de las heces humanas, se les indica que, el Ministerio de Salud no ha indicado éste como uno de los medios de posible contagio. Considera que no han sido omisos, que la actuación de la administración ha estado orientada a darle un seguimiento oportuno al caso de marras, y que no se ha ocasionado lesión alguna a los recurrentes, por lo que solicita se desestime el recurso planteado. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:29 horas del 05 de junio de 2020 (folio 152 del expediente electrónico), la parte recurrente replica los informes de las autoridades recurridas. Indica que las autoridades de la municipalidad reconocen haber detectado una gran cantidad de viviendas que lanzas sus aguas contaminadas a los caños y al cordón del caño, pero no han hecho nada al respecto ni le han dado seguimiento al caso. Y las autoridades del Ministerio de Salud, desconocen la prueba técnica aportada indicando que únicamente tiene validez la realizada por ellos, sin que hagan nada para recabarla. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
De previo. Antes de analizar el fondo del alegato, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones – aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia relacionada con contaminación y salud pública, la cual presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. Objeto del recurso. Los recurrentes consideran lesionados sus derechos fundamentales, pues acusan que, a pesar de haber denunciado reiteradamente la problemática de contaminación por aguas negras y residuales en el sector de Cuesta Grande, no se ha solucionado el problema de contaminación indicado. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:
Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas. Sobre el caso concreto. Una vez analizados los informes de las autoridades recurridas y las pruebas aportadas a los autos, este Tribunal Constitucional constata la acusada lesión a los derechos fundamentales de los amparados, así como de sus vecinos, por las razones que a continuación se expondrán. Se verifica que en la zona denominada Cuesta Grande existe una problemática de ausencia de alcantarillado sanitario y de aguas negras y residuales en vía pública, con los consecuentes malos olores y riesgo sanitario. Está acreditado en el expediente judicial que la competencia del alcantarillado sanitario en el cantón de Escazú compete a la Municipalidad. En igual sentido, se tiene por constatado que ambas autoridades (Municipalidad de Escazú y Área Rectora de Salud de Escazú) conocen dicha problemática, han intercambiado correspondencia al respecto y realizado inspecciones, en las que se ha constatado la existencia de obras irregulares y de aguas negras y residuales en vía pública; sin que se hayan tomado acciones concretas tendentes a solucionar el problema de marras. Este Tribunal ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos; puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva -esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas-; y tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada (véase, al efecto, la sentencia Nº 2007-015218, entre otras). A juicio de esta Sala, en la especie nos encontramos ante un problema sanitario grave que afecta al medio ambiente y la salud de los habitantes de la comunidad, y se constata que las autoridades accionadas han mostrado incapacidad para hacer cumplir las leyes en la materia y su obligación de garantizar el disfrute de los habitantes de la zona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con las consecuencias para la salud de esas personas debido a la naturaleza del problema sanitario que les aqueja. En reiterada jurisprudencia la Sala ha dicho que no se puede aceptar que a los seres humanos se les niegue el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, debido a la incapacidad de las autoridades públicas correspondientes para ejercer efectivamente las potestades de vigilancia y la solución a los problemas otorgadas por ley. No basta con programar a meses plazo la realización de inspecciones o consultarle a los vecinos si están conformes con que se realicen dichas inspecciones. Ambas autoridades poseen suficientes y variadas competencias para asegurar el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, a pesar de conocer de larga data la problemática denunciada, las pocas acciones que han desplegado no han sido suficientes para resolver la problemática ambiental denunciada. La persistencia del problema demuestra que las pocas acciones realizadas han sido claramente insuficientes, incurriendo así en responsabilidad por omisión en el ejercicio de esas potestades que, a su vez, lesionan el derecho constitucional de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces. Aunado a ello, no logran demostrar las autoridades municipales que hayan atendido, por escrito, las gestiones de los recurrentes. En razón de lo anterior, procede declarar con lugar el recurso, a fin que tanto la Municipalidad accionada como el Ministerio de Salud, coordinen entre sí y ejerzan las acciones necesarias para darle una solución efectiva a dicha problemática. NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su integridad física, la de la su familia y de las personas que habitan en la zona denominada Cuesta Grande; lo anterior, ante la ausencia de alcantarillado sanitario y de aguas negras y residuales en vía pública, con los consecuentes malos olores y riesgo sanitario. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.
NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que los recurrentes consideran lesionados sus derechos fundamentales, pues acusan que, a pesar de haber denunciado reiteradamente la problemática de contaminación por aguas negras y residuales en el sector de Cuesta Grande, no se ha solucionado el problema de contaminación indicado, pese a que afecta la salud y calidad de vida de los vecinos de la zona, debido que varias casas de habitación lanzan aguas con excremento al cordón del caño y a las afueras de las viviendas, lo cual provoca malos olores. Lo anterior, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Arnoldo Barahona Cortés, Jerson Calderón Valverde y Cristian Boraschi González, en su condición de alcalde, coordinador del Subproceso de Gestión Ambiental y gerente de Gestión Urbana, todos de la Municipalidad de Escazú y a Adolfo Ortiz Barboza, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Escazú, o a quien en su lugar ocupe el cargo, realizar de forma coordinada y conjunta con los demás entes involucrados, las acciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias para 1) de inmediato, iniciar las gestiones correspondientes para solventar el problema generado por la falta de alcantarillado sanitario, para lo cual deberán adoptar las medidas presupuestarias correspondientes, 2) realizar las inspecciones que se encuentran pendientes y emitir las actuaciones administrativas que corresponda, y 3) darle una solución definitiva al problemas de aguas negras y residuales en la zona denominada Cuesta Grande, en el improrrogable plazo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia. 4) Asimismo, en el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, deberán las autoridades municipales responder por escrito las gestiones de los recurrentes y comunicarles lo correspondiente. Se les advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Escazú al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Mauricio Chacón J.
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