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Res. 12850-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/07/2020

Denial of amparo in dispute over well AB-1477 and land-use permits in condominiumsDenegatoria de amparo por disputa sobre pozo AB-1477 y permisos de uso de suelo en condominios

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied the amparo because the claims regarding water availability and land-use permits are matters of ordinary legality and do not show a direct violation of fundamental rights.La Sala declaró sin lugar el amparo porque los reclamos sobre disponibilidad de agua y permisos de uso de suelo son materia de legalidad ordinaria y no evidencian violación directa de derechos fundamentales.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber rejected the amparo appeal filed by a lot owner in the Villas del Río Condominium, who claimed that the lack of water availability from well AB-1477 —registered in the name of AyA (Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers) but subsequently in the process of deregistration— prevented him from obtaining a municipal land-use permit to build. The appellant requested that MINAE lift the restriction on issuing land-use permits, that a precautionary measure be applied against the Municipality of Alajuela, and that AyA immediately assume water supply from that same well. The Chamber held that these claims did not involve a direct violation of fundamental rights, but rather constituted a matter of ordinary legality —review of administrative acts and technical and legal criteria— that must be litigated before the ordinary courts. Regarding the lack of response to his email inquiries, the Chamber found that the elapsed period (19 days) was not unreasonable, and moreover verified that both AyA and MINAE had already issued responses. Therefore, the appeal was dismissed in its entirety.La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo de un propietario de lote en el Condominio Villas del Río, quien reclamaba que la falta de disponibilidad de agua del pozo AB-1477 —inscrito a nombre del AyA pero luego en proceso de desinscripción— le impedía obtener el permiso municipal de uso de suelo para construir. El recurrente pidió que el MINAE levantara la restricción de otorgar permisos de uso de suelo, que se aplicara medida cautelar contra la Municipalidad de Alajuela y que el AyA asumiera de inmediato el abastecimiento mediante ese mismo pozo. La Sala consideró que estos reclamos no involucraban violación directa de derechos fundamentales, sino que constituían un conflicto de legalidad ordinaria —revisión de actos y criterios técnicos y jurídicos de la Administración— que debía ventilarse ante la jurisdicción ordinaria. En cuanto a la falta de respuesta a sus consultas por correo electrónico, la Sala estimó que el plazo transcurrido (19 días) no era irrazonable, y además constató que tanto el AyA como el MINAE ya habían emitido respuestas. Por tanto, el recurso fue desestimado en todos sus extremos.

Key excerptExtracto clave

Likewise, it is noted regarding point 3) that determining whether the ICAA must provide the service by taking water from well AB-1477 is a matter of ordinary legality, not resolvable by this Constitutional Court, since it does not involve, at least directly, any fundamental right (in this regard, it is emphasized that the appellant does not reside on the said property, but rather seeks the availability of the service as a prerequisite to begin construction). The same fate befalls determining whether or not the technical requirements for granting the service are met. It is noted that the amparo remedy is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and prompt. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions —procedures and formal acts that are translated into and materialized in an administrative record— the matter ceases to be subject to amparo, since it must be brought before a plenary proceeding, that is, a full-trial process that can only be substantiated before the ordinary courts.Igualmente, se advierte en cuanto al punto 3) que dilucidar si el ICAA debe brindar el servicio tomando el agua del pozo AB-1477, obedece a un conflicto de legalidad ordinaria, no dirimible en este Tribunal Constitucional, toda vez que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno (en este sentido, se subraya que el recurrente no habita en la finca aludida, sino que pretende la disponibilidad del servicio aludido como requisito previo para iniciar una construcción). Igual suerte corre determinar si se cumplen o no los requisitos técnicos para otorgar el servicio. Se advierte que el recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Se advierte que el recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria."

    "It is noted that the amparo remedy is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and prompt. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions —procedures and formal acts that are translated into and materialized in an administrative record— the matter ceases to be subject to amparo, since it must be brought before a plenary proceeding, that is, a full-trial process that can only be substantiated before the ordinary courts."

    Considerando III

  • "Se advierte que el recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria."

    Considerando III

  • "Primero que todo es mérito indicar que dichas misivas no constituyen una solicitud de información pura y simple, tutelable según el artículo 27 Constitucional, sino que para su atención se requiere un pronunciamiento de la Administración, propio de atender según lo preceptuado en el numeral 41 de la Constitución Política."

    "First of all, it is worth noting that these missives do not constitute a pure and simple request for information, protectable under Article 27 of the Constitution, but rather require a pronouncement from the Administration, properly addressed under the provisions of Article 41 of the Political Constitution."

    Considerando IV

  • "Primero que todo es mérito indicar que dichas misivas no constituyen una solicitud de información pura y simple, tutelable según el artículo 27 Constitucional, sino que para su atención se requiere un pronunciamiento de la Administración, propio de atender según lo preceptuado en el numeral 41 de la Constitución Política."

    Considerando IV

  • "El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infraconstitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente, como sería lo acontecido con el pozo de agua de interés."

    "The amparo is not designed to contrast or review technical or legal criteria expressed in light of the infra-constitutional legal system or to introduce new evidence to contrast what is contained in an administrative record that has been processed over prolonged periods and deliberately, as would be the case with the water well in question."

    Considerando III

  • "El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infraconstitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente, como sería lo acontecido con el pozo de agua de interés."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine fifteen hours on the tenth of July, two thousand twenty.

Amparo appeal filed by [Name 001], of legal age, married, business administrator, identity card No. [Value 001], against the General Manager and the Director of the UEN Environmental Management, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Vice Minister of Water and Seas and the Director of the Water Directorate, both of the Ministerio de Ambiente y Energía.

Resultando:

1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 13:50 hours on May 27, 2020, the appellant files an amparo appeal against the General Manager and the Director of the UEN Environmental Management, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), the Vice Minister of Water and Seas and the Director of the Water Directorate, both of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) and states that on May 13, 2019, through official letter AL-0119-2019, from the Water Directorate of MINAE, the coordinator of Legal Advisory, María Gabriela Páez Vargas, requests the UEN Environmental Management of the Instituto Costarricense de Electricidad, to clarify the situation of well AB-1477, located on the property registered under folio real 3195-000 in Alajuela, in the Villanea Condominium, which is also used by the Villas del Rio Condominium. The foregoing, because, according to report DAUHTPCOSJ-3252-2017 and official letter DA-2659-2011, the well was donated to ICAA by Fidecomisos del Coco and registered with MINAE in the name of that institute. He adds that said official letter was communicated to the Municipalidad de Alajuela, to the effect that no more constructions be authorized on those properties. He mentions that on June 3, 2019, through document MAA-1897-2019, issued by the Alcaldía Municipal de Alajuela, the granting of construction permits in the mentioned condominiums was provisionally ordered suspended. He notes that, regarding what was alluded to, amparo appeal No. 19-021831-0007-CO was filed. However, he claims that as the problem regarding the situation of well AB-1477 had not been resolved, on May 8, 2020, at 17:58 hours, he sent some inquiries, via electronic mail, to ICAA and MINAE, in which he stated the following: “… I express my concern since I am one of those affected by this situation that remains unresolved since May 2019 as I am paying a mortgage on a lot for which the municipality is not granting me the land use for the construction of a decent home; It should be noted that currently all the already constructed houses are enjoying the water resource from well AB-1477, whose use I am being denied. When the lot was acquired, there was authorization to build, however currently it is being denied, I attach both land use certificates issued by the competent authority (MAY 2017 authorized, SEPTEMBER 2019 rejected) I appreciate your kind collaboration in indicating to me how to proceed for the correct and prompt resolution of this situation, since it is estimated that the enjoyment of water from another well AB-2557 will be in 2 years, without certainty, a solution that does not conform to the efficient supply of the water resource…”. He accuses that, as of the date of filing this appeal, he has not received any response regarding the cited actions. He estimates that the omission of the respondent parties in resolving the exposed problem violates his rights to a decent home, equality, and access to water. He alleges that, together with his wife, they pay the mortgage and the interest generated by that operation, plus a condominium fee for a lot on which they are not permitted to build. He expresses that what is described represents discrimination to his detriment, since, despite the fact that on the property drinking water is accessible at the curb, they are not allowed to access the water resource and, therefore, build their home. He argues that ICAA was the institution that ordered MINAE to register the well located in the Villanea condominium; yet, eight years later it ordered the deregistration of said well, which has caused one hundred and three lots, including his, to lack a supply of the precious liquid. He points out that, according to ICAA, it will only be possible to supply the water resource through well AB-2577 within two years, a situation far from a prompt and timely solution to the denounced problem. He requests that the appeal be declared with merit.

2.- Through a resolution at 13:13 hours on May 29, 2020, the Presidency of the Chamber gave cause to this amparo and requested a report from the Director of the UEN Environmental Management and the General Manager, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), as well as the Vice Minister of Water and Seas and the Director of Waters, both of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), regarding the facts alleged by the appellant.

3.- Manuel Antonio Salas Pereira and Viviana Ramos Sánchez report under oath, respectively, in their capacity as General Manager and Director of the UEN Environmental Management, both of ICAA (written submission filed at 13:21 hours on June 04, 2020), that regarding the situation presented by Mr. [Name 001] in his amparo appeal, the technical report official letter No. UEN-GA-2020-01985 was issued, signed by the Directorate of UEN Environmental Management and the Directorate of the Functional Area of Hydrogeology, which in this regard indicated: Through official letter AL-0119-2019, issued by the Water Directorate, a request is made to the Directorate of the UEN Environmental Management to indicate if well AB-1477 is being exploited by the Institute, on the grounds that the well is used by the Villas del Río Condominium and they are not paying the fee. By official letter UEN-GA-2019-01023, the UEN of Environmental Management requests the Directorate of the Central West Region, Legal – Commercial, Legal – Environmental, and the Directorate of Urbanizations for their criteria regarding well AB-1477, specifically regarding the use that AyA has of it and whether there is private interest in utilizing it. In a note dated October 28, 2019, Ms. Joyce Scheider Prendas C, requests a permit extension to continue with the construction process in the Villas del Río Condominium, since the Municipality is not granting the permit. Through official letter UEN-GA-2019-02302, dated November 01, 2019, the UEN of Environmental Management forwards the note issued by Ms. Joyce Scheider Prendas to the Directorate of the Central West Region and Legal - Commercial, in which it is stated: “Therefore, it is indicated that currently well AB-1477 is registered in the name of AyA and within the Internal Zone of Absolute Reserve assigned to the Campo de Pozos Sur del Aeropuerto Juan Santamaría (Actua Campo de Pozos CNP) and only very qualified and justified cases are authorized by the Operational Region, so it is required that the corresponding assessments be carried out by both the Commercial Directorate and the Central West Regional Directorate.” In this official letter, Ms. Joyce Scheider Prendas C (interested party), Licda. Gabriela Paéz, and Ing. José Miguel Zeledón were copied, so that they were aware of the action taken. An amparo appeal was filed, case file No. 19-021831-0007-CO, by Mr. Kevin Villalobos Calderón, dated November 14, 2019. Through official letter GG-2019-04071 addressed to the Water Directorate, dated November 21, 2019, and with received stamp dated November 21, 2019 (Anexo 1), AyA, in response to official letter AL-0119-2019, indicates the following: “… as of today it has not accounted for within its production capacity the flow rate of well AB-1477, registered in its name. It is important to indicate that, as of this date, said well has not been donated, nor may it be transferred, as the property where it is located is under a condominium property regime...”. “.. Given that the flow rate of well AB-1477, registered in favor of AyA, was never used by the Institute, a request is made to proceed with the deregistration procedure for the water resource use that currently exists in favor of AyA…”. Through Res. No. 2019-024832, Exp: 19-021831-0007-CO, dated December 13, 2019, the Sala Constitucional ruled in relation to the complaint of Mr. Kevin Gerardo Villalobos Calderón, stating “…POR TANTO: The appeal is declared without merit”. By official letter PRE-J-2019-05670 issued by the Legal Directorate – Legal Commercial, regarding the note of October 28, 2019, issued by Ms. Joyce Scheider Prendas and in response to official letter UEN-GA-2019-02302, it is indicated: “As derived from the foregoing considerations and in response to what was stated by Ms. Joyce Sheider Prendas in her letter dated October 28, 2019, in relation to official letter No. AL-0119- 2019 which was pending a response from AyA, it was addressed and resolved through official letter No. GG-201904071 signed by the General Management. Finally, with respect to the request for service availability, it is inappropriate to grant it, given that at the location there are no potable water systems administered and operated by AyA…”. According to official letter UEN-GA-2019-02814 dated December 20, 2019 (Anexo 2), the Directorate of the UEN of Environmental Management forwards official letter PRE-J-2019-05670 to Ms. Joyce Scheider Prendas. Through official letter GG-2020-00145 dated January 15, 2020 (Anexo 3), AyA requests the Water Directorate to update the status regarding the processing of official letter GG2019-04071. Through an electronic mail of May 8, 2020, sent by Mr. [Name 001], in which he addresses several persons including: the 800 line, Directorate of the UEN Environmental Management, the Contraloría Gran Área Metropolitana, and the Contraloría de Servicios, a note is attached where the interested party indicates: “…Municipality is not granting him the land use for the construction of a decent home…”. Faced with this situation, the Directorate of the UEN Environmental Management, in respect for the competencies of the other involved areas, forwarded the case for its attention. Through official letter UEN-GA-2020-01956, dated June 01, 2020 (Anexo 5), AyA again requests the Water Directorate to provide an update on the matter referring to official letters GG-2019-04071 and GG-2020-00145; however, as of the date of issuance of this official letter, no response has been received from this institution. Therefore, this Directorate of the UEN Management and the Directorate of Hydrogeology indicates: Permanent follow-up has been provided by the General Management and the UEN Environmental Management, of the procedure conducted before the Water Directorate; however, as of the date of issuance of this note, no response has been received from that institution. Regarding the action of Mr. [Name 001], all internal consultations were carried out by this UEN Environmental Management. In turn, the Contraloría de Servicios forwarded the case to the Commercial Legal Directorate, which states that the matter is under analysis. In response to the inquiry made by Mr. [Name 001] via electronic mail, as indicated in the technical report official letter No. UEN-GA-2020-01985 previously cited, through official letter GG-CS-2020-00154 dated May 12, 2020 (Anexo 4), the Directorate of the Contraloría de Servicios of AyA forwards Mr. [Name 001]'s note to the Commercial Legal Advisory for due processing. The response to Mr. [Name 001]'s action was addressed by Licda. Adilia Campos Vargas, of the Commercial Legal Advisory, through official letter No. PRE-J-2020-02527 dated June 2, 2020, and communicated to Mr. [Name 001], to the means he provided for receiving notifications, which are the following: [...]; [...]. It bears noting that the communication of the response was carried out on June 2 and 3 of this year, according to the reports annexed to this report. The action of Mr. [Name 001] submitted via electronic mail to the email addresses cited in his amparo appeal, lacks his signature, which constitutes an essential requirement for its validity according to the provisions of Article 285 of the General Public Administration Law; however, in an effort to address his action and inform him regarding his inquiry, the case was analyzed, the response was issued and its corresponding communication was made, as previously indicated. In relation to what was requested by the Sala Constitucional, regarding reporting whether the electronic mails to which the appellant sent the indicated inquiries are established as an official communication mechanism, it should be noted that pursuant to official letter No. GG-DSI-2020-00367 dated June 1, 2020, signed by the Information Systems Directorate, it was indicated: “In response to your inquiry, I would like to indicate that the Legal Directorate itself has stated on repeated occasions that electronic mail is not an official means of communication, unless it is duly formalized before some entity and has a digital signature. Regarding the indicated accounts, they correspond to the following officials: [email protected]: Isabel Fallas Salamanca, [email protected]: this account does not exist, [email protected]: Viviana Ramos Sánchez. Moreover, they note what the Regulation for the acquisition and administration of computer resources establishes in its Article 36: “Article 36: Uses of electronic mail. Electronic mail is a work tool to streamline and facilitate the procedures of each office. Its use is regulated by the Directive of the Board of Directors”. The foregoing, with the aim of clarifying that, to date, email does not have any formal criteria or guidelines that characterize it as an official means of communication”. In addition to official letter No. GG-DSI-2020-00367 cited above, the Information Systems Directorate issued official letter No. GG-DSI-2020-00375 to add: “In complement to the official letter of reference, I would like to indicate what corresponds regarding the following email accounts: [email protected] Contraloría de Servicios [email protected] . This account does not exist”. They request that the appeal be declared without merit.

4.- Haydée Graciela Rodríguez Romero reports under oath, in her capacity as Vice Minister of Water and Seas of MINAE (written submission filed at 14:52 hours on June 04, 2020), that, in the first place, it is important to point out to this Tribunal, that on June 3, 2020, through official letter DA-0894-2020, signed by the Director of Waters of MINAE, within a reasonable timeframe, a response was given to the email sent by the appellant, which was notified today. Likewise, it is highlighted that as the appellant mentions in his email, he is aware of judgment No. 2019-024832. issued by the Sala Constitucional under case file 19-021831-0007-CO “Declared without merit”, knowing the legal and material impossibility faced by MINAE in being able to offer a public potable water service. Respectful of the legal system, and in view that, in the Water Directorate, the drilling permit for well AB-1477 had been processed, which has been registered under the name of AyA since 2011, it is not viable to dispose of water from a private infrastructure such as well AB-1477. In this sense, as the appellant has related, it is AyA that must address and provide the solution for the following reasons: a) The well is registered in the name of AyA and under that context, all and every one of the case files related to it were closed in the Water Directorate of MINAE. b) The well is being used for population potable water use, which, in accordance with Law 276, corresponds to ICAA, or to the entities providing the public service to do so. c) At this time, the water use is being shared by several condominiums, which is not legal, given that none of them is a public service provider entity. On the other hand, Article 10 of the Condominium Law states that the well must be in the common area of the respective condominium. In addition to this, it should be noted that pursuant to Article 5 of Decreto Ejecutivo 35271-MINA-S, which is the rule regulating the possibility for a condominium to self-supply water, should there be a service provider entity, the well must be closed. To conclude, it is important that it be taken into consideration that the fact that the constructions of the 69 houses the appellant refers to had been permitted, this situation cannot be assumed by MINAE, given that the legal situation of the well should have been verified in person or through consultation with the Water Directorate, which would have avoided the problem faced by the appellant. Today, the public potable water service for population consumption can only be provided through a public service provider entity, be it through AyA or an Asada. For MINAE, it is legally and technically impossible to agree to issue water availability, given that it is not a public service provider entity. It requests that this appeal be declared without merit, given that MINAE is not the entity responsible for providing the public service, which is known to the appellant.

5.- José Miguel Zeledón Calderón reports under oath, in his capacity as Director of the Water Directorate of MINAE (written submission filed at 13:12 hours on June 05, 2020), that, regarding what is demanded by the appellant, it is important to point out to the Constitutional Tribunal, that on June 3, 2020, through official letter DA-0894-2020, the appellant’s email has been addressed, within a reasonable timeframe, which was notified today. On the other hand, it is important to highlight, that as the appellant mentions in his email, he is aware of the judgment issued by this Tribunal under case file 19-021831-0007-CO, knowing the legal and material impossibility faced by MINAE in being able to offer a public potable water service. Respectful of the legal system, and in view that, in the Water Directorate, the drilling permit had been processed for well AB-1477, which has been registered in the name of AyA since 2011, it is not viable to dispose of water from a private infrastructure such as well AB-1477. As correctly related by the appellant, it is the responsibility of AyA to address and provide the solution being sought for several reasons: The well is registered in the name of AyA at the request of that institution and in adherence to Article 18 of the Water Law, and under that context, all and every one of the case files related to it were closed in the Water Directorate. The well is being used for population potable water use, which, in accordance with Law 276, corresponds to ICAA, the entity providing the public service by law, or it does so by delegation through ASADAS. At this time, the water use is being shared by several condominiums, which is not legal, given that none of them is a public service provider entity. On the other hand, Article 10 of the Condominium Law states that the well must be in the common area of the respective condominium. In addition to this, it should be noted that, pursuant to Article 5 of Decreto Ejecutivo 35271-MINA-S, which is the rule regulating the possibility for a condominium to self-supply water, it indicates that should there be a service provider entity, the well must be closed. It is important to highlight that in the process for drilling permits, a hearing is granted, among others, to AyA, so that it may rule whether the use to be given to the well or the flow rate to be extracted from said source would affect that institution's own sources. A consultation that received no response. To explain that on December 5, 2008, a water concession application was filed with this Directorate, in the name of Fideicomisos del Coco S.A., represented by Messrs. Mario, Jorge and Mauricio, all Gurdián Hurtado, to carry out the use of the well on the property of their represented entity, registered in the Registro Público, at folio real 405367-000, for which administrative case file number 13206-P was assigned. The application was initially filed for domestic use for 10 persons. Subsequently, on October 19, 2009, another form was submitted to the case file, changing the use to be given to the water, stating that it would be for self-supply in a condominium, specifically for 438 persons. He points out that, up to this moment, for the property to be able to go to the INVU to continue with the procedure to submit the property to the condominium regime through an agreement with the institutions including AyA, the Water Directorate issues a special certification indicating the status of the concession application, where the well would be obtained from, among other things. Indeed, in the cited case file 13206-P as well as in the others that were subsequently filed: case files 13745-P, 14315-P, and 14316-P, all requesting water from the same well, under the aforementioned procedure, the special certification cited above was issued to them. However, it is important to remember that through official letter DA-2659-2011, dated June 11, 2011, at the express request of ICAA, according to official letter PRE-0270-2011, of April 29, 2011, the well in question AB-1477 was registered. And to understand the magnitude of what this means, it is worth indicating that had well AB-1477 not been registered in the name of AyA, upon receiving the applications for the other condominiums, they would have been rejected during the admissibility process, given that pursuant to Article 10 of the Condominium Law, it is a legal requirement that wells be located in the common areas of the condominium. With this, it is made clear that it is not unknown that the condominiums began their constitution process before INVU with special certifications indicating that a concession or registration of a well or water source was being processed, issued by this Directorate. However, those certifications did not lose their effectiveness, given that the water was going to be taken from that well: AB-1477, which was registered in the name of AyA, which is the entity legally responsible for attending to and supplying the public population potable water service. It is contradictory and of special concern that the same AyA, through official letters GG-2019-0471 and GG-2020-0014, withdraws and requests, 9 years later, the deregistration of well AB-1477. Which the Directorate had resolved, insofar as the concern prevails whether AyA is considering the problem that prevails at the site and is being maintained with its official letter, which is leaving uncovered the water supply service for the population served by well AB-1477, current and future, and that, as a result of this AyA request, it is understood it never assumed it. Today, through official letter DA-0900-2020, we are answering the deregistration request filed by AyA. The foregoing, because the same AYA in its response to amparo appeal 19-021831-0007-CO, states in its response brief: "Thus, dealing with a strategic supply location for AyA, and being a qualified situation, until the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados manages to develop the interconnection and production infrastructure for well AB-2557, it will be able to assume the supply service that is estimated will occur within a period of 2 years; whereby it is petitioned that during this period, it be the Water Directorate that assesses granting availabilities, so that the administered party may continue with the procedures for obtaining the construction permit. It is appropriate to recall that supply between private law subjects, located on different folios reales, is not procedurally appropriate according to the Criterio de la Procuraduría General de la República C-236-2008, therefore the Water Directorate is requested to consider the scope of said ruling". That is, with full knowledge, AyA, that supply between private law subjects located on different folios reales cannot legally be done, presents an initiative for the Water Directorate, or MINAE, to extend water availabilities, which, from a legal standpoint, is not procedurally appropriate. MINAE is not a public service provider entity, as AyA is. To conclude, it is important to point out to the Chamber that it be taken into consideration that the fact that the constructions of the 69 houses the appellant refers to had been permitted is not a problem that must be assumed by MINAE, given that the legal situation of the well should have been verified in person or through consultation with the Water Directorate (which was not done), which would have avoided the problem faced by the appellant and the inhabitants of the place. It reiterates that the well in question has never had a water concession, given that AyA does not require one to be issued to it. It is important to point out that although today the land where the well is located forms part of a property that is under a condominium regime, AyA could, according to Article 5 of Decreto Ejecutivo 35271-S-MINAE, assume the well, inject it into the aqueduct system, install a master meter at the entrance of the condominium as has been done in other cases, and provide the corresponding potable water service. Finally, they have reviewed well AB-2557, which AyA states they will connect to within 2 years to provide service to the appellant's community; however, said well is registered in the name of the Consejo Nacional de Aviación Civil, and no transfer procedure in favor of AyA is on record within the case file. It wishes to make clear that it coincides with the appellant, regarding that AyA should take responsibility for supplying the water resource through well AB-1477, already existing and registered in its name. It requests that the appeal be declared without merit.

6.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

Prepared by Judge Garro Vargas; and,

Considerando:

I.- Object of the appeal. The appellant claims that because ICAA ordered MINAE to deregister well AB-1477, which is located in the Villanea condominium and is also used by the Villas del Rio Condominium, where he is the owner of lot 41, the Municipalidad de Alajuela is not granting him the land-use permit to build due to a lack of the water resource. Furthermore, according to ICAA, the precious liquid may only be supplied through well AB-2577 within two years, a situation far from a prompt and timely solution to the denounced problem. He also complains of a lack of response to the inquiries he sent regarding this problem on May 8, 2020, via electronic mail, to ICAA and MINAE.

First—With regard to the background you cite in your submission, related to official letter AL-0119-2019 from the Ministry of Environment and Energy–Water Directorate, addressed to the UEN Environmental Management of AyA, I must indicate that it was addressed by the Institution, through official letter GG-2019-04071 dated November 21, 2019, issued by the General Management, as is also recorded in the report submitted to the Constitutional Chamber, on the occasion of the amparo appeal No. 19-021831-0007-CO, which is mentioned in your letter. Thus, as stated in official letter GG-2019-04071, AyA requested before the MINAE Water Directorate the cancellation of registration of use of the water resource, given that the flow of well AB-1477, registered in favor of AyA, was never used by the Institute. Second—Regarding the situation you describe, related to the denial of the land-use certificate (constancia de uso de suelo) by the municipality and that currently all the already-built houses are enjoying the water resource from well AB-1477, from which they are denying you its use, we consider that it is the competence of the Ministry of Environment and Energy to address these facts; for the reasons previously stated, as well as the background you indicate in your submission. It should be added that the administrative acts that grant or deny the availability of services in a given area certify the existing reality regarding water capacity, collection capacity, and environmental conditions that AyA’s systems offer or suffer from at a specific point. The foregoing is based on basic studies and even more specific studies depending on the nature of the project, which constitute the basis for issuing the act and which must contemplate, among other aspects: project location, analysis in relation to the area’s water inventory, the project’s vulnerability, dimension, nature, projection in liters per second, type of activity, population growth, environmental factors that could be affected, and other aspects that must be evaluated at a technical level. In the present case, as indicated in official letter GG-2019-04071, previously cited, AyA does not have the flow of well AB-1477 accounted for within its production capacity, nor has the well been donated nor can it be transferred to AyA, for reasons that the real property where it is located is subject to the Condominium Property Regime (Régimen de Propiedad en Condominio). It is important to indicate that the Institution provides services in those coverage zones of the water supply systems that have technical and legal feasibility, as provided by Articles 3, 6, 7, and 13 of the Regulation for the Provision of Services (Reglamento para la Prestación de los Servicios), published in the Official Gazette La Gaceta No. 242, Supplement No. 285 of December 19, 2019, a situation that is not the case under study, given that AyA neither operates nor administers the services in the condominium” (report of the respondent authorities of the ICAA and documentary evidence provided).

  • e)Through official letter DA-0894-2020, dated June 3, 2020, the Water Director of MINAE responded to the email sent by the appellant, which was notified the following day and in which it was stated: “We acknowledge receipt of your email dated May 8, received by this Directorate on May 11 of this year, through which you request collaboration to be able to resolve correctly and promptly the issue regarding the use of water from well AB-1477. (…) It goes without saying that the use being made of well AB-1477 is illegal, for not having a granted water concession, nor being able to be granted due to the public service involved and which no private party can attend to, and whose users could be reported through the corresponding criminal channels. In relation to the connection of well AB-2557 indicated by AyA, which is registered before the Water Directorate in the name of the National Council of Civil Aviation (Consejo Nacional de Aviación Civil), it is unknown whether or not it will be transferred to said entity and whether or not it will be interconnected to the Institution’s aqueduct system, given that within the files kept by this Directorate such a procedure has not been filed. To conclude and regretting not being able to positively address your petition, we must remind you that, as indicated by AyA in its response to the Constitutional Chamber, population human consumption, pursuant to Law 276, the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), is the competence of the public service provider entities, this Directorate not being one of them” (reports of the respondent authorities of MINAE and documentary evidence provided).

III.- On the merits. This Chamber, in amparo appeal No. 19-021831-0007-CO, heard the claim of another petitioner regarding the same well from which the appellant here seeks to be provided potable water service. The object of that constitutional process was the following: “The appellant considers his fundamental rights harmed. He states that he is the owner of lot No. 37, with subsidiary property No. 102563-F-000, located in the Villas del Río Residential Horizontal Condominium, located in La Guácima de Alajuela. He claims that through official letter from the Legal Advisory Office of the Ministry of the Environment and Energy No. AL-0119-2019 of May 13, 2019, the UEN Environmental Management of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers was required to clarify the condition of the water well that supplies the water resource to the Villanea and Villas del Río condominiums. Likewise, the Municipality of Alajuela was ordered not to authorize further constructions in those projects. He affirms that, despite several months having passed, the UEN Environmental Management of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has not issued any response to what was requested. He claims that, based on said order, they denied him the granting of land use (uso de suelo) to build on the lot of his property.” That matter was dismissed through judgment No. 2019-024832, at 09:15 hours on December 13, 2019, based, among others, on the following considerations: “…In this regard, it is appropriate to indicate to the appellant that, in relation to his claim regarding the order issued by the respondent authority not to grant land-use permits (permisos de uso de suelo), it is noted that this Chamber is not a comptroller of the legality of the Administration’s actions or resolutions, so it is not within its competence to review the appropriateness, in accordance with the current infra-constitutional regulations, of whether or not the issued order referring to the prohibition of granting the aforementioned land use is proper, since this is a matter of ordinary legality. Consequently, the appellant must, if he sees fit, raise his arguments before the respondent authority itself or, failing that, in the ordinary jurisdictional route, venues where he can broadly discuss the merits of the matter and assert his claims…” Now, in this matter the appellant’s claim is the following: 1) That MINAE lift the restriction applied to the granting of land use and communicate what is pertinent to the Municipality of Alajuela. 2) That a precautionary measure be applied to the Municipality of Alajuela so that it grants the land-use permit, given that at the time the restriction was imposed, AyA had well AB-1477 registered in its name. 3) That AyA take responsibility for the supply of the water resource through the existing well AB-1477, immediately. The foregoing, as he alleges, taking into account that despite the fact that for lot 41 of the Villas del Río Residential Horizontal Condominium, located in La Guácima de Alajuela, of which he is the owner, potable water is accessible at the sidewalk, but he is not granted access to the water resource and, therefore, to build his dwelling. He argues that the ICAA ordered MINAE to register well AB-1477, which is located in the Villanea condominium and is also used by the Villas del Río Condominium; however, eight years later it ordered its cancellation of registration, which has caused one hundred and three lots, including his, to lack a supply of the precious liquid. In addition to the foregoing, according to the ICAA, the water resource can only be supplied through well AB-2577 within two years, a situation that is far from a prompt and timely solution to the reported problem. From the foregoing, it is clear that what is sought in this matter is practically the same as what was requested in the previous appeal. Therefore, regarding points 1) and 2) of the petition, it is reiterated that it is improper to hear the disagreement with the provision not to grant land-use permits (permisos de uso de suelo), since this Chamber is not a comptroller of the legality of the Administration’s actions or resolutions, so it is not within its competence to review the appropriateness, in accordance with current infra-constitutional regulations, of whether or not the issued order referring to the prohibition of granting the aforementioned land use is proper, since this is a matter of ordinary legality. Likewise, it is noted regarding point 3) that elucidating whether the ICAA must provide the service by taking water from well AB-1477 stems from a conflict of ordinary legality, not resolvable in this Constitutional Court, given that it does not involve, at least directly, any fundamental right (in this sense, it is emphasized that the appellant does not reside on the aforementioned property, but rather seeks the availability of the mentioned service as a prerequisite to begin construction). Determining whether or not the technical requirements for granting the service are met meets the same fate. It is noted that the amparo appeal is, essentially, a summary process governed by simplicity or, in the terms of Article 25 of the American Convention on Human Rights, a remedy that must be simple and rapid. Consequently, when it is necessary to review various administrative actions—procedures and formal acts that are translated and materialized in an administrative file—the matter ceases to be subject to amparo, since one must resort to a full cognition process, that is, a full knowledge process that can only be substantiated before the ordinary jurisdiction. The amparo appeal is not designed to contrast or review technical or legal criteria issued in light of the infra-constitutional legal system or to evacuate new elements of conviction to contrast those existing in an administrative file that has been processed over prolonged and unhurried periods, as would be the case with the water well of interest. Consequently, the appellant must, if he sees fit, raise his arguments before the respondent authorities themselves or, failing that, in the ordinary jurisdictional route, venues where he can broadly discuss the merits of the matter and assert his claims. By virtue of the foregoing, the appeal is dismissed regarding this aspect.

IV.- Apart from the foregoing, the appellant also claimed, albeit residually, that since the problem regarding the situation of well AB-1477 had not been resolved, on May 8, 2020, at 5:58 p.m., he sent some inquiries, via email, to the ICAA and MINAE, in which he stated the following: “… I express my concern since I am one of those affected by this situation that remains unresolved since May 2019 because I am paying a mortgage on a lot for which the municipality does not grant me land use for the construction of a decent dwelling; It is worth noting that currently all the already-built houses are enjoying the water resource from well AB-1477, from which they are denying me use. When the lot was acquired, there was authorization to build, however currently it is being denied, I attach both land-use certificates issued by the competent authority (MAY 2017 authorized, SEPTEMBER 2019 rejected) I appreciate your kind collaboration in indicating to me how to proceed for the correct and prompt resolution of this situation, since it is estimated that enjoyment of water from another well AB-2557 will be in 2 years, without certainty, a solution that does not conform to the effective supply of the water resource…”. Steps regarding which, up to the date he files this amparo appeal, he has received no response whatsoever. First of all, it is worth indicating that said missives do not constitute a pure and simple request for information, protectable under Article 27 of the Constitution, but rather their attention requires a pronouncement from the Administration, proper to be attended to according to the provisions of numeral 41 of the Political Constitution. Secondly, when the appellant came before this Chamber on May 27, 2020, an unreasonable period had not elapsed since their filing, but rather barely 19 calendar days. Consequently, the filing of this appeal is deemed premature regarding that aspect. Nonetheless, it is evident from what has been reported that with respect to the ICAA, even though the communication lacked a signature, it was addressed through official letter No. PRE-J-2020-02527, dated June 2, 2020, and communicated to the means offered for receiving notifications. While the Water Director of MINAE, on June 3, 2020, through official letter DA-0894-2020, responded to the email sent by the appellant, which was notified the following day.

V.- Conclusion. Consequently, as no violation of the appellant’s fundamental rights is verified, the appeal must be dismissed in all its aspects, as is hereby ordered.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Regulation on the Electronic File before the Judiciary” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is dismissed.

Fernando Castillo V. President Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Paulino Hernández G.

Mauricio Chacón J.

Digitally Signed Document -- Verification code -- *QB1EP574XPW61* FILE No. 20-009213-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:31:09.

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *200092130007CO* Res. Nº 2020012850 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diez de julio de dos mil veinte . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], mayor, casado, administrador de empresas, cédula de identidad No. [Valor 001], contra el Gerente General y la Directora de la UEN Gestión Ambiental, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Viceministra de Aguas y Mares y el Director de la Dirección de Agua, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:50 horas del 27 de mayo de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Gerente General y la Directora de la UEN Gestión Ambiental, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), la Viceministra de Aguas y Mares y el Director de la Dirección de Agua, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y expresa que el 13 de mayo de 2019, mediante el oficio AL-0119-2019, de la Dirección de Agua del MINAE, la coordinadora de Asesoría Legal, María Gabriela Páez Vargas, solicita a la UEN Gestión Ambiental del Instituto Costarricense de Electricidad, aclarar la situación del pozo AB-1477, ubicado en la finca inscrita a folio real 3195-000 en Alajuela, en el Condominio Villanea, que también es utilizado por el Condominio Villas del Rio. Lo anterior, por cuanto, según informe DAUHTPCOSJ-3252-2017 y el oficio DA-2659-2011, el pozo fue donado al ICAA por Fidecomisos del Coco e inscrito ante el MINAE a nombre de ese instituto. Agrega que dicho oficio fue comunicado a la Municipalidad de Alajuela, a efectos de que no se autorizaran más construcciones en esas propiedades. Menciona que el 3 de junio de 2019, mediante documento MAA-1897-2019, emitido por la Alcaldía Municipal de Alajuela, se ordenó suspender provisionalmente el otorgamiento de permisos de construcción en los condominios mencionados. Acota que, respecto a lo aludido, se interpuso el recurso de amparo No. 19-021831-0007-CO. No obstante, alega que al no haberse solventado el problema respecto a la situación del pozo AB-1477, el 8 de mayo de 2020, a las 17:58 horas, dirigió unas consultas, vía correo electrónico, ante el ICAA y el MINAE, en las cuales expuso lo siguiente: “… expreso mi preocupación ya que soy uno de los afectados de esta situación que sigue sin resolverse desde mayo 2019 pues estoy pagando una hipoteca por un terreno en el cual la municipalidad no me otorga el uso de suelo para la construcción de una vivienda digna; Cabe (sic) destacar que en la actualidad todas las casas ya construidas están disfrutando del recurso hídrico proveniente del pozo AB-1477, del cual me están negando el uso. Cuando se adquirió el terreno si se contaba con autorización para construir, sin embargo en la actualidad se esta (sic) negando, adjunto ambos uso de suelo emitido (sic) por la autoridad competente (MAYO 2017 autorizado, SETIEMBRE 2019 rechazado) Les agradezco su amable colaboración en indicarme como (sic) se procede para la resolución correcta y pronta de esta situación, ya que se estima que para el disfrute de agua de otro pozo AB-2557 será en 2 años, sin tener certeza, solución que no se ajusta al abastecimiento eficaz del recurso hídrico…”. Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, no ha recibido respuesta alguna en torno las citadas gestiones. Estima que la omisión de las partes accionadas en resolver el problema expuesto, violenta sus derechos a una vivienda digna, igualdad y el acceso al agua. Alega que, junto con su esposa, cancelan mensualmente la hipoteca y los intereses que genera esa operación, más una cuota condominal de un terreno en el que no se les permite construir. Expresa que lo descrito representa una discriminación en su perjuicio, pues, a pesar de que en el fundo el agua potable está accesible en la acera, no se les concede acceder al recurso hídrico y, por ende, construir su vivienda. Aduce que el ICAA fue la institución que ordenó al MINAE que se inscribiera el pozo que se encuentra en el condominio Villanea; empero, ocho años después ordenó la desinscripción de aquel, lo que ha ocasionado que ciento tres terrenos, incluido el suyo, no cuenten con abastecimiento del preciado líquido. Apunta que, según el ICAA, hasta dentro de dos años se podrá suministrar el recurso hídrico mediante el pozo AB-2577, situación que se aleja de una solución pronta y oportuna al problema denunciado. Solicita que se declare con lugar el recurso. 2.- Mediante resolución de las 13:13 horas del 29 de mayo de 2020, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe a la Directora de la UEN Gestión Ambiental y al Gerente General, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), así como la Viceministra de Agua y Mares y al Director de Aguas, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), sobre los hechos alegados por el recurrente. 3.- Informan bajo juramento Manuel Antonio Salas Pereira y Viviana Ramos Sánchez, respectivamente, en su condición de Gerente General y de Directora de la UEN Gestión Ambiental, ambos del ICAA (escrito presentado a las 13:21 horas del 04 de junio de 2020), que con relación a la situación que expone el señor [Nombre 001] en su recurso de amparo, se emite el informe técnico oficio No. UEN-GA-2020-01985, suscrito por la Dirección UEN Gestión Ambiental y Dirección Área Funcional de Hidrogeología, que al respecto señaló: Mediante oficio AL-0119-2019, emitido por la Dirección de Agua se solicita a la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, indicar si el pozo AB-1477 está siendo explotado por el Instituto, con motivo de que el pozo lo utiliza el Condominio Villas del Río y no están cancelando el canon. Por oficio UEN-GA-2019-01023, la UEN de Gestión Ambiental solicita a la Dirección Regional Central Oeste, Legal – Comercial, Legal – Ambiental y la Dirección de Urbanizaciones el criterio respecto al pozo AB-1477, específicamente en el uso de que el AyA tiene del mismo y si existe interés particular en aprovecharlo. En nota del 28 de octubre de 2019, la Sra. Joyce Scheider Prendas C, solicita se extienda el permiso para continuar con el proceso constructivo en el Condominio Villas del Río, ya que la Municipalidad no otorga el permiso. Por medio del oficio UEN-GA-2019-02302, con fecha 01 de noviembre de 2019, la UEN de Gestión Ambiental da traslado de la nota emitida por la Sra. Joyce Scheider Prendas a la Dirección Región Central Oeste y Legal - Comercial, en el cual se indica: “Por lo tanto, se indica que actualmente el pozo AB-1477 se encuentra a nombre del AyA y dentro de la Zona Interna de Reserva Absoluta adscrita al Campo de Pozos Sur del Aeropuerto Juan Santamaría (Actua Campo de Pozos CNP) y solo se autoriza casos muy calificativos y justificados por la Región Operativa, por lo que se requieren que se realicen las valoraciones correspondientes tanto desde la Dirección Comercial como de la Dirección Regional Central Oeste”. En este oficio se copia Sra. Joyce Scheider Prendas C (interesada), a la Licda. Gabriela Paéz y al Ing. José Miguel Zeledón, para que estuvieran al tanto de la gestión efectuada. Se interpone recurso de amparo, el expediente No. 19-021831-0007-CO, por parte del Sr. Kevin Villalobos Calderón, de fecha 14 de noviembre de 2019. Mediante oficio GG-2019-04071 dirigido a la Dirección de Agua, con fecha 21 de noviembre de 2019 y con sello de recibido el 21 noviembre de 2019 (Anexo 1), el AyA en atención al oficio AL-0119-2019, indica lo siguiente: “… al día de hoy no tiene contabilizado dentro de su capacidad de producción el caudal del pozo AB-1477, registrado a su nombre. Es importante indicar que, a la fecha, dicho pozo no ha sido donado, ni podrá ser traspasado, por encontrarse la propiedad donde se ubica bajo un régimen de propiedad en condominio...”. “.. Dado que el caudal del pozo AB-1477, registrado en favor del AyA, nunca fue utilizado por el Instituto, se solicita proceder a realizar el trámite de desinscripción de uso del recurso hídrico que actualmente existe en favor del AyA…”. Mediante Res. No. 2019-024832, Exp: 19-021831-0007-CO, de fecha 13 de diciembre de 2019, la Sala Constitucional se pronuncia en relación a la denuncia del Sr. Kevin Gerardo Villalobos Calderón, indicando “…POR TANTO: Se declara sin lugar el recurso”. Por oficio PRE-J-2019-05670 emitida la Dirección Jurídica – Legal Comercial, con respecto de la nota del 28 de octubre de 2019, emitida por la Sra. Joyce Scheider Prendas y en respuesta al oficio UEN-GA-2019-02302, se indica: “Como se deriva de las consideraciones anteriores y en atención a lo señalado por la Sra. Joyce Sheider Prendas en su carta de fecha 28 de octubre, 2019, en relación al oficio N° AL-0119- 2019 que se encontraba pendiente de responder por parte de AyA, el mismo fue atendido y resuelto mediante el oficio N° GG-201904071 suscrito por la Gerencia General. Por último, con respecto a la solicitud de disponibilidad de servicio, resulta improcedente otorgarla, toda vez que en el lugar no existen sistemas de agua potable administrados y operados por el AyA…”. Según oficio UEN-GA-2019-02814 con fecha 20 de diciembre 2019 (Anexo 2), la Dirección de la UEN de Gestión Ambiental da traslado del oficio PRE-J-2019-05670 a la Sra. Joyce Scheider Prendas. Mediante oficio GG-2020-00145 de fecha 15 de enero de 2020 (Anexo 3), el AyA solicita a la Dirección de Agua se actualice el estado de la gestión del oficio GG2019-04071. Mediante correo electrónico del 8 de mayo de 2020, enviado por el Sr. [Nombre 001], en el cual se dirige a varias personas entre ellas: a la línea 800, Dirección de la UEN Gestión Ambiental, la Contraloría Gran Área Metropolitana y a la Contraloría de Servicios, se adjunta una nota donde el interesado indica: “…Municipalidad no le otorga el uso del suelo para la construcción de una vivienda digna…”. Ante esta situación la Dirección de la UEN Gestión Ambiental, en respeto a las competencias de las otras áreas involucradas dio traslado del caso para su atención. Por oficio UEN-GA-2020-01956, de fecha 01 de junio 2020 (Anexo 5), nuevamente el AyA solicita a la Dirección de Agua se actualice sobre la gestión referente al oficio GG-2019-04071 y GG-2020-00145, sin embargo, a la fecha de emisión de este oficio no se tiene respuesta de parte de esta institución. Por tanto, de parte de esta Dirección de la UEN Gestión y de la Dirección de Hidrogeología, se indica: Se ha dado seguimiento permanente por parte de la Gerencia General y de la UEN Gestión Ambiental, del trámite efectuado ante la Dirección de Agua, sin embargo, a la fecha de emisión de esta nota no se cuenta con respuesta por parte de esa institución. En cuanto a la gestión del Sr. [Nombre 001], se realizaron todas las consultas a nivel interno por parte de esa UEN Gestión Ambiental. A su vez la Contraloría de Servicios le dio traslado del caso a la Dirección Legal Comercial, quien manifiesta que el trámite está en proceso de análisis. En atención a la consulta que gestionó el señor [Nombre 001] por correo electrónico, según se indica en el informe técnico oficio No. UEN-GA-2020-01985 de previa cita, mediante oficio GG-CS-2020-00154 de fecha 12 de mayo 2020 (Anexo 4), la Dirección de Contraloría de Servicios del AyA da traslado de la nota del Sr. [Nombre 001] a la Asesoría Legal Comercial para lo correspondiente. La respuesta a la gestión del señor [Nombre 001], fue atendida por la Licda. Adilia Campos Vargas, de la Asesoría Legal Comercial, mediante el oficio No. PRE-J-2020-02527 de fecha 2 de junio de 2020 y comunicada al señor [Nombre 001], a los medios que ofreció para recibir las notificaciones, que son los siguientes: [...]; [...]. Cabe señalar que la comunicación de la respuesta se realizó los días 2 y 3 de junio, del presente año, según los reportes que se anexan al presente informe. La gestión del señor [Nombre 001] remitida por correo electrónico a las direcciones de correo citadas en su escrito de amparo, carece de su firma, lo cual constituye un requisito esencial para su validez según así dispuesto por el artículo 285 de la Ley General de la Administración Pública; sin embargo, en aras de atender su gestión e informarle respecto a su consulta, se procedió a analizar el caso, se emitió la respuesta y su respectiva comunicación, tal y como se indicó anteriormente. En relación a lo solicitado por la Sala Constitucional, en cuanto a informar si los correos electrónicos a los cuales el recurrente remitió las consultas señaladas, están previstos como mecanismo oficial de comunicación, cabe indicar que de conformidad al oficio N°GG-DSI-2020-00367 de fecha 1 de junio de 2020, suscrito por la Dirección Sistemas de Información, se indicó: “En atención a su consulta, me permito indicar, que la misma Dirección Jurídica ha indicado en reiteradas ocasiones, que el correo electrónico no es un medio oficial de comunicación, a no ser que esté debidamente oficializado ante alguna instancia y cuente con firma digital. En cuanto a la cuenta indicadas, corresponde a los siguientes funcionarios: [email protected]: Isabel Fallas Salamanca, [email protected]: esta cuenta no existe, [email protected]: Viviana Ramos Sánchez. Por otra parte, anotan lo que establece el Reglamento para la adquisición y administración de recursos informáticos en su artículo 36: “Artículo 36: Usos del correo electrónico. El correo electrónico es una herramienta de trabajo para agilizar y facilitar las gestiones de cada oficina. Su uso se encuentra regulado por Directriz de Junta Directiva”. Lo anterior, con el objetivo de aclarar, que, hasta el momento, el correo tenga ningún criterio o lineamiento formal, que lo caracterice como un medio oficial de comunicación”. En adición al oficio N° GG-DSI-2020-00367 citado anteriormente, la Dirección Sistemas de Información, emite el oficio N° GG-DSI-2020-00375 para agregar: “En complemento al oficio de la referencia, me permito indicar lo correspondiente a las siguientes cuentas de correo: [email protected] Contraloría de Servicios [email protected] . Esta cuenta no existe”. Solicitan declarar sin lugar el recurso. 4.- Informa bajo juramento Haydée Graciela Rodríguez Romero, en su condición de Viceministra de Aguas y Mares del MINAE (escrito presentado a las 14:52 horas del 04 de junio de 2020), que, en primer término, es importante señalar a este Tribunal, que con fecha 3 de junio de 2020, mediante oficio DA-0894-2020, suscrito por el Director de Aguas del MINAE, dentro de un plazo prudencial, se le dio respuesta al correo que remitiera el recurrente, el cual quedó notificado el día de hoy. Así mismo, se resalta que como lo menciona el recurrente en su correo, es conocedor de la sentencia No. 2019-024832. emitida por la Sala Constitucional bajo el expediente 19-021831-0007-CO “Declarado sin lugar ”, conociendo la imposibilidad legal y material que enfrenta el MINAE, para poder ofrecerle un servicio público de agua potable. Respetuosos del ordenamiento jurídico, y en vista de que, en la Dirección de Agua, se había tramitado el permiso de perforación del pozo AB-1477, el cual se encuentra inscrito a nombre del AyA desde el año 2011, no es viable disponer del agua proveniente de una infraestructura privada como lo es el pozo AB-1477. En este sentido, como lo ha relatado el recurrente, el AyA se abocado a atender y dar la solución por las siguientes razones: a) El pozo está inscrito a nombre del AyA y bajo esa tesitura se cerraron en la Dirección de Agua del MINAE todos y cada uno de los expedientes que tenían que ver con el mismo. b) El pozo está siendo usado para uso poblacional de agua potable, lo cual conforme con la Ley 276 corresponde al ICAA, o a los entes prestadores del servicio público hacerlo. c) En estos momentos, el uso del agua está siendo compartido por varios condominios, lo cual no es legal, toda vez que ninguno de ellos es un ente prestador del servicio público. Por otra parte, el artículo 10 de la Ley de Condominios señala que el pozo debe de estar en el área común del condominio respectivo. Aunado a ello señalar que conforme el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 35271-MINA-S, que es la norma que regula la posibilidad de autoabastecerse del agua por parte de un condominio, que en caso de que exista un ente prestador del servicio el pozo debe ser cerrado. Para finalizar es importante que se tenga en consideración que el hecho de que se hayan permitido las construcciones de las 69 casas que señala el recurrente, esta situación no puede ser asumido por el MINAE, toda vez que debió de haberse verificado de manera presencial o mediante consulta a la Dirección de Agua, la situación legal del pozo, lo que hubiera evitado el problema al cual se enfrenta el recurrente. Hoy día, únicamente puede brindarse el servicio público del agua potable para consumo poblacional, por medio de un ente prestador del servicio público, sea a través del AyA o de una Asada. Para el MINAE, resulta legal y técnicamente imposible acceder a emitir disponibilidades de agua, toda vez que no son un ente prestador del servicio público. Solicita declarar sin lugar el presente recurso, toda vez que el MINAE, no es la entidad responsable de brindar el servicio público, lo cual es del conocimiento del recurrente. 5.- Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de Director de la Dirección de Agua del MINAE (escrito presentado a las 13:12 horas del 05 de junio de 2020), que, ante lo demandado por el recurrente, es importante señalar al Tribunal Constitucional, que con fecha 3 de junio de 2020, mediante oficio DA-0894-2020, han atendido el correo del recurrente, dentro de un plazo prudencial, el cual quedó notificado el día de hoy. Por otra parte, es importante resaltar, que tal y como lo menciona el recurrente en su correo, es conocedor de la sentencia emitida por este Tribunal bajo el expediente 19-021831-0007-CO, conociendo la imposibilidad legal y material que enfrenta el MINAE, para poder ofrecerle un servicio público de agua potable. Respetuosos del ordenamiento jurídico, y en vista de que, en la Dirección de Agua, se había tramitado el permiso de perforación del pozo AB-1477 el cual se encuentra inscrito a nombre del AyA desde el año 2011, no es viable disponer del agua proveniente de una infraestructura privada como lo es el pozo AB-1477. Tal y como correctamente lo ha relatado el recurrente, le corresponde al AyA atender y dar la solución que está buscando por varias razones: El pozo está inscrito a nombre del AyA a solicitud de esa institución y en apego al artículo 18 de la Ley de Agua, y bajo esa tesitura se cerraron en la Dirección de Agua todos y cada uno de los expedientes que tenían que ver con el mismo. El pozo está siendo usado para uso poblacional de agua potable, lo cual conforme con la Ley 276, corresponde al ICAA, ente prestador del servicio público por ley o bien lo hace por delegación en ASADAS. En estos momentos, el uso del agua está siendo compartido por varios condominios, lo cual no es legal, toda vez que ninguno de ellos es un ente prestador del servicio público. Por otra parte, el artículo 10 de la Ley de Condominios señala que el pozo debe de estar en el área común del condominio respectivo. Aunado a ello señalar que, conforme el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 35271-MINA-S, que es la norma que regula la posibilidad de autoabastecerse del agua por parte de un condominio, indica que en caso de que exista un ente prestador del servicio el pozo debe ser cerrado. Es importante resaltar que en el proceso de los permisos de perforación se da audiencia entre otros al AyA, a fin de que se pronuncie si el uso que se le dará al pozo o el caudal que se extraerá de dicha fuente, afectaría fuentes propias de esa institución. Consulta que no obtuvo respuesta. Explicar que el 5 de diciembre de 2008 se presentó en esta Dirección, solicitud de concesión de agua, a nombre de Fideicomisos del Coco S.A., representada por los señores Mario, Jorge y Mauricio, todos Gurdián Hurtado, para realizar el aprovechamiento del pozo en propiedad de su representada inscrita en el Registro Público, al folio real 405367-000, para lo cual se le asignó el expediente administrativo número 13206-P. La solicitud se presentó inicialmente para uso doméstico de 10 personas. Posteriormente el 19 de octubre de 2009 se presentó al expediente, otro formulario cambiando el uso que se le daría al agua, señalando que él mismo sería para autoabastecimiento en condominio específicamente para 438 personas. Señala que, hasta este momento, para que la propiedad pueda ir al INVU a continuar con el trámite para someter la propiedad a régimen de condominio por un acuerdo con las instituciones incluidas el AyA, la Dirección de Agua emite una constancia especial donde se indica la condición de la solicitud de la concesión, de dónde se obtendría el pozo, entre otras cosas. Efectivamente en el expediente en citado 13206-P así, como en los otros que se presentaron posteriormente: expedientes 13745-P, 14315-P y 14316-P, todos solicitando agua del mismo pozo, bajo el procedimiento antes referido se les emitió la constancia especial citada supra. No obstante, es importante recordar que mediante oficio DA-2659-2011, de fecha 11 de junio de 2011, a solicitud expresa del ICAA, según oficio PRE-0270-2011, del 29 de abril de 2011, se inscribió el pozo en cuestión AB-1477. Y para comprender la magnitud de lo que ello significa, valga indicar que de no haberse inscrito el pozo AB-1477 a nombre del AyA, al recibirse las solicitudes para los otros condominios, las mismas se hubiesen rechazado en el proceso de admisibilidad, toda vez que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de condominios, es requisito de ley que los pozos se encuentren en las áreas comunes del condominio. Con ello, deja claro que no desconoce que los condominios iniciaron su proceso de constitución ante el INVU con constancias especiales de que existe en trámite una concesión o inscripción de pozo o fuente de agua emitidas por esa Dirección, no obstante, las mismas no perdían su efectividad toda vez que el agua iba a ser tomada de ese pozo: el AB-1477, el cual estaba inscrito a nombre del AyA, quien es el ente encargado por ley, para atender y suministrar el servicio público poblacional de agua potable. Es contradictorio y de especial cuidado, que el mismo AyA, mediante oficio GG-201 9-0471 y GG-2020-0014 desiste y solicita, 9 años después, que se desinscriba el pozo AB-1477. Lo cual la Dirección de había resuelto en tanto prevalece la inquietud si el AyA tiene en consideración el problema que impera en el sitio y con su oficio se está manteniendo, cual es el dejar descubierto el servicio de abastecimiento de agua de la población servida con el pozo AB-1477, actual y futura, y que, a raíz de esta solicitud de AyA, entiende, nunca lo asumió. Hoy día, mediante oficio DA-0900-2020, estamos contestando la solicitud de desinscripción que presentara el AyA. Lo anterior, por cuanto el mismo AYA en su respuesta al recurso de amparo 19-021831-0007-CO, señala en su escrito de respuesta: "Así las cosas, tratándose de una localización estratégica de abastecimiento del AyA, y por ser una situación calificada, hasta que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, logre desarrollar la infraestructura de interconexión y producción del pozo AB-2557, podrá asumir el servicio de abastecimiento que se estima se dará en un plazo de 2 años; por lo que se peticiona que durante este plazo sea la Dirección de Agua la que valore el otorgar disponibilidades, para que el administrado pueda continuar con los procedimientos para la obtención del permiso constructivo. Procede recordar que el abastecimiento entre sujetos de derecho privado, localizados en folios reales distintos, no resulta ser procedente según el Criterio de la Procuraduría General de la República C-236-2008, por lo que se le solicita a la Dirección de Agua considerar los alcances de dicho pronunciamiento". Es decir, con pleno conocimiento el AyA de que no se puede legalmente dar abastecimiento entre sujetos de derecho privado, localizados en folios reales distintos, presenta una iniciativa para que la Dirección de Agua, o MINAE, extienden disponibilidades de agua, lo cual, desde el punto de vista legal, no es procedente. El MINAE no es un ente prestador del servicio público como si lo es el AyA. Para finalizar es importante señalarle a la Sala, que tenga en consideración que el hecho de que se hayan permitido las construcciones de las 69 casas que señala el recurrente, no es un problema que debe ser asumido por el MINAE, toda vez que debió de haberse verificado de manera presencial o mediante consulta a la Dirección de Agua (lo que no se hizo), la situación legal del pozo, lo que hubiera evitado el problema al cual se enfrenta el recurrente y los habitantes del lugar. Reitera que el pozo en cuestión nunca ha tenido concesión de agua, toda vez que el AyA no requiere que se le emita la misma. Es importante señalar que si bien hoy día el terreno donde se encuentra el pozo, forma parte de una propiedad que se encuentra bajo régimen de condominio, podría el AyA, según el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 35271-S-MINAE asumir el pozo, inyectarlo al sistema del acueducto, instalar un macromedidor a la entrada del condominio como ha hecho en otros casos, y brindar el servicio correspondiente de agua potable. Por último, han revisado el pozo AB-2557 que señala el AyA del cual se conectarán dentro de 2 años para brindar el servicio a la comunidad del recurrente, no obstante, dicho pozo se encuentra inscrito a nombre del Consejo Nacional de Aviación Civil, y no consta dentro del expediente trámite alguno de traspaso a favor del AyA. Quiere dejar patente que coinciden con el recurrente, en cuanto a que el AyA se haga responsable del abastecimiento del recurso hídrico mediante el pozo AB-1477, ya existente e inscrito a nombre suyo. Solicita declarar sin lugar el recurso. 6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que debido a que el ICAA ordenó al MINAE la desinscripción del pozo AB-1477, que se encuentra en el condominio Villanea y que también es utilizado por el Condominio Villas del Rio, donde es propietario del lote 41, la Municipalidad de Alajuela no le extiende el permiso de uso de suelo para construir por falta del recurso hídrico. Además, según el ICAA, hasta dentro de dos años se podrá suministrar el preciado líquido mediante el pozo AB-2577, situación que se aleja de una solución pronta y oportuna al problema denunciado. También reclama falta de respuesta de las consultas que sobre ese problema remitió el 8 de mayo de 2020, vía correo electrónico, ante el ICAA y el MINAE. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a)El recurrente es propietario del lote 41 del Condominio Horizontal Residencial Villas del Río, sito en La Guácima de Alajuela (hecho no controvertido). b)El pozo AB-1477 se encuentra en el condominio Villanea, pero también es utilizado para el suministro de agua potable del Condominio Horizontal Residencial Villas del Río (hecho no controvertido). c)El 8 de mayo de 2020, el recurrente dirigió unas consultas, vía correo electrónico, ante el ICAA y el MINAE, en las cuales expuso lo siguiente: “… expreso mi preocupación ya que soy uno de los afectados de esta situación que sigue sin resolverse desde mayo 2019 pues estoy pagando una hipoteca por un terreno en el cual la municipalidad no me otorga el uso de suelo para la construcción de una vivienda digna; Cabe (sic) destacar que en la actualidad todas las casas ya construidas están disfrutando del recurso hídrico proveniente del pozo AB-1477, del cual me están negando el uso. Cuando se adquirió el terreno si se contaba con autorización para construir, sin embargo en la actualidad se esta (sic) negando, adjunto ambos uso de suelo emitido (sic) por la autoridad competente (MAYO 2017 autorizado, SETIEMBRE 2019 rechazado) Les agradezco su amable colaboración en indicarme como (sic) se procede para la resolución correcta y pronta de esta situación, ya que se estima que para el disfrute de agua de otro pozo AB-2557 será en 2 años, sin tener certeza, solución que no se ajusta al abastecimiento eficaz del recurso hídrico…”. (documento aportado por el recurrente). d)Mediante oficio No. PRE-J-2020-02527, de fecha 2 de junio de 2020 y comunicado a los medios que ofreció para recibir las notificaciones, Adilia Campos Vargas de la Dirección Jurídica del ICAA atendió la gestión del recurrente. Le indicó lo siguiente: “Su gestión de fecha 8 de mayo de 2020, fue remitida a esta Asesoría Legal Comercial, el día 11 de mayo del año en curso, para su análisis y resolución. Que una vez analizado el caso que usted expone, procedemos a darle respuesta. Primero- Con relación a los antecedentes que usted cita en su escrito, relacionados con el oficio AL-0119-2019 del Ministerio de Ambiente y Energía-Dirección de agua, dirigido a la UEN Gestión Ambiental de AyA, debo indicarle que el mismo fue atendido por la Institución, mediante oficio GG-2019-04071 de fecha 21 de noviembre de 2019, emitido por la Gerencia General, así consta también en el informe presentado ante la Sala Constitucional, con ocasión del recurso de amparo N° 19-021831-0007-CO, que se menciona en su carta. De tal manera, conforme lo indicado en el oficio GG-2019-04071, AyA solicitó ante la Dirección de Aguas del MINAE, la desinscripción de uso del recurso hídrico, toda vez que el caudal del pozo AB-1477, registrado en favor del AyA, nunca fue utilizado por el Instituto. Segundo- Con respecto a la situación que usted expone, relacionado con la denegatoria de la constancia de uso de suelo por parte de la municipalidad y que en la actualidad todas las casas ya construidas están disfrutando del recurso hídrico proveniente del pozo AB-1477, del cual le están denegando su uso, consideramos que es competencia del Ministerio de Ambiente y Energía, referirse a estos hechos; por los motivos ya expuestos anteriormente, así como los antecedentes que usted señala en su escrito. Cabe agregar que los actos administrativos que otorgan o deniegan la disponibilidad de servicios en una zona determinada, hacen constar la realidad existente en cuanto a capacidad hídrica, capacidad de recolección y condiciones de orden ambiental que ofrecen o padecen los sistemas de AyA en un punto determinado. Lo anterior con fundamento en los estudios básicos e incluso estudios de naturaleza más específica dependiendo de la naturaleza del proyecto, los cuales se constituyen en la base para dictar el acto y que debe contemplar entre otros aspectos: ubicación del proyecto, análisis en relación con el inventario hídrico de la zona, vulnerabilidad de] proyecto, dimensión, naturaleza, proyección en litros por segundo, tipo de actividad, crecimiento poblacional, factores de orden ambiental que podrían afectarse y demás aspectos que se deban valorar a nivel técnico. En el presente caso, tal como lo indica el oficio GG-2019-04071, de previa cita, AyA no tiene contabilizado dentro de la capacidad de producción el caudal del pozo AB-1477, tampoco el pozo ha sido donado ni podrá ser traspasado a favor de AyA, por razones de que la propiedad inmueble en dónde está ubicado, se encuentra afectada al Régimen de Propiedad en Condominio. Es importante indicar que la Institución otorga los servicios en aquellas zonas de cobertura de los sistemas de abastecimiento de agua, que cuente con factibilidad técnica y legal, conforme lo dispuesto por los artículos 3, 6, 7 y 13 del Reglamento para la Prestación de los Servicios, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 242, Alcance No. 285 del 19 de diciembre de 2019, situación que no es el caso en estudio, toda vez que AyA no opera ni administra los servicios en el condominio” (informe de las autoridades recurridas del ICAA y prueba documental aportada). e)Por oficio DA-0894-2020, con fecha 3 de junio de 2020, el Director de Aguas del MINAE dio respuesta al correo que remitiera el recurrente, el cual quedó notificado al día siguiente y en el que se señaló: “Acusamos recibido de su correo de fecha 8 de mayo, con recibido por parte de esta Dirección el 11 de mayo del presente año, mediante el cual solicita colaboración para poder resolver de manera correcta y pronta, el tema sobre el aprovechamiento de agua del pozo AB-1477. (…) Demás está señalar que el aprovechamiento que se está realizando del pozo AB-1477 es ilegal, por no contar con concesión de agua otorgada, ni poderse otorgar en razón del servicio público que hay de por medio y que ningún privado puede atender, y cuyos usuarios, podrían verse denunciados en la vía penal correspondientes. En relación con la conexión del pozo AB-2557 que señala el AyA el cual se encuentra inscrito ante la Dirección de Agua a nombre del Consejo Nacional de Aviación Civil, se desconoce si el mismo será o no traspasado a dicha entidad y si será o no interconectado al sistema de acueductos de la Institución, toda vez que dentro de los archivos que lleva esta Dirección no se encuentra presentado tal trámite. Para concluir y lamentando no poder atender de una manera positiva su petitoria, debemos recordarle que tal y como lo indicó el AyA en su respuesta a la Sala Constitucional, el consumo humano poblacional, conforme la Ley 276, Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es competencia de los entes prestadores del servicio público, no siendo esta Dirección uno de ellos” (informes de las autoridades recurridas del MINAE y prueba documental aportada). III.- Sobre el fondo. Esta Sala en el recurso de amparo No. 19-021831-0007-CO, conoció el reclamo de otro amparado sobre el mismo pozo del cual pretende el aquí recurrente se le brinde el servicio de agua potable. El objeto de ese proceso constitucional fue el siguiente: “El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales. Refiere que es propietario del lote No. 37, con finca filial No. 102563-F-000, localizado en el Condominio Horizontal Residencial Villas del Río, localizado en la Guácima de Alajuela. Acusa que mediante el oficio de la Asesoría Legal del Ministerio del Ambiente y Energía No. AL-01 19-2019 del 13 de mayo de 2019, se le requirió a la UEN Gestión Ambiental del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que aclarara la condición del pozo de agua que suministra el recurso hídrico a los condominios Villanea y Villas del Río. Asimismo, se ordenó a la Municipalidad de Alajuela que no autorizara más construcciones en esos proyectos. Afirma que, pese a que han pasado varios meses, la UEN Gestión Ambiental del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no ha emitido repuesta alguna a lo pedido. Reclama que, con fundamento en dicha orden, le denegaron el otorgamiento de uso de suelo para construir en el lote de su propiedad”. Ese asunto fue desestimado mediante sentencia No. 2019-024832, de las 09:15 horas del 13 de diciembre de 2019, con sustento, entre otras, de las siguientes consideraciones: “…Al respecto, es dable indicar al recurrente, que en relación con su reclamo en cuanto a la orden emanada por la autoridad recurrida, de no otorgar permisos de uso de suelo, se advierte que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete revisar la procedencia de conformidad con la normativa infraconstitucional vigente, si procede o no la orden emanada referente a la prohibición de otorgar el uso de suelo referido, pues se trata de una cuestión de legalidad común. Por consiguiente, deberá el recurrente, si a bien lo tiene, plantear sus alegatos ante la propia autoridad accionada o, en su defecto, en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones…”. Ahora, en este asunto la pretensión del recurrente es la siguiente: 1) Que el MINAE levante la restricción aplicada al otorgamiento de uso de suelo y comunique lo pertinente a la Municipalidad de Alajuela. 2) Se aplique medida cautelar a la Municipalidad de Alajuela para que otorgue el permiso de uso de suelo, siendo que al momento en el cual se impone Ia restricción, el AyA contaba con el pozo AB-1477 inscrito a su nombre. 3) Que el AyA se haga responsable del abastecimiento del recurso hídrico mediante el pozo AB-1477, ya existente, de forma inmediata. Lo anterior, según alega, tomando en cuenta de que a pesar de que el lote 41 del Condominio Horizontal Residencial Villas del Río, sito en La Guácima de Alajuela, del cual es propietario, el agua potable está accesible en la acera, pero no se le concede acceder al recurso hídrico y, por ende, construir su vivienda. Aduce que el ICAA ordenó al MINAE que se inscribiera el pozo AB-1477, que se encuentra en el condominio Villanea y que también es utilizado por el Condominio Villas del Rio; empero, ocho años después ordenó la desinscripción de aquel, lo que ha ocasionado que ciento tres terrenos, incluido el suyo, no cuenten con abastecimiento del preciado líquido. Aunado a lo anterior, según el ICAA, hasta dentro de dos años se podrá suministrar el recurso hídrico mediante el pozo AB-2577, situación que se aleja de una solución pronta y oportuna al problema denunciado. De lo anterior se desprende que lo requerido en este asunto es prácticamente lo mismo que se solicitó en el anterior recurso. Por ello, en cuanto a los puntos 1) y 2) de la petitoria se reitera que es improcedente conocer la inconformidad por la disposición de no otorgar permisos de uso de suelo, pues esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no le compete revisar la procedencia de conformidad con la normativa infraconstitucional vigente, si procede o no la orden emanada referente a la prohibición de otorgar el uso de suelo referido, pues se trata de una cuestión de legalidad común. Igualmente, se advierte en cuanto al punto 3) que dilucidar si el ICAA debe brindar el servicio tomando el agua del pozo AB-1477, obedece a un conflicto de legalidad ordinaria, no dirimible en este Tribunal Constitucional, toda vez que no involucra, al menos en forma directa, derecho fundamental alguno (en este sentido, se subraya que el recurrente no habita en la finca aludida, sino que pretende la disponibilidad del servicio aludido como requisito previo para iniciar una construcción). Igual suerte corre determinar si se cumplen o no los requisitos técnicos para otorgar el servicio. Se advierte que el recurso de amparo es, esencialmente, un proceso sumario y regido por la simplicidad o, en los términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un recurso que debe ser sencillo y rápido. Consecuentemente, cuando es menester revisar diversas actuaciones administrativas –procedimientos y actos formales que se traducen y materializan en un expediente administrativo- el asunto deja de ser materia del amparo, por cuanto, debe acudirse a un proceso de cognición plenaria, sea un proceso de conocimiento pleno que solo es posible sustanciarlo ante la jurisdicción ordinaria. El amparo no está diseñado para contrastar o revisar criterios técnicos o jurídicos vertidos a la luz del ordenamiento jurídico infra constitucional o para evacuar nuevos elementos de convicción para contrastar los que obran en un expediente administrativo que ha sido tramitado durante lapsos prolongados y reposadamente, como sería lo acontecido con el pozo de agua de interés. Por consiguiente, deberá el recurrente, si a bien lo tiene, plantear sus alegatos ante las propias autoridades accionadas o, en su defecto, en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las cuales podrá, en forma amplia discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. IV.- Aparte de lo anterior, también reclamó el recurrente, aunque en forma residual, que al no haberse solventado el problema respecto a la situación del pozo AB-1477, el 8 de mayo de 2020, a las 17:58 horas, dirigió unas consultas, vía correo electrónico, ante el ICAA y el MINAE, en las cuales expuso lo siguiente: “… expreso mi preocupación ya que soy uno de los afectados de esta situación que sigue sin resolverse desde mayo 2019 pues estoy pagando una hipoteca por un terreno en el cual la municipalidad no me otorga el uso de suelo para la construcción de una vivienda digna; Cabe (sic) destacar que en la actualidad todas las casas ya construidas están disfrutando del recurso hídrico proveniente del pozo AB-1477, del cual me están negando el uso. Cuando se adquirió el terreno si se contaba con autorización para construir, sin embargo en la actualidad se esta (sic) negando, adjunto ambos uso de suelo emitido (sic) por la autoridad competente (MAYO 2017 autorizado, SETIEMBRE 2019 rechazado) Les agradezco su amable colaboración en indicarme como (sic) se procede para la resolución correcta y pronta de esta situación, ya que se estima que para el disfrute de agua de otro pozo AB-2557 será en 2 años, sin tener certeza, solución que no se ajusta al abastecimiento eficaz del recurso hídrico…”. Gestiones sobre las cuales a la fecha en que acude en amparo, no ha recibido respuesta alguna. Primero que todo es mérito indicar que dichas misivas no constituyen una solicitud de información pura y simple, tutelable según el artículo 27 Constitucional, sino que para su atención se requiere un pronunciamiento de la Administración, propio de atender según lo preceptuado en el numeral 41 de la Constitución Política. En segundo lugar, cuando el recurrente acudió a esta Sala el 27 de mayo de 2020, no había transcurrido un plazo irrazonable desde su presentación, sino, apenas 19 días naturales. Por consiguiente, se estima prematura la interposición de este recurso en cuanto a ese extremo. No obstante, se desprende de lo informado que respecto al ICAA, a pesar de que la gestión carecía de firma, fue atendida mediante el oficio No. PRE-J-2020-02527, de fecha 2 de junio de 2020 y comunicada a los medios que ofreció para recibir las notificaciones. Mientras que el Director de Aguas del MINAE, con fecha 3 de junio de 2020, mediante oficio DA-0894-2020, le dio respuesta al correo que remitiera el recurrente, el cual quedó notificado al día siguiente. V.- Conclusión. En consecuencia, al no constatarse la violación a los derechos fundamentales del recurrente, procede desestimar el recurso en todos sus extremos, como en efecto se ordena. VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicia l", aprobado por la Corte Plena en sesión No 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Paulino Hernández G.

Mauricio Chacón J.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *QB1EP574XPW61*

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    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 41
    • Ley de Aguas No. 276 Art. 18
    • Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio Art. 10
    • Decreto Ejecutivo 35271-MINA-S Art. 5

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