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Res. 12360-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/07/2020
OutcomeResultado
The amparo is granted, ordering the Municipality of La Unión and the CNE to coordinate to adopt precautionary measures within five days, form a commission to design a definitive solution with a timeline within one month, and comply with the timeline, with abstract condemnation for costs, damages, and losses.Se declara con lugar el amparo, ordenando a la Municipalidad de La Unión y a la CNE coordinar para adoptar medidas cautelares en cinco días, integrar una comisión que diseñe una solución definitiva con cronograma en un mes, y cumplir dicho cronograma, con condena en abstracto por costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber grants an amparo filed by a property owner in the Génova residential area against the Municipality of La Unión and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE). The claimant alleged that an adjacent slope has shown instability for years, endangering homes and human lives, without the authorities implementing a definitive solution despite multiple technical studies and warnings. The Chamber finds that a proven risk existed since at least 2011, supported by geological reports, and that the respondent entities failed to coordinate and execute necessary stabilization works, breaching their constitutional duty to protect life and physical integrity (Articles 50 and 169 of the Constitution). It orders the respondents to coordinate, adopt precautionary measures within five days, form a commission to design a definitive solution with a schedule within one month, and comply with the schedule. Costs and damages are awarded in the abstract. Justice Hernández López files a separate opinion clarifying her view on the exceptional admissibility of amparo in such cases.La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo interpuesto por un propietario de la urbanización Génova contra la Municipalidad de La Unión y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE). El recurrente alegó que un talud adyacente presenta inestabilidad desde hace años, poniendo en peligro viviendas y vidas humanas, sin que las autoridades hayan implementado una solución definitiva a pesar de múltiples estudios y advertencias técnicas. La Sala constata que existe un riesgo acreditado por informes geológicos desde 2011 y que las entidades recurridas han omitido coordinar y ejecutar las obras de estabilización necesarias, incumpliendo su deber constitucional de proteger la vida e integridad física de las personas (artículos 50 y 169 de la Constitución). Se ordena a las recurridas coordinar, adoptar medidas cautelares en cinco días, integrar una comisión para diseñar una solución definitiva con cronograma en un mes, y cumplir dicho cronograma. Se condena en abstracto a las costas, daños y perjuicios. La magistrada Hernández López consigna nota separada en la que aclara su criterio sobre la procedencia excepcional del amparo en estos casos.
Key excerptExtracto clave
In the case at hand, the claimant argues that the respondent Municipality has not resolved the problem caused by a slope at risk of landslide. As a starting point, the Chamber recalls its case law regarding municipal competencies and the need for inter-institutional coordination: “IV.- MUNICIPAL COMPETENCY AND OBLIGATION OF INTER-INSTITUTIONAL COORDINATION. Article 169 of the Political Constitution provides that ‘The administration of local interests and services in each canton shall be in charge of the Municipal Government (...).’ This provision has been developed by the legislature; accordingly, Article 3 of the Municipal Code, Law No. 7794 of April 30, 1998, states: ‘The government and administration of cantonal interests and services shall be in charge of the municipal government.’ The Constitutional Chamber has expressed itself in the same sense in its case law. (…) This Court has the duty to safeguard the life and physical integrity of persons and, where appropriate, to compel state agencies to ensure those rights. In the instant case, the Chamber deems it undeniable that the omission of the respondent party affected the rights of the claimant and other neighbors affected by the slope, since it was tolerated that their life and physical integrity ran unnecessary risk, despite warnings that have been given for years.En el sub examine, el recurrente acusa que la Municipalidad accionada no ha resuelto el problema generado por un talud en riesgo de deslizamiento. Como punto de partida, la Sala recuerda su jurisprudencia en cuanto a competencias municipales y la necesidad de coordinación interinstitucional: “IV.- COMPETENCIA MUNICIPAL Y OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. (…) Este Tribunal tiene el deber de resguardar la vida e integridad física de las personas y, dado el caso, conminar a las instancias estatales para que velen por tales derechos. En el caso de marras, la Sala estima innegable que la omisión de la parte accionada afectó los derechos del recurrente y demás vecinos afectados por el talud, dado que se toleró que su vida e integridad física corrieran riesgo innecesariamente, a pesar de las advertencias que se dan desde hace años.
Pull quotesCitas destacadas
"El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)"."
"Article 169 of the Political Constitution provides that ‘The administration of local interests and services in each canton shall be in charge of the Municipal Government (...).’"
Considerando IV
"El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)"."
Considerando IV
"Este Tribunal tiene el deber de resguardar la vida e integridad física de las personas y, dado el caso, conminar a las instancias estatales para que velen por tales derechos."
"This Court has the duty to safeguard the life and physical integrity of persons and, where appropriate, to compel state agencies to ensure those rights."
Considerando IV
"Este Tribunal tiene el deber de resguardar la vida e integridad física de las personas y, dado el caso, conminar a las instancias estatales para que velen por tales derechos."
Considerando IV
"La Sala estima innegable que la omisión de la parte accionada afectó los derechos del recurrente y demás vecinos afectados por el talud, dado que se toleró que su vida e integridad física corrieran riesgo innecesariamente, a pesar de las advertencias que se dan desde hace años."
"The Chamber deems it undeniable that the omission of the respondent party affected the rights of the claimant and other neighbors affected by the slope, since it was tolerated that their life and physical integrity ran unnecessary risk, despite warnings that have been given for years."
Considerando IV
"La Sala estima innegable que la omisión de la parte accionada afectó los derechos del recurrente y demás vecinos afectados por el talud, dado que se toleró que su vida e integridad física corrieran riesgo innecesariamente, a pesar de las advertencias que se dan desde hace años."
Considerando IV
"He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal."
"I have clarified, however, that I do consider cases of administrative inactivity on the indicated matters to be admissible through this remedy when such inactivity directly affects the exercise of fundamental rights regulated in the Political Constitution or in international human rights treaties, provided they can be heard in a very summary proceeding of a special and urgent nature such as the amparo as a procedural institute."
Nota separada de la Magistrada Hernández López
"He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal."
Nota separada de la Magistrada Hernández López
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: July 3, 2020, at 09:15 Case File: 20-008018-0007-CO Type of matter: Amparo action Constitutional control: Upholding judgment Judgment with separate opinion Relevance Indicators Relevant judgment Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. 012360-20. THE MUNICIPALITY OF LA UNIÓN IS ORDERED TO FORM A COMMISSION TO ASSESS THE CASE AND DETERMINE A SOLUTION TO THE PROBLEM OF THE RISK OF A SLOPE SLIDE, NEAR THE GÉNOVA URBANIZATION.
LBH07/20 ... See more Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: COMPLAINT. 012360-20. THE MUNICIPALITY OF LA UNIÓN IS ORDERED TO FORM A COMMISSION TO ASSESS THE CASE AND DETERMINE A SOLUTION TO THE PROBLEM OF THE RISK OF A SLOPE SLIDE, NEAR THE GÉNOVA URBANIZATION.
LBH07/20 ... See more Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE Topic: Coordination Subtopics: NOT APPLICABLE. "IV.- MUNICIPAL COMPETENCE AND OBLIGATION OF INTERINSTITUTIONAL COORDINATION. Municipal competence and obligation of interinstitutional coordination. Article 169 of the Political Constitution provides that 'The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...)'. This rule has been developed by the ordinary legislator; in this regard, Article 3 of the Municipal Code, Law No. 7794 of April 30, 1998, provides that: 'The government and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government'. In this same sense, the Constitutional Chamber has expressed itself in its jurisprudence." LBH07/20 ... See more Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 2.
PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE Topic: Municipal autonomy. Subtopics: NOT APPLICABLE. "VI.- REGARDING THE ATTRIBUTIONS OF MUNICIPALITIES BY REASON OF SUBJECT MATTER (CONCEPT OF 'THE LOCAL'). By express constitutional provision -Article 169-, there is an assignment of functions or attributions in favor of local governments by reason of subject matter to 'the local', that is, 'the administration of the services and interests' of the locality to which it is circumscribed, for which it is endowed with autonomy (') Thus, its powers are generic, insofar as there is no detailed enumeration of its own tasks, but rather a simple enunciation of the scope of its competence; but not for that reason undeterminable..." LBH07/20 ... See more Content of Interest: Type of content: Separate opinion Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE Topic: 169- Municipal government Subtopics: NOT APPLICABLE.
"IV.- MUNICIPAL COMPETENCE AND OBLIGATION OF INTERINSTITUTIONAL COORDINATION. Municipal competence and obligation of interinstitutional coordination. Article 169 of the Political Constitution provides that 'The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...)'. This rule has been developed by the ordinary legislator; in this regard, Article 3 of the Municipal Code, Law No. 7794 of April 30, 1998, provides that: 'The government and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government'. In this same sense, the Constitutional Chamber has expressed itself in its jurisprudence." LBH07/20 ... See more Content of Interest: Type of content: Separate opinion Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics: INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS. V.- SEPARATE OPINION OF MAGISTRATE HERNANDEZ LÓPEZ.
I have been dissenting in those cases involving correcting, through the amparo action, the mere inactivity of the administration in infrastructure works such as sidewalks, bridges, grading and paving of streets, sewers, among others, with the argument that they can be discussed through ordinary legality channels, considering that the Chamber is not, nor should it become, a single or omnipresent instance that diminishes the other avenues of judicial protection created by the constituent and the legislator for that purpose. I have clarified, however, that I do consider cases of administrative inactivity on the indicated topics as protectable through this avenue if it directly affects the exercise of fundamental rights regulated in the Political Constitution or international human rights treaties, provided they are susceptible to being heard in a very summary process of a special and urgent nature, such as the amparo as a procedural institute.
Such is the case of this action, where the claim revolves around the omission of works by the Municipality of La Unión to address the problem of the existing slope in the Génova Urbanization, which places the families of that residential area in a condition of vulnerability, and for this reason, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence to verify or rule out the indicated omissions.
... See more *200080180007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on July third, two thousand twenty.
Amparo action processed in case file No. 20-008018-0007-CO, filed by ALLAN ROBERTO ROJAS AVENDAÑO, identity card 0109570815, on behalf of UNIÓN DE VECINOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA URBANIZACIÓN GÉNOVA, against LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN and the COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE).
Whereas:
Magistrate Chacón Jiménez drafted; and,
Considering:
I.Prior clarification. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from judgment number 2008-02545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the pertinent administrative remedies. Precisely, in the sub lite, an exception is raised, as it deals with a matter concerning the physical integrity and health of persons. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo action.
II.Object of the action. The claimant relates that there is a risk of a slope sliding near the Génova urbanization, where his dwelling is located. He affirms that the instability of that slope endangers some properties and their inhabitants. He accuses the respondent municipality of not having solved the problem in question, despite having been aware of it for several years.
III.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
That the municipal entity of La Unión, permits area, analyze whether a section of the construction that is closest to the edge and that in appearance corresponds to an addition, the one that is most compromised, whether the technical studies (geotechnics, structural design, and mitigation works) exist for it to be built at the edge of a slope with a steep incline. If there are technical studies for slope stabilization and engineering solutions, they must be presented to the municipal entity by the affected parties, to analyze the options and alternatives after knowing the previous points and determining strategic alliances between the developer and property owner for the execution of the work. As well as the responsible professional. Any type of measure to be used must guarantee its stability through adequate technical studies, it must include at least geotechnical analysis and slope stability analysis.
The stabilization work must be designed and supervised by a civil or construction engineer based on the mentioned characteristics. In addition, it must be built on firm substrate." (See report submitted and evidence provided).
IV.Regarding the specific case. In the sub examine, the claimant accuses that the respondent Municipality has not resolved the problem generated by a slope at risk of sliding.
As a starting point, the Chamber recalls its jurisprudence regarding municipal competencies and the need for inter-institutional coordination:
“IV.- MUNICIPAL COMPETENCE AND OBLIGATION OF INTER-INSTITUTIONAL COORDINATION. Municipal competence and obligation of inter-institutional coordination. Article 169 of the Political Constitution provides that \"The administration of local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government (...)\". This norm has been developed by the ordinary legislator; in consideration thereof, Article 3 of the Municipal Code, Ley 7794 of April 30, 1998, provides that: \"The government and administration of cantonal interests and services shall be the responsibility of the municipal government\". In this same sense, the Constitutional Chamber has expressed itself in its jurisprudence. For instance, in Judgment No. 5445-99, of 2:30 p.m. on July 14, 1999, the following was provided:
\"VI.- THE ATTRIBUTIONS OF MUNICIPALITIES BY REASON OF SUBJECT MATTER (CONCEPT OF \"THE LOCAL\"). By express constitutional provision -Article 169-, there is an assignment of functions or attributions in favor of local governments by reason of subject matter to \"the local\", that is, \"the administration of the services and interests\" of the locality to which it is circumscribed, for which it is endowed with autonomy (\") So that its powers are generic, inasmuch as there is no detailed enumeration of its own duties, but rather a simple enunciation of the scope of its competence; but not for that reason indeterminable, to which this Court referred in judgment number 6469-97, of sixteen hours twenty minutes on October eight, nineteen ninety-seven, in the following terms:
\" (...) the local has such a connotation that defining its scope by the legislator or the judge must lead to maintaining the integrity of local interests and services, so that the legislator could not even enact regulations that tend to dismember the Municipality (territorial element), if it does not do so observing the procedures previously established in the Political Constitution; nor promulgate those that place its inhabitants (population) in clear conditions of inferiority relative to the rest of the country; nor those that affect the very essence of the local (government), so as to convert the Corporation into a simple empty container from which only the name subsists, but deactivating the entire regime as it was conceived by the National Constituent Assembly. In another turn, there will be duties that by their nature are municipal -local- and cannot be subtracted from that sphere of competence to convert them into national services or interests, because doing so would imply disarticulating the Municipality, or better yet, emptying it of constitutional content, and therefore, it is not possible beforehand to dictate the insurmountable limits of the local, but rather to unravel what corresponds or not to the communal government, it must be extracted from the examination made in each specific case (...)\".
From the foregoing, the fact stands out that, by express will of our Fundamental Charter, a specific competence is assigned to local governments, an attribution that is also exclusive to them; that is, it is an original competence of the municipality and only through a nationalization or regionalization law can it be displaced, totally or partially\".
Consequently, if a group of municipal residents, in their territorial circumscription, suffer floods with risk to their lives and serious patrimonial, psychological, quality of life, and general welfare damages, this is framed within the concept of \"local interests and services\" of constitutional numeral 169, problems whose causes must be identified with precision and, even more so, the solutions, in order to implement them as soon as possible; for which it is incumbent upon the Municipality to coordinate with national-level institutions with competence to act on the problem. Indeed, the Chamber has already developed the municipal obligation to coordinate with other state institutions in order to attend to the \"interests\" and fully provide the \"local services\". In the cited Judgment No. 5445-99, the Chamber stated:
\"(...) they refer to the obligation of coordination that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Executive Branch, to carry out the functions that have been entrusted to them, which must be analyzed based on the very nature of municipal autonomy. It is by virtue of the provisions of constitutional Article 170, that municipalities (local corporate entities) enjoy functional, administrative, and financial autonomy in the administration of local interests and services (Article 169 of the Political Constitution) (...) A conflict cannot, then, be created by antagonism or protagonism between the subject matter that integrates the general purpose of \"local interests and services\" and \"national\" or \"state\" public interests and services, intrinsically distinct from one another, but which in reality are called to coexist (....) Having defined the material competence of the municipality in a specific territorial circumscription, it is clear that there will be duties that by their nature are exclusively municipal, alongside others that can be deemed national or state; for this reason, it is essential to define the form of co-participation of attributions that is inevitable, since the public capacity of municipalities is local, and that of the State and other entities, national; from which it follows that the municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent that circumstances require it.
That is, municipalities can share their competencies with the Public Administration in general, a relationship that must develop in the terms as defined in the law (Article 5 of the former Municipal Code, Article 7 of the new Code), which establishes the obligation of \"coordination\" between municipalities and the public institutions that concur in the performance of their competencies, to avoid duplication of efforts and contradictions, above all, because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy as it is its expression. In other terms, the municipality is called to enter into cooperative relations with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coincidental nature -in many cases- of interests surrounding a specific matter. In doctrine, coordination is defined based on the existence of several independent centers of action, each with its own duties and decision-making powers, and potentially discrepant; despite this, there must be a community of purposes by subject matter, but by concurrence, insofar as the object receiving the final results of the activity and the acts of each one is common\".
So that coordination is the ordering of the relationships between these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence in a same object or entity, to make it useful to a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects. As there is no hierarchical relationship of decentralized institutions, nor of the State itself in relation to municipalities, it is not possible to impose certain conducts on them, with which the indispensable inter-institutional \"concert\" arises, in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others\".
Note, moreover, that the Municipalities are obliged, by imperative of ordinal 50 of the Political Constitution, to exert themselves in the protection of the environment (Judgment No. 2006-7994 at 8:57 a.m. on June 2, 2006).” (Judgment No. 2020-10630 at 9:15 a.m. on June 12, 2020).
In the case at hand, it was deemed proven that the petitioner is the owner of lot 58 of the Génova urbanization. Regarding the underlying problem, that is, the risk of landslide or collapse, the Chamber considers that there is sufficient evidence to deem it accredited. Indeed, the Chamber observes that as early as September 2011, the Central American School of Geology of the University of Costa Rica prepared the report “Estabilidad study and corrective proposal for the slope located in the Génova urbanization, Tres Ríos, La Unión, Cartago”, whose conclusions indicate: “The modeling of the current situation of the slope indicates that the slope is unstable and that its reinforcement must be proceeded with. The most probable rupture surfaces can extend up to approximately 7 m behind the crest of the slope, which would directly affect the dwellings located in that sector. The slope stabilization proposals provide a technical solution to the instability problem; one of them must be implemented as soon as possible to prevent landslides from endangering people's lives and affecting infrastructure works.” This report was brought to the attention of the respondent Municipality on October 31, 2011.
This Court deems it undeniable that both the Municipality and the CNE have had full knowledge of the risk entailed by the situation raised by the petitioner. It is observed, for example, that almost eight years ago the Mayor responded to the Union of Neighbors for the Protection of the Génova Urbanization “…In that sense, the corresponding instructions are being issued to the respective municipal bodies, specifically the Directorate of Development and Urban Control so that it immediately establishes and executes the necessary coordination with the Comisión Nacional de Emergencias so that within a period of fifteen business days the respective agreement can be established for the identification and possible execution of the works that need to be carried out in the Génova Urbanization.” Later, by report IAR-INF-0187-2013 of April 8, 2013, the CNE geologist responded to the Mayor: “…It must be considered that among the responsibilities of the C.N.E, as the regulating entity of actions related to risk management, is to establish recommendations aimed at promoting adequate land use, in accordance with the characteristics of the environment, as well as improving the general conditions of communities and the population, where in many cases intervention by the property owners or municipal authorities is necessary, where it is required …
It must be considered that among the responsibilities of the C.N.E, as the regulating entity of actions related to risk management, is to establish recommendations aimed at promoting adequate land use, in accordance with the characteristics of the environment, as well as improving the general conditions of communities and the population, where in many cases intervention by the property owners or municipal authorities is necessary, where it is required…” This Court notes that the issue continues to be the subject of discussion between the parties. It was deemed proven that it was raised again by the petitioner before the Municipality through his communication of July 18, 2019. His case was later heard in extraordinary session No. 304 of January 4, 2020, of the Council, where the participation of the CNE in the background of the matter also stands out, since it was indicated: “…we are waiting for what Mr.
Ronald Corrales requested, the study by the Geologists of the Comisión Nacional de Emergencias, Mr. Julio Madrigal was with us at the site, a drone was flown over by him, Mr. Julio has not yet sent the corresponding report…” Later, in June 2020 (day not specified), technical report CNE-UIAR-INF-0497-2020 was issued, prepared by Julio Madrigal, geologist of the Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo of the CNE, where it was recommended: “On behalf of the CNE, it is established that, by the municipal authorities, CME and CNE, interventions have been carried out in accordance with Ley No. 8488 regarding mitigation and prevention work in the stream bed. In due course by CNE-CME, the families involved with the properties in the area surrounding the site were advised of the vigilance, monitoring of any change or cracking in walls, doors, floors or pipe breakage or noises indicating any type of displacement or internal movement of the land and to communicate it to the competent authorities.
Given that there is a compromised structure, it is necessary for an engineering specialist to evaluate in the first instance the structure that corresponds to the original house and indicate if there are damages or what degree of risk it is exposed to, and subsequently what is closest to the edge of the slope, which apparently corresponds to an addition. That the municipal entity of La Unión, in the area of permits, analyze whether a section of the construction that is closest to the edge and that apparently corresponds to an addition, the one that is most compromised, whether there are technical studies (geotechnics, structural design and mitigation works) to be built on the edge of a slope with a steep incline. If there are technical studies for the stabilization of the slope and engineering solutions, they must be presented to the municipal entity by the affected parties, to analyze the options and alternatives before knowing the previous points and determining strategic alliances between the developer and property owner for the execution of the work.
As well as the responsible professional. Any type of measure to be used must guarantee its stability through adequate technical studies, it must include at minimum geotechnical analysis, slope stability. The stabilization work must be designed and supervised by a civil or construction engineer based on the mentioned characteristics. Furthermore, it must be built on firm substrate.” Based on these elements, the Chamber has sufficient certainty to consider that the reported problem exists, is known by the respondent authorities, and has not been solved in approximately ten years.
This Court has the duty to safeguard the life and physical integrity of persons and, given the case, to enjoin state entities to ensure such rights. In the case at hand, the Chamber deems it undeniable that the omission of the respondent party affected the rights of the petitioner and other neighbors affected by the slope, given that it was tolerated that their life and physical integrity ran unnecessary risk, despite the warnings that have been given for years. Note, for instance, that the study carried out by the University of Costa Rica in 2011 already spoke of the need to implement some proposal “…as soon as possible to prevent landslides from endangering people's lives and affecting infrastructure works.” By virtue of the foregoing, the appeal is granted, with the consequences indicated in the operative part of this judgment.
In view of the respondent municipality's statement, it is noted that the delineation of constitutional competencies, as well as the existence of subsequent events, lead the Chamber to reject the existence of res judicata.
I have been dissenting in those cases involving correcting, through the amparo remedy, the mere inactivity of the administration in infrastructure works such as sidewalks, bridges, ballasting and paving of streets, culverts among others, with the argument that they can be discussed through ordinary legality channels, considering that the Chamber is not, nor should it become, a sole or omnipresent instance that diminishes the other avenues of judicial protection created by the constituent power and the legislator for that purpose. I have clarified, however, that I do consider cases of administration inactivity in the indicated matters to be tutelable through this channel if it produces a direct impact on the exercise of fundamental rights regulated in the Political Constitution or in international human rights treaties, provided they are susceptible to being heard in a very summary and specially urgent process such as the amparo as a procedural institute.
Such is the case of this appeal where the claim revolves around the omission of works by the Municipality of La Unión in addressing the problem of the slope existing in the Génova Urbanization that places the families of that residential area in a condition of vulnerability, and for this reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out if the noted omissions.
The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the \"Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial\", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is granted. Cristian Torres Garita, Alfredo Quirós Araya and José Torres Portilla, in their order Mayor, Council President and Head of the Municipal Emergency Committee, all of the Municipality of La Unión, and Eduardo Mora Castro, in his capacity as Head of the Legal Advisory Unit of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, or those occupying these positions, are ordered: 1.- to coordinate what is necessary for the purpose of assessing the need and, given the case, implementing a precautionary measure to guarantee the life and physical integrity of the persons affected by the slope that is the subject of this process, within a period of FIVE BUSINESS DAYS, counted from the notification of this judgment; 2- To form a commission to assess the case and determine a definitive, technically and legally adequate solution. In complying with this point, a schedule for the implementation of the mentioned solution must be established.
All the foregoing must be carried out within a period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment; 3- Comply with the schedule indicated in the previous point. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the crime is not more severely penalized. The Municipality of La Unión and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Hernández López adds a separate note. Notify.
Fernando Castillo V.
President Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Mauricio Chacón J.
*NNOTLAOKJZM61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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NO APLICA.
“IV.- COMPETENCIA MUNICIPAL Y OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia." LBH07/20 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Autonomía municipal.
Subtemas:
NO APLICA.
"VI.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN RAZÓN DE LA MATERIA (CONCEPTO DE "LO LOCAL"). Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (") De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable..." LBH07/20 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 169- Gobierno municipal Subtemas:
NO APLICA.
“IV.- COMPETENCIA MUNICIPAL Y OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia." LBH07/20 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
He venido salvado el voto en aquellos casos que se trate de corregir por medio del recurso de amparo la simple inactividad de la administración, en obras de infraestructura tales como aceras, puentes, lastreado y asfaltado de calles, alcantarillas entre otras, con el argumento de que pueden ser discutidos en la vía de legalidad ordinaria, considerando que la Sala no es, ni debe constituirse, en una instancia única u omnipresente que demerite las otras vías de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador al efecto. He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.
Tal es el caso de este recurso en donde el reclamo gira alrededor de la omisión de obras por parte de la Municipalidad de la Unión en atender el problema del talud existente en la Urbanización Génova que coloca en condición de vulnerabilidad a las familias de ese residencial y por ello he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas.
... Ver más *200080180007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del tres de julio de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en el expediente n.° 20-008018-0007-CO, interpuesto por ALLAN ROBERTO ROJAS AVENDAÑO, cédula de identidad 0109570815, a favor de UNIÓN DE VECINOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA URBANIZACIÓN GÉNOVA, contra LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN y la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE).
Resultando:
Redacta el Magistrado Chacón Jiménez; y,
Considerando:
I.Aclaración previa. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante un tema que concierne la integridad física y salud de las personas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso. El recurrente relata que hay riesgo de deslizamiento de un talud cercano a la urbanización Génova, donde se encuentra su vivienda. Afirma que la inestabilidad de ese talud pone en peligro algunas inmuebles y sus habitantes. Acusa que la municipalidad recurrida no ha solucionado el problema en cuestión, a pesar de tener conocimiento de él desde hace varios años.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
Que, por parte del ente municipal de la Unión, área de permisos analice si una sección de la construcción que esta más al borde y que apariencia corresponde a un agregado, el que está más comprometido si existen los estudios técnicos (geotecnia, diseño estructural y obras de mitigación), para ser construido al borde de talud y de fuerte pendiente. De existir estudios técnicos para la estabilización del talud y de soluciones de ingeniería deben ser presentadas ante el ente municipal por parte de los afectados, para analizar las opciones y alternativas previo de conocer los anteriores puntos y de determinar alianzas estratégicas entre el desarrollador y propietario de inmueble para la ejecución de la obra. Así como, el profesional responsable. Cualquier tipo de medida a utilizar debe garantizar su estabilidad mediante los estudios técnicos adecuados, debe incluir como mínimo análisis geotécnico, estabilidad de taludes La obra de estabilización deberá ser diseñada y supervisada por un ingeniero civil o de construcción con base en las características mencionadas. Además, debe construirse sobre sustrato firme.” (Ver informe rendido y prueba aportada).
IV.Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente acusa que la Municipalidad accionada no ha resuelto el problema generado por un talud en riesgo de deslizamiento. Como punto de partida, la Sala recuerda su jurisprudencia en cuanto a competencias municipales y la necesidad de coordinación interinstitucional:
“IV.- COMPETENCIA MUNICIPAL Y OBLIGACIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Competencia municipal y obligación de coordinación interinstitucional. El artículo 169, de la Constitución Política, dispone que "La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal (...)". Esta norma ha sido desarrollada por el legislador ordinario, en atención a ello, el artículo 3, del Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, dispone que: "El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal". En este mismo sentido, se ha expresado la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Verbigracia, en Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, se dispuso lo siguiente:
"VI.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN RAZÓN DE LA MATERIA (CONCEPTO DE "LO LOCAL"). Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se la dota de autonomía (") De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no determinable, a lo que hizo referencia este Tribunal en sentencia número 6469-97, de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, en los siguientes términos:
" (...) lo local tiene tal connotación que definir sus alcances por el legislador o el juez, debe conducir al mantenimiento de la integridad de los intereses y servicios locales, de manera que ni siquiera podría el legislador dictar normativa que tienda a desmembrar el Municipio (elemento territorial), si no lo hace observando los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política; ni tampoco promulgar aquella que coloque a sus habitantes (población) en claras condiciones de inferioridad con relación al resto del país; ni la que afecte la esencia misma de lo local (gobierno), de manera que se convierta a la Corporación en un simple contenedor vacío del que subsista solo la nominación, pero desactivando todo el régimen tal y como fue concebido por la Asamblea Nacional Constituyente. En otro giro, habrá cometidos que por su naturaleza son municipales -locales- y no pueden ser substraídos de ese ámbito de competencia para convertirlos en servicios o intereses nacionales, porque hacerlo implicaría desarticular a la Municipalidad, o mejor aún, vaciarla de contenido constitucional, y por ello, no es posible de antemano dictar los límites infranqueables de lo local, sino que para desentrañar lo que corresponde o no al gobierno comunal, deberá extraerse del examen que se haga en cada caso concreto (...)". De lo anterior, resalta el hecho de que, por voluntad expresa de nuestra Carta Fundamental, se asigna una competencia específica a los gobiernos locales, atribución que además es exclusiva de éstos; es decir, se trata de una competencia originaria de la municipalidad y sólo mediante una ley de nacionalización o de regionalización es que puede ser desplazada, total o parcialmente".
En consecuencia, si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufren inundaciones con riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales, psicológicos, calidad de vida y bienestar general, esto se enmarca dentro del concepto de "intereses y servicios locales" del numera 169, constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aun, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema. En efecto, la Sala ya ha desarrollado la obligación municipal de coordinar con otras instituciones estatales en aras de atender los "intereses" y prestar cumplidamente los "servicios locales". En la citada Sentencia N° 5445-99, la Sala manifestó:
"(...) se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal. Es en virtud de lo dispuesto en el artículo 170 constitucional, que las municipalidades (entes corporativos locales) gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera en la administración de los intereses y servicios locales (artículo 169 de la Constitución Política) (...) No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir (....) Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno". De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros".
Adviértase, por lo demás, que las Municipalidades están obligadas, por imperativo del ordinal 50, de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente (Sentencia N° 2006-7994 de las 8:57 horas de 2 de junio de 2006).” (Sentencia n.° 2020-10630 de las 9:15 horas del 12 de junio de 2020).
En el caso de marras se tuvo por probado que el accionante es propietario del lote 58 de la urbanización Génova. En lo que respecta al problema de fondo, es decir, el riesgo por deslizamiento o derrumbe, la Sala estima que existe suficiente prueba para tenerlo por acreditado. En efecto, la Sala observa que ya en setiembre de 2011, la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica elaboró el informe “Estudio de estabilidad y propuesta correctiva del talud localizado en la urbanización Génova, Tres Ríos, La Unión, Cartago”, cuyas conclusiones indican: “El modelaje de la situación actual del talud indica que el talud es inestable y que se debe proceder a su refuerzo. Las superficies de ruptura más probables pueden extenderse hasta aproximadamente 7 m detrás de la corona del talud, lo cual afectaría directamente las viviendas ubicadas en ese sector. Las propuestas de estabilización del talud proporciona una solución técnica al problema de inestabilidad, alguna de ellas debe implementarse lo antes posible para evitar que los desprendimientos pongan en peligro la vida de las personas y afecten obras de infraestructura.” Este informe fue puesto en conocimiento de la Municipalidad accionada el 31 de octubre de 2011.
Este Tribunal estima innegable que tanto la Municipalidad como la CNE han tenido pleno conocimiento del riesgo que entraña la situación planteada por el recurrente. Se observa, por ejemplo, que hace casi ocho años el Alcalde respondió a la Unión de Vecinos para la Protección de la Urbanización Génova “…En ese sentido, se están girando las instrucciones correspondientes a los órganos municipales respectivos, específicamente la Dirección de Desarrollo y Control Urbano para que en forma inmediata establezca y ejecute la coordinación necesaria con la Comisión Nacional de Emergencias a efecto que en el plazo de quince días hábiles se logre establecer el respectivo convenio para la identificación y posible ejecución de las obras que sea necesario realizar en la Urbanización Génova.” Luego, por informe IAR-INF-0187-2013 del 8 de abril de 2013, el geólogo de la CNE respondió al Alcalde: “…Debe considerarse que dentro de las responsabilidades de la C.N.E, como ente regulador de las acciones relacionadas con la gestión del riesgo, se encuentra el establecer recomendaciones orientadas a promover un adecuado uso de la tierra, conforme a las características propias del entorno, así como, de mejorar las condiciones generales de las comunidades y de la población, donde en muchos casos es necesario una intervención por parte de los propietarios del inmueble o de las autoridades municipales, donde se requiere “…
Debe considerarse que dentro de las responsabilidades de la C.N.E, como ente regulador de las acciones relacionadas con la gestión del riesgo, se encuentra el establecer recomendaciones orientadas a promover un adecuado uso de la tierra, conforme a las características propias del entorno, así como, de mejorar las condiciones generales de las comunidades y de la población, donde en muchos casos es necesario una intervención por parte de los propietarios del inmueble o de las autoridades municipales, donde se requiere…” Este Tribunal nota que el tema continúa siendo objeto de discusión entre las partes. Se tuvo por probado que fue planteado nuevamente por el accionante ante la Municipalidad a través de su gestión del 18 de julio de 2019. Su caso fue luego conocido en la sesión extraordinaria n.° 304 del 4 de enero de 2020 del Concejo, donde destaca también la participación de la CNE en el trasfondo del asunto, pues se indicó: “…estamos en espera de lo que solicitaba Don Ronald Corrales, el estudio de los Geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias, Don Julio Madrigal estuvo con nosotros en el lugar se sobrevoló un drone por parte de él, don Julio aún no ha enviado el informe correspondiente…” Luego, en junio de 2020 (no se precisa día) se emitió el informe técnico CNE-UIAR-INF-0497-2020, elaborado por Julio Madrigal, geólogo de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, donde se recomendó: “Por parte de la CNE, se establece que, por parte de las autoridades municipales, CME y CNE se han realizado las intervenciones apegadas a ley No. 8488 en cuanto a labores de mitigación y prevención en el cauce de la quebrada.
En su momento oportuno por parte de CNE-CME, se le indico a las familias involucradas de las propiedades en el entorno al área, la vigilancia, monitoreo de cualquier cambio o agrietamiento en paredes, puertas, piso o ruptura de tubería o ruidos que indiquen algún tipo de desplazamiento o movimiento interno del terreno y de comunicarlo a las autoridades competentes. Dado que existe una estructura comprometida, es necesario que un especialista en ingeniería evalúe en primera instancia la estructura que corresponde a la casa original e indicar si existen daños o que grado de riesgo está expuesta y posteriormente lo que está más al borde del talud, que en apariencia corresponde a un agregado. Que, por parte del ente municipal de la Unión, área de permisos analice si una sección de la construcción que esta más al borde y que apariencia corresponde a un agregado, el que está más comprometido si existen los estudios técnicos (geotecnia, diseño estructural y obras de mitigación), para ser construido al borde de talud y de fuerte pendiente.
De existir estudios técnicos para la estabilización del talud y de soluciones de ingeniería deben ser presentadas ante el ente municipal por parte de los afectados, para analizar las opciones y alternativas previo de conocer los anteriores puntos y de determinar alianzas estratégicas entre el desarrollador y propietario de inmueble para la ejecución de la obra. Así como, el profesional responsable. Cualquier tipo de medida a utilizar debe garantizar su estabilidad mediante los estudios técnicos adecuados, debe incluir como mínimo análisis geotécnico, estabilidad de taludes La obra de estabilización deberá ser diseñada y supervisada por un ingeniero civil o de construcción con base en las características mencionadas. Además, debe construirse sobre sustrato firme.” A partir de estos elementos, la Sala tiene certeza suficiente para estimar que el problema denunciado existe, es conocido por las autoridades recurridas y no ha sido solucionado en aproximadamente diez años.
Este Tribunal tiene el deber de resguardar la vida e integridad física de las personas y, dado el caso, conminar a las instancias estatales para que velen por tales derechos. En el caso de marras, la Sala estima innegable que la omisión de la parte accionada afectó los derechos del recurrente y demás vecinos afectados por el talud, dado que se toleró que su vida e integridad física corrieran riesgo innecesariamente, a pesar de las advertencias que se dan desde hace años. Nótese, verbigracia, que el estudio efectuado por la Universidad de Costa Rica en 2011 ya hablaba de la necesidad de implementar alguna propuesta “…lo antes posible para evitar que los desprendimientos pongan en peligro la vida de las personas y afecten obras de infraestructura.” En virtud de lo expuesto se declara con lugar el recurso, con las consecuencias indicadas en la parte dispositiva de esta sentencia.
Vista la manifestación de la municipalidad accionada se acota que el deslinde de competencias constitucionales, así como la existencia de hechos posteriores, llevan a la Sala a rechazar la existencia de cosa juzgada.
He venido salvado el voto en aquellos casos que se trate de corregir por medio del recurso de amparo la simple inactividad de la administración, en obras de infraestructura tales como aceras, puentes, lastreado y asfaltado de calles, alcantarillas entre otras, con el argumento de que pueden ser discutidos en la vía de legalidad ordinaria, considerando que la Sala no es, ni debe constituirse, en una instancia única u omnipresente que demerite las otras vías de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador al efecto. He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.
Tal es el caso de este recurso en donde el reclamo gira alrededor de la omisión de obras por parte de la Municipalidad de la Unión en atender el problema del talud existente en la Urbanización Génova que coloca en condición de vulnerabilidad a las familias de ese residencial y por ello he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Cristian Torres Garita, Alfredo Quirós Araya y José Torres Portilla, por su orden Alcalde, Presidente del Concejo y Encargado del Comité Municipal de Emergencias, todos de la Municipalidad de La Unión, y a Eduardo Mora Castro, en su condición de Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, o a quienes ejerzan esos cargos, lo siguiente: 1.- coordinar lo necesario a efectos de valorar la necesidad y, dado el caso, implementar una medida cautelar a fin de garantizar la vida e integridad física de las personas afectadas por el talud objeto de este proceso, en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contado a partir de la notificación de esta sentencia; 2- Integrar una comisión para valorar el caso y determinar una solución definitiva, técnica y jurídicamente adecuada. En el cumplimiento de este punto deberá establecerse un cronograma para la implementación de la solución mencionada.
Todo lo anterior deberá efectuarse en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia; 3- Cumplir el cronograma señalado en el punto anterior. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de La Unión y a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López pone nota separada. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Mauricio Chacón J.
*NNOTLAOKJZM61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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