Res. 11660-2020 Sala Constitucional — Vista al Mar Verde Amparo against SINAC and MINAE over wetland in Playa Hermosa

OutcomeResultado

InadmissibleInadmisible

The amparo petition is flatly rejected because it involves a matter of ordinary legality and was filed on behalf of a legal entity without demonstrating a link to a natural person.Se rechaza de plano el recurso de amparo por discutir un asunto de legalidad ordinaria y por ser presentado a favor de una persona jurídica sin demostrar vínculo con una persona física.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber flatly rejects the amparo petition filed by Ray Chiang Nicollini on behalf of Vista al Mar Verde Itno S.A. against MINAE and SINAC. The company argued that a 2016 technical report by SINAC identifying a possible wetland in Playa Hermosa de Jacó led to the suspension of building permits and the inclusion of its land in an environmental layer of the SNIT, violating its property rights, right to petition, and timely response. The Chamber held that the validity of the scientific/technical report is a matter of ordinary legality that cannot be resolved through the summary amparo procedure. It further noted that the request for a response was made by the Municipality of Garabito, a public entity, not by an individual holder of fundamental rights. Justice Rueda Leal added that the amparo is inadmissible because it was filed on behalf of a legal entity without establishing an essential link to a natural person.La Sala Constitucional rechaza de plano el recurso de amparo interpuesto por Ray Chiang Nicollini a favor de Vista al Mar Verde Itno S.A. contra el MINAE y el SINAC. La empresa alega que un informe técnico del SINAC de 2016, que identifica un posible humedal en Playa Hermosa de Jacó, ha llevado a la suspensión de permisos de construcción y a la inclusión de sus terrenos en una capa ambiental del SNIT, vulnerando sus derechos de propiedad, petición y pronta respuesta. La Sala considera que la discusión sobre la validez técnica y científica del informe es un asunto de legalidad ordinaria que no puede resolverse en la vía sumaria del amparo. Además, señala que la solicitud de respuesta fue presentada por la Municipalidad de Garabito, un ente público, y no por un administrado titular de derechos fundamentales. El magistrado Rueda Leal agrega que el amparo es improcedente por plantearse a favor de una persona jurídica sin demostrar el vínculo esencial con una persona física.

Key excerptExtracto clave

Considering: I.- In view of the allegations of the protected party, it must be warned that the admissibility of the amparo remedy, in general, is conditioned not only on proving the existence of a disturbance —or threat of disturbance— to one or more of the rights or guarantees enshrined in the Political Charter or the fundamental rights established in international human rights instruments duly incorporated into the legal system, but also that the alleged grievance involves a direct and gross threat or breach of those rights, endangering that part of their content that is essential and innate, i.e., the core that gives them their peculiarity and makes them recognizable as rights of a certain nature. This is known in doctrine as the essential minimum content of the right, which is violated, for example, when the exercise of the right is conditioned on compliance with conditions, bases or requirements of such a nature that, in practice, make its use materially impossible or nugatory. For this reason, the amparo is a summary proceeding of simple and rapid processing, incompatible with extensive and technically complex debates, such as the presentation of testimonial evidence —where statements must be received under oath and the parties given the opportunity to question and cross-examine, as well as to present conclusions—, and it also does not allow examining, with declaratory effect, whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual background of the amparo petition or the legal report, as the case may be, actually exist. II.- In the case at hand, a reading of the amparo petition shows that, although the petitioner invokes an alleged violation of Articles 27 and 45 of the Political Constitution, it actually seeks for this Chamber to analyze the legality and technical-scientific validity of the report contained in Official Communication No. SINAC-ACOPAC-CUSB-PMC114-2016, with the aim of, in this summary amparo proceeding, having the inclusion of the protected party's land in the environmental site of the SNIT set aside, declaring that it is not part of a wetland. To address this, however, would mean redirecting to the amparo a discussion proper to ordinary legality, which is not directly related to any possible violation of a fundamental right, as this Court is not to act as a court of appeal in this matter and, opening the amparo to evidence, review whether the request is appropriate based on a proper technical-scientific analysis of the case.Considerando: I.- Vistas las alegaciones de la parte amparada, se impone advertirle que la procedencia del recurso de amparo, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una turbación —o amenaza de ésta— a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos, que ponga en peligro aquella parte de su contenido que les es esencial y connatural, es decir, el núcleo que les presta su peculiaridad y los hace reconocibles como derechos de una naturaleza determinada. Lo anterior, en doctrina, es conocido como el contenido mínimo esencial del derecho, el cual es vulnerado, por ejemplo, cuando se condiciona el ejercicio del derecho que sea, al cumplimiento de condiciones, presupuestos o requisitos de tal naturaleza que, en la práctica, hacen materialmente imposible o nugatorio su uso. Por esa razón, el amparo es un proceso sumario de tramitación sencilla y rápida, incompatible con la realización de debates extensos y técnicamente complejos, como por ejemplo, las diligencias de recepción de prueba testimonial —en las que habría que recibir las declaraciones bajo solemnidad de juramento y otorgar a las partes la posibilidad de preguntar y repreguntar, así como de emitir conclusiones—, y tampoco permite entrar a examinar, con carácter declarativo, si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. II.- En la especie, una lectura del memorial de interposición de este recurso permite constatar que, aun cuando la parte recurrente invoque una supuesta violación de los artículos 27 y 45 de la Constitución Política, en realidad pretende que esta Sala analice la legalidad y procedencia técnico-científica del informe contenido en el Oficio No. SINAC-ACOPAC-CUSB-PMC114-2016, con el objeto de que, en esta vía sumaria del amparo, en sentencia se deje sin efecto la inclusión de los terrenos de la amparada en el sitio ambiental del SNIT, declarando que no forman parte de un humedal. Conocer de lo anterior, empero, significaría reconducir a la vía del amparo una discusión propia de la legalidad ordinaria, que no está relacionada directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental, en el tanto no le corresponde a este Tribunal hacer las veces de alzada en la materia y, abriendo el amparo a pruebas, revisar si lo pedido es procedente de acuerdo con un adecuado análisis técnico científico del caso.

Pull quotesCitas destacadas

"el amparo es un proceso sumario de tramitación sencilla y rápida, incompatible con la realización de debates extensos y técnicamente complejos"

"the amparo is a summary proceeding of simple and rapid processing, incompatible with extensive and technically complex debates"

Considerando I

"el amparo es un proceso sumario de tramitación sencilla y rápida, incompatible con la realización de debates extensos y técnicamente complejos"

Considerando I

"Conocer de lo anterior, empero, significaría reconducir a la vía del amparo una discusión propia de la legalidad ordinaria, que no está relacionada directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental"

"To address this, however, would mean redirecting to the amparo a discussion proper to ordinary legality, which is not directly related to any possible violation of a fundamental right"

Considerando II

"Conocer de lo anterior, empero, significaría reconducir a la vía del amparo una discusión propia de la legalidad ordinaria, que no está relacionada directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental"

Considerando II

"el principio inspirador del instituto del amparo es brindar a los administrados un medio de defensa contra los eventuales abusos del poder, y no obstante su amplia concepción, no puede entenderse concebido para proteger a entidades de Derecho Público"

"the guiding principle of the amparo remedy is to provide individuals with a defense against potential abuses of power, and despite its broad conception, it cannot be understood as intended to protect public law entities"

Considerando III

"el principio inspirador del instituto del amparo es brindar a los administrados un medio de defensa contra los eventuales abusos del poder, y no obstante su amplia concepción, no puede entenderse concebido para proteger a entidades de Derecho Público"

Considerando III

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Docket: 20-010776-0007-CO Reviewed by: SALA CONSTITUCIONAL *200107760007CO* PROCEEDING: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2020011660 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours forty minutes on the twenty-third of June of two thousand twenty.

Recurso de amparo filed by RAY CHIANG NICOLLINI, of legal age, married, accountant, resident of Miami, United States of America, other details not provided, on behalf of VISTA AL MAR VERDE ITNO SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3101416358, against the MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

Resultando:

1By a brief received in the Secretariat of the Sala at 09:05 hours on June 17, 2020, the petitioner files a recurso de amparo against the MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, and states the following, in summary: that as demonstrated by the faithful and exact copy of the document he attaches to this act, on August 24, 2016, officials Yamileth Cubero Campos, Marine Biologist, Coordinator of the Coastal Marine Program of the Área de Conservación Pacifico Central, and Yeimi Gamboa Preez, Tropical Biologist, head of the Oficina Subregional Aguirre-Parrita of the Área de Conservación Pacífico Central, both employees of a dependency of SINAC, through Official Letter No. SINAC-ACOPAC-CUSB-PMC114-2016, prepared a technical report through which and in compliance with what was proposed in official letter No. SINAC-ACOPAC-D-657-2016, which had also been previously prepared by officials of the cited Area, they arrived at the conclusion that on the lands located in the surroundings of the Laguna Pochotal, in Playa Hermosa de Jacó, Cantón de Garabito, the presence of a possible wetland ecosystem is noted, because at the site and in accordance with the indications detected by the cited professionals, they consider that the technical elements characteristic of a wetland are present, such as those required for this purpose by Decreto Ejecutivo No. 35803-MINAET of January 7, 2010, according to the definitions contained in articles 5 and 6 of the cited Decree, for which reason they recommended that its complete delimitation be carried out to establish its correct location.In the preparation of the cited report, three more officials from the alluded Area collaborated, who, like the two main authors of that study, do not have specific knowledge that allows them to determine, scientifically, if the investigated lands exhibit the characteristic elements of a wetland that Decreto Ejecutivo No. 35803-MINAET alluded to requires, as the two Biology professionals who prepared the cited document as its main responsible parties have pointed out. On October 22, 2019, through official letter No SINAC-ACOPAC-RNVSPHPM-0662019, Mr. Mauricio Salazar Gamboa, also an official of the cited Área de Conservación del Pacifico Central and Administrator of the Refugio de Vida Silvestre de Playa Hermosa, Punta Mala, of Jacó, made known to the Municipality of Cantón de Garabito, as well as to SINAC, the Ministerio del Ambiente y Energía and the Secretaria Técnica Nacional Ambiental, the content of the report prepared three years earlier by the mentioned biologists, with the express purpose that each entity deploy the actions permitted by their respective legal competencies and powers, as well as to order what is pertinent to safeguard the supposed wetland existing on the alluded lands and to reject any request for a construction permit for works to be developed in the indicated area.Before the Municipal Corporation of Garabito received, in October 2019, the notification of the report prepared by the alluded biologists—and without the Municipality having scientific and concrete evidence of the existence of the supposed wetland in the referred area—, that Local Government and other entities with competence to do so had issued diverse and varied construction permits for the building of several works on the lands in mention, including dwelling houses, bungalows, land fills (rellenos de tierras) for construction purposes and for other works of a different nature, as well as for the construction of a Hotel with more than seventy rooms and a recreational swimming pool, so that when the cited report was notified to the cited public entities, they found themselves obliged to suspend, in the midst of construction work, some of the works already authorized through administrative warnings issued for that purpose by the Fiscalía Ambiental, who ordered so based on what was reported by the Área de Conservación del Pacífico Central.Through Official Letter No. SAM-022-2020 dated March 17, 2020, the Office of Environmental and Municipal Services of the Municipality of Garabito, with the authorization of the authorities of that Municipality, proceeded to officially notify and on behalf of that Corporation, both MINAE and SINAC and other offices and public officials that appear mentioned in the cited document, of the content of a Technical Report, prepared at the request of that Local Government by Dr. Ph.D. Carlos Arturo Cervantes Umaña, a specialist in Soil Science, recognized internationally as a soil specialist and consultant to national and international firms and entities, who in his conclusions not only categorically rules out, from a technical and scientific point of view, the existence of the hypothetical wetland ecosystem in the area in question, indicated in the Report of the SINAC biologist officials in document SINAC-ACOPAC-CUSBPMC-114-2016 of August 24, 2016, but also elaborates on the reasons why the cited document lacks all seriousness, because the methodology used for its preparation was not adequate, as well as because all the officials involved in the preparation of the document, including the biology professionals, lack sufficient scientific and technical knowledge to issue a criterion such as the one that was recorded in that document.As is evident from the official letter sent by the Municipality of Garabito to the respondents, informing them about the content of the Report prepared by Dr. Cervantes, its main purpose was to obtain firsthand the opinion of both entities with respect to what was indicated in this document and to establish whether its conclusions were accepted by both institutions or, if on the contrary, they had objections regarding the content of this opinion and, secondly, to clearly establish that the institutional interest of the Municipal Corporation was to clarify the landscape that has been developing with the civil, administrative, and even criminal responsibilities and consequences that entail for the corporation and, eventually, for its officials, the granting of construction permits that later have had to be rendered ineffective by orders of SINAC with serious harm to the administered parties who have trusted in the legal certainty of the construction authorizations that this Local Government has issued.However, to date, the period provided for by numeral 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to what is established by ordinal 27 of our Constitución Política, has elapsed amply, without any of the respondent entities having bothered to respond to what was communicated by the Municipality of Garabito. For all these reasons, he considers that the fundamental rights of the amparada have been violated, firstly because her legitimate right to the use and enjoyment of the property rights of which she is the registered owner is harmed, since despite the fact that the project where her property is located has had, since the year 2002, an environmental viability (viabilidad ambiental) duly granted by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, that right—which in practice must be unrestricted in accordance with article 45 of our Carta Magna—is limited by the existence of the official criterion of SINAC, according to which there is presumably a wetland in the area that prevents carrying out constructions such as those that the Municipality of Garabito and other public entities have authorized at some point within their competence, for which reason the referred Municipality has recently been obliged to deny construction and land fill permits that have been requested, as well as having caused the suspension of construction work previously authorized by that Local government.Likewise, the legitimate right to the enjoyment of the attributes of her property that her represented party holds over the lands of which she is the registered owner is also harmed by the deliberate omissionary conduct of the respondent entities because, by remaining silent on the content of Dr. Cervantes' Report, brought to their attention with the express request that they issue a pronouncement on the respective document, they detract credibility from the commercial image of her represented party regarding the sale of lots segregated from her parent estate, and have now placed her in a situation of being sued, for damages and losses, for having sold lots or parcels on which construction permits are rejected by the Municipality of Garabito. The absence of a pronouncement from the respondent entities, regarding Dr. Cervantes' report, also directly harms the constitutionally guaranteed property right of her represented party because, without having followed the due process ordered by articles 39 and 41 of our Carta Magna, nor any expropriation process processed in accordance with the law, and without any Decreto Ejecutivo and legal provision having been issued that authorizes it, SINAC and MINAE have taken advantage of the advantage offered by managing their own records, to include since May 2020, surreptitiously and without any valid administrative act that empowers or orders it, the lands that are the property of her principal, in an annotation of an environmental nature, which in technical jargon is called a "layer" (capa), in the Sistema Nacional de Información Territorial known by the acronym SNIT, which is administered by the Instituto Geográfico Nacional, in which the petitioner's property appears located with a green coloring, which identifies it as an area of the "lacustrine" (lacustre) type or class, characteristic of a wetland ecosystem located in the vicinity of lakes or lagoons, according to what is established in Decreto Ejecutivo No. 35803-MINAE.In this latter case, furthermore, it is evident that the silence of the respondents, with respect to the report that was submitted for consultation, has served as a basis so that, in application of report 114-2016 which has been amply discredited and disqualified technically, scientifically, and legally by the supervening study of Dr. Cervantes, an affectation constituting a de facto expropriation is imposed on the property of her principal. In this regard, he alleges a violation of article 27 of the Constitución Política. The petitioner requests that the recurso be granted, with the legal consequences, ordering the cessation of the accused omissionary conduct and that the pronouncement requested by the Municipality of Garabito in official letter No. SAM-022-20 dated March 17 of the current year be issued within a minimum peremptory period to be granted. Likewise, he asks that the inclusion of the lands of his represented party in the mention of them that appears on the environmental site of the SNIT be rendered null and void.
2Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Sala to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any matter submitted for its consideration that turns out to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient grounds for judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected matter.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considerando:

I.In view of the allegations of the amparada party, it is necessary to point out to her that the admissibility of the recurso de amparo, in general, is conditioned not only on proving the existence of a disturbance—or threat thereof—to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Carta Política or those of a fundamental nature established in international human rights instruments signed and duly incorporated into the legal system, but also on the alleged grievance involving a direct and gross threat or breach of those rights, which endangers that part of their content that is essential and connatural to them, that is, the core that gives them their peculiarity and makes them recognizable as rights of a certain nature. The foregoing, in doctrine, is known as the essential minimum content of the right, which is violated, for example, when the exercise of whatever right is conditioned on the fulfillment of conditions, assumptions, or requirements of such a nature that, in practice, make its use materially impossible or nugatory.

For this reason, amparo is a summary proceeding of simple and rapid processing, incompatible with the conduct of extensive and technically complex discussions, such as, for example, the proceedings for receiving testimonial evidence—in which it would be necessary to receive statements under the solemnity of an oath and grant the parties the opportunity to question and cross-examine, as well as to issue conclusions—, nor does it permit entering to examine, with a declaratory nature, whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual basis of the recurso de amparo or the legal report, as the case may be, actually exist.

II.In the present case, a reading of the brief filing this recurso confirms that, even though the petitioner invokes an alleged violation of articles 27 and 45 of the Constitución Política, he actually intends for this Sala to analyze the legality and technical-scientific propriety of the report contained in Official Letter No. SINAC-ACOPAC-CUSB-PMC114-2016, with the aim that, in this summary amparo proceeding, the judgment will annul the inclusion of the amparada's lands on the environmental site of the SNIT, declaring that they are not part of a wetland. To hear the foregoing, however, would mean redirecting to the amparo proceeding a discussion proper to ordinary legality, which is not directly related to an eventual violation of a fundamental right, insofar as it is not for this Court to act as an appellate body on the matter and, opening amparo to evidence, to review whether what is requested is appropriate according to an adequate technical-scientific analysis of the case.

III.In addition to this, the petitioner is made aware that the right to petition and timely resolution, guaranteed in article 27 of the Constitución Política, is the power that every citizen possesses to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of their interest. In the sub judice, however, it was the Office of Environmental and Municipal Services of the Municipality of Garabito—an organ of a public law entity—that sent Official Letter No. SAM-022-2020 dated March 17, 2020, to the respondent Authorities. For this reason, it is relevant to cite what this Court declared in judgment No. 2015017528 at 10:10 hours on November 6, 2015, namely:

"OBJECT OF THE RECURSO. The petitioner, in her capacity as Executive President of INCOP, states that through official letter CR-INCOP-PE-0319-2015 of June 23, 2015, she formally transferred the project called ‘Paseo Marítimo’ to the Municipal Council of Esparza, in accordance with the provisions of the Board of Directors of INCOP, through Agreement No. 2, adopted in Ordinary Session No. 3944 of June 11, 2015. She indicates that in said document it was stated that the surveillance, maintenance, and cleaning of the works would be assumed by the Municipality of Esparza. Furthermore, the respondent Council was made aware of the importance of the project for the area and its start-up, for which reason she urged the prompt adoption of the decision to formalize its delivery. She accuses that 60 days have elapsed and the accused authority has not issued the corresponding response. She considers the rights to petition and timely resolution violated. She requests that the recurso be granted and that the Municipal Council of Esparza be ordered to answer the cited official letter.

II. SPECIFIC CASE

Regarding the grievances set out by the petitioner, it is necessary to point out that, in essence, what is claimed refers to a situation of inter-institutional relations within the State itself, regarding the formal transfer and start-up of the project called ‘Paseo Marítimo’, a conflict that must be resolved through coordination efforts between the involved dependencies. In any case, the petitioner does not come forward in her capacity as an administered party, but as a public official and head of INCOP, an organ of the State that is not the holder of fundamental rights, a reason for which the violation claimed is not one to be heard and resolved in the amparo proceeding. As the Sala has already invoked, the guiding principle of the institution of amparo is to provide the administered parties with a means of defense against eventual abuses of power, and despite its broad conception, it cannot be understood as conceived to protect Public Law entities, since for that purpose there are other mechanisms provided by the legal system itself." (The highlighting and underlining is not from the original).

As this precedent is applicable to the case under study, it does not correspond to this Sala to hear the claim formulated, as it is a matter of ordinary legality. In this sense, the alleged failure to observe the duties inherent to the administrative function of SINAC and the Ministerio de Ambiente y Energía that the petitioner points out and claims, must be raised and resolved before the instances that hear such complaints within the accused bodies themselves, before the Defensoría de los Habitantes—which is the competent body to monitor the degree of efficiency with which public institutions work—, before the contentious-administrative jurisdiction, or even in the criminal jurisdiction, in the event of breach of duties.

IV.Therefore, the proper course is for this matter to be resolved in the ordinary forum, administrative or jurisdictional, which is why the protected party must, if they see fit, raise their disagreements or claims before the competent legality forum, since it is in that venue where they will be able, broadly, to discuss the merits of the matter and assert their claims. Consequently, the recurso is inadmissible and is so declared.

V. SEPARATE REASONS OF MAGISTRATE RUEDA LEAL

I hold that this matter must be rejected outright, because the petitioner files the recurso de amparo on behalf of a legal entity. Of importance for the sub examine, in the dissenting vote that I set out in judgment No. 2019-2355 at 9:30 on February 12, 2019, I maintained:

“in the Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition to legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that “Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, therefore legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.” On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court established that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as happened in the Granier et al. v. Venezuela case); however, in order for this to be protected before the inter-American system, “the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person who requires protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons and not of legal entities are effectively being protected.

Indeed, proof beyond the simple participation of the natural person in the activities specific to the legal entity must be provided, so that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.” (emphasis added)(OC. 22/16)”.

Based on what is set out in the preceding paragraph, I consider it inadmissible to grant amparo to the legal entity subject to the sub iudice, since the essential link between it and any specific natural person was not established regarding the right allegedly aggrieved.

VI. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE

The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The recurso is rejected outright. Magistrate Rueda Leal sets out separate reasons.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Paulino Hernández G.

*SZZANIRWKH461* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 23:27:01.

*200107760007CO* PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2020011660 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veintitres de junio de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por RAY CHIANG NICOLLINI, mayor, casado, contador, vecino de Miami, Estados Unidos de América, de otras calidades no indicadas, a favor de VISTA AL MAR VERDE ITNO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3101416358, contra el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

Resultando:

1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:05 horas del 17 de junio de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, y manifiesta lo siguiente, en resumen: que según lo demuestra con la copia fiel y exacta del documento que en este acto acompaña, el día 24 de agosto del año 2016, las funcionarias Yamileth Cubero Campos, Bióloga Marina, Coordinadora del Programa Marino Costero del Área de Conservación Pacifico Central y Yeimi Gamboa Preez, Bióloga Tropical, jefa de la Oficina Subregional Aguirre-Parrita del Area de Conservación Pacífico Central, ambas empleadas de una dependencia del SINAC, mediante el Oficio No. SINAC-ACOPAC-CUSB-PMC114-2016, elaboraron un informe técnico mediante el cual y en acatamiento a Io propuesto en el oficio No. SINAC-ACOPAC-D-657-2016, que previamente habían confeccionado también funcionarios del Área citada, arribaron a la conclusión de que en los terrenos ubicados en los alrededores de la Laguna Pochotal, en Playa Hermosa de Jacó, Cantón de Garabito, se advierte la presencia de un posible ecosistema de humedal, debido a que en d sitio y de acuerdo con los indicios detectados por las citadas profesionales, ellas consideran que se encuentran presentes los elementos técnicos propios de un humedal, como los que exige para tal efecto el Decreto Ejecutivo No. 35803-MINAET del 7 de enero del 2010, según las definiciones contenidas en los artículos 5 y 6 del citado Decreto, por lo que recomendaron que se efectuara su delimitación completa para establecer su correcta ubicación.En la elaboración del citado informe colaboraron otros tres funcionarios más del Área aludida, que, al igual que las dos autoras principales de ese estudio, no cuentan con conocimientos específicos que les permitan determinar, científicamente, si los terrenos investigados exhiben los elementos característicos de un humedal que exige el Decreto Ejecutivo No. 35803-MINAET aludido, como lo han señalado las dos profesionales en Biología que elaboraron el citado documento como principales responsables del mismo. El día 22 de octubre del año 2019, mediante el oficio No SINAC-ACOPAC-RNVSPHPM-0662019, el señor Mauricio Salazar Gamboa, también funcionario de la citada Área de Conservación del Pacifico Central y Administrador del Refugio de Vida Silvestre de Playa Hermosa, Punta Mala, de Jacó, puso en conocimiento de la Municipalidad del Cantón de Garabito, así como del SINAC, del Ministerio del Ambiente y Energía y de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, el contenido del informe elaborado tres años antes por las biólogas mencionadas, con el expreso propósito de que cada entidad desplegara las actuaciones permitidas por las competencias y atribuciones legales respectivas, así como también para que se dispusiera lo pertinente para salvaguardar el supuesto humedal existente en los terrenos aludidos y se rechazara cualquier solicitud de permiso constructivo para obras a desarrollar en el área señalada.Antes de que la Corporación Municipal de Garabito recibiera, en octubre de 2019, la notificación del informe elaborado por las biólogas aludidas —y sin que en la Municipalidad existiera una evidencia científica y concreta de la existencia del supuesto humedal en la zona referida—, ese Gobierno Local y otras entidades con competencia para ello habían emitido diversos y variados permisos de construcción para la edificación de varias obras en los terrenos en mención, incluyendo casas de habitación, bungalows, rellenos de tierras para fines constructivos y para otras obras de distinta naturaleza, así como para la construcción de un Hotel con más setenta habitaciones y una piscina recreativa, de tal modo que cuando el citado informe fue notificado a las citadas entidades públicas, ellas se vieron en la obligación de suspender, en plenas labores constructivas, algunos de los trabajos ya autorizados por prevenciones administrativas emitidas al efecto por la Fiscalía Ambiental, quien así lo ordenó con base en lo informado por el Área de Conservación del Pacífico Central.Mediante el Oficio No. SAM-022-2020 de fecha 17 de marzo del 2020, la Oficina de Servicios Ambientales y Municipales de la Municipalidad de Garabito, con la autorización de las autoridades de ese Municipio, procedió a notificar oficialmente y a nombre de esa Corporación, tanto al MINAE como al SINAC y a otras oficinas y funcionarios públicos que aparecen mencionados en el citado documento, el contenido de un Informe Técnico, elaborado a solicitud de ese Gobierno Local por el Dr. PHd. Carlos Arturo Cervantes Umaña, un especialista en Edafología, reconocido a nivel internacional como especialista en suelos y consultor de firmas y entidades nacionales e internacionales, quien en sus conclusiones no solamente descarta contundentemente, desde un punto de vista técnico y científico, la existencia del hipotético ecosistema de humedal en la zona en cuestión, señalado en el Informe de las funcionarias biólogas del SINAC en el documento SINAC-ACOPAC-CUSBPMC-114-2016 del 24 de agosto de 2016, sino que también abunda en las razones por las cuales el citado documento carece de toda seriedad, porque la metodología empleada para su confección no fue la adecuada, así como porque todos los funcionarios involucrados en la elaboración del documento, incluyendo a las profesionales en biología, carecen de los conocimientos científicos y técnicos suficientes para emitir un criterio como el que fue plasmado en ese documento.Como se advierte del oficio remitido por la Municipalidad de Garabito a los recurridos, el informarles sobre el contenido del Informe elaborado por el Dr. Cervantes, tenía como principal finalidad conocer de primera mano la opinión de ambas entidades con respecto a lo señalado en este documento y establecer si sus conclusiones eran de la aceptación de ambas instituciones o, si por el contrario, tenían objeciones con respecto al contenido de este dictamen y, en segundo lugar, dejar claramente establecido que el interés institucional de la Corporación Municipal, era el de aclarar en panorama que se ha venido presentando con las responsabilidades y consecuencias civiles, administrativas e, inclusive penales, que acarrean para la corporación y, eventualmente, para sus funcionarios, el otorgamiento de permisos constructivos que luego han tenido que ser dejados sin efecto por órdenes del SINAC con grave perjuicio para los administrados que han confiado en la seguridad jurídica de las autorizaciones constructivas que ha emitido ese Gobierno Local.No obstante, a la fecha ha transcurrido sobradamente el plazo previsto por el numeral 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con lo estatuido por el ordinal 27 de nuestra Constitución Política, sin que ninguna de las entidades recurridas se haya preocupado por dar respuesta a lo comunicado por la Municipalidad de Garabito. Por todas estas razones, considera que los derechos fundamentales de la amparada han sido vulnerados, en primer término porque se lesiona su legítimo derecho al uso y disfrute de los derechos de la propiedad de la que es dueña registral, pues a pesar de que el proyecto en el que ubica su finca cuenta, desde el año 2002 , con una viabilidad ambiental debidamente otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, ese derecho —que en la práctica debe ser irrestricto conforme al artículo 45 de nuestra Carta Magna— se ve limitado por la existencia del criterio oficial del SINAC, según el cual en la zona existe presuntamente un humedal que impide llevar a cabo construcciones como las que en alguna oportunidad han autorizado la Municipalidad de Garabito y otras entidades públicas dentro de su competencia, por lo que recientemente la Municipalidad referida se ha visto obligada a denegar permisos constructivos y de relleno de terrenos que se le han solicitado, así como también han originado la suspensión de los trabajos constructivos previamente autorizarlos por ese Gobierno local.Asimismo, el legítimo derecho al disfrute de los atributos de su propiedad que su representada ostenta sobre los terrenos de los que es dueña registral, también resulta lesionado con la deliberada conducta omisa de las entidades recurridas porque, al guardar silencio sobre el contenido del Informe del Dr. Cervantes, puesto en su conocimiento con la expresa solicitud de que emitieran pronunciamiento sobre el respectivo documento, le restan credibilidad a la imagen comercial de su representada en lo que respecta a la venta de lotes segregados de su finca madre, y la tiene colocada ahora en situación de resultar demandada, por concepto de daños y perjuicios, al haber vendido lotes o parcelas sobre las cuales se rechazan permisos de construcción por parte de la Municipalidad de Garabito. La ausencia de pronunciamiento de las entidades recurridas, respecto del informe del Dr. Cervantes, también lesiona de manera frontal el derecho de propiedad constitucionalmente garantizado de su representada porque, sin que se haya seguido el debido proceso que ordenan los artículos 39 y 41 de nuestra Carta Magna, ni tampoco ningún proceso expropiatorio tramitado conforme a la ley, y sin que tampoco se haya emitido ningún Decreto Ejecutivo y disposición legal que así lo autorice, el SINAC y el MINAE se han valido de la ventaja que ofrece el manejo de sus propios registros, para incluir desde el s de mayo del 2020, de modo subrepticio y sin mediar ningún acto administrativo válido que así lo faculte u ordene, los terrenos que son propiedad de su mandante, en una anotación de naturaleza ambiental, que en la jerga técnica se denomina "capa", en el Sistema Nacional de Información Territorial conocido con las siglas SNIT, que es administrado por el Instituto Geográfico Nacional, en el que aparece localizada la propiedad de la accionante con una coloración verde, que la identifica como una zona de tipo o clase "lacustre", característica de un ecosistema de humedal ubicado en las inmediaciones de lagos o lagunas, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 35803-MINAE.En este último caso, además, es evidente que el silencio de las recurridas, con respecto al informe que les fue puesto en consulta, ha servido de fundamento para que, en aplicación del informe 114-2016 que ha sido ampliamente desvirtuado y descalificado técnica, científica v legalmente por el estudio sobreviniente del Dr. Cervantes, se haga recaer sobre la propiedad de su mandante una afectación que constituye una expropiación de facto. En este sentido, alega vulnerado el artículo 27 de la Constitución Política. Solicita el recurrente que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley, ordenándose la cesación de la conducta omisa acusada y que se emita, en un plazo perentorio mínimo a conceder, el pronunciamiento solicitado por la Municipalidad de Garabito en el oficio No. SAM-022-20 de fecha 17 de marzo del año en curso. Asimismo, pide que se deje sin efecto la inclusión de los terrenos de su representada en la mención que de ellos aparece en el sitio ambiental del SNIT.
2El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.Vistas las alegaciones de la parte amparada, se impone advertirle que la procedencia del recurso de amparo, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una turbación —o amenaza de ésta— a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos, que ponga en peligro aquella parte de su contenido que les es esencial y connatural, es decir, el núcleo que les presta su peculiaridad y los hace reconocibles como derechos de una naturaleza determinada. Lo anterior, en doctrina, es conocido como el contenido mínimo esencial del derecho, el cual es vulnerado, por ejemplo, cuando se condiciona el ejercicio del derecho que sea, al cumplimiento de condiciones, presupuestos o requisitos de tal naturaleza que, en la práctica, hacen materialmente imposible o nugatorio su uso.

Por esa razón, el amparo es un proceso sumario de tramitación sencilla y rápida, incompatible con la realización de debates extensos y técnicamente complejos, como por ejemplo, las diligencias de recepción de prueba testimonial —en las que habría que recibir las declaraciones bajo solemnidad de juramento y otorgar a las partes la posibilidad de preguntar y repreguntar, así como de emitir conclusiones—, y tampoco permite entrar a examinar, con carácter declarativo, si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad.

II.En la especie, una lectura del memorial de interposición de este recurso permite constatar que, aun cuando la parte recurrente invoque una supuesta violación de los artículos 27 y 45 de la Constitución Política, en realidad pretende que esta Sala analice la legalidad y procedencia técnico-científica del informe contenido en el Oficio No. SINAC-ACOPAC-CUSB-PMC114-2016, con el objeto de que, en esta vía sumaria del amparo, en sentencia se deje sin efecto la inclusión de los terrenos de la amparada en el sitio ambiental del SNIT, declarando que no forman parte de un humedal. Conocer de lo anterior, empero, significaría reconducir a la vía del amparo una discusión propia de la legalidad ordinaria, que no está relacionada directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental, en el tanto no le corresponde a este Tribunal hacer las veces de alzada en la materia y, abriendo el amparo a pruebas, revisar si lo pedido es procedente de acuerdo con un adecuado análisis técnico científico del caso.

III.Aunado a ello, se le hace ver al recurrente que el derecho de petición y pronta resolución, garantizado en el artículo 27 de la Constitución Política, es la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. En el sub judice, en cambio, fue la Oficina de Servicios Ambientales y Municipales de la Municipalidad de Garabito —órgano de un ente de derecho público—, la que le remitió el Oficio No. SAM-022-2020 de fecha 17 de marzo de 2020 a las Autoridades recurridas. Por ese motivo, resulta relevante citar lo que este Tribunal declaró en la sentencia N° 2015017528 de las 10:10 horas del 6 de noviembre de 2015, a saber:

"OBJETO DEL RECURSO. La recurrente, en su condición de Presidenta Ejecutiva del INCOP, expone que mediante oficio CR-INCOP-PE-0319-2015 del 23 de junio de 2015, realizó el traslado formal del proyecto llamado ‘Paseo Marítimo’ al Concejo Municipal de Esparza, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva del INCOP, mediante Acuerdo N° 2, tomado en la Sesión Ordinaria N° 3944 del 11 de junio de 2015. Señala que en dicho documento se indicó que la vigilancia, el mantenimiento y la limpieza de las obras la asumiría la Municipalidad de Esparza. Además se hizo ver al Concejo recurrido la importancia del proyecto para la zona y su puesta en marcha, por lo cual instó la pronta toma de la decisión para formalizar su entrega. Acusa que han transcurrido 60 días y la autoridad accionada no ha emitido la respuesta correspondiente. Estima lesionados los derechos de petición y pronta resolución. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene al Concejo Municipal de Esparza contestar el citado oficio.

II. CASO CONCRETO

Sobre los agravios expuestos por la parte recurrente, es preciso señalar que, en el fondo, lo reclamado hace referencia a una situación de relaciones interinstitucionales del mismo Estado, respecto al traslado formal y puesta en marcha del proyecto denominado ‘Paseo Marítimo’, conflicto que debe ser resulto mediante una labor de coordinación entre las dependencias involucradas. En todo caso, la recurrente no acude en su condición de administrada, sino como funcionaria pública y jerarca del INCOP, órgano del Estado que no es titular de derechos fundamentales, razón por la cual la violación que se acusa no es propia de conocerse y resolverse en la vía del amparo. Como ya lo ha invocado la Sala, el principio inspirador del instituto del amparo es brindar a los administrados un medio de defensa contra los eventuales abusos del poder, y no obstante su amplia concepción, no puede entenderse concebido para proteger a entidades de Derecho Público, pues para ello existen otros mecanismos previstos por el propio ordenamiento jurídico".

(El resaltado y subrayado no es del original).- Como este precedente es aplicable al caso en estudio, no corresponde a esta Sala conocer sobre el reclamo formulado, por ser un asunto de legalidad ordinaria. En este sentido, la presunta inobservancia de los deberes inherentes a la función administrativa del SINAC y el Ministerio de Ambiente y Energía que apunta y reclama el recurrente, debe ser planteada y resuelta ante las instancias que conocen de tales quejas en los propios accionadas, ante la Defensoría de los Habitantes —que es el órgano competente para vigilar el grado de eficiencia con que trabajan las instituciones públicas—, ante la jurisdicción contencioso - administrativa, o inclusive en la vía penal, ante el supuesto de incumplimiento de deberes.

IV.Por lo tanto, lo propio es que este asunto sea dirimido en la vía común, administrativa o jurisdiccional, por lo que deberá la parte tutelada, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante la vía de legalidad competente, ya que es en tal sede en la cual podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.

V. RAZONES SEPARADAS DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL

Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia n. º 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, sostuve:

“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.

En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado)(OC. 22/16)”.

A partir de lo expuesto en el párrafo anterior, estimo improcedente que se ampare a la persona jurídica objeto del sub iudice, pues no se estableció el vínculo esencial entre ella y alguna persona natural en específico en cuanto al derecho presuntamente agraviado

VI. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal consigna razones separadas.