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Res. 06506-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/03/2020

Right to a healthy environment versus precarious occupation in El AchotalDerecho a ambiente sano frente a ocupación precaria en El Achotal

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber denied the amparo, holding that the Municipality of Los Chiles had a reasonable justification for not providing garbage collection in El Achotal due to the precarious occupation of private land and the partial location within a wildlife refuge, and that land tenure disputes must be settled in ordinary courts.La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo por considerar que la Municipalidad de Los Chiles tiene una justificación razonable para no brindar el servicio de recolección de basura en el barrio El Achotal, debido a la ocupación precaria de un terreno privado y la ubicación parcial en un refugio de vida silvestre, y que las disputas sobre la posesión de la tierra deben resolverse en la vía ordinaria.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber dismissed an amparo action brought by the Achiotal Association against the Municipality of Los Chiles. The petitioners claimed a failure to collect solid waste in the El Achotal neighborhood and sought the declaration of public roads to access basic services. The municipality argued that the residents had invaded private property and that another part of the settlement lies within the Corredor Fronterizo National Wildlife Refuge, managed by MINAE. The Chamber found that the legal impossibility of charging a public utility fee to precarious occupants, together with the restrictions of the protected area, provided a reasonable justification for the municipality’s inaction. It also noted that the residents themselves burn their garbage, ruling out any improper accumulation of waste. The ruling clarifies that disputes over land tenure and refuge boundaries must be settled in ordinary courts, not through amparo.La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Achiotal contra la Municipalidad de Los Chiles. Los recurrentes denunciaban la falta de recolección de desechos sólidos en el barrio El Achotal y solicitaban la declaratoria de calles públicas para acceder a servicios básicos. La municipalidad justificó su inacción en que los ocupantes invadieron una propiedad privada y que otra parte del asentamiento se ubica dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, administrado por el MINAE. La Sala consideró que la imposibilidad legal de cobrar un servicio público a ocupantes precarios, sumada a las limitaciones de la zona protegida, constituye una justificación razonable para no atender las solicitudes. Además, señaló que los propios vecinos han recurrido a la quema de basura, lo que descarta una acumulación indebida de residuos. La decisión aclara que las disputas sobre la posesión de la tierra y los límites con el refugio deben resolverse en la vía ordinaria, no en amparo.

Key excerptExtracto clave

Thus, the Chamber finds that the failure to address the solid waste problem in El Achotal, as well as its final disposal, has a reasonable justification on the part of the Municipality of Los Chiles: apparently, the petitioner and other residents invaded private property, placing them in a precarious situation in which the local government cannot intervene in their favor. Therefore, this is not a case of omission, neglect or inertia by the local government, but of a legal impossibility that prevents the Municipality from charging for a public service (garbage collection) to people who, apparently, are occupying the land illegitimately. Consequently, the Court concludes there is no violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, as denounced by the petitioner, since he and the other residents themselves created the situation they now complain about. Furthermore, the petitioner himself states in his initial writ that the residents currently burn their garbage as a palliative measure.Así las cosas, la Sala observa que la falta de atención a la problemática ambiental que denuncia el tutelado en cuanto al manejo de los desechos sólidos en la comunidad de El Achotal, así como su adecuada disposición final, encuentra una justificación razonable por parte de la Municipalidad de Los Chiles, y es que, en apariencia, el recurrente y demás vecinos de esa localidad invadieron una propiedad privada, lo cual los coloca en una situación precaria en la cual el gobierno local no puede intervenir a su favor. Bajo esa inteligencia, entonces, no se trata de una omisión, desidia o inercia de la actividad administrativa por parte del gobierno local recurrido, sino de una imposibilidad legal que le impide a la Municipalidad de Los Chiles cobrar por un servicio público (como lo es la recolección de basura) a unas personas que, aparentemente, están ocupando un terreno de manera ilegítima. En consecuencia, a criterio de este Tribunal, no existe tal lesión al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en los términos denunciados por el recurrente en este proceso, ya que ha sido él mismo y los demás vecinos de la localidad de El Achotal, quienes se han colocado en la situación que ahora denuncian en este amparo. A mayor abundamiento, obsérvese que el propio recurrente afirma en el escrito de interposición que, actualmente, los vecinos de dicha comunidad lo que hacen es quemar la basura como una forma paliativa de manejar la situación.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la falta de atención a la problemática ambiental […] encuentra una justificación razonable por parte de la Municipalidad de Los Chiles, y es que, en apariencia, el recurrente y demás vecinos de esa localidad invadieron una propiedad privada, lo cual los coloca en una situación precaria en la cual el gobierno local no puede intervenir a su favor."

    "the failure to address the environmental problem […] has a reasonable justification on the part of the Municipality of Los Chiles: apparently, the petitioner and other residents invaded private property, placing them in a precarious situation in which the local government cannot intervene in their favor."

    Considerando IV

  • "la falta de atención a la problemática ambiental […] encuentra una justificación razonable por parte de la Municipalidad de Los Chiles, y es que, en apariencia, el recurrente y demás vecinos de esa localidad invadieron una propiedad privada, lo cual los coloca en una situación precaria en la cual el gobierno local no puede intervenir a su favor."

    Considerando IV

  • "no se trata de una omisión, desidia o inercia de la actividad administrativa por parte del gobierno local recurrido, sino de una imposibilidad legal que le impide a la Municipalidad de Los Chiles cobrar por un servicio público (como lo es la recolección de basura) a unas personas que, aparentemente, están ocupando un terreno de manera ilegítima."

    "this is not a case of omission, neglect or inertia by the local government, but of a legal impossibility that prevents the Municipality from charging for a public service (garbage collection) to people who, apparently, are occupying the land illegitimately."

    Considerando IV

  • "no se trata de una omisión, desidia o inercia de la actividad administrativa por parte del gobierno local recurrido, sino de una imposibilidad legal que le impide a la Municipalidad de Los Chiles cobrar por un servicio público (como lo es la recolección de basura) a unas personas que, aparentemente, están ocupando un terreno de manera ilegítima."

    Considerando IV

  • "Le corresponde a la Sala garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado a favor de todos los habitantes."

    "It is the Chamber’s duty to guarantee the right to health and to a healthy and balanced environment for all inhabitants."

    Considerando III

  • "Le corresponde a la Sala garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado a favor de todos los habitantes."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Res. No. 2020006506 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve hours thirty minutes on the twenty-seventh of March two thousand twenty.

An amparo appeal filed by [Name 001]; on behalf of the Asociación Achiotal; against the Municipalidad de Los Chiles.

Whereas:

1.- By document incorporated into the digital case file at 11:30 a.m. on March 3, 2020, the appellant files an amparo appeal against the Municipalidad de Los Chiles. He states that the protected association’s purpose is to develop projects to improve the quality of life of the community of El Achotal. He indicates that since 2011, they have made requests before the respondent municipality to obtain adequate solid waste collection service, trash in general, on equal terms with other communities of the canton. He states that on all occasions they have pointed out the dangers to which they are exposed due to the proliferation of diseases, placing the health of each of the inhabitants and public health at evident risk, in addition to causing environmental contamination with improper practices such as trash burning, all of which violates their fundamental rights. He narrates that furthermore, since 2012 they have requested that the respondent municipality declare the streets belonging to the community as public, since they are in poor condition, impacting the transport of their children to educational centers, and because they do not have the declaration of public streets, they cannot have basic services such as electricity and potable water. He adds that the last request in this regard was made via official communication No. AALCH-4-2020 of January 20, 2020; however, requests were previously submitted on April 10, 2018 and July 30, 2017, but were also not resolved. He requests the Chamber to declare the appeal with merit, with the legal consequences that this entails.

2.- By ruling of the Acting Presidency at 9:30 a.m. on March 6, 2020, proceedings were initiated.

3.- By document incorporated into the digital case file at 10:05 a.m. on March 16, 2020, Jacobo Guillén Miranda reports under oath, in his capacity as Mayor and President of the Junta Vial Cantonal of the Municipalidad de Los Chiles, that this municipality has always had an interest in complying with what was requested, especially considering that there are children, elderly adults, and the general population in the area; however, the occupied land has legal problems, since the section that forms the main quadrants of the El Achotal neighborhood is a precarious situation, where the current possessors invaded a private property that is titled in the name of third parties, a farm registered under Real Folio Registration No. 250221-001-002, according to cadastral plan A-0462718-1982. He indicates that the above makes it legally impossible for the municipality to fulfill its obligations as a local government, if the lands are in conflict or litigation, since providing solid waste collection service implies a charge for the service rendered and the same would have to be charged to the registered owners of the real property, which is not feasible as they are not occupants of the property. He points out that the same would occur if public streets are declared on the land, as it would violate private property rights, since that municipality is aware of the current legal situation and conflict regarding the tenure of those lands. He affirms that another section of the aforementioned neighborhood is located within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, administered by the Ministerio de Ambiente y Energía, where there are also limitations since they are lands where property titles cannot be obtained. He maintains that it is due to all of the above that the municipality has not been able to attend to the requests of the inhabitants of this neighborhood at this time, which has been indicated to them on repeated occasions, that as long as there is no final and definitive judgment in their favor from an agrarian court, the municipality will not be able to intervene in the matter in that sector nor in the border zone whose use category is Refugio Nacional de Vida Silvestre. He requests the Chamber to declare the appeal without merit.

4.- By document incorporated into the digital case file at 10:05 a.m. on March 16, 2020, Heiner Hidalgo Salas reports under oath, in his capacity as President of the Concejo Municipal of Los Chiles, that this municipal council has indeed received notes from the appellant requesting some public services, such as trash collection, street repairs, and the declaration of public streets, in a sector that is part of a private farm that was invaded and another part of the border strip with Nicaragua, declared as a wildlife refuge and border corridor, which is under the administration of the Ministerio de Ambiente y Energía; however, the protected party’s claims are not within the competencies of that municipal council. He explains that the appellant’s claims are the competence of the Mayor’s Office, to which the notes received have been forwarded, and which has been communicated to the appellant. He requests the Chamber to declare the appeal without merit.

5.- The legal requirements have been observed in the proceedings undertaken.

Drafted by Salazar Alvarado; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The appellant estimates his fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment has been injured. He indicates that since 2011 he has made requests before the Municipalidad de Los Chiles to obtain solid waste collection service in the El Achotal neighborhood; however, the respondent municipality has not resolved the problem. On the other hand, he requests that the local government be ordered to declare the streets belonging to that community as public, in order to be able to invest public resources in their repair and have basic electricity and potable water services.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

  • a)Through a request received at the Municipalidad de Los Chiles on July 31, 2017, the promoter and other neighbors asked that local government to provide trash collection service in the community of El Achotal; also, that the internal streets of that locality be declared public, so they can be repaired (see evidence provided by the appellant).
  • b)By note received at the respondent municipality on April 10, 2018, the appellant reiterated the previous request (see evidence provided by the appellant).
  • c)By official communication received at the Municipalidad de Los Chiles on January 20, 2020, the appellant reiterated the previous request (see evidence provided by the appellant).
  • d)The respondent Mayor has repeatedly indicated to the appellant and other neighbors that the land occupied by them for living has legal problems, since the section forming the main quadrants of the El Achotal neighborhood is a precarious situation, where a private property was invaded that is titled in the name of third parties, a farm registered under Real Folio Registration No. 250221-001-002, according to cadastral plan A-0462718-1982 (see statements made under oath).
  • e)The respondent Mayor has informed the neighbors that the legal situation makes it impossible for the municipality to fulfill its obligations as a local government, if the lands are in conflict or litigation (see statements made under oath).
  • f)The respondent Mayor has explained to the promoter that another section of the aforementioned neighborhood is located within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, administered by the Ministerio de Ambiente y Energía, where there are also limitations since they are lands where property titles cannot be obtained (see statements made under oath).

III.- On the obligation of local governments to ensure a healthy and balanced environment. This Court has referred to the State's obligation to ensure the right to health and a healthy and balanced environment for all inhabitants. In the specific case of municipalities, this obligation derives from the provisions of Article 169 of the Political Constitution, as they are responsible for the “administration of local interests and services in each canton.” The Municipal Code obligates municipalities to ensure that the administered party is guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and a healthy environment. Regarding the deposit of solid waste, the Chamber has reiterated that it is necessary to implement techniques that allow for the adequate disposal of this waste without harming (or affecting as little as possible) the environment. Therefore, the adequate disposal of solid waste that mitigates contamination to the maximum extent is a true obligation for each of the entities and bodies in charge of the administration and supervision of such activities, such as local governments, the Ministerio de Salud, the Ministerio de Ambiente y Energía, among others. In this context, the decisions adopted by the Sala Constitucional regarding the adequate treatment of solid waste must tend to ensure the protection of the environment, human health, and other fundamental values, as well as to promote that waste produced by people is treated in an increasingly efficient and effective manner.

IV.- On the specific case. In this matter, the Chamber considers that the amparo appeal must be declared without merit. As can be seen from the list of proven facts, indeed, through a request received at the Municipalidad de Los Chiles on July 31, 2017, the promoter and other neighbors asked that local government to provide trash collection service in the community of El Achotal; also, that the internal streets of that locality be declared public, so they can be repaired. By note received at the respondent municipality on April 10, 2018, the appellant reiterated the previous request. Likewise, by official communication received at the Municipalidad de Los Chiles on January 20, 2020, the appellant reiterated the previous request. However, in his defense, the respondent Mayor explains under oath to this Chamber that he has repeatedly indicated to the appellant and other neighbors that the land occupied by them for living has legal problems, since the section forming the main quadrants of the El Achotal neighborhood is a precarious situation, where a private property was invaded that is titled in the name of third parties, a farm registered under Real Folio Registration No. 250221-001-002, according to cadastral plan A-0462718-1982. Similarly, the respondent Mayor indicates to this Court that he has informed the neighbors that the legal situation makes it impossible for the municipality to fulfill its obligations as a local government, if the lands are in conflict or litigation. The respondent Mayor has explained to the promoter that another section of the aforementioned neighborhood is located within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, administered by the Ministerio de Ambiente y Energía, where there are also limitations since they are lands where property titles cannot be obtained. Thus, the Chamber observes that the lack of attention to the environmental problem reported by the protected party regarding the management of solid waste in the community of El Achotal, as well as its adequate final disposal, finds a reasonable justification on the part of the Municipalidad de Los Chiles, and that is that, apparently, the appellant and other neighbors of that locality invaded a private property, which places them in a precarious situation in which the local government cannot intervene on their behalf. Under that understanding, then, it is not a matter of an omission, neglect, or inertia of administrative activity on the part of the respondent local government, but rather a legal impossibility that prevents the Municipalidad de Los Chiles from charging for a public service (such as trash collection) to some persons who are, apparently, occupying land illegitimately. Consequently, in the opinion of this Court, there is no such injury to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment, in the terms reported by the appellant in this process, since it was he himself and the other neighbors of the locality of El Achotal who have placed themselves in the situation they now report in this amparo. Furthermore, it should be noted that the appellant himself affirms in the filing brief that, currently, the neighbors of that community burn their trash as a palliative way of handling the situation. So, this Court appreciates that one could not speak of the current existence of an improper accumulation of trash and solid waste that could put public health at risk, since the inhabitants themselves have devised methods to collect and dispose of the waste they produce, due to their apparently precarious condition (which, as will be said, must be clarified in the ordinary jurisdiction, and regarding which any pronouncement in this amparo is omitted). In any case, it is necessary to clarify that it is not for this Chamber to determine whether, in the specific case, an invasion by third parties of private land effectively exists. Much less is it competent to clarify important aspects such as boundaries with the Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, administered by the Ministerio de Ambiente y Energía, nor whether there are subjective rights of the neighbors and the appellant that allow them to possess such lands. All these issues respond to disputes of mere legality that must be assessed and decided in the ordinary jurisdiction, since the summary amparo procedure is not the appropriate one to develop the entire evidentiary phase that a conflict of this nature would imply. Finally, the same occurs with the promoter's claim regarding the declaration of the internal streets of the El Achotal community as public. A request of this type cannot be granted by this Court, because, in itself, it does not involve injury to any fundamental right. Therefore, for the reasons stated, the corresponding action in this matter is to declare the process without merit, as is indeed ordered in the operative part of the judgment.

V.- Note of Judge Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do consider the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free of contamination (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where it is claimed that since 2011, requests have been made before the Municipalidad de Los Chiles to obtain solid waste collection service in the El Achotal neighborhood; however, the respondent municipality has not resolved the problem, violating the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.

VI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is declared without merit. Judge Rueda Leal issues a dissenting vote and orders the continuation of the amparo proceedings against the Ministerio de Salud. Judge Salazar Alvarado adds a note.

Fernando Castillo V.

Acting President Paul Rueda L. Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.

Anamari Garro V. Ana María Picado B.

Case File 20-004340-0007-CO Dissenting vote of Judge Rueda Leal. In the sub examine case, the appellant points out a serious environmental problem due to solid waste collection. Due to the impact of this on public health, I choose to continue the processing of the amparo and extend proceedings against the Ministerio de Salud.

Paul Rueda L.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Res. N° 2020006506 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinte.

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001] ; a favor de la Asociación Achiotal; contra la Municipalidad de Los Chiles.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 11:30 horas del 3 de marzo de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Los Chiles. Comenta que la asociación amparada tiene como objeto desarrollar proyectos para mejorar la calidad de vida de la comunidad de El Achotal. Indica que desde el 2011 han realizado gestiones ante la municipalidad recurrida con el fin de obtener un servicio adecuado de recolección de desechos sólidos, basura en general, en igualdad de condiciones con otras comunidades del cantón. Manifiesta que en todas las ocasiones han manifestado los peligros a los que se exponen ante la proliferación de enfermedades, poniendo en evidente riesgo la salud de cada uno de los habitantes y de la salud pública, amén que se produce una contaminación ambiental con prácticas no adecuadas como la quema de basura, todo lo cual vulnera sus derechos fundamentales. Narra que además, desde 2012 han gestionado para que la municipalidad accionada declare las calles pertenecientes a la comunidad como públicas, ya que se encuentran en mal estado, produciendo afectación para el traslado de sus hijos a los centros educativos, y por no contar con la declaratoria de calles públicas, no pueden contar con los servicios básicos como son electricidad y agua potable. Agrega que la última gestión en tales sentidos se realizó por oficio N° AALCH-4-2020 de 20 de enero de 2020; sin embargo, las gestiones fueron presentadas desde el 10 de abril de 2018 y 30 de julio de 2017, pero tampoco fueron resueltas. Solicita a la Sala que declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que esto implique.

2.- Mediante resolución de Presidencia a.i. de las 09:30 horas del 6 de marzo de 2020, se dio curso al proceso.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:05 horas del 16 de marzo de 2020, informa bajo juramento Jacobo Guillén Miranda, en su condición de Alcalde y Presidente de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Los Chiles, que ese municipio siempre ha tenido el interés en cumplir con lo solicitado, sobre todo tomando en cuenta que en el lugar existen niños, adultos mayores y población en general; sin embargo, el terreno ocupado tiene problemas legales, pues la sección que conforman los principales cuadrantes del barrio El Achotal es una situación precaria, donde los actuales poseedores invadieron una propiedad privada que está titulada a nombre de terceros, finca inscrita bajo la matrícula folio real N° 250221-001-002, según plano catastrado A-0462718-1982. Indica que lo anterior hace imposible legalmente que el municipio pueda cumplir con sus obligaciones como gobierno local, si las tierras están en conflicto o litigio, pues si se diera el servicio de recolección de residuos sólidos implica un cobro por el servicio brindado y el mismo tendría que cargarse a los propietarios regístrales del bien inmueble, lo cual no es factible pues ellos no son ocupantes del inmueble. Señala que lo mismo sucedería si se declaran calles públicas en el terreno, pues se estaría violentando el derecho de propiedad privada, al ser conocedores en esa municipalidad de la situación legal y conflicto que existe de momento en la tenencia de esas tierras. Afirma que otra sección del mencionado barrio se ubica dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, administrada por el Ministerio de Ambiente y Energía, donde también existen limitaciones ya que son tierras donde no se pueden obtener títulos de propiedad. Sostiene que es debido a todo lo anterior que de momento la municipalidad no ha podido atender lo solicitado por los habitantes de este barrio, lo cual se les ha indicado en reiteradas ocasiones, que mientras no exista una sentencia en firme y definitiva a favor de ellos por parte de un juzgado agrario, la municipalidad no podrá intervenir en el asunto en ese sector ni tampoco en la zona fronteriza cuya categoría de uso es Refugio Nacional de Vida Silvestre. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:05 horas del 16 de marzo de 2020, informa bajo juramento Heiner Hidalgo Salas, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Los Chiles, que ciertamente ese concejo municipal ha recibido notas del recurrente solicitando algunos servicios públicos, como lo son la recolección de basura, arreglos de calles y declaratoria de calles públicas, en un sector que es parte de una finca privada que fue invadida y otra parte de la franja fronteriza con Nicaragua, declarado como refugio de vida silvestre y corredor fronterizo, que se encuentra bajo la administración del Ministerio de Ambiente y Energía; sin embargo, las pretensiones del amparado no están dentro de las competencias de ese concejo municipal. Explica que las pretensiones del recurrente son competencia de la Alcaldía, a quien se le han remitido las notas recibidas, lo cual ha sido puesto en conocimiento del recurrente. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente estima lesionado su derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Indica que desde el año 2011 ha realizado gestiones ante la Municipalidad de Los Chiles con el fin de obtener el servicio de recolección de desechos sólidos en el barrio El Achotal; empero, el municipio accionado no ha resuelto el problema. Por otro lado, solicita que se le ordene al gobierno local que declare las calles pertenecientes a esa comunidad como públicas, para poder invertir recursos públicos en su reparación y contar con los servicios básicos de electricidad y agua potable.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)Por gestión recibida en la Municipalidad de Los Chiles en fecha 31 de julio de 2017, el promovente y otros vecinos solicitaron a ese gobierno local que se les brindara el servicio de recolección de basura en la comunidad de El Achotal; además, que se declaren públicas las calles internas de esa localidad, para que puedan ser reparadas (ver prueba aportada por el recurrente).

b)Mediante nota recibida en el municipio recurrido en fecha 10 de abril de 2018, el recurrente reiteró la anterior solicitud (ver prueba aportada por el recurrente).

c)Por oficio recibido en la Municipalidad de Los Chiles en fecha 20 de enero de 2020, el recurrente reiteró la anterior solicitud (ver prueba aportada por el recurrente).

d)El Alcalde recurrido le ha indicado reiteradamente al recurrente y demás vecinos que el terreno ocupado por ellos para habitar tiene problemas legales, pues la sección que conforman los principales cuadrantes del barrio El Achotal es una situación precaria, donde se invadió una propiedad privada que está titulada a nombre de terceros, finca inscrita bajo la matrícula folio real N° 250221-001-002, según plano catastrado A-0462718-1982 (ver manifestaciones rendidas bajo juramento).

e)El Alcalde accionado les ha informado a los vecinos que la situación legal hace imposible que el municipio pueda cumplir con sus obligaciones como gobierno local, si las tierras están en conflicto o litigio (ver manifestaciones rendidas bajo juramento).

f)El Alcalde recurrido le ha explicado al promovente que otra sección del mencionado barrio se ubica dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, administrada por el Ministerio de Ambiente y Energía, donde también existen limitaciones ya que son tierras donde no se pueden obtener títulos de propiedad (ver manifestaciones rendidas bajo juramento).

III.- Sobre la obligación de los gobiernos locales de velar por un ambiente sano y equilibrado. Este Tribunal se ha referido a la obligación del Estado de velar por el derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado a favor de todos los habitantes. En el caso específico de las municipalidades, se extrae dicha obligación a partir de lo dispuesto en el artículo 169, de la Constitución Política, pues a ellas les corresponde la “administración de los intereses y servicios locales en cada cantón”. El Código Municipal obliga a las municipalidades a velar por que al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y un ambiente sano. En cuanto al depósito de los desechos sólidos, la Sala ha reiterado que resulta necesario implementar técnicas que permitan disponer adecuadamente de estos residuos sin lesionar (o afectando lo menos posible) el ambiente. Por ello, la adecuada disposición de desechos sólidos que mitiguen al máximo la contaminación, resulta una verdadera obligación para cada una de las entidades y órganos encargados de la administración y fiscalización de dichas actividades, tales como los gobiernos locales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, entre otros. En este contexto, las decisiones que adopte la Sala Constitucional relativas al adecuado tratamiento de los desechos sólidos, deben tender a asegurar la protección del ambiente, la salud humana y otros valores de rango fundamental, así como a propiciar que los desechos producidos por las personas sean tratados en forma cada vez más eficiente y efectiva.

IV.- Sobre el caso concreto. En este asunto, la Sala considera que se debe declarar sin lugar el recurso de amparo. Como puede apreciarse del elenco de hechos probados, efectivamente, por gestión recibida en la Municipalidad de Los Chiles en fecha 31 de julio de 2017, el promovente y otros vecinos solicitaron a ese gobierno local que se les brindara el servicio de recolección de basura en la comunidad de El Achotal; además, que se declaren públicas las calles internas de esa localidad, para que puedan ser reparadas. Mediante nota recibida en el municipio recurrido en fecha 10 de abril de 2018, el recurrente reiteró la anterior solicitud. Asimismo, por oficio recibido en la Municipalidad de Los Chiles en fecha 20 de enero de 2020, el recurrente reiteró la anterior solicitud. Sin embargo, en su descargo, el Alcalde recurrido explica bajo juramento a esta Sala que le ha indicado reiteradamente al recurrente y demás vecinos que el terreno ocupado por ellos para habitar tiene problemas legales, pues la sección que conforman los principales cuadrantes del barrio El Achotal es una situación precaria, donde se invadió una propiedad privada que está titulada a nombre de terceros, finca inscrita bajo la matrícula folio real N° 250221-001-002, según plano catastrado A-0462718-1982. Del mismo modo, el Alcalde accionado indica a este Tribunal que les ha informado a los vecinos que la situación legal hace imposible que el municipio pueda cumplir con sus obligaciones como gobierno local, si las tierras están en conflicto o litigio. El Alcalde recurrido le ha explicado al promovente que otra sección del mencionado barrio se ubica dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, administrada por el Ministerio de Ambiente y Energía, donde también existen limitaciones ya que son tierras donde no se pueden obtener títulos de propiedad. Así las cosas, la Sala observa que la falta de atención a la problemática ambiental que denuncia el tutelado en cuanto al manejo de los desechos sólidos en la comunidad de El Achotal, así como su adecuada disposición final, encuentra una justificación razonable por parte de la Municipalidad de Los Chiles, y es que, en apariencia, el recurrente y demás vecinos de esa localidad invadieron una propiedad privada, lo cual los coloca en una situación precaria en la cual el gobierno local no puede intervenir a su favor. Bajo esa inteligencia, entonces, no se trata de una omisión, desidia o inercia de la actividad administrativa por parte del gobierno local recurrido, sino de una imposibilidad legal que le impide a la Municipalidad de Los Chiles cobrar por un servicio público (como lo es la recolección de basura) a unas personas que, aparentemente, están ocupando un terreno de manera ilegítima. En consecuencia, a criterio de este Tribunal, no existe tal lesión al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en los términos denunciados por el recurrente en este proceso, ya que ha sido él mismo y los demás vecinos de la localidad de El Achotal, quienes se han colocado en la situación que ahora denuncian en este amparo. A mayor abundamiento, obsérvese que el propio recurrente afirma en el escrito de interposición que, actualmente, los vecinos de dicha comunidad lo que hacen es quemar la basura como una forma paliativa de manejar la situación. De manera que este Tribunal aprecia que no podría hablarse de la existencia actual de una indebida acumulación de basura y desechos sólidos que pudiera poner en riesgo la salud pública, pues los propios habitantes han ideado métodos para recolectar y desechar los residuos que producen, en razón de su condición aparentemente precaria (misma que, como se dirá, deberá dilucidarse en la vía ordinaria, y sobre la cual se omite cualquier pronunciamiento en este amparo). En todo caso, es preciso aclarar que no le corresponde a esta Sala determinar si, en el caso concreto, efectivamente existe una invasión por parte de terceros a un terreno privado. Mucho menos le compete dilucidar aspectos importantes como límites con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, administrada por el Ministerio de Ambiente y Energía, ni si existen derechos subjetivos de los vecinos y del recurrente que les permita poseer tales terrenos. Todas esas cuestiones responden a diferendos de mera legalidad que deben ser valorados y decididos en la vía ordinaria, pues la vía sumaria del amparo no es la correspondiente para desarrollar toda la fase probatoria que implicaría un conflicto de esa índole. Finalmente, lo mismo ocurre con la pretensión del promovente en relación con la declaratoria de las calles internas de la comunidad El Achotal, como públicas. Una solicitud de ese tipo no puede ser acordada por este Tribunal, pues, en sí misma, no involucra la lesión a ningún derecho fundamental. Ergo, por las razones expuestas, lo que corresponde en este asunto es declarar sin lugar el proceso, como en efecto se ordena en la parte dispositiva de la sentencia.

V.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que desde el año 2011 se han realizado gestiones ante la Municipalidad de Los Chiles con el fin de obtener el servicio de recolección de desechos sólidos en el barrio El Achotal; empero, el municipio accionado no ha resuelto el problema, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal Salva el voto y ordena continuar la tramitación del amparo contra el Ministerio de Salud. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.

Fernando Castillo V.

Presidente a.i.

Paul Rueda L. Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.

Anamari Garro V. Ana Mar ía Picado B.

Voto salvado del Magistrado Rueda Leal. En el sub examine , la parte recurrente señala un grave problema ambiental por recolección de desechos sólidos. Por el impacto de esto en la salud pública, opto por continuar la tramitación del amparo y ampliar el curso contra el Ministerio de Salud.

Paul Rueda L.

Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano

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    • Constitución Política Art. 50
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