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Res. 09768-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 29/05/2020
OutcomeResultado
The amparo was denied, finding no violation of environmental rights, as the Municipality of Parrita and CNE acted within their competence, but they were urged to provide a short- or medium-term technical solution.Se declaró sin lugar el recurso, al constatarse que no hubo violación al derecho al ambiente, pues la Municipalidad de Parrita y la CNE actuaron dentro de sus competencias, pero se les instó a brindar una solución técnica a corto o mediano plazo.
SummaryResumen
A resident of Parrita filed an amparo action against the Municipality of Parrita and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE), claiming that the erratic behavior of the Parrita River mouth threatened homes and properties in Playa Bandera. He argued that despite numerous approaches, authorities had not provided an effective solution because CNE refused assistance absent a declared emergency and the municipality lacked resources and permits. The Constitutional Chamber reviewed the evidence and found that both entities had acted within their powers: CNE fulfilled its steering and coordinating roles, and the Municipality had begun steps to sign a fluvial cooperation agreement with MOPT, besides prior requests to CNE. Although the community’s vulnerability was acknowledged, no violation of the right to a healthy environment was found. The amparo was denied, but authorities were urged to seek a short- or medium-term technical solution to mitigate the risk.Un vecino de Parrita interpuso recurso de amparo contra la Municipalidad de Parrita y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), alegando que el comportamiento errático de la desembocadura del río Parrita amenazaba viviendas y propiedades en Playa Bandera. Argumentó que, pese a múltiples gestiones, las autoridades no habían brindado una solución efectiva, pues la CNE negó asistencia al no existir una emergencia declarada y el municipio carecía de recursos y permisos. La Sala Constitucional examinó la prueba y constató que ambas entidades habían actuado dentro de sus competencias: la CNE cumplió funciones rectoras y coordinadoras, y la Municipalidad había iniciado gestiones para suscribir un convenio de cooperación fluvial con el MOPT, además de realizar gestiones previas ante la CNE. Aunque se reconoció la vulnerabilidad de la comunidad, se descartó una violación al derecho a un ambiente sano. Se declaró sin lugar el recurso, pero se instó a las autoridades a buscar una solución técnica a corto o mediano plazo para mitigar el riesgo.
Key excerptExtracto clave
From the foregoing, the Chamber finds that the Municipality of Parrita is in the process of finalizing an agreement with the Ministry of Public Works and Transport, which seeks to achieve technical assistance coordination and thus obtain the necessary aid and criteria on fluvial matters to find a solution to the problems caused by the mouth of the Parrita River for the community of Playa Bandera and other localities of said canton. On the other hand, it is clearly observed that in previous years they have intervened in the area and even built a dike for the protection of the community of Playa Bandera; however, due to the force of the waters of the Parrita River at its contact with the sea, this has not been sufficient. In due course, in August 2019 the Local Emergency Commission requested the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response to provide machinery to clear and clean the riverbed, but the request was denied on the grounds that there was no emergency at that time and they were unable to act. Hence, the alleged violation of the petitioner’s environmental right is rejected, considering from the evidence and reports rendered that in this case both the Municipality of Parrita and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response have acted within their competence.De lo expuesto, la Sala comprueba que la Municipalidad de Parrita se encuentra en etapa de finiquito de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual busca lograr una coordinación asistencial técnica, y así poder obtener las ayudas y los criterios necesarios en materia fluvial para busca una solución a la problemática que conlleva la desembocadura del Río Parrita para la comunidad de Playa Bandera y otras localidades del cantón citado. Por otra parte, se observa con claridad que en años anteriores han intervenido la zona e inclusive construyeron un dique para la protección de la comunidad de Playa Bandera; sin embargo, debido a la fuerza de las aguas del Río Parrita en su contacto con el mar, ello no ha sido suficiente. En su oportunidad, en agosto de 2019 la Comisión de Emergencia Local le solicitó a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias que facilitara maquinaria para recabar y limpiar el cause del río, sin embargo, la solicitud fue denegada, bajo el argumento que no existía una emergencia en ese momento y que se encontraban imposibilitados de actuar. De ahí que, se rechaza la lesión al derecho al ambiente del recurrente, por considerarse de la prueba aportada y los informes rendidos que en este caso tanto la Municipalidad de Parrita, como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, han actuado en materia de su competencia.
Pull quotesCitas destacadas
"El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes."
"The State shall guarantee, defend and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and penalties."
Considerando IV
"El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes."
Considerando IV
"Se rechaza la lesión al derecho al ambiente del recurrente, por considerarse de la prueba aportada y los informes rendidos que en este caso tanto la Municipalidad de Parrita, como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, han actuado en materia de su competencia."
"The alleged violation of the petitioner’s environmental right is rejected, considering from the evidence and reports that both the Municipality of Parrita and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response have acted within their competence."
Considerando V
"Se rechaza la lesión al derecho al ambiente del recurrente, por considerarse de la prueba aportada y los informes rendidos que en este caso tanto la Municipalidad de Parrita, como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, han actuado en materia de su competencia."
Considerando V
"Se insta a las autoridades recurridas a brindar una solución técnica a corto o mediano plazo que posibilite una contención al desbordamiento del Río Parrita en la zona cuestionada, sea con la edificación de obras de mitigación o el dictado de medidas para salvaguardar la seguridad de los pobladores de la zona."
"The respondent authorities are urged to provide a short- or medium-term technical solution that enables containment of the Parrita River’s flooding in the affected area, whether by means of mitigation works or measures to safeguard the safety of the local residents."
Considerando VI
"Se insta a las autoridades recurridas a brindar una solución técnica a corto o mediano plazo que posibilite una contención al desbordamiento del Río Parrita en la zona cuestionada, sea con la edificación de obras de mitigación o el dictado de medidas para salvaguardar la seguridad de los pobladores de la zona."
Considerando VI
"Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales..."
"Within such groups of cases, and without this list being considered closed or final, I can state that the Chamber should reserve jurisdiction over situations such as claims for environmental violations that also directly endanger people's health, or access to or quality of water; cases of gross and direct environmental violations where a glaring lack of protection by state authorities is evident..."
Nota Separada de la Magistrada Hernández López
"Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales..."
Nota Separada de la Magistrada Hernández López
Full documentDocumento completo
Sala Constitucional Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL *200076540007CO* Res. No. 2020009768 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-ninth of May, two thousand twenty.
Amparo action processed in expediente No. 20-007654-0007-CO, filed by JAVIER MONGE SOLANO, identity card 0602820434, against the MUNICIPALIDAD DE PARRITA AND THE COMISIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE).
Resultando:
1.- By written brief received in the Secretariat of the Sala at 12:07 hours on April 29, 2020, the petitioner filed an amparo action against the MUNICIPALIDAD DE PARRITA AND THE COMISIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE), and states that, in the 1990s, the mouth of the Parrita River exhibited erratic behavior for months, causing the destruction of many homes and properties of residents located in Playa Bandera. In view of this, the Municipalidad de Parrita and the CNE built a dike or retaining wall that helped stop the advance of the river mouth. However, for more than 6 months, the Parrita River has again presented erratic and destructive behavior, always moving towards the community of Playa Bandera on the right bank of the river, threatening to take away houses and properties, this time with greater force, since when the river joins with the sea and the lakes, the destruction of the dike would be imminent and would represent a real problem for the inhabitants. He alleges that many efforts have been made before different Government entities, but they have not yielded good results, since the CNE indicated that it cannot do anything if the emergency is not occurring at the moment. On the other hand, he explains that the Municipal Mayor has stated that he has no resources or permits. He states that the problem continues to increase. He adds that the president of the Development Association filed a formal complaint with the Directorate and Governance of the Defensoría de los Habitantes, expediente number 313401-2020-SI, which is being processed. He details that the affected population is fearful, since the emergency—destruction of houses—has not yet begun, but the maritime zone has already lost 1000 or 1500 meters, as the mouth of the Parrita River swept away almost 2 kilometers inland of Playa Bandera and is now located just 20 meters from the dike. For the reasons stated, he requests that the action be granted and that the respondent authorities be ordered to provide a solution to the problem raised.
2.- By resolution of the Presidency at 10:23 hours on April 30, 2020, this amparo was admitted for processing.
3.- Through a written brief incorporated into the Legal System on May 6, 2020, Eduardo Mora Castro, in his capacity as Head of the Legal Advisory Unit of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, reports that the Commission fulfills a governing function in risk prevention and a coordinating function when it comes to attending emergencies. He adds that all State institutions, including, and primarily, the Municipalities, have the imperative mandate to prevent disasters. He points out that it is the local governments that must incorporate prevention as a component of urban development projects, considering in their programs the concepts of risk and disaster and including the ordinary management measures that are appropriate and timely to avoid their manifestation, promoting a culture that tends to reduce them. Regarding the specific case, he indicates that it is not demonstrated that the administered party directed any prior petition to the Commission before the present amparo action. Therefore, he considers that the Comisión Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo has not constituted any violation of the principle of Legality set forth in Law No. V8488, nor of the right to petition and prompt resolution. He requests that it be declared without merit and that they be granted a term of fifteen business days to conduct an inspection at the site to update the historical compilation of the behavior of this zone regarding risk, and thus draft and send a technical report to the competent institutions.
4.- Through a written brief incorporated into the Legal System on May 11, 2020, Freddy Garro Arias, in his capacity as Mayor of the Municipalidad de Parrita, and Randall Rojas Piedra, in his capacity as President of the Municipal Council of Parrita, report that river overflows are normal in their canton, especially the mouth of the Parrita River. They point out that currently the overflow is probably due to a natural transformation, that is, marine currents that filled the riverbed with sediments. As a consequence, the river mouth now heads towards the sector known as Playa Bandera, whose surroundings are part of a restricted and protected area. In order to find a prompt solution, they approached the Comisión Nacional de Emergencias for the attention, as far as possible, of the channel of the river mouth, to avoid the eminent risk and safeguard the integrity of the inhabitants of the zone. They state that on August 14, 2019, the Local Emergency Commission requested machinery from the CNE for dredging and cleaning the riverbed, however, the request was denied. They indicate that the Local Emergency Commission again issued a request regarding an undeclared emergency to the CNE, but it was again rejected. Despite this, the CNE requested via email the current status on the impact of the river mouth and a guide for the investment plan. In response to this, technical advice was requested through official letter GDUS-UTGV-020-2020 for maintenance and dredging of the Rio Parrita and river mouth from the Dirección de Obras Fluviales of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. They comment that the processing of an Agreement (fluvial matter) between the MOPT and the Municipalidad de Parrita was initiated, in order to have a legal tool that allows technical assistance coordination, and thus obtain the necessary aid and criteria in fluvial matters. Likewise, the Director of Obras Fluviales of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes sent the specific requirements for the proper processing of the Cooperation Agreement between MOPT – Municipalidad de Parrita with the necessary documentation. They add that the mentioned agreement between MOPT engineers and the Municipality is being finalized, and they are awaiting the agreement of the Comunication from the Junta Vial to be sent to the MOPT. They mention that the Municipal government has always been concerned about the safety of its inhabitants and the necessary procedures have been carried out to provide a sustainable solution to the matter. They request that it be declared without merit.
5.- Through a written brief filed on May 19, 2020, Karen Esquivel Villalobos, Attorney of the Legal Advisory Unit of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, appears in order to provide as evidence for a better resolution, report No. CNE-UIAR-INF-0348-2020 of May 14, 2020.
6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Judge Hernández López; and,
Considerando:
I.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner states that the Parrita River presents destructive behavior and advances towards the community of Playa Bandera, threatening to take away houses and properties. He accuses that many efforts have been made before different Government entities, but they have not yielded good results, since the CNE indicated that it cannot do anything if the emergency is not occurring at the moment. On the other hand, he explains that the Municipal Mayor has stated that he has no resources or permits to do something about it. He requests that the action be granted and that the respondent authorities be ordered to provide a solution to the problem raised.
III.- Fact not proven.
Only) that the petitioner filed a written or verbal request before the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
IV.- BACKGROUND. ON THE VIOLATION OF THE RIGHT TO THE ENVIRONMENT. This Sala, through resolution 2014-010174 at 9:05 hours on June 27, 2014, ordered the following:
“III.- On the right to a healthy and ecologically balanced environment. It must be indicated that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73 and 89 of the Constitución Política), as well as through the international regulations applicable in Costa Rica. In this sense, in judgment 2006-005928 at 15 hours on May 2, 2006, this Court resolved: “(…) The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that article of the political charter, the right to health finds its basis, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical and environmental balance are not guaranteed to the human person. Now then, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73 and 89 of the Constitución Política. Specifically, article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all the country's inhabitants to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to the use of the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of the quality of life of people, which is combined with other elements such as health, food, work and housing, making reference to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations – principle of sustainable development –”. Likewise, from article 50 of the Constitución Política derives the obligation of the State to protect the environment. A rule that establishes to this effect: "The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions." This corroborates that the various public authorities have the inescapable duty to preserve, defend and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment.
V.- SPECIFIC CASE: The Sala holds as accredited, according to the evidence provided and the reports rendered under oath, that the mouth of the Parrita River presented, in previous years, erratic behavior for months, causing the destruction of many homes and properties of residents located in Playa Bandera. In view of this, the Municipalidad de Parrita and the CNE built a dike or retaining wall that helped stop the advance of the river mouth. As indicated by the municipal authorities, the canton of Parrita is characterized at the municipal registry level as having frequent river overflows, especially the mouth of the Parrita River. Currently, the overflow is probably due to a natural transformation, that is, marine currents that filled the riverbed with sediments. As a consequence of the overflows from previous years, currently the mouth of the Río Parrita now heads towards the sector known as Playa Bandera, whose surroundings are part of a restricted and protected area. Now then, it is recorded that in 2019, the Municipalidad de Parrita approached the Comisión Nacional de Emergencias for the attention, as far as possible, of the channel of the river mouth, to avoid the eminent risk and safeguard the integrity of the inhabitants of the zone. It is equally recorded that on August 14, 2019, the Local Emergency Commission requested the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias to provide machinery for dredging and cleaning the riverbed; however, the request was denied, under the argument that there was no emergency at that time. It is observed that the Local Emergency Commission of Parrita again issued a request regarding an undeclared emergency to the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, but it was again rejected under the same premise. Despite the foregoing, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, after the second denial, requested via email the current status on the impact of the river mouth and a guide for the investment plan, and the Municipalidad de Parrita, in response to what was requested by the CNE, requested technical advice through official letter GDUS-UTGV-020-2020 for maintenance and dredging material of the Río Parrita and river mouth from the Dirección de Obras Fluviales of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. As the municipal authorities demonstrate with evidence incorporated into the expediente, the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, together with the Municipalidad de Parrita, began the processing of an Agreement –fluvial matter– between the MOPT and the Municipalidad de Parrita, in order to have a legal tool that allows technical assistance coordination, and thus obtain the necessary aid and criteria in fluvial matters. Subsequently, the Director of Obras Fluviales of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes sent the specific requirements for the proper processing of the Cooperation Agreement between MOPT – Municipalidad de Parrita with the necessary documentation. As a consequence, at the time of rendering the respective report, May 11, 2020, the Municipalidad de Parrita is in the finalization stage of the mentioned agreement between MOPT engineers and the Municipality, and they are therefore awaiting the agreement of the Communication from the Junta Vial to be sent to the MOPT From the foregoing, the Sala verifies that the Municipalidad de Parrita is in the finalization stage of an agreement with the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, which seeks to achieve technical assistance coordination, and thus obtain the necessary aid and criteria in fluvial matters to seek a solution to the problem posed by the mouth of the Río Parrita for the community of Playa Bandera and other localities of the cited canton. On the other hand, it is clearly observed that in previous years they have intervened in the zone and even built a dike for the protection of the community of Playa Bandera; however, due to the force of the waters of the Río Parrita in its contact with the sea, this has not been sufficient. In its opportunity, in August 2019 the Local Emergency Commission requested the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias to provide machinery for dredging and cleaning the riverbed; however, the request was denied, under the argument that there was no emergency at that time and that they were unable to act. Hence, the violation of the petitioner's right to the environment is rejected, as it is considered from the evidence provided and the reports rendered that in this case both the Municipalidad de Parrita and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias have acted within their competence. It is observed that the Municipalidad de Parrita is even in the process of signing an agreement with the Ministerio de Obras Públicas, to study the problem raised and seek a series of technical solutions to prevent new overflows of the Río Parrita, thus no actionable municipal inaction is observed attributable to the respondent authorities. It is clear that the respondents have already intervened in the zone in the past and are currently studying various technical aspects to determine the possible environmental impacts that the construction of a new dike at the site would produce, with the possible impact on a protected zone such as an area of Playa Bandera. Consequently, the appropriate course is to declare the action without merit.
VI.- Now then, due to the condition of vulnerability in which the community of Playa Bandera finds itself, the respondent authorities are urged to provide a short- or medium-term technical solution that enables containment of the overflow of the Río Parrita in the questioned zone, whether through the construction of mitigation works or the issuance of measures to safeguard the safety of the residents of the zone.
VII.- SEPARATE NOTE BY JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ. In the case of actions for environmental matters, I hold as a general line that this Sala should abstain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of article 50 of the Constitución Política, leaving their consideration in the hands of the administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. But I have also warned that my approach does not prevent recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would indeed be even better protected by this Sala and therefore must be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Sala must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also put the health of people at direct risk, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a glaring absence of protection by state authorities is verified, provided always that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also believe that amparo should not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately handled within it. In the specific case, it is observed that the situation raised falls within such exceptional cases since reference is made to the risk to the right to physical integrity of the residents, susceptible to being affected by the inertia or erroneous actions of the administration; thus, in this situation I concur with the majority that this Court must hear and decide on the merits of this case, as has been done.
VIII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if the Public Administration has already intervened, their hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. Nonetheless, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the affected persons are at stake due to the possibility of destruction of the housing and property of the inhabitants of the place, as occurs in this case, in which problems of overflow of the Río Parrita are alleged that would threaten the community of Playa Bandera, affecting integrity and health, and a dignified level of quality of life.
IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. This Sala must warn the petitioner that if any paper documents, as well as objects or evidence supported through any additional device, or through electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, have been provided, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The action is declared without merit. The respondent authorities are to take note of the provisions in considerando VI of this judgment. Judge Hernández López adds a note. Judge Salazar Alvarado adds a note.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *DEIGLNNAYN861* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200076540007CO* Res. Nº 2020009768 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintinueve de mayo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 20-007654-0007-CO, interpuesto por JAVIER MONGE SOLANO, cédula de identidad 0602820434, contra la MUNICIPALIDAD DE PARRITA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE).
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:07 horas del 29 de abril de 2020, el recurrente interpuso recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE PARRITA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE), y manifiesta que, en la década de los 90, la desembocadura del río Parrita presentó un comportamiento errático durante meses, provocando la destrucción de muchas viviendas y propiedades de vecinos, ubicadas en Playa Bandera. En vista de esto, la Municipalidad de Parrita y la CNE, construyeron un dique o muro de contención que ayudó a detener el avance de la desembocadura. No obstante, desde hace más de 6 meses, el río Parrita presenta nuevamente, un comportamiento errático y destructivo, siempre moviéndose hacia la comunidad de Playa Bandera en el margen derecho del río, amenazando con llevarse las casas y propiedades, esta vez con mayor fuerza, ya que al unirse el río con el mar y con los lagos, la destrucción del dique sería inminente y representaría un verdadero problema para los pobladores. Alega que muchas gestiones se han realizado ante diferentes entes de Gobierno, pero no han dado buenos resultados, pues la CNE indicó que no puede hacer nada si la emergencia no se está dando en el momento. Por otra parte, explica que el Alcalde Municipal ha manifestado que no tiene recursos, ni permisos. Manifiesta que el problema continúa en aumento. Agrega que el presidente la Asociación de Desarrollo presentó una queja formal en la Dirección y Gobernanza de la Defensoría de los Habitantes, expediente número 313401-2020-SI, la cual se encuentra en trámite. Detalla que la población afectada se encuentra con temor, pues la emergencia -destrucción de casas- aún no ha iniciado, pero la zona marítima ya perdió 1000 0 1500 metros, ya que la desembocadura del río Parrita arrasó casi 2 kilómetros adentro de Playa Bandera y ahora se ubica a escasos 20 metros del dique. Por las razones expuestas, solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a las autoridades recurridas, brindar una solución al problema planteado.
2.- Por resolución de Presidencia de las 10:23 horas del 30 de abril de 2020, se le dio curso al presente amparo.
3.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 6 de mayo de 2020, Eduardo Mora Castro, en calidad de Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, informa que la Comisión cumple con una función rectora en prevención de riesgos y una función coordinadora cuando de atender emergencias se trate. Añade que todas las instituciones del Estado, incluyendo, y principalmente las Municipalidades, tienen el imperativo mandato de prevenir los desastres. Señala que son los gobiernos locales quienes deben incorporar la prevención como componente de los proyectos de desarrollo urbano, considerando en sus programas los conceptos de riesgo y desastre e incluyendo las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que tienda a reducirlos. Sobre el caso concreto, indica que no se demuestra que, por parte del administrado, se haya dirigido petición alguna previa al presente recurso de amparo ante la Comisión. Por tanto, considera que la Comisión Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, no ha constituido violación alguna al principio de Legalidad dispuesto en la Ley No.V8488, ni al derecho de petición y pronta resolución. Solicita que se declare sin lugar y que se les conceda el plazo de quince días hábiles para efectuar una inspección en el sitio que permita actualizar la recopilación histórica del comportamiento de esta zona en materia de riesgo, y así redactar y remitir un informe técnico a las instituciones competentes.
4.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 11 de mayo de 2020, Freddy Garro Arias, en condición de Alcalde de la Municipalidad de Parrita, y Randall Rojas Piedra, en condición de Presidente del Concejo Municipal de Parrita, informan que en su cantón es normal el desbordamientos de ríos, en especial la desembocadura del río Parrita. Señalan que en la actualidad el desbordamiento probablemente se debe a una transformación natural, es decir, corrientes marinas que llenaron de sedimentos el cauce. Como consecuencia, la desembocadura ahora se dirige hacia el sector conocido como Playa Bandera, cuyos alrededores son parte de área restringida y de protección. Con el fin de encontrar una solución pronta, se acudió a la Comisión Nacional de Emergencias para la atención, en la medida de lo posible, del canal de la desembocadura, para evitar el riesgo eminente y salvaguardar la integridad de los habitantes de la zona. Manifiestan que el 14 de agosto de 2019 la Comisión de Emergencia Local le solicitó a la CNE maquinaria para recaba y limpieza del cause del río, sin embargo, la solicitud fue denegada. Indican que la Comisión de Emergencias Local volvió a emitir una solicitud sobre emergencia no declarada a la CNE, pero nuevamente fue rechazada. A pesar de esto, la CNE solicitó por medio de correo electrónico el estado actual sobre la afectación de la desembocadura y una guía para el plan de inversión. En atención a esto, se solicitó asesoría técnica mediante oficio GDUS-UTGV-020-2020 para mantenimiento y recaba del Rio Parrita y Desembocadura a la Dirección de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Comentan que se inició con la tramitación de un Convenio (materia fluvial) entre el MOPT y la Municipalidad de Parrita, para poder tener una herramienta jurídica, que permita la coordinación asistencial técnica, y así poder obtener las ayudas y los criterios necesarios en materia fluvial. De igual manera, el Director de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes envió los requerimientos específicos para la debida tramitación del Convenio de Cooperación entre MOPT –Municipalidad de Parrita con la documentación necesaria. Agregan que se está finiquitando el convenio mencionado entre ingenieros del MOPT y la Municipalidad, por lo que se está a la espera del acuerdo de la Comunicación de Junta Vial para ser enviado al MOPT. Mencionan que el gobierno Municipal siempre se ha preocupado por la seguridad de sus habitantes y se han realizado los trámites necesarios para poder darle una solución sostenible al asunto. Solicita que se declare sin lugar.
5.- Por medio de escrito presentado el 19 de mayo de 2020, Karen Esquivel Villalobos, Abogada de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se apersona con la finalidad de aportar como prueba para mejor resolver el informe No. CNE-UIAR-INF-0348-2020 del 14 de mayo de 2020.
6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Hernández López; y,
Considerando:
I.-OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que el río Parrita presenta un comportamiento destructivo y avanza hacia la comunidad de Playa Bandera, amenazando con llevarse las casas y propiedades. Acusa que muchas gestiones se han realizado ante diferentes entes de Gobierno, pero no han dado buenos resultados, pues la CNE indicó que no puede hacer nada si la emergencia no se está dando en el momento. Por otra parte, explica que el Alcalde municipal ha manifestado que no tiene recursos ni permisos para hacer algo al respecto. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a las autoridades recurridas, brindar una solución al problema planteado.
II.Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
III.- Hecho no probado.
Único) que el recurrente haya presentado gestión por escrito o de manera verbal ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
IV.- ANTECEDENTE. SOBRE LA LESIÓN AL DERECHO AL AMBIENTE Esta Sala mediante resolución 2014-010174 de las 9:05 horas del 27 de junio del 2014, dispuso lo siguiente:
“III.- Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia 2006-005928 de las 15 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “(…) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
V.- CASO CONCRETO: La Sala tiene por acreditado, según la prueba aportada y los informes rendidos bajo juramento, que la desembocadura del río Parrita presentó en años anteriores un comportamiento errático durante meses, provocando la destrucción de muchas viviendas y propiedades de vecinos, ubicadas en Playa Bandera. En vista de esto, la Municipalidad de Parrita y la CNE, construyeron un dique o muro de contención que ayudó a detener el avance de la desembocadura. Según indicaron las autoridades municipales, el cantón de Parrita se caracteriza a nivel de registro municipal como de frecuente desbordamientos de ríos, en especial la desembocadura del río Parrita. En la actualidad el desbordamiento probablemente se debe a una transformación natural, es decir, corrientes marinas que llenaron de sedimentos el cauce. Como consecuencia, de los desbordamientos de años anteriores, en la actualidad la desembocadura del Río Parrita, ahora se dirige hacia el sector conocido como Playa Bandera, cuyos alrededores son parte de área restringida y de protección. Ahora bien, consta que en el año 2019, la Municipalidad de Parrita, acudió a la Comisión Nacional de Emergencias para la atención, en la medida de lo posible, del canal de la desembocadura, para evitar el riesgo eminente y salvaguardar la integridad de los habitantes de la zona. De igual forma consta que el 14 de agosto de 2019, la Comisión de Emergencia Local le solicitó a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias que facilitara maquinaria para recabar y limpiar el cause del río, sin embargo, la solicitud fue denegada, bajo el argumento que no existía una emergencia en ese momento. Se observa que la Comisión de Emergencias Local de Parrita, volvió a emitir una solicitud sobre emergencia no declarada a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, pero nuevamente fue rechazada bajo el mismo supuesto. Pese a lo anterior, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, luego de la segunda denegatoria, solicitó por medio de correo electrónico el estado actual sobre la afectación de la desembocadura y una guía para el plan de inversión y la Municipalidad de Parrita, en atención a solicitado por la CNE, solicitó asesoría técnica mediante oficio GDUS-UTGV-020-2020 para mantenimiento y recabar material del Río Parrita y desembocadura a la Dirección de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Según demuestran las autoridades municipales con prueba incorporada al expediente el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, junto a la Municipalidad de Parrita, iniciaron con la tramitación de un Convenio -materia fluvial- entre el MOPT y la Municipalidad de Parrita, para poder tener una herramienta jurídica, que permita la coordinación asistencial técnica, y así poder obtener las ayudas y los criterios necesarios en materia fluvial. Posteriormente, el Director de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes envió los requerimientos específicos para la debida tramitación del Convenio de Cooperación entre MOPT–Municipalidad de Parrita con la documentación necesaria. Como consecuencia, al momento de rendir el informe respectivo, 11 de mayo de 2020, la Municipalidad de Parrita, se encuentra en etapa de finiquito del convenio mencionado entre ingenieros del MOPT y la Municipalidad, por lo que se está a la espera del acuerdo de la Comunicación de Junta Vial para ser enviado al MOPT De lo expuesto, la Sala comprueba que la Municipalidad de Parrita se encuentra en etapa de finiquito de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual busca lograr una coordinación asistencial técnica, y así poder obtener las ayudas y los criterios necesarios en materia fluvial para busca una solución a la problemática que conlleva la desembocadura del Río Parrita para la comunidad de Playa Bandera y otras localidades del cantón citado. Por otra parte, se observa con claridad que en años anteriores han intervenido la zona e inclusive construyeron un dique para la protección de la comunidad de Playa Bandera; sin embargo, debido a la fuerza de las aguas del Río Parrita en su contacto con el mar, ello no ha sido suficiente. En su oportunidad, en agosto de 2019 la Comisión de Emergencia Local le solicitó a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias que facilitara maquinaria para recabar y limpiar el cause del río, sin embargo, la solicitud fue denegada, bajo el argumento que no existía una emergencia en ese momento y que se encontraban imposibilitados de actuar. De ahí que, se rechaza la lesión al derecho al ambiente del recurrente, por considerarse de la prueba aportada y los informes rendidos que en este caso tanto la Municipalidad de Parrita, como la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, han actuado en materia de su competencia. Se observa que la Municipalidad de Parrita inclusive se encuentra en proceso de suscribir un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, para estudiar la problemática planteada y buscarle una serie de soluciones técnicas que eviten nuevos desbordamientos del Río Parrita, por lo que no se observa una inacción municipal achacable a las autoridades accionadas. Es claro, que los accionados ya han intervenido la zona en el pasado y en la actualidad se encuentran en estudio de diversas aristas técnicas para determinar los posibles impactos ambientales que produciría la construcción de un nuevo dique en el sitio con la afectación posible de una zona de protección como lo es un área de Playa Bandera. En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
VI.- Ahora bien, debido a la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran la comunidad de Playa Bandera, se insta a las autoridades recurridas a brindar una solución técnica a corto o mediano plazo que posibilite una contención al desbordamiento del Río Parrita en la zona cuestionada, sea con la edificación de obras de mitigación o el dictado de medidas para salvaguardar la seguridad de los pobladores de la zona.
VII.- NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ. En el caso de recursos por cuestiones ambientales sostengo como línea general que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Pero también he advertido que mi planteamiento no impide reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. En el caso concreto, se observa que la situación planteada se ubica dentro tales casos de excepción pues se hace referencia al riesgo a la derecho a la integridad física de los vecinos, susceptibles de afectarse por la inercia o acciones erradas de la administración; de tal modo en esta situación concuerdo con la mayoría en que este Tribunal debe conocer y decidir sobre el fondo de este caso, tal y como se ha hecho.
VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por la posibilidad de destrucción de la vivienda y propiedad de los habitantes del lugar, tal y como sucede en este caso, en el que se acusan problemas de desbordamiento del Río Parrita que amenazaría a la comunidad de Playa Bandera, lo que afecta la integridad y salud, y de un nivel digno de calidad de vida.
IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Tome nota las autoridades recurridas de lo dispuesto en el considerando VI de esta sentencia. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *DEIGLNNAYN861*
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