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Res. 09310-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/05/2020
OutcomeResultado
The Chamber ordered the Municipality of Alajuela to forward the complaint to ICE, and both entities to coordinate the tree trimming within one month, as it endangered the life and integrity of residents.La Sala ordenó a la Municipalidad de Alajuela remitir la denuncia al ICE y a ambas entidades coordinar la poda del árbol en el plazo de un mes, por poner en riesgo la vida e integridad de los vecinos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted an amparo petition filed by an elderly couple against ICE and the Municipality of Alajuela. The petitioners claimed that a tree in front of their home posed a danger to passersby and electrical infrastructure, and that the authorities had failed to coordinate its trimming. ICE had partially trimmed the tree in 2018, leaving thick side branches, arguing it was only obliged to protect power lines. The Municipality merely issued a technical opinion and argued that trimming was the responsibility of the property owner under the Municipal Residents' Duties Regulation, without providing an effective solution. The Court found that both institutions violated fundamental rights by failing to take adequate measures in the face of an imminent risk to life and physical integrity. It ordered the Municipality to refer the complaint to ICE within three days, and both entities to coordinate the tree's trimming within one month, without prejudice to charging the owner afterwards under current regulations.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por una persona adulta mayor y su esposo contra el ICE y la Municipalidad de Alajuela. Los recurrentes alegaron que un árbol frente a su vivienda representaba un peligro para los transeúntes y el tendido eléctrico, y que las autoridades no habían coordinado para su poda. El ICE había realizado una poda parcial en 2018, dejando ramas gruesas sin cortar, argumentando que solo estaba obligado a proteger las líneas eléctricas. La Municipalidad, por su parte, se limitó a emitir un criterio técnico y a señalar que la poda era responsabilidad del administrado, conforme al Reglamento de Deberes del Munícipe, pero sin ofrecer una solución efectiva. La Sala determinó que ambas instituciones vulneraron los derechos fundamentales de los recurrentes al no adoptar medidas idóneas ante un peligro inminente para la vida e integridad física. En consecuencia, ordenó a la Municipalidad remitir la denuncia al ICE en tres días y a ambas entidades coordinar la poda del árbol en un plazo de un mes, sin perjuicio de que se pueda cobrar la tarifa al administrado según la normativa vigente.
Key excerptExtracto clave
Based on the foregoing, this Chamber considers that the petition must be granted, for the following reasons. Indeed, it has been established that there is a tree in front of the petitioner's dwelling, and that on August 14, 2018, ICE trimmed only the central branches, leaving thick side branches. Note that neither of the respondent authorities, ICE or the Municipality of Alajuela, refuted that the way the tree was trimmed, as well as its current condition, could pose a risk to the life and integrity of passersby and residents of the INVU #3 community. (...) Thus, the Municipality of Alajuela—in response to the petitioner's complaint—told the residents that full trimming of the tree was their responsibility, because it is located on the sidewalk's green strip. However, it cannot be overlooked that, according to the complaint, the tree could endanger the life and integrity of other passersby, for which the Municipality is obliged to provide some kind of solution. That is, the Municipality of Alajuela cannot ignore such statements.Sobre la base de lo dicho, esta Sala estima que el recurso deviene en procedente, por los siguientes motivos. En efecto, se tiene por constatado que frente a la vivienda del recurrente hay un árbol, que el 14 de agosto de 2018, el ICE podó únicamente las ramas del centro, dejándose ramas gruesas a los lados. Nótese que ninguna de las autoridades recurridas, el ICE o la Municipalidad de Alajuela, desacreditaron que la forma en que el árbol se podó, así como su condición actual, podría generar un riesgo para la vida e integridad de los transeúntes y los vecinos de la comunidad del INVU #3. (...) Entonces, la Municipalidad de Alajuela -en atención a la denuncia de la parte recurrente - le indicó a los administrados, que la poda total del árbol debía ser a cargo de ellos, porque se encuentra en la franja verde de la acera. Sin embargo, no puede perderse de vista que, según lo denunciado, el árbol podría poner en riesgo la vida e integridad del resto de transeúntes, de la cual, la Municipalidad está en la obligación de brindar algún tipo de solución. Es decir, la Municipalidad de Alajuela no puede hacer caso omiso a dichas manifestaciones.
Pull quotesCitas destacadas
"la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana... ha sido usual que el derecho a la vida... haya sido entendido como un derecho de contenido negativo... No obstante, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas... debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan... inclusive, de la misma naturaleza."
"the objective obligation of the State to protect human life... the right to life has usually been understood as a negative right... However, the current trend is to impose on the State various positive duties... it must act to protect [life], against the multiple dangers that threaten it... including from nature itself."
Considerando: SOBRE LA OBLIGACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DE TUTELAR LA VIDA HUMANA
"la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana... ha sido usual que el derecho a la vida... haya sido entendido como un derecho de contenido negativo... No obstante, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas... debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan... inclusive, de la misma naturaleza."
Considerando: SOBRE LA OBLIGACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DE TUTELAR LA VIDA HUMANA
"la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país."
"the interference of constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven State inertia, through its competent bodies, in addressing the demands that the country's inhabitants make in exercise of their rights."
Considerando: SOBRE LA OBLIGACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DE TUTELAR LA VIDA HUMANA
"la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país."
Considerando: SOBRE LA OBLIGACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DE TUTELAR LA VIDA HUMANA
"si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufre de riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales... esto se enmarca dentro del concepto de ´intereses y servicios locales´ del numeral 169 constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aún, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema."
"if a group of residents, in their territorial jurisdiction, suffers risk to their lives and severe property damage... this falls within the concept of 'local interests and services' of Article 169 of the Constitution, problems whose causes must be precisely identified and, even more so, solutions must be implemented as soon as possible; for which the Municipality must coordinate with national-level institutions with competence to act on the problem."
Considerando: Sobre el caso concreto (Respecto de la Municipalidad de Alajuela)
"si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufre de riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales... esto se enmarca dentro del concepto de ´intereses y servicios locales´ del numeral 169 constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aún, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema."
Considerando: Sobre el caso concreto (Respecto de la Municipalidad de Alajuela)
Full documentDocumento completo
*200077370007CO* Case File: 20-007737-0007-CO Res. No. 2020009310 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-second of May, two thousand twenty.
An amparo action processed under case file number 20-007737-0007-CO, filed by VIRGINIA CORRALES VARGAS, on her own behalf and that of JUAN RAFAEL BRENES BONILLA, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF ELECTRICITY (ICE) AND THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA.
Whereas:
By a writ received at the Secretariat of the Chamber on April 30, 2020, the petitioner files an amparo action against ICE and the Municipality of Alajuela, and states that she and her husband are elderly persons, residents of Alajuela, who have always paid their taxes on time. She comments that the government has urged the local population to reforest the parts of the sidewalks located beside the street, with the purpose of creating beauty and an ecosystem connected to biodiversity, friendly to the environment, that helps in the fight against global warming, with which she agrees. She explains that the problem is that, over time, some of these trees grow very large, to the point of threatening the safety of pedestrians and vehicles, if they are not pruned. As far as she is concerned, the tree planted on the sidewalk in front of her home is one of those cases. She states that, on an unspecified date, the protected party sent, apparently via email, a note dated August 3, 2018, to the head of ICE Maintenance, in which he requested the pruning of the aforementioned tree given the danger posed by how high the branches had grown, as well as the collection of the resulting debris (see evidence provided). As is evident from the note, ICE personnel came to perform the pruning, but since they were not present at that moment, only the center was pruned, leaving thick branches on the sides unpruned, with the collaborators of that institute commenting that this was a municipal matter. She indicates that, also on an unspecified date, the protected party sent, via email, a request to the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela in that regard. However, in official communication No. MA-SGA-183-2020 of February 23, 2020, signed by the coordinator of that subprocess, it simply responded that, after conducting the inspection, that unit found no objection to the removal of the tree, but that it lacks the resources to carry it out and is limited to "the technical assessment and the issuance of the corresponding opinion." She alleges that she is an elderly person who depends on her husband's pension, which makes it budgetarily difficult for her to cover the cost of hiring personnel and a vehicle to perform the pruning. She claims that, despite the complaints filed, as of the date the action was filed, the situation remained the same, without the pruning of the thick branches that threaten her safety and that of her husband having been defined. She deems her fundamental rights and those of the protected party to have been violated, especially given the condition of both as elderly persons.
Gustavo Morera Castro, in his capacity as Coordinator of the Maintenance Area of the Central Region of ICE, reports under oath that on August 3, 2018, he received the email from the protected party, in which he requested the pruning of the tree in the INVU Las Cañas. He adds that, on August 6, 2018, he ordered the ICE official in charge of supervising the area to proceed with scheduling the clearance works, which were carried out on August 14, 2018. He explains that the works performed by ICE were those within the scope of its competence and necessary to protect the electrical networks, and therefore requests that the action filed be dismissed.
Félix Angulo Márquez, in his capacity as Coordinator of the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela, reports under oath that as of the date, they have attended to only one complaint, not through the Institutional Services Platform, the Services Comptroller, or the Integrated System for Processing and Attending Environmental Complaints (SITADA). He adds that, in response to that request sent via email by the protected party on April 23, 2020, an inspection was carried out that same day, where it was possible to verify that the tree exhibited growth toward the overhead power lines, which could eventually put nearby infrastructure at risk, which is why that unit carried out its removal in order to correct the problem. However, he notes that the petitioner was informed that the task had to be managed through each citizen's own means, and that adequate management of the waste generated during that work was also required, and he was recommended to coordinate again with ICE, given the proximity of the overhead power lines to the branches of the tree in question. On the other hand, he states that, within what was explained to Mr. Brenes Bonilla, according to the Procedures Manual, the Environmental Management Subprocess intervenes in these cases only and exclusively for a technical assessment of the phytosanitary condition of the tree and the issuance of the corresponding opinion, since it does not have the machinery, equipment, or crew personnel to carry out tree pruning, and that in the cases of trees located in parks and green areas belonging to the central district of Alajuela, they must be directed directly to the person in charge of Maintenance of Parks, Green Areas, and Ornamental Works; conversely, when it is determined that the removal and/or pruning of a tree located in parks or green areas that are strictly municipal property and located outside the central district of Alajuela is necessary, it will be referred to the Public Investment Works Subprocess, so that it may assign personnel, machinery, and resources for that purpose. He explains that, in this particular case, it involves a tree located within the green strip of the sidewalk in front of the property owned by the petitioners, and therefore it is the duty of every property owner to clean the vegetation growing at the edges of public roads and trim that which harms or hinders the passage of people in front of the lots of their property, tasks consisting of cleaning or controlling the vegetation of the lot or property that obstructs passage or prevents the safety of people, electrical systems, aqueducts, and ornamentation. He requests that the action filed be dismissed.
In the proceedings followed, legal requirements have been observed.
Prepared by Magistrate Garro Vargas; and,
Considering:
PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of Judgment No. 2008-2545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative-contentious jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the time limits established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the pertinent administrative remedies. Precisely, in the sub lite case, an exception is applicable, since it involves a proceeding related to the physical integrity of individuals.
Object of the action. The petitioner files an amparo action and states that in front of her home there is a tree that endangers the health of the people traveling through that area due to its proximity to the overhead power lines, for which she filed a pruning request with the ICE Maintenance Department. However, she estimates that this was not carried out correctly and that the danger has persisted. Therefore, in the year 2020, she requested collaboration from the Municipality of Alajuela; however, that entity informed her that it found no objection to the removal of the tree, but that it lacks the resources to carry it out and is limited to "the technical assessment and the issuance of the corresponding opinion." She alleges that she is an elderly person who depends on her husband's pension, which makes it budgetarily difficult for her to cover the cost of hiring personnel and a vehicle to perform the pruning. She accuses that as of the date, the situation has not been resolved, which puts her health and that of her family at risk. She requests the intervention of this Chamber.
Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been substantiated or because the respondent party has omitted to refer to them as provided for in the initial order:
Unproven facts. The following facts of relevance are not deemed duly demonstrated:
ON THE OBJECTIVE OBLIGATION OF THE STATE TO PROTECT HUMAN LIFE. This Constitutional Court has recognized the objective obligation of the State to protect human life and has ruled on administrative omissions that threaten road safety and the physical integrity of individuals. On this matter, it is worth referring to the provisions of Judgment No. 2008-18443 of 6:01 p.m. on December 11, 2008, which stated: "Prior to analyzing the specific case, it is appropriate to indicate what this Chamber has said regarding the objective obligation of the State to protect human life, in the sense that it has been common for the right to life, frequently analyzed together with the right to physical integrity, to be understood as a right of negative content, that is, its object was limited to the claim against the State that it refrain from carrying out actions aimed at eliminating the physical existence of individuals, for example, torture or the death penalty, or that it punish persons, public and private, who threaten the life and integrity of others, through the penal system. However, the current trend is to impose upon the State various positive actions, in the sense that it must not disturb the physical existence of individuals and, furthermore, must act to protect it, in the face of the multiple dangers that threaten it, whether they arise from the actions of the State itself or from other persons, and even from nature itself. Hence, for example, environmental issues have become, at least in our country, a matter of constitutional importance, since the right to a healthy and ecologically balanced environment has been raised to the rank of a fundamental right. Now, it must be clarified that the objective existence of a State obligation regarding the protection of the right to life does not unavoidably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that suitable measures be taken to protect that right, in the face of clearly negligent attitudes by public authorities. Consequently, it is a matter of the State acquiring the obligation to regulate the areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, whether through law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and of the subjective right of individuals to have this done diligently. Thus, the possibility of judicially demanding, through amparo, a specific type of state-provided activity in compliance with its duty to protect the life and physical integrity of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger to those rights of the individuals, in such a way that if, for example, a certain community deemed it necessary to have a hospital for the care of its residents (or any other public work), it is not through the amparo process that this should be demanded, but through the previously established mechanisms and before the competent bodies and entities, who must address the request and resolve its technical feasibility, which does not necessarily imply a positive response. From the foregoing, it follows that the intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of the proven inertia of the State, through its competent bodies, in addressing the demands made by the inhabitants of the country in the exercise of their rights (see in this regard Judgment number 2003-11519 of ten hours thirty minutes on October tenth, two thousand three)." Regarding the specific case. After having analyzed the reports and evidence provided by the parties, this Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the petitioner, for the reasons that will be set forth below. First, it has been substantiated that the petitioners are residents of INVU Las Cañas, Desamparados, Alajuela. They allege that in front of their dwelling there is a tree that supposedly "has grown disproportionately on the side of the sidewalk of my house's curb... because it is so tall; so much so, that its branches cover, or shade, half of the street... which could cause an accident to pedestrians or vehicles that pass through the place daily." Regarding ICE.
In the report rendered, this authority stated that on August 3, 2018, it received a complaint from the petitioner, in which he requested the pruning of the tree at INVU Las Cañas #3. In response to this request, on August 14, 2018, ICE personnel came to perform the pruning; only the center was pruned, leaving some thick branches on the sides unpruned. Regarding the thick branches left unpruned on the sides, ICE officials indicated that this was a municipal matter (uncontested fact).
The manner in which the tree was pruned by ICE was defended on the argument that the technical standard called "Supervision of the Commercialization of Electricity Supply in Low and Medium Voltage" (AR-NT-SUCOM) provides that the electric company has the duty to ensure, monitor, and coordinate the pertinent tasks so that obstacles that may affect overhead networks are removed or eliminated, in such a way that they do not interfere with the quality, continuity, and quantity of the electricity supply.
However, it has not been proven that ICE, after April 14, 2018, ensured the continued avoidance, at least periodically, of the risks to the overhead power lines caused by the natural and foreseeable growth of the tree. Nor is there evidence that it communicated to the Municipality of Alajuela—responsible for safeguarding the interests of the citizens—the risk that the condition of the tree could generate, and that only the center was cut, precisely because that was the only part interfering with the power lines. That is, ICE did not demonstrate that the condition of the tree was given due follow-up—through coordination with the Municipality of Alajuela—and monitoring, to protect the power lines and, above all, the possible risk it could imply for the residents. The current condition of the tree could put the overhead power lines at risk and, therefore, according to the ARESEP technical standard—which ICE invokes—there would already be a responsibility for the sued Institute to intervene.
Regarding the Municipality of Alajuela This authority justifies its actions by stating that on April 23, 2020, a complaint was received from the petitioner, in which he requested municipal collaboration regarding apparent inconveniences generated by a tree located at the edge of the sidewalk and in front of the complainant's property. On April 23, 2020, the municipal corporation conducted an inspection at the reported location, namely in INVU, Las Cañas, Desamparados, Alajuela, and it was concluded that "the tree indeed presents growth toward the overhead power lines, which could eventually put nearby infrastructure at risk." Given this, the municipal authority found no objection to carrying out its removal, "to correct the problem." Furthermore, the Municipality of Alajuela maintained that the task of fully pruning the tree should be carried out at the citizen's expense and that he should "coordinate again with ICE, given the proximity of the overhead power lines to the branches of the tree in question." Likewise, they justified the refusal to prune the tree—definitively—because according to the Procedures Manual (code No. SP-GA-03), the Environmental Management Subprocess intervenes only in cases of technical assessment of the phytosanitary condition of the tree and the issuance of the corresponding opinion, since that specific office does not have the machinery, equipment, and crew personnel to carry out tree cutting or pruning.
Under that reasoning, the Municipality of Alajuela based its actions on the fact that the tree is located in the green strip of the sidewalk in front of the property owned by the petitioner, and therefore, according to the Regulation for the Establishment and Collection of Fees for Breach of the Duties of Citizens by the Municipality of Alajuela, its Article 5 provides "as a duty of every property owner to clean the vegetation that grows at the edges of public roads and trim that which harms or hinders the passage of people, in front of the lots of their property." Even that Article 9, subsection a) of the cited municipal regulation, indicates that the Municipality is obligated to give the taxpayer a deadline to carry out a work—in the event of an alleged breach of the duties of the citizen—by establishing: "a) Clean or control the vegetation of the lot or property that obstructs passage or prevents the safety of people, electrical, aqueduct, or sewage systems, as well as the ornamentation and cleanliness of a community (…) The cleaning and care of public roads shall include the cleaning of all undesirable harmful vegetation on the borders of sidewalks, curbs, ditches, or earthen channels at the edge of public roads, rounds and retaining walls, as well as the pruning of tree branches that shade public roads and the clearing of fences" (the highlighting is not in the original).
The Municipality of Alajuela affirmed that pruning the tree is the citizen's responsibility, based on Articles 5 and 9 of the Regulation for the Establishment and Collection of Fees for Breach of the Duties of Citizens by the Municipality of Alajuela, which, it is worth noting, in its Article No. 10 provides: "Article 10.-Effects of non-compliance. Once the corresponding notification has been made and the period granted to the citizen has elapsed without the latter having carried out the prescribed works; the Municipality shall be authorized to proceed with the imposition of fines and, optionally, to carry out said tasks on its own account, with the citizen being required to pay the corresponding fee" (The highlighting is not in the original).
The Municipality of Alajuela at no time referred said request to ICE, and the truth is that it should have done so, in accordance with the principle of inter-institutional coordination.
Based on the foregoing, this Chamber deems that the action is admissible, for the following reasons. Indeed, it has been verified that in front of the petitioner's dwelling there is a tree, which on August 14, 2018, ICE pruned only the central branches, leaving thick branches on the sides. Note that neither of the respondent authorities, ICE or the Municipality of Alajuela, discredited the claim that the manner in which the tree was pruned, as well as its current condition, could generate a risk to the life and integrity of pedestrians and the residents of the INVU #3 community. That is, they did not report or provide reliable evidence to discredit the statement of the petitioner, namely the possibility of the tree collapsing. Moreover, the Municipality of Alajuela indicated that the existence of the tree would indeed be affecting the sidewalk and the aqueduct, and would be putting the power lines at risk.
Therefore, it must be noted that this Chamber does not disregard the obligations that citizens may have to their respective Municipalities. In this case, the Municipality of Alajuela claims that, according to the Regulation for the Establishment and Collection of Fees for Breach of the Duties of Citizens by the Municipality of Alajuela, the obligation to prune the tree lies with the citizen. However, this case has a series of particularities, which are highlighted below: a) the current condition of the tree is endangering the power lines (cf. report of the Municipality of Alajuela); b) the current condition of the tree endangers the life and integrity of the petitioner or of pedestrians; and, c) the petitioner claims not to have the economic resources to be able to undertake the pruning of the tree.
Furthermore, it is the duty of the municipal entity to ensure the integrity of pedestrians and to comply with the provisions of Article 169 of the Political Constitution. This Constitutional Court has resolved that "if a group of citizens, within its territorial jurisdiction, suffers a risk to their lives and serious property, psychological, quality of life, and general well-being damages, this falls within the concept of 'local interests and services' of constitutional Article 169, problems whose causes must be precisely identified and, even more so, the solutions, in order to implement them as soon as possible; for which the Municipality is responsible for coordinating with national-level institutions with the competence to act on the problem" (see Judgment No. 5445-1999).
Therefore, the Municipality of Alajuela—in response to the petitioner's complaint—indicated to the citizens that the complete pruning of the tree should be at their expense, because it is located in the green strip of the sidewalk. However, it cannot be overlooked that, according to the complaint, the tree could endanger the life and integrity of other pedestrians, for which the Municipality is obligated to provide some type of solution. That is, the Municipality of Alajuela cannot ignore such statements.
Although the petitioner has a series of duties, such as the conservation of the vegetation in front of their sidewalk, the truth is that the Municipality can carry out the pruning procedure, especially when the citizen alleges a lack of economic resources and that the tree could cause harm to the life, integrity, or property of the neighbors.
Consequently, the amparo action must be granted, without prejudice to the subsequent taking of the necessary actions for the collection of the fee from the citizen, if they deem it appropriate, according to the current regulations.
Particular reasons of Magistrate Rueda Leal. In this case, due to the danger to health and life posed by pruning a tree whose branches touch the electrical wiring, I consider that only ICE is competent for such a task. Consequently, I grant the action solely on the grounds of the unjustified delay by the Municipality of Alajuela in referring the matter at hand to ICE.
NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements more broadly. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction arises from that negligent administrative conduct, or vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as happens in this case, where it is claimed that there is a tree in front of the petitioner's home that endangers the people traveling through the area due to its proximity to the overhead power lines.
Dissenting vote of Magistrate Hernández Gutiérrez. The undersigned Magistrate dissents and declares the action dismissed in all its aspects based on the following considerations. I fully agree that, based on the principle of inter-institutional administrative coordination (Article 6 of the Municipal Code), it corresponds to the respondent municipal corporation, once its intervention is required, to obtain those licenses or authorizations required for cases such as this one regarding the cutting, removal, or elimination of a tree located on the sidewalk, and not the citizen, especially since according to Article 3, ibidem, these are responsible for the administration of local interests and services. Now, pursuant to Article 84 ibidem, which insofar as relevant provides that it corresponds to property owners to remove objects, materials, or similar items from the sidewalks or properties of their ownership that contaminate the environment or obstruct passage, it is the task of the petitioners to address the problem they claim. If so, it is the Municipality's faculty to collaborate with the intended removal, at the petitioners' choice.
Documentation provided to the case file. This Chamber must warn the petitioner that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means, or produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment. Otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary," approved by the Plenary Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore
The action is granted. It is ordered to Félix Angulo Márquez, in his capacity as Coordinator of the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela, or whoever holds his position, to: a) within THREE DAYS, counted from the notification of this judgment, refer the complaint filed by the petitioner on April 23, 2020, to the Costa Rican Institute of Electricity.
Furthermore, said official and Gustavo Morera Castro, in his capacity as Coordinator of the Maintenance Area of the Central Region of the Instituto Costarricense de Electricidad, or whoever holds those positions, are ordered, within a period of ONE MONTH from the notification of this resolution, and once institutional competences have been defined, for the respondent Institute and the appellant Municipality to coordinate what is necessary to proceed with the pruning of the tree, as it puts at risk the life and integrity of the residents of the area; without prejudice to subsequently taking the necessary actions to collect the fee from the individual subject to the administration, if they deem it appropriate, in accordance with current regulations. It is warned that failure to comply with said order will incur the crime of disobedience (delito de desobediencia) and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or cause it to be complied with, provided that the crime is not more severely penalized. The Instituto Costarricense de Electricidad and the Municipalidad de Alajuela are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceeding. Magistrate Rueda gives particular reasons and orders that Félix Angulo Márquez, in his capacity as Coordinator of the Environmental Management Subprocess of the Municipalidad de Alajuela, or whoever holds the position, immediately forward the petitioner's request to the Instituto Costarricense de Electricidad. Magistrate Salazar Alvarado places a note. Magistrate Hernández Gutiérrez dissents and declares the appeal without merit in all its aspects. Notify.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *Q6RGALDYKLQ61*
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200077370007CO* Res. Nº 2020009310 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de mayo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-007737-0007-CO, interpuesto por VIRGINIA CORRALES VARGAS, a favor de su persona y de JUAN RAFAEL BRENES BONILLA contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) Y LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.
Resultando:
Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 30 de abril de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el ICE y la Municipalidad de Alajuela, y manifiesta que ella y su esposo son personas adultas mayores, vecinos de Alajuela, quienes siempre han pagado los impuestos al día. Comenta que, el gobierno ha instado a la población local a reforestar las partes de las aceras que se encuentran al lado de la calle, con la finalidad de crear belleza y un ecosistema conectado a la biodiversidad, amigable con el ambiente, que ayude en el combate contra el calentamiento global, con lo cual se encuentra de acuerdo. Expone que el problema es que, con el paso del tiempo, algunos de esos árboles adquieren gran tamaño, al punto de atentar contra la seguridad de transeúntes y vehículos, si no se podan. En lo que a ella concierne, el árbol plantado en la acera frente a su casa de habitación es uno de esos casos. Refiere que, en fecha no indicada, el amparado remitió, aparentemente vía correo electrónico, una nota fechada 03 de agosto de 2018 al jefe de Mantenimiento del ICE, en la que gestionó la poda del mencionado árbol dado el peligro que representaba lo alto que habían llegado las ramas, así como la recolección de lo convertido en basura (véase prueba aportada). Según se desprende de la nota, el personal del ICE llegó a realizar la poda, pero como no se encontraban en ese momento, solo se podó el centro, dejándose ramas gruesas a los lados sin podar, comentando los colaboradores de ese instituto que eso era asunto municipal. Indica que, también en fecha no indicada, el amparado remitió, vía correo electrónico, una solicitud al Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, en ese sentido. No obstante, por oficio No. MA-SGA-183-2020 de 23 de febrero de 2020 suscrito por el coordinador de ese subproceso, simplemente contestó que, una vez realizada la inspección, esa dependencia no encontraba inconveniente en que se llevara a cabo la eliminación del árbol, pero que carece de recursos para efectuarla y que se limitaba a “la valoración técnica y la emisión del criterio correspondiente”. Alega que es una persona adulta mayor que depende de la pensión de su esposo, lo cual se le hace difícil presupuestariamente cubrir el costo de contratar personal y vehículo para realizar la poda. Reclama que, pese a las denuncias interpuestas, a la fecha de interposición del recurso, la situación continuaba igual, sin habérsele definido la poda de las ramas gruesas que atentan contra su seguridad y la de su esposo. Estima violentados sus derechos fundamentales y los del amparado, en especial dada la condición de ambos de personas adultas mayores. Informa bajo juramento Gustavo Morera Castro, en su condición de Coordinador del Área de Mantenimiento de la Región Central del ICE, que el 03 de agosto de 2018 recibió el correo del amparado, en el cual solicitó la poda del árbol en el INVU Las Cañas. Agrega que, el 06 de agosto de 2018, ordenó al funcionario del ICE, encargado de la supervisión del área, proceder con la programación de los trabajos de descuaje, los cuales fueron realizados el 14 de agosto de 2018. Explica que los trabajos realizados por el ICE fueron los que se encontraban en el ámbito de su competencia y necesarios para proteger las redes eléctricas, por lo que solicita se desestime el recurso planteado. Informa bajo juramento Félix Angulo Márquez, en su condición de Coordinador del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, que a la fecha solo han atendido una denuncia, no a través de la Plataforma de Servicios Institucional ni Contraloría de Servicios o Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA). Añade que, en atención a esa solicitud remitida vía correo electrónico por parte del amparado el 23 de abril de 2020, se efectuó una inspección el propio día, donde fue posible constatar que el árbol presentaba un crecimiento hacia las líneas del tendido eléctrico, lo cual eventualmente podía poner en riesgo la infraestructura cercana, razón por la cual esa dependencia llevó a cabo la eliminación de este, con el fin de corregir el problema. No obstante, señala que se le informó al recurrente que la tarea debía gestionarse por medios propios de cada administrado, y que además se requería realizar un manejo adecuado de los desechos generados durante esa labor y se le recomendó coordinar nuevamente con el ICE, dada la proximidad del tendido eléctrico a las ramas del árbol en cuestión. Por otro lado, manifiesta que, dentro de lo explicado al señor Brenes Bonilla, de acuerdo con el Manual de Procedimientos, el Subproceso de Gestión Ambiental interviene en estos casos única y exclusivamente para una valoración técnica del estado fitosanitario del árbol y la emisión del criterio correspondiente, ya que no se cuenta con maquinaria, equipo o personal de cuadrilla para efectuar poda de árboles, y que en los casos de árboles ubicados en parques y zonas verdes pertenecientes al distrito central de Alajuela deberán ser dirigidos directamente al encargado de Mantenimiento de Parques, Zonas Verdes y Obras de Ornato, por le contrario, cuando se determine que es necesaria la eliminación y/o poda de algún árbol ubicado en parques o zonas verdes que sean estrictamente propiedad municipal y se ubiquen fuera del distrito central de Alajuela se remitirá al Subproceso de Obras de Inversión Pública, de forma que destine personal, maquinaria y recursos para ello. Explica que, en el caso en particular, corresponde a un árbol ubicado dentro de la franja verde de la acera frente al inmueble propiedad de los recurrentes, por lo que es deber de todo propietario el limpiar la vegetación que crezca a orillas de las vías públicas y recortar la que perjudique o dificulte el paso de las personas frente a los lotes de su propiedad, tareas consistentes en limpiar o controlar la vegetación del lite o predio que obstaculice el paso o impida la seguridad de las personas, sistemas eléctricos, de acueductos y ornato. Solicita se desestime el recurso planteado. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,
Considerando:
ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-2545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una gestión relacionada con la integridad de las personas. Objeto del recurso. La parte recurrente acude en amparo y manifiesta que al frente de su casa de habitación se encuentra un árbol que pone en peligro la salud de las personas que transitan esa zona debido a la cercanía que posee con el tendido eléctrico, para lo cual interpuso una solicitud de poda ante la Jefatura de Mantenimiento del ICE. Sin embargo, estima que esta no fue realizada de forma correcta y el peligro se ha mantenido. Por lo anterior, en el año 2020 requirió colaboración a la Municipalidad de Alajuela, sin embargo, ese ente le informó, que no se encontraba inconveniente en que se llevara a cabo la eliminación del árbol, pero que carece de recursos para efectuarla y que se limitaba a “la valoración técnica y la emisión del criterio correspondiente”. Alega que es una persona adulta mayor que depende de la pensión de su esposo, lo cual se le hace difícil presupuestariamente cubrir el costo de contratar personal y vehículo para realizar la poda. Acusa que a la fecha no se ha definido la situación, la cual pone en riesgo su salud y la de su familia. Solicita intervención de esta Sala. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Hechos no probados. No se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:
SOBRE LA OBLIGACIÓN OBJETIVA DEL ESTADO DE TUTELAR LA VIDA HUMANA. Este Tribunal Constitucional ha reconocido la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana y se ha pronunciado sobre las omisiones administrativas que atentan contra la seguridad vial y la integridad física de las personas. Sobre el particular, cabe referir lo dispuesto en sentencia Nº 2008-18443 de las 18:01 horas del 11 de diciembre de 2008, donde se indicó: “Previo análisis del caso concreto, conviene indicar lo dicho por esta Sala en cuanto a la obligación objetiva del Estado de tutelar la vida humana, en el sentido que ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado junto con el derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, que su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado de que se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo, la tortura o la pena de muerte, o bien, que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través del sistema penal. No obstante, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que no debe perturbar la existencia física de las personas y, además, debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza. De ahí que, por ejemplo, los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. En consecuencia, se trata de que el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente. Así, la posibilidad de exigir judicialmente, a través de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas, de forma tal que si, por ejemplo, una determinada comunidad estimara necesario contar con un hospital para la atención de sus pobladores (o de cualquier otra obra pública) no es por la vía del amparo que se debe exigir, sino a través de los mecanismos previamente establecidos y ante los órganos y entes competentes, quienes deberán atender la petición y resolver su procedencia técnica, que no implica necesariamente una respuesta positiva. De lo anterior, se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (ver en este sentido la sentencia número 2003-11519 de las diez horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil tres)”. Sobre el caso concreto. Después de haber analizado los informes y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala verifica la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. Primeramente, se ha tenido por acreditado que los recurrentes son vecinos del INVU Las Cañas, Desamparados, Alajuela. Aducen que al frente de su vivienda hay un árbol que supuestamente “ha crecido en forma desmedida del lado de la acera del cordón de caño de mi casa… porque al estar tan alto; tanto es así, que sus ramas cubren, o dan sombra a la mitad de la calle… lo que puede ocasionar un accidente a los transeúntes o vehículos que pasan a diario por el lugar”. Respecto del ICE.
En el informe rendido esta autoridad señaló que el 03 de agosto de 2018, recibió una denuncia por parte del recurrente, en el que solicitó la poda del árbol en INVU Las Cañas #3. A propósito de esta gestión, el 14 de agosto de 2018, el personal del ICE llegó a realizar la poda, sólo se podó el centro, dejándose unas ramas gruesas a los lados sin podar. En cuanto a las ramas gruesas a los lados sin podar, funcionarios del ICE indicaron que eso era un asunto municipal (hecho no controvertido).
La forma en que se podó el árbol por parte del ICE, fue defendida bajo el argumento de que la norma técnica denominada “Supervisión de la Comercialización del Suministro Eléctrico en Baja y Media Tensión” (AR-NT-SUCOM), dispone que la empresa eléctrica tiene el deber de velar, vigilar y coordinar las labores pertinentes, para que los obstáculos que puedan afectar las redes aéreas, sean removidos o eliminados, de tal modo que no interfieran con la calidad, continuidad y cantidad del suministro eléctrico.
No obstante, no se tiene por probado que el ICE de manera posterior al 14 de abril de 2018 haya velado por continuar evitando, al menos periódicamente, los riegos del tendido eléctrico ocasionados por el natural y previsible crecimiento del árbol. Tampoco consta que comunicara a la Municipalidad de Alajuela -encargada de velar por los intereses de los munícipes- el riesgo que podría generar el estado del árbol y, que únicamente se cortó el centro, precisamente porque ello era lo único que estorbaba las líneas eléctricas. Es decir, el ICE no demostró que se le haya dado el debido seguimiento -mediante coordinación con la Municipalidad de Alajuela- y ni vigilancia al estado del árbol, en resguardo de las líneas eléctricas y, sobre todo del posible riesgo que podría implicar para los vecinos. El estado actual del árbol podría poner en riesgo el tendido eléctrico y, por ende, según la norma técnica de la ARESEP -la cual alega el ICE-, ya existiría responsabilidad de intervenir por parte del Instituto recurrido.
Respecto de la Municipalidad de Alajuela Esta autoridad justifica su actuación señalando que el 23 de abril de 2020 se recibió una denuncia por parte del recurrente, en la que solicitó la colaboración municipal ante aparentes inconvenientes generados por un árbol ubicado al borde de la acera y frente al inmueble del denunciante. El 23 de abril de 2020, la corporación municipal efectuó una inspección, en el lugar denunciado, sea en el INVU, Las Cañas, Desamparados, Alajuela y, se concluyó que “el árbol presenta en efecto, un crecimiento hacia las líneas de tendido eléctrico, que eventualmente pueden poner en riesgo de la infraestructura cercana”. Ante ello, la autoridad municipal no encontró inconveniente en llevar a cabo la eliminación de este, “para corregir el problema”.
Además, la Municipalidad de Alajuela sostuvo que la tarea de poda total del árbol debía ser efectuado por cuenta del administrado y que debía “coordinar nuevamente con el ICE, dada la proximidad del tendido eléctrico a las ramas del árbol en cuestión”. De igual manera, justificaron la negativa en podar el árbol -de forma definitiva-, porque según el Manual de Procedimientos (código No. SP-GA-03), el Sub Proceso de Gestión Ambiental interviene únicamente para los casos de valoración técnica del estado fitosanitario del árbol y, la emisión del criterio correspondiente, ya que, esa oficina en específico no cuenta con maquinaria, equipo y personal de cuadrilla para efectuar corta o podas de árboles.
Bajo esa inteligencia, la Municipalidad de Alajuela fundamentó su actuar basado en que el árbol está ubicado en la franja verde de la acera frente al inmueble propiedad de la parte recurrente, por lo que, según el Reglamento para el Establecimiento y cobro de tarifas por el Incumplimiento de los Deberes de los Munícipes de la Municipalidad de Alajuela, en su artículo 5 dispone “como deber de todo propietario el limpiar la vegetación que crezca a orillas de las vías públicas y recortar la que perjudique o dificulte el paso de las personas, frente a los lotes de su propiedad”. Incluso, que el artículo 9 inciso a) de la citada normativa municipal, señala que la Municipalidad está en la obligación de darle un plazo al contribuyente para que realice una obra -ante un presunto incumplimiento a los deberes del munícipe-, al establecer: “a) Limpiar o controlar la vegetación del lote o predio que obstaculice el paso o impida la seguridad de las personas, sistemas eléctricos, de acueductos o alcantarillados, así como el ornato y aseo de una comunidad(…) La limpieza y cuidado de las vías publicas deberá contemplar la limpieza de toda vegetación dañina indeseable en las orillas de acera, los cordones de caño, cunetas o canal de tierra a la orilla de los caminos públicos, las rondas y paredones, así como la poda de las ramas de los árboles que den sombra a los caminos públicos y el descuaje de cercas” (el resaltado no es del original).
La Municipalidad de Alajuela afirmó que la poda del árbol es responsabilidad del administrado, basándose en los artículos 5 y 9 del Reglamento para el Establecimiento y cobro de tarifas por el Incumplimiento de los Deberes de los Munícipes de la Municipalidad de Alajuela, que valga decir, en su artículo No. 10 dispone: “Artículo 10.-Efectos del incumplimiento. Hecha la notificación correspondiente y transcurrido el plazo otorgado al munícipe sin que éste hubiese realizado las obras prevenidas; quedará facultada la Municipalidad para proceder a la imposición de multas y facultativamente, para realizar por su cuenta dichas labores debiendo el munícipe cancelar la tarifa correspondiente” (El resaltado no es del original).
La Municipalidad de Alajuela en ningún momento remitió dicha gestión ante el ICE, y es lo cierto que debió haberlo hecho, de conformidad con el principio de coordinación interinstitucional.
Sobre la base de lo dicho, esta Sala estima que el recurso deviene en procedente, por los siguientes motivos. En efecto, se tiene por constatado que frente a la vivienda del recurrente hay un árbol, que el 14 de agosto de 2018, el ICE podó únicamente las ramas del centro, dejándose ramas gruesas a los lados. Nótese que ninguna de las autoridades recurridas, el ICE o la Municipalidad de Alajuela, desacreditaron que la forma en que el árbol se podó, así como su condición actual, podría generar un riesgo para la vida e integridad de los transeúntes y los vecinos de la comunidad del INVU #3. Es decir, no informaron o brindaron elementos de prueba fehacientes que desacreditaran el dicho de la parte recurrente, sea la posibilidad del desplome del árbol. Es más, la Municipalidad de Alajuela indicó que la existencia del árbol sí estaría afectando la acera, el acueducto y, estaría poniendo en riesgo las líneas eléctricas.
Entonces, cabe advertir que esta Sala no desconoce las obligaciones que pueden tener los munícipes con las respectivas Municipalidades. En este caso, la Municipalidad de Alajuela alega que, según el Reglamento para el Establecimiento y cobro de tarifas por el Incumplimiento de los Deberes de los Munícipes de la Municipalidad de Alajuela, la obligación de la poda del árbol es del administrado. Sin embargo, este caso tiene una serie de particularidades, que a continuación se resaltan: a) el estado actual del árbol está poniendo en riesgo las líneas eléctricas (cfr. informe de la Municipalidad de Alajuela); b) el estado actual del árbol pone en riesgo la vida e integridad de la parte recurrente o de los transeúntes; y, c) que la parte recurrente alega no tener recursos económicos para poderle hacer frente a la poda del árbol.
Además, es deber del ente municipal velar por la integridad de los transeúntes y cumplir lo que dispone el artículo 169 de la Constitución Política. Este Tribunal Constitucional ha resuelto que “si un grupo de munícipes, en su circunscripción territorial, sufre de riesgo para sus vidas y graves daños patrimoniales, psicológicos, calidad de vida y bienestar general, esto se enmarca dentro del concepto de ´intereses y servicios locales´ del numeral 169 constitucional, problemas cuyas causas tienen que ser identificadas con precisión y, más aún, las soluciones, a fin de implementarlas a la mayor brevedad posible; para lo cual corresponde a la Municipalidad coordinar con las instituciones de nivel nacional con competencia para actuar sobre el problema” (véase sentencia No. 5445-1999).
Entonces, la Municipalidad de Alajuela -en atención a la denuncia de la parte recurrente - le indicó a los administrados, que la poda total del árbol debía ser a cargo de ellos, porque se encuentra en la franja verde de la acera. Sin embargo, no puede perderse de vista que, según lo denunciado, el árbol podría poner en riesgo la vida e integridad del resto de transeúntes, de la cual, la Municipalidad está en la obligación de brindar algún tipo de solución. Es decir, la Municipalidad de Alajuela no puede hacer caso omiso a dichas manifestaciones.
Si bien la parte recurrente tiene una serie de deberes, como lo es la conservación de la vegetación frente a su acera, lo cierto es que la Municipalidad puede realizar el trámite de poda, máxime cuando, el administrado alega la falta de recursos económicos y, que el árbol podría generar afectación a la vida, la integridad o a la propiedad de los vecinos.
En consecuencia, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, sin demérito que se tomen posteriormente las actuaciones necesarias para el cobro de la tarifa contra el administrado, si estiman que así corresponde, según la normativa vigente.
Razones particulares del Magistrado Rueda Leal. En la especie, debido al peligro para la salud y la vida que implica la poda de un árbol, cuyas ramas pegan con el alambrado eléctrico, considero que solo al ICE compete tal tarea. Por consiguiente, declaro con lugar el recurso únicamente por la tardanza injustificada de la Municipalidad de Alajuela en remitir el asunto de marras al ICE. NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se acusa que existe un árbol frente a la casa de habitación de la parte recurrente que ponen en riesgo a las personas que transitan la zona debido a su cercanía con el tendido eléctrico. Voto salvado del Magistrado Hernández Gutiérrez. El suscrito Magistrado salva el voto y declara sin lugar el recurso en todos sus extremos con base en las siguientes consideraciones. Concuerdo plenamente en que, con base en el principio de coordinación administrativa interinstitucional (artículo 6 del Código Municipal), corresponde a la corporación municipal recurrida, una vez requerida su intervención, recabar aquellas licencias o autorizaciones que se exigen para casos como este relativos a la corta, remoción o eliminación de un árbol situado en la acera, y no al ciudadano, máxime que conforme al artículo 3, ibídem, estas son responsables de la administración de los intereses y servicios locales. Ahora bien, conforme artículo 84 ibídem, que en lo que interesa dispone que corresponde a los propietarios remover los objetos, materiales o similares de las aceras o los predios de su propiedad que contaminen el ambiente u obstaculicen el paso, es tarea de los recurrentes la atención del problema que reclaman. Si es así es facultad de la Municipalidad colaborar con la eliminación pretendida, a elección de los recurrentes. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Félix Angulo Márquez, en su condición de Coordinador del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, o a quien ocupe su cargo, que: a) en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación de esta sentencia, remita la denuncia planteada por el recurrente el 23 de abril de 2020, al Instituto Costarricense de Electricidad. Además, se la ordena a dicho funcionario y a Gustavo Morera Castro, en su condición de Coordinador del Área de Mantenimiento de la Región Central del Instituto Costarricense de Electricidad, o a quienes ocupen esos cargos, que dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta resolución, y, una vez definida las competencias institucionales, el Instituto accionado y la Municipalidad recurrida, coordinen lo necesario para proceder a la poda del árbol, por poner en riesgo la vida e integridad de los vecinos de la zona; sin demérito que se tomen posteriormente las actuaciones necesarias para el cobro de la tarifa contra el administrado, si estiman que así corresponde, según la normativa vigente. Se advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Electricidad y a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Rueda da razones particulares y ordena que de inmediato Félix Angulo Márquez, en su condición de Coordinador del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, o a quien ocupe el cargo, que le remita la gestión del petente al Instituto Costarricense de Electricidad. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. El Magistrado Hernández Gutiérrez salva el voto y declara sin lugar el recurso en todos sus extremos. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *Q6RGALDYKLQ61*
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