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Res. 09263-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/05/2020
OutcomeResultado
The Chamber partially granted the amparo, ordering the Municipality of Alajuela and the Ministry of Health to take immediate measures to definitively resolve the problems reported by the petitioner, with costs imposed.La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso y ordenó a la Municipalidad de Alajuela y al Ministerio de Salud adoptar medidas inmediatas para solucionar definitivamente los problemas denunciados por la recurrente, con condena en costas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by an elderly woman claiming that her neighbor maintains a damaged fence, overgrowth, and debris, and discharges stormwater onto her property, despite repeated complaints to the Municipality of Alajuela and the Health Authority. A prior amparo (case 18-005560-0007-CO) had been granted, but the municipality merely classified the matter as a third-party dispute and took no action. The Ministry of Health issued sanitary orders that were not complied with; the criminal complaint for disobedience was dismissed. The Chamber holds that although there is a neighbor dispute, the Administration must exercise its legal powers. The amparo is partially granted: the Municipality is ordered to resolve the issue within one month, and the Health Authority must take immediate measures for a definitive solution. Costs are imposed. Justice Hernández dissents, considering the matter belongs in the administrative contentious jurisdiction.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una adulta mayor que denuncia que su vecino mantiene una malla en mal estado, maleza y escombros, y descarga aguas pluviales hacia su propiedad, pese a reiteradas quejas ante la Municipalidad de Alajuela y el Área Rectora de Salud. El recurso previo (exp. 18-005560-0007-CO) fue declarado con lugar, pero la municipalidad se limitó a calificar el conflicto como entre terceros y no resolvió. El Ministerio de Salud emitió órdenes sanitarias que no fueron cumplidas; la denuncia penal por desobediencia fue desestimada. La Sala estima que, si bien existe un conflicto entre vecinos, la Administración debe ejercer sus potestades legales. Declara parcialmente con lugar: ordena a la Municipalidad solucionar el problema en un mes y al Ministerio de Salud adoptar medidas inmediatas para una solución definitiva. Se condena al pago de costas. La Magistrada Hernández salva el voto y declara sin lugar el recurso por considerar que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Key excerptExtracto clave
VI.- Regarding the actions taken by the Alajuela II Health Authority, it has been stated under oath to this Chamber that the complaints have been addressed, inspections have been carried out, and the sanitary orders deemed appropriate have been issued; it was even affirmed that the corresponding complaint was filed with the Public Prosecutor's Office for disobedience to authority and for endangering the health and safety of the neighbors. However, even though it is true that the Ministry of Health authorities have taken some actions within their remit, it is also true that they have not been as diligent and expeditious as the situation required to resolve the reported problems, and therefore their actions have been insufficient to correct the serious facts reported by the petitioner, while time continues to pass and those problems worsen day by day. As established by Article 21 of the Political Constitution, Article 2 of the General Health Law, and Article 2 of the Organic Law of the Ministry of Health, the Ministry of Health is the body responsible for the essential function of safeguarding the health of the inhabitants of the Republic, and must adopt all general and specific measures necessary to ensure the full enjoyment of that right. Accordingly, the Chamber considers that these omissions as well as the actions taken have caused violations of the petitioner's rights and, therefore, the amparo must be granted with respect to the Ministry of Health, ordering that, in coordination with whoever is appropriate, the necessary measures be adopted immediately to provide the petitioner with a definitive solution to the problems reported in this amparo, which have been brought to the Ministry's attention for a long time.VI.- En cuanto a las acciones realizadas por el Área Rectora de Salud Alajuela II, bajo juramento se ha afirmado a esta Sala que las denuncias han sido atendidas, que se ha hecho la inspección del caso y se han girado las órdenes sanitarias que se consideraron procedentes, afirmándose inclusive que se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad y por ponerse en riesgo la salud y seguridad de los vecinos. Ahora bien, a pesar de que es cierto que las autoridades del Ministerio de Salud en lo que a su cargo compete, han dictado algunas actuaciones, también es lo cierto que no han sido lo diligentes y céleres que la situación requería para darle solución a los problemas denunciados, con lo cual, sus actuaciones han sido insuficientes para corregir los graves hechos denunciados por la recurrente y mientras tanto el tiempo sigue transcurriendo y aquellos problemas se van agravando cada día más. Tal y como lo establecen los artículos 21, de la Constitución Política, el artículo 2, de la Ley General de Salud, así como el artículo 2, de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, es el órgano al que, le corresponde la función esencial de velar por la salud de los habitantes de la República, debiendo adoptar todas las medidas generales y particulares necesarias para garantizar el pleno disfrute de ese derecho. Así las cosas, estima la Sala que esas omisiones así como actuaciones dictadas, han ocasionado vulneraciones a los derechos del recurrente y por tanto, el amparo debe ser estimado en cuanto al Ministerio de Salud, debiendo ordenarse que previa coordinación con quien fuere procedente, se adopten de manera inmediata las medidas que sean necesarias para darle a la amparada, una solución definitiva a los problemas que fueron denunciados en este amparo y que han sido puestos en conocimiento de ese Ministerio desde hace mucho tiempo.
Pull quotesCitas destacadas
"Ciertamente, en el presente asunto, es claro que existe un conflicto entre terceros por el mal estado de una malla que le provoca daños a la propiedad y eventualmente, lesiones a la integridad de la amparada, quien es una persona adulta mayor; sin embargo, esto no es óbice para que la Administración Municipal no ejecute las acciones que la ley le permite para solventar esa situación."
"Certainly, in this case, it is clear that there is a conflict between third parties due to the poor condition of a fence causing property damage and potentially harming the physical integrity of the petitioner, who is an elderly person; however, this does not prevent the Municipal Administration from taking the actions permitted by law to resolve the situation."
Considerando V
"Ciertamente, en el presente asunto, es claro que existe un conflicto entre terceros por el mal estado de una malla que le provoca daños a la propiedad y eventualmente, lesiones a la integridad de la amparada, quien es una persona adulta mayor; sin embargo, esto no es óbice para que la Administración Municipal no ejecute las acciones que la ley le permite para solventar esa situación."
Considerando V
"Tal y como lo establecen los artículos 21, de la Constitución Política, el artículo 2, de la Ley General de Salud, así como el artículo 2, de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, es el órgano al que, le corresponde la función esencial de velar por la salud de los habitantes de la República, debiendo adoptar todas las medidas generales y particulares necesarias para garantizar el pleno disfrute de ese derecho."
"As established by Article 21 of the Political Constitution, Article 2 of the General Health Law, and Article 2 of the Organic Law of the Ministry of Health, the Ministry of Health is the body responsible for the essential function of safeguarding the health of the inhabitants of the Republic, and must adopt all general and specific measures necessary to ensure the full enjoyment of that right."
Considerando VI
"Tal y como lo establecen los artículos 21, de la Constitución Política, el artículo 2, de la Ley General de Salud, así como el artículo 2, de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, es el órgano al que, le corresponde la función esencial de velar por la salud de los habitantes de la República, debiendo adoptar todas las medidas generales y particulares necesarias para garantizar el pleno disfrute de ese derecho."
Considerando VI
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
"In environmental matters, it is my view that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution belong to the administrative contentious jurisdiction. However, I do address the merits when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: May 22, 2020, at 09:15 Case File: 20-007414-0007-CO Reviewed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER *200074140007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on May twenty-second, two thousand twenty.
An *amparo* appeal processed in case file number 20-007414-0007-CO, filed by LUZ MARY SEGURA CASTILLO, identity card number 0604950922, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA and the MINISTRY OF HEALTH.
Whereas:
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,
Considering:
The appellant alleges that her neighbor placed a wire mesh fence on part of her property, which is why two years ago she had to file an *amparo* appeal against the Municipality of Alajuela before this Chamber. That appeal was granted, and the Municipality was ordered to solve the problem; however, the only thing that entity did was transfer the case to the Prosecutor's Office, where the process was archived. Given this scenario, she affirms that she had to go back to the Ministry of Health to present her predicament; hence, several officials from that ministry came to her house and told her they would order her adjacent landowner to clear the weeds, the debris, the stormwater, and to fix the wire mesh fence that existed between both properties. However, she accuses that more than a year has passed since that time without her situation being resolved, causing environmental and health problems.
Starting with Judgment No. 2008-002545 at 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred—with some exceptions—to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied with the deadlines established by the General Public Administration Act or special laws for resolving the administrative procedures or appeals filed. In the case file, an exception case arises, as it involves a possible violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is why it is considered meritorious to resolve the matter on its merits.
The following facts are deemed duly proven as relevant to the decision of this matter, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
Regarding the Municipality of Alajuela:
Regarding the Governing Health Area of Alajuela II:
The following facts relevant to this resolution are not considered demonstrated:
The appellant alleges that she has repeatedly denounced before the Municipality of Alajuela and the Governing Health Area of Alajuela 2 the situation caused by the placement of a wire mesh fence on the property she adjoins, as well as the poor channeling of stormwater, which discharges onto her property; however, the problem continues and the respondent entities take no action. From the report rendered by the respondent authorities, which is given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it is evident that, indeed, in 2018, case file 18-005560-0007-CO was processed before this Chamber, in which the protected party denounced the inaction of the respondent municipality regarding a complaint filed since November 14, 2017, which was granted, allowing a one-month period to definitively resolve said complaint; therefore, in compliance with what was ordered by this Chamber, the respondent Municipality resolved that the matter denounced corresponds to conflicts between third parties, and therefore it is not the competence of the municipal authority to resolve this type of conflicts.
However, on February 3, 2020, the protected party again filed a complaint with the respondent municipality, indicating that the wire mesh fence dividing her land from the adjacent lot is damaging her gutters, there is a lot of weeds, and she has problems with stormwater, for which reason an inspection was carried out at the scene of the events and, through official letter MA-ADM-391-2020, a response was given to the protected party indicating that the arguments raised correspond to conflicts between third parties, and therefore it is not the competence of this authority to oversee this type of conflicts, according to the provisions of Article 84 of the Municipal Code. Certainly, in the present matter, it is clear that there is a conflict between third parties due to the poor condition of a wire mesh fence that causes damage to the property and, eventually, injuries to the integrity of the protected party, who is an elderly person; however, this is not an impediment for the Municipal Administration to execute the actions that the law allows it to take to resolve that situation.
Pursuant to Articles 66, 67, and 96 of the Construction Law (Ley de Construcciones), the Municipalities are empowered, in situations like the one under examination, to close down (clausuren) works carried out outside the guidelines established by housing and urban planning provisions and to impose fines in case of recidivism of the offenses, as well as to demolish the works and carry out the necessary improvements at the cost of the non-compliant party. Therefore, regarding this aspect of the appeal, the proper course is to grant the appeal.
VI.As for the actions taken by the Governing Health Area of Alajuela II, it has been affirmed under oath to this Chamber that the complaints have been addressed, that the corresponding inspection has been carried out, and the sanitary orders that were deemed appropriate have been issued, even affirming that the corresponding complaint was filed with the Public Prosecutor's Office for disobedience to authority and for endangering the health and safety of the neighbors. Now, although it is true that the authorities of the Ministry of Health, within their purview, have issued certain actions, it is also true that they have not been as diligent and swift as the situation required to provide a solution to the problems denounced, whereby their actions have been insufficient to correct the serious facts denounced by the appellant, and meanwhile, time continues to pass, and those problems worsen daily.
As established by Article 21 of the Political Constitution, Article 2 of the General Health Law (Ley General de Salud), as well as Article 2 of the Organic Law of the Ministry of Health (Ley Orgánica del Ministerio de Salud), the Ministry of Health is the body responsible for the essential function of ensuring the health of the inhabitants of the Republic, and must adopt all general and particular measures necessary to guarantee the full enjoyment of that right. Accordingly, the Chamber considers that these omissions as well as the actions issued have caused violations of the appellant's rights, and therefore, the *amparo* must be granted regarding the Ministry of Health, and it must be ordered that, in prior coordination with whomever is appropriate, the necessary measures be adopted immediately to provide the protected party with a definitive solution to the problems that were denounced in this *amparo* and that have been brought to the attention of that Ministry for a long time.
By virtue of the foregoing considerations, it is appropriate to partially grant the appeal, with the consequences detailed in the operative part of this judgment.
In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if the Public Administration has already intervened, their knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the poor condition of the wall (tapia) adjoining the appellant's home and the water seepage causing water stagnation are denounced, which affects her health and that of her family, in violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
IX.DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.
1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable change that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as protected under Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an extensive legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Constitution—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed on the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Today, we are faced with a "dense network" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this growing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive means of legal standing have been extensively regulated, so that the administered parties can enforce what is established in this broad legal order related to the environmental issue.
3. In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective enforcement of laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its powers with those of other jurisdictional bodies that—they themselves—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts, which consist of series of technically and legally complex facts and acts. There are well-known examples of both issues in which the Chamber has issued a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have execution of judgment judges that would allow adequate follow-up on them—generally complex—which sometimes involve follow-up on remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and monitoring lasting months and even years.
5. From that perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental field, but on the contrary, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the declination of this instance from its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, is reserved in this matter for specific cases. Rather, it is an exercise of readjusting the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of establishing its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although any claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law.
It is therefore a matter of ensuring that this Chamber becomes a protagonist together with others, so that—each and every one in their own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection but gains substantially in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of mandatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.- 7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber should decline to hear claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their adjudication in the hands of the administrative justice system and the administrative contentious jurisdiction.
The foregoing is stated in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases which, in my opinion, would indeed be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can indicate that this Chamber should reserve the adjudication of situations such as, for example, claims for environmental violations that also pose a direct risk to people’s health, or to access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by the state authorities is verified, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural mechanism, since I also believe that the amparo should not be “ordinary-ized” in order to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be properly addressed within it.
8. In the specific case, in accordance with the proven facts, none of the exceptions mentioned are present and the situation raised falls within those cases in which the intervention of the protective mechanisms of the Administration and the ordinary courts proves to be a broader and more complete avenue for the matter under discussion, which involves a discussion of advantages and disadvantages and an assessment of benefits, requiring abundant evidence, follow-ups, and studies that exceed the scope of the amparo. Thus, Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law should have been applied and the recourse should have been rejected outright; however, this not having happened, it is now appropriate to declare the amparo filed without merit.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in Sessions No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Sessions No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The recourse is partially granted. Humberto Soto Herrera, in his capacity as Alcalde Municipal of Alajuela, or whoever holds said office, is ordered, within one month from the notification of this Judgment, to coordinate and issue the necessary orders so that the problem reported by the petitioner on February 3, 2020, is resolved. Likewise, Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud of Alajuela II, or whoever exercises that office in his stead, is ordered to proceed immediately to adopt the necessary measures so that, within one month from the notification of this judgment, a definitive solution is provided to all the problems reported by the petitioner in this amparo. The State and the Municipalidad de Alajuela are ordered to pay costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the enforcement of judgment of the administrative contentious jurisdiction.
The respondent authority is warned that failure to comply with said order shall incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo recourse, and fails to fulfill it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. Judge Salazar Alvarado sets a note. Judge Hernández López dissents and declares the recourse without merit. Notify.- \t Fernando Castillo V.
\t Paul Rueda L.
\t \t Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
\t \t Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
\t \t Jose Paulino Hernández G.
*WB6XDPFDTRY61*
*200074140007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de mayo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-007414-0007-CO, interpuesto por LUZ MARY SEGURA CASTILLO, cédula de identidad 0604950922, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA y el MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
La recurrente alega que su vecino colocó en parte del terreno de su propiedad, una malla, motivo por el que hace dos años debió incoar ante esta Sala, un recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuela. Ese recurso, fue declarado con lugar, y en él se ordenó a la Municipalidad solucionar el problema; empero, lo único que hizo esa entidad fue trasladar el caso a la Fiscalía, donde se archivó el proceso. Ante dicho escenario, afirma que debió acudir de nuevo al Ministerio de Salud a exponer su predicamento; de ahí que, se presentaron a su casa varios funcionarios de esa cartera, quienes le dijeron que ordenarían a su colindante limpiar la maleza, los escombros, las aguas pluviales, y acomodar la malla que existía entre ambas propiedades. Sin embargo, acusa que, desde ese momento, ha transcurrido más de un año sin que su situación se haya arreglado, causando problemas ambientales y de salud.
A partir de la Sentencia N° 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública o leyes especiales para resolver los procedimientos o recursos administrativos interpuestos. En autos, se plantea un supuesto de excepción, al tratarse de una posible violación al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, razón por la cual se considera de mérito resolver lo planteado por el fondo.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
En relación con la Municipalidad de Alajuela:
En relación con el Área Rectora de Salud Alajuela II:
No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:
La recurrente alega que ha denunciado en varias ocasiones ante la Municipalidad de Alajuela y el Área Rectora de Salud de Alajuela 2, la situación que se ha generado por la colocación de una malla en la propiedad con la que colinda, así como por la mala canalización de aguas pluviales, las cuales se descargan en su propiedad; sin embargo, el problema continúa y las accionadas no emiten acción alguna. Del informe rendido por las autoridades recurridas, el cual es rendido bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica, se desprende que, efectivamente, en el año 2018, se tramitó ante esta Sala el expediente 18-005560-0007-CO, en el que la amparada denunció la inacción de la municipalidad recurrida ante una denuncia presentada desde el 14 de noviembre de 2017, el cual fue declarado con lugar otorgando el plazo de un mes para resolver de forma definitiva dicha denuncia, por lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado por esta Sala, la Municipalidad recurrida resolvió que lo denunciado corresponde a conflictos entre terceros, por lo que no es competencia de la autoridad municipalidad resolver este tipo de conflictos.
Sin embargo, el 3 de febrero de 2020, la amparada volvió a interponer una queja ante el municipio recurrido, indicando que la malla que divide su terreno del lote colindante le está dañando las canoas, existe mucha maleza y tiene problemas con aguas pluviales, razón por la cual se realizó una inspección en el lugar de los hechos y, mediante el oficio MA-ADM-391-2020, se le dio respuesta a la amparada indicándole que los argumentos que se plantean corresponden a conflictos entre terceros, por lo que no es competencia de esta autoridad velar por este tipo de conflictos, según lo establecido en el artículo 84, del Código Municipal. Ciertamente, en el presente asunto, es claro que existe un conflicto entre terceros por el mal estado de una malla que le provoca daños a la propiedad y eventualmente, lesiones a la integridad de la amparada, quien es una persona adulta mayor; sin embargo, esto no es óbice para que la Administración Municipal no ejecute las acciones que la ley le permite para solventar esa situación.
A tenor de lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 96, de la Ley de Construcciones, las Municipalidades están facultadas para que, en situaciones como la de examen, clausuren las obras realizadas fuera de los lineamientos establecidos por las disposiciones de vivienda y urbanismo e imponga multas en caso de reincidencia de las faltas, así como demoler las obras y realizar las mejoras necesarias a costa del incumpliente. De manera, que en cuanto este extremo del recurso, lo procedente es declarar con lugar el recurso.
VI.En cuanto a las acciones realizadas por el Área Rectora de Salud Alajuela II, bajo juramento se ha afirmado a esta Sala que las denuncias han sido atendidas, que se ha hecho la inspección del caso y se han girado las órdenes sanitarias que se consideraron procedentes, afirmándose inclusive que se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad y por ponerse en riesgo la salud y seguridad de los vecinos. Ahora bien, a pesar de que es cierto que las autoridades del Ministerio de Salud en lo que a su cargo compete, han dictado algunas actuaciones, también es lo cierto que no han sido lo diligentes y céleres que la situación requería para darle solución a los problemas denunciados, con lo cual, sus actuaciones han sido insuficientes para corregir los graves hechos denunciados por la recurrente y mientras tanto el tiempo sigue transcurriendo y aquellos problemas se van agravando cada día más.
Tal y como lo establecen los artículos 21, de la Constitución Política, el artículo 2, de la Ley General de Salud, así como el artículo 2, de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, es el órgano al que, le corresponde la función esencial de velar por la salud de los habitantes de la República, debiendo adoptar todas las medidas generales y particulares necesarias para garantizar el pleno disfrute de ese derecho. Así las cosas, estima la Sala que esas omisiones así como actuaciones dictadas, han ocasionado vulneraciones a los derechos del recurrente y por tanto, el amparo debe ser estimado en cuanto al Ministerio de Salud, debiendo ordenarse que previa coordinación con quien fuere procedente, se adopten de manera inmediata las medidas que sean necesarias para darle a la amparada, una solución definitiva a los problemas que fueron denunciados en este amparo y que han sido puestos en conocimiento de ese Ministerio desde hace mucho tiempo.
En mérito de las consideraciones anteriores, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa el mal estado de la tapia que colinda con la vivienda del recurrente y la filtración de agua que provoca estancamiento de aguas, lo que afecta su salud y la de su familia, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
IX.VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo, tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7.
En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto
Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Humberto Soto Herrera, en su condición de Alcalde Municipal de Alajuela, o a quien ocupe dicho cargo, que en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, coordine y gire las órdenes necesarias para que se solucione el problema denunciado por la recurrente, el 3 de febrero de 2020. Asimismo, se ordena a Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Alajuela II, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, proceder de manera inmediata a adoptar las medidas que sean necesarias, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, brinde una solución definitiva a todos los problemas denunciados por la recurrente en este amparo. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Se advierte a la autoridad recurrida que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Hernández López salva el voto y declara sin lugar el recurso. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
*WB6XDPFDTRY61*
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