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Res. 09263-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/05/2020
OutcomeResultado
The Chamber partially granted the amparo, ordering the Municipality of Alajuela and the Ministry of Health to take immediate measures to definitively resolve the problems reported by the petitioner, with costs imposed.La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso y ordenó a la Municipalidad de Alajuela y al Ministerio de Salud adoptar medidas inmediatas para solucionar definitivamente los problemas denunciados por la recurrente, con condena en costas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by an elderly woman claiming that her neighbor maintains a damaged fence, overgrowth, and debris, and discharges stormwater onto her property, despite repeated complaints to the Municipality of Alajuela and the Health Authority. A prior amparo (case 18-005560-0007-CO) had been granted, but the municipality merely classified the matter as a third-party dispute and took no action. The Ministry of Health issued sanitary orders that were not complied with; the criminal complaint for disobedience was dismissed. The Chamber holds that although there is a neighbor dispute, the Administration must exercise its legal powers. The amparo is partially granted: the Municipality is ordered to resolve the issue within one month, and the Health Authority must take immediate measures for a definitive solution. Costs are imposed. Justice Hernández dissents, considering the matter belongs in the administrative contentious jurisdiction.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por una adulta mayor que denuncia que su vecino mantiene una malla en mal estado, maleza y escombros, y descarga aguas pluviales hacia su propiedad, pese a reiteradas quejas ante la Municipalidad de Alajuela y el Área Rectora de Salud. El recurso previo (exp. 18-005560-0007-CO) fue declarado con lugar, pero la municipalidad se limitó a calificar el conflicto como entre terceros y no resolvió. El Ministerio de Salud emitió órdenes sanitarias que no fueron cumplidas; la denuncia penal por desobediencia fue desestimada. La Sala estima que, si bien existe un conflicto entre vecinos, la Administración debe ejercer sus potestades legales. Declara parcialmente con lugar: ordena a la Municipalidad solucionar el problema en un mes y al Ministerio de Salud adoptar medidas inmediatas para una solución definitiva. Se condena al pago de costas. La Magistrada Hernández salva el voto y declara sin lugar el recurso por considerar que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Key excerptExtracto clave
VI.- Regarding the actions taken by the Alajuela II Health Authority, it has been stated under oath to this Chamber that the complaints have been addressed, inspections have been carried out, and the sanitary orders deemed appropriate have been issued; it was even affirmed that the corresponding complaint was filed with the Public Prosecutor's Office for disobedience to authority and for endangering the health and safety of the neighbors. However, even though it is true that the Ministry of Health authorities have taken some actions within their remit, it is also true that they have not been as diligent and expeditious as the situation required to resolve the reported problems, and therefore their actions have been insufficient to correct the serious facts reported by the petitioner, while time continues to pass and those problems worsen day by day. As established by Article 21 of the Political Constitution, Article 2 of the General Health Law, and Article 2 of the Organic Law of the Ministry of Health, the Ministry of Health is the body responsible for the essential function of safeguarding the health of the inhabitants of the Republic, and must adopt all general and specific measures necessary to ensure the full enjoyment of that right. Accordingly, the Chamber considers that these omissions as well as the actions taken have caused violations of the petitioner's rights and, therefore, the amparo must be granted with respect to the Ministry of Health, ordering that, in coordination with whoever is appropriate, the necessary measures be adopted immediately to provide the petitioner with a definitive solution to the problems reported in this amparo, which have been brought to the Ministry's attention for a long time.VI.- En cuanto a las acciones realizadas por el Área Rectora de Salud Alajuela II, bajo juramento se ha afirmado a esta Sala que las denuncias han sido atendidas, que se ha hecho la inspección del caso y se han girado las órdenes sanitarias que se consideraron procedentes, afirmándose inclusive que se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad y por ponerse en riesgo la salud y seguridad de los vecinos. Ahora bien, a pesar de que es cierto que las autoridades del Ministerio de Salud en lo que a su cargo compete, han dictado algunas actuaciones, también es lo cierto que no han sido lo diligentes y céleres que la situación requería para darle solución a los problemas denunciados, con lo cual, sus actuaciones han sido insuficientes para corregir los graves hechos denunciados por la recurrente y mientras tanto el tiempo sigue transcurriendo y aquellos problemas se van agravando cada día más. Tal y como lo establecen los artículos 21, de la Constitución Política, el artículo 2, de la Ley General de Salud, así como el artículo 2, de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, es el órgano al que, le corresponde la función esencial de velar por la salud de los habitantes de la República, debiendo adoptar todas las medidas generales y particulares necesarias para garantizar el pleno disfrute de ese derecho. Así las cosas, estima la Sala que esas omisiones así como actuaciones dictadas, han ocasionado vulneraciones a los derechos del recurrente y por tanto, el amparo debe ser estimado en cuanto al Ministerio de Salud, debiendo ordenarse que previa coordinación con quien fuere procedente, se adopten de manera inmediata las medidas que sean necesarias para darle a la amparada, una solución definitiva a los problemas que fueron denunciados en este amparo y que han sido puestos en conocimiento de ese Ministerio desde hace mucho tiempo.
Pull quotesCitas destacadas
"Ciertamente, en el presente asunto, es claro que existe un conflicto entre terceros por el mal estado de una malla que le provoca daños a la propiedad y eventualmente, lesiones a la integridad de la amparada, quien es una persona adulta mayor; sin embargo, esto no es óbice para que la Administración Municipal no ejecute las acciones que la ley le permite para solventar esa situación."
"Certainly, in this case, it is clear that there is a conflict between third parties due to the poor condition of a fence causing property damage and potentially harming the physical integrity of the petitioner, who is an elderly person; however, this does not prevent the Municipal Administration from taking the actions permitted by law to resolve the situation."
Considerando V
"Ciertamente, en el presente asunto, es claro que existe un conflicto entre terceros por el mal estado de una malla que le provoca daños a la propiedad y eventualmente, lesiones a la integridad de la amparada, quien es una persona adulta mayor; sin embargo, esto no es óbice para que la Administración Municipal no ejecute las acciones que la ley le permite para solventar esa situación."
Considerando V
"Tal y como lo establecen los artículos 21, de la Constitución Política, el artículo 2, de la Ley General de Salud, así como el artículo 2, de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, es el órgano al que, le corresponde la función esencial de velar por la salud de los habitantes de la República, debiendo adoptar todas las medidas generales y particulares necesarias para garantizar el pleno disfrute de ese derecho."
"As established by Article 21 of the Political Constitution, Article 2 of the General Health Law, and Article 2 of the Organic Law of the Ministry of Health, the Ministry of Health is the body responsible for the essential function of safeguarding the health of the inhabitants of the Republic, and must adopt all general and specific measures necessary to ensure the full enjoyment of that right."
Considerando VI
"Tal y como lo establecen los artículos 21, de la Constitución Política, el artículo 2, de la Ley General de Salud, así como el artículo 2, de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, es el órgano al que, le corresponde la función esencial de velar por la salud de los habitantes de la República, debiendo adoptar todas las medidas generales y particulares necesarias para garantizar el pleno disfrute de ese derecho."
Considerando VI
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
"In environmental matters, it is my view that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution belong to the administrative contentious jurisdiction. However, I do address the merits when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
"En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."
Nota del Magistrado Salazar Alvarado
Full documentDocumento completo
**Constitutional Chamber** **Resolution No. 09263 - 2020** **Date of Resolution:** May 22, 2020, at 09:15 **Case File:** 20-007414-0007-CO **Drafted by:** Luis Fdo. Salazar Alvarado **Reviewed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Text of the resolution** *200074140007CO* Res. No. 2020009263 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on May twenty-second, two thousand twenty.
An *amparo* appeal processed in case file number 20-007414-0007-CO, filed by LUZ MARY SEGURA CASTILLO, identity card number 0604950922, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELA and the MINISTRY OF HEALTH.
**Whereas:** 1.- Through a document filed into the electronic case file at 11:11 a.m. on April 24, 2020, the appellant files an *amparo* appeal against the Ministry of Health and the Municipality of Alajuela and states that she lives in La Garita de Alajuela, five hundred meters west of the Ricardo Fernández Guardia School, on the road to Atenas. She argues that her neighbor placed a wire mesh fence (malla) on part of her property, which is why two years ago she had to file an *amparo* appeal against the Municipality of Alajuela before this Chamber. That appeal, she asserts, was granted, and the Municipality was ordered to solve the problem; however, the only thing that entity did was transfer the case to the Prosecutor's Office, where the process was archived. Given this scenario, she affirms that she had to go back to the Ministry of Health to present her predicament; hence, several officials from that ministry came to her house and told her they would order her adjacent landowner (colindante) to clear the weeds (maleza), the debris (escombros), the stormwater (aguas pluviales), and to fix the wire mesh fence that existed between both properties. However, she accuses that more than a year has passed since that time without her situation being resolved. She adds that she is an elderly woman with severe health complications, that due to her neighbor's behavior she is compelled to collect the trash and dirt that piles up on her property from her property line (colindancia) and even fears that when it rains, her house could be in danger. She considers her fundamental rights violated. She requests that the appeal be granted.
2.- By a resolution issued at 3:31 p.m. on April 25, 2020, this *amparo* appeal was admitted and a report was requested from the Mayor and the President of the Municipal Council, both of Alajuela, as well as the Director of the Governing Health Area of Alajuela (Área Rectora de Salud de Alajuela).
3.- Humberto Soto Herrera reports under oath in his capacity as Municipal Mayor of Alajuela, and states in summary that through official letter MA-570-ADM-2020 signed by the Acting Coordinator of the Activity of Duties of the Residents (Actividad de Deberes de los Munícipes), it is punctually reported: on November 14, 2017, a complaint was received on behalf of Luz Mary Segura Castillo at this municipality's Customer Service Platform, through procedure number 24807, indicating that the cleaning and fencing of vacant lots must be resolved. He indicates, on December 8, 2017, a response was given through official letter MA-2927-ADM-2017, stating that the warning notice (acta de apercibimiento) 1718-2017 was generated for property registration number 2-158616-000, for non-compliance with subsection "b) Fence and clean both vacant lots". On April 20, 2018, official letter MA-PSJ-811-2018 was received, requesting a report on the case file processed under number 18-005560-0007-CO; a response was provided through official letter MA-969-ADM-2018 and it was indicated that the registered owner of property 2-158616 was notified under due process, and the legal impossibility for the activity to solve a problem between third parties was reiterated, therefore those differences must be resolved in the respective judicial instances, given that the problem is a dividing wire mesh fence in poor condition between private properties. On April 23, 2018, the property was visited again to notify notice 1718-2017, without finding anyone to notify. The fine for violating Article 84 of the Municipal Code was included. On July 9, 2018, official letter MA-PSJ-1451-2018 was received, granting a deadline to comply with what was ordered by the Constitutional Chamber. On July 11, 2018, proper notification was made to Luz Mary Segura Castillo, through official letter No. MA-1025-ADM-2018. On July 12, 2018, a report was provided to Mr. Guillermo Alfaro Morera, through official letter MA-1045-ADM-2018. On July 24, 2018, through official letter MA-PSJ-1623-2018, Mr. Guillermo Alfaro provided a report on the Constitutional Chamber's resolution declaring the non-execution action (gestión de inejecución) promoted by Mrs. Luz Mary Segura Castillo without merit, regarding vote 2018-007761 at 09:15 a.m. on May 18, 2018. On September 20, 2018, the site was visited and it was verified again that the existing problem is a problem between third parties and must be resolved in the pertinent judicial instances. On February 3, 2020, Mrs. Segura Castillo filed a complaint indicating that the wire mesh fence is damaging her gutters (canoas), there is a lot of weeds, and she has problems with stormwater; after carrying out the on-site inspection on February 5, the response was given to the lady through official letter MA-ADM-391-2020 that the arguments raised correspond to conflicts between third parties, therefore it is not the competence of this authority to oversee this type of conflicts, according to the provisions of Article 84 of the Municipal Code, the Municipality must ensure that property owners comply with the provisions of the Regulation for the Establishment and Collection of Fees for Non-Compliance with the Duties of the Residents of the Municipality of Alajuela (Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas por el incumplimiento de deberes de los munícipes de la Municipalidad de Alajuela). Document duly notified to Mrs. Segura Castillo in the Integrated Customer Service System by Mr. Luis Arguedas. He reiterates that the problem presented is not the competence of the Activity of Duties of the Residents, since it is a case between third parties as it is within private property. He requests that the appeal be dismissed.
4.- Leslye Bojorges León reports under oath in his capacity as President of the Municipal Council of the Municipality of Alajuela, in the same sense as the report rendered by the Municipal Mayor of Alajuela.
5.- Ronald Enrique Mora Solano reports under oath in his capacity as Director of the Governing Health Area of Alajuela II (Área Rectora de Salud de Alajuela II), and states in summary that the present case was assigned to Dr. Horacio Baker, Coordinator of Health Regulation of the Governing Health Area of Alajuela II, who appeared and carried out an inspection visit according to ocular inspection record No. 758, to the site where the sanitary problem denounced by the appellant here in use of this *amparo* proceeding is located, for which it is reported: upon arriving at the site, Dr. Horacio Baker was attended by the protected party Luz Mary Segura Castillo, as the owner of the affected property, who indicated that she has had problems with her neighbor for several years and that, to date, the administrative procedures indicated by the Constitutional Chamber have not been carried out. In relation to said complaint, collaboration was requested from Regional Engineer Wilder Martínez Álvarez, who through official letter CN-224-2019 provided several recommendations to the Governing Health Area of Alajuela 2, through official letter CN-224-2019 provided several recommendations to the Governing Health Area of Alajuela 2, which were requested through sanitary orders (órdenes sanitarias) OS-ARS-A2-116-2019-DGM notified to the complainant Luz Mary Segura on March 20, 2019, with an expiration date of May 1, 2019, instructing her: "Carry out the improvement works on the slope (talud) resulting from the construction of the dwellings, properly channeling and evacuating the stormwater resulting from the roof covers of the dwellings, by means of gutters, downspouts (bajantes), catch basins (caja de registro), up to the final discharge point". Also, on April 8, 2019, sanitary order OS-ARS-A2-117-2019-DGM was notified to Mr. Mario Charpantier, who is named as the accused, with an expiration date of May 27, 2019, indicating: "1. Execute the works for the improvement or replacement of the perimeter wire mesh fence on the boundary line (lindero). 2. Maintenance of the natural fence, elimination or replacement of those species that add weight to the slope and increase the conditions of soil erosion. 3. Remove and dispose, in accordance with Law No. 8839 'Law for the Comprehensive Waste Management' (Ley N° 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”), of the waste and debris located near the perimeter wire mesh fence. 4. Ensure the proper channeling of stormwater when it is artificially collected or directed (gutters, downspouts, etc.) and not discharged onto the neighboring property". None of the sanitary orders were complied with, according to report MS-DRRSCN-DARSA2-1288-2019 of July 8, 2019, from technician Dani García Mora, for which reason, through official letter MS-DRRSCCN-DARSA2-1597-2019, they were notified for disobedience to authority (desobediencia a la autoridad) to the Prosecutor's Office of Alajuela on August 28, 2019. In the visit on May 5, 2020, carried out by Dr. Horacio Baker Jiménez, for the purpose of addressing this *amparo* and following up on the actions taken by the Area, it was found that the east side of the complainant's property and house continues to be affected by the wire mesh fence shared with the Charpantiers, since it has a large amount of weeds that comes through the holes in the mesh and is deposited around Luz Mary Segura's house; in addition, next to the mesh, a series of bushes have grown which exceed the height of the mesh and deposit their leaves on the roof of Mrs. Segura Castillo's house; finally, the wire mesh fence is not in optimal condition, so they have placed metal sheets and lids which, according to Mrs. Luz, have entered her property and affect her. Regarding the channeling of stormwater, it appears that it continues to discharge onto Mrs. Segura Castillo's property, as no type of drainage system (alcantarillado) or ditch (caño) was observed to prevent water from flowing onto said property and thus prevent the erosive process on the fence of Mrs. Segura Castillo's property, since it does not have a retaining wall (muro de contención). The Prosecutor's Office of Alajuela was visited to find out the status of the complaint for disobedience to authority, and it was found that the case was dismissed. He alludes to the lack of collaboration on the processing of these cases, since, in the opinion of the criminal and contraventional courts, they are considered as "bagatelle" offenses, given that this health authority requires their accompaniment to enforce compliance with what is mandated and ordered in favor of public health in this country. He considers that the Governing Health Area of Alajuela 2 has fully complied with the protection of the fundamental right to life, public health, and the environment, both in advance and in immediate follow-up, and has properly attended to and verified the situation that is the subject of this *amparo*. He requests that the appeal be dismissed.
6.- The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.
Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and, **Considering:** I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant alleges that her neighbor placed a wire mesh fence on part of her property, which is why two years ago she had to file an *amparo* appeal against the Municipality of Alajuela before this Chamber. That appeal was granted, and the Municipality was ordered to solve the problem; however, the only thing that entity did was transfer the case to the Prosecutor's Office, where the process was archived. Given this scenario, she affirms that she had to go back to the Ministry of Health to present her predicament; hence, several officials from that ministry came to her house and told her they would order her adjacent landowner to clear the weeds, the debris, the stormwater, and to fix the wire mesh fence that existed between both properties. However, she accuses that more than a year has passed since that time without her situation being resolved, causing environmental and health problems.
II.- PRELIMINARY ISSUE. Starting with Judgment No. 2008-002545 at 08:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred—with some exceptions—to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied with the deadlines established by the General Public Administration Act or special laws for resolving the administrative procedures or appeals filed. In the case file, an exception case arises, as it involves a possible violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, which is why it is considered meritorious to resolve the matter on its merits.
III.- PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly proven as relevant to the decision of this matter, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
Regarding the Municipality of Alajuela:
Regarding the Governing Health Area of Alajuela II:
IV.- UNPROVEN FACTS. The following facts relevant to this resolution are not considered demonstrated:
V.- ON THE SPECIFIC CASE. The appellant alleges that she has repeatedly denounced before the Municipality of Alajuela and the Governing Health Area of Alajuela 2 the situation caused by the placement of a wire mesh fence on the property she adjoins, as well as the poor channeling of stormwater, which discharges onto her property; however, the problem continues and the respondent entities take no action. From the report rendered by the respondent authorities, which is given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it is evident that, indeed, in 2018, case file 18-005560-0007-CO was processed before this Chamber, in which the protected party denounced the inaction of the respondent municipality regarding a complaint filed since November 14, 2017, which was granted, allowing a one-month period to definitively resolve said complaint; therefore, in compliance with what was ordered by this Chamber, the respondent Municipality resolved that the matter denounced corresponds to conflicts between third parties, and therefore it is not the competence of the municipal authority to resolve this type of conflicts. However, on February 3, 2020, the protected party again filed a complaint with the respondent municipality, indicating that the wire mesh fence dividing her land from the adjacent lot is damaging her gutters, there is a lot of weeds, and she has problems with stormwater, for which reason an inspection was carried out at the scene of the events and, through official letter MA-ADM-391-2020, a response was given to the protected party indicating that the arguments raised correspond to conflicts between third parties, and therefore it is not the competence of this authority to oversee this type of conflicts, according to the provisions of Article 84 of the Municipal Code. Certainly, in the present matter, it is clear that there is a conflict between third parties due to the poor condition of a wire mesh fence that causes damage to the property and, eventually, injuries to the integrity of the protected party, who is an elderly person; however, this is not an impediment for the Municipal Administration to execute the actions that the law allows it to take to resolve that situation. Pursuant to Articles 66, 67, and 96 of the Construction Law (Ley de Construcciones), the Municipalities are empowered, in situations like the one under examination, to close down (clausuren) works carried out outside the guidelines established by housing and urban planning provisions and to impose fines in case of recidivism of the offenses, as well as to demolish the works and carry out the necessary improvements at the cost of the non-compliant party. Therefore, regarding this aspect of the appeal, the proper course is to grant the appeal.
VI.- As for the actions taken by the Governing Health Area of Alajuela II, it has been affirmed under oath to this Chamber that the complaints have been addressed, that the corresponding inspection has been carried out, and the sanitary orders that were deemed appropriate have been issued, even affirming that the corresponding complaint was filed with the Public Prosecutor's Office for disobedience to authority and for endangering the health and safety of the neighbors. Now, although it is true that the authorities of the Ministry of Health, within their purview, have issued certain actions, it is also true that they have not been as diligent and swift as the situation required to provide a solution to the problems denounced, whereby their actions have been insufficient to correct the serious facts denounced by the appellant, and meanwhile, time continues to pass, and those problems worsen daily. As established by Article 21 of the Political Constitution, Article 2 of the General Health Law (Ley General de Salud), as well as Article 2 of the Organic Law of the Ministry of Health (Ley Orgánica del Ministerio de Salud), the Ministry of Health is the body responsible for the essential function of ensuring the health of the inhabitants of the Republic, and must adopt all general and particular measures necessary to guarantee the full enjoyment of that right. Accordingly, the Chamber considers that these omissions as well as the actions issued have caused violations of the appellant's rights, and therefore, the *amparo* must be granted regarding the Ministry of Health, and it must be ordered that, in prior coordination with whomever is appropriate, the necessary measures be adopted immediately to provide the protected party with a definitive solution to the problems that were denounced in this *amparo* and that have been brought to the attention of that Ministry for a long time.
VII.- COROLLARY. By virtue of the foregoing considerations, it is appropriate to partially grant the appeal, with the consequences detailed in the operative part of this judgment.
VIII.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if the Public Administration has already intervened, their knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the poor condition of the wall (tapia) adjoining the appellant's home and the water seepage causing water stagnation are denounced, which affects her health and that of her family, in violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
IX.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR VIOLATION OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.
1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable change that requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as protected under Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by an extensive legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Constitution—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate competence imposed on the Chamber a leading, almost unique, role in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Today, we are faced with a "dense network" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was little or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this growing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative, but also the criminal. In them, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive means of legal standing have been extensively regulated, so that the administered parties can enforce what is established in this broad legal order related to the environmental issue.
3. In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional point of view, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse yet—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective enforcement of laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its powers with those of other jurisdictional bodies that—they themselves—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts, which consist of series of technically and legally complex facts and acts. There are well-known examples of both issues in which the Chamber has issued a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and impacts on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have execution of judgment judges that would allow adequate follow-up on them—generally complex—which sometimes involve follow-up on remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and monitoring lasting months and even years.
5. From that perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental field, but on the contrary, as its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as the declination of this instance from its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, is reserved in this matter for specific cases. Rather, it is an exercise of readjusting the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as the exercise of establishing its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although any claim for violation of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law.
It is therefore a matter of ensuring that this Chamber becomes a protagonist together with others, so that—each and every one in their own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection but gains substantially in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of mandatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.- 7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber should decline to hear claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their adjudication in the hands of the administrative justice system and the administrative contentious jurisdiction. The foregoing is stated in general terms, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases which, in my opinion, would indeed be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can indicate that this Chamber should reserve the adjudication of situations such as, for example, claims for environmental violations that also pose a direct risk to people’s health, or to access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by the state authorities is verified, provided also that the nature of the claim allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural mechanism, since I also believe that the amparo should not be “ordinary-ized” in order to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be properly addressed within it.
8. In the specific case, in accordance with the proven facts, none of the exceptions mentioned are present and the situation raised falls within those cases in which the intervention of the protective mechanisms of the Administration and the ordinary courts proves to be a broader and more complete avenue for the matter under discussion, which involves a discussion of advantages and disadvantages and an assessment of benefits, requiring abundant evidence, follow-ups, and studies that exceed the scope of the amparo. Thus, Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law should have been applied and the recourse should have been rejected outright; however, this not having happened, it is now appropriate to declare the amparo filed without merit.
X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the Office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in Sessions No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Sessions No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
The recourse is partially granted. Humberto Soto Herrera, in his capacity as Alcalde Municipal of Alajuela, or whoever holds said office, is ordered, within one month from the notification of this Judgment, to coordinate and issue the necessary orders so that the problem reported by the petitioner on February 3, 2020, is resolved. Likewise, Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud of Alajuela II, or whoever exercises that office in his stead, is ordered to proceed immediately to adopt the necessary measures so that, within one month from the notification of this judgment, a definitive solution is provided to all the problems reported by the petitioner in this amparo. The State and the Municipalidad de Alajuela are ordered to pay costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the enforcement of judgment of the administrative contentious jurisdiction. The respondent authority is warned that failure to comply with said order shall incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be fulfilled or enforced, issued in an amparo recourse, and fails to fulfill it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. Judge Salazar Alvarado sets a note. Judge Hernández López dissents and declares the recourse without merit. Notify.- \t Fernando Castillo V.
\t Paul Rueda L.
\t \t Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
\t \t Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
\t \t Jose Paulino Hernández G.
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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200074140007CO* Res. Nº 2020009263 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de mayo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-007414-0007-CO, interpuesto por LUZ MARY SEGURA CASTILLO, cédula de identidad 0604950922, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA y el MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 11:11 horas del 24 de abril 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Alajuela y manifiesta que, vive en la Garita de Alajuela, quinientos metros al oeste de la Escuela Ricardo Fernández Guardia, carretera a Atenas. Esgrime que su vecino colocó en parte del terreno de su propiedad, una malla, motivo por el que hace dos años debió incoar ante esta Sala, un recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuela. Ese recurso, asevera, fue declarado con lugar, y en él se ordenó a la Municipalidad solucionar el problema; empero, lo único que hizo esa entidad fue trasladar el caso a la Fiscalía, donde se archivó el proceso. Ante dicho escenario, afirma que debió acudir de nuevo al Ministerio de Salud a exponer su predicamento; de ahí que, se presentaron a su casa varios funcionarios de esa cartera, quienes le dijeron que ordenarían a su colindante limpiar la maleza, los escombros, las aguas pluviales, y acomodar la malla que existía entre ambas propiedades. Sin embargo, acusa que, desde ese momento, ha transcurrido más de un año sin que su situación se haya arreglado. Agrega que es una mujer mayor con severas complicaciones de salud, que debido al comportamiento de su vecino se ve compelida a recoger la basura y tierra que se apila en su propiedad proveniente de su colindancia e, incluso, teme que cuando llueva, su casa corra algún peligro. Estima lesionados sus derechos fundamentales. Solicita se declare con lugar el recurso.
2.- Por resolución dictada a las 15:31 horas del 25 de abril de 2020, se dio curso al presente recurso de amparo y se solicitó informe al Alcalde y el Presidente del Concejo Municipal, ambos de Alajuela, así como el Director del Área Rectora de Salud de Alajuela.
3.- Informa bajo juramento Humberto Soto Herrera en su condición de Alcalde Municipal de Alajuela, y manifiesta en resumen que mediante oficio MA-570-ADM-2020 suscrito por la Coordinadora a.i. de la Actividad de Deberes de los Munícipes, se informa puntualmente: en fecha 14 de noviembre de 2017, se recibe queja a nombre de Luz Mary Segura Castillo en la Plataforma de Servicio al Cliente de este municipio, mediante trámite número 24807, indicando que se debe resolver la limpieza y cercado de los lotes baldíos. Indica, el 8 de diciembre de 2017, se dio respuesta mediante oficio MA-2927-ADM-2017, indicándose que se generó el acta de apercibimiento 1718-2017, para la finca matrícula 2-158616-000, por incumplimiento al inciso “b) Cercar y limpiar tanto los lotes baldíos”. El día 20 de abril de 2018, ingresa el oficio MA-PSJ-811-2018, donde solicita brindar un informe acerca del expediente que se tramita bajo el número 18-005560-0007-CO, se le brinda respuesta mediante el oficio MA-969-ADM-2018 y se indica que se le notificó bajo el debido proceso al dueño registral de la propiedad 2-158616, y se le reitera la imposibilidad legal por parte de la actividad para solucionar un problema entre terceros, por lo que esas diferencias deben de solucionarse en las instancias judiciales respectivas, dado que el problema es una malla divisoria en mal estado entre propiedades privadas. El día 23 de abril de 2018, se volvió a visitar la propiedad para notificar el acta 1718-2017, sin encontrar a quien notificar. Se incluyó la multa por infringir el artículo 84, del Código Municipal. El día 9 de julio del 2018, ingresa el oficio MA-PSJ-1451-2018, donde otorgan un plazo para cumplir con lo solicitado por la Sala Constitucional. El 11 de julio de 2018, se realizó la debida notificación a Luz Mary Segura Castillo, mediante el oficio N° MA-1025-ADM-2018. El 12 de julio de 2018 se brinda un informe al señor Guillermo Alfaro Morera, mediante el oficio MA-1045-ADM-2018. El 24 de julio de 2018, mediante el oficio MA-PSJ-1623-2018, el señor Guillermo Alfaro brinda un informe de la resolución de la Sala Constitucional declarando no ha lugar la gestión de inejecución promovida por la señora Luz Mary Segura Castillo, respecto al voto 2018-007761 de las 09:15 horas del 18 de mayo de 2018. El 20 de setiembre de 2018 se visita el lugar y se vuelve a verificar que el problema que existe es un problema entre terceros y se debe de solucionar en las instancias judiciales pertinentes. El 3 de febrero de 2020, la señora Segura Castillo, interpone una queja, indicando que la malla le está dañando las canoas, existe mucha maleza y tiene problemas con aguas pluviales, después de realizar la inspección en el lugar el día 5 de febrero, se le responde a la señora mediante el oficio MA-ADM-391-2020 que los argumentos que se plantean corresponden a conflictos entre terceros, por lo que no es competencia de esta autoridad velar por este tipo de conflictos, según lo establecido en el artículo 84, del Código Municipal, la Municipalidad debe de encargarse de verificar que los dueños de las propiedades cumplan con lo establecido en el Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas por el incumplimiento de deberes de los munícipes de la Municipalidad de Alajuela. Documento notificado debidamente a la señora Segura Castillo en el Sistema Integrado de Servicio al Cliente por el señor Luis Arguedas. Reitera, que la problemática presentada no es competencia de la Actividad de Deberes de los Munícipes, toda vez que se trata de un caso entre terceros al estar dentro de la propiedad privada. Solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- Informa bajo juramento Leslye Bojorges León en su condición de Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Alajuela, en el mismo sentido del informe rendido por el Alcalde Municipal de Alajuela.
5.- Informa bajo juramento Ronald Enrique Mora Solano en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Alajuela II, y manifiesta en resumen que, el presente caso fue asignado al Dr. Horacio Baker, Coordinador de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud de Alajuela II, quien se apersonó y realizó visita de inspección según acta de inspección ocular N° 758, al lugar, en donde se encuentra el problema sanitario denunciado por la aquí recurrente en uso de las presentes vías de amparo, por lo que se informa: al llegar al lugar el Dr. Horacio Baker, fue atendido por la amparada Luz Mary Segura Castillo, en calidad de dueña del inmueble afectado, indicó que tiene varios años de tener problemas con su vecino y, que al día de hoy, no se han realizado las gestiones administrativas indicadas por la Sala Constitucional. Con relación a dicha denuncia, se solicitó colaboración al Ingeniero Regional Wilder Martínez Álvarez, quien mediante oficio CN-224-2019 brindó varias recomendaciones al Área Rector de Salud de Alajuela 2, quien mediante oficio CN-224-2019 brindó varias recomendaciones al Área Rectora de Salud de Alajuela 2, las cuales se solicitaron mediante órdenes sanitarias OS-ARS-A2-116-2019-DGM notificada a la denunciante Luz Mary Segura el 20 de marzo de 2019, con vencimiento al 1 de mayo de 2019, indicándole: “Realizar las obras de mejoramiento del talud producto a las construcciones de las viviendas, canalizando y evacuando correctamente las aguas pluviales producto de las cubiertas de las viviendas, por medio de canoas, bajantes, caja de registro, hasta el desfogue final”. Se notificó además el día 8 de abril de 2019, la orden sanitaria OS-ARS-A2-117-2019-DGM al señor Mario Charpantier quien figura como denunciado, con un plazo de vencimiento al 27 de mayo de 2019, indicando: “1. Ejecutar las obras para el mejoramiento o sustitución de la malla perimetral en el lindero. 2. Mantenimiento de la cerca natural, eliminación o sustitución de aquellas especies que aporten peso al talud y que acrecienten las condiciones de la erosión del terreno. 3. Retirar y disponer acorde a la Ley N° 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”, los residuos y escombros que se ubican cerca de la malla perimetral. 4. Asegurar la adecuada canalización de las aguas pluviales cuando estas sean colectadas o direccionadas de manera artificial (canoas, bajantes, etc.) y no descargarlas hacia la propiedad vecina”. Ninguna de las órdenes sanitarias fueron cumplidas, según informe MS-DRRSCN-DARSA2-1288-2019 del 8 de julio de 2019, del técnico Dani García Mora, por lo cual mediante oficio MS-DRRSCCN-DARSA2-1597-2019, fueron notificadas por desobediencia a la autoridad a la Fiscalía de Alajuela el 28 de agosto de 2019. En la visita del 5 de mayo de 2020, que realiza el Dr. Horacio Baker Jiménez, a efectos de atender este amparo y darle seguimiento a lo actuado por el Área, se encontró que el costado este de la propiedad y de la casa de la denunciante, continúa teniendo afectación por parte de la malla que comparte con los señores Charpantier, ya que, esta tiene gran cantidad de maleza que atraviesa a través de huecos de la malla y se deposita en los alrededores de la casa de Luz Mary Segura, además que junto a la malla han crecido una serie de arbustos los cuales sobrepasan el tamaño de la malla y depositan sus hojas sobre el techo de la casa de la señora Segura Castillo, por último, la malla no se encuentra en óptimas condiciones por lo que han colocado latas y tapas las cuales, según indica la señora Luz, se han introducido dentro de su propiedad y le afectan. Relacionado con la canalización de las aguas pluviales, pareciera que continúan descargándose hacia la propiedad de la señora Segura Castillo, pues no se visualizó la creación de ningún tipo de alcantarillado o caño para evitar el paso del agua hacia dicha propiedad y así evitar el proceso erosivo en la cerca de la propiedad de la señora Segura Castillo, ya que, la misma no cuenta con muro de contención. Se visitó la Fiscalía de Alajuela para conocer el seguimiento de la denuncia por desobediencia, y se encontró que la causa fue desestimada. Alude a la poca colaboración sobre la tramitación de estas causas, pues, a juicio de los tribunales penales y contravencionales, son consideradas como “bagatela”, siendo que esta autoridad sanitaria requiere del acompañamiento de los mismos para así, hacer cumplir a quienes irrespetan lo mandado y ordenado en pro de la salud pública de este país. Considera que el Área Rectora de Salud de Alajuela 2, ha cumplido a cabalidad con la tutela al derecho fundamental de la vida, la salud pública y el medio ambiente, tanto de manera anticipada, como en seguimiento inmediata, y se ha atendido y verificado correctamente la situación objeto de este amparo. Solicita se declare sin lugar el recurso.
6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que su vecino colocó en parte del terreno de su propiedad, una malla, motivo por el que hace dos años debió incoar ante esta Sala, un recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuela. Ese recurso, fue declarado con lugar, y en él se ordenó a la Municipalidad solucionar el problema; empero, lo único que hizo esa entidad fue trasladar el caso a la Fiscalía, donde se archivó el proceso. Ante dicho escenario, afirma que debió acudir de nuevo al Ministerio de Salud a exponer su predicamento; de ahí que, se presentaron a su casa varios funcionarios de esa cartera, quienes le dijeron que ordenarían a su colindante limpiar la maleza, los escombros, las aguas pluviales, y acomodar la malla que existía entre ambas propiedades. Sin embargo, acusa que, desde ese momento, ha transcurrido más de un año sin que su situación se haya arreglado, causando problemas ambientales y de salud.
II.- CUESTIÓN PREVIA. A partir de la Sentencia N° 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública o leyes especiales para resolver los procedimientos o recursos administrativos interpuestos. En autos, se plantea un supuesto de excepción, al tratarse de una posible violación al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, razón por la cual se considera de mérito resolver lo planteado por el fondo.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
En relación con la Municipalidad de Alajuela:
En relación con el Área Rectora de Salud Alajuela II:
IV.- HECHOS NO PROBADOS. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:
V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. La recurrente alega que ha denunciado en varias ocasiones ante la Municipalidad de Alajuela y el Área Rectora de Salud de Alajuela 2, la situación que se ha generado por la colocación de una malla en la propiedad con la que colinda, así como por la mala canalización de aguas pluviales, las cuales se descargan en su propiedad; sin embargo, el problema continúa y las accionadas no emiten acción alguna. Del informe rendido por las autoridades recurridas, el cual es rendido bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica, se desprende que, efectivamente, en el año 2018, se tramitó ante esta Sala el expediente 18-005560-0007-CO, en el que la amparada denunció la inacción de la municipalidad recurrida ante una denuncia presentada desde el 14 de noviembre de 2017, el cual fue declarado con lugar otorgando el plazo de un mes para resolver de forma definitiva dicha denuncia, por lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado por esta Sala, la Municipalidad recurrida resolvió que lo denunciado corresponde a conflictos entre terceros, por lo que no es competencia de la autoridad municipalidad resolver este tipo de conflictos. Sin embargo, el 3 de febrero de 2020, la amparada volvió a interponer una queja ante el municipio recurrido, indicando que la malla que divide su terreno del lote colindante le está dañando las canoas, existe mucha maleza y tiene problemas con aguas pluviales, razón por la cual se realizó una inspección en el lugar de los hechos y, mediante el oficio MA-ADM-391-2020, se le dio respuesta a la amparada indicándole que los argumentos que se plantean corresponden a conflictos entre terceros, por lo que no es competencia de esta autoridad velar por este tipo de conflictos, según lo establecido en el artículo 84, del Código Municipal. Ciertamente, en el presente asunto, es claro que existe un conflicto entre terceros por el mal estado de una malla que le provoca daños a la propiedad y eventualmente, lesiones a la integridad de la amparada, quien es una persona adulta mayor; sin embargo, esto no es óbice para que la Administración Municipal no ejecute las acciones que la ley le permite para solventar esa situación. A tenor de lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 96, de la Ley de Construcciones, las Municipalidades están facultadas para que, en situaciones como la de examen, clausuren las obras realizadas fuera de los lineamientos establecidos por las disposiciones de vivienda y urbanismo e imponga multas en caso de reincidencia de las faltas, así como demoler las obras y realizar las mejoras necesarias a costa del incumpliente. De manera, que en cuanto este extremo del recurso, lo procedente es declarar con lugar el recurso.
VI.- En cuanto a las acciones realizadas por el Área Rectora de Salud Alajuela II, bajo juramento se ha afirmado a esta Sala que las denuncias han sido atendidas, que se ha hecho la inspección del caso y se han girado las órdenes sanitarias que se consideraron procedentes, afirmándose inclusive que se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por desobediencia a la autoridad y por ponerse en riesgo la salud y seguridad de los vecinos. Ahora bien, a pesar de que es cierto que las autoridades del Ministerio de Salud en lo que a su cargo compete, han dictado algunas actuaciones, también es lo cierto que no han sido lo diligentes y céleres que la situación requería para darle solución a los problemas denunciados, con lo cual, sus actuaciones han sido insuficientes para corregir los graves hechos denunciados por la recurrente y mientras tanto el tiempo sigue transcurriendo y aquellos problemas se van agravando cada día más. Tal y como lo establecen los artículos 21, de la Constitución Política, el artículo 2, de la Ley General de Salud, así como el artículo 2, de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, es el órgano al que, le corresponde la función esencial de velar por la salud de los habitantes de la República, debiendo adoptar todas las medidas generales y particulares necesarias para garantizar el pleno disfrute de ese derecho. Así las cosas, estima la Sala que esas omisiones así como actuaciones dictadas, han ocasionado vulneraciones a los derechos del recurrente y por tanto, el amparo debe ser estimado en cuanto al Ministerio de Salud, debiendo ordenarse que previa coordinación con quien fuere procedente, se adopten de manera inmediata las medidas que sean necesarias para darle a la amparada, una solución definitiva a los problemas que fueron denunciados en este amparo y que han sido puestos en conocimiento de ese Ministerio desde hace mucho tiempo.
VII.- COROLARIO. En mérito de las consideraciones anteriores, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia.
VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa el mal estado de la tapia que colinda con la vivienda del recurrente y la filtración de agua que provoca estancamiento de aguas, lo que afecta su salud y la de su familia, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.
2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.
3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.
4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.
5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo, tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.
6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.
8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Humberto Soto Herrera, en su condición de Alcalde Municipal de Alajuela, o a quien ocupe dicho cargo, que en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, coordine y gire las órdenes necesarias para que se solucione el problema denunciado por la recurrente, el 3 de febrero de 2020. Asimismo, se ordena a Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Alajuela II, o a quien en su lugar ejerza ese cargo, proceder de manera inmediata a adoptar las medidas que sean necesarias, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, brinde una solución definitiva a todos los problemas denunciados por la recurrente en este amparo. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a la autoridad recurrida que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Hernández López salva el voto y declara sin lugar el recurso. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
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