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Res. 09281-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 22/05/2020

Supportive requests do not fall within the right to petitionGestión de apoyo no encaja en el derecho de petición

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied the amparo appeal because the request was a supportive or exhortative one, not a petition protectable under Article 27 of the Constitution.La Sala declaró sin lugar el recurso de amparo porque la gestión presentada era de apoyo o exhortativa, no una petición amparable bajo el artículo 27 constitucional.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed an amparo appeal filed against the Municipality of Alajuelita for failure to respond to a submission made on February 4, 2020. The appellant, an environmental management technician, provided the mayor with a study entitled 'Proposal to implement a selective collection service for recoverable waste generated in this canton' and requested a job opportunity with the municipality. The Chamber determined that the submission was not a simple petition or a request for information, but rather a supportive or exhortative request, since its purpose was to deliver a study and request employment. Although the municipality did respond verbally and in writing (explaining there was no budget), the appellant alleged omission. Applying the precedent of ruling 2002-003910, the Chamber reiterated that supportive requests do not fall within the scope of Article 27 of the Constitution or Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, and therefore the right to petition was not violated. The appeal was denied, noting that the merits of the proposal should be discussed through ordinary legal channels.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Alajuelita por la falta de respuesta a una gestión presentada el 4 de febrero de 2020. El recurrente, técnico en gestión ambiental, había entregado al alcalde un estudio denominado "Propuesta para implementar el servicio de recolección selectiva de residuos valorizables que se generan en este cantón" y solicitó una oportunidad laboral en el municipio. La Sala determinó que la gestión no constituía una petición simple ni una solicitud de información, sino una gestión de apoyo o exhortativa, dado que su propósito era entregar un estudio y pedir empleo. Aunque la municipalidad sí respondió verbalmente y por oficio (explicando que no había presupuesto), el recurrente alegaba omisión. Aplicando el precedente de la sentencia 2002-003910, la Sala reiteró que las gestiones de apoyo no encajan en los presupuestos del artículo 27 constitucional ni del artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que no se lesionó el derecho de petición. El recurso se declaró sin lugar, indicando que el fondo de la propuesta debía discutirse en vía ordinaria.

Key excerptExtracto clave

Based on the foregoing, it is not established that any violation of the fundamental rights of the protected party has occurred, since the request, the lack of response to which is claimed by the appellant, is not a simple petition or a request for information, but rather constitutes a supportive request. In this regard, the Chamber considers it appropriate to cite what was indicated in judgment No. 2002-003910 of 3:55 p.m. on April 30, 2002, in which it was considered: "(…) II.- The appellant also claims that Article 27 of the Political Constitution has been violated, since to date no response has been obtained to the note sent by the Legal Advisor of the Union of Public Education Janitors to the Personnel Director of the Ministry of Public Education on February 26. Indeed, the aforementioned constitutional article refers to the power of every person to address in writing any public official or official entity, so that they inform or resolve matters of their interest, a guarantee that is complemented by the right to obtain a prompt resolution. However, from the reading of the aforementioned writing, the omission of which is alleged (see copy on folio 6 of the file), this Chamber gathers that such request does not fit within the presuppositions of Article 27 of the Constitution and Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, since it corresponds properly to an exhortative or supportive request, by which it is sought to incite the respondent to use 'his good offices so that Mrs. LAURA CACERES MANZANARES is appointed in property.' Hence, if the intention of said Legal Advisor was to seek that the respondent act in the way he intended and they have not yet done so, this does not constitute an omission that could violate his right to petition in the terms stated in the initial memorial (see similar rulings No. 1481-96 of 6:15 p.m. on March 27, 1996, No. 2000-8491 of 3:01 p.m. on September 26, 2000, and 2001-118 of 9:26 a.m. on January 5, 2001). (…)"En mérito de lo expuesto, no se constata que se haya producido lesión alguna a los derechos fundamentales de la parte tutelada, toda vez que la gestión, cuya falta de respuesta reclama el amparado, no trata de una petición simple o una solicitud de información, sino que constituye una gestión de apoyo. Al respecto, la Sala considera oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2002-003910 de las 15:55 horas de 30 de abril de 2002, en la que se consideró: “(…) II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora LAURA CACERES MANZANARES”. De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)”

Pull quotesCitas destacadas

  • "no se constata que se haya producido lesión alguna a los derechos fundamentales de la parte tutelada, toda vez que la gestión, cuya falta de respuesta reclama el amparado, no trata de una petición simple o una solicitud de información, sino que constituye una gestión de apoyo."

    "it is not established that any violation of the fundamental rights of the protected party has occurred, since the request, the lack of response to which is claimed by the appellant, is not a simple petition or a request for information, but rather constitutes a supportive request."

    Considerando III

  • "no se constata que se haya producido lesión alguna a los derechos fundamentales de la parte tutelada, toda vez que la gestión, cuya falta de respuesta reclama el amparado, no trata de una petición simple o una solicitud de información, sino que constituye una gestión de apoyo."

    Considerando III

  • "no le corresponde a este Tribunal determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el gobierno local recurrido debe acoger o no la propuesta del tutelado"

    "it is not for this Court to determine, in accordance with the infra-constitutional regulations governing the matter, whether the respondent local government should accept or not the appellant's proposal"

    Considerando III

  • "no le corresponde a este Tribunal determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el gobierno local recurrido debe acoger o no la propuesta del tutelado"

    Considerando III

  • "visto que el propósito de la gestión remitida por el tutelado el 4 de febrero de 2020 fue entregar al gobierno local recurrido un estudio que efectuó y solicitar que se le otorgara un empleo, lo reclamado no resulta amparable ante esta jurisdicción."

    "given that the purpose of the request sent by the appellant on February 4, 2020, was to deliver to the respondent local government a study he conducted and request employment, the claim is not subject to amparo before this jurisdiction."

    Considerando III

  • "visto que el propósito de la gestión remitida por el tutelado el 4 de febrero de 2020 fue entregar al gobierno local recurrido un estudio que efectuó y solicitar que se le otorgara un empleo, lo reclamado no resulta amparable ante esta jurisdicción."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: May 22, 2020 at 09:15 Case File: 20-007555-0007-CO Type of matter: Amparo action Constitutional review: Dismissive judgment Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: PETITION Subtopics:

OTHER REQUESTS.

009281-20. IT IS REITERATED THAT SUPPORT OR EXHORTATIVE GESTIONS, FILED BY ADMINISTERED PARTIES, DO NOT FIT WITHIN THE ASSUMPTIONS OF THE RIGHT OF PETITION.

III.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, it has been demonstrated that, on February 4, 2020, the amparo petitioner filed request AIC-372-2020 addressed to the mayor of Alajuelita, in which he stated: “The purpose of this letter is to deliver to the Municipalidad de Alajuelita a study I conducted last year, entitled “Proposal to implement the selective collection service for recoverable waste generated in this canton.” The study contemplates two specific objectives: 1- Identify the largest generators. 2- Establish separation programs in schools through talks on recoverable waste established by Ley 8839, Ley para la gestión integral de residuos. Therefore, I request the possibility of being given a work opportunity at the Municipalidad de Alajuelita, given that I am unemployed and have a family. Sincerely [Name 001] Environmental Management Technician ID [Value 002], tel [Value 003]” (the underlining was supplied). In this regard, it has been proven that on February 24, 2020, a meeting was held between the petitioner and the environmental manager of the respondent local government, in which the municipal official verbally explained to the amparo petitioner that there is no budget to implement the project “and tells him to come pick up the official letter with the response that same week, since he did not provide an email to send it to him.” Furthermore, that same day, the secretary of the mayor's office of Alajuelita sent official letter 50-2020 to Johanna Ávila, a municipal official, which indicated: “Subject: By instruction of the Mayor, please carry out the following procedure: 1. Attached is official letter with procedure ALC-372-2020 (…). Additionally, he wishes an appointment to discuss the matter. (Grant him an appointment to meet with the undersigned.” Said official letter was received by the amparo petitioner. Finally, the Court verifies that, on February 27, 2020, the environmental manager of the Municipalidad de Alajuelita sent official letter MA-AM-GAMB-005-2020 to the petitioner, in which she stated: “I am writing to inform you that I have studied your proposal based on the conversation we had, and I regret to inform you that the Municipalidad de Alajuelita does not have a budget to implement this project. We are aware that we must assume this responsibility and work with the collection of recoverable waste, and it is part of the goals that this department must meet, but at this time we cannot take it on. We hope that in the coming year and for the 2021 budget, opportunities will open up (sic) for us and we can talk again with better expectations.” Said official letter has not been picked up by the petitioner.

By virtue of the foregoing, it is not verified that any injury has been caused to the fundamental rights of the petitioner, since the request, the lack of response to which the amparo petitioner complains, does not concern a simple petition or a request for information, but rather constitutes a support request (gestión de apoyo). In this regard, the Chamber deems it appropriate to cite what was indicated in judgment No. 2002-003910 of 3:55 p.m. on April 30, 2002, in which it was considered:

“(…) II.- The appellant also accuses that Article 27 of the Constitución Política has been violated, since to date no response has been obtained to the note that the Legal Advisor of the Unión de Conserjes de Educación Pública union sent to the Personnel Director of the Ministerio de Educación Pública on February twenty-sixth. Indeed, the cited constitutional article refers to the power that every person has to address any public official or official entity in writing, so that they may inform or resolve matters of interest to them, a guarantee that is complemented by the right to obtain a prompt resolution. However, from reading the writing in question, the failure to resolve which is accused (see copy on page 6 of the case file), this Chamber concludes that such request does not fit within the assumptions of constitutional Article 27 and Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, for it corresponds properly to an exhortative or support request (gestión de apoyo), with which one seeks to incite the respondent to interpose ‘his good offices so that Mrs. LAURA CACERES MANZANARES is appointed to a permanent position.’ Hence, if the intention of said Legal Advisor was to ensure that the respondent acted in the manner he intended and they have not yet done so, this does not constitute an omission that could injure his right of petition in the terms set forth in the initial brief (see in a similar sense judgments number 1481-96 of 6:15 p.m. on March 27, 1996, number 2000-8491 of 3:01 p.m. on September 26, 2000, and 2001-118 of 9:26 a.m. on January 5, 2001). (…)” (the highlighting is not from the original).

Thus, this Court considers that the transcribed precedent is applicable to the case at hand, since it finds no reasons to vary the stated criterion nor grounds that would lead it to assess the situation presented differently. Therefore, in view of the fact that the purpose of the request sent by the petitioner on February 4, 2020, was to deliver to the respondent local government a study he conducted and to request that he be granted employment, the matter claimed is not subject to amparo protection before this jurisdiction. Furthermore, it is not for this Court to determine, in accordance with the infraconstitutional regulations governing the matter, whether the respondent local government should accept or not the petitioner’s proposal “to implement the selective collection service for recoverable waste generated in this canton” for the purposes of “separating, collecting, selecting, and commercializing recoverable materials, fostering good waste management habits and employment.” Consequently, if the amparo petitioner deems it appropriate, they may file their claim before the respondent authority itself or in the corresponding ordinary jurisdictional venue, venues in which they will be able to broadly discuss the merits of the matter, as well as assert their claims. Ergo, the appropriate course is to dismiss the amparo action.

LBH12/22 ... See more Content of Interest:

Strategic Topics: Constitución Política Type of content: Majority vote Branch of Law: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA WITH JURISPRUDENCE Topic: 027- Petition Subtopics:

NOT APPLICABLE.

009281-20. IT IS REITERATED THAT SUPPORT OR EXHORTATIVE GESTIONS, FILED BY ADMINISTERED PARTIES, DO NOT FIT WITHIN THE ASSUMPTIONS OF THE RIGHT OF PETITION.

"By virtue of the foregoing, it is not verified that any injury has been caused to the fundamental rights of the petitioner, since the request, the lack of response to which the amparo petitioner complains, does not concern a simple petition or a request for information, but rather constitutes a support request (gestión de apoyo). In this regard, the Chamber deems it appropriate to cite what was indicated in judgment No. 2002-003910 of 3:55 p.m. on April 30, 2002, in which it was considered:

“(…) II.- The appellant also accuses that Article 27 of the Constitución Política has been violated, since to date no response has been obtained to the note that the Legal Advisor of the Unión de Conserjes de Educación Pública union sent to the Personnel Director of the Ministerio de Educación Pública on February twenty-sixth. Indeed, the cited constitutional article refers to the power that every person has to address any public official or official entity in writing, so that they may inform or resolve matters of interest to them, a guarantee that is complemented by the right to obtain a prompt resolution. However, from reading the writing in question, the failure to resolve which is accused (see copy on page 6 of the case file), this Chamber concludes that such request does not fit within the assumptions of constitutional Article 27 and Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, for it corresponds properly to an exhortative or support request (gestión de apoyo), with which one seeks to incite the respondent to interpose ‘his good offices so that Mrs. LAURA CACERES MANZANARES is appointed to a permanent position.’ Hence, if the intention of said Legal Advisor was to ensure that the respondent acted in the manner he intended and they have not yet done so, this does not constitute an omission that could injure his right of petition in the terms set forth in the initial brief" LBH12/22 ... See more Content of Interest:

Strategic Topics: Constitución Política Type of content: Majority vote Branch of Law: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE Topic: 032- Right of petition Subtopics:

NOT APPLICABLE.

009281-20. IT IS REITERATED THAT SUPPORT OR EXHORTATIVE GESTIONS, FILED BY ADMINISTERED PARTIES, DO NOT FIT WITHIN THE ASSUMPTIONS OF THE RIGHT OF PETITION.

"By virtue of the foregoing, it is not verified that any injury has been caused to the fundamental rights of the petitioner, since the request, the lack of response to which the amparo petitioner complains, does not concern a simple petition or a request for information, but rather constitutes a support request (gestión de apoyo). In this regard, the Chamber deems it appropriate to cite what was indicated in judgment No. 2002-003910 of 3:55 p.m. on April 30, 2002, in which it was considered:

“(…) II.- The appellant also accuses that Article 27 of the Constitución Política has been violated, since to date no response has been obtained to the note that the Legal Advisor of the Unión de Conserjes de Educación Pública union sent to the Personnel Director of the Ministerio de Educación Pública on February twenty-sixth. Indeed, the cited constitutional article refers to the power that every person has to address any public official or official entity in writing, so that they may inform or resolve matters of interest to them, a guarantee that is complemented by the right to obtain a prompt resolution. However, from reading the writing in question, the failure to resolve which is accused (see copy on page 6 of the case file), this Chamber concludes that such request does not fit within the assumptions of constitutional Article 27 and Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, for it corresponds properly to an exhortative or support request (gestión de apoyo), with which one seeks to incite the respondent to interpose ‘his good offices so that Mrs. LAURA CACERES MANZANARES is appointed to a permanent position.’ Hence, if the intention of said Legal Advisor was to ensure that the respondent acted in the manner he intended and they have not yet done so, this does not constitute an omission that could injure his right of petition in the terms set forth in the initial brief" LBH12/22 ... See more *200075550007CO* Res. No. 2020009281 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on May twenty-second, two thousand twenty.

Amparo action processed in case file number 20-007555-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA.

Whereas:

1.- By writing received at the Secretariat of the Chamber at 4:39 p.m. on April 27, 2020, the petitioner files an amparo action against the Municipalidad de Alajuelita. He states that, due to his experience in integrated solid waste management, he worked at the Municipalidad de San José from 1983 to 2002 and subsequently in consultancies provided to municipalities. He indicates that he has received national training and internships in courses related to trips to Mexico and Japan. He points out that the Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto has a clause requiring former scholarship holders to contribute their learned knowledge to the country. He argues that in light of the covid-19 pandemic, the population needs money and that there is a lack of resources to pay taxes, so he questions how local governments will manage to pay the high costs of the final disposal service. He recounts that on October 21, 2015, he provided the mayor of Alajuelita with the document “Project profile for selective collection of recoverable waste, in which a target was recommended of collecting 7 metric tons of recoverable materials out of the 70 MT that were collected.” He affirms that official letter SIGA0167 was sent to him, in which Johana Ávila Vargas stated that “the information was very valuable… and that for the moment the municipality does not have the tools and budget to carry out a project like this.” He adds that five questions were formulated regarding who will carry out the selective collection, which collection center, the management and plan for the waste, and the storage location. He argues that what the environmental manager consulted are the actions and responsibilities that the municipality has failed to fulfill for the last ten years. He explains that the profile he provided allows one to see how the patient is in order to treat them with available resources. He adds that “I even commented to the mayor and environmental manager that in Japan they use the same collectors for recyclable and ordinary waste. In Concepción there is the Centro de Acopio San Miguel, a manager that receives recoverable materials from several neighboring municipalities, and paradoxically (sic) the municipality of Alajuelita does not take advantage of these facilities.” He recounts that on February 4, 2020, he filed request AIC-372-2020 before the mayor of Alajuelita, which contains an action plan for the selective collection of 8 MT of recoverable material out of the 80 MT generated daily, indicating that waste generation is increasing. He argues that as of the date of filing this amparo action, he has not received any response. He explains particularities of the study. He requests that the local government in question “fulfill its responsibilities so that recoverable materials are separated, collected, selected, and commercialized, fostering good waste management habits and the employment that we so badly need these days.” 2.- By means of a resolution of the Chamber at 3:55 p.m. on April 28, 2020, the proceeding was admitted, and a report was requested from the Mayor of Alajuelita regarding the facts alleged by the petitioner.

3.- By writing incorporated into the digital case file at 3:28 p.m. on May 12, 2020, Modesto Alpízar Luna, in his capacity as mayor of Alajuelita, reports under oath. He affirms that, on February 4, 2020, the petitioner did indeed provide a proposal to implement the selective collection service for recoverable waste generated in the canton. He adds that in that document he requested a work opportunity, since he is unemployed, as well as an appointment with the environmental manager of the municipality. He states that, on February 24, 2020, Ms. Ávila Vargas explained to the amparo petitioner in a meeting that was held that the local government does not have a budget to implement the aforementioned project, and that it would be necessary to wait for the annual budget of 2021. He adds that the amparo petitioner was told “to come pick up the official letter with the response that same week, since he did not provide an email to send it to him.” He points out that he attended to the petitioner on several occasions and that what he primarily requests is a work opportunity in the municipality. He argues that in the request filed by the petitioner, no means for receiving notifications was recorded, so the official letter of February 27, 2020, was never picked up by the petitioner. He adds that said official letter could not be sent to him, by virtue of the fact that no electronic means for receiving communications was indicated. He considers that, just as the administration must respond to the administered party, the latter has the obligation to indicate a means for communications. He requests that the amparo action be dismissed.

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE AMPARO ACTION. The petitioner considers his fundamental rights injured, since on February 4, 2020, he filed a request before the mayor of Alajuelita; however, at the time of filing this amparo action, he had not obtained any response. Therefore, he requests that “the Municipalidad de Alajuelita fulfill its responsibilities so that recoverable materials are separated, collected, selected, and commercialized, fostering good waste management habits and employment (…).” II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, according to what was ordered in the initial decree:

On February 4, 2020, the amparo petitioner filed request AIC-372-2020 addressed to the mayor of Alajuelita, in which he stated: “The purpose of this letter is to deliver to the Municipalidad de Alajuelita a study I conducted last year, entitled “Proposal to implement the selective collection service for recoverable waste generated in this canton.” The study contemplates two specific objectives: 1- Identify the largest generators. 2- Establish separation programs in schools through talks on recoverable waste established by Ley 8839, Ley para la gestión integral de residuos. Therefore, I request the possibility of being given a work opportunity at the Municipalidad de Alajuelita, given that I am unemployed and have a family. Sincerely [Name 001] Environmental Management Technician ID [Value 002], tel [Value 003]”. (See documentary evidence).

On February 24, 2020, a meeting was held between the petitioner and the environmental manager of the respondent local government, in which the municipal official verbally explained to the amparo petitioner that there is no budget to implement the project “and tells him to come pick up the official letter with the response that same week, since he did not provide an email to send it to him.” (See report rendered under oath by the respondent authority).

On February 24, 2020, the secretary of the mayor's office of Alajuelita sent official letter 50-2020 to Johanna Ávila, a municipal official, which indicated “Subject: By instruction of the Mayor, please carry out the following procedure: 1. Attached is official letter with procedure ALC-372-2020 (…). Additionally, he wishes an appointment to discuss the matter. (Grant him an appointment to meet with the undersigned.” Said official letter was received by the amparo petitioner. (See documentary evidence).

On February 27, 2020, the environmental manager of the Municipalidad de Alajuelita addressed official letter MA-AM-GAMB-005-2020 to the petitioner, in which she stated: “I am writing to inform you that I have studied your proposal based on the conversation we had, and I regret to inform you that the Municipalidad de Alajuelita does not have a budget to implement this project. We are aware that we must assume this responsibility and work with the collection of recoverable waste, and it is part of the goals that this department must meet, but at this time we cannot take it on. We hope that in the coming year and for the 2021 budget, opportunities will open up (sic) for us and we can talk again with better expectations.” Said official letter has not been picked up by the petitioner. (See documentary evidence and report rendered under oath by the respondent authority).

On May 7, 2020, the mayor of Alajuelita was notified of the processing of this amparo action. (See notification record).

III.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, it has been demonstrated that, on February 4, 2020, the amparo petitioner filed request AIC-372-2020 addressed to the mayor of Alajuelita, in which he stated: “The purpose of this letter is to deliver to the Municipalidad de Alajuelita a study I conducted last year, entitled “Proposal to implement the selective collection service for recoverable waste generated in this canton.” The study contemplates two specific objectives: 1- Identify the largest generators. 2- Establish separation programs in schools through talks on recoverable waste established by Ley 8839, Ley para la gestión integral de residuos. Therefore, I request the possibility of being given a work opportunity at the Municipalidad de Alajuelita, given that I am unemployed and have a family. Sincerely [Name 001] Environmental Management Technician ID [Value 002], tel [Value 003]” (the underlining was supplied). In this regard, it has been proven that on February 24, 2020, a meeting was held between the petitioner and the environmental manager of the respondent local government, in which the municipal official verbally explained to the amparo petitioner that there is no budget to implement the project “and tells him to come pick up the official letter with the response that same week, since he did not provide an email to send it to him.” Furthermore, that same day, the secretary of the mayor's office of Alajuelita sent official letter 50-2020 to Johanna Ávila, a municipal official, which indicated: “Subject: By instruction of the Mayor, please carry out the following procedure: 1. Attached is official letter with procedure ALC-372-2020 (…). Additionally, he wishes an appointment to discuss the matter. (Grant him an appointment to meet with the undersigned.” Said official letter was received by the amparo petitioner. Finally, the Court verifies that, on February 27, 2020, the environmental manager of the Municipalidad de Alajuelita sent official letter MA-AM-GAMB-005-2020 to the petitioner, in which she stated: “I am writing to inform you that I have studied your proposal based on the conversation we had, and I regret to inform you that the Municipalidad de Alajuelita does not have a budget to implement this project. We are aware that we must assume this responsibility and work with the collection of recoverable waste, and it is part of the goals that this department must meet, but at this time we cannot take it on. We hope that in the coming year and for the 2021 budget, opportunities will open up (sic) for us and we can talk again with better expectations.” Said official letter has not been picked up by the petitioner.

By virtue of the foregoing, it is not verified that any injury has been caused to the fundamental rights of the petitioner, since the request, the lack of response to which the amparo petitioner complains, does not concern a simple petition or a request for information, but rather constitutes a support request (gestión de apoyo). In this regard, the Chamber deems it appropriate to cite what was indicated in judgment No. 2002-003910 of 3:55 p.m. on April 30, 2002, in which it was considered:

“(…) II.- The appellant also accuses that Article 27 of the Constitución Política has been violated, since to date no response has been obtained to the note that the Legal Advisor of the Unión de Conserjes de Educación Pública union sent to the Personnel Director of the Ministerio de Educación Pública on February twenty-sixth. Indeed, the cited constitutional article refers to the power that every person has to address any public official or official entity in writing, so that they may inform or resolve matters of interest to them, a guarantee that is complemented by the right to obtain a prompt resolution. However, from reading the writing in question, the failure to resolve which is accused (see copy on page 6 of the case file), this Chamber concludes that such request does not fit within the assumptions of constitutional Article 27 and Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, for it corresponds properly to an exhortative or support request (gestión de apoyo), with which one seeks to incite the respondent to interpose ‘his good offices so that Mrs. LAURA CACERES MANZANARES is appointed to a permanent position.’ Hence, if the intention of said Legal Advisor was to ensure that the respondent acted in the manner he intended and they have not yet done so, this does not constitute an omission that could injure his right of petition in the terms set forth in the initial brief (see in a similar sense judgments number 1481-96 of 6:15 p.m. on March 27, 1996, number 2000-8491 of 3:01 p.m. on September 26, 2000, and 2001-118 of 9:26 a.m. on January 5, 2001). (…)” (the highlighting is not from the original).

Thus, this Court considers that the transcribed precedent is applicable to the case at hand, since it finds no reasons to vary the stated criterion nor grounds that would lead it to assess the situation presented differently. Therefore, in view of the fact that the purpose of the request sent by the petitioner on February 4, 2020, was to deliver to the respondent local government a study he conducted and to request that he be granted employment, the matter claimed is not subject to amparo protection before this jurisdiction. Furthermore, it is not for this Court to determine, in accordance with the infraconstitutional regulations governing the matter, whether the respondent local government should accept or not the petitioner’s proposal “to implement the selective collection service for recoverable waste generated in this canton” for the purposes of “separating, collecting, selecting, and commercializing recoverable materials, fostering good waste management habits and employment.” Consequently, if the amparo petitioner deems it appropriate, they may file their claim before the respondent authority itself or in the corresponding ordinary jurisdictional venue, venues in which they will be able to broadly discuss the merits of the matter, as well as assert their claims. Ergo, the appropriate course is to dismiss the amparo action.

IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The amparo action is dismissed.

Fernando Castillo V. President Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Paulino Hernández G.

Digitally Signed Document -- Verification code -- *40WCTVGPSYM61* CASE FILE N° 20-007555-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6 Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Control constitucional: Sentencia desestimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PETICIÓN Subtemas:

OTRAS SOLICITUDES.

009281-20. SE REITERA QUE LAS GESTIONES DE APOYO O EXHORTATIVAS, PLANTEADAS POR LOS ADMINISTRADOS, NO ENCAJAN DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS DEL DERECHO DE PETICIÓN. III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, se tiene por demostrado que, el 4 de febrero de 2020, el amparado formuló la gestión AIC-372-2020 dirigida al alcalde de Alajuelita, en el que señaló: “El motivo de la presente misiva es para entregar a la Municipalidad de Alajuelita un estudio que realicé el año pasado , denominado “Propuesta para implementar el servicio de recolección selectiva de residuos valorizables que se generan en este cantón”. El estudio contempla dos objetivos específicos: 1- Identificar los mayores generadores. 2- Establecer programas de separación en las escuelas mediante charlas sobre los residuos valorizables que establece la Ley 8839, Ley para la gestión integral de residuos. Por lo anterior le solicito la posibilidad de que se me brinde una oportunidad laboral en la Municipalidad de Alajuelita, dado que estoy desempleado y con familia. Atentamente [Nombre 001] Técnico en Gestión Ambiental ced. [Valor 002], tel [Valor 003] ” (el subrayado fue suplido). Al respecto, se tiene por acreditado que el 24 de febrero de 2020 se efectuó una reunión entre el tutelado y la gestora ambiental del gobierno local recurrido, en la cual la funcionaria municipal le explicó de manera verbal al amparado que no se cuenta con presupuesto para implementar el proyecto “y le indica que pasa a recoger el oficio con la respuesta en la misma semana, ya que no aportó correo electrónico para enviárselo ”. Además, ese mismo día, la secretaria de la alcaldía de Alajuelita remitió el oficio 50-2020 a Johanna Ávila, funcionaria municipal, en el que se indicó: “Asunto: Por instrucción del Señor Alcalde, favor a realizar el siguiente trámite: 1. Adjunto oficio con trámite ALC-372-2020 (…). Adicionalmente desea una cita para conversar sobre el tema. (Otorgarle una cita para que se reúna con el suscrito”. Tal oficio fue recibido por el amparado. Finalmente, el Tribunal comprueba que, el 27 de febrero de 2020, la gestora ambiental de la Municipalidad de Alajuelita remitió el oficio MA-AM-GAMB-005-2020 al tutelado, en el que señaló: “Sirva la presente para informarle que he estudiado su propuesta según la conversación que sostuvimos y lamento comunicarle que la Municipalidad de Alajuelita no cuenta con presupuesto para poder implementar este proyecto. Somos conscientes que tenemos que asumir esta responsabilidad y trabajar con la recolección de residuos valorizables y es parte de las metas que este departamento debe cumplir, pero en este momento no lo podemos asumir. Esperamos que para el año entrante y para el presupuesto 2021, se nos habrá (sic) las oportunidades y poder conversar de nuevo ya con mejores expectativas”. Tal oficio no ha sido retirado por el tutelado. En mérito de lo expuesto, no se constata que se haya producido lesión alguna a los derechos fundamentales de la parte tutelada, toda vez que la gestión, cuya falta de respuesta reclama el amparado, no trata de una petición simple o una solicitud de información, sino que constituye una gestión de apoyo. Al respecto, la Sala considera oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2002-003910 de las 15:55 horas de 30 de abril de 2002, en la que se consideró:

“(…) II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora LAURA CACERES MANZANARES”. De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)” (el destacado no es del original).

Así las cosas, este Tribunal considera que el precedente transcrito resulta aplicable al caso de marras, toda vez que no encuentra razones para variar el criterio vertido ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. De modo que, visto que el propósito de la gestión remitida por el tutelado el 4 de febrero de 2020 fue entregar al gobierno local recurrido un estudio que efectuó y solicitar que se le otorgara un empleo, lo reclamado no resulta amparable ante esta jurisdicción. Además, no le corresponde a este Tribunal determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el gobierno local recurrido debe acoger o no la propuesta del tutelado “para implementar el servicio de recolección selectiva de residuos valorizables que se generan en este cantón” a los efectos de que “se separen, recolecten, seleccionen y comercialicen los materiales valorizables, fomentando buenos hábitos de manejo de residuos y el empleo”. En consecuencia, si a bien lo tiene la parte amparada, puede formular su reclamo ante la propia autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional ordinaria correspondiente, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto, así como hacer valer sus pretensiones. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso. LBH12/22 ... Ver más Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 027- Petición Subtemas:

NO APLICA.

009281-20. SE REITERA QUE LAS GESTIONES DE APOYO O EXHORTATIVAS, PLANTEADAS POR LOS ADMINISTRADOS, NO ENCAJAN DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS DEL DERECHO DE PETICIÓN.

"En mérito de lo expuesto, no se constata que se haya producido lesión alguna a los derechos fundamentales de la parte tutelada, toda vez que la gestión, cuya falta de respuesta reclama el amparado, no trata de una petición simple o una solicitud de información, sino que constituye una gestión de apoyo. Al respecto, la Sala considera oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2002-003910 de las 15:55 horas de 30 de abril de 2002, en la que se consideró:

“(…) II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora LAURA CACERES MANZANARES”. De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial " LBH12/22 ... Ver más Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 032- Derecho de petición Subtemas:

NO APLICA.

009281-20. SE REITERA QUE LAS GESTIONES DE APOYO O EXHORTATIVAS, PLANTEADAS POR LOS ADMINISTRADOS, NO ENCAJAN DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS DEL DERECHO DE PETICIÓN.

"En mérito de lo expuesto, no se constata que se haya producido lesión alguna a los derechos fundamentales de la parte tutelada, toda vez que la gestión, cuya falta de respuesta reclama el amparado, no trata de una petición simple o una solicitud de información, sino que constituye una gestión de apoyo. Al respecto, la Sala considera oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2002-003910 de las 15:55 horas de 30 de abril de 2002, en la que se consideró:

“(…) II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora LAURA CACERES MANZANARES”. De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial " LBH12/22 ... Ver más *200075550007CO* Res. Nº 2020009281 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintidos de mayo de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-007555-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA .

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:39 horas del 27 de abril de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuelita. Manifiesta que, debido a su experiencia en la gestión integral de residuos sólidos laboró en la Municipalidad de San José de 1983 a 2002 y después en asesorías dadas a municipalidades. Señala que ha recibido capacitación nacional y pasantías en cursos relacionados con giras a México y Japón. Indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tiene una cláusula en la que exige a los ex becarios aportar al país los conocimientos aprendidos. Sostiene que ante la pandemia de la covid-19 la población necesita dinero y que se carece de recursos para pagar impuestos, por lo que cuestiona cómo van a hacer los gobiernos locales para pagar los altos costos del servicio de disposición final. Narra que el 21 de octubre de 2015 aportó ante el alcalde de Alajuelita el documento “Perfil de proyecto de recolección selectiva de residuos valorizable, en el cual se recomendó una meta de recolectar 7 Toneladas métricas de materiales valorizables de las 70 TM que se recolectaban”. Afirma que se le envió el oficio SIGA0167 en el que Johana Ávila Vargas manifestó que “la información era muy valiosa… y que por el momento la municipalidad no cuenta con las herramientas y presupuesto para realizar un proyecto como este”. Agrega que se formularon cinco interrogantes relativas a quién va a realizar la recolección selectiva, cuál centro de acopio, el manejo y plan sobre los residuos y el lugar de almacenamiento. Sostiene que lo que la gestora ambiental consultó son las acciones y responsabilidades que la municipalidad incumple desde hace diez años. Explica que el perfil que aportó permite ver cómo está el paciente para atenderlo con los recursos disponibles. Agrega que “incluso yo le comenté al alcalde y gestora que en Japón usan los mismos recolectores para residuos reciclables y ordinarios. En Concepción existe El Centro de Acopio San Miguel, gestor que recibe materiales valorizables de varias municipalidades aledañas y paradógicamente (sic) la municipalidad de Alajuelita no aprovecha estas instalaciones”. Narra que el 4 de febrero de 2020 formuló la gestión AIC-372-2020 ante el alcalde de Alajuelita, el cual contiene un plan de acción para la recolección selectiva de materiales valorizable de 8 Tm de las 80 Tm que se generan diariamente, lo cual indica que la generación de residuos aumenta. Sostiene que a la fecha de interposición de este recurso no ha recibido respuesta alguna. Explica particularidades del estudio. Solicita que el gobierno local de marras “cumpla con sus responsabilidades para que se separen, recolecten, seleccionen y comercialicen los materiales valorizables, fomentando buenos hábitos de manejo de residuos y el empleo que tanto nos hace falta en estos días”. 2.- Mediante resolución de la Sala de las 15:55 horas del 28 de abril de 2020, se dio curso al proceso y se requirió informe al Alcalde de Alajuelita, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:28 horas del 12 de mayo de 2020, informa bajo juramento Modesto Alpízar Luna, en su condición de alcalde de Alajuelita. Afirma que, el 4 de febrero de 2020, el tutelado sí aportó una propuesta para implementar el servicio de recolección selectiva de residuos valorizables que se generan en el cantón. Agrega que en ese documento solicitó una oportunidad laboral, toda vez que se encuentra desempleado, así como una cita con la gestora ambiental de la municipalidad. Sostiene que, el 24 de febrero de 2020, la señora Ávila Vargas le explicó al amparado en una reunión que se efectuó que el gobierno local no cuenta con presupuesto para implementar el aludido proyecto, por lo que habría que esperar al presupuesto anual del 2021. Agrega que se le indicó al amparado que “pasa a recoger el oficio con la respuesta en la misma semana, ya que no aportó correo electrónico para enviárselo”. Señala que atendió al tutelado en varias ocasiones y que lo que solicita primordialmente es una oportunidad laboral en el municipio. Sostiene que en la gestión formulada por el tutelado no se consignó medio alguno para atender notificaciones, de modo que el oficio 27 de febrero de 2020 nunca fue retirado por el recurrente. Agrega que tal oficio no se le pudo enviar, en virtud de que no se señaló un medio electrónico para atender comunicaciones. Considera que, así como la administración debe dar respuesta al administrado, este tiene la obligación de señalar un medio para comunicaciones. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que el 4 de febrero de 2020 formuló una gestión ante el alcalde de Alajuelita; empero, al momento de interponer este recurso no había obtenido respuesta alguna. Por lo anterior, solicita que “ la Municipalidad de Alajuelita cumpla con sus responsabilidades para que se separen, recolecten, seleccionen y comercialicen los materiales valorizables, fomentando buenos hábitos de manejo de residuos y el empleo (…) ”. II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: El 4 de febrero de 2020, el amparado formuló la gestión AIC-372-2020 dirigido al alcalde de Alajuelita, en el que señaló: “El motivo de la presente misiva es para entregar a la Municipalidad de Alajuelita un estudio que realicé el año pasado, denominado “Propuesta para implementar el servicio de recolección selectiva de residuos valorizables que se generan en este cantón”. El estudio contempla dos objetivos específicos: 1- Identificar los mayores generadores. 2- Establecer programas de separación en las escuelas mediante charlas sobre los residuos valorizables que establece la Ley 8839, Ley para la gestión integral de residuos. Por lo anterior le solicito la posibilidad de que se me brinde una oportunidad laboral en la Municipalidad de Alajuelita, dado que estoy desempleado y con familia. Atentamente [Nombre 001] Técnico en Gestión Ambiental ced. [Valor 002], tel [Valor 003]”. (Ver prueba documental). El 24 de febrero de 2020 se efectuó una reunión entre el tutelado y la gestora ambiental del gobierno local recurrido, en la cual la funcionaria municipal le explicó de manera verbal al amparado que no se cuenta con presupuesto para implementar el proyecto “y le indica que pasa a recoger el oficio con la respuesta en la misma semana, ya que no aportó correo electrónico para enviárselo”. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida). El 24 de febrero de 2020, la secretaria de la alcaldía de Alajuelita remitió el oficio 50-2020 a Johanna Ávila, funcionaria municipal, en el que se indicó “Asunto: Por instrucción del Señor Alcalde, favor a realizar el siguiente trámite: 1. Adjunto oficio con trámite ALC-372-2020 (…). Adicionalmente desea una cita para conversar sobre el tema. (Otorgarle una cita para que se reúna con el suscrito”. Tal oficio fue recibido por el amparado. (Ver prueba documental). El 27 de febrero de 2020, la gestora ambiental de la Municipalidad de Alajuelita dirigido el oficio MA-AM-GAMB-005-2020 al tutelado en el que señaló: “Sirva la presente para informarle que he estudiado su propuesta según la conversación que sostuvimos y lamento comunicarle que la Municipalidad de Alajuelita no cuenta con presupuesto para poder implementar este proyecto. Somos conscientes que tenemos que asumir esta responsabilidad y trabajar con la recolección de residuos valorizables y es parte de las metas que este departamento debe cumplir, pero en este momento no lo podemos asumir. Esperamos que para el año entrante y para el presupuesto 2021, se nos habrá (sic) las oportunidades y poder conversar de nuevo ya con mejores expectativas”. Tal oficio no ha sido retirado por el tutelado. (Ver prueba documental e informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida). El 7 de mayo de 2020, el alcalde de Alajuelita fue notificado sobre la tramitación de este recurso de amparo. (Ver acta de notificación). III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, se tiene por demostrado que, el 4 de febrero de 2020, el amparado formuló la gestión AIC-372-2020 dirigida al alcalde de Alajuelita, en el que señaló: “El motivo de la presente misiva es para entregar a la Municipalidad de Alajuelita un estudio que realicé el año pasado , denominado “Propuesta para implementar el servicio de recolección selectiva de residuos valorizables que se generan en este cantón”. El estudio contempla dos objetivos específicos: 1- Identificar los mayores generadores. 2- Establecer programas de separación en las escuelas mediante charlas sobre los residuos valorizables que establece la Ley 8839, Ley para la gestión integral de residuos. Por lo anterior le solicito la posibilidad de que se me brinde una oportunidad laboral en la Municipalidad de Alajuelita, dado que estoy desempleado y con familia. Atentamente [Nombre 001] Técnico en Gestión Ambiental ced. [Valor 002], tel [Valor 003] ” (el subrayado fue suplido). Al respecto, se tiene por acreditado que el 24 de febrero de 2020 se efectuó una reunión entre el tutelado y la gestora ambiental del gobierno local recurrido, en la cual la funcionaria municipal le explicó de manera verbal al amparado que no se cuenta con presupuesto para implementar el proyecto “y le indica que pasa a recoger el oficio con la respuesta en la misma semana, ya que no aportó correo electrónico para enviárselo ”. Además, ese mismo día, la secretaria de la alcaldía de Alajuelita remitió el oficio 50-2020 a Johanna Ávila, funcionaria municipal, en el que se indicó: “Asunto: Por instrucción del Señor Alcalde, favor a realizar el siguiente trámite: 1. Adjunto oficio con trámite ALC-372-2020 (…). Adicionalmente desea una cita para conversar sobre el tema. (Otorgarle una cita para que se reúna con el suscrito”. Tal oficio fue recibido por el amparado. Finalmente, el Tribunal comprueba que, el 27 de febrero de 2020, la gestora ambiental de la Municipalidad de Alajuelita remitió el oficio MA-AM-GAMB-005-2020 al tutelado, en el que señaló: “Sirva la presente para informarle que he estudiado su propuesta según la conversación que sostuvimos y lamento comunicarle que la Municipalidad de Alajuelita no cuenta con presupuesto para poder implementar este proyecto. Somos conscientes que tenemos que asumir esta responsabilidad y trabajar con la recolección de residuos valorizables y es parte de las metas que este departamento debe cumplir, pero en este momento no lo podemos asumir. Esperamos que para el año entrante y para el presupuesto 2021, se nos habrá (sic) las oportunidades y poder conversar de nuevo ya con mejores expectativas”. Tal oficio no ha sido retirado por el tutelado. En mérito de lo expuesto, no se constata que se haya producido lesión alguna a los derechos fundamentales de la parte tutelada, toda vez que la gestión, cuya falta de respuesta reclama el amparado, no trata de una petición simple o una solicitud de información, sino que constituye una gestión de apoyo. Al respecto, la Sala considera oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2002-003910 de las 15:55 horas de 30 de abril de 2002, en la que se consideró:

“(…) II.- La recurrente acusa –además- que se ha violentado el artículo 27 de la Constitución Política, pues a la fecha no se ha obtenido respuesta a la nota que remitió el Asesor Legal del Sindicato Unión de Conserjes de Educación Pública al Director del Personal del Ministerio de Educación Pública, esto el veintiséis de febrero pasado. Efectivamente, el citado artículo constitucional hace referencia a la facultad que posee toda persona para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial, a fin de que estos le informen o resuelvan asuntos de su interés, garantía que se complemente con el derecho de obtener pronta resolución. Sin embargo, de la lectura del escrito en mención y cuya omisión en resolver se acusa (ver copia a folio 6 del expediente), desprende esta Sala que tal gestión no encaja en los presupuestos del artículo 27 constitucional y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, pues corresponde propiamente a una exhortativa o gestión de apoyo, con la que se procura incitar al recurrido para que interponga “sus buenos oficios para que se nombre en propiedad a la señora LAURA CACERES MANZANARES”. De ahí, que si la intención de dicho Asesor Legal era procurar que el recurrido actuara de la forma que él pretendía y aún no lo han hecho, ello no constituye una omisión que pueda lesionar su derecho de petición en los términos que lo plantea en el memorial inicial (ver en sentido similar sentencias número 1481-96 de las 18:15 horas del 27 de marzo de 1996, número 2000-8491 de las 15:01 horas del 26 de septiembre del 2000, y 2001-118 de las 9:26 horas del 5 de enero del 2001). (…)” (el destacado no es del original).

Así las cosas, este Tribunal considera que el precedente transcrito resulta aplicable al caso de marras, toda vez que no encuentra razones para variar el criterio vertido ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. De modo que, visto que el propósito de la gestión remitida por el tutelado el 4 de febrero de 2020 fue entregar al gobierno local recurrido un estudio que efectuó y solicitar que se le otorgara un empleo, lo reclamado no resulta amparable ante esta jurisdicción. Además, no le corresponde a este Tribunal determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el gobierno local recurrido debe acoger o no la propuesta del tutelado “para implementar el servicio de recolección selectiva de residuos valorizables que se generan en este cantón” a los efectos de que “se separen, recolecten, seleccionen y comercialicen los materiales valorizables, fomentando buenos hábitos de manejo de residuos y el empleo”. En consecuencia, si a bien lo tiene la parte amparada, puede formular su reclamo ante la propia autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional ordinaria correspondiente, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto, así como hacer valer sus pretensiones. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso. IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Paulino Hernández G.

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