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Res. 08913-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/05/2020
OutcomeResultado
The amparo is granted for violation of the right to petition, and the Municipality of Talamanca is ordered to respond to the petitioner's request within fifteen days.Se declara con lugar el amparo por violación al derecho de petición y se ordena a la Municipalidad de Talamanca responder la gestión del recurrente en un plazo de quince días.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by a citizen against the Municipality of Talamanca for failing to resolve a petition submitted on January 14, 2020. The petitioner asked the Municipal Council to order the mayor to take administrative or judicial actions regarding irregular occupations in the maritime terrestrial zone, as indicated in a report by the Comptroller General's Office. The Chamber found that the petition had not been answered after more than four months, violating the right to petition and to a prompt and complete justice. Although the matter has an environmental dimension, the court treated it as an exception to the general rule of referring administrative delay cases to the contentious-administrative jurisdiction due to its environmental nature. The amparo was granted, and the municipal authorities were ordered to respond to the petition within fifteen days, under warning of criminal penalties for non-compliance.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano contra la Municipalidad de Talamanca por no haber resuelto una gestión presentada el 14 de enero de 2020. En su solicitud, el recurrente pidió al Concejo Municipal que ordenara al alcalde tomar acciones administrativas o judiciales sobre ocupaciones irregulares en la zona marítimo terrestre, según lo señalado en un informe de la Contraloría General de la República. La Sala determinó que la gestión no había sido atendida después de más de cuatro meses, lo que constituye una violación al derecho de petición y a la justicia pronta y cumplida. Aunque el asunto tiene una dimensión ambiental, el tribunal lo abordó como una excepción a la regla general de remitir casos de mora administrativa a la jurisdicción contencioso-administrativa, dada su naturaleza ambiental. Se declaró con lugar el amparo y se ordenó a las autoridades municipales responder la gestión en un plazo de quince días, bajo apercibimiento de sanciones penales por desobediencia.
Key excerptExtracto clave
V.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner claims that on January 14, 2020, he filed a request before the Municipal Council of Talamanca; nevertheless, he alleges that said request has not yet been resolved. From the evidence in the record, this Court finds it proven that, on January 14, 2020, the petitioner filed a request before the Municipal Council of Talamanca, in which he stated: “(…) considering report number DFOE-DI-459 dated March 9, 2012, from the Operational and Evaluation Oversight Division of the Comptroller General of the Republic, I demand that the Municipal Mayor be ordered as follows: 1. Immediately initiate the pertinent administrative or judicial proceedings in the cases described in report number DFOE-DI-459 of March 9, 2012, safeguarding the Maritime Terrestrial Zone Law. 2. Order the preparation of a count and survey of the occupants and lands currently located in the maritime terrestrial zone of Talamanca. Immediately carry out the relevant analyses in the maritime terrestrial zone under your jurisdiction, in order to accurately determine the existence of similar cases, that is, those with the same irregularities identified in the sample investigated by the Operational and Evaluation Oversight Division of the Comptroller General of the Republic (…)”. Now, given that the respondent authorities failed to submit the report in this proceeding, in accordance with Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law, this Court deems the allegations true, in that such request has still not been addressed by the authorities, which constitutes a violation of the petitioner’s fundamental rights, as more than four months have elapsed without the respondents having resolved the request in question. Therefore, it is appropriate to grant the appeal, in accordance with the operative part of this decision.V.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, el tutelado sostiene que el 14 de enero de 2020 formuló una gestión ante el Concejo Municipal de Talamanca; no obstante, acusa que tal solicitud aún no ha sido resuelta. De la prueba que consta en autos, este Tribunal tiene por demostrado que, el 14 de enero de 2020, el tutelado formuló una gestión ante el Concejo Municipal de Talamanca, en la cual consignó: “(…) considerando el informe número DFOE-DI-459 de fecha 9 de marzo del 2012 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, exijo se ordene al Alcalde Municipal lo siguiente: 1. Se accionen inmediatamente las diligencias administrativas o judiciales que corresponda en los casos que fueron descritos en el informe número DFOE-DI-459 del 9 de marzo del 2012, resguardando la Ley de Zona Marítimo Terrestre. 2. Se ordene la elaboración del recuento y levantamiento de los ocupantes y de los terrenos que actualmente se ubican en la zona marítimo terrestre de Talamanca. Se realice inmediatamente los análisis pertinentes en la zona marítimo terrestre que se encuentra bajo su competencia, con el fin de determinar con exactitud la existencia de casos similares, es decir, que posean las mismas irregularidades determinadas en la muestra que fue investigada por parte de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República (…)”. Ahora bien, visto que las autoridades recurridas omitieron rendir el informe en este proceso, de conformidad con el ordinal 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal tiene por cierto lo acusado, en el sentido de que tal gestión aún no ha sido atendida por las autoridades, razón por la cual se constata la vulneración a los derechos fundamentales del tutelado, toda vez que han transcurrido más de cuatro meses sin que los recurridos hayan resuelto la gestión de marras. Ergo, lo procedente es declarar con lugar el recurso, de conformidad con la parte dispositiva de este pronunciamiento.
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"visto que las autoridades recurridas omitieron rendir el informe en este proceso, de conformidad con el ordinal 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal tiene por cierto lo acusado, en el sentido de que tal gestión aún no ha sido atendida por las autoridades, razón por la cual se constata la vulneración a los derechos fundamentales del tutelado, toda vez que han transcurrido más de cuatro meses sin que los recurridos hayan resuelto la gestión de marras."
"given that the respondent authorities failed to submit the report in this proceeding, in accordance with Article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law, this Court deems the allegations true, in that such request has still not been addressed by the authorities, which constitutes a violation of the petitioner’s fundamental rights, as more than four months have elapsed without the respondents having resolved the request in question."
Considerando V
"visto que las autoridades recurridas omitieron rendir el informe en este proceso, de conformidad con el ordinal 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal tiene por cierto lo acusado, en el sentido de que tal gestión aún no ha sido atendida por las autoridades, razón por la cual se constata la vulneración a los derechos fundamentales del tutelado, toda vez que han transcurrido más de cuatro meses sin que los recurridos hayan resuelto la gestión de marras."
Considerando V
"a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la posible falta de resolución de una gestión en materia ambiental."
"since ruling number 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals, to the contentious-administrative jurisdiction. Precisely, in the case at hand, an exception applies, as it involves the potential lack of resolution of an environmental request."
Considerando II
"a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la posible falta de resolución de una gestión en materia ambiental."
Considerando II
Full documentDocumento completo
*200061270007CO* Res. Nº 2020008913 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen hours on the fifteenth of May of two thousand twenty.
An amparo action processed in expediente n.° 20-006127-0007-CO, filed by WALTER BRENES SOTO, identity card 0206450800, against the MUNICIPALITY OF TALAMANCA.
Resultando:
1.- Through a brief incorporated into the digital expediente at 2:09 p.m. on March 26, 2020, the petitioner files an amparo action against the Municipality of Talamanca. He states that, on January 14, 2020, he submitted a request before the Municipal Council of Talamanca. He asserts that such action was based on report n.° DFOE-DI-459 of March 9, 2020 prepared by the Division of Operational and Evaluative Oversight of the Office of the Comptroller General of the Republic. He contends that he asked the aforementioned council to: “order the Municipal Mayor of Talamanca to initiate the pertinent administrative or judicial proceedings in relation to the cases described in that report, namely the preparation of a count and survey of the occupants and the lands currently located in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Talamanca; and to conduct the pertinent analyses of similar cases in that maritime-terrestrial zone that fall under its competence.” He accuses that, as of the filing date of this action, such request had not been addressed. He believes that the respondent authority has violated his right to prompt and complete justice, as well as to a healthy and ecologically balanced environment. He requests that the action be granted.
2.- By means of a resolution from the Chamber at 5:14 p.m. on March 30, 2020, the process was granted leave to proceed, and a report was requested from the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Talamanca, regarding the facts alleged by the petitioner.
3.- According to a statement issued by the Acting Judicial Technician 3 and the Acting Secretary, both of the Constitutional Chamber, they indicate that at 1:40 p.m. on April 24, 2020, there is no record that between April 20 and 23, 2020, the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Talamanca, submitted the report requested via the resolution at 5:14 p.m. on March 30, 2020.
4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,
Considerando:
I.- PRELIMINARY MATTER. Considering that the Mayor and the President of the Council, both of the Municipality of Talamanca, failed to submit the report within the deadline set by this Tribunal in the resolution granting leave to proceed in this matter, in accordance with Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), we proceed to analyze the constitutionality of the matter based on the other elements provided to the case file.
II.- PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, since judgment number 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or sector-specific laws for special administrative procedures, to resolve through a final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear applicable administrative appeals, to the contentious-administrative jurisdiction. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario arises, as we are faced with the possible failure to resolve a request regarding an environmental matter. With the foregoing clarified, the merits of this amparo process are examined.
III.- PURPOSE OF THE ACTION. The protected party maintains that on January 14, 2020, he submitted a request to the Municipal Council of Talamanca; nevertheless, he accuses that such request has not yet been resolved.
IV.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial order:
V.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the protected party maintains that on January 14, 2020, he submitted a request to the Municipal Council of Talamanca; nevertheless, he accuses that such request has not yet been resolved.
From the evidence in the case file, this Tribunal deems it proven that, on January 14, 2020, the protected party submitted a request to the Municipal Council of Talamanca, in which he stated: “(…) considering report number DFOE-DI-459 dated March 9, 2012, from the Division of Operational and Evaluative Oversight of the Office of the Comptroller General of the Republic, I demand that the Municipal Mayor be ordered to do the following: 1. Immediately initiate the administrative or judicial proceedings that are applicable in the cases described in report number DFOE-DI-459 of March 9, 2012, safeguarding the Maritime-Terrestrial Zone Law. 2. Order the preparation of a count and survey of the occupants and lands currently located in the maritime-terrestrial zone of Talamanca. Immediately conduct the pertinent analyses in the maritime-terrestrial zone under your competence, in order to accurately determine the existence of similar cases, that is, those possessing the same irregularities determined in the sample that was investigated by the Division of Operational and Evaluative Oversight of the Office of the Comptroller General of the Republic (…)”. In that request, the email address [email protected] was indicated as the means to receive notifications.
Now then, given that the respondent authorities omitted to submit the report in this process, in accordance with Article 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, this Tribunal holds the accusation to be true, in the sense that such request has not yet been addressed by the authorities, which is why a violation of the fundamental rights of the protected party is verified, considering that more than four months have elapsed without the respondents having resolved the request in question. Ergo, the appropriate course is to grant the action, in accordance with the operative part of this pronouncement.
VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Electronic Expediente Regulations before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The action is granted. It is ordered that those holding the positions of Mayor and President of the Council, both of the Municipality of Talamanca, coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their competences so that, within a period of FIFTEEN DAYS counted from the notification of this judgment, the request submitted by the protected party on January 14, 2020 is answered, and the resolution is notified to him. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be executed or enforced, issued within an amparo action, and does not execute it or enforce it, provided the offense is not more severely penalized. The Municipality of Talamanca is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Notify.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *BY437CW6WRQG61* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:17:52.
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200061270007CO* Res. Nº 2020008913 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del quince de mayo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente n.° 20-006127-0007-CO, interpuesto por WALTER BRENES SOTO, cédula de identidad 0206450800, contra la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.
Resultando:
1.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 14:09 horas del 26 de marzo de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Talamanca. Refiere que, el 14 de enero de 2020, formuló una solicitud ante el Concejo Municipal de Talamanca. Alude que tal gestión se basó en el informe n.° DFOE-DI-459 del 9 de marzo de 2020 elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República. Arguye que le pidió al aludido concejo que: “ordenara al Alcalde Municipal de Talamanca a que se accionara las diligencias administrativas o judiciales que correspondiera en torno a los casos descritos en ese informe, a saber la elaboración de recuento y levantamiento de los ocupantes y los terrenos que actualmente se ubican en la zona marítimo terrestre de Talamanca; y que se realizaran los análisis pertinentes de casos similares en esa zona marítimo terrestre que se encuentren bajo su competencia”. Acusa que, a la fecha de interposición de este recurso, tal gestión no ha sido atendida. Estima que la autoridad recurrida ha vulnerado su derecho a la justicia pronta y cumplida, así como a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de la Sala de las 17:14 horas del 30 de marzo de 2020, se dio curso al proceso y se requirió informe al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, sobre los hechos alegados por el recurrente.
3.- Por constancia emitida por la Técnica Judicial 3 a.i. y el Secretario a.i, ambos de la Sala Constitucional, señalan que a las 13:40 horas del 24 de abril de 2020, no consta que entre el 20 al 23 de abril de 2020, el Alcalde y el Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, rindieran el informe solicitado mediante resolución de las 17:14 horas del 30 de marzo de 2020.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.- CUESTIÓN PREVIA. En vista de que el Alcalde y el Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca omitieron rendir el informe dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso de este asunto, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se procede a analizar la constitucionalidad del asunto con base en los demás elementos aportados a los autos.
II.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la posible falta de resolución de una gestión en materia ambiental. Aclarado lo anterior, se conoce por el fondo sobre el presente proceso de amparo.
III.- OBJETO DEL RECURSO. El tutelado sostiene que el 14 de enero de 2020 formuló una gestión ante el Concejo Municipal de Talamanca; no obstante, acusa que tal solicitud aún no ha sido resuelta.
IV.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
V.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el sub lite, el tutelado sostiene que el 14 de enero de 2020 formuló una gestión ante el Concejo Municipal de Talamanca; no obstante, acusa que tal solicitud aún no ha sido resuelta.
De la prueba que consta en autos, este Tribunal tiene por demostrado que, el 14 de enero de 2020, el tutelado formuló una gestión ante el Concejo Municipal de Talamanca, en la cual consignó: “(…) considerando el informe número DFOE-DI-459 de fecha 9 de marzo del 2012 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, exijo se ordene al Alcalde Municipal lo siguiente: 1. Se accionen inmediatamente las diligencias administrativas o judiciales que corresponda en los casos que fueron descritos en el informe número DFOE-DI-459 del 9 de marzo del 2012, resguardando la Ley de Zona Marítimo Terrestre. 2. Se ordene la elaboración del recuento y levantamiento de los ocupantes y de los terrenos que actualmente se ubican en la zona marítimo terrestre de Talamanca. Se realice inmediatamente los análisis pertinentes en la zona marítimo terrestre que se encuentra bajo su competencia, con el fin de determinar con exactitud la existencia de casos similares, es decir, que posean las mismas irregularidades determinadas en la muestra que fue investigada por parte de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República (…)”. En tal gestión se señaló el correo electrónico [email protected] como medio para recibir notificaciones.
Ahora bien, visto que las autoridades recurridas omitieron rendir el informe en este proceso, de conformidad con el ordinal 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este Tribunal tiene por cierto lo acusado, en el sentido de que tal gestión aún no ha sido atendida por las autoridades, razón por la cual se constata la vulneración a los derechos fundamentales del tutelado, toda vez que han transcurrido más de cuatro meses sin que los recurridos hayan resuelto la gestión de marras. Ergo, lo procedente es declarar con lugar el recurso, de conformidad con la parte dispositiva de este pronunciamiento.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a quienes ocupen los cargos de Alcalde y Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Talamanca, que coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de QUINCE DÍAS contado a partir de la notificación de esta sentencia, se responda la gestión formulada por el tutelado el 14 de enero de 2020 y se le notifique lo resuelto. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Talamanca al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *BY437CW6WRQG61*
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