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Res. 08886-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/05/2020
OutcomeResultado
The Constitutional Court granted the amparo and ordered SINAC to provide the requested information to the petitioner within five days.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó al SINAC entregar al recurrente la información solicitada en un plazo de cinco días.
SummaryResumen
The Constitutional Court granted an amparo filed by the Ecology Development Association against SINAC, finding a violation of the right of petition and access to information. The association had requested, via fax on September 29, 2019, a report on the factual and legal bases of the environmental damage assessment for a wetland, which was allegedly limited to certain maps. SINAC failed to respond. Although the authority claimed not to have received the fax, the Court found a transmission receipt, thus establishing the omission. It ordered SINAC to provide the information within five days, under penalty of the sanctions in Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law. The underlying case involves environmental damage to a wetland by RADA S.A., currently in proceedings before the Environmental Administrative Tribunal. The State was ordered to pay costs and damages. One judge added a note on the distinction between constitutional review and legality review in environmental matters.La Sala Constitucional estimó un recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Desarrollo para la Ecología contra el SINAC, por violación al derecho de petición y acceso a la información. La asociación había solicitado, mediante fax el 29 de septiembre de 2019, un informe sobre los fundamentos fácticos y legales de la valoración de daño ambiental en un humedal, limitada aparentemente a ciertos planos. El SINAC no respondió. Aunque la autoridad alegó no haber recibido el fax, la Sala constató que existía comprobante de envío, por lo que acreditó la omisión. Ordenó al SINAC entregar la información en cinco días, bajo apercibimiento de las sanciones del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El caso subyacente versa sobre daño ambiental a un humedal por parte de la empresa RADA S.A., actualmente en trámite ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. Un magistrado añadió nota sobre la separación entre control de constitucionalidad y legalidad en materia ambiental.
Key excerptExtracto clave
V.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidence provided, this Court finds a violation of the fundamental rights of the petitioner. From the report given by the representative of the respondent authority—given under oath, with the consequences, even criminal, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence submitted, it has been duly established that on September 29, 2019, via document No. AEL-113-2019, addressed to the coordinator of the National Wetlands Program of SINAC and sent by fax, the petitioner requested information regarding: “(...) the factual and legal grounds on which the assessment of the alleged damage to the referenced wetland was apparently limited to maps L-598554-85 and L-649115-86 (...).” From the reports provided by the respondent authorities, it emerges that on March 10, 2020, they consulted SINAC’s Executive Directorate on the fax’s operation, where the secretary of that office consulted the Information Technology department; moreover, the Directorate’s office reported that faxes sent to that number are received directly on a computer that lacks an alert system for incoming faxes. They also stated that SINAC’s Information Technology department, through memo SINAC-DE-TI-043 of March 11, 2020, detailed the registry of received faxes, among which none appears for September 29, 2019. Despite the above, the record contains the fax transmission receipt provided as evidence, which demonstrates the sending of the document at issue in this case. Therefore, the petition is granted, as set forth in the operative part of this ruling. THEREFORE: The appeal is GRANTED. GRETTEL VEGA ARCE, in her capacity as Executive Director, and JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, in her capacity as Coordinator of the National Wetlands Program, both officials of the National System of Conservation Areas (SINAC), or whoever holds those positions, are ordered to deliver to the petitioner, within FIVE DAYS from notification of this judgment, the information requested on September 29, 2019, via document No. AEL-113-2019.V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019, dirigido a la coordinadora del Programa Nacional de Humedales del SINAC y remitido vía fax, el amparado solicitó información sobre: “(...) los fundamentos fácticos y legales por los cuales la valoración del presunto daño al humedal de referencia, se limitó aparentemente a los planos L-598554-85 y L-649115-86 (...)”. De los informes rendido por parte de las autoridades accionadas, se extrae que el 10 de marzo de 2020, realizaron la consulta a la Dirección Ejecutiva del SINAC sobre el funcionamiento del fax, para lo cual la secretaria de tal despacho realiza la consulta al departamento de Tecnología de la Información, además, el despacho de la Dirección comunica que los faxes dirigidos a ese número se reciben directamente a una computadora, la cual no cuenta con un sistema de alerta a la entrada de un fax. Asimismo, indicaron que el departamento de Tecnologías de Información del SINAC mediante el oficio SINAC-DE-TI-043, del 11 de marzo del 2020, detalla el registro de faxes recibidos, en los que no se encuentra ninguno en la fecha 29 de septiembre de 2019. Pese lo anterior, en el caso concreto consta el comprobante de envío de fax aportado como prueba a los autos, mediante el cual se evidencia el envío del escrito objeto del presente proceso. Por lo anterior, procede la estimatoria del proceso, tal como se indica en la parte dispositiva de la presente resolución. POR TANTO: Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a GRETTEL VEGA ARCE, en su condición de Directora Ejecutiva y, a JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, en su condición de Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, ambas funcionarias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) o, a quienes en su lugar ejerzan esos cargos que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, entregue a la recurrente la información requerida el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019.
Pull quotesCitas destacadas
"Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
"This Court has held that the right of petition and prompt response has a dual aspect, since it implies not only the right of every citizen to address any official or public entity in order to present a matter of interest, or request certain information, but also obliges the Administration to receive and respond to them within ten days, in accordance with Article 27 of the Political Constitution and Section 32 of the Constitutional Jurisdiction Law."
Considerando IV
"Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
Considerando IV
"Pese lo anterior, en el caso concreto consta el comprobante de envío de fax aportado como prueba a los autos, mediante el cual se evidencia el envío del escrito objeto del presente proceso. Por lo anterior, procede la estimatoria del proceso."
"Despite the above, the record contains the fax transmission receipt provided as evidence, which demonstrates the sending of the document at issue in this case. Therefore, the petition is granted."
Considerando V
"Pese lo anterior, en el caso concreto consta el comprobante de envío de fax aportado como prueba a los autos, mediante el cual se evidencia el envío del escrito objeto del presente proceso. Por lo anterior, procede la estimatoria del proceso."
Considerando V
"Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a GRETTEL VEGA ARCE, en su condición de Directora Ejecutiva y, a JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, en su condición de Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, ambas funcionarias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) o, a quienes en su lugar ejerzan esos cargos que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, entregue a la recurrente la información requerida el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019."
"The appeal is GRANTED. GRETTEL VEGA ARCE, in her capacity as Executive Director, and JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, in her capacity as Coordinator of the National Wetlands Program, both officials of the National System of Conservation Areas (SINAC), or whoever holds those positions, are ordered to deliver to the petitioner, within FIVE DAYS from notification of this judgment, the information requested on September 29, 2019, via document No. AEL-113-2019."
Por tanto
"Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a GRETTEL VEGA ARCE, en su condición de Directora Ejecutiva y, a JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, en su condición de Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, ambas funcionarias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) o, a quienes en su lugar ejerzan esos cargos que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, entregue a la recurrente la información requerida el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019."
Por tanto
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine fifteen hours on the fifteenth of May, two thousand twenty.
An *amparo* appeal processed in case file number 20-004144-0007-CO, filed by MARCO VINICIO LEVY VIRGO, identity card 0700690314, on behalf of the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA ECOLOGÍA, legal ID 3-002-387868, against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
Whereas:
Drafted by Magistrate Hernández Gutiérrez; and,
Considering:
The appellant files an *amparo* appeal and states that the National System of Conservation Areas is processing file No. 116-18-02-TAA, concerning a complaint filed against the company RADA, Sociedad Anónima for damage to a wetland, by invading and draining it for the purpose of constructing the property and offices of said company through its filling. Within said file, resolution No. 332-19-TAA was issued. Regarding what was resolved therein, through official communication No. AEL-113-2019 dated September 27, 2019, addressed to the coordinator of the National Wetlands Program of SINAC (provided as evidence) and sent via fax on September 29 next, a report was requested on: "(…) the factual and legal grounds for which the assessment of the alleged damage to the referenced wetland was apparently limited to maps L-598554-85 and L-649115-86 (…)", meaning that it omitted the area of the property and offices, limiting itself to assessing an adjacent area consisting of an existing dike 530 meters long built with stone and ballast, with an average width of 2 meters and a height of 1.5 meters, which was constructed forming a quadrant with a drainage area in the northwest sector.
This is because, according to consultations with topography experts, there is an altimetry difference, through cartography and contour lines from inputs from the Instituto Geográfico Nacional, between the land of RADA, S.A. and the coastline of the Atlantic Ocean of less than 10 meters between one and the other, referring to elevation above sea level. Thus, given this situation and the proximity, there is a soil hydrology interconnection between the Atlantic Ocean and the land of the container yard. He claims that, as of the date of filing the appeal, he had not been answered nor had his request been resolved. He considers that this violates the fundamental rights of the protected party. He requests that the appeal be granted.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority omitted to refer to them, in accordance with what was established in the initial order:
- The Administrative Environmental Tribunal processes case file No. 116-18-02-TAA, concerning a complaint filed against the company RADA, Sociedad Anónima for damage to a wetland, by invading and draining it for the purpose of constructing the property and offices of said company through its filling (see report of the respondent authority). - Through resolution No. 1058-18-TAA, the Administrative Environmental Tribunal requested from SINAC an economic valuation of the environmental damage, reported via official communication SINAC-SE-GASP-062-13 dated March 18, 2013 (see report of the respondent authority). - On March 1, 2019, through official communication SINAC-SE-IRT-046, the Coordinator of the National Wetlands Program sent to the Administrative Environmental Tribunal what was requested in resolution No. 1058-18-TAA, in which the information from technical report SINAC-SE-GASP-062-13 corresponding to the year 2013 is used as a basis, considering that the possible actions of environmental damage occurred during that timeframe.
According to the reference report, there is a palustrine-type wetland in the study area, located on maps L-643915-86 and L-598554-85, which corresponds to the information reported and evaluated in the technical report by the official of the National Wetlands Program at that time (see report of the respondent authority). - On March 21, 2019, official communication SINAC-SE-IRT-074-2019 was issued to the Administrative Environmental Tribunal as a response to resolution number 332-19-TAA (see report of the respondent authority). - On September 29, 2019, through document No. AEL-113-2019, addressed to the coordinator of the National Wetlands Program of SINAC and sent via fax on September 29 next, the appellant requested information on: "(…) the factual and legal grounds for which the assessment of the alleged damage to the referenced wetland was apparently limited to maps L-598554-85 and L-649115-86 (…)" (see evidence added to the record). - On March 10, 2020, an inquiry was made to the Executive Directorate of SINAC regarding the functioning of the fax, for which the secretary of that office consulted the Information Technology department; moreover, the Directorate's office communicates that faxes directed to that number are received directly onto a computer, which does not have an alert system for incoming faxes (see report of the respondent authority). - The Information Technology department of SINAC, through official communication SINAC-DE-TI-043 of March 11, 2020, details the registry of faxes received, among which none is found on the date September 29, 2019 (see report of the respondent authority). - On March 17, 2020, through official communication SINAC-DE-351-2020, Mr. Levy was informed of the manner in which environmental complaints, procedures, and inquiries must be processed (see report of the respondent authority).
Of importance for the present *amparo* process, the following facts are deemed not accredited:
- That the respondent authorities have answered the appellant's request for information sent on September 29, 2019, through official communication No. AEL-113-2019.
This Tribunal has indicated that the right of petition and prompt response encompasses a dual aspect, since it implies not only the right held by every citizen to address any official or public entity, in order to present a matter of interest to them or to request specific information, but also obliges the Administration to receive and respond to such requests within a ten-day period, in accordance with article 27 of the Political Constitution and article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. As a result, it must issue a timely response, without denial of any kind; however, there is an exception if it cannot fulfill the request within the stated deadline, in which case it must communicate the impossibility of resolving it and set a reasonable period within which it will attend to the request. For its part, article 30 of the Political Constitution enshrines the right of individuals to access public interest information held by the authorities and -consequently- the duty of these to deliver said information immediately if what is requested is available, all of the foregoing without prejudice to the existence of possible exceptions in which information must be withheld in consideration of the protection of relevant rights and interests, formally recognized.
After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies an injury to the fundamental rights of the protected party. From the report rendered by the representative of the respondent authority -which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, on September 29, 2019, through document No. AEL-113-2019, addressed to the coordinator of the National Wetlands Program of SINAC and sent via fax, the appellant requested information on: "(…) the factual and legal grounds for which the assessment of the alleged damage to the referenced wetland was apparently limited to maps L-598554-85 and L-649115-86 (…)". From the reports rendered by the respondent authorities, it is extracted that on March 10, 2020, they made an inquiry to the Executive Directorate of SINAC regarding the functioning of the fax, for which the secretary of that office consulted the Information Technology department; moreover, the Directorate's office communicates that faxes directed to that number are received directly onto a computer, which does not have an alert system for incoming faxes.
Likewise, they indicated that the Information Technology department of SINAC, through official communication SINAC-DE-TI-043 of March 11, 2020, details the registry of faxes received, among which none is found on the date September 29, 2019. Despite the foregoing, in the specific case, the fax transmission receipt provided as evidence to the record is present, which demonstrates the sending of the document that is the subject of this process. Therefore, the granting of the appeal is appropriate, as indicated in the operative part of this resolution.
With due respect, I wish to record the following observations regarding the underlying environmental issue:
The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican Legal System is safeguarded not only in article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this regard, it is the undersigned's criterion that this Chamber, through an *amparo* appeal, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community.
Otherwise, the matter must be raised and discussed through the legality jurisdiction. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is proper to be heard in the legality jurisdiction -administrative or jurisdictional- where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions may be scrutinized. It must be borne in mind that the *amparo* appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a procedure through the issuance of administrative acts, its hearing falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Consequently, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full-knowledge process is only possible in the ordinary jurisdiction, given that the design of the *amparo* process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria prepared under the current legal or regulatory norms, or with the gathering of new and additional elements of conviction necessary for contrasting or reviewing the criteria already present in the administrative file of the case.
The opposite would imply transforming the *amparo* appeal into an ordinary full-knowledge process, thereby denaturing it and rendering the purposes for which it was designed nugatory, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts related to an environmental matter, its hearing and oversight correspond to the administrative litigation jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality jurisdiction. In this type of case, I have maintained that the *amparo* appeal must be rejected outright, since its purpose is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality jurisdiction.
However, when this is not done, the appropriate course is to dismiss it, without making any pronouncement regarding the merits of the matter raised, because it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the administrative litigation jurisdiction, to determine whether the contested administrative actions and conducts conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In the present case, the judgment is focused from the perspective of the right of access to information, as well as petition and prompt response, and therefore, I concur with the majority vote. However, since the underlying issue raised by the appellant also refers to an environmental conflict, I consider it necessary to record these considerations set forth above.
The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment.
Otherwise, any material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions set forth in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is declared WITH MERIT. GRETTEL VEGA ARCE, in her capacity as Executive Director, and JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, in her capacity as Coordinator of the Programa Nacional de Humedales, both officials of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), or whomever holds those positions in their stead, are ordered to, within a period of FIVE DAYS, counted from the notification of this judgment, provide the appellant with the information requested on September 29, 2019, through filing No. AEL-113-2019. The respondents are warned that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceedings. Magistrate Salazar Alvarado notes his dissent. Notify.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
*XM07BWKKFGC61* 1
*200041440007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del quince de mayo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-004144-0007-CO, interpuesto por MARCO VINICIO LEVY VIRGO, cédula de identidad 0700690314, a favor de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA ECOLOGÍA, cédula jurídica 3-002-387868, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
Resultando:
Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,
Considerando:
La parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tramita el expediente No. 116-18-02-TAA, a propósito de una denuncia interpuesta contra la empresa RADA, Sociedad Anónima por el daño a un humedal, al invadirlo y drenarlo con el fin de construir el predio y las oficinas de tal empresa mediante su relleno. Dentro de dicho expediente, se dictó la resolución No. 332-19-TAA. A propósito de lo allí resuelto, por oficio No. AEL-113-2019 de fecha 27 de setiembre de 2019 dirigido a la coordinadora del Programa Nacional de Humedales del SINAC (aportado como prueba) y remitido vía fax el 29 de setiembre siguiente, se solicitó un informe sobre: “(...) los fundamentos fácticos y legales por los cuales la valoración del presunto daño al humedal de referencia, se limitó aparentemente a los planos L-598554-85 y L-649115-86 (...)”, es decir que omitió el área del predio y oficinas limitándose a valorar un área adyacente compuesta de un dique existente de 530 metros de largo construido con piedra y lastre, de un ancho promedio de 2 metros y una altura de 1.5 metros, el cual fue construido formando un cuadrante con un área de desagüe en el sector noroeste.
Lo anterior, debido a que según consultas realizadas a expertos en topografía, existe una diferencia de altimetría mediante cartografía y curvas de nivel, por insumos del Instituto Geográfico Nacional, entre el terreno de RADA, S.A. y el litoral del Océano Atlántico menor a 10 metros entre uno y otro, referido a la elevación respecto del nivel del mar. De manera tal que, dada esta situación y la cercanía, existe una interconexión referida en la hidrología de suelos entre el Océano Atlántico y el terreno del patio de contenedores. Reclama que, a la fecha de interposición del recurso, no se le había contestado ni resuelto lo pedido. Estima que lo anterior es violatorio de los derechos fundamentales de la amparada. Solicita que se declare con lugar el recurso.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
El Tribunal Ambiental Administrativo tramita el expediente No. 116-18-02-TAA, a propósito de una denuncia interpuesta contra la empresa RADA, Sociedad Anónima por el daño a un humedal, al invadirlo y drenarlo con el fin de construir el predio y las oficinas de tal empresa mediante su relleno (ver informe de la autoridad accionada). Mediante resolución N° 1058-18-TAA, el Tribunal Ambiental Administrativo solicitó, al SINAC, una valoración económica del daño ambiental, denunciado mediante oficio SINAC-SE-GASP-062-13 de fecha 18 de marzo del 2013 (ver informe de la autoridad accionada). El 01 de marzo de 2019, por medio del oficio SINAC-SE-IRT-046, la Coordinadora del Programa Nacional de Humedales remitió al Tribunal Ambiental Administrativo lo solicitado en la resolución Nº 1058-18-TAA, en la cual se utiliza como base la información del informe técnico SINAC-SE-GASP-062-13 correspondiente al año 2013, considerando que las posibles acciones de daño ambiental se realizaron en esa temporalidad.
Según el informe de referencia, existe un humedal tipo palustre en el área de estudio, ubicado en los planos L-643915-86 y L-598554-85, que corresponde a la información reportada y evaluada en el informe técnico por el funcionario del Programa Nacional de humedades de esa época (ver informe de la autoridad accionada). El 21 de marzo de 2019, se emitió oficio SINAC-SE-IRT-074-2019, al Tribunal Ambiental Administrativo, como respuesta a la resolución número 332-19-TAA (ver informe de la autoridad accionada). El 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019, dirigido a la coordinadora del Programa Nacional de Humedales del SINAC y remitido vía fax el 29 de setiembre siguiente, el amparado solicitó información sobre: “(...) los fundamentos fácticos y legales por los cuales la valoración del presunto daño al humedal de referencia, se limitó aparentemente a los planos L-598554-85 y L-649115-86 (...)” (ver prueba agregada a los autos).
El 10 de marzo de 2020, se realizó consulta a la Dirección Ejecutiva del SINAC sobre el funcionamiento del fax, para lo cual la secretaria de tal despacho realiza la consulta al departamento de Tecnología de la Información, además, el despacho de la Dirección comunica que los faxes dirigidos a ese número se reciben directamente a una computadora, la cual no cuenta con un sistema de alerta a la entrada de un fax (ver informe de la autoridad accionada). El departamento de Tecnologías de Información del SINAC mediante el oficio SINAC-DE-TI-043, del 11 de marzo del 2020, detalla el registro de faxes recibidos, en los que no se encuentra ninguno en la fecha 29 de septiembre de 2019 (ver informe de la autoridad accionada). El 17 de marzo del 2020, por medio del oficio SINAC-DE-351-2020, se comunicó al Sr. Levy la forma en la que se deben tramitar las denuncias ambientales, trámites y consultas (ver informe de la autoridad accionada).
De importancia para el presente proceso de amparo, se tienen por no acreditados los siguientes hechos:
Que las autoridades accionadas hayan contestado al recurrente la solicitud de información enviada 29 de septiembre de 2019, mediante oficio No. AEL-113-2019.
Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por lo anterior, debe emitir la respuesta oportuna, sin denegación de ninguna especie, empero cabe la excepción de que no pueda cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud. Por su parte, el artículo 30, de la Constitución Política recoge el derecho de las personas de acceder a la información de interés público en poder de las autoridades y -consecuentemente- el deber de estas de entregar dicha información de forma inmediata si lo pedido está disponible y todo lo anterior sin perjuicio la existencia de posibles excepciones en las que la información debe reservarse en atención a la protección de derechos e intereses relevantes, reconocidos formalmente.
Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019, dirigido a la coordinadora del Programa Nacional de Humedales del SINAC y remitido vía fax, el amparado solicitó información sobre: “(...) los fundamentos fácticos y legales por los cuales la valoración del presunto daño al humedal de referencia, se limitó aparentemente a los planos L-598554-85 y L-649115-86 (...)”. De los informes rendido por parte de las autoridades accionadas, se extrae que el 10 de marzo de 2020, realizaron la consulta a la Dirección Ejecutiva del SINAC sobre el funcionamiento del fax, para lo cual la secretaria de tal despacho realiza la consulta al departamento de Tecnología de la Información, además, el despacho de la Dirección comunica que los faxes dirigidos a ese número se reciben directamente a una computadora, la cual no cuenta con un sistema de alerta a la entrada de un fax.
Asimismo, indicaron que el departamento de Tecnologías de Información del SINAC mediante el oficio SINAC-DE-TI-043, del 11 de marzo del 2020, detalla el registro de faxes recibidos, en los que no se encuentra ninguno en la fecha 29 de septiembre de 2019. Pese lo anterior, en el caso concreto consta el comprobante de envío de fax aportado como prueba a los autos, mediante el cual se evidencia el envío del escrito objeto del presente proceso. Por lo anterior, procede la estimatoria del proceso, tal como se indica en la parte dispositiva de la presente resolución.
Con el debido respeto, deseo consignar las siguientes acotaciones en relación con el tema ambiental de fondo:
La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto.
De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso.
Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En este tipo de casos, he sostenido que el recurso de amparo debe rechazarse de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad.
Empero, cuando no se hace así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En la especie, la sentencia está enfocada desde la perspectiva del derecho de acceso a la información, así como petición y pronta respuesta, de manera que, por ello, me adhiero al voto de mayoría. Sin embargo, como también el tema de fondo expuesto por la parte recurrente hace referencia a un conflicto de índole ambiental, estimo preciso dejar plasmadas estas consideraciones expuestas líneas arriba.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a GRETTEL VEGA ARCE, en su condición de Directora Ejecutiva y, a JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, en su condición de Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, ambas funcionarias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) o, a quienes en su lugar ejerzan esos cargos que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, entregue a la recurrente la información requerida el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
*XM07BWKKFGC61* 1
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