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Res. 08886-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 15/05/2020
OutcomeResultado
The Constitutional Court granted the amparo and ordered SINAC to provide the requested information to the petitioner within five days.La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo y ordenó al SINAC entregar al recurrente la información solicitada en un plazo de cinco días.
SummaryResumen
The Constitutional Court granted an amparo filed by the Ecology Development Association against SINAC, finding a violation of the right of petition and access to information. The association had requested, via fax on September 29, 2019, a report on the factual and legal bases of the environmental damage assessment for a wetland, which was allegedly limited to certain maps. SINAC failed to respond. Although the authority claimed not to have received the fax, the Court found a transmission receipt, thus establishing the omission. It ordered SINAC to provide the information within five days, under penalty of the sanctions in Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law. The underlying case involves environmental damage to a wetland by RADA S.A., currently in proceedings before the Environmental Administrative Tribunal. The State was ordered to pay costs and damages. One judge added a note on the distinction between constitutional review and legality review in environmental matters.La Sala Constitucional estimó un recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Desarrollo para la Ecología contra el SINAC, por violación al derecho de petición y acceso a la información. La asociación había solicitado, mediante fax el 29 de septiembre de 2019, un informe sobre los fundamentos fácticos y legales de la valoración de daño ambiental en un humedal, limitada aparentemente a ciertos planos. El SINAC no respondió. Aunque la autoridad alegó no haber recibido el fax, la Sala constató que existía comprobante de envío, por lo que acreditó la omisión. Ordenó al SINAC entregar la información en cinco días, bajo apercibimiento de las sanciones del artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El caso subyacente versa sobre daño ambiental a un humedal por parte de la empresa RADA S.A., actualmente en trámite ante el Tribunal Ambiental Administrativo. Se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. Un magistrado añadió nota sobre la separación entre control de constitucionalidad y legalidad en materia ambiental.
Key excerptExtracto clave
V.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidence provided, this Court finds a violation of the fundamental rights of the petitioner. From the report given by the representative of the respondent authority—given under oath, with the consequences, even criminal, provided in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence submitted, it has been duly established that on September 29, 2019, via document No. AEL-113-2019, addressed to the coordinator of the National Wetlands Program of SINAC and sent by fax, the petitioner requested information regarding: “(...) the factual and legal grounds on which the assessment of the alleged damage to the referenced wetland was apparently limited to maps L-598554-85 and L-649115-86 (...).” From the reports provided by the respondent authorities, it emerges that on March 10, 2020, they consulted SINAC’s Executive Directorate on the fax’s operation, where the secretary of that office consulted the Information Technology department; moreover, the Directorate’s office reported that faxes sent to that number are received directly on a computer that lacks an alert system for incoming faxes. They also stated that SINAC’s Information Technology department, through memo SINAC-DE-TI-043 of March 11, 2020, detailed the registry of received faxes, among which none appears for September 29, 2019. Despite the above, the record contains the fax transmission receipt provided as evidence, which demonstrates the sending of the document at issue in this case. Therefore, the petition is granted, as set forth in the operative part of this ruling. THEREFORE: The appeal is GRANTED. GRETTEL VEGA ARCE, in her capacity as Executive Director, and JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, in her capacity as Coordinator of the National Wetlands Program, both officials of the National System of Conservation Areas (SINAC), or whoever holds those positions, are ordered to deliver to the petitioner, within FIVE DAYS from notification of this judgment, the information requested on September 29, 2019, via document No. AEL-113-2019.V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019, dirigido a la coordinadora del Programa Nacional de Humedales del SINAC y remitido vía fax, el amparado solicitó información sobre: “(...) los fundamentos fácticos y legales por los cuales la valoración del presunto daño al humedal de referencia, se limitó aparentemente a los planos L-598554-85 y L-649115-86 (...)”. De los informes rendido por parte de las autoridades accionadas, se extrae que el 10 de marzo de 2020, realizaron la consulta a la Dirección Ejecutiva del SINAC sobre el funcionamiento del fax, para lo cual la secretaria de tal despacho realiza la consulta al departamento de Tecnología de la Información, además, el despacho de la Dirección comunica que los faxes dirigidos a ese número se reciben directamente a una computadora, la cual no cuenta con un sistema de alerta a la entrada de un fax. Asimismo, indicaron que el departamento de Tecnologías de Información del SINAC mediante el oficio SINAC-DE-TI-043, del 11 de marzo del 2020, detalla el registro de faxes recibidos, en los que no se encuentra ninguno en la fecha 29 de septiembre de 2019. Pese lo anterior, en el caso concreto consta el comprobante de envío de fax aportado como prueba a los autos, mediante el cual se evidencia el envío del escrito objeto del presente proceso. Por lo anterior, procede la estimatoria del proceso, tal como se indica en la parte dispositiva de la presente resolución. POR TANTO: Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a GRETTEL VEGA ARCE, en su condición de Directora Ejecutiva y, a JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, en su condición de Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, ambas funcionarias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) o, a quienes en su lugar ejerzan esos cargos que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, entregue a la recurrente la información requerida el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019.
Pull quotesCitas destacadas
"Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
"This Court has held that the right of petition and prompt response has a dual aspect, since it implies not only the right of every citizen to address any official or public entity in order to present a matter of interest, or request certain information, but also obliges the Administration to receive and respond to them within ten days, in accordance with Article 27 of the Political Constitution and Section 32 of the Constitutional Jurisdiction Law."
Considerando IV
"Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional."
Considerando IV
"Pese lo anterior, en el caso concreto consta el comprobante de envío de fax aportado como prueba a los autos, mediante el cual se evidencia el envío del escrito objeto del presente proceso. Por lo anterior, procede la estimatoria del proceso."
"Despite the above, the record contains the fax transmission receipt provided as evidence, which demonstrates the sending of the document at issue in this case. Therefore, the petition is granted."
Considerando V
"Pese lo anterior, en el caso concreto consta el comprobante de envío de fax aportado como prueba a los autos, mediante el cual se evidencia el envío del escrito objeto del presente proceso. Por lo anterior, procede la estimatoria del proceso."
Considerando V
"Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a GRETTEL VEGA ARCE, en su condición de Directora Ejecutiva y, a JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, en su condición de Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, ambas funcionarias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) o, a quienes en su lugar ejerzan esos cargos que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, entregue a la recurrente la información requerida el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019."
"The appeal is GRANTED. GRETTEL VEGA ARCE, in her capacity as Executive Director, and JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, in her capacity as Coordinator of the National Wetlands Program, both officials of the National System of Conservation Areas (SINAC), or whoever holds those positions, are ordered to deliver to the petitioner, within FIVE DAYS from notification of this judgment, the information requested on September 29, 2019, via document No. AEL-113-2019."
Por tanto
"Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a GRETTEL VEGA ARCE, en su condición de Directora Ejecutiva y, a JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, en su condición de Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, ambas funcionarias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) o, a quienes en su lugar ejerzan esos cargos que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, entregue a la recurrente la información requerida el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019."
Por tanto
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**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at nine fifteen hours on the fifteenth of May, two thousand twenty.
An *amparo* appeal processed in case file number 20-004144-0007-CO, filed by MARCO VINICIO LEVY VIRGO, identity card 0700690314, on behalf of the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA ECOLOGÍA, legal ID 3-002-387868, against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
**Whereas:** 1.- By a document received at this Chamber at 08:11 a.m. on February 28, 2020, the appellant files an *amparo* appeal and states that the National System of Conservation Areas is processing file No. 116-18-02-TAA, concerning a complaint filed against the company RADA, Sociedad Anónima for damage to a wetland, by invading and draining it for the purpose of constructing the property and offices of said company through its filling. Within said file, resolution No. 332-19-TAA was issued. Regarding what was resolved therein, through official communication No. AEL-113-2019 dated September 27, 2019, addressed to the coordinator of the National Wetlands Program of SINAC (provided as evidence) and sent via fax on September 29 next, a report was requested on: "(…) the factual and legal grounds for which the assessment of the alleged damage to the referenced wetland was apparently limited to maps L-598554-85 and L-649115-86 (…)", meaning that it omitted the area of the property and offices, limiting itself to assessing an adjacent area consisting of an existing dike 530 meters long built with stone and ballast, with an average width of 2 meters and a height of 1.5 meters, which was constructed forming a quadrant with a drainage area in the northwest sector. This is because, according to consultations with topography experts, there is an altimetry difference, through cartography and contour lines from inputs from the Instituto Geográfico Nacional, between the land of RADA, S.A. and the coastline of the Atlantic Ocean of less than 10 meters between one and the other, referring to elevation above sea level. Thus, given this situation and the proximity, there is a soil hydrology interconnection between the Atlantic Ocean and the land of the container yard. He claims that, as of the date of filing the appeal, he had not been answered nor had his request been resolved. He considers that this violates the fundamental rights of the protected party. He requests that the appeal be granted.
2.- By order issued at 10:56 a.m. on March 2, 2020, the appellant was warned to appear before the Secretariat of this Chamber within three days to sign the filing document, having omitted to do so; or to present a duly signed brief ratifying the appeal in all its parts.
3.- By order issued at 12:40 p.m. on March 3, 2020, these proceedings were initiated, and the respondent authority was notified on March 9, 2020.
4.- By a document presented on March 12, 2020, JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, in her capacity as Coordinator of the National Wetlands Program of the National System of Conservation Areas (SINAC), reports under oath that, according to file No. 116-18-02-TAA of the Administrative Environmental Tribunal, in resolution No. 1058-18-TAA in its first operative paragraph, that Office requests for the second time that Ms. Jacklyn Rivera Wong, Coordinator of the National Wetlands Program, SINAC, or whoever holds her position, proceed to remit the corresponding economic valuation (valoración económica) of the environmental damage, reported via official communication SINAC-SE-GASP-062-13 dated March 18, 2013. She indicates that, through official communication SINAC-SE-IRT-046 of March 1, 2019, what was requested in resolution No. 1058-18-TAA was sent to the Administrative Environmental Tribunal, in which, as stated therein, the information from technical report SINAC-SE-GASP-062-13 corresponding to the year 2013 is used as a basis, considering that the possible actions of environmental damage occurred during that timeframe. She indicates that, according to the reference report, there is a palustrine-type wetland in the study area, located on maps L-643915-86 and L-598554-85, which corresponds to the information reported and evaluated in the technical report by the official of the National Wetlands Program at that time. She indicates that part of the background of this complaint is official communication SINAC-AL-14 of January 18, 2013, referring to the final report of the investigative commission regarding the issuance of certifications ACLA-C-D-01382009 dated May 22, 2009, and ACLA-C-0139-2009 dated May 15, 2009, specifically for the delimitation, determination, and description of wetland areas, should they exist. She indicates that, in response to this recommendation, a technical criterion was issued on the possible wetland ecosystems on the maps in question, with reference to what was requested in official communications SINAC-DE-439 and SINAC-DE-672; in said report, it is identified that the total affected area within map L-643915-86 linked to certification ACLA-C-D138-20009 is 38372 m2; however, the technical report considers areas broader than those expressly requested by the National Program, which is why another affected sector of 3584 m2 located on the contiguous map L-598554-85 was considered. She indicates that, on March 21, 2019, official communication SINAC-SE-IRT-074-2019 was issued to the Administrative Environmental Tribunal, in response to resolution number 332-19-TAA. She indicates that, for these reasons, the economic valuation report on the environmental damage covers the impacts identified in the 2013 report, encompassing the aforementioned maps, which in turn respond to the express request in official communications SINAC-DE-672 and SINAC-DE-439 originating from the Executive Directorate of SINAC. She adds that, finally, said program received notification of resolution number 1023-19-TAA from case file number 116-18-02-TAA, in which she is summoned as an expert witness to an oral and public hearing to be held at the headquarters of the Administrative Environmental Tribunal on January 19, 2021. She points out that the report requested by the Asociación de Desarrollo para la Ecología, sent to her via fax on September 29, 2019, was never known to her, given that said fax has not been used since before that date and was located at the Directorate of SINAC, such that, even if the fax transmission confirmation is provided as evidence, it is not sufficient to take as certain that said fax was received by her as the recipient. She requests that the appeal be dismissed.
4.- By order issued at 2:08 p.m. on April 2, 2020, the contested facts and the parties named in the *amparo* appeal processed under case file number 20-004144-0007-CO were considered expanded, and consequently, a hearing was granted to the DIRECTOR OF THE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) to report on the claimed facts. This was notified to the respondent authority on April 21, 2020.
5.- By a document presented on April 28, 2020, GRETTEL VEGA ARCE, in her capacity as Executive Director, and JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, in her capacity as Coordinator of the National Wetlands Program, both of the National System of Conservation Areas (SINAC), report under oath that, regarding the first and second facts, these are not facts per se, so they are contested. Regarding the third fact, the only intervention carried out by the Coordinator of the National Wetlands Program (Jacklyn Rivera Wong) since her appointment to the position as of January 11, 2016, related to the case in file No. 116-18-02-TAA of the Administrative Environmental Tribunal, is what was requested in resolution No. 1058-18-TAA in its first operative paragraph: that Office requests for the second time that Ms. Jacklyn Rivera Wong, Coordinator of the National Wetlands Program, SINAC, or whoever holds her position, proceed to remit the corresponding economic valuation of the environmental damage reported via official communication SINAC-SE-GASP-062-13 dated March 18, 2013. Said official communication (SINAC-SE-GASP-062-13) is established according to the preliminary recommendations made in official communication SINAC-AL-14 of January 18, 2013, notified to Mr. Levy on February 26, 2013, regarding the "final report of the investigative commission regarding the issuance of certifications ACLA-C-D-01382009 dated May 22, 2009, and ACLA-C-0139-2009 dated May 15, 2009". She indicates that, prior to January 11, 2016, official Rivera Wong was not part of any of the actions nor had knowledge of what was analyzed for the mentioned certifications. She indicates that, concerning the fifth fact, it is reiterated that the actions taken by the current Coordination of the National Wetlands Program respond to what was requested by the Administrative Environmental Tribunal in resolution No. 1058-18-TAA. Therefore, through official communication SINAC-SE-IRT-046 of March 1, 2019, what was requested was sent to the Administrative Environmental Tribunal, in which the information from technical report SINAC-SE-GASP-062-13 corresponding to the year 2013 is used as a basis, considering that the possible actions of environmental damage occurred during that timeframe; therefore, there is no omission in the environmental damage assessment, according to the request of resolution No. 1058-18-TAA. She adds that Mr. Levy has been informed through official communication SINAC-DE-351-2020 of March 17, 2020, of the manner in which environmental complaints, procedures, and inquiries must be processed. She indicates that the National Wetlands Program has received notification from the Administrative Environmental Tribunal under resolution No. 1023-19-TAA of case file No. 116-18-02-TAA, in which Jacklyn Rivera Wong is summoned as an expert witness to an oral and public hearing to be held at the headquarters of the Administrative Environmental Tribunal on January 19, 2021. Therefore, it is understood that the case is still pending resolution by that instance. She states that, regarding the eighth fact, there is no clarity about the citation in that paragraph in relation to Mr. Levy's request, so the identification made in technical report SINAC-SE-GASP-062-13 is reiterated, revealing the existence of a palustrine-type wetland in the study area, located on maps L-643915-86 and L-598554-85, which corresponds to the information reported and evaluated in the technical report by the official of the National Wetlands Program in 2013, who is a different official from the one currently holding the Coordinator position since January 11, 2016. She indicates that, if the area technically evaluated in the report with official communication SINAC-SE-GASP-062-13 does not coincide with the area of the current property and offices of RADA, a technical evaluation must be requested from the corresponding Conservation Area to identify, according to the ecological characteristics of Decreto Ejecutivo 35803-MINAET, the area annex to the wetland delimited in official communication SINAC-SE-GASP-062-13. If an altered wetland area is found, the corresponding processes must be initiated in the Conservation Area. She indicates that, regarding the receipt of official communication No. AEL-113-2019 dated September 27, 2019, addressed to the Coordinator of the National Wetlands Program of SINAC and sent via fax on September 29; it is reiterated that the report requested by the Asociación de Desarrollo para la Ecología, sent to Jacklyn Rivera Wong via fax on September 29, 2019, was not received, because said fax is not connected. Furthermore, on March 10 of this year, the coordinator of the National Wetlands Program consulted the Executive Directorate of SINAC about the functioning of the fax, for which the secretary of that office consulted the Information Technology department; moreover, the Directorate's office communicates that faxes directed to that number are received directly onto a computer, which does not have an alert system for incoming faxes. In turn, the Information Technology department, through official communication SINAC-DE-TI-043 of March 11, 2020, details the registry of faxes received, among which none is found on the date September 29, 2019. To which, on October 3, 2019, Mr. Levy sent three photographs that apparently coincide with the areas reported in photos 2, 5, and 10 of report SINAC-SE-GASP-062-13. These being areas already inspected and assessed in said official communication in 2013. A new request under official communication AEL-117-2019 is also attached to said email. She alludes that none of the documents received are useful for the analysis of what the appellant requests, as no reference is made to any new complaint filed, and what this National Program is aware of is the process before the Administrative Environmental Tribunal. She indicates that, regarding the additional petition requested by the appellant, the lands under the administration of JAPDEVA comprise an area of 135485 ha., of which 76562 ha. are included in the Registro Nacional de Humedales, representing 268 different wetland units. On these lands, there are 7 cantons, 15 districts, and 82 communities, which have a projected population for 2019 of 144,606 people. By 2017, the average Índice de Desarrollo Social for the 15 districts within the property was 44.15 (maximum 64.76, minimum 19.82). On this property, there are 3741 properties registered in the National Registry, of which 2983 (80%) correspond to private parties and 354 (20%) to institutions. Additionally, there are 7 Protected Wild Areas over this zone (1 National Park, 3 Wildlife Refuges, 1 Protected Zone, 1 Forest Reserve, 1 National Wetland). She indicates that, in the *amparo* appeal document, the appellant requests that the respondent be ordered to issue the report required since September 29, 2019, basing his claim on various articles of the Political Constitution, among them article 41. Since rulings 9928-2010 and 17909-2010, the Constitutional Chamber has held that the lack of response within legal deadlines regarding requests made by citizens to the Public Administration is subject to legality review proper to the administrative litigation jurisdiction, so it should be resolved in the corresponding judicial venue. She requests that the appeal be dismissed.
6.- In the processing of this case, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by Magistrate Hernández Gutiérrez; and, **Considering:** I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant files an *amparo* appeal and states that the National System of Conservation Areas is processing file No. 116-18-02-TAA, concerning a complaint filed against the company RADA, Sociedad Anónima for damage to a wetland, by invading and draining it for the purpose of constructing the property and offices of said company through its filling. Within said file, resolution No. 332-19-TAA was issued. Regarding what was resolved therein, through official communication No. AEL-113-2019 dated September 27, 2019, addressed to the coordinator of the National Wetlands Program of SINAC (provided as evidence) and sent via fax on September 29 next, a report was requested on: "(…) the factual and legal grounds for which the assessment of the alleged damage to the referenced wetland was apparently limited to maps L-598554-85 and L-649115-86 (…)", meaning that it omitted the area of the property and offices, limiting itself to assessing an adjacent area consisting of an existing dike 530 meters long built with stone and ballast, with an average width of 2 meters and a height of 1.5 meters, which was constructed forming a quadrant with a drainage area in the northwest sector. This is because, according to consultations with topography experts, there is an altimetry difference, through cartography and contour lines from inputs from the Instituto Geográfico Nacional, between the land of RADA, S.A. and the coastline of the Atlantic Ocean of less than 10 meters between one and the other, referring to elevation above sea level. Thus, given this situation and the proximity, there is a soil hydrology interconnection between the Atlantic Ocean and the land of the container yard. He claims that, as of the date of filing the appeal, he had not been answered nor had his request been resolved. He considers that this violates the fundamental rights of the protected party. He requests that the appeal be granted.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority omitted to refer to them, in accordance with what was established in the initial order:
- The Administrative Environmental Tribunal processes case file No. 116-18-02-TAA, concerning a complaint filed against the company RADA, Sociedad Anónima for damage to a wetland, by invading and draining it for the purpose of constructing the property and offices of said company through its filling (see report of the respondent authority). - Through resolution No. 1058-18-TAA, the Administrative Environmental Tribunal requested from SINAC an economic valuation of the environmental damage, reported via official communication SINAC-SE-GASP-062-13 dated March 18, 2013 (see report of the respondent authority). - On March 1, 2019, through official communication SINAC-SE-IRT-046, the Coordinator of the National Wetlands Program sent to the Administrative Environmental Tribunal what was requested in resolution No. 1058-18-TAA, in which the information from technical report SINAC-SE-GASP-062-13 corresponding to the year 2013 is used as a basis, considering that the possible actions of environmental damage occurred during that timeframe. According to the reference report, there is a palustrine-type wetland in the study area, located on maps L-643915-86 and L-598554-85, which corresponds to the information reported and evaluated in the technical report by the official of the National Wetlands Program at that time (see report of the respondent authority). - On March 21, 2019, official communication SINAC-SE-IRT-074-2019 was issued to the Administrative Environmental Tribunal as a response to resolution number 332-19-TAA (see report of the respondent authority). - On September 29, 2019, through document No. AEL-113-2019, addressed to the coordinator of the National Wetlands Program of SINAC and sent via fax on September 29 next, the appellant requested information on: "(…) the factual and legal grounds for which the assessment of the alleged damage to the referenced wetland was apparently limited to maps L-598554-85 and L-649115-86 (…)" (see evidence added to the record). - On March 10, 2020, an inquiry was made to the Executive Directorate of SINAC regarding the functioning of the fax, for which the secretary of that office consulted the Information Technology department; moreover, the Directorate's office communicates that faxes directed to that number are received directly onto a computer, which does not have an alert system for incoming faxes (see report of the respondent authority). - The Information Technology department of SINAC, through official communication SINAC-DE-TI-043 of March 11, 2020, details the registry of faxes received, among which none is found on the date September 29, 2019 (see report of the respondent authority). - On March 17, 2020, through official communication SINAC-DE-351-2020, Mr. Levy was informed of the manner in which environmental complaints, procedures, and inquiries must be processed (see report of the respondent authority).
III.- UNPROVEN FACTS. Of importance for the present *amparo* process, the following facts are deemed not accredited:
- That the respondent authorities have answered the appellant's request for information sent on September 29, 2019, through official communication No. AEL-113-2019.
IV.- ON THE RIGHTS TO INFORMATION, PETITION, AND PROMPT RESPONSE. This Tribunal has indicated that the right of petition and prompt response encompasses a dual aspect, since it implies not only the right held by every citizen to address any official or public entity, in order to present a matter of interest to them or to request specific information, but also obliges the Administration to receive and respond to such requests within a ten-day period, in accordance with article 27 of the Political Constitution and article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. As a result, it must issue a timely response, without denial of any kind; however, there is an exception if it cannot fulfill the request within the stated deadline, in which case it must communicate the impossibility of resolving it and set a reasonable period within which it will attend to the request. For its part, article 30 of the Political Constitution enshrines the right of individuals to access public interest information held by the authorities and -consequently- the duty of these to deliver said information immediately if what is requested is available, all of the foregoing without prejudice to the existence of possible exceptions in which information must be withheld in consideration of the protection of relevant rights and interests, formally recognized.
V.- ON THE SPECIFIC CASE. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies an injury to the fundamental rights of the protected party. From the report rendered by the representative of the respondent authority -which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that, on September 29, 2019, through document No. AEL-113-2019, addressed to the coordinator of the National Wetlands Program of SINAC and sent via fax, the appellant requested information on: "(…) the factual and legal grounds for which the assessment of the alleged damage to the referenced wetland was apparently limited to maps L-598554-85 and L-649115-86 (…)". From the reports rendered by the respondent authorities, it is extracted that on March 10, 2020, they made an inquiry to the Executive Directorate of SINAC regarding the functioning of the fax, for which the secretary of that office consulted the Information Technology department; moreover, the Directorate's office communicates that faxes directed to that number are received directly onto a computer, which does not have an alert system for incoming faxes. Likewise, they indicated that the Information Technology department of SINAC, through official communication SINAC-DE-TI-043 of March 11, 2020, details the registry of faxes received, among which none is found on the date September 29, 2019. Despite the foregoing, in the specific case, the fax transmission receipt provided as evidence to the record is present, which demonstrates the sending of the document that is the subject of this process. Therefore, the granting of the appeal is appropriate, as indicated in the operative part of this resolution.
VI.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I wish to record the following observations regarding the underlying environmental issue:
The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican Legal System is safeguarded not only in article 50 of the Political Constitution but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Ley de Biodiversidad, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Decreto Ejecutivo No. 31849 of May 24, 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this regard, it is the undersigned's criterion that this Chamber, through an *amparo* appeal, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed through the legality jurisdiction. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is proper to be heard in the legality jurisdiction -administrative or jurisdictional- where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions may be scrutinized. It must be borne in mind that the *amparo* appeal is a summary, informal, simple, and rapid process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a procedure through the issuance of administrative acts, its hearing falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Consequently, the review of administrative actions carried out regarding an environmental matter that requires, for its correct assessment, a full-knowledge process is only possible in the ordinary jurisdiction, given that the design of the *amparo* process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria prepared under the current legal or regulatory norms, or with the gathering of new and additional elements of conviction necessary for contrasting or reviewing the criteria already present in the administrative file of the case. The opposite would imply transforming the *amparo* appeal into an ordinary full-knowledge process, thereby denaturing it and rendering the purposes for which it was designed nugatory, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts related to an environmental matter, its hearing and oversight correspond to the administrative litigation jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the competence of the legality jurisdiction. In this type of case, I have maintained that the *amparo* appeal must be rejected outright, since its purpose is a matter proper to be discussed, analyzed, and resolved in the legality jurisdiction. However, when this is not done, the appropriate course is to dismiss it, without making any pronouncement regarding the merits of the matter raised, because it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically the administrative litigation jurisdiction, to determine whether the contested administrative actions and conducts conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system of statutory rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In the present case, the judgment is focused from the perspective of the right of access to information, as well as petition and prompt response, and therefore, I concur with the majority vote. However, since the underlying issue raised by the appellant also refers to an environmental conflict, I consider it necessary to record these considerations set forth above.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment.
Otherwise, any material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions set forth in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is declared WITH MERIT. GRETTEL VEGA ARCE, in her capacity as Executive Director, and JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, in her capacity as Coordinator of the Programa Nacional de Humedales, both officials of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), or whomever holds those positions in their stead, are ordered to, within a period of FIVE DAYS, counted from the notification of this judgment, provide the appellant with the information requested on September 29, 2019, through filing No. AEL-113-2019. The respondents are warned that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative proceedings. Magistrate Salazar Alvarado notes his dissent. Notify.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *XM07BWKKFGC61* 1
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200041440007CO* Res. Nº 2020008886 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del quince de mayo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-004144-0007-CO, interpuesto por MARCO VINICIO LEVY VIRGO, cédula de identidad 0700690314, a favor de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PARA LA ECOLOGÍA, cédula jurídica 3-002-387868, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
Resultando:
1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 08:11 hrs. del 28 de febrero de 2020, la parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tramita el expediente No. 116-18-02-TAA, a propósito de una denuncia interpuesta contra la empresa RADA, Sociedad Anónima por el daño a un humedal, al invadirlo y drenarlo con el fin de construir el predio y las oficinas de tal empresa mediante su relleno. Dentro de dicho expediente, se dictó la resolución No. 332-19-TAA. A propósito de lo allí resuelto, por oficio No. AEL-113-2019 de fecha 27 de setiembre de 2019 dirigido a la coordinadora del Programa Nacional de Humedales del SINAC (aportado como prueba) y remitido vía fax el 29 de setiembre siguiente, se solicitó un informe sobre: “(...) los fundamentos fácticos y legales por los cuales la valoración del presunto daño al humedal de referencia, se limitó aparentemente a los planos L-598554-85 y L-649115-86 (...)”, es decir que omitió el área del predio y oficinas limitándose a valorar un área adyacente compuesta de un dique existente de 530 metros de largo construido con piedra y lastre, de un ancho promedio de 2 metros y una altura de 1.5 metros, el cual fue construido formando un cuadrante con un área de desagüe en el sector noroeste. Lo anterior, debido a que según consultas realizadas a expertos en topografía, existe una diferencia de altimetría mediante cartografía y curvas de nivel, por insumos del Instituto Geográfico Nacional, entre el terreno de RADA, S.A. y el litoral del Océano Atlántico menor a 10 metros entre uno y otro, referido a la elevación respecto del nivel del mar. De manera tal que, dada esta situación y la cercanía, existe una interconexión referida en la hidrología de suelos entre el Océano Atlántico y el terreno del patio de contenedores. Reclama que, a la fecha de interposición del recurso, no se le había contestado ni resuelto lo pedido. Estima que lo anterior es violatorio de los derechos fundamentales de la amparada. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante auto de las 10:56 hrs. del 02 de marzo de 2020, se previno al recurrente para que dentro del plazo de tres días compareciera a la Secretaría de esta Sala, a firmar el escrito de interposición, por haber omitido hacerlo; o bien, presente memorial, debidamente, firmado en el que ratifique el recurso, en todos sus extremos.
3.- Mediante auto de las 12:40 hrs. del 03 de marzo de 2020 se dio curso al presente recurso y se notificó a la autoridad recurrida el 09 de marzo de 2020.
4.- Por escrito presentado el 12 de marzo de 2020, informa bajo juramento JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, en su condición de Coordinadora del Programa Nacional de Humedales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que, según expediente N°116-18-02-TAA, del Tribunal Ambiental Administrativo, en resolución N°1058-18-TAA en su inciso primero, ese Despacho solicita por segunda vez a la señora Jacklyn Rivera Wong, Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, SINAC, o quien ocupe su cargo, que proceda a remitir la correspondiente valoración económica del daño ambiental, denunciado mediante oficio SINAC-SE-GASP-062-13 de fecha 18 de marzo del 2013. Señala que, por medio del oficio SINAC-SE-IRT-046, del 01 de marzo de 2019, se emitió al Tribunal Ambiental Administrativo lo solicitado en la resolución Nº1058-18-TAA, en la cual como se indica en el mismo, se utiliza como base la información del informe técnico SINAC-SE-GASP-062-13 correspondiente al año 2013, considerando que las posibles acciones de daño ambiental se realizaron en esa temporalidad. Indica que, según el informe de referencia, existe un humedal tipo palustre en el área de estudio, ubicado en los planos L-643915-86 y L-598554-85, que corresponde a la información reportada y evaluada en el informe técnico por el funcionario del Programa Nacional de humedades de esa época. Señala que, parte de los antecedentes de esta denuncia es el oficio SINAC-AL-14 del 18 de enero de 2013, referente al informe final comisión investigadora referente a emisión de las certificaciones ACLA-C-D-01382009 de fecha 22 de mayo de 2019 y ACLA-C-0139-2009 de fecha 15 de mayo de 2009 específicamente para la delimitación, determinación y descripción de áreas de humedal, en caso de existir. Señala que, como respuesta a esta recomendación se emitió criterio técnico sobre los posibles ecosistemas de humedal sobre los planos en mención, con referencia a lo solicitado en los oficios SINAC-DE-439 y SINAC-DE-672, en dicho informe se identifica que el área afectada total dentro del plano L-643915-86 vinculada a la certificación ACLA-C-D138-20009 es de 38372 m2, sin embargo, el informe técnico contempla áreas más amplias de las solicitadas expresamente al Programa Nacional, por lo que se consideró otro sector afectado de 3584 m2 ubicado en el plano continuo L-598554-85. Indica que, con fecha 21 de marzo de 2019, se emitió oficio SINAC-SE-IRT-074-2019, al Tribunal Ambiental Administrativo, como respuesta a la resolución número 332-19-TAA. Señala que, por estas razones, el informe de valoración económica del daño ambiental abarca las afectaciones identificadas en el informe del año 2013, abarcando los planos mencionados, los cuales responden a su vez a la solicitud expresa en los oficios SINAC-DE-672 y SINAC-DE-439 procedentes de la Dirección ejecutiva del SINAC. Añade que por último, dicho programa recibió notificación de la resolución número 1023-19-TAA del expediente número 116-18-02-TAA, en la cual se cita a su persona en calidad de testigo perito a audiencia oral y publica a celebrarse en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo el día 19 de enero de 2021. Puntualiza que, el informe solicitado por la Asociación de Desarrollo para la Ecología, remitido a su persona mediante fax el 29 de septiembre de 2019, nunca fue de su conocimiento, por cuanto dicho fax no se utiliza desde antes de esa fecha y se encontraba ubicado en la Dirección del SINAC, de tal manera que, aunque se aporte como prueba la confirmación de envío de fax, no es suficiente para tener por cierto que dicho fax fue recibido por su persona como destinataria. Solicita se desestime el recurso.
4.- Mediante auto de las 14:08 hrs. del 02 de abril de 2020 se tuvieron por ampliados los hechos que se impugnan así como las partes que se consignan en el recurso de amparo que se tramita bajo expediente número 20-004144-0007-CO y en consecuencia, se le dio audiencia al DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), para que informe sobre los hechos reclamados. Lo anterior fue notificado a la autoridad recurrida el 21 de abril de 2020.
5.- Por escrito presentado el 28 de abril de 2020, informan bajo juramento GRETTEL VEGA ARCE, en su condición de Directora Ejecutiva y JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, en su condición de Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, ambas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que, con relación al hecho primero y segundo, no se tratan de hechos en sí, por lo que son controvertidos. Con relación al hecho tercero, la única intervención realizada por la Coordinadora del Programa Nacional de Humedales (Jacklyn Rivera Wong) desde su nombramiento en el cargo a partir del 11 de enero de 2016, relacionada al caso en el expediente N° 116-18-02-TAA, del Tribunal Ambiental Administrativo, es lo solicitado en resolución N° 1058-18-TAA en su inciso primero, ese Despacho solicita por segunda vez a la señora Jacklyn Rivera Wong, Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, SINAC, o quien ocupe su cargo, que proceda a remitir la correspondiente valoración económica del daño ambiental, denunciado mediante oficio SINAC-SE-GASP-062-13 de fecha 18 de marzo del 2013. Dicho oficio (SINAC-SE-GASP-062-13) se establece según las recomendaciones preliminares realizadas en el oficio SINAC-AL-14 del 18 de enero de 2013, notificado al señor Levy el día 26 de febrero de 2013, sobre el “informe final comisión investigadora referente a emisión de las certificaciones ACLA-C-D-01382009 de fecha 22 de mayo de 2009 y ACLA-C-0139-2009 de fecha 15 de mayo de 2009”. Señala que, antes del 11 de enero de 2016, la funcionaria Rivera Wong, no formó parte de ninguna de las acciones ni tenía conocimiento de lo analizado para las certificaciones mencionadas. Indica que, sobre el hecho quinto se reitera que lo actuado por la Coordinación actual del Programa Nacional de Humedales, responde a lo solicitado por el Tribunal Ambiental Administrativo, en lo solicitado en resolución N° 1058-18-TAA. Por lo tanto, por medio del oficio SINAC-SE-IRT-046, del 01 de marzo de 2019, se emitió al Tribunal Ambiental Administrativo lo solicitado, en la cual, se utiliza como base la información del informe técnico SINAC-SE-GASP-062-13 correspondiente al año 2013, considerando que las posibles acciones de daño ambiental se realizaron en esa temporalidad, por lo tanto, no existe omisión en la valoración del daño ambiental, según la solicitud de la resolución N° 1058-18-TAA. Agrega que, se le ha comunicado al Sr. Levy por medio del oficio SINAC-DE-351-2020 del 17 de marzo del 2020, la forma en la que se deben tramitar las denuncias ambientales, trámites y consultas. Señala que, el Programa Nacional de Humedales ha recibido notificación por parte del Tribunal Ambiental Administrativo bajo resolución N° 1023-19-TAA del expediente N° 116-18-02-TAA, en la cual se cita a Jacklyn Rivera Wong en calidad de testigo perito a audiencia oral y publica a celebrarse en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo el día 19 de enero del año 2021. Por lo tanto, se entiende que aun el caso se encuentra pendiente de resolver por esa instancia. Manifiesta que, en relación al hecho octavo no se tiene claridad sobre la cita de ese párrafo con relación a la solicitud del señor Levy, por lo que se reitera la identificación que se realizó en el informe técnico SINAC-SE-GASP-062-13, dando a conocer la existencia de un humedal tipo palustre en el área de estudio, ubicado en los planos L-643915-86 y L-598554-85, que corresponde a la información reportada y evaluada en el informe técnico por el funcionario del Programa Nacional de Humedales en el año 2013, quien es un funcionario diferente al que ocupa el puesto de Coordinadora actualmente desde el 11 de enero del año 2016. Señala que, si el área evaluada técnicamente en el informe con oficio SINAC-SE-GASP-062-13, no fuera coincidente con el área del predio y oficinas actuales de RADA, se deberá solicitar al Área de Conservación correspondiente una evaluación técnica que identifique según las características ecológicas del Decreto Ejecutivo 35803-MINAET el área anexa al humedal delimitado en el oficio SINAC-SE-GASP-062-13. De encontrarse un área de humedal alterado, deben iniciarse los procesos correspondientes en el Área de Conservación. Indica que, sobre la recepción del oficio No. AEL-113-2019 de fecha 27 de setiembre de 2019 dirigido a la Coordinadora del Programa Nacional de Humedales del SINAC y remitido vía fax el 29 de setiembre; se reitera que el informe solicitado por la Asociación de Desarrollo para la Ecología, remitido a Jacklyn Rivera Wong mediante fax, el 29 de setiembre de 2019, no fue recibido, por cuando dicho fax no se encuentra conectado. Además, la coordinadora del Programa Nacional de Humedales, el día 10 de marzo de los corrientes, realizó consulta a la Dirección Ejecutiva del SINAC sobre el funcionamiento del fax, para lo cual la secretaria de tal despacho realiza la consulta al departamento de Tecnología de la Información, además, el despacho de la Dirección comunica que los faxes dirigidos a ese número se reciben directamente a una computadora, la cual no cuenta con un sistema de alerta a la entrada de un fax. A su vez el departamento de Tecnologías de Información, mediante el oficio SINAC-DE-TI-043, del 11 de marzo del 2020, detalla el registro de faxes recibidos, en los que no se encuentra ninguno en la fecha 29 de septiembre de 2019. A lo que el día 03 de octubre de 2019, el Sr. Levy envía tres fotografías, que al parecer coinciden con las áreas reportadas en foto 2, 5 y 10 del informe SINAC-SE-GASP-062-13. Siendo áreas ya inspeccionadas y valoradas en dicho oficio en el 2013. También se adjunta en dicho correo electrónico una nueva solicitud bajo oficio AEL-117-2019. Alude que, ninguno de los documentos recibidos, son documentos útiles para el análisis de lo que solicita el recurrente ya que no se hace referencia a alguna denuncia nueva interpuesta, y lo que conoce este Programa Nacional, es el proceso en el Tribunal Ambiental Administrativo. Señala que, sobre la petitoria adicional solicitada por el recurrente, los terrenos bajo administración de JAPDEVA comprenden un área de 135485 ha., de las cuales 76562 ha. se encuentran incluidas en el Registro Nacional de Humedales, representando 268 diferentes unidades de humedal. En estos terrenos se encuentran 7 cantones, 15 distritos y 82 comunidades, las cuales tienen una población proyectada al 2019 de 144 606 personas. Al 2017 el Índice de Desarrollo Social promedio de los 15 distritos dentro de la finca era de 44,15 (máximo 64.76, mínimo 19.82). Sobre esta finca hay 3741 fincas inscritas en el Registro Nacional, de las cuales 2983 (80%) corresponden a particulares y 354 (20%) a instituciones. Adicionalmente se encuentran sobre esta zona 7 Áreas Silvestres Protegidas (1 Parque Nacional, 3 Refugios de Vida Silvestre, 1 Zona Protectora, 1 Reserva Forestal, 1 Humedal Nacional). Indica que, en el escrito del recurso de amparo, el recurrente solicita que se ordene a la recurrida emitir el informe requerido desde el 29 de setiembre de 2019, fundamentando su reclamo en varios artículos de la Constitución Política, entre ellos el artículo 41. Desde los votos 9928-2010 y 17909-2010, la Sala Constitucional ha dispuesto que la falta de respuesta dentro de los plazos de ley respecto a las solicitudes de los administrados ante la Administración Pública, es susceptible de control de legalidad propio de la sede contencioso administrativa, por lo cual debería dilucidarse en la sede judicial correspondiente. Solicita se desestime el recurso.
6.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tramita el expediente No. 116-18-02-TAA, a propósito de una denuncia interpuesta contra la empresa RADA, Sociedad Anónima por el daño a un humedal, al invadirlo y drenarlo con el fin de construir el predio y las oficinas de tal empresa mediante su relleno. Dentro de dicho expediente, se dictó la resolución No. 332-19-TAA. A propósito de lo allí resuelto, por oficio No. AEL-113-2019 de fecha 27 de setiembre de 2019 dirigido a la coordinadora del Programa Nacional de Humedales del SINAC (aportado como prueba) y remitido vía fax el 29 de setiembre siguiente, se solicitó un informe sobre: “(...) los fundamentos fácticos y legales por los cuales la valoración del presunto daño al humedal de referencia, se limitó aparentemente a los planos L-598554-85 y L-649115-86 (...)”, es decir que omitió el área del predio y oficinas limitándose a valorar un área adyacente compuesta de un dique existente de 530 metros de largo construido con piedra y lastre, de un ancho promedio de 2 metros y una altura de 1.5 metros, el cual fue construido formando un cuadrante con un área de desagüe en el sector noroeste. Lo anterior, debido a que según consultas realizadas a expertos en topografía, existe una diferencia de altimetría mediante cartografía y curvas de nivel, por insumos del Instituto Geográfico Nacional, entre el terreno de RADA, S.A. y el litoral del Océano Atlántico menor a 10 metros entre uno y otro, referido a la elevación respecto del nivel del mar. De manera tal que, dada esta situación y la cercanía, existe una interconexión referida en la hidrología de suelos entre el Océano Atlántico y el terreno del patio de contenedores. Reclama que, a la fecha de interposición del recurso, no se le había contestado ni resuelto lo pedido. Estima que lo anterior es violatorio de los derechos fundamentales de la amparada. Solicita que se declare con lugar el recurso.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
El Tribunal Ambiental Administrativo tramita el expediente No. 116-18-02-TAA, a propósito de una denuncia interpuesta contra la empresa RADA, Sociedad Anónima por el daño a un humedal, al invadirlo y drenarlo con el fin de construir el predio y las oficinas de tal empresa mediante su relleno (ver informe de la autoridad accionada). Mediante resolución N° 1058-18-TAA, el Tribunal Ambiental Administrativo solicitó, al SINAC, una valoración económica del daño ambiental, denunciado mediante oficio SINAC-SE-GASP-062-13 de fecha 18 de marzo del 2013 (ver informe de la autoridad accionada). El 01 de marzo de 2019, por medio del oficio SINAC-SE-IRT-046, la Coordinadora del Programa Nacional de Humedales remitió al Tribunal Ambiental Administrativo lo solicitado en la resolución Nº 1058-18-TAA, en la cual se utiliza como base la información del informe técnico SINAC-SE-GASP-062-13 correspondiente al año 2013, considerando que las posibles acciones de daño ambiental se realizaron en esa temporalidad. Según el informe de referencia, existe un humedal tipo palustre en el área de estudio, ubicado en los planos L-643915-86 y L-598554-85, que corresponde a la información reportada y evaluada en el informe técnico por el funcionario del Programa Nacional de humedades de esa época (ver informe de la autoridad accionada). El 21 de marzo de 2019, se emitió oficio SINAC-SE-IRT-074-2019, al Tribunal Ambiental Administrativo, como respuesta a la resolución número 332-19-TAA (ver informe de la autoridad accionada). El 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019, dirigido a la coordinadora del Programa Nacional de Humedales del SINAC y remitido vía fax el 29 de setiembre siguiente, el amparado solicitó información sobre: “(...) los fundamentos fácticos y legales por los cuales la valoración del presunto daño al humedal de referencia, se limitó aparentemente a los planos L-598554-85 y L-649115-86 (...)” (ver prueba agregada a los autos). El 10 de marzo de 2020, se realizó consulta a la Dirección Ejecutiva del SINAC sobre el funcionamiento del fax, para lo cual la secretaria de tal despacho realiza la consulta al departamento de Tecnología de la Información, además, el despacho de la Dirección comunica que los faxes dirigidos a ese número se reciben directamente a una computadora, la cual no cuenta con un sistema de alerta a la entrada de un fax (ver informe de la autoridad accionada). El departamento de Tecnologías de Información del SINAC mediante el oficio SINAC-DE-TI-043, del 11 de marzo del 2020, detalla el registro de faxes recibidos, en los que no se encuentra ninguno en la fecha 29 de septiembre de 2019 (ver informe de la autoridad accionada). El 17 de marzo del 2020, por medio del oficio SINAC-DE-351-2020, se comunicó al Sr. Levy la forma en la que se deben tramitar las denuncias ambientales, trámites y consultas (ver informe de la autoridad accionada).
III.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para el presente proceso de amparo, se tienen por no acreditados los siguientes hechos:
Que las autoridades accionadas hayan contestado al recurrente la solicitud de información enviada 29 de septiembre de 2019, mediante oficio No. AEL-113-2019.
IV.- SOBRE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN, PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. Este Tribunal ha señalado que el derecho de petición y pronta respuesta, encierra una doble vertiente, ya que implica no sólo el derecho que ostenta todo ciudadano para dirigirse a cualquier funcionario o entidad oficial, con el fin de exponer un asunto de su interés, o bien solicitar determinada información, sino además obliga a la Administración a recibir y responder las mismas dentro del plazo de diez días, de acuerdo con el artículo 27, de la Constitución Política y el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por lo anterior, debe emitir la respuesta oportuna, sin denegación de ninguna especie, empero cabe la excepción de que no pueda cubrir la petición dentro del plazo referido, en consecuencia, deberá comunicar la imposibilidad para resolver y fijará un plazo razonable dentro del cual atenderá la solicitud. Por su parte, el artículo 30, de la Constitución Política recoge el derecho de las personas de acceder a la información de interés público en poder de las autoridades y -consecuentemente- el deber de estas de entregar dicha información de forma inmediata si lo pedido está disponible y todo lo anterior sin perjuicio la existencia de posibles excepciones en las que la información debe reservarse en atención a la protección de derechos e intereses relevantes, reconocidos formalmente.
V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada. Del informe rendido por la representante de la autoridad recurrida -que se tiene dado bajo juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto ha sido debidamente acreditado que, el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019, dirigido a la coordinadora del Programa Nacional de Humedales del SINAC y remitido vía fax, el amparado solicitó información sobre: “(...) los fundamentos fácticos y legales por los cuales la valoración del presunto daño al humedal de referencia, se limitó aparentemente a los planos L-598554-85 y L-649115-86 (...)”. De los informes rendido por parte de las autoridades accionadas, se extrae que el 10 de marzo de 2020, realizaron la consulta a la Dirección Ejecutiva del SINAC sobre el funcionamiento del fax, para lo cual la secretaria de tal despacho realiza la consulta al departamento de Tecnología de la Información, además, el despacho de la Dirección comunica que los faxes dirigidos a ese número se reciben directamente a una computadora, la cual no cuenta con un sistema de alerta a la entrada de un fax. Asimismo, indicaron que el departamento de Tecnologías de Información del SINAC mediante el oficio SINAC-DE-TI-043, del 11 de marzo del 2020, detalla el registro de faxes recibidos, en los que no se encuentra ninguno en la fecha 29 de septiembre de 2019. Pese lo anterior, en el caso concreto consta el comprobante de envío de fax aportado como prueba a los autos, mediante el cual se evidencia el envío del escrito objeto del presente proceso. Por lo anterior, procede la estimatoria del proceso, tal como se indica en la parte dispositiva de la presente resolución.
VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, deseo consignar las siguientes acotaciones en relación con el tema ambiental de fondo:
La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En este tipo de casos, he sostenido que el recurso de amparo debe rechazarse de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, cuando no se hace así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En la especie, la sentencia está enfocada desde la perspectiva del derecho de acceso a la información, así como petición y pronta respuesta, de manera que, por ello, me adhiero al voto de mayoría. Sin embargo, como también el tema de fondo expuesto por la parte recurrente hace referencia a un conflicto de índole ambiental, estimo preciso dejar plasmadas estas consideraciones expuestas líneas arriba.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a GRETTEL VEGA ARCE, en su condición de Directora Ejecutiva y, a JACKLYN JULIANA RIVERA WONG, en su condición de Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, ambas funcionarias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) o, a quienes en su lugar ejerzan esos cargos que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, entregue a la recurrente la información requerida el 29 de septiembre de 2019, mediante escrito No. AEL-113-2019. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *XM07BWKKFGC61* 1
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