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Res. 08806-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/05/2020
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber summarily dismisses the amparo as raising an ordinary legality dispute, with no showing of a fundamental rights violation.La Sala Constitucional rechaza de plano el amparo por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria, sin que se acredite violación a derechos fundamentales.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber summarily rejects an amparo action filed by the Asociación Confraternidad Guanacasteca against various public institutions involved in water management in Costa Rica. The petitioner argued that disparate criteria for charging for water services, the fee set by Executive Decree 32868-MINAE failing to cover environmental costs, and the omission of economic aspects in the draft comprehensive water resources management law violated fundamental rights such as access to water, health, and a healthy environment. The Chamber holds that the complaints raise ordinary legality issues rather than a violation of fundamental rights warranting its intervention, since the dispute concerns tariffs and administration, not deprivation of a minimum vital supply of drinking water. Determining the propriety of charges, modifying the tariff methodology, or directing the use of collected funds are matters to be taken up before the respondent authorities or in the ordinary courts. The constitutional tribunal also lacks jurisdiction to order the Ministry of Environment to suspend concessions or to direct the Legislative Assembly on legislative policy. The amparo is dismissed as inadmissible.La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Confraternidad Guanacasteca contra diversas instituciones públicas relacionadas con la gestión del agua en Costa Rica. El recurrente alegaba que la existencia de criterios disímiles para el cobro del servicio de agua, el canon fijado por el Decreto Ejecutivo 32868-MINAE que no cubre el costo ambiental, y la omisión del proyecto de ley sobre gestión integral del recurso hídrico de regular aspectos económicos, vulneraban derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y un ambiente sano. La Sala considera que los reclamos constituyen un conflicto de legalidad ordinaria y no una violación de derechos fundamentales que justifique su intervención, pues no está en juego el acceso mínimo vital al agua potable sino aspectos tarifarios y administrativos. Señala que determinar la procedencia de los cobros, modificar la metodología tarifaria o disponer el destino de los fondos recaudados son cuestiones que deben ventilarse ante las propias autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional ordinaria. Tampoco compete al tribunal constitucional ordenar al MINAE suspender concesiones ni a la Asamblea Legislativa legislar en determinado sentido. El recurso se declara inadmisible.
Key excerptExtracto clave
Thus, the Chamber finds that the precedent cited applies to the instant case, as it sees no reason to vary the stated criterion nor any grounds to assess the situation differently. Hence, the claims raised amount to nothing more than an ordinary legality dispute, which does not constitute a violation of fundamental rights of such magnitude as to justify this court’s intervention. Indeed, it is not for this Tribunal to determine, under the infra-constitutional rules governing the matter, whether the charges for water service are proper, whether the methodology used to set them must be changed, or how the sums collected should be used. Likewise, this constitutional jurisdiction is not empowered to order the Ministry of Environment and Energy to suspend, ration, limit, or annul, temporarily or permanently, water concessions for priority uses under certain circumstances, as the petitioner seeks. Nor is it for this Chamber to order the Legislative Assembly not to delegate the definition of the economic aspect of water to administrative bodies, or to compel it to adopt a unified tariff policy for all water uses in the bill referred to by the petitioner, since under Article 121 of the Political Constitution the power to enact laws rests exclusively with that branch of government. Consequently, if the petitioner so desires, it may bring its complaints before the respondent authorities themselves or in the appropriate ordinary courts, where it can fully argue the merits of the matter and assert its claims. On these grounds, the amparo is dismissed as inadmissible.Así, la Sala estima que el precedente transcrito resulta aplicable al caso de marras, toda vez que no encuentra motivos para variar el criterio vertido ni razones para valorar de manera diferente la situación planteada. De modo que, en la especie, los reclamos formulados no son más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no configura una violación a los derechos fundamentales de tal magnitud como para justificar la intervención de esta jurisdicción. En efecto, a este Tribunal no le corresponde determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el cobro efectuado por la prestación del servicio de agua resulta o no procedente, si debe o no darse un cambio en la metodología empleada para determinar el mismo, ni tampoco disponer cuál es el uso que se le debe dar a los montos obtenidos por la aludida prestación. Asimismo, a esta jurisdicción constitucional no le compete ordenarle al Ministerio de Ambiente y Energía suspender, racionar, limitar o anular, temporal o totalmente, las concesiones de agua para usos prioritarios ante determinadas circunstancias, como lo pretende la parte tutelada. De igual forma, a esta Sala no le corresponde ordenarle a la Asamblea Legislativa que no delegue la definición del tema económico del agua a dependencias administrativas, ni tampoco obligarla a que defina una política de unificación de tarifas para todos los usos del agua en el proyecto de ley referido por el tutelado, toda vez que, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución Política, la atribución de dictar las leyes recae de manera exclusiva en tal poder de la República. En consecuencia, si a bien lo tiene la parte tutelada, puede formular sus reclamos ante las propias autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional ordinaria correspondiente, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto, así como hacer valer sus pretensiones. En mérito de lo expuesto, el recurso se declara inadmisible.
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"En efecto, a este Tribunal no le corresponde determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el cobro efectuado por la prestación del servicio de agua resulta o no procedente, si debe o no darse un cambio en la metodología empleada para determinar el mismo, ni tampoco disponer cuál es el uso que se le debe dar a los montos obtenidos por la aludida prestación."
"Indeed, it is not for this Tribunal to determine, under the infra-constitutional rules governing the matter, whether the charges for water service are proper, whether the methodology used to set them must be changed, or how the sums collected should be used."
Considerando II
"En efecto, a este Tribunal no le corresponde determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el cobro efectuado por la prestación del servicio de agua resulta o no procedente, si debe o no darse un cambio en la metodología empleada para determinar el mismo, ni tampoco disponer cuál es el uso que se le debe dar a los montos obtenidos por la aludida prestación."
Considerando II
"los reclamos formulados no son más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no configura una violación a los derechos fundamentales de tal magnitud como para justificar la intervención de esta jurisdicción."
"the claims raised amount to nothing more than an ordinary legality dispute, which does not constitute a violation of fundamental rights of such magnitude as to justify this court’s intervention."
Considerando II
"los reclamos formulados no son más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no configura una violación a los derechos fundamentales de tal magnitud como para justificar la intervención de esta jurisdicción."
Considerando II
"a esta jurisdicción constitucional no le compete ordenarle al Ministerio de Ambiente y Energía suspender, racionar, limitar o anular, temporal o totalmente, las concesiones de agua para usos prioritarios ante determinadas circunstancias"
"this constitutional jurisdiction is not empowered to order the Ministry of Environment and Energy to suspend, ration, limit, or annul, temporarily or permanently, water concessions for priority uses under certain circumstances"
Considerando II
"a esta jurisdicción constitucional no le compete ordenarle al Ministerio de Ambiente y Energía suspender, racionar, limitar o anular, temporal o totalmente, las concesiones de agua para usos prioritarios ante determinadas circunstancias"
Considerando II
"no le corresponde ordenarle a la Asamblea Legislativa que no delegue la definición del tema económico del agua a dependencias administrativas, ni tampoco obligarla a que defina una política de unificación de tarifas"
"it is not for this Chamber to order the Legislative Assembly not to delegate the definition of the economic aspect of water to administrative bodies, or to compel it to adopt a unified tariff policy"
Considerando II
"no le corresponde ordenarle a la Asamblea Legislativa que no delegue la definición del tema económico del agua a dependencias administrativas, ni tampoco obligarla a que defina una política de unificación de tarifas"
Considerando II
Full documentDocumento completo
*200079250007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the twelfth of May two thousand twenty.
An amparo action processed in case file number 20-007925-0007-CO, filed by GAD AMIT, identification number 137600015818, on behalf of the ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, legal ID 3002395766, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), the PODER EJECUTIVO, the MINISTERIO DE SALUD, the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), the MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, the MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, the AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP), the ASAMBLEA LEGISLATIVA, the PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA, the PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL, the PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, the PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL, the PARTIDO FRENTE AMPLIO, the PARTIDO INTEGRACIÓN NACIONAL, and the FRACCIÓN INDEPENDIENTE DE NUEVA REPÚBLICA.
Resultando:
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considerando:
The petitioner considers that the fundamental rights of the protected party are harmed, since the institutions responsible for managing water in the country use diverse criteria to charge for such service. Furthermore, they consider that the water use fee (canon) provided for in Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 32868-MINAE, relating to the concessions (concesiones) granted by the Dirección de Aguas of MINAE, does not cover the environmental cost. Similarly, they complain that a bill for the comprehensive management of the water resource is being processed in the Asamblea Legislativa, which fails to regulate, among other things, the economic aspect.
In the sub lite case, having reviewed the arguments of the protected party, the Court deems it appropriate to bring up the provisions of judgment No. 2017-005520 of 9:20 hours on April 18, 2017:
"I.- NON-EXISTENCE OF THE ALLEGED CONSTITUTIONAL VIOLATIONS.- From the review of the amparo filing brief, it is concluded that there is no violation of any fundamental right that must be assessed by the Chamber.- Regarding the right of access to drinking water, it has been repeatedly clarified that the amparo process serves to ensure that people are not deprived of a minimum of drinking water, when that lack could endanger their life or health.- Beyond that, matters related to the technical and administrative conditions established for providing the service and naturally how much should be charged for such provision are legality issues that must be presented before the corresponding authorities.- In this case, it is observed that the situation of the petitioner and the other residents is linked to the fact that the operation of their aqueduct does not meet the legally established requirements, such that, in the face of certain decisions by the administrative board, they have been unable to find appropriate protection from the institutions, which ask them to regularize their situation as a first step.- The entire problem raised therefore does not concern access to water, but rather disagreement with the decisions made by an entity that administers the aqueduct on behalf of the residents, and with the fact that, due to the irregularity of the situation, those in disagreement with what was done understand they have no way to remedy it.- For the Chamber, then, the problem does not transcend its strictly legal scope, and in fact, since access to drinking water is not at stake but rather its cost, the entire discussion regarding dissatisfaction with the decisions made by the organization in charge of the service must be channeled before the organization itself, since fundamental rights are not directly and clearly affected.- Therefore, the action must be rejected.-" (highlighting supplied).
Thus, the Chamber considers that the transcribed precedent is applicable to the case in question, as it finds no reasons to vary the criteria expressed, nor reasons to assess the situation raised differently. So that, in this case, the claims made are nothing more than an ordinary legality conflict, which does not constitute a violation of fundamental rights of such magnitude as to justify the intervention of this jurisdiction. Indeed, it is not for this Court to determine, according to the infra-constitutional regulations governing the matter, whether the charge for the provision of water service is appropriate or not, whether a change in the methodology used to determine it should occur or not, nor to decide the use that should be given to the amounts obtained from said provision. Likewise, this constitutional jurisdiction is not competent to order the Ministry of Environment and Energy to suspend, ration, limit, or cancel, temporarily or totally, water concessions for priority uses under certain circumstances, as the protected party intends.
Similarly, it is not for this Chamber to order the Asamblea Legislativa not to delegate the definition of the economic issue of water to administrative bodies, nor to force it to define a rate unification policy for all water uses in the bill referenced by the protected party, given that, according to Article 121 of the Political Constitution, the power to enact laws resides exclusively with that branch of the Republic. Consequently, if the protected party deems it appropriate, they may file their claims before the respondent authorities themselves or in the corresponding ordinary judicial channel, venues where they may broadly discuss the merits of the matter, as well as assert their claims. Based on the foregoing, the action is declared inadmissible.
In the sub lite case, the petitioner files this amparo action on behalf of the Asociación Confraternidad Guanacasteca, and therefore I consider it pertinent to bring up what I stated in the dissenting vote contained in judgment No. 2019-2355 of 9:30 on February 12, 2019, in which I held:
"in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, therefore legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court established that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case Granier et al. v. Venezuela); however, in order for this to be actionable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between the two is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not of the legal entities, are effectively being protected.
Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities of the legal entity, such that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.' (OC. 22/16)." In this regard, based on what was stated in the preceding paragraph, I consider it inadmissible to grant amparo to the mentioned association, since the essential relationship between the natural person and the legal entity was not established regarding the allegedly aggrieved right.
The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be picked up from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not picked up within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary" ("Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"), approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The action is rejected outright. Magistrate Rueda Leal records separate reasons.
Fernando Castillo V. President Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
*YCVEL4747BS3C61* CASE FILE N° 20-007925-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:18:52.
*200079250007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del doce de mayo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-007925-0007-CO, interpuesto por GAD AMIT, número de identificación 137600015818, a favor de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA cédula jurídica 3002395766, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), el PODER EJECUTIVO, el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, la AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP), la ASAMBLEA LEGISLATIVA, el PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA, el PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL, el PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRITIANA, el PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL, el PARTIDO FRENTE AMPLIO, el PARTIDO INTEGRACIÓN NACIONAL y la FRACCIÓN INDEPENDIENTE DE NUEVA REPÚBLICA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
El recurrente estima lesionados los derechos fundamentales de la amparada, toda vez que las instituciones encargadas de manejar el agua en el país utilizan diversos criterios para efectuar el cobro de tal servicio. Además, considera que el canon previsto en el Decreto Ejecutivo 32868-MINAE, relativo a las concesiones otorgadas por la Dirección de Aguas del MINAE, no cubre el costo ambiental. De igual forma, reclama que en la Asamblea Legislativa se encuentra en trámite un proyecto de ley para la gestión integral del recurso hídrico, el cual es omiso en regular, entre otros, el aspecto el económico.
En el sub lite, vistos los alegatos de la parte tutelada, el Tribunal estima oportuno traer a colación lo dispuesto en la sentencia n.° 2017-005520 de las 9:20 horas del 18 de abril de 2017:
“I.- INEXISTENCIA DE LAS LESIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS.- De la revisión del escrito de interposición del amparo, se concluye que no existe alguna lesión a algún derecho fundamental que debe valorarse por parte de la Sala.- En cuanto al derecho de acceso al agua potable, se ha aclarado reiteradamente que la vía del amparo sirve para asgurar (sic) que las personas no sean privadas de un mínimo de agua potable, cuando esa falta pueda poner en peligro su vida o su salud.- De allí en adelante, lo que se refiere a condiciones técnicas y administrativas establecidas para dar el servicio y naturalmente cúanto debe cobrarse por tal prestación, son cuestiones de legalidad que deben presentarse ante las autoridades correspondientes.- En este caso se observa que la situación de la recurrente y demás vecinos se liga con el hecho de que la operación de su acueducto no cumple con los requisitos legalmente establecidos de modo que, ante algunas decisiones de la junta administradora, no han podido encontrar protección apropiada de las instituciones, las cuales les piden regularizar su situación como primer paso.- Toda la problemática que se plantea no tiene que ver entonces con el acceso al agua, sino con la inconformidad con las decisiones tomadas por un ente que en nombre de los vecinos administra el acueducto y con el hecho de que, por la irregularidad de la situación, las personas en desacuerdo con lo actuado, entienden que no tienen forma de remediarlo.- Para la Sala entonces el problema no trasciende su alcance estrictamente legal y de hecho al no estar en juego el acceso al agua potable sino su costo, toda la discusión respecto de insatisfacción con las decisiones tomadas por la organización encargada del servicio, debe canalizarse ante la propia organización, pues no se afecta directamente y de forma clara derechos fundamentales.- Por ello el recurso debe rechazarse.-” (el resaltado fue suplido).
Así, la Sala estima que el precedente transcrito resulta aplicable al caso de marras, toda vez que no encuentra motivos para variar el criterio vertido ni razones para valorar de manera diferente la situación planteada. De modo que, en la especie, los reclamos formulados no son más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no configura una violación a los derechos fundamentales de tal magnitud como para justificar la intervención de esta jurisdicción. En efecto, a este Tribunal no le corresponde determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el cobro efectuado por la prestación del servicio de agua resulta o no procedente, si debe o no darse un cambio en la metodología empleada para determinar el mismo, ni tampoco disponer cuál es el uso que se le debe dar a los montos obtenidos por la aludida prestación. Asimismo, a esta jurisdicción constitucional no le compete ordenarle al Ministerio de Ambiente y Energía suspender, racionar, limitar o anular, temporal o totalmente, las concesiones de agua para usos prioritarios ante determinadas circunstancias, como lo pretende la parte tutelada.
De igual forma, a esta Sala no le corresponde ordenarle a la Asamblea Legislativa que no delegue la definición del tema económico del agua a dependencias administrativas, ni tampoco obligarla a que defina una política de unificación de tarifas para todos los usos del agua en el proyecto de ley referido por el tutelado, toda vez que, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución Política, la atribución de dictar las leyes recae de manera exclusiva en tal poder de la República. En consecuencia, si a bien lo tiene la parte tutelada, puede formular sus reclamos ante las propias autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional ordinaria correspondiente, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto, así como hacer valer sus pretensiones. En mérito de lo expuesto, el recurso se declara inadmisible.
En el sub lite, la parte recurrente interpone este recurso de amparo a favor de la Asociación Confraternidad Guanacasteca, por lo que estimo pertinente traer a colación lo que consigné en el voto salvado contenido en la sentencia n. º 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, en el que sostuve:
“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas.
En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (OC. 22/16)”.
Al respecto, partiendo de lo externado en el párrafo anterior, estimo improcedente que se ampare a la asociación mencionada, pues no se estableció la relación esencial entre la persona natural y la persona jurídica, en cuanto al derecho presuntamente agraviado.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal consigna razones separadas.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
*YCVEL4747BS3C61*
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