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Res. 08806-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/05/2020
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber summarily dismisses the amparo as raising an ordinary legality dispute, with no showing of a fundamental rights violation.La Sala Constitucional rechaza de plano el amparo por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria, sin que se acredite violación a derechos fundamentales.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber summarily rejects an amparo action filed by the Asociación Confraternidad Guanacasteca against various public institutions involved in water management in Costa Rica. The petitioner argued that disparate criteria for charging for water services, the fee set by Executive Decree 32868-MINAE failing to cover environmental costs, and the omission of economic aspects in the draft comprehensive water resources management law violated fundamental rights such as access to water, health, and a healthy environment. The Chamber holds that the complaints raise ordinary legality issues rather than a violation of fundamental rights warranting its intervention, since the dispute concerns tariffs and administration, not deprivation of a minimum vital supply of drinking water. Determining the propriety of charges, modifying the tariff methodology, or directing the use of collected funds are matters to be taken up before the respondent authorities or in the ordinary courts. The constitutional tribunal also lacks jurisdiction to order the Ministry of Environment to suspend concessions or to direct the Legislative Assembly on legislative policy. The amparo is dismissed as inadmissible.La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Confraternidad Guanacasteca contra diversas instituciones públicas relacionadas con la gestión del agua en Costa Rica. El recurrente alegaba que la existencia de criterios disímiles para el cobro del servicio de agua, el canon fijado por el Decreto Ejecutivo 32868-MINAE que no cubre el costo ambiental, y la omisión del proyecto de ley sobre gestión integral del recurso hídrico de regular aspectos económicos, vulneraban derechos fundamentales como el acceso al agua, la salud y un ambiente sano. La Sala considera que los reclamos constituyen un conflicto de legalidad ordinaria y no una violación de derechos fundamentales que justifique su intervención, pues no está en juego el acceso mínimo vital al agua potable sino aspectos tarifarios y administrativos. Señala que determinar la procedencia de los cobros, modificar la metodología tarifaria o disponer el destino de los fondos recaudados son cuestiones que deben ventilarse ante las propias autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional ordinaria. Tampoco compete al tribunal constitucional ordenar al MINAE suspender concesiones ni a la Asamblea Legislativa legislar en determinado sentido. El recurso se declara inadmisible.
Key excerptExtracto clave
Thus, the Chamber finds that the precedent cited applies to the instant case, as it sees no reason to vary the stated criterion nor any grounds to assess the situation differently. Hence, the claims raised amount to nothing more than an ordinary legality dispute, which does not constitute a violation of fundamental rights of such magnitude as to justify this court’s intervention. Indeed, it is not for this Tribunal to determine, under the infra-constitutional rules governing the matter, whether the charges for water service are proper, whether the methodology used to set them must be changed, or how the sums collected should be used. Likewise, this constitutional jurisdiction is not empowered to order the Ministry of Environment and Energy to suspend, ration, limit, or annul, temporarily or permanently, water concessions for priority uses under certain circumstances, as the petitioner seeks. Nor is it for this Chamber to order the Legislative Assembly not to delegate the definition of the economic aspect of water to administrative bodies, or to compel it to adopt a unified tariff policy for all water uses in the bill referred to by the petitioner, since under Article 121 of the Political Constitution the power to enact laws rests exclusively with that branch of government. Consequently, if the petitioner so desires, it may bring its complaints before the respondent authorities themselves or in the appropriate ordinary courts, where it can fully argue the merits of the matter and assert its claims. On these grounds, the amparo is dismissed as inadmissible.Así, la Sala estima que el precedente transcrito resulta aplicable al caso de marras, toda vez que no encuentra motivos para variar el criterio vertido ni razones para valorar de manera diferente la situación planteada. De modo que, en la especie, los reclamos formulados no son más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no configura una violación a los derechos fundamentales de tal magnitud como para justificar la intervención de esta jurisdicción. En efecto, a este Tribunal no le corresponde determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el cobro efectuado por la prestación del servicio de agua resulta o no procedente, si debe o no darse un cambio en la metodología empleada para determinar el mismo, ni tampoco disponer cuál es el uso que se le debe dar a los montos obtenidos por la aludida prestación. Asimismo, a esta jurisdicción constitucional no le compete ordenarle al Ministerio de Ambiente y Energía suspender, racionar, limitar o anular, temporal o totalmente, las concesiones de agua para usos prioritarios ante determinadas circunstancias, como lo pretende la parte tutelada. De igual forma, a esta Sala no le corresponde ordenarle a la Asamblea Legislativa que no delegue la definición del tema económico del agua a dependencias administrativas, ni tampoco obligarla a que defina una política de unificación de tarifas para todos los usos del agua en el proyecto de ley referido por el tutelado, toda vez que, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución Política, la atribución de dictar las leyes recae de manera exclusiva en tal poder de la República. En consecuencia, si a bien lo tiene la parte tutelada, puede formular sus reclamos ante las propias autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional ordinaria correspondiente, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto, así como hacer valer sus pretensiones. En mérito de lo expuesto, el recurso se declara inadmisible.
Pull quotesCitas destacadas
"En efecto, a este Tribunal no le corresponde determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el cobro efectuado por la prestación del servicio de agua resulta o no procedente, si debe o no darse un cambio en la metodología empleada para determinar el mismo, ni tampoco disponer cuál es el uso que se le debe dar a los montos obtenidos por la aludida prestación."
"Indeed, it is not for this Tribunal to determine, under the infra-constitutional rules governing the matter, whether the charges for water service are proper, whether the methodology used to set them must be changed, or how the sums collected should be used."
Considerando II
"En efecto, a este Tribunal no le corresponde determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el cobro efectuado por la prestación del servicio de agua resulta o no procedente, si debe o no darse un cambio en la metodología empleada para determinar el mismo, ni tampoco disponer cuál es el uso que se le debe dar a los montos obtenidos por la aludida prestación."
Considerando II
"los reclamos formulados no son más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no configura una violación a los derechos fundamentales de tal magnitud como para justificar la intervención de esta jurisdicción."
"the claims raised amount to nothing more than an ordinary legality dispute, which does not constitute a violation of fundamental rights of such magnitude as to justify this court’s intervention."
Considerando II
"los reclamos formulados no son más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no configura una violación a los derechos fundamentales de tal magnitud como para justificar la intervención de esta jurisdicción."
Considerando II
"a esta jurisdicción constitucional no le compete ordenarle al Ministerio de Ambiente y Energía suspender, racionar, limitar o anular, temporal o totalmente, las concesiones de agua para usos prioritarios ante determinadas circunstancias"
"this constitutional jurisdiction is not empowered to order the Ministry of Environment and Energy to suspend, ration, limit, or annul, temporarily or permanently, water concessions for priority uses under certain circumstances"
Considerando II
"a esta jurisdicción constitucional no le compete ordenarle al Ministerio de Ambiente y Energía suspender, racionar, limitar o anular, temporal o totalmente, las concesiones de agua para usos prioritarios ante determinadas circunstancias"
Considerando II
"no le corresponde ordenarle a la Asamblea Legislativa que no delegue la definición del tema económico del agua a dependencias administrativas, ni tampoco obligarla a que defina una política de unificación de tarifas"
"it is not for this Chamber to order the Legislative Assembly not to delegate the definition of the economic aspect of water to administrative bodies, or to compel it to adopt a unified tariff policy"
Considerando II
"no le corresponde ordenarle a la Asamblea Legislativa que no delegue la definición del tema económico del agua a dependencias administrativas, ni tampoco obligarla a que defina una política de unificación de tarifas"
Considerando II
Full documentDocumento completo
*200079250007CO* Res. Nº 2020008806 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the twelfth of May two thousand twenty.
An amparo action processed in case file number 20-007925-0007-CO, filed by GAD AMIT, identification number 137600015818, on behalf of the ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, legal ID 3002395766, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), the PODER EJECUTIVO, the MINISTERIO DE SALUD, the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), the MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, the MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, the AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP), the ASAMBLEA LEGISLATIVA, the PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA, the PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL, the PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA, the PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL, the PARTIDO FRENTE AMPLIO, the PARTIDO INTEGRACIÓN NACIONAL, and the FRACCIÓN INDEPENDIENTE DE NUEVA REPÚBLICA.
Resultando:
1.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 10:12 hours on May 6, 2020, the petitioner files an amparo action. They maintain that the most serious inequality affecting Costa Ricans regarding water is that many lack access to such service in their homes. They consider that if the general framework for consumption and rates is ordered, a step will be taken toward planning to bring water to all inhabitants equally. They point out that the amparo is linked to what they consider the failure to apply the single cost-benefit principle for a public domain asset. They estimate that Articles 21, 50, and 140 subsection 3) of the Political Constitution are violated. They indicate that water is a public domain asset. They state that the priority use of the water resource is drinking water. They affirm that access to water is a basic human right, and therefore the Ministry of Health should ensure that access to this resource is for all inhabitants of the country. They argue that water is a fundamental and indispensable element for the production of any economic activity, so its administration by State institutions is a basic policy. They state that the treatments necessary to adapt water to its various uses have their costs. They consider that the available drinking water is finite. They maintain that currently, the price of water for users is regulated by various laws, criteria, and regulatory bodies, which causes problems. They make statements about the difference between cost and price. They explain that in Costa Rica, drinking water is managed by ICAA, some municipalities, and the ASADAS, and that rates are set by ARESEP. They consider that ARESEP uses totally different criteria for each case, and therefore does not have uniform criteria. They estimate that ARESEP should conduct more critical analyses of the performance of some drinking water service operators. They explain that the Dirección de Aguas of MINAE grants concessions (concesiones) to the entire private sector for 85% of the water flow used in the country. They maintain that this entity, despite managing the largest volume of water in the country, is not subject to ARESEP's control. They indicate that the price setting it charges was fixed in an executive decree (decreto ejecutivo) issued in 2005 and that there is no authority exercising technical control or defining the management of the water resource. They estimate that a cost-benefit study and definition for the use of the water resource is necessary. They point out that "Using potable quality water to wash cars, to irrigate a golf course, a current reality, is an absurd madness. Not using wastewater for irrigation is a waste. Not using desalination to supply coastal developments is a lack of long-term criteria and vision and environmental sustainability. The calculation of Cost vs. Benefit must be taken into account in land-use planning (ordenamiento territorial), in the management of public affairs, and in the legislation regulating water rates; in a logical and defined order for ALL, according to the defined political-social and environmental criteria." They affirm that the main consumers of the water resource are large business owners, who "serve themselves and take advantage of this STATE asset, practically at no cost." They allege that all available water in Costa Rica is managed in some way by the Dirección de Aguas of MINAE. They state that "The drinking water supply systems account for approximately 10 or 15% of the water (* 6), and are managed by AyA and the ASADAS. As drinking water, it is registered in favor of those institutions by the same Dirección de Aguas. With the irrigation systems managed by SENARA, the same occurs. The water management structure in MINAE is structured with a Vice Ministry of Water and the Dirección de Aguas is program 887 of MINAE, formally dependent on that Vice Ministry." They argue that despite the existence of various laws, the important decisions are delegated to the referenced Dirección de Aguas, in accordance with the provisions of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 32686-MINAE of 2005. They describe that "The DIRECCIÓN DE AGUAS defines the most important aspects in the management of the water resource, such as: use rights (concessions), extraction volume for each aquifer, price to be paid depending on the use given to the water (water use fee, canon), selection of beneficiaries and priorities (by defining requirements), duration of each concession, pardon for crimes committed (amnesty for illegal wells), extensions or exploitation of expired concessions, etc. Everything is managed and interpreted politically, without a comptroller entity to supervise it." They consider that the Dirección de Aguas of MINAE is a one-person organization, since it is managed by its director, that is, José Miguel Zeledón Calderón, who has held the position in administrations of the PLN, PUSC, and PAC. They maintain that for the right to use and enjoy the water granted in concession by MINAE, a water use fee (canon de agua) must be paid, as fixed in Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 32686-MINAE. They transcribe the referenced decree. They allege that in Guanacaste there are three sugar companies and one rice company, and that each has approximately 8,000 liters of water per second, while a family consumes 20 cubic meters per month. They cite Article 7 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 32686-MINAE. They maintain that, in accordance with such provision, the aforementioned companies must pay 20 cents of a colón per cubic meter, while a citizen for that same volume pays 400 colones. They affirm that "they in one day use the water of a million families, without any restriction, without control, without rationing, without significant cost. THIS IS WHERE THE PRIORITY OF HUMAN CONSUMPTION AND THE RIGHT TO LIFE ARE VIOLATED. When they take the water they have under concession, they take it away from the drinking water service providers, who see the yields of their wells diminished." They maintain that the director of the Dirección de Aguas of MINAE has been repeatedly condemned by the Chamber, since he violates the Political Constitution. They transcribe resolution RE-0005-2019 of December 19, 2019, issued by ARESEP on the water resource protection tariff (tarifa de protección del recurso hídrico) for metered and fixed service. They consider that such resolution "a) We find it good and applaud this ARESEP Resolution. We request that they provide the TECHNICAL STUDIES they carried out to reach it, and from now on, we accept them and take them as part of this AMPARO. b) We now turn to the environmental aspect. The resources collected as the WATER RESOURCE PROTECTION TARIFF must be used ONLY for that purpose. We are talking about many millions. The protection of the water resource must be transferred to MINAE, which is responsible for protecting the resource. Today, for example, Decree 32868 allocates 50% of the water use fee (canon del agua) collection, in equal parts to SINAC- Sistema de Áreas de Conservación and FONAFIFO- the entity that promotes reforestation. Now that these funds would be enormously increased, we believe that percentages designated for the purchase of land to expand National Parks, the pride of this country and one of its main tourist attractions, must be defined by Law. Another part must be invested in wastewater projects, a very serious problem in Costa Rica, where only 14% of contaminated water receives treatment. A percentage should also be allocated to water capture, desalination, and research into other technologies that improve sustainable water management plans, a duty we have to future generations. c) The cost of water must include its conservation. This is basic and possible. We have a public resource and it is the obligation of the STATE and all its institutions, and not just the small user, to care for it DROP BY DROP." They consider that the water use fee (canon) for waters granted in concession by the Dirección de Aguas of MINAE, as provided in Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 32868-MINAE, does not cover the environmental cost of water. They estimate that part of the impossibility of water conservation is due to it being delivered in large volumes at an inappropriate cost. They compare the rates set by ARESEP for ESPH S.A. and for ICAA, as well as those set by the Dirección de Aguas of MINAE. They maintain that Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 32868-MINAE was drafted to privilege powerful political and economic sectors, which hoard a high percentage of the country's water. They argue that a principle applied by ARESEP for water administration is "higher consumption, higher rate." They maintain that the rates applied by ARESEP for water services contemplate ascending scales of cost as the volume consumed increases, which is not done by the decree in question, but rather, on the contrary, it privileges large consumers, therefore they request that a volume-based rate be adopted. They request, in light of the water priority criterion, that the MINAE authorities be ordered to "suspend, ration, limit, cancel, temporarily or totally, water concessions for non-priority uses, in times of drought, shortages, scarcity, contamination, or other problems, according to the zones, aquifers, where public drinking water service providers have problems supplying themselves, and at the simple request of AyA, Municipalities, and/or ASADAS of the respective zones." They suggest that the Chamber endorse several principles they consider basic in water management. They report that in the Asamblea Legislativa there is a bill for the comprehensive management of the water resource, which omits regulating various aspects, such as, for example, the economic aspect and that relating to the ASADAS. They make statements about the competencies of various institutions, indicating: "24.2.1. The Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos – ARESEP is the entity that regulates prices and service quality and controls the operators. Today, it does not do so completely. 90% of the water used in the country is removed from its jurisdiction. This generates the inequalities that we point out in this Amparo. 24.3. AyA, some municipalities, and the ASADAS are the providers of drinking water and sewage service throughout the country. 24.4.1- SENARA has two quite distinct sections. One is in charge of operating irrigation systems. We propose moving it to the MAG, since irrigation is part of agricultural activity. We would appreciate the opinion of officials and deputies on this idea. 24.4.2- The Dirección de Aguas Subterráneas of SENARA is the body that carries out technical studies of aquifers and defines their capacity, authorizes or denies well drilling, and other issues related to the protection of groundwater layers in the short, medium, and long term. Established by the SENARA Law. 24.5.1- MINAE. The Vice Ministry of Water and Seas must define policies on the proper management of the resource. Being the highest-ranking position, it should be the Coordinator of all the institutions we are listing. 24.5.2- Dirección de Aguas. It is the entity that must administer the resource concessions. Process and grant concessions. Ensure compliance (control of flows, collection of the water use fee, closure in cases of irregularities or expiration). Regulated by Decrees. - Contraloría General, as a supervisory entity, must audit those who manage this very important national asset. - Asamblea Legislativa, in addition to legislating, is a political control body, which must enforce current laws. - Ministry of Health, is the one that must ensure that drinking water is potable and that sanitary sewage systems function properly and are not discharged into streams and our estuaries and beaches. We believe it should assume the management of the Laboratorio Nacional de Aguas, currently in the hands of AyA, in order to have the control tool for those functions. The President is the one who chooses and appoints some of the positions mentioned in this list. Therefore, he is responsible for the appointments and for ensuring that they adequately fulfill their functions. He is also in charge of dismissing those who do not fulfill them or cause damages. Ministry of Planning. It is the one that must review proposals, guarantee their viability, set priorities, and coordination. We think that the lack of orderly planning is part of the problem. For example, the planning for the New Aqueduct for Bagaces, due to the SANITARY EMERGENCY declared in 2012, stated that works would begin in 2014. AyA was postponing that year after year. Now they announce they will begin this 2020. 6 years of delay. It does not establish goals, in this case, ensuring that all inhabitants have access to drinking water. It validates a National Wastewater Plan that proposes covering Sanitary Sewage service for 20% of the population by 2045." They consider that in light of the COVID-19 pandemic, many water-related problems have come to light. They state that there is a problem related to the lack of money to build infrastructure, carry out controls and studies, as well as to adequately protect the resource and manage it decently. They point out that the money to address this problem is in the water, which could be solved by setting appropriate prices. They explain that setting a staggered table for the value of water is key to promoting saving and the rational use of the resource. They propose as a solution "A.- The basis for the water use fee (canon) for water concessions shall be set with a floor of 10% of the minimum drinking water rate defined by ARESEP. For example, if the table above is taken as a reference, the price-water use fee per cubic meter of concessioned water would be 31.80 colones. This will be in effect for the first year and will increase as that rate is updated. B.- An ascending rate shall be applied according to the volume consumed by each concessionaire. Starting from the minimum monthly flow and up to 1000 m3 per month, the base price. From there onwards, multiplying that flow by 10 times, that is, between 1,000 m3 and 10,000 m3, the rate will increase by 10%. And so on successively. Each increase in the flow consumed increases by 10% over the previous one." They estimate that the water shortage affecting many subscribers is caused by the described problem. They allege that ARESEP has no control over 90% of the water used in the country. They argue that MINAE does not apply the priority principle of water for human consumption. They argue that the foregoing drives them to request that MINAE present a regulation and a report on each of the rationing, suspension, or similar measures taken in 2020 regarding concessions for uses other than human consumption. They request that: "1.- This action be admitted for processing and resolved with justice and promptness, due to its importance for the majority of the population of Costa Rica. 2.- That in judgment, MINAE and other related institutions be ordered to unify their economic criteria regarding the price that each consumer of the STATE resource called WATER must pay. 2.1.- This price must guarantee the contribution of all consumers to water protection, and that the Environmental Tariff for Water Resource Protection be unified and applied to all providers and all water uses, in safeguarding the sustainability of the resource. 2.2.- That this generate sufficient resources to cover everything necessary for the conservation, proper management, contamination treatment, recycling, and sustainability of water in Costa Rica. 3.- That in judgment, the Asamblea Legislativa be ordered not to delegate the definition of the economic issue of water, and that it define a unified political rule for tariffs, prices, water use fees, or whatever they want to call them, under the oversight of ARESEP, for ALL water uses, updated, staggered, and with an ecological component, which allocates the necessary resources to SINAC for the care, management, and expansion of protected areas, a source generating water, and also for rivers, streams, and wetlands, and the rest of the water resource protection systems. 4.- That in judgment, the Chamber endorse or define the fundamental principles that must be complied with regarding the management of the water resource, guaranteeing Constitutional rights, Costa Rican laws, and current International Agreements. 5.- That in judgment, the principle of PRIORITY of water for human consumption be reiterated. 6.- To defend and make this previous criterion a reality, we request that the MINAE authorities be ordered to suspend, ration, limit, or cancel, temporarily or totally, water concessions for non-priority uses, when we are in times of drought, shortages, scarcity, contamination, or other problems, according to the zones, aquifers, where public drinking water service providers have problems supplying themselves." 2.- Article 9 of the Constitutional Jurisdiction Law empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, including from the time of filing, any petition submitted for its consideration that is manifestly inadmissible, or when it considers there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it constitutes the simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar rejected petition.
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considerando:
I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner considers that the fundamental rights of the protected party are harmed, since the institutions responsible for managing water in the country use diverse criteria to charge for such service. Furthermore, they consider that the water use fee (canon) provided for in Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 32868-MINAE, relating to the concessions (concesiones) granted by the Dirección de Aguas of MINAE, does not cover the environmental cost. Similarly, they complain that a bill for the comprehensive management of the water resource is being processed in the Asamblea Legislativa, which fails to regulate, among other things, the economic aspect.
II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, having reviewed the arguments of the protected party, the Court deems it appropriate to bring up the provisions of judgment No. 2017-005520 of 9:20 hours on April 18, 2017:
"I.- NON-EXISTENCE OF THE ALLEGED CONSTITUTIONAL VIOLATIONS.- From the review of the amparo filing brief, it is concluded that there is no violation of any fundamental right that must be assessed by the Chamber.- Regarding the right of access to drinking water, it has been repeatedly clarified that the amparo process serves to ensure that people are not deprived of a minimum of drinking water, when that lack could endanger their life or health.- Beyond that, matters related to the technical and administrative conditions established for providing the service and naturally how much should be charged for such provision are legality issues that must be presented before the corresponding authorities.- In this case, it is observed that the situation of the petitioner and the other residents is linked to the fact that the operation of their aqueduct does not meet the legally established requirements, such that, in the face of certain decisions by the administrative board, they have been unable to find appropriate protection from the institutions, which ask them to regularize their situation as a first step.- The entire problem raised therefore does not concern access to water, but rather disagreement with the decisions made by an entity that administers the aqueduct on behalf of the residents, and with the fact that, due to the irregularity of the situation, those in disagreement with what was done understand they have no way to remedy it.- For the Chamber, then, the problem does not transcend its strictly legal scope, and in fact, since access to drinking water is not at stake but rather its cost, the entire discussion regarding dissatisfaction with the decisions made by the organization in charge of the service must be channeled before the organization itself, since fundamental rights are not directly and clearly affected.- Therefore, the action must be rejected.-" (highlighting supplied).
Thus, the Chamber considers that the transcribed precedent is applicable to the case in question, as it finds no reasons to vary the criteria expressed, nor reasons to assess the situation raised differently. So that, in this case, the claims made are nothing more than an ordinary legality conflict, which does not constitute a violation of fundamental rights of such magnitude as to justify the intervention of this jurisdiction. Indeed, it is not for this Court to determine, according to the infra-constitutional regulations governing the matter, whether the charge for the provision of water service is appropriate or not, whether a change in the methodology used to determine it should occur or not, nor to decide the use that should be given to the amounts obtained from said provision. Likewise, this constitutional jurisdiction is not competent to order the Ministry of Environment and Energy to suspend, ration, limit, or cancel, temporarily or totally, water concessions for priority uses under certain circumstances, as the protected party intends. Similarly, it is not for this Chamber to order the Asamblea Legislativa not to delegate the definition of the economic issue of water to administrative bodies, nor to force it to define a rate unification policy for all water uses in the bill referenced by the protected party, given that, according to Article 121 of the Political Constitution, the power to enact laws resides exclusively with that branch of the Republic. Consequently, if the protected party deems it appropriate, they may file their claims before the respondent authorities themselves or in the corresponding ordinary judicial channel, venues where they may broadly discuss the merits of the matter, as well as assert their claims. Based on the foregoing, the action is declared inadmissible.
III.- SEPARATE REASONS OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. In the sub lite case, the petitioner files this amparo action on behalf of the Asociación Confraternidad Guanacasteca, and therefore I consider it pertinent to bring up what I stated in the dissenting vote contained in judgment No. 2019-2355 of 9:30 on February 12, 2019, in which I held:
"in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, therefore legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court established that, in certain particular contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case Granier et al. v. Venezuela); however, in order for this to be actionable before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, since a simple link between the two is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not of the legal entities, are effectively being protected. Indeed, it must be proven beyond the simple participation of the natural person in the activities of the legal entity, such that said participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.' (OC. 22/16)." In this regard, based on what was stated in the preceding paragraph, I consider it inadmissible to grant amparo to the mentioned association, since the essential relationship between the natural person and the legal entity was not established regarding the allegedly aggrieved right.
IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be picked up from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not picked up within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary" ("Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"), approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The action is rejected outright. Magistrate Rueda Leal records separate reasons.
Fernando Castillo V. President Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Digitally Signed Document -- Verification Code -- *YCVEL4747BS3C61* CASE FILE N° 20-007925-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:18:52.
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *200079250007CO* Res. Nº 2020008806 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del doce de mayo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-007925-0007-CO, interpuesto por GAD AMIT, número de identificación 137600015818, a favor de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA cédula jurídica 3002395766, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), el PODER EJECUTIVO, el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, la AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP), la ASAMBLEA LEGISLATIVA, el PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA, el PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL, el PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRITIANA, el PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL, el PARTIDO FRENTE AMPLIO, el PARTIDO INTEGRACIÓN NACIONAL y la FRACCIÓN INDEPENDIENTE DE NUEVA REPÚBLICA.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:12 horas del 6 de mayo de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo. Sostiene que la más grave desigualdad que afecta a los costarricenses con el agua se debe a que muchos carecen del acceso de tal servicio en sus hogares. Considera que si se ordena el marco general de consumo y tarifas se dará un paso en busca de la planificación para llevar el agua a todos los habitantes por igual. Señala que el amparo está vinculado con lo que a su criterio es la falta de aplicación del principio único de costo-beneficio para un bien de dominio público. Estima que se lesionan los artículos 21, 50 y 140 inciso 3) de la Constitución Política. Indica que el agua es un bien de dominio público. Manifiesta que el uso prioritario del recurso hídrico es el agua potable. Afirma que el acceso al agua es un derecho humano básico, por lo que el Ministerio de Salud debería velar porque el acceso a tal recurso sea para todos los habitantes del país. Arguye que el agua es un elemento fundamental e imprescindible para la producción de cualquier actividad económica, por lo que su administración por las instituciones del Estado es una política básica. Manifiesta que los tratamientos necesarios para adaptar el agua a sus diversos usos tienen sus costos. Considera que el agua potable disponible es finita. Sostiene que, actualmente, el precio del agua para los usuarios está regulado por diversas leyes, criterio y entes reguladores, lo que ocasiona problemas. Realiza manifestaciones sobre la diferencia entre costo y precio. Explica que en Costa Rica el agua potable se maneja por el ICAA, algunas municipalidades y las ASADAS, y que las tarifas son fijadas por la ARESEP. Considera que la ARESEP utiliza criterios totalmente diferentes para cada caso, por lo que no tiene criterios uniformes. Estima que la ARESEP debe realizar análisis más críticos sobre el desempeño de algunos operadores del servicio de agua potable. Explica que la Dirección de Aguas de MINAE otorga concesiones a todo el sector privado con el 85% del caudal del agua utilizada en el país. Sostiene que tal dependencia a pesar de ser la que maneja más volumen de agua en el país no está sujeta al control de la ARESEP. Indica que la fijación del precio que cobra se fijó en un decreto ejecutivo emitido en el año 2005 y que no hay alguna autoridad que ejerza el control técnico ni defina el manejo del recurso hídrico. Estima que es necesario un estudio y una definición costo-beneficio para el uso del recurso hídrico. Señala que “Usar agua de calidad potable, para lavar carros, para riego de una cancha de golf, una realidad actual, es una absurda locura. No usar las aguas servidas para riego es un derroche. No usar desalinización para abastecer desarrollos costeros es falta de criterio y visión a largo plazo y de sostenibilidad ambiental. Se debe tener en cuenta el cálculo de Costo vrs. Beneficio, en el ordenamiento territorial, en el manejo de los asuntos públicos y en la legislación que regule tarifas del agua; en un orden lógico y definido para TODOS, según los criterios políticos-sociales y ambientales definidos”. Afirma que los principales consumidores del recurso hídrico son los grandes empresarios, quienes “se sirven y aprovecha, prácticamente sin costo alguno, de este bien del ESTADO”. Alega que toda el agua disponible en Costa Rica es manejada de alguna manera por la Dirección de Aguas del MINAE. Narra que “Los sistemas de abastecimiento de aguas potables son aproximadamente un 10 o 15 % del agua (* 6), y lo maneja AyA y las ASADAS. Como agua potable, los inscribe a favor de esas instituciones la misma Dirección de Aguas. Con los sistemas de riego que maneja SENARA, lo mismo ocurre. La estructura de manejo del agua en el MINAE, está estructurada con un Viceministerio de Aguas y la Dirección de Aguas es el programa 887 del MINAE, dependiente en lo formal de ese Viceministerio”. Arguye que a pesar de la existencia de diversas leyes, las decisiones importantes se delegan en la Dirección de Aguas referidas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 32686-MINAE del año 2005. Describe que “La DIRECCIÓN DE AGUAS define lo más importante en el manejo del recurso hídrico como son: los derechos de uso (concesiones), volumen de extracción de cada acuífero, precio a pagar según sea el uso que se dará al agua (canon), selección de beneficiados y prioridades (por definición de requisitos), tiempo de vigencia de cada concesión, perdón por delitos cometidos (amnistía de pozos ilegales), prorrogas o explotación de concesiones vencidas, etc. Todo se maneja e interpreta políticamente, sin un ente contralor que lo supervise”. Considera que la Dirección de Aguas del MINAE es una organización unipersonal, toda vez que es manejada por su director, sea, José Miguel Zeledón Calderón, quien ha ocupado el puesto en administraciones del PLN, PUSC y PAC. Sostiene que por el derecho de uso y disfrute del agua otorgada en concesión por el MINAE se debe pagar un canon de agua fijado en el Decreto Ejecutivo 32686-MINAE. Transcribe el referido decreto. Alega que en Guanacaste hay tres empresas azucareras y una arrocera y que cada una dispone de unos 8000 litros de agua por segundo, mientras que una familia consume 20 metros cúbicos por mes. Cita el artículo 7 del Decreto Ejecutivo 32686-MINAE. Sostiene que, de conformidad con tal disposición, las aludidas empresas deben pagar 20 centavos de colón por metro cúbico, mientras que un ciudadano por ese mismo volumen paga 400 colones. Afirma que “ellos en un día se gastan el agua de un millón de familias, sin restricción alguna, sin control, sin racionamiento, sin costo sensible. AHÍ ES DONDE SE VIOLENTA LA PRIORIDAD DEL CONSUMO HUMANO Y DERECHO A LA VIDA. Cuando toman el agua que tienen concesionada, se la quitan a los prestadores del servicio de agua potable, que ven disminuidos los rendimientos de sus pozos”. Sostiene que el director de la Dirección de Aguas del MINAE ha sido reiteradamente condenado por la Sala, toda vez que violenta la Constitución Política. Transcribe la resolución RE-0005-2019 del 19 de diciembre de 2019 dictada por la ARESEP sobre la tarifa de protección del recurso hídrico para el servicio medido y fijo. Considera que tal resolución “a) Nos parece bien y aplaudimos la presente Resolución de ARESEP. Solicitamos que aporten los ESTUDIOS TECNICOS que realizaron, para llegar a ella, y desde ya, los aceptamos y tomamos como parte de este AMPARO. b) Entramos aquí a la parte ambiental. Los recursos que se recauden como TARIFA DE PROTECCION DEL RECURSO HÍDRICO deben destinarse UNICAMENTE para ese fin. Estamos hablando de muchos millones. La protección del recurso hídrico, debe girarse al MINAE encargada de la protección del recurso. Hoy, por ejemplo, el Decreto 32868 asigna el 50 % de la recaudación del canon del agua, en partes iguales al SINAC- Sistema de Áreas de Conservación y FONAFIFO- ente que promueve la reforestación. Ahora que esos fondos se verían incrementados enormemente, creemos que por Ley debe definirse porcentajes destinados a la compra de tierras para ampliar los Parques Nacionales, orgullo de este país y uno de sus principales atractivos turísticos. Otra parte debe ser invertida en los proyectos de aguas residuales, problema gravísimo en Costa Rica, donde solo el 14 % de las aguas contaminadas reciben tratamiento. También se debería destinar un porcentaje a la captura de agua, la desalinización y a la investigación de otras tecnologías que mejoren los planes de manejo sostenible del agua, deber que tenemos con las futuras generaciones. c) El costo del agua, debe incluir su conservación. Esto es básico y posible. Tenemos un recurso público y es obligación del ESTADO y todas sus instituciones, y no solo del pequeño usuario, cuidarlo GOTA A GOTA”. Considera que el canon para las aguas otorgadas en concesión por la Dirección de Aguas del MINAE previsto en el Decreto Ejecutivo 32868-MINAE no cubre el costo ambiental del agua. Estima que parte de la imposibilidad de conservación del agua se debe a que se entrega en grandes volúmenes a un costo inapropiado. Compara las tarifas fijadas por la ARESEP para ESPH S.A. y para el ICAA, así como las fijadas por la Dirección de Aguas del MINAE. Sostiene que el Decreto Ejecutivo 32868-MINAE fue redactado para privilegiar a sectores políticos y económicos poderosos, los cuales acaparan un alto porcentaje del agua del país. Arguye que un principio aplicado por la ARESEP para la administración del agua es “a mayor consumo mayor tarifa”. Sostiene que las tarifas aplicadas por ARESEP en servicios de agua contemplan escalas ascendentes del costo al aumentar el volumen consumido, lo cual no es realizado por el decreto de marras, sino que, por el contrario, privilegia a los grandes consumidores, por lo que se solicita que se adopte una tarifa por volumen. Pide, en atención al criterio de prioridad del agua, que se ordene a las autoridades del MINAE “suspender, racionar, limitar, anular, temporal o totalmente, concesiones de agua para usos no prioritarios, en épocas de sequía, faltantes, escasez, contaminación u otros problemas, según las zonas, acuíferos, donde los prestadores de servicios públicos de agua potable tengan problemas para abastecerse y a la simple solicitud de AyA, Municipalidades y/o ASADAS de las zonas respectivas”. Sugiere que la Sala avale varios principios que considera básicos en el manejo del agua. Informa que en la Asamblea Legislativa se encuentra un proyecto de ley para la gestión integral del recurso hídrico, el cual omite regular diversos aspectos, como lo son, por ejemplo, el económico y lo relativo a las ASADAS. Realiza manifestaciones sobre las competencias de diversas instituciones, al indicar: “24.2.1. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos – ARESEP es la entidad reguladora de los precios y la calidad del servicio y el control de los operadores. Hoy en día, no lo hace completamente. Se sustrae de su jurisdicción, el 90% del agua usada en el país. Esto genera las desigualdades que señalamos en este Amparo. 24.3. El AyA, algunas municipalidad y las ASADAS son las prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado en todo el país. 24.4.1-SENARA tiene dos secciones bastante diferenciadas. Una que se encarga de operar sistemas de riego. Proponemos pasarla al MAG, por ser el riego parte de la actividad agraria. Agradeceremos la opinión de los funcionarios y diputados sobre tal idea. 24.4.2- La Dirección de Aguas Subterráneas de SENARA es la instancia que realiza los estudios técnicos de los acuíferos y define capacidad de los mismos, autoriza o no, perforación de pozos y demás temas de protección de los mantos a corto, mediano y largo plazo. Establecida por Ley de SENARA. 24.5.1- MINAE. Vice ministerio de Agua y Mares debe definir políticas Sobre el manejo adecuado del recurso. Por ser el puesto de más alta jerarquía, debería ser el Coordinador de todas las instituciones que estamos enumerando. 24.5.2- Dirección de Aguas. Es quién debe administrar las concesiones del recurso. Tramitar y otorgar concesiones. Velar porque se cumplan (control caudales, cobro canon, cierre cuando hay irregularidades o al vencimiento) Reglamentada por Decretos. - Contraloría General, como ente supervisor debe auditar a quienes manejan este importantísimo patrimonio nacional. - Asamblea Legislativa, además de legislar es un órgano de control político, que debe hacer cumplir las leyes vigentes. Ministerio de Salud, es quién debe velar porque el agua potable, sea potable y que los sistemas de alcantarillado sanitario funcionen adecuadamente y no se descarguen en quebradas y en nuestros esteros y playas. Creemos que debería asumir el manejo del Laboratorio Nacional de Aguas, hoy en manos de AyA, a fin de tener la herramienta de control para esas funciones. El señor Presidente es quién elige y designa a algunos cargos mencionados en esta lista. Por ello es responsable por los nombramientos y por velar que cumplan adecuadamente con sus funciones. También es el encargado de despedir a quién no las cumpla o genere daños. Ministerio de Planificación. Es quién debe revisar las propuestas, garantizar su viabilidad, fijar las prioridades y las coordinaciones. Pensamos que la falta de una planificación ordenada es parte del problema. Por ejemplo, la planificación del Nuevo Acueducto para Bagaces, por la EMERGENCIA SANITARIA declarada en 2012, decía que las obras comenzarían en 2014. AyA fue postergando eso año a año. Ahora anuncia que comenzarán este 2020. 6 años de atraso. No establece las metas, en este caso, preocuparse de que todos los habitantes tengan acceso al agua potable. Valida un Plan Nacional de Aguas Residuales que para 2045 propone cubrir el servicio de Alcantarillados al 20 % de la población”. Considera que ante la pandemia del COVID-19 han salido a relucir muchos problemas relacionados con el agua. Manifiesta que existe un problema relativo a la falta de dinero para construir infraestructura, realizar controles y estudios, así como para proteger adecuadamente el recurso y administrarlo de manera decente. Señala que el dinero para atender ese problema está en el agua, lo que podría resolverse al fijar precios adecuados. Explica que fijar una tabla escalonada para el valor del agua es clave para promover el ahorro y el uso racional del recurso. Propone como solución “A.- La base para el canon por concesión de agua, se fije con un piso el 10 % de la tarifa mínima para agua potable definida por ARESEP. Por ejemplo, si se toma la tabla de arriba como referencia el precio -canon por metro cúbico de agua concesionada seria de 31, 80 colones. Esta estará vigente el primer año y se irá aumentando según se actualice esa tarifa. B.- Se aplicará tarifa ascendente según volumen consumido por cada concesionario. Partiendo del caudal mínimo mensual y hasta 1000 m3 por mes, precio base. De ahí en más multiplicando ese caudal por 10 veces, es decir entre 1.000 m3 y 10.000 m3 se incrementará la tarifa en un 10%. Y así sucesivamente. Cada incremento en el caudal consumido se incrementa 10% sobre el anterior”. Estima que el faltante de agua de muchos abonados es causado por el problema expuesto. Alega que la ARESEP no tiene control sobre el 90% del agua usada en el país. Aduce que el MINAE no aplica el principio de prioridad del agua para consumo humano. Arguye que lo anterior lo impulsa a solicitar al MINAE presentar un reglamento y un informe de cada una de las medidas de racionamiento, suspensión o similares que se tomaron en el año 2020 en las concesiones para usos diferentes del consumo humano. Solicita que: “1.- Se acepte a trámite este recurso y se resuelva con justicia y prontitud, por la trascendencia del mismo para la mayoría de la población de Costa Rica. 2.- Que en sentencia se ordene al MINAE y demás instituciones relacionadas, unifiquen sus criterios económicos sobre el precio que debe pagar cada consumidor del recurso del ESTADO llamado AGUA. 2.1.- Este precio debe garantizar el aporte de todos los consumidores a la protección del agua y que la Tarifa Ambiental Para Protección del Recurso Hídrico, se unifique y se aplique a todos los proveedores y todos los usos del agua, en resguardo de la sostenibilidad del recurso. 2.2.- Que esto genere suficiente recursos para cubrir todo d lo necesario para la conservación, manejo adecuado, tratamiento de la contaminación, reciclaje y sostenibilidad del agua en Costa Rica. 3.- Que en sentencia se ordene a la Asamblea Legislativa que no delegue la definición del tema económico del agua y que, defina una regla política unificada de tarifas, precios, canon o como quieran llamarla, bajo tutela de ARESEP, para TODOS los usos del agua, actualizada, escalonada y con un componente ecológico, que destine los recursos necesarios al SINAC para el cuido, manejo y ampliación de las áreas protegidas, fuente generadora de aguas, y también para los ríos, quebradas y humedales y el resto de los sistemas de protección del recurso hídrico. 4.- Que en sentencia la Sala avale o defina los principios fundamentales que deben cumplirse, sobre el manejo del recurso hídrico que garanticen los derechos Constitucionales, las leyes de Costa Rica y los Convenios Internacionales vigentes. 5.- Que en sentencia se reitere el principio de PRIORIDAD del agua para consumo humano. 6.- Para defender y hacer realidad este criterio anterior, solicitamos se ordene a las autoridades del MINAE, suspender, racionar, limitar o anular, temporal o totalmente, concesiones de agua para usos no prioritarios, cuando estemos en épocas de sequía, faltantes, escasez, contaminación u otros problemas, según las zonas, acuíferos, donde los prestadores de servicios públicos de agua potable tengan problemas para abastecerse”.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente estima lesionados los derechos fundamentales de la amparada, toda vez que las instituciones encargadas de manejar el agua en el país utilizan diversos criterios para efectuar el cobro de tal servicio. Además, considera que el canon previsto en el Decreto Ejecutivo 32868-MINAE, relativo a las concesiones otorgadas por la Dirección de Aguas del MINAE, no cubre el costo ambiental. De igual forma, reclama que en la Asamblea Legislativa se encuentra en trámite un proyecto de ley para la gestión integral del recurso hídrico, el cual es omiso en regular, entre otros, el aspecto el económico.
II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, vistos los alegatos de la parte tutelada, el Tribunal estima oportuno traer a colación lo dispuesto en la sentencia n.° 2017-005520 de las 9:20 horas del 18 de abril de 2017:
“I.- INEXISTENCIA DE LAS LESIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS.- De la revisión del escrito de interposición del amparo, se concluye que no existe alguna lesión a algún derecho fundamental que debe valorarse por parte de la Sala.- En cuanto al derecho de acceso al agua potable, se ha aclarado reiteradamente que la vía del amparo sirve para asgurar (sic) que las personas no sean privadas de un mínimo de agua potable, cuando esa falta pueda poner en peligro su vida o su salud.- De allí en adelante, lo que se refiere a condiciones técnicas y administrativas establecidas para dar el servicio y naturalmente cúanto debe cobrarse por tal prestación, son cuestiones de legalidad que deben presentarse ante las autoridades correspondientes.- En este caso se observa que la situación de la recurrente y demás vecinos se liga con el hecho de que la operación de su acueducto no cumple con los requisitos legalmente establecidos de modo que, ante algunas decisiones de la junta administradora, no han podido encontrar protección apropiada de las instituciones, las cuales les piden regularizar su situación como primer paso.- Toda la problemática que se plantea no tiene que ver entonces con el acceso al agua, sino con la inconformidad con las decisiones tomadas por un ente que en nombre de los vecinos administra el acueducto y con el hecho de que, por la irregularidad de la situación, las personas en desacuerdo con lo actuado, entienden que no tienen forma de remediarlo.- Para la Sala entonces el problema no trasciende su alcance estrictamente legal y de hecho al no estar en juego el acceso al agua potable sino su costo, toda la discusión respecto de insatisfacción con las decisiones tomadas por la organización encargada del servicio, debe canalizarse ante la propia organización, pues no se afecta directamente y de forma clara derechos fundamentales.- Por ello el recurso debe rechazarse.-” (el resaltado fue suplido).
Así, la Sala estima que el precedente transcrito resulta aplicable al caso de marras, toda vez que no encuentra motivos para variar el criterio vertido ni razones para valorar de manera diferente la situación planteada. De modo que, en la especie, los reclamos formulados no son más que un conflicto de legalidad ordinaria, que no configura una violación a los derechos fundamentales de tal magnitud como para justificar la intervención de esta jurisdicción. En efecto, a este Tribunal no le corresponde determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si el cobro efectuado por la prestación del servicio de agua resulta o no procedente, si debe o no darse un cambio en la metodología empleada para determinar el mismo, ni tampoco disponer cuál es el uso que se le debe dar a los montos obtenidos por la aludida prestación. Asimismo, a esta jurisdicción constitucional no le compete ordenarle al Ministerio de Ambiente y Energía suspender, racionar, limitar o anular, temporal o totalmente, las concesiones de agua para usos prioritarios ante determinadas circunstancias, como lo pretende la parte tutelada. De igual forma, a esta Sala no le corresponde ordenarle a la Asamblea Legislativa que no delegue la definición del tema económico del agua a dependencias administrativas, ni tampoco obligarla a que defina una política de unificación de tarifas para todos los usos del agua en el proyecto de ley referido por el tutelado, toda vez que, de acuerdo con el artículo 121 de la Constitución Política, la atribución de dictar las leyes recae de manera exclusiva en tal poder de la República. En consecuencia, si a bien lo tiene la parte tutelada, puede formular sus reclamos ante las propias autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional ordinaria correspondiente, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto, así como hacer valer sus pretensiones. En mérito de lo expuesto, el recurso se declara inadmisible.
III.- RAZONES SEPARADAS DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub lite, la parte recurrente interpone este recurso de amparo a favor de la Asociación Confraternidad Guanacasteca, por lo que estimo pertinente traer a colación lo que consigné en el voto salvado contenido en la sentencia n. º 2019-2355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, en el que sostuve:
“en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Granier y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (OC. 22/16)”.
Al respecto, partiendo de lo externado en el párrafo anterior, estimo improcedente que se ampare a la asociación mencionada, pues no se estableció la relación esencial entre la persona natural y la persona jurídica, en cuanto al derecho presuntamente agraviado.
IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal consigna razones separadas.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *YCVEL4747BS3C61*
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