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Res. 08752-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 12/05/2020

Protection of Murillo 1, Murillo 2, and Oropéndolas springs in Horquetas de SarapiquíProtección de nacientes Murillo 1, Murillo 2 y Oropéndolas en Horquetas de Sarapiquí

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OutcomeResultado

Partially grantedCon lugar parcialmente

The amparo is partially granted, ordering SINAC to resolve the protection zones within 6 months and take immediate protective measures; the claim against all other authorities is denied.Se declara con lugar el amparo únicamente contra el SINAC, ordenando resolver la afectación de las zonas de protección en 6 meses y tomar medidas protectoras inmediatas; se declara sin lugar contra las demás autoridades.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber grants protection to the Horquetas de Sarapiquí community water association (ASADA), ordering SINAC to definitively resolve the protection zones of the Murillo 1, Murillo 2, and Oropéndolas springs within six months, and to immediately take effective measures to protect them. The decision is based on proven danger from deforestation and grazing by cattle and buffalo in recharge areas, with imminent contamination of drinking water for over 18,000 people. SINAC, despite knowing of the situation since 2015 following a criminal conviction for logging, failed to act timely; the amparo is granted only against SINAC. Justice Hernández López issues a separate opinion arguing the Chamber should generally abstain from ordinary environmental claims, except where there is direct risk to health or water—circumstances present here. Justice Salazar Alvarado also concurs because health and the right to water are at stake. The ruling strongly calls for proactive protection of water resources and state accountability in safeguarding aquifer recharge zones.La Sala Constitucional ampara a la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, ordenando al SINAC resolver definitivamente la afectación de las zonas de protección de las nacientes Murillo 1, Murillo 2 y Oropéndolas en un plazo de seis meses, y tomar de inmediato medidas eficaces para protegerlas. El fallo se funda en el peligro acreditado por deforestación y pastoreo de ganado y búfalos en áreas de recarga, con contaminación inminente del agua para consumo humano de más de 18.000 personas. El SINAC, pese a conocer la situación desde 2015 tras una condena penal por tala, no actuó oportunamente; el amparo se declara con lugar solo contra el SINAC. La magistrada Hernández López emite nota separada argumentando que la Sala debe abstenerse de conocer reclamos ambientales ordinarios, salvo excepciones como riesgo directo a la salud o al agua, lo que concurre en este caso. El magistrado Salazar Alvarado también concurre por estar en juego la salud y el derecho al agua. El fallo representa un fuerte llamado a la protección proactiva del recurso hídrico y la responsabilidad estatal en la tutela de zonas de recarga acuífera.

Key excerptExtracto clave

“In the present case, from the reports rendered by the respondent authorities, which are accepted as given under oath with the consequences, including criminal, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction, and the evidence submitted, the danger in which the recharge and protection areas of the springs captured for human consumption by the Horquetas de Sarapiquí ASADA, named Murillo 1 and 2 and Oropéndolas, are located has been duly proven. This, due to deforestation, as well as cattle and buffalo grazing in the protected areas, with the consequent imminent contamination of the water resource. A situation fully known to SINAC authorities for about five years, given that it has been proven that the Sarapiquí Criminal Court, in criminal case file No. 12-647-573-PE, convicted Marlen Camacho Rodríguez, resident of Cubujuquí de Horquetas, for tree felling in the recharge and protection areas of the aforementioned springs.” “Indeed, the foregoing shows that authority unjustifiably had not taken pertinent and effective measures. Furthermore, it is unacceptable to blame the defendant in the criminal case as an excuse for failing to address the petitioner’s claim before this Chamber; although the defendant breached what was agreed in that jurisdiction, the fact is that SINAC, despite now reporting what must be done to protect the springs, has omitted to do so for years, with consequent neglect of the affected population, over 18 thousand people.”“En el presente caso, de los informes rendidos por las autoridades recurridas, que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado el peligro en que se encuentran las áreas de recarga y protección de las nacientes captadas para consumo humano por la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, denominadas Murillo 1 y 2 y Oropéndolas. Lo anterior, tanto por la deforestación, como por el pastoreo de ganado y búfalos, en las áreas protegidas, con la consecuente contaminación inminente del recurso hídrico. Situación que es de pleno conocimiento de las autoridades del SINAC, desde hace como un quinquenio. Ello en razón de que ha quedado acreditado que el Juzgado Penal de Sarapiquí, en proceso penal tramitado en el expediente No. 12-647-573-PE, condenó a Marlen Camacho Rodríguez, vecina de Cubujuquí de Horquetas, por la tala de árboles en las áreas de recarga y protección de las nacientes antes referidas.” “Ciertamente lo anterior pone en evidencia que esa autoridad injustificadamente no había tomado las medidas pertinentes y eficaces. Además, es inaceptable el responsabilizar a la imputada de la causa penal como excusa para desatender lo reclamado por el recurrente ante esta Sala, aunque haya incumplido lo pactado en esa jurisdicción, es lo cierto que el SINAC, a pesar de que ahora informa lo que debe efectuar para proteger las nacientes, lo ha omitido realizar durante años, con el consecuente demérito en la atención a la población afectada, superior a 18 mil personas.”

Pull quotesCitas destacadas

  • "Uno de los servicios públicos de mayor relevancia, es el del suministro de agua potable, pues la relación que el mismo tiene con la protección del derecho a la salud y a la vida de las personas, es incuestionable."

    "One of the most relevant public services is the supply of drinking water, since its relationship with the protection of the right to health and life of people is unquestionable."

    Considerando IV

  • "Uno de los servicios públicos de mayor relevancia, es el del suministro de agua potable, pues la relación que el mismo tiene con la protección del derecho a la salud y a la vida de las personas, es incuestionable."

    Considerando IV

  • "Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales."

    "It is legally improper because in the vast majority of these cases what is requested is the interpretation and enforcement of legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its powers with those of other jurisdictional bodies."

    Nota de la Magistrada Hernández López

  • "Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales."

    Nota de la Magistrada Hernández López

  • "La Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua."

    "The Chamber must reserve jurisdiction over situations such as, for example, claims for environmental violations that also directly endanger people's health, or access to or quality of water."

    Nota de la Magistrada Hernández López

  • "La Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua."

    Nota de la Magistrada Hernández López

  • "No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."

    "Nonetheless, I do address the merits when other rights of persons affected by the pollution source are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitution)."

    Nota del Magistrado Salazar Alvarado

  • "No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."

    Nota del Magistrado Salazar Alvarado

Full documentDocumento completo

Relevance Indicators Relevant ruling Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:

WATERS.

008752-20. THE DANGER TO THE RECHARGE AND PROTECTION AREAS OF SPRINGS IN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ IS ALLEGED. SINAC IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, TO RESOLVE THE AFFECTATION OF THE MURILLO 1, MURILLO 2, AND OROPÉNDOLAS SPRINGS AND, IMMEDIATELY, TO TAKE MEASURES FOR THE PROTECTION OF THESE WATER SOURCES.

"In the present case, from the reports rendered by the respondent authorities, which are accepted as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, and the evidence provided for the resolution of the matter, the danger to the recharge and protection areas of the springs captured for human consumption by the ASADA of Horquetas de Sarapiquí, named Murillo 1 and 2 and Oropéndolas, has been duly accredited. The foregoing, due to deforestation, as well as the grazing of cattle and buffaloes, in the protected areas, with the consequent imminent contamination of the water resource. A situation of which the SINAC authorities have been fully aware, for about the last five years. This, because it has been accredited that the Criminal Court of Sarapiquí, in the criminal process processed under case file No. 12-647-573-PE, convicted Marlen Camacho Rodríguez, a resident of Cubujuquí de Horquetas, for the felling of trees in the recharge and protection areas of the aforementioned springs." LBH02/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:

PROTECTED AREA.

008752-20. THE DANGER TO THE RECHARGE AND PROTECTION AREAS OF SPRINGS IN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ IS ALLEGED. SINAC IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, TO RESOLVE THE AFFECTATION OF THE MURILLO 1, MURILLO 2, AND OROPÉNDOLAS SPRINGS AND, IMMEDIATELY, TO TAKE MEASURES FOR THE PROTECTION OF THESE WATER SOURCES.

LBH02/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:

ENVIRONMENTAL DAMAGE.

008752-20. THE DANGER TO THE RECHARGE AND PROTECTION AREAS OF SPRINGS IN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ IS ALLEGED. SINAC IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, TO RESOLVE THE AFFECTATION OF THE MURILLO 1, MURILLO 2, AND OROPÉNDOLAS SPRINGS AND, IMMEDIATELY, TO TAKE MEASURES FOR THE PROTECTION OF THESE WATER SOURCES.

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Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:

ENVIRONMENTAL STUDIES.

008752-20. THE DANGER TO THE RECHARGE AND PROTECTION AREAS OF SPRINGS IN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ IS ALLEGED. SINAC IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, TO RESOLVE THE AFFECTATION OF THE MURILLO 1, MURILLO 2, AND OROPÉNDOLAS SPRINGS AND, IMMEDIATELY, TO TAKE MEASURES FOR THE PROTECTION OF THESE WATER SOURCES.

LBH02/21 ... See more Content of Interest:

Strategic Themes: Political Constitution Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:

008752-20. THE DANGER TO THE RECHARGE AND PROTECTION AREAS OF SPRINGS IN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ IS ALLEGED. SINAC IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, TO RESOLVE THE AFFECTATION OF THE MURILLO 1, MURILLO 2, AND OROPÉNDOLAS SPRINGS AND, IMMEDIATELY, TO TAKE MEASURES FOR THE PROTECTION OF THESE WATER SOURCES.

LBH02/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: PUBLIC SERVICES Subtopics:

DRINKING WATER.

008752-20. THE DANGER TO THE RECHARGE AND PROTECTION AREAS OF SPRINGS IN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ IS ALLEGED. SINAC IS ORDERED, WITHIN A PERIOD OF SIX MONTHS, TO RESOLVE THE AFFECTATION OF THE MURILLO 1, MURILLO 2, AND OROPÉNDOLAS SPRINGS AND, IMMEDIATELY, TO TAKE MEASURES FOR THE PROTECTION OF THESE WATER SOURCES.

"One of the most important public services is the supply of drinking water, since its relationship with the protection of the right to health and life of individuals is unquestionable. Thus, the State has an obligation to guarantee the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, as essential elements of the provision of the public service, all with the aim of protecting the integrity of the users." LBH08/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Separate opinion Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:

PROTECTED AREA.

SEPARATE OPINION OF JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. 1. The historical context that motivated, at the time, the broad intervention of this Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in securing the right of individuals to a healthy and balanced environment, as it has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation—characterized by a vast production of laws and regulations that include substantive rules, procedures, and the creation of bodies for the fulfillment of the mandates of the Fundamental Charter—is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state bodies with appropriate competence imposed upon this Chamber a leading role, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right. 2. Today, we are faced with a “dense web” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation of activities whose impact on the environment was previously barely regulated or unregulated, as well as the creation of state bodies with powers of oversight and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon consists of the fact that this increasing juridification—predominantly legislative and regulatory—entails an inescapable entrance onto the stage of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. Within these, in accordance with the importance of environmental law, broad procedural avenues and inclusive means of standing have been regulated, so that individuals can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters. 3. In this context, it is neither legally appropriate nor functionally correct for this Constitutional Chamber to displace, or—even worse—substitute, the ordinary justice bodies in the performance of their task, which is also of constitutional rank, to ensure the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interprets and enforces legal and regulatory norms, with the risk of overlapping its powers with those of other jurisdictional bodies that—they indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is poorly suited to the complexity present in numerous environmental conflicts that are composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are well-known examples in which this Chamber has delivered a half-baked or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an affectation of legal certainty have been generated. 4. As part of the technical aspects I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction does not have sentence enforcement judges that would allow for adequate follow-up on these rulings—which are generally complex—and that sometimes involve the monitoring of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up over months and even years. 5. From this perspective, the decision by this Court to step aside in environmental matters should not be seen as an abandonment of the environmental subject matter, but rather the opposite, as an adequate safeguarding of it in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should also not be seen as a declination by this instance of its task of protecting constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, is reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise of readjustment of the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope that has been assigned to it, as well as an exercise of establishing its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law. 6. It is clear that this Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the task of protecting the rights of individuals in environmental matters. It is known that although any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. The aim, then, is to ensure that this Chamber becomes a protagonist together with others, so that—among all and each in its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment within a society where other equally pressing needs also exist can be covered. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection, but that substantial gains are made in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamic of any liberal and democratic system such as ours.- 7. In line with the above, I maintain that this Chamber should refrain from hearing claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, leaving their consideration in the hands of the administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed on a general basis, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would be even better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enunciation being considered a closed and definitive list, I can point out that this Chamber must reserve the consideration of situations such as, for example, claims for environmental infringements that also put at direct risk the health of individuals, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a clear absence of protection by state authorities is verified, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I believe that amparo should also not be “ordinariarized” to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately handled within it. 8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the petitioner could eventually affect the physical integrity and health of all the people residing in the District of Sarapiquí, since the danger to the recharge and protection areas of the springs captured for human consumption by the ASADA of Horquetas de Sarapiquí, named Murillo 1 and 2 and Oropéndolas, is verified; the foregoing, due to deforestation, as well as the grazing of cattle and buffaloes, in the protected areas, with the consequent imminent contamination of the water resource. Consequently, it is clear that we are faced with the exceptions mentioned, and for that reason, I have considered it necessary for this Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected individuals.

LBH08/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Separate opinion Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: ENVIRONMENT Subtopics:

WATERS.

SEPARATE OPINION OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if there has already been intervention by the Public Administration, its consideration and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the petitioner reports the potential contamination of waters captured for human consumption, which affects their right to health and that of the entire community.

LBH08/21 ... See more *200050120007CO* Res. No. 2020008752 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the twelfth of May of two thousand twenty.

Amparo action filed by [Name 001], older adult, married, president and legal representative of the protected organization, identity card No. [Value 001], resident of Horquetas de Sarapiquí, in favor of the Asociación Administradora del Acueducto de Horquetas de Sarapiquí, legal identification No. 3-002-167719, against the Minister, the Regional Director of the Central Conservation Area of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and the Head of the Sarapiquí Subregional Office of the Arenal Huetar Norte Conservation Area of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, all of the Ministerio de Ambiente y Energía; the Director of Research and Water Management of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA); the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; and the Executive President of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Whereas: 1.- By writ received in the Secretariat of the Chamber at 09:50 hrs. on March 12, 2020, the petitioner files an amparo action against the Minister, the Regional Director of the Central Conservation Area of SINAC, and the Head of the Sarapiquí Subregional Office of the Arenal Huetar Norte Conservation Area of SINAC, all of the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Director of Research and Water Management of SENARA, and indicates that the ASADA of Horquetas de Sarapiquí operates as a non-profit organization, under the legal framework of the Ley de Asociaciones and a delegation of administration scheme, agreed upon with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados since 2002, which allows supplying water for human consumption to the protected population, comprised of more than 21,750 inhabitants. For this purpose, the ASADA has the current sanitary operating permit issued by the Ministry of Health, No. ARSS-1024, for the activity of supplying drinking water for human consumption in the communities of Cubujuquí, Nazareth, Monte Verde, Villalobos, Finca Once, La Victoria, Fincagua, La Rambla, Ticari, El Cruce, Cuatro Esquinas, and Horquetas de Sarapiquí. He explains that despite the foregoing, it is recorded in case file No. 12-647-573-PE that the Criminal Court of Sarapiquí, in 2015, convicted Marlen Camacho Rodríguez, a resident of Cubujuquí de Horquetas, for the felling of trees in the recharge and protection areas of the springs captured for human consumption by the ASADA of Horquetas de Sarapiquí, named Murillo 1 and 2 and Oropéndolas. He adds that through the intervention of the Procuraduría General de la República, a conciliatory agreement was reached with the purpose of compensating the social damages caused by the illegal invasion of the protection areas. As an alternative compensatory measure, the planting of trees within the protection area of the indicated springs was ordered. He relates that despite the foregoing, through official communication No. OS-053-2015, dated February 5, 2015, the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central of Sarapiquí certified that, during an inspection conducted on the property of Ms. Camacho Rodríguez, it was possible to verify that of the 400 trees planted, only 230 were counted. This was because the cattle were grazing within the protected area, preventing the trees from growing adequately. He points out that, after February 2015, the necessary actions were also not taken by the entities responsible for following up on judicial process No. 12-647-573-PE. He mentions that fearing the springs would become contaminated, on May 26, 2016, the Administrator of the ASADA of Horquetas, via official communication No. AH-044-2016, requested in writing the Head of the Conservation Area of MINAE of Sarapiquí to intervene to eliminate the permanence of the buffaloes within the protection area of the springs captured for human consumption named Murillo 1 and 2 and Oropéndolas, which had already been protected with fences. However, due to negligence by the officials of the Conservation Area of MINAE of Sarapiquí in failing to act in accordance with the law, and given the imminent risk of the springs becoming contaminated, again on September 20, 2016, the Administrator of the ASADA of Horquetas de Sarapiquí, via official communication No. AH-107-2016, elevated the complaint to the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, with the purpose of proceeding urgently with the protection and delimitation of the springs' protection areas. To this end, the ASADA offered the respective topographic studies but requested an assessment of the damages caused within the protection area of the Murillo 1, Murillo 2, and Oropéndolas springs by the presence of buffaloes. Furthermore, it requested information on the status of the complaint filed via official communication No. AH-045-2016, dated June 6, 2016, against Ms. Camacho Rodríguez for the keeping of animals, contamination, and destruction of the reforestation planted within the springs' protection area, and the grave risk to which the community is exposed due to contamination of the waters captured for human consumption by buffalo excrement. He indicates that, additionally, a copy of the complaint was sent to the Director of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. However, he alleges that no response or solution was provided to the complaints. He refutes that the precautionary principle in no way prevents MINAE from adopting immediate preventive and effective measures in search of a solution to the problem that clearly impacts not only the environment but also puts at risk the health of the people who use the waters for human consumption. He insists that the MAG, through SENASA, can also order actions within a procedure, even if these have not been expressly requested by the parties. Additionally, he comments that the Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación, Decreto No. 34859-MAG, establishes that animal breeders must comply with current regulations and the SENASA permit, when sanitary conditions exist in harmony with the environment, which is not the case. He insists that given the negligence of the respondent institutions and the uncertainty that the buffaloes would contaminate and affect the quality of the waters destined for human consumption, the ASADA conducted two water analyses in different laboratories to obtain cross-control that would allow greater certainty of the quality of water supplied to the communities. He recounts that, after taking samples in the springs, the laboratories issued results on August 19, 2019, and October 23, 2019, whose reports alerted to the presence of microbiological contamination in the waters supplied by that entity to the School of Cubujuquí, at levels not permitted according to the Reglamento Para la Calidad del Agua Potable of the Ministry of Health (Decreto No. 32327). He affirms that the most serious aspect of the situation is the appearance of the Escherichia Coli bacteria, considered by the World Health Organization (WHO) and the Ministry of Health as an index of fecal contamination, which lives and develops in the intestine of animals, and some types of this bacteria can produce diseases through the ingestion of contaminated water. Among these pathologies is hemorrhagic diarrhea, which can cause kidney failure and even death, and generally occurs in children and adults with weakened immune systems. He points out that, given the contamination present and the risk to public health, the ASADA implemented the use of new filters to try to minimize the impact, despite the fact that the disinfection processes it previously carried out in the distribution tanks allowed maintaining piped water with a residual chlorine effect that guaranteed the water quality against eventual contaminations throughout the entire distribution system. He emphasizes that, despite these measures, the presence of buffaloes within the spring areas generated the permanent risk and contamination they complain about, which is impossible for them to control. He comments that from analysis AYA-ID-09016-2019, dated October 21, 2019, it can be extracted that, before the contaminated waters appeared, the ASADA of Horquetas complied with the quality parameters for waters intended for human consumption, in parameters such as residual chlorine, conductivity, odors, PH, temperature, and water turbidity. He argues that even though the ASADA of Horquetas requested, since May 26, 2016, from MINAE, AYA, and SENASA, the intervention of SENARA to establish the protection perimeters, as of the date this appeal is filed, the respondent authorities have not provided any response or timely solution to prevent the risk to the public health of the inhabitants who are users of the ASADA. He stresses that the water from the springs, as well as that from the aquifer recharge areas that are being captured for consumption, are at risk due to contamination. Additionally, he questions that MINAE, through its negligence, has caused changes in the land use of the forests and the unauthorized grazing areas. For the reasons stated, he considers that MINAE, in adherence to the precautionary principle and given the complaint filed by that ASADA, must coordinate with the Dirección de Aguas and SENARA the urgent preventive measures that protect public health. He requests that the appeal be granted. 2.- By resolution at 19:15 hrs. on March 16, 2020, the Presidency of the Chamber admitted this amparo action and requested a report from the Minister, the Head of the Sarapiquí Subregional Office of the Northern Conservation Area, and the Head of the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central of Sarapiquí, all of MINAE, as well as from the Director of Management and Water Research of SENARA. 3.- Carlos Manuel Rodríguez Echandi reports under oath, in his capacity as Minister of Ambiente y Energía (writ filed at 15:15 hrs. on March 20, 2020), that it corresponds to MINAE, through the Dirección de Agua, to provide for and resolve on the dominion, exploitation, use, governance, or oversight of public domain waters. The Dirección de Agua was requested to pronounce on the matter and submit the pertinent report. In that sense, and in what is of interest, through the report dated March 18, 2020, Ing. Nancy Quesada Artavia, Coordinator of the Regional Office of Ciudad Quesada, San Juan Hydrological Unit of the Dirección de Agua, indicates that the ASADA of Horquetas de Sarapiquí has case file 573 R, in which 13 water sources are registered, where the sources involved correspond to the following: Source 07 corresponds to Nacimiento Murillo 1. Source 08 corresponds to Nacimiento Murillo 2. Source 09 corresponds to Nacimiento Oropéndolas. It is also noted that the three sources mentioned above were registered, among others, by resolution No. MN-DA-2014-2008, dated July 3, 2008. All powers related to forest matters, wildlife, and protected areas were integrated into the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. This Ministry, through SINAC, will attend to the hearing granted by resolution at 19:15 hrs. on March 16, 2020, notified the following day, once said agency is notified, since as is evident from the Chamber's resolution, the request for a report is also directed to SINAC. 4.- Warner Porras Sánchez reports under oath, in his capacity as Head of the Sarapiquí Subregional Office of the Arenal Huetar Norte Conservation Area of SINAC (writs filed at 16:18 hrs. on March 20, 2020, and at 11:24 hrs. on March 23, 2020), that through a note dated June 3, 2014, Licda. Melissa Bogantes Segura, Criminal Judge of Sarapiquí, requested that office in Investigation File No. 12-00647, for the crime of Infringement of the Ley Forestal, against Santos Domingo Reyes Reyes and another, to the detriment of natural resources, to conduct an inspection to verify the delimitation of the protection area of the permanent spring located within the accused's property, a zone of 100 meters radius with a live fence, Madero Negro or Poró or as indicated by MINAE, within that reforest with 485 trees of native species of at least three non-fruit species and the replacement of trees that do not thrive, to verify the compliance of the accused with the alternative measure of the Suspension of the Process on Probation. With official communication No. OS-2046-14, dated July 4, 2014, issued by the Sarapiquí Subregional Office, currently under the jurisdiction of the Arenal Huetar Norte Conservation Area (notified via fax that same day), it was indicated to Licda. Melissa Bogantes Segura that a field visit was conducted on June 24, 2014, determining that the 485 trees had not been reforested, and the spring's protection area had not been delimited. By official communication No. OS-053-2015, dated February 5, 2015, during an inspection conducted on the farm owned by Ms. Marlen Camacho Rodríguez, it was possible to verify that of the 400 trees ordered to be planted in the Probation Process, only 230 were counted, this being due to the fact that cattle were grazing in the protection area, preventing the trees from growing adequately. Currently, as could be verified in a field inspection conducted on March 19, 2020, the protection area of the captured springs (200 meters radius) is at least 50% unprotected, and although no cattle were observed at the time of the visit, from the tracks and the characteristics of the site, it is evident that it is used for cattle farming. Some trees that were reforested as part of the conciliatory process mentioned above were counted, at least ten of the Sota Caballo species (Zigia sp.), pollarded, in very poor condition, with a height of less than 2 meters, possibly as a consequence of the livestock activity. It is clear, in accordance with what has been stated, that there was a breach of the comprehensive damage repair commitment approved in the process processed under case file No. 12-647-573 PE, for which reason it will immediately proceed to inform the corresponding Criminal Court about the current situation of the protection zone of the affected springs. In parallel, administrative proceedings will be initiated to apply the protocol of action already established for the collection of field data that allows georeferencing and accurately locating the point of catchment and its protection zone, in accordance with the provisions of Article 33 of the Ley Forestal, No. 7575, and Article 31 of the Ley de Aguas, No. 272, and the subsequent issuance and notification of the Administrative Order for closure and regeneration of the spring perimeter. Given the appearance of several contaminated springs, and in response to the order of this Constitutional Chamber, through Resolution No. 2019-007690, at 09:15 hrs.

of May 3, 2019, rigorous work has been carried out, jointly with the Ministry of Health, the AYA, the State Phytosanitary Unit, among others, in the inspection of all sources for human consumption and the gathering of information and creation of case files (expedientes) for each of the springs (nacientes), in order to provide follow-up that allows for the early issuance of administrative orders to counteract any risk or threat of contamination. However, during the time spent working on this issue, they have been primarily focused on the sector between Río Cuarto de Grecia and Aguas Zarcas, where the largest number of springs (nacientes) are located and where there has been a higher incidence of contamination. The spring (naciente) that is the subject of this appeal is not only located in the Sarapiquí sector, where the incidence of spring (naciente) contamination has been lower, but it was also protected by a judicial measure. However, given the situation described and considering that for the specific case of the contaminated spring (naciente), although it is known that agricultural and livestock activities are developed in its areas of influence, there are no specific studies to determine its aquifer recharge areas. For this reason, prior to the preparation of the report, an urgent inspection of the site was ordered. This was carried out on March 19, 2020, with the purpose of identifying the current situation and gathering detailed field information to allow for a technical assessment of the reasons for the contamination, in order to apply, as soon as possible, preventive measures through the issuance of an administrative order that guarantees the protection of the areas of influence of said spring (naciente) in accordance with the regulations governing protection areas. It states that the due follow-up established in the institutional action plan that is being applied at the regional level will be carried out. A report on the procedure for the identification, measurement, and protection of springs (nacientes) for human consumption is attached.

5.- [Nombre 002] Gutiérrez Rojas, in his capacity as Regional Director of the Central Conservation Area (Área de Conservación Central) of SINAC, reports under oath (written submission presented at 5:00 p.m. on March 20, 2020), that for the better understanding of the Constitutional Chamber, he narrates each of the actions executed based on the competencies of his represented entity regarding the case at hand, which are: a)- Emphasis on some background of direct application to the issue, situations that have been ongoing for several years and where personnel from the Cordillera Volcánica Central Conservation Area (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central) have been present in the due follow-up of these types of processes. b)- That the basis of this process is a criminal case generated in the Criminal Court of Sarapiquí, which was heard under case file (expediente) No. 12-647-573-PE, involving the ASADA of Sarapiquí and Marlen Camacho Rodríguez. Said lady was convicted for the felling of trees in the aquifer recharge areas and protection areas of springs (nacientes) captured for human consumption by the ASADA of Horquetas de Sarapiquí. c)- In that criminal process, a conciliatory agreement was reached, in which the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) intervened in defense of the interests of the Costa Rican State. In that conciliatory agreement, approved by a Judge of the Republic, Mrs. Camacho Rodríguez committed to delimiting the protection area of the spring (naciente), eradicating the presence of buffalo from it, reforesting with tree species, and other recovery actions for that protection zone. d)- That as part of the follow-up that the Cordillera Volcánica Central Conservation Area personnel at that time gives to these types of judicial processes, it is the case that by note dated June 3, 2014, Lic. Melissa Bogantes Segura, Criminal Judge of the Criminal Court of Sarapiquí, requested the Sarapiquí office (at that time of the ACCVC), in the cited criminal process, to carry out an inspection to verify compliance with what was agreed upon in the alternative measure of the Suspension of the Probationary Process (Suspensión del Proceso a Prueba). e)- Continuing with the rigorous follow-up, through official letter No. OS-2046-14, dated July 4, 2014, issued by that Office (notified via fax on the same day), Licda. Melissa Bogantes Segura was informed that in relation to the suspension of the probationary process followed against Santos Domingo Reyes Reyes and another, in the mentioned case, a field visit was conducted on June 24, 2014, in which it was determined that the 485 trees had not been reforested, nor had the protection area of the spring (naciente) been delimited. f)- That through official letter No. OS-053-2015, dated February 5, 2015, the official Aramis Elizondo Cortés, assigned at that time to the Braulio Carrillo National Park and currently to the Guayabo National Monument of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area (currently called Central Conservation Area, ACC), reported that during the inspection carried out on the farm owned by Mrs. Marlen Camacho Rodríguez, it was possible to verify that of the planting of 400 trees ordered in the probationary process, only 230 were counted. This was because cattle grazed in the protection area, preventing the trees from growing properly. This aspect was corroborated by the official Elizondo Cortés on site. g)- Through Executive Decree No. 40054-MINAE, the regionalization of MINAE was carried out; therefore, the Sarapiquí Office came under the dependency of the Arenal Huetar Norte Conservation Area (Área de Conservación Arenal Huetar Norte). Likewise, the Cordillera Volcánica Central Conservation Area was renamed the Central Conservation Area (Área de Conservación Central, ACC). Matters concerning the Sarapiquí Office are no longer followed up on by the ACC. h)- Although the appellant indicates that through official letter No. AH-107-2016, he filed a complaint before the Directorate of the Cordillera Volcánica Central Conservation Area, it is on record that the cited official letter was not addressed to the Director of that Conservation Area. i)- More recently, according to the Tour Report, official letter No. SINAC-ACAHN-JSS-158-2020, carried out on March 19, 2020, the protection area of the captured springs (manantiales) (200-meter radius) is at least 50% unprotected, and although no cattle were observed at the time of the visit, due to the tracks and the characteristics of the site, it is used for livestock maintenance. Some trees that were reforested as part of the conciliatory process (at least ten) were counted, of the Sota Caballo species (Zigia sp.), pollarded, in very poor condition, with a height of less than 2 meters, possibly as a consequence of livestock activity. The follow-up process continues. j)- The following recommendation is issued by the personnel of the Sarapiquí Office, based on the results obtained from the visit: coordinate with the Environmental Land-Use Planning Unit (Unidad de Ordenamiento Territorial Ambiental) of the Arenal Huetar Norte Conservation Area to proceed with the delimitation of the protection area of the captured springs (manantiales) and subsequently coordinate with the ACAHN Legal Advisory Office to initiate the corresponding legal process. k)- As can be seen, the commitment to delimit the protection area of the spring (naciente), as well as the eradication of the buffalo, the recovery of the protection area, and other activities regarding site improvements, was and is solely the responsibility of Mrs. Camacho Rodríguez, because she decided so and committed before the Criminal Judge of Sarapiquí, who, based on her authority, approved said conciliatory agreement. In relation to the appellant's claim that to date, MINAE-SINAC has not carried out the respective delimitation of the protection area of the captured springs (nacientes), it is clear that said action was a commitment of Mrs. Marlen Camacho and not of SINAC-MINAE, to which this function does not correspond by law. The obligations that, according to the legal system, correspond to each institution of the Costa Rican State must be assessed. He points out what, in that sense, articles 33 and 34 of the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575, prescribe: "Article 33.- Protection areas. The following are declared protection areas: a) The areas bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally. b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the terrain is flat, and of fifty horizontal meters, if the terrain is uneven. c) A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of natural lakes and reservoirs and on private artificial lakes or reservoirs. Artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions are excepted. d) The recharge areas and aquifers of the springs (manantiales), whose limits shall be determined by the competent bodies established in the regulation of this law." "Article 34.- Prohibition on felling in protected areas. The cutting or removal of trees in the protection areas described in the previous article is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience. The alignments that must be processed in relation to these areas shall be carried out by the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo)." (the bold and underlining are not from the original). As can be seen, the function of delimiting and/or aligning these protection areas are exclusive functions granted by Law to the INVU. He requests that the appeal be declared without merit, at least regarding the participation of his person representing the Cordillera Volcánica Central Conservation Area (ACCVC) at that time and currently the Central Conservation Area (ACC).

6.- Roberto Ramírez Chavarría, in his capacity as Director of Water Research and Management (Director de Investigación y Gestión Hídrica) of SENARA, reports under oath (written submission presented at 9:07 a.m. on March 25, 2020), that SENARA, jointly with SINAC (Cordillera Volcánica Central Conservation Area), reviewed the hydrogeological studies carried out by the University of Costa Rica and is found in the document: "Analysis, technical and financial assessments of the hydrogeological studies and capture zones (Specific case of the Sarapiquí springs (naciente)). Based on the study of the capture zones of selected springs (manantiales) in the Canton of Sarapiquí, province of Heredia, Costa Rica, carried out by the Center for Research in Geological Sciences of the University of Costa Rica, Arias (2012), the protection perimeters of the Murillo 1 and 2 and Oropéndolas springs (manantiales) were defined (see coordinates in the following table). (...) The following figure shows the capture zone, flow tube, or protection perimeters of the springs (manantiales). (...) Below, and based on the Arias (2012) study, a series of recommendations for land use in zones 1, 2, and 3 are made: Protection zone Z1 must be the operational area or internal protection zone of an absolute nature for the control of microbiological contamination. Its shape must be circular upstream of the spring (manantial) and its extension is limited by the previously defined capture zone. In this zone Z1, all types of anthropic activity must be prohibited; it must be protected with a perimeter fence to restrict third-party access and promote reforestation with native species of the area that will favor potential recharge. Only activities proper to the operation of the spring (naciente) shall be permitted. Protection zone Z2 is also called the sanitary inspection zone, which corresponds to the external protection area of the spring (manantial); only forest land use shall be permitted in it. Protection zone Z3 must be considered as the limit of the spring's (manantial) capture zone, where all aquifer recharge, whether by infiltration of rainwater or surface runoff flows, will be captured by the spring (naciente). In this zone, forest use must be favored and the type of anthropic activities restricted. After a specific technical study, only those practices that do not generate any type of contamination or soil sealing could be permitted, for example, recreational or tourism activities of very low impact." He sets out the following conclusions: 1. The information derived from this study is a very important input for more detailed investigations of the zones (monitoring of quantity and quality), and they can be used to propose protection measures for groundwater in the protection area of the analyzed springs (manantiales), as well as basic information for the elaboration of the hydrogeological variable for land-use plans. 2. Incorporate these zonings into land-use regulations at the municipal level, for the granting of existing or new activities, works, and projects. 3. For these springs (manantiales), their protection areas, and the flow tubes (zone 1, zone 2, and zone 3), due to their importance for human water consumption, a study of land tenure and land use should be carried out, where activities, their threat, and risk of groundwater contamination are defined, and the forest regime of the immediate zones is assessed. One of the possibilities is the purchase of land in specific protection areas that are essential to reduce the danger of contamination thereof.

7.- By resolution at 10:58 a.m. on March 27, 2020, the Presiding Magistrate expanded the appeal against the Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) and the Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo).

8.- Yamileth Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), reports under oath (written submission presented at 11:05 a.m. on April 3, 2020), that the ASADA of Horquetas is a legal operator of the potable water supply service and has a delegation agreement. It is not true that the ASADA supplies a population of 21,750 inhabitants, but rather 18,323 people according to information from the indices of the National Institute of Statistics and Censuses for the district of Horquetas. She cannot attest to the actions of MINAE and SINAC. Nor is it true that there is a conciliatory agreement generated in criminal proceedings or its non-compliance. It is true that the presence of any type of animal in the vicinity of a spring (naciente) captured for human consumption generates a risk of microbiological contamination in the waters. It is not true that there is a proven risk to people's health from using water from the Oropéndolas, Murillo 1, and Murillo 2 springs (nacientes) for human consumption. While it is possible that microbiological contamination is occurring in the vicinity of the springs (nacientes), this does not mean that the water consumed by the ASADA users is contaminated, as it must be disinfected in the storage tank. The ASADA of Horquetas, as the operating entity of the potable water service, knows and must comply with the provisions of the Water Quality Regulation (Reglamento de Calidad de Agua), and therefore they know that the water from the springs (nacientes) must undergo a disinfection process and a minimum residual chlorine level must be recorded in each service, which guarantees that users do not ingest water with the presence of Escherichia Coli. The water coming from the Murillo 1 and 2 and Oropéndolas springs (nacientes) is conducted to the Cubujuquí tank, where disinfection is carried out using a chlorine gas system. According to the test provided by the appellant in annex 5 of the filing brief (microbiological analysis carried out by the National Water Laboratory (Laboratorio Nacional de Aguas) of AyA), the result regarding the presence of fecal coliforms is negative, and the residual chlorine is found at 0.35 micrograms per liter, parameters with which it is possible to state that there is no risk to the health of the ASADA users. According to the microbiological analysis from the National Water Laboratory of AyA dated October 23, 2019, provided by the appellant in annex 5 of the filing brief, it is true that fecal coliforms are present in the samples taken at the Murillo 1 and 2 and Oropéndolas springs (nacientes), but from reading this same analysis, it is determined that there is no presence of coliforms in the distribution network. According to the analysis provided by the appellant ASADA, carried out by the Agrotec Laboratory, the presence of fecal coliforms was detected in the network, specifically at the Cubujuquí School; however, said analysis does not contain an accreditation seal from ECA, so for the purposes of this Institute, the sample and the result should not be considered by this Court due to the lack of accreditation to perform this type of analysis. Due to the foregoing, the appellant's statement that there is contamination in the water received by the Cubujuquí School could not be taken as true, given, furthermore, that the results of the National Water Laboratory of AyA – duly accredited by ECA – indicate the opposite, as can be verified in the test provided by the appellant in annex 6 of the filing brief, AYA-ID-09016-2019. It is a proven fact that in the vast majority of surface sources, fecal coliforms are present because they are exposed to the fauna and ecosystems that develop in the environment of the sources, normally forested areas with great biodiversity. As already stated, the previous condition does not imply a risk to the health of the supplied communities, as long as the operators execute the disinfection processes prior to population supply, just as the ASADA of Horquetas does. It is not true that the filters installed by the ASADA of Horquetas are intended for the removal of fecal coliforms, given that the disinfection system it possesses eliminates 100% of these contaminants. It is true that, according to the results of the laboratory analyses carried out by the LNA number AYA-ID-09016-2019 (provided by the appellant in annex 6 of the filing brief), it is demonstrated that the water complies with the parameters established in the Water Quality Regulation (Reglamento de Calidad de Agua). Despite what is indicated by the appellant, from the analysis of said results, it does not follow that there is currently any contamination by fecal coliforms in the distribution network from which the population is supplied. From the review of the administrative file (expediente) of the ASADA of Horquetas, held in custody at the ORAC Huetar Norte, there is no evidence of any communication from MINAE or SINAC addressed to said Office regarding the issue of the alleged invasion of the protection area of the Oropéndolas and Murillo 1 and 2 springs (nacientes), nor of any coordinations required with said Office. AyA has delegated to the ASADA of Horquetas the provision of the potable water supply and sewerage service for said community, and because of this, there is a series of regulations that must be complied with by the operating entity. The Regulation for Associations Administering Communal Aqueduct and Sewer Systems (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales), Executive Decree No. 32529-S-MINAE, of August 5, 2005 (hereinafter the ASADAS Regulation), states in its article 46 that: "The ASADAS must ensure and participate in the preservation and conservation of the Water Resource generated for the population supply systems, coordinating for this with the institutions involved in the conservation and management of the resource." All actions executed by the ASADA of Horquetas find their basis in said obligation. This Institute shares the concern expressed in the filing brief regarding the alleged invasion of the protection area of the Murillo 1, Murillo 2, and Oropéndolas springs (nacientes), through activities that affect the forest cover (cobertura boscosa), such as buffalo grazing. As indicated in Report No. GSD-UEN-GAR-2020-01343, of April 1, 2020, the presence of any type of animal in the vicinity of a spring (naciente) captured for human consumption generates a risk of microbiological contamination in the waters. Although the microbiological analyses presented by the appellant ASADA attest that they comply with water quality parameters (free of fecal coliforms), it is evident from the evidence provided by said ASADA that the carrying out of buffalo grazing activities in the protection areas of the springs (nacientes) has resulted in an impact on the forest cover (cobertura boscosa), a situation on which this Institute cannot comment, because it lacks the authority to determine whether or not there is a causal link between the decrease in forest cover (cobertura boscosa) and buffalo grazing. What this Institute could state is that it is widely known that the decrease in forest cover (cobertura boscosa) in the protection and recharge areas of springs (nacientes) entails a risk of decreased source production, mainly due to the direct influence of solar radiation on the soils, which increases temperature and reduces humidity. That is, if the actions of decreasing forest cover (cobertura boscosa) in the vicinity of the springs (nacientes) continue, there is a high probability of supply problems due to the decreased production of the Murillo 1, Murillo 2, and Oropéndolas springs (nacientes). If this scenario arises, there could be a potential violation of the right to health and the right to access potable water, which – is clearly premature to claim as the appellant ASADA does in its legal arguments – because this Institute cannot attest that there is a decrease in the production of the Murillo 1, Murillo 2, and Oropéndolas springs (nacientes) that could be associated with the impact on the forest cover (cobertura boscosa) resulting from the alleged buffalo grazing activity. It is important to highlight that the ASADAS Regulation establishes in its article 48 that: "The ASADAS must request from the Environmental Management Directorate (Dirección de Gestión Ambiental) of AyA the delimitation of the protection zones required for the different production points of their systems, in order to acquire them, in the shortest possible time, to protect the resource and guarantee its sustainability." It is evident, both from the facts alleged in this brief and from the evidence provided, the multiple efforts that the ASADA of Horquetas has made before MINAE. However, as of the date of filing this process, it is not on record at this Institute that the ASADA has made any request to proceed with the delimitation of the protection zones by the Environmental Management Directorate of AyA. Nor have they requested advice regarding a potential acquisition of the protection zones of the Murillo 1, Murillo 2, and Oropéndolas springs (nacientes) to protect the water resource they require to provide the supply service in the community of Horquetas de Sarapiquí. It should be considered that, according to article 27 of the Regulation on Appraisals and Acquisition of Assets destined for the public domain of AyA, "the ASADAS must acquire and negotiate directly and in their own name, having the necessary economic resources for the acquisition of land and easements (servidumbres) for the fulfillment of the purpose and service they provide; exceptionally, in the event of the owner's refusal to sell the property, or due to some legal impediment, they may request AyA to proceed with the acquisition." (the highlighting is ours). The application of the aforementioned regulation does not refer to fundamental rights of the ASADA of Horquetas, but to the fulfillment of the obligations they hold within the delegation relationship they have with AyA. It is clear to this representation that from all the arguments, it is possible to conclude with absolute clarity that the institutional actions have been carried out in strict adherence to the current legal system, without violating any constitutional right of the appellant ASADA. She requests that the appeal be declared without merit.

9.- Tomas Martínez Baldares, in his capacity as Executive President of the INVU, reports under oath (written submission presented at 9:24 a.m. on April 17, 2020), that based on official letter No. DU-UFIS-038-2020, of April 15, 2020, issued by Mr. Juan Jorge Delgado Cervantes, a surveyor and official of the Oversight Unit (Unidad de Fiscalización) of the Urbanism Department of the INVU, the requested report is hereby rendered: The Fluvial Alignment or Protection Zone consists of a strip of land in which it is not permitted to deforest or carry out any construction that alters the environment or the flow of the watercourse. The Forest Law No. 7575, in its articles 33 and 34, empowers the Institution to grant fluvial alignments or protection zones for properties affected by a watercourse, namely: "Article 33.- Protection Areas.- The following are declared protection areas: a) The areas bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally. b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the terrain is flat, and of fifty horizontal meters, if the terrain is uneven. c) A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of natural lakes and reservoirs and on artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted. d) The recharge areas and aquifers of the springs (manantiales), whose limits shall be determined by the competent bodies established in the regulation of this law." "Article 34.- Prohibition on felling in protected areas.- The cutting or removal of trees in the protection areas described in the previous article is prohibited, except in projects declared by the Executive Branch as being of national convenience. The alignments that must be processed in relation to these areas shall be carried out by the National Institute of Housing and Urbanism." In the event that a property is affected by a watercourse or spring (naciente) (bordering, crossing, or within it), the alignment or protection zone must be requested from the Institution. From the documentation provided, it is clearly evident that on the property identified with cadastral map H-544776-99, there are captured water springs (nacientes) called Murillo 1 and 2, and Oropéndolas, which are intended for human consumption. Now, with the information provided, it is verified that it is not possible to apply the provisions of articles 34 and 33, subsection a), of the Forest Law, No. 7575, but rather, due to the nature of the asset and the resource to be protected, article 31, subsection a), of the Water Law (Ley de Aguas), No. 276, applies, which literally states: "Article 31.- The following are declared as reserves of domain in favor of the Nation: a) The lands surrounding the catchment sites or intakes supplying potable water, within a perimeter of no less than two hundred meters in radius." The Visado or Fluvial Alignment for a Captured Spring (Naciente) corresponds to the entity that is administering the water resource, which could be the Municipality of the canton if it is a municipal aqueduct, the Association Administering the Aqueduct and Sewer Systems (ASADA), as in the present case, or, failing that, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA). The Fluvial Alignments Database, used in the Oversight Unit, was reviewed, and it is verified that for cadastral map H-544776-99, no fluvial alignment has been processed with respect to the watercourses of the Puerto Viejo River and Quebrada Quebradón. Based on the foregoing, it is concluded that his represented entity has no involvement in the alignment of the captured springs (nacientes) Murillo 1 and 2 and Oropéndolas, this being the responsibility of the same ASADA that acts as the protected party in this process. He requests that the appeal be declared without merit.

10.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Garro Vargas; and,

Considering:

I.- Purpose of the appeal. The appellant alleges that in 2015, the Criminal Court of Sarapiquí convicted Marlen Camacho Rodríguez, a resident of Cubujuquí de Horquetas, for the felling of trees in the recharge and protection areas of the springs (nacientes) captured for human consumption by the ASADA of Horquetas de Sarapiquí, called Murillo 1 and 2 and Oropéndolas. He says that in a conciliatory process, as an alternative compensatory measure, the planting of trees within the protection area of the indicated springs (nacientes) was ordered. However, that agreement was breached, as the entire planting of the promised trees was not carried out, and the grazing of cattle and buffalo in the protected area continues. Therefore, and given the inaction of the respondent authorities, who are fully aware of the situation, the community is exposed to a serious risk of contamination of the waters captured for human consumption by the excrement of said livestock, since the protection perimeters of the springs (nacientes) have also not been determined.

II.- Proven facts.

Deemed of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order: The ASADA of Horquetas de Sarapiquí is a legal operator of the potable water supply service and has a delegation agreement with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (report from the Executive President of the ICAA and documentary evidence provided). The protected ASADA supplies a population of 18,323 people according to information from the indices of the Instituto Nacional de Estadística y Censos for the district of Horquetas (report from the Executive President of the ICAA and documentary evidence provided). By resolution No. MN-DA-2014-2008, of July 3, 2008, the Water Directorate of MINAE registered in the name of the ASADA of Horquetas de Sarapiquí, among others, the involved sources, which are the following: Source 07 corresponds to the Murillo 1 Spring (Nacimiento Murillo 1). Source 08 corresponds to the Murillo 2 Spring (Nacimiento Murillo 2). Source 09 corresponds to the Oropéndolas Spring (Nacimiento Oropéndolas). In total, it has 13 registered water sources, according to case file No. 573 R (report from the Minister of Environment and Energy and documentary evidence provided). The Criminal Court of Sarapiquí, in criminal proceedings processed under case file No. 12-647-573-PE, in 2015 convicted Marlen Camacho Rodríguez, a resident of Cubujuquí de Horquetas, for the felling of trees in the recharge and protection areas of the springs (nacientes) captured for human consumption by the ASADA of Horquetas de Sarapiquí, named Murillo 1 and 2 and Oropéndolas. A conciliatory agreement was reached with the purpose of compensating for the social damages caused by the illegal invasion of the protection areas, so as an alternative compensatory measure, the planting of trees within the protection area of the indicated springs (nacientes) was ordered (reports from the respondent authorities of SINAC). On June 3, 2014, Licda. Melissa Bogantes Segura, Criminal Judge of Sarapiquí, requested the Subregional Office of Sarapiquí of the Arenal Huetar Norte Conservation Area of SINAC to verify the delimitation of the protection area of the permanent spring (naciente) located within the property of the accused, in compliance with the alternative measure of Suspension of the Trial Process (Suspensión del Proceso a Prueba) (reports from the respondent authorities of SINAC). By official letter No. OS-2046-14, dated July 4, 2014, issued by the Subregional Office of Sarapiquí, currently under the jurisdiction of the Arenal Huetar Norte Conservation Area (notified by fax that same day), Licda. Melissa Bogantes Segura, Criminal Judge of Sarapiquí, was informed that a field visit was conducted on June 24, 2014, determining that the 485 trees had not been reforested and the protection area of the spring (naciente) had not been delimited (reports from the respondent authorities of SINAC). On March 19, 2020, it was possible to verify in a field inspection that the protection area of the captured springs (manantiales) (200 meters in radius) is at least 50% unprotected, and although no cattle were observed at the time of the visit, due to the tracks and the characteristics of the site, it is evident that it is used for cattle maintenance. Some trees that were reforested as part of the criminal conciliatory process were counted, but they are topped, in very poor condition, and with a height of less than 2 meters, possibly as a consequence of the cattle activity (reports from the respondent authorities of SINAC and documentary evidence provided). Because on March 19, 2020, it was verified that there was a breach of the commitment for comprehensive damage repair approved in the process handled under case file No. 12-647-573 PE, the authorities of SINAC indicated that they will immediately proceed to inform the Criminal Court of Sarapiquí about the current situation of the protection zone of the affected springs (nacientes). In parallel, they would proceed, in the administrative venue, to apply the already established action protocol for the collection of field data that allows georeferencing and precisely locating the collection point and its protection zone, as well as the subsequent issuance and notification of the administrative order for closure and regeneration of the perimeter of the springs (nacientes) (reports from the respondent authorities of SINAC and documentary evidence provided). The presence of any type of animal in the vicinity of a spring (naciente) captured for human consumption generates a risk of microbiological contamination in the waters (report from the Executive President of the ICAA). Although it is possible that microbiological contamination is occurring in the vicinity of the springs (nacientes), this does not mean that the water consumed by the users of the ASADA is contaminated, because it must be disinfected in the storage tank (report from the Executive President of the ICAA). In the vast majority of surface sources, there is a presence of fecal coliforms because they are exposed to the fauna and ecosystems that develop in the environment of the sources, normally forested areas with great biodiversity, but this does not imply a risk to the health of the supplied communities, provided that the operators execute the disinfection processes prior to population supply, as is done by the ASADA of Horquetas (report from the Executive President of the ICAA). III.- Unproven fact. The following fact of relevance for the resolution of this matter is considered unproven. Sole. That the protected ASADA has requested the Environmental Management Directorate of AyA to delimit the protection zones of the affected sources and that it be advised regarding a potential acquisition of the protection zones of the Murillo 1, Murillo 2, and Oropéndolas springs (nacientes) to protect the water resource they require to provide the supply service in the community of Horquetas de Sarapiquí. IV.- On the merits. One of the most relevant public services is the supply of potable water, since its relationship with the protection of the right to health and life of people is unquestionable. Thus, there is an obligation on the part of the State to guarantee the purity of the liquid for human consumption, as well as the continuity of its supply, as essential elements of the provision of the public service, all with the aim of protecting the integrity of the users. In the present case, from the reports rendered by the respondent authorities, which are taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law that governs this Jurisdiction, and the evidence provided for the resolution of the matter, the danger in which the recharge and protection areas of the springs (nacientes) captured for human consumption by the ASADA of Horquetas de Sarapiquí, named Murillo 1 and 2 and Oropéndolas, are found has been duly accredited. The foregoing, both due to deforestation and the grazing of cattle and buffaloes in the protected areas, with the consequent imminent contamination of the water resource. This is a situation of which the authorities of SINAC have been fully aware for approximately five years. This is because it has been accredited that the Criminal Court of Sarapiquí, in criminal proceedings processed under case file No. 12-647-573-PE, convicted Marlen Camacho Rodríguez, a resident of Cubujuquí de Horquetas, for the felling of trees in the recharge and protection areas of the aforementioned springs (nacientes). In that matter, the accused reached a conciliatory agreement with the purpose of compensating for the social damages caused by the illegal invasion of the protection areas, so as an alternative compensatory measure, the planting of trees within the protection area of the indicated springs (nacientes) was ordered. It is likewise documented that in follow-up to what was resolved, on June 3, 2014, Licda. Melissa Bogantes Segura, Criminal Judge of Sarapiquí, requested the Subregional Office of Sarapiquí of the Arenal Huetar Norte Conservation Area of SINAC to verify the delimitation of the protection area of the permanent spring (naciente) located within the property of the accused. In that sense, by official letter No. OS-2046-14, dated July 4, 2014, issued by the Subregional Office of Sarapiquí, the aforementioned judge was informed that a field visit was conducted on June 24, 2014, determining that the 485 trees had not been reforested, nor had the protection area of the spring (naciente), meaning springs (nacientes), been delimited. Despite full knowledge of this situation, it was not until the occasion of this amparo that, on March 19, 2020, SINAC verified in a field inspection that the protection area of the captured springs (manantiales) (200 meters in radius) is at least 50% unprotected. It is also noted that although no cattle were observed at the time of the visit, due to the tracks and the characteristics of the site, it is evident that it is used for cattle maintenance. Added to this is that some trees that were reforested as part of the criminal conciliatory process were counted, but they are topped, in very poor condition, and with a height of less than 2 meters, possibly as a consequence of the cattle activity. That authority indicated to this Chamber that, because the breach of the comprehensive damage repair commitment approved in the criminal process was verified, it would immediately inform the Criminal Court of Sarapiquí about the current situation of the protection zone of the affected springs (nacientes). In parallel, that it would proceed, in the administrative venue, to apply the already established action protocol for the collection of field data that allows georeferencing and precisely locating the collection point and its protection zone, as well as the subsequent issuance and notification of the administrative order for closure and regeneration of the perimeter of the springs (nacientes). The foregoing, without having previously acted for that purpose. Certainly, the foregoing makes it evident that said authority unjustifiably had not taken the pertinent and effective measures. Furthermore, it is unacceptable to hold the accused in the criminal case responsible as an excuse to disregard what was claimed by the appellant before this Chamber; although she has breached what was agreed in that jurisdiction, the truth is that SINAC, despite now reporting what must be done to protect the springs (nacientes), has omitted to do so for years, with the consequent detriment to the care of the affected population, which exceeds 18,000 people. Note that the Executive President of the ICAA has accepted that the presence of any type of animal in the vicinity of a spring (naciente) captured for human consumption generates a risk of microbiological contamination in the waters. In this context, the claim of the appellant is deemed admissible, although only against SINAC, for disregard of the duties that make it possible to guarantee the right to water. Regarding the INVU, as the authority of that institution explained, in cases where a property is affected by a watercourse or spring (naciente) (which borders, crosses, or is within it), the owner must request from the INVU the fluvial alignment or protection zone, which is the strip of land on which deforestation or any construction that alters the environment and flow of the watercourse is not permitted. However, the endorsement or fluvial alignment for a captured spring (naciente) corresponds to the entity that is administering the water resource, which could be the Municipality of the canton if it is a municipal aqueduct, the ASADA, as in the present case, or failing that, the ICAA. It is clear that it is the protected association that is responsible for this administrative procedure. Regarding SENARA, it is inferred from the case records that it has had no involvement or responsibility in the events that are affecting the population to which the ASADA of Horquetas de Sarapiquí provides potable water service. Nor has it been possible to determine that the Minister of Environment and Energy has participation in them, but rather, as indicated, only SINAC. V.- Conclusion. The Chamber considers that it is indispensable to adopt a more proactive attitude in defense of the water resource that supplies the population served by the ASADA of Horquetas de Sarapiquí; therefore, this amparo must be granted, in order to order the respondent authorities of SINAC to assume a more responsible attitude, but above all urgently, in the adoption of concrete and effective measures to protect the springs (nacientes) named Murillo 1 and 2 and Oropéndolas, in order to promote the elimination of the sources of contamination of these springs (manantiales), as well as the restoration, as far as possible, of the damage caused. While with respect to the other respondent authorities, the appeal is declared without merit, since, as indicated supra, they are considered to have had no responsibility whatsoever in the events that are the subject of the amparo. VI.- Finally, it is accredited that the ICAA approves the disinfection process of the water resource that, prior to population supply, is being carried out by the ASADA that represents the appellant. Added to this is the indication that there is no record that the latter has requested the Environmental Management Directorate to delimit the protection zones of the affected sources and that it be advised regarding a potential acquisition of the protection zones of the springs (nacientes) of interest. Notwithstanding the above resolved, the Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is admonished that, now being aware of the situation afflicting the protected ASADA, she must immediately carry out the corresponding efforts so that the Environmental Management Directorate initiates the proceedings for the delimitation of the protection zones of the affected sources, as well as the eventual acquisition of the protection zones of the Murillo 1, Murillo 2, and Oropéndolas springs (nacientes), for which she will coordinate, if merited, with SINAC or any other institution, seeking the solution of the matter raised within a reasonable time. VII.- NOTE BY MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. 1. The historical context that motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters at the time has undergone considerable variation, which requires this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring people's right to a healthy and balanced environment, as has been protected in Article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation – characterized by a vast production of legal and regulatory norms that include substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter – is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed on the Chamber a leading role, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right. 2. Today, we find ourselves facing a "dense network" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation regarding activities whose incidence on the environment was little or not at all ordered, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon is that this increasing juridification – predominantly legislative and regulatory – brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction – primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal one. In these, in accordance with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive means of standing have been broadly regulated, so that individuals can enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters. 3. In this context, it is neither legally appropriate nor functionally correct for the Constitutional Chamber to displace, or – worse yet – substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally inappropriate because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interprets and enforces legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its competencies with those of other jurisdictional bodies that – they indeed – have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes fits poorly with the complexity present in numerous environmental conflicts composed of series of technically and legally complex facts and acts. On both issues, there are well-known examples in which the Chamber has delivered a half-hearted or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an impact on legal certainty have been generated. 4. As part of the technical aspects I have evaluated, I add the fact that this jurisdiction does not have enforcement judges to allow adequate follow-up on its judgments – generally complex –, which sometimes involve the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up over months and even years. 5. From this perspective, the decision to step aside in environmental matters on the part of this Court should not be seen as an abandonment of environmental matters, but on the contrary, of its adequate protection in the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as the declination of this instance in its task of protecting the constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise in readjusting the burdens and tasks that correspond to the different state bodies, so that each one can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise in setting its own competence, as established in Article 7 of its Organic Law. 6. It is clear that the Chamber does not propose to abandon to other jurisdictions the work of protecting people's rights in environmental matters. It is known that although every claim for infringement of legal and regulatory norms can be channeled back to the constitutional realm, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of the law of the Constitution. It is therefore about ensuring that the Chamber becomes a protagonist together with others, so that – among all and each in its space – the whole variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen does not lose an iota of protection but substantially gains in breadth, perspective, and respect for the balance and distribution of powers, this last principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system like ours. 7. In line with the above, I maintain that this Chamber must refrain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, to leave its hearing in the hands of administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is stated generally, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my opinion, would still be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it. Within such groups of cases, and without this statement being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental infringements that also put people's health, or access to or quality of water, at direct risk; cases of gross and direct violations of the environment in which a blatant absence of protection by state authorities is verified, provided that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of amparo as a summary and special procedural institute, since I also consider that the amparo should not be "ordinary-ized" to address, even in these cited cases, issues that exceed the capacity to be adequately attended to in it. 8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the appellant could eventually affect the physical integrity and health of all people residing in the District of Sarapiquí, since the danger in which the recharge and protection areas of the springs (nacientes) captured for human consumption by the ASADA of Horquetas de Sarapiquí, named Murillo 1 and 2 and Oropéndolas, are found is verified; the foregoing, both due to deforestation and the grazing of cattle and buffaloes in the protected areas, with the consequent imminent contamination of the water resource. Consequently, it is clear that we are facing the exceptions mentioned, and for that reason, I have considered it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the protected persons. VIII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the appellant reports the possible contamination of waters captured for human consumption, which affects their right to health and that of the entire community. IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The appeal is granted with merit, solely, against the National System of Conservation Areas. It is ordered that Warner Porras Sánchez and [Name 002] Gutiérrez Rojas, respectively, in their capacity as Head of the Subregional Office of Sarapiquí of the Arenal Huetar Norte Conservation Area and as Regional Director of the Central Conservation Area, both of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy, or whoever holds those positions in their place, carry out all actions within the scope of their competencies and attributions, to ensure compliance with the following: 1) That within a period of six months, counted from the notification of this judgment, the affectation of collection points and the protection zones of the Murillo 1, Murillo 2, and Oropéndolas springs (nacientes) be definitively resolved. 2) That immediately after the notification of this judgment, the necessary and effective measures be taken for the protection of the cited water sources. The foregoing under the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The State is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the events that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Regarding the other respondent authorities, the appeal is declared without merit. The Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, take note of what is indicated in Recital VI. Magistrate Hernández López adds a note. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.

Fernando Castillo V. President Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Paulino Hernández G.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *25QNZZOIJLQ61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

AGUAS.

008752-20. SE ACUSA EL PELIGRO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ÁREAS DE RECARGA Y PROTECCIÓN DE NACIENTES EN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ. SE ORDENA AL SINAC, QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES SE RESUELVA LA AFECTACIÓN A LAS NACIENTES MURILLO 1, MURILLO2 Y OROPÉNDOLAS Y DE INMEDIATO, TOMAR LAS MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE ESAS FUENTES DE AGUA.

"En el presente caso, de los informes rendidos por las autoridades recurridas, que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado el peligro en que se encuentran las áreas de recarga y protección de las nacientes captadas para consumo humano por la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, denominadas Murillo 1 y 2 y Oropéndolas. Lo anterior, tanto por la deforestación, como por el pastoreo de ganado y búfalos, en las áreas protegidas, con la consecuente contaminación inminente del recurso hídrico. Situación que es de pleno conocimiento de las autoridades del SINAC, desde hace como un quinquenio. Ello en razón de que ha quedado acreditado que el Juzgado Penal de Sarapiquí, en proceso penal tramitado en el expediente No. 12-647-573-PE, condenó a Marlen Camacho Rodríguez, vecina de Cubujuquí de Horquetas, por la tala de árboles en las áreas de recarga y protección de las nacientes antes referidas." LBH02/21 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

AREA PROTEGIDA.

008752-20. SE ACUSA EL PELIGRO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ÁREAS DE RECARGA Y PROTECCIÓN DE NACIENTES EN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ. SE ORDENA AL SINAC, QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES SE RESUELVA LA AFECTACIÓN A LAS NACIENTES MURILLO 1, MURILLO2 Y OROPÉNDOLAS Y DE INMEDIATO, TOMAR LAS MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE ESAS FUENTES DE AGUA.

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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

DAÑO AMBIENTAL.

008752-20. SE ACUSA EL PELIGRO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ÁREAS DE RECARGA Y PROTECCIÓN DE NACIENTES EN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ. SE ORDENA AL SINAC, QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES SE RESUELVA LA AFECTACIÓN A LAS NACIENTES MURILLO 1, MURILLO2 Y OROPÉNDOLAS Y DE INMEDIATO, TOMAR LAS MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE ESAS FUENTES DE AGUA.

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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

ESTUDIOS AMBIENTALES.

008752-20. SE ACUSA EL PELIGRO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ÁREAS DE RECARGA Y PROTECCIÓN DE NACIENTES EN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ. SE ORDENA AL SINAC, QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES SE RESUELVA LA AFECTACIÓN A LAS NACIENTES MURILLO 1, MURILLO2 Y OROPÉNDOLAS Y DE INMEDIATO, TOMAR LAS MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE ESAS FUENTES DE AGUA.

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Temas Estrategicos: Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

008752-20. SE ACUSA EL PELIGRO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ÁREAS DE RECARGA Y PROTECCIÓN DE NACIENTES EN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ. SE ORDENA AL SINAC, QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES SE RESUELVA LA AFECTACIÓN A LAS NACIENTES MURILLO 1, MURILLO2 Y OROPÉNDOLAS Y DE INMEDIATO, TOMAR LAS MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE ESAS FUENTES DE AGUA.

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Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:

AGUA POTABLE.

008752-20. SE ACUSA EL PELIGRO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS ÁREAS DE RECARGA Y PROTECCIÓN DE NACIENTES EN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ. SE ORDENA AL SINAC, QUE, EN UN PLAZO DE SEIS MESES SE RESUELVA LA AFECTACIÓN A LAS NACIENTES MURILLO 1, MURILLO2 Y OROPÉNDOLAS Y DE INMEDIATO, TOMAR LAS MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE ESAS FUENTES DE AGUA.

“Uno de los servicios públicos de mayor relevancia, es el del suministro de agua potable, pues la relación que el mismo tiene con la protección del derecho a la salud y a la vida de las personas, es incuestionable. De este modo, existe una obligación por parte del Estado de garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, como elementos esenciales de la prestación del servicio público, todo ello con el fin de proteger la integridad de las personas usuarias.” LBH08/21 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

AREA PROTEGIDA.

NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional. 2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental. 3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica. 4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años. 5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica. 6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7 . En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. 8 . En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en la integridad física y la salud de todas las personas que habitan en el Distrito de Sarapiquí, pues se comprueba el peligro en que se encuentran las áreas de recarga y protección de las nacientes captadas para consumo humano por la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, denominadas Murillo 1 y 2 y Oropéndolas; lo anterior, tanto por la deforestación, como por el pastoreo de ganado y búfalos, en las áreas protegidas, con la consecuente contaminación inminente del recurso hídrico. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.

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Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:

AGUAS.

NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente denuncia la posible contaminación de aguas captadas para consumo humano, lo que afecta su derecho a la salud y el de toda la comunidad.

LBH08/21 ... Ver más *200050120007CO* Res. Nº 2020008752 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del doce de mayo de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], adulto mayor, casado, presidente y apoderado de la organización amparada, cédula de identidad No. [Valor 001], vecino de Horquetas de Sarapiquí, a favor de la Asociación Administradora del Acueducto de Horquetas de Sarapiquí, cédula jurídica No. 3-002-167719, contra el Ministro, el Director Regional del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Jefe de la Oficina Subregional de Sarapiquí del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, todos del Ministerio de Ambiente y Energía, el Director de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:50 hrs. del 12 de marzo de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministro, el Director Regional del Área de Conservación Central del SINAC y el Jefe de la Oficina Subregional de Sarapiquí del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del SINAC, todos del Ministerio de Ambiente y Energía y el Director de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA y expresa que la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, funciona como una organización sin fines de lucro, bajo el marco legal de la Ley de Asociaciones y un esquema de delegación de la administración, acordado con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, desde el año 2002, que permite abastecer de agua para consumo humano a la población amparada conformada por más de 21.750 habitantes. Para ello, la ASADA cuenta con el permiso sanitario de funcionamiento vigente emitido por el Ministerio de Salud, No. ARSS-1024, para la actividad de suministro de agua potable para el consumo humano en las comunidades de Cubujuquí, Nazareth, Monte Verde, Villalobos, Finca Once, La Victoria, Fincagua, La Rambla, Ticari, El Cruce, Cuatro Esquinas y Horquetas de Sarapiquí. Explica que pese a lo anterior, consta en el expediente No. 12-647-573-PE, que el Juzgado Penal de Sarapiquí, en el año 2015, condenó a Marlen Camacho Rodríguez, vecina de Cubujuquí de Horquetas, por tala de árboles en las áreas de recarga y protección de las nacientes captadas para consumo humano por la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, denominadas Murillo 1 y 2 y Oropéndolas. Añade que por intervención de la Procuraduría General de la República, se llegó a un acuerdo conciliatorio con el propósito de resarcir los daños sociales provocados por la invasión ilegal de las áreas de protección. Como medida alterna compensatoria, se dispuso la siembra de árboles dentro del área de protección de las nacientes indicadas. Refiere que pese a lo expuesto, mediante el oficio No. OS-053-2015, de fecha 05 de febrero de 2015, el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central de Sarapiquí certificó que, en inspección realizada a la propiedad de la señora Camacho Rodríguez, se logró verificar que de la siembra de 400 árboles, solo se contabilizaron 230. Lo anterior debido a que el ganado pastaba dentro del área protegida, impidiendo que los árboles tengan un crecimiento adecuado. Señala que, posterior a febrero de 2015, tampoco se tomaron las acciones necesarias por parte de las entidades responsables de darle seguimiento al proceso judicial No. 12-647-573-PE. Menciona que ante el temor de que las nacientes se contaminaran, el 26 de mayo de 2016, el Administrador de la ASADA de Horquetas, mediante el oficio No. AH-044-2016, le solicitó por escrito al Jefe del Área de Conservación del MINAE de Sarapiquí, su intervención para eliminar la permanencia de los búfalos, dentro del área de protección de las nacientes captadas para el consumo humano denominadas Murillo 1 y 2 y Oropéndolas, las cuales ya habían sido protegidas con cercas. Sin embargo, por negligencia de los funcionarios del Área de Conservación del MINAE de Sarapiquí, de no actuar apegados a derecho y ante el inminente riesgo de que se contaminaran las nacientes, nuevamente el 20 de setiembre de 2016, el Administrador de la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, mediante el oficio No. AH-107-2016, elevó la denuncia al Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, con el propósito que se procediera de manera urgente con la protección y delimitación de las áreas de protección de las nacientes. Para ello, la ASADA, ofreció los estudios topográficos respectivos, pero solicitó la valoración de los daños causados dentro del área de protección de las nacientes Murillo 1 y 2 y Oropéndolas, por la presencia de búfalos. Además, solicitó información sobre el estado de la denuncia dirigida mediante el oficio No. AH-045-2016, de 06 de junio de 2016, contra la señora Camacho Rodríguez, por la tenencia de animales, contaminación y destrucción de la reforestación plantada dentro del área de protección de las nacientes y el grave riesgo a que está expuesta la comunidad por contaminación de las aguas captadas para consumo humano con excremento de búfalos. Indica que, adicionalmente, se envió copia de la denuncia al Director del Área del Conservación Cordillera Volcánica Central. No obstante, alega que no brindó respuesta ni solución alguna a las denuncias. Refuta que el principio precautorio, en modo alguno, impide al MINAE adoptar medidas preventivas y eficaces inmediatas en busca de una solución a la problemática que claramente impacta, no solo al medio ambiente sino que pone en riesgo la salud de las personas que utilizan las aguas para consumo humano. Insiste en que el MAG, a través del SENASA, también puede ordenar actos dentro de un procedimiento, aunque estos no hayan sido expresamente solicitados por las partes. Además, comenta que el Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación, Decreto No. 34859-MAG, establece que las personas criadoras de animales deben cumplir con la normativa vigente y el permiso del SENASA, cuando existan condiciones sanitarias en armonía con el medio ambiente, lo cual no se cumple. Insiste que ante la negligencia de las instituciones recurridas y la incertidumbre que los búfalos contaminaran y afectaran la calidad de las aguas que se destinan para consumo humano, la ASADA efectuó dos análisis de aguas en distintos laboratorios para obtener un control cruzado que permitiera mayor certeza de la calidad del agua suministrada a las comunidades. Relata que, luego de tomar las muestras en las nacientes, los laboratorios emitieron los resultados el 19 de agosto de 2019 y el 23 de octubre de 2019, cuyos reportes alertaron la presencia de contaminación microbiológica en las aguas que suministra esa entidad a la Escuela de Cubujuquí, en niveles no permitidos según el Reglamento Para la Calidad del Agua Potable del Ministerio de Salud (Decreto No. 32327). Afirma que lo más grave de la situación es que aparece la bacteria Escherichia Colí, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud como índice de contaminación fecal, que vive y se desarrolla en el intestino de animales y algunos tipos de esta bacteria pueden producir enfermedades por ingesta de aguas contaminadas. Entre dichas patologías está la diarrea hemorrágica, que puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte y en general ocurre en niños y en adultos con sistemas inmunitarios debilitados. Señala que, ante la contaminación presentada y el riesgo a la salud pública, la ASADA, implementó el uso de nuevos filtros para tratar de minimizar el impacto, a pesar que los procesos de desinfección que realizaba con anterioridad en los tanques de distribución permitían mantener las aguas de cañerías con un efecto residual de cloro que garantizaba la calidad del agua de contaminaciones eventuales a través de todo el sistema de distribución. Recalca que, pese a dichas medidas, la presencia de búfalos dentro de las nacientes generó el riesgo permanente y la contaminación que reclaman les es imposible de controlar. Comenta que del análisis AYA-ID-09016-2019, de 21 de octubre de 2019, se extrae, que con anterioridad a que aparecieran las aguas contaminadas, la ASADA de Horquetas cumplía con los parámetros de calidad para las aguas destinadas al consumo humano, en parámetros como cloro residual, conductividad, olores, PH, temperatura y turbiedad del agua. Discute que aún y cuando la ASADA de Horquetas solicitó, desde el 26 de mayo de 2016, al MINAE, al AYA y al SENASA, la intervención del SENARA, para establecer los perímetros de protección, al día en que se interpone el presente recurso, las autoridades recurridas no han brindado respuesta alguna, ni solución oportuna que prevenga el riesgo en la salud pública de los habitantes usuarios de la ASADA. Enfatiza que el agua de las nacientes, así como el de las áreas de recarga acuífera que se han captando para consumo, se encuentran en riesgo por contaminación. Adicionalmente, cuestiona que el MINAE con su negligencia ha provocado cambios en el uso del suelo de los bosques y las áreas de pastoreo no permitidas. Por lo motivos expuestos, considera que el MINAE, en apego al principio precautorio y ante la denuncia interpuesta por esa ASADA, debe coordinar con la Dirección de Aguas y el SENARA, las medidas preventivas urgentes que protejan la salud pública. Solicita que se declare con lugar el recurso. 2.- Mediante resolución de las 19:15 hrs. del 16 de marzo de 2020, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se les solicitó informe al Ministro, al Jefe de la Oficina Subregional Sarapiquí del Área de Conservación Norte y al Jefe del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central de Sarapiquí, todos del MINAE, así como al Director de Gestión e Investigación Hídrica del SENARA. 3.- Informa bajo juramento Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía (escrito presentado a las 15:15 hrs. del 20 de marzo de 2020), que le corresponde al MINAE, por medio de la Dirección de Agua, disponer y resolver sobre el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia sobre las aguas de dominio público. Se requirió a la Dirección de Agua para que se pronunciara al respecto y remitiera el informe pertinente. En ese sentido y en lo que interesa, mediante el informe de fecha 18 de marzo de 2020, la Ing. Nancy Quesada Artavia, Coordinadora de la Oficina Regional de Cuidad Quesada, Unidad Hidrológica San Juan de la Dirección de Agua, indica que la ASADA de Horquetas de Sarapiquí cuenta con el expediente 573 R, en el que se encuentran inscritas 13 fuentes de agua, donde las fuentes involucradas corresponde a las siguientes: La fuente 07 corresponde al Nacimiento Murillo 1. La fuente 08 corresponde al Nacimiento Murillo 2. La fuente 09 corresponde al Nacimiento Oropéndolas. Se señala, además, que las tres fuentes mencionadas con anterioridad fueron inscritas entre otras, mediante resolución No. MN-DA-2014-2008, del 03 de julio de 2008. Todas las competencias relacionadas con la materia forestal, vida silvestre y áreas protegidas, fueron integradas al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Ese Ministerio, por medio del SINAC, atenderá la audiencia otorgada mediante resolución de las 19:15 hrs. del 16 de marzo de 2020, notificada al día siguiente, una vez que dicha dependencia sea notificada, pues según se desprende de la resolución de la Sala, la solicitud de informe también va dirigida al SINAC. 4.- Informa bajo juramento Warner Porras Sánchez, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de Sarapiquí del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del SINAC (escritos presentados a las 16:18 hrs. del 20 de marzo de 2020 y a las 11:24 hrs. del 23 de marzo de 2020), que mediante nota de fecha 03 de junio de 2014, la Licda. Melissa Bogantes Segura, Jueza Penal de Sarapiquí, solicita a esa oficina en el Legajo de Investigación No. 12-00647, por delito de Infracción Ley Forestal, en contra de Santos Domingo Reyes Reyes y otro, en perjuicio de los recursos naturales, realizar una inspección para verificar la delimitación del área de protección de la naciente permanente que se ubica dentro de la propiedad del imputado, 100 metros alrededor con cerca viva, Madero Negro o Poró o la que indique el MINAE, dentro de esa reforestar con 485 árboles de la especie nativa de al menos tres especies que no sean frutales y la sustitución de árboles que no prosperen, para verificar el cumplimiento de los imputados en la medida alterna de la Suspensión del Proceso a Prueba. Con el oficio No. OS-2046-14, de fecha 04 de julio de 2014, emitido por la Oficina Subregional de Sarapiquí, actualmente bajo la jurisdicción del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (notificado vía fax ese mismo día), se le indicó a la Licda. Melissa Bogantes Segura que se realizó una visita de campo el 24 de junio de 2014, determinando que no se habían reforestado los 485 árboles y no se ha delimitado el área de protección de la naciente. Mediante oficio No. OS-053-2015, de fecha 05 de febrero de 2015, durante inspección realizada a la finca propiedad de la señora Marlen Camacho Rodríguez, se logró verificar que de la siembra de 400 árboles, ordenada en el Proceso a Prueba, solo se contabilizaron 230, esto debido a que el ganado pasta en el área de protección, impidiendo que los árboles crezcan de manera adecuada. Actualmente, según se pudo verificar en inspección de campo realizada el 19 de marzo de 2020, el área de protección de los manantiales captados (200 metros de radio), se encuentra al menos un 50% desprotegida y aunque no se observó ganado al momento de la visita, por las huellas y las características del sitio, es evidente que se dedica al mantenimiento de ganado. Se contabilizaron algunos árboles que fueron reforestados. como parte del proceso conciliatorio antes señalado, al menos diez de la especie Sota Caballo (Zigia sp.), descopados, en muy malas condiciones, con una altura menor a los 02 metros, posiblemente como consecuencia de la actividad ganadera. Es claro, conforme a lo señalado, que hubo un incumplimiento del compromiso de reparación integral del daño aprobado en el proceso tramitado bajo el expediente No. 12-647-573 PE, por lo que procederá de inmediato a informar al Juzgado Penal correspondiente, sobre la situación actual de la zona de protección de las nacientes afectadas. Paralelamente, se procederá en sede administrativa, a aplicar el protocolo de actuación ya establecido para el levantamiento de datos de campo que permitan georreferenciar y ubicar con certeza el punto de captación y su zona de protección, de conformidad con lo establecido en el artículo 33, de la Ley Forestal, No. 7575 y artículo 31, de la Ley de Aguas, No. 272 y la posterior emisión y notificación de la Orden Administrativa de cierre y regeneración del perímetro de la naciente. Ante la aparición de varias nacientes contaminadas y en atención a lo ordenado por la Sala Constitucional, mediante Resolución No. 2019-007690, de las 09:15 hrs. del 03 de mayo de 2019, se viene trabajando con rigurosidad, de manera conjunta con el Ministerio de Salud, el AYA, la Unidad Fitosanitaria del Estado, entre otras, en la inspección de todas las fuentes de consumo humano y levantamiento de información y conformación de expedientes para cada una de las nacientes, a fin de dar un seguimiento que permita dictar de manera anticipada las órdenes administrativas para contrarrestar cualquier riesgo o amenaza de contaminación. No obstante, en el tiempo que se lleva trabajando en este tema, han estado abocados, principalmente, al sector comprendido entre Río Cuarto de Grecia y Aguas Zarcas, donde están focalizadas la mayor cantidad de nacientes y han tenido mayor incidencia de contaminación. La naciente objeto de recurso no solo se encuentra en el sector de Sarapiquí, donde la incidencia de contaminación de nacientes ha sido menor; sino que también estaba protegida por una medida judicial. Sin embargo, ante la situación que se describe y considerando que para el caso concreto de la naciente contaminada, aunque se conoce que existe desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas en sus áreas de influencia, no se cuenta con estudios específicos que permitan determinar sus áreas de recarga acuífera, por tal razón, de previo a la elaboración del informe, se ordenó una inspección con carácter urgente al sitio. La misma se llevó a cabo el 19 de marzo de 2020 y es con la finalidad de identificar la situación actual y levantar con detalle la información de campo que permita valorar con criterio técnico las razones de la contaminación, a fin de aplicar, a la mayor brevedad, las medidas preventivas mediante la emisión de orden administrativa que garantice la protección de las áreas de influencia de dicha naciente conforme a la normativa que regula las áreas de protección. Dice que se dará el debido seguimiento establecido en el plan de acción institucional que se viene aplicando a nivel de región. Se adjunta informe sobre procedimiento de identificación, medición y protección de las nacientes de consumo humano. 5.- Informa bajo juramento [Nombre 002] Gutiérrez Rojas, en su condición de Director Regional del Área de Conservación Central del SINAC (escrito presentado a las 17:00 hrs. del 20 de marzo de 2020), que para mayor comprensión de la Sala Constitucional, hace narración de cada una de las acciones ejecutadas sobre la base de las competencias de su representada, en torno al caso aquí ventilado, las que son: a)- Énfasis en algunos antecedentes de aplicación directa del tema, situaciones que se han venido arrastrando por varios años atrás y en donde personal del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, ha estado presente en el seguimiento debido en este tipo de procesos. b)- Que la base de este proceso es una causa penal que se generó en el Juzgado Penal de Sarapiquí, el cual se ventiló en el expediente No. 12-647-573-PE, en donde se involucra la ASADA de Sarapiquí y a Marlen Camacho Rodríguez. Se condenó a dicha señora por la tala de árboles en las áreas de recarga acuífera y protección de nacientes captadas para consumo humano por la ASADA de Horquetas de Sarapiquí. c)- En ese proceso penal, se llegó a un acuerdo conciliatorio, en donde intervino la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado costarricense. En ese acuerdo conciliatorio, homologado por una Jueza de la República, la señora Camacho Rodríguez se comprometió a delimitar el área de protección de la naciente, erradicar la presencia de búfalos de la misma, a reforestar con especies arbóreas y otras acciones más de recuperación de esa zona de protección. d)- Que como parte del seguimiento que el personal del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central en ese entonces, le da a ese tipo de procesos judiciales, está que con nota de fecha 03 de junio de 2014, la Lic. Melissa Bogantes Segura, Jueza Penal del Juzgado Penal de Sarapiquí, solicita a la oficina de Sarapiquí (en ese entonces del ACCVC), en el citado proceso penal, realizar una inspección para verificar el cumplimiento de lo acordado en la medida alterna de la Suspensión del Proceso a Prueba. e)- Continuando con el seguimiento de rigor, mediante el oficio No. OS-2046-14, de fecha 04 de julio de 2014, emitido por esa Oficina (notificado vía fax ese mismo día), se le indicó a la Licda. Melissa Bogantes Segura que en relación con la suspensión del proceso a prueba seguida contra Santos Domingo Reyes Reyes y otro, de la causa mencionada, se realizó una visita de campo el 24 de junio de 2014, en la cual se determinó que no se habían reforestado los 485 árboles, ni delimitado el área de protección de la naciente. f)- Que mediante oficio No. OS-053-2015, de fecha 05 de febrero de 2015, el funcionario Aramis Elizondo Cortés, destacado en ese momento en el Parque Nacional Braulio Carrillo y actualmente en el Monumento Nacional Guayabo del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (denominada actualmente Área de Conservación Central), informó que durante la inspección realizada a la finca propiedad de la señora Marlen Camacho Rodríguez, se logró verificar que de la siembra de 400 árboles ordenada en el proceso a prueba, solo se contabilizaron 230. Esto debido a que el ganado pastaba en el área de protección, impidiendo que los árboles crezcan de manera adecuada. Aspecto que fue corroborado por el funcionario Elizondo Cortés en el sitio. g)- Mediante Decreto Ejecutivo No. 40054-MINAE se da la regionalización del MINAE, por lo tanto, la Oficina de Sarapiquí pasa a depender del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, así mismo el Área de Conservación Cordillera Volcánica pasa a denominarse Área de Conservación Central (ACC). Los asuntos referentes a la Oficina de Sarapiquí ya no son de seguimiento por parte del ACC. h)- A pesar de que el recurrente indica que mediante el oficio No. AH-107-2016 eleva denuncia ante la Dirección del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, consta que el citado oficio no fue dirigido al Director de esa Área de Conservación. i)- Más recientemente, de acuerdo con el Informe de Gira, oficio No. SINAC-ACAHN-JSS-158-2020, realizada el 19 de marzo de 2020, el área de protección de los manantiales captados (200 metros de radio), se encuentran al menos en un 50% desprotegida y aunque no se observó ganado al momento de la visita, por las huellas y las características del sitio, se dedica al mantenimiento de ganado. Se contabilizaron algunos árboles que fueron reforestados como parte del proceso conciliatorio (al menos diez), de la especie Sota Caballo (Zigia sp.), descopados, en muy malas condiciones, con una altura menor a los 02 metros, posiblemente como consecuencia de la actividad ganadera. Se continúa con el proceso de seguimiento. j)- Se emite por parte del personal de la Oficina de Sarapiquí la siguiente recomendación, conforme a los resultados obtenidos de la visita: coordinar con la Unidad de Ordenamiento Territorial Ambiental del Área de Conservación Arenal Huetar Norte, para que se proceda con la delimitación del área de protección de los manantiales captados y seguidamente coordinar con Asesoría Legal ACAHN, para que se inicie con el proceso legal correspondiente. k)- Como se puede apreciar, el compromiso de la delimitación del área de protección de la naciente, así como la erradicación de los búfalos, la recuperación del área de protección y otras actividades en torno a mejoras del sitio, era y es únicamente responsabilidad de la señora Camacho Rodríguez, porque así lo decidió y se comprometió ante la Jueza Penal de Sarapiquí, quien con base en su potestad homologó dicho acuerdo conciliatorio. En relación con el alegato del recurrente de que a la fecha, el MINAE-SINAC no ha llevado a cabo la delimitación respectiva del área de protección de las nacientes captadas, queda claro que dicha acción fue un compromiso de la señora Marlen Camacho y no del SINAC-MINAE, a quien por ley no le corresponde esta función. Se deben valorar las obligaciones, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico, le corresponde a cada institución del Estado Costarricense. Señala lo que, en ese sentido, preceptúan los numerales 33 y 34 de la Ley Forestal, No. 7575: "Artículo 33.- Áreas de protección. Se declaran áreas de protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley". "Artículo 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas. Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo". (la negrita y el subrayado no son del original). Como se puede apreciar la función de la delimitación y/o alineamiento de esas áreas de protección, son funciones exclusivas otorgadas por Ley al INVU. Solicita declarar sin lugar el recurso, al menos en cuanto a la participación de su persona en representación del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) de ese momento y actualmente Área de Conservación Central (ACC). 6.- Informa bajo juramento Roberto Ramírez Chavarría, en su condición de Director de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA (escrito presentado a las 09:07 hrs. del 25 de marzo de 2020), que SENARA, en conjunto con el SINAC (Área de Conservación Cordillera Volcánica Central), revisó los estudios hidrogeológicos realizados por la Universidad de Costa Rica y se encuentra en el documento: "Análisis, valoraciones técnicas y financieras de los estudios hidrogeológicos y zonas de captura (Caso particular las naciente de Sarapiquí). En función del estudio de las zonas de captura de manantiales seleccionados en el Cantón de Sarapiquí, provincia de Heredia, Costa Rica, realizado por el Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica, Arias (2012), se definió el perímetros de protección de los manantiales Murillo 1 y 2 y Oropéndolas (ver coordenadas en el siguiente cuadro). (…) En la siguiente figura se muestra la zona de captura, tubo de flujo o perímetros de protección de los manantiales. (...) A continuación y a partir del estudio Arias (2012), realizan una serie de recomendaciones de los usos del suelo en las zonas 1, 2 y 3: La zona de protección Z1, debe ser el área operacional o zona de protección interna de carácter absoluto al control de contaminación de microbiológica. Su forma debe ser circular aguas arriba del manantial y su extensión está limitada por la zona de captura definida previamente. En esta zona Z1, se debe prohibir todo tipo de actividad antrópica, debe ser protegida con una cerca perimetral para restringir el acceso de terceros y promover la reforestación con especies nativas de la zona que vengan a favorecer la recarga potencial. Solamente se debe permitir las actividades propias para la operación de la naciente. La zona de protección Z2 es denominada también como zona de inspección sanitaria que corresponde con el área de protección externa del manantial, en ella solamente se debe permitir el uso de suelo forestal. La zona de protección Z3, se debe considerar como el límite de la zona de captura del manantial, donde toda la recarga del acuífero, ya sea por infiltración de agua de lluvia o de flujos de escorrentía superficial, será captada por la naciente. En esta zona, se debe favorecer el uso forestal y restringir el tipo de actividades antrópicas. Posterior a un estudio técnico específico, se podría permitir solamente aquellas prácticas que no generen algún tipo de contaminación o impermeabilización del suelo, por ejemplo actividades recreativas o turísticas de muy bajo impacto". Expone las siguientes conclusiones: 1. La información derivada de este estudio en un insumo muy importante para investigaciones más detallados de las zonas (monitoreo de la cantidad y calidad) y los mismos pueden ser utilizados para proponer medidas de protección de las aguas subterráneas en área de protección de los manantiales analizados, como también como información básica para la elaboración de la variable hidrogeológica de planes de ordenamiento del territorio. 2. Incorporar estas zonificaciones a las regulaciones de uso del suelo a nivel municipal, para el otorgamiento de actividades, obras y proyectos existentes o nuevas 3. Para estos manantiales, sus áreas de protección y los tubos de flujo (zona 1, zona 2 y zona 3) debido a la importancia para el consumo humano de agua, debería realizarse un estudio de tenencia de la tierra y uso de la tierra, donde se defina las actividades, su amenaza y riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y se valore el régimen forestal de las zonas inmediatas. Una de las posibilidades es la compra de terrenos en las áreas específicas de protección, que sean esenciales para disminuir el peligro de contaminación de la mismas. 7.- Mediante resolución de las 10:58 hrs. del 27 de marzo de 2020, la Magistrada Instructora amplió el recurso contra la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 8.- Informa bajo juramento Yamileth Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (escrito presentado a las 11:05 hrs. del 03 de abril de 2020), que la ASADA de Horquetas es un operador legal del servicio de abastecimiento de agua potable y cuenta con convenio de delegación. No es cierto que la ASADA abastece a una población de 21750 habitantes, sino a 18323 personas de acuerdo con la información de los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el distrito de Horquetas. No le consta sobre las acciones del MINAE y del SINAC. Tampoco es cierta la existencia de un acuerdo conciliatorio generado en sede penal ni su incumplimiento. Es cierto que la presencia de cualquier tipo de animal en las cercanías de una naciente captada para el consumo humano genera un riesgo de contaminación microbiológica en las aguas. No es cierto que exista un riesgo comprobado en la salud de las personas al utilizar el agua de las nacientes Oropéndolas, Murillo 1 y Murillo 2 para consumo humano. Si bien es posible que se esté presentando una contaminación microbiológica en las inmediaciones de las nacientes, esto no significa que el agua que consumen los usuarios de la ASADA esté contaminada, por cuanto ésta debe ser desinfectada en el tanque de almacenamiento. La ASADA de Horquetas, como ente operador del servicio de agua potable, conoce y debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Calidad de Agua, por lo cual saben que el agua de las nacientes debe someterse a un proceso de desinfección y en cada servicio se debe registrar un mínimo de cloro residual, lo cual garantiza que los usuarios no ingieran agua con presencia de Escherichia Coli. El agua proveniente de las nacientes Murillo 1 y 2 y Oropéndolas se conduce hasta el tanque Cubujuquí, ahí se realiza la desinfección mediante un sistema de cloro gas. De acuerdo con la prueba aportada por el recurrente en el anexo 5 del escrito de interposición (análisis microbiológico realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas de AyA), el resultado respecto de la presencia de coliformes fecales es negativo y el cloro residual se encuentra en 0.35 microgramos por litro, parámetros con los cuales es posible afirmar que no existe ningún riesgo para la salud de los usuarios de la ASADA. De acuerdo con el análisis microbiológico del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA con fecha de 23 de octubre de 2019, aportado por el recurrente en el anexo 5 del escrito de interposición, es cierto que existe presencia de coliformes fecales en las muestras tomadas en las nacientes Murillo 1 y 2 y Oropéndolas, pero de la lectura de este mismo análisis se tiene que no existe presencia de coliformes en la red de distribución. De acuerdo con el análisis aportado por la ASADA recurrente realizado por el Laboratorio Agrotec, se detectó la presencia de coliformes fecales en la red, específicamente en la Escuela de Cubujuquí, sin embargo, dicho análisis no contiene un sello de acreditación por parte de la ECA, por lo que para efectos de ese Instituto, la muestra y el resultado no debe ser considerado por ese Tribunal por carecer de la acreditación para realizar este tipo de análisis. En razón de lo anterior, no podría tenerse por cierta la afirmación del recurrente respecto de que existe contaminación en el agua que se recibe la Escuela de Cubujuquí, siendo, además, que los resultados del Laboratorio Nacional de Aguas de AyA -debidamente acreditado por ECA- señalan lo contrario, como se puede constatar en la prueba aportada por el recurrente en el anexo 6 del escrito de interposición, AYA-ID-09016-2019. Es un hecho comprobado que en la gran mayoría de fuentes superficiales existe presencia de coliformes fecales, debido a que se encuentran expuestas a la fauna y los ecosistemas que se desarrollan en el entorno de las fuentes, normalmente zonas boscosas y con gran biodiversidad. Como ya se expuso, la anterior condición no implica un riesgo en la salud de las comunidades abastecidas, siempre que los operadores ejecuten los procesos de desinfección previo al abastecimiento poblacional, tal y como lo hace la ASADA de Horquetas. No es cierto que los filtros que instaló la ASADA de Horquetas tengan como finalidad la remoción de coliformes fecales, dado que el sistema de desinfección que posee, elimina al 100% esos contaminantes. Es cierto que, de acuerdo con los resultados de los análisis de laboratorio realizado por el LNA número AYA-ID-09016-2019 (aportados por el recurrente en el anexo 6 del escrito de interposición), se demuestra que el agua cumple con los parámetros establecidos en el Reglamento de Calidad de Agua. Pese a lo indicado por el recurrente, del análisis de dichos resultados no se desprende que, actualmente, exista contaminación alguna por coliformes fecales en la red de distribución de la cual se abastece la población. De la revisión del expediente administrativo de la ASADA de Horquetas, custodiado en la ORAC Huetar Norte, no se desprende la existencia de comunicación alguna por parte del MINAE o del SINAC dirigida a dicha Oficina sobre el tema de la aludida invasión al área de protección de las nacientes Oropéndolas y Murillo 1 y 2, ni de coordinaciones que se requieran realizar con dicha Oficina. El AyA ha dado en delegación a la ASADA de Horquetas la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de dicha comunidad y en razón de ello, existe una serie de regulación que debe ser cumplida por parte del ente operador. El Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto Ejecutivo No. 32529-S-MINAE, de 05 de agosto de 2005 (en adelante Reglamento de ASADAS), señala en su artículo 46 que: “las ASADAS deberán velar y participar por la preservación y conservación del Recurso Hídrico que se genera para los sistemas de abastecimiento a la población, coordinando para ello con las instituciones involucradas en la conservación y manejo del recurso.”. Todas las acciones que ha ejecutado la ASADA de Horquetas encuentran su fundamento en dicha obligación. Ese Instituto comparte la preocupación manifestada en el escrito de interposición referente a la aludida invasión del área de protección de las nacientes Murillo 1, Murillo 2 y Oropéndolas, a través de actividades que afectan la cobertura boscosa, como lo es el pastoreo de búfalos. Tal y como señala el Informe No. GSD-UEN-GAR-2020-01343, de 01 de abril de 2020, la presencia de cualquier tipo de animal en las cercanías de una naciente captada para el consumo humano, genera un riesgo de contaminación microbiológica en las aguas. Si bien los análisis microbiológicos presentados por la ASADA recurrente, dan fe de que cumplen con los parámetros de calidad del agua (libre de coliformes fecales), se desprende de la prueba aportada por dicha ASADA, que la realización de las actividades de pastoreo de búfalos en las áreas de protección de las nacientes, ha traído como consecuencia una afectación en la cobertura boscosa, situación sobre la cual ese Instituto no podría referirse, en razón de que carece de competencias para determinar si existe o no, un nexo causal entre la disminución de la cobertura boscosa y el pastoreo de búfalos. Lo que sí podría referir ese Instituto es que es ampliamente conocido el hecho de que la disminución de la cobertura boscosa en las áreas de protección y recarga de las nacientes, conlleva un riesgo de disminución de la producción de la fuente debido principalmente a la influencia directa de la radiación solar sobre los suelos que aumenta la temperatura y reduce la humedad. Es decir, que de mantenerse las acciones disminución de cobertura boscosa en las cercanías de las nacientes, existe una alta probabilidad de que se presenten problemas de desabastecimiento por la disminución de la producción de las nacientes Murillo 1, Murillo 2 y Oropéndolas. De generarse este escenario, se podría estar ante una eventual vulneración al derecho a la salud y el derecho al acceso del agua potable, que -a todas luces es prematuro alegar como lo hace la ASADA recurrente en sus argumentaciones de derecho- por cuanto a ese Instituto no le consta que exista una disminución en la producción de las nacientes Murillo 1, Murillo 2 y Oropéndolas que pudiera asociarse a la afectación de la cobertura boscosa producto de la actividad de pastoreo de búfalos alegada. Importante es destacar que el Reglamento de ASADAS establece en su artículo 48 que: “Las ASADAS deben solicitar a la Dirección de Gestión Ambiental del AyA la delimitación de las zonas de protección que requieren los diferentes puntos de producción de sus sistemas, con el fin de adquirirlas, en el menor plazo posible, para proteger el recurso y garantizar su sostenibilidad.”. Se desprende, tanto de los hechos alegados en el presente escrito como en las pruebas aportadas, las múltiples gestiones que la ASADA de Horquetas ha realizado ante el MINAE. Sin embargo, a la fecha de interposición del presente proceso, no consta a ese Instituto que la ASADA haya realizado solicitud alguna para que se proceda con la delimitación de las zonas de protección por parte de la Dirección de Gestión Ambiental del AyA. Tampoco han solicitado que se les asesore en lo referente a una potencial adquisición de las zonas de protección de las nacientes Murillo 1, Murillo 2 y Oropéndolas para proteger el recurso hídrico que requieren para brindar el servicio de abastecimiento en la comunidad de Horquetas de Sarapiquí. Téngase en consideración que, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento de Avalúos y Adquisición de Bienes destinados al dominio público de AyA, “las ASADAS deberán adquirir y negociar directamente y a su nombre, contar con los recursos económicos necesarios para la adquisición de terrenos y servidumbres para el cumplimiento del fin y servicio que brindan; excepcionalmente, ante la negativa del propietario en vender el bien, o por algún impedimento legal, podrán solicitar al AyA, se proceda con la adquisición.“ (lo destacado es nuestro). La aplicación de la regulación anteriormente citada, no refiere a derechos fundamentales de la ASADA de Horquetas, sino al cumplimiento de las obligaciones que ostentan dentro de la relación de delegación que tienen con el AyA. Es claro para esa representación que de todo lo argumentado es posible concluir con absoluta claridad que el actuar institucional se ha realizado en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, sin violentar ningún derecho constitucional de la ASADA recurrente. Solicita declarar sin lugar el recurso. 9.- Informa bajo juramento Tomas Martínez Baldares, en su condición de Presidente Ejecutivo del INVU (escrito presentado a las 09:24 hrs. del 17 de abril de 2020), que con base en el oficio No. DU-UFIS-038-2020, de 15 de abril de 2020, emitido por el señor Juan Jorge Delgado Cervantes, topógrafo funcionario de la Unidad de Fiscalización del Departamento de Urbanismo del INVU, se procede a rendir el informe solicitado: El Alineamiento Fluvial o Zona de Protección, consiste en una franja de terreno en la cual no es permitido deforestar, ni realizar construcción alguna, que altere el medio ambiente y caudal del cauce. La Ley Forestal No. 7575, en sus artículos 33 y 34, facultan a la Institución para que otorgue los alineamientos fluviales o zonas de protección a las propiedades que se encuentren afectadas por un cauce de agua, a saber: "Artículo 33.- Áreas de Protección.- Se declaran áreas de protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos,si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta Iey". "Artículo 34.- Prohibición para talar en áreas protegidas.- Se prohíbe la corta o eliminación de árboles en las áreas de protección descritas en el artículo anterior, excepto en proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional. Los alineamientos que deban tramitarse en relación con estas áreas, serán realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo". En el caso de que una propiedad se vea afectada por un cauce de agua o naciente (que limite, la atraviese o dentro), debe solicitar el alineamiento o zona de protección en la Institución. De la documentación aportada se extrae, con meridiana claridad, que en la propiedad identificada con el plano catastrado H-544776-99, existen captadas nacientes de aguas denominadas Murillo 1 y 2, y Oropéndolas, las cuales están destinadas a consumo humano. Ahora bien, con la información suministrada se constata que no es posible aplicar lo indicado en los artículos 34 y 33, inciso a), de la Ley Forestal, No. 7575, sino que por la naturaleza del bien y el recurso a proteger, corresponde aplicar el artículo 31, inciso a), de la Ley de Aguas, No. 276, que a la letra dice: " Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio". El Visado o Alineamiento Fluvial a una Naciente Captada corresponde a la entidad que esté administrando el recurso hídrico, el cual podría ser la Municipalidad del cantón si es acueducto municipal, la Asociación Administradora de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADA), como es en el presente caso, o en su defecto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Se revisó la Base de Datos de Alineamientos Fluviales, utilizada en la Unidad de Fiscalización y se constata que al plano catastrado H-544776-99, no se le ha tramitado un alineamiento fluvial con respecto a los cauces del Río Puerto Viejo y Quebrada Quebradón. En virtud de lo anterior se concluye que su representada no tiene injerencia en el alineamiento de las nacientes captadas Murillo 1 y 2 y Oropéndolas, siendo esta competencia de la misma ASADA que actúa como amparada en este proceso. Solicita declarar sin lugar el recurso. 10.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que en el año 2015, el Juzgado Penal de Sarapiquí condenó a Marlen Camacho Rodríguez, vecina de Cubujuquí de Horquetas, por la tala de árboles en las áreas de recarga y protección de las nacientes captadas para consumo humano por la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, denominadas Murillo 1 y 2 y Oropéndolas. Dice que en proceso conciliatorio, como medida alterna compensatoria, se dispuso la siembra de árboles dentro del área de protección de las nacientes indicadas. Sin embargo, ese acuerdo se incumplió, ya que no se realizó la totalidad de la siembra de árboles prometidos y continúa el pastoreo de ganado y búfalos en el área protegida. Por ello y ante la inercia de las autoridades recurridas, que tienen pleno conocimiento de la situación, la comunidad está expuesta a un grave riesgo por contaminación de las aguas captadas para consumo humano con el excremento de dichos semovientes, pues tampoco se han determinado los perímetros de protección de las nacientes. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: La ASADA de Horquetas de Sarapiquí es un operador legal del servicio de abastecimiento de agua potable y cuenta con convenio de delegación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (informe de la Presidenta Ejecutiva del ICAA y prueba documental aportada). La ASADA amparada abastece a una población de 18323 personas de acuerdo con la información de los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el distrito de Horquetas (informe de la Presidenta Ejecutiva del ICAA y prueba documental aportada). Mediante resolución No. MN-DA-2014-2008, del 03 de julio de 2008, la Dirección de Agua del MINAE inscribió a nombre de la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, entre otras, las fuentes involucradas que son las siguientes: La fuente 07 corresponde al Nacimiento Murillo 1. La fuente 08 corresponde al Nacimiento Murillo 2. La fuente 09 corresponde al Nacimiento Oropéndolas. En total, tiene 13 fuentes de agua inscritas, según expediente No. 573 R (informe del Ministro de Ambiente y Energía y prueba documental aportada). El Juzgado Penal de Sarapiquí, en proceso penal tramitado en el expediente No. 12-647-573-PE, en el año 2015 condenó a Marlen Camacho Rodríguez, vecina de Cubujuquí de Horquetas, por la tala de árboles en las áreas de recarga y protección de las nacientes captadas para consumo humano por la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, denominadas Murillo 1 y 2 y Oropéndolas. Se llegó a un acuerdo conciliatorio con el propósito de resarcir los daños sociales provocados por la invasión ilegal de las áreas de protección, por lo que como medida alterna compensatoria, se dispuso la siembra de árboles dentro del área de protección de las nacientes indicadas (informes de las autoridades recurridas del SINAC). El 03 de junio de 2014, la Licda. Melissa Bogantes Segura, Jueza Penal de Sarapiquí, solicitó a la Oficina Subregional de Sarapiquí del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del SINAC verificar la delimitación del área de protección de la naciente permanente que se ubica dentro de la propiedad de la imputada, en cumplimiento de la medida alterna de la Suspensión del Proceso a Prueba (informes de las autoridades recurridas del SINAC). Con el oficio No. OS-2046-14, de fecha 04 de julio de 2014, emitido por la Oficina Subregional de Sarapiquí, actualmente bajo la jurisdicción del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (notificado vía fax ese mismo día), se le indicó a la Licda. Melissa Bogantes Segura, Jueza Penal de Sarapiquí, que se realizó una visita de campo el 24 de junio de 2014, determinando que no se habían reforestado los 485 árboles y no se había delimitado el área de protección de la naciente (informes de las autoridades recurridas del SINAC). El 19 de marzo de 2020, se pudo verificar en inspección de campo que el área de protección de los manantiales captados (200 metros de radio), se encuentra al menos un 50% desprotegida y aunque no se observó ganado al momento de la visita, por las huellas y las características del sitio, es evidente que se dedica al mantenimiento de ganado. Se contabilizaron algunos árboles que fueron reforestados, como parte del proceso conciliatorio penal, pero están descopados, en muy malas condiciones y con una altura menor a los 02 metros, posiblemente como consecuencia de la actividad ganadera (informes de las autoridades recurridas del SINAC y prueba documental aportada). Debido a que el 19 de marzo de 2020 se constató que hubo un incumplimiento del compromiso de reparación integral del daño aprobado en el proceso tramitado bajo el expediente No. 12-647-573 PE, las autoridades del SINAC señalaron que procederán de inmediato a informar al Juzgado Penal de Sarapiquí sobre la situación actual de la zona de protección de las nacientes afectadas. Paralelamente, se procedería, en sede administrativa, a aplicar el protocolo de actuación ya establecido para el levantamiento de datos de campo que permitan georreferenciar y ubicar con certeza el punto de captación y su zona de protección, así como la posterior emisión y notificación de la orden administrativa de cierre y regeneración del perímetro de las nacientes (informes de las autoridades recurridas del SINAC y prueba documental aportada). La presencia de cualquier tipo de animal en las cercanías de una naciente captada para el consumo humano, genera un riesgo de contaminación microbiológica en las aguas (informe de la Presidenta Ejecutiva del ICAA). Si bien es posible que se esté presentando una contaminación microbiológica en las inmediaciones de las nacientes, esto no significa que el agua que consumen los usuarios de la ASADA esté contaminada, por cuanto ésta debe ser desinfectada en el tanque de almacenamiento (informe de la Presidenta Ejecutiva del ICAA). En la gran mayoría de fuentes superficiales existe presencia de coliformes fecales debido a que se encuentran expuestas a la fauna y los ecosistemas que se desarrollan en el entorno de las fuentes, normalmente zonas boscosas y con gran biodiversidad, pero no implica un riesgo en la salud de las comunidades abastecidas, siempre que los operadores ejecuten los procesos de desinfección previo al abastecimiento poblacional, tal y como lo hace la ASADA de Horquetas (informe de la Presidenta Ejecutiva del ICAA). III.- Hecho no probado. Se considera indemostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución del presente asunto. Único. Que la ASADA amparada haya solicitado a la Dirección de Gestión Ambiental del AyA la delimitación de las zonas de protección de las fuentes afectadas y que se le asesore en lo referente a una potencial adquisición de las zonas de protección de las nacientes Murillo 1, Murillo 2 y Oropéndolas para proteger el recurso hídrico que requieren para brindar el servicio de abastecimiento en la comunidad de Horquetas de Sarapiquí. IV.- Sobre el fondo. Uno de los servicios públicos de mayor relevancia, es el del suministro de agua potable, pues la relación que el mismo tiene con la protección del derecho a la salud y a la vida de las personas, es incuestionable. De este modo, existe una obligación por parte del Estado de garantizar la pureza del líquido para consumo humano, así como la continuidad en el suministro de éste, como elementos esenciales de la prestación del servicio público, todo ello con el fin de proteger la integridad de las personas usuarias. En el presente caso, de los informes rendidos por las autoridades recurridas, que se tienen por dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado el peligro en que se encuentran las áreas de recarga y protección de las nacientes captadas para consumo humano por la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, denominadas Murillo 1 y 2 y Oropéndolas. Lo anterior, tanto por la deforestación, como por el pastoreo de ganado y búfalos, en las áreas protegidas, con la consecuente contaminación inminente del recurso hídrico. Situación que es de pleno conocimiento de las autoridades del SINAC, desde hace como un quinquenio. Ello en razón de que ha quedado acreditado que el Juzgado Penal de Sarapiquí, en proceso penal tramitado en el expediente No. 12-647-573-PE, condenó a Marlen Camacho Rodríguez, vecina de Cubujuquí de Horquetas, por la tala de árboles en las áreas de recarga y protección de las nacientes antes referidas. En ese asunto, la imputada llegó a un acuerdo conciliatorio con el propósito de resarcir los daños sociales provocados por la invasión ilegal de las áreas de protección, por lo que como medida alterna compensatoria, se dispuso la siembra de árboles dentro del área de protección de las nacientes indicadas. De igual manera está documentado que en seguimiento a lo resuelto, el 03 de junio de 2014, la Licda. Melissa Bogantes Segura, Jueza Penal de Sarapiquí, solicitó a la Oficina Subregional de Sarapiquí del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del SINAC, verificar la delimitación del área de protección de la naciente permanente que se ubica dentro de la propiedad de la encartada. En ese sentido, por oficio No. OS-2046-14, de fecha 04 de julio de 2014, emitido por la Oficina Subregional de Sarapiquí, se le informó a la referida juzgadora que se realizó una visita de campo el 24 de junio de 2014, determinando que no se habían reforestado los 485 árboles, ni delimitado el área de protección de la naciente, entiéndase nacientes. A pesar del pleno conocimiento de esa situación, es hasta con ocasión de este amparo que, el 19 de marzo de 2020, el SINAC verificó en inspección de campo que el área de protección de los manantiales captados (200 metros de radio), se encuentra al menos un 50% desprotegida. También se tiene que si bien no se observó ganado al momento de la visita, por las huellas y las características del sitio, es evidente que se dedica al mantenimiento de ganado. Aunado a que se contabilizaron algunos árboles que fueron reforestados, como parte del proceso conciliatorio penal, pero están descopados, en muy malas condiciones y con una altura menor a los 02 metros, posiblemente como consecuencia de la actividad ganadera. Esa autoridad indicó a esta Sala que, debido a que se constató el incumplimiento del compromiso de reparación integral del daño aprobado en el proceso penal, de inmediato se iba a informar al Juzgado Penal de Sarapiquí sobre la situación actual de la zona de protección de las nacientes afectadas. Paralelamente, que se procedería en, sede administrativa, a aplicar el protocolo de actuación ya establecido para el levantamiento de datos de campo que permitan georreferenciar y ubicar con certeza el punto de captación y su zona de protección, así como la posterior emisión y notificación de la orden administrativa de cierre y regeneración del perímetro de las nacientes. Lo anterior, sin que de previo se hubiese actuado para tal finalidad. Ciertamente lo anterior pone en evidencia que esa autoridad injustificadamente no había tomado las medidas pertinentes y eficaces. Además, es inaceptable el responsabilizar a la imputada de la causa penal como excusa para desatender lo reclamado por el recurrente ante esta Sala, aunque haya incumplido lo pactado en esa jurisdicción, es lo cierto que el SINAC, a pesar de que ahora informa lo que debe efectuar para proteger las nacientes, lo ha omitido realizar durante años, con el consecuente demérito en la atención a la población afectada, superior a 18 mil personas. Nótese que la Presidenta Ejecutiva del ICAA ha aceptado que la presencia de cualquier tipo de animal en las cercanías de una naciente captada para el consumo humano, genera un riesgo de contaminación microbiológica en las aguas. En ese contexto, se estima procedente el reclamo del recurrente, aunque solo contra el SINAC, por inobservancia de los deberes que hacen posible garantizar el derecho al agua. Respecto al INVU, tal como la autoridad de esa institución explicó, en los supuestos que una propiedad se vea afectada por un cauce de agua o naciente (que limite, la atraviese o dentro), debe solicitar al INVU el alineamiento fluvial o zona de protección, que es la franja de terreno en la cual no es permitido deforestar, ni realizar construcción alguna, que altere el medio ambiente y caudal del cauce. Sin embargo, el visado o alineamiento fluvial a una naciente captada, corresponde a la entidad que esté administrando el recurso hídrico, el cual podría ser la Municipalidad del cantón si es acueducto municipal, la ASADA, como es en el presente caso, o en su defecto al ICAA. Es claro que es a la asociación amparada a quien corresponde ese trámite administrativo. En cuanto al SENARA, se colige de los autos que no ha tenido injerencia ni responsabilidad en los hechos que están afectando a la población que la ASADA de Horquetas de Sarapiquí brinda el servicio de agua potable. Ni tampoco ha sido posible determinar que el Ministro de Ambiente y Energía tenga participación en los mismos, sino, como se indicó, solamente el SINAC. V.- Conclusión. Estima la Sala que se hace indispensable adoptar una actitud más proactiva en defensa del recurso hídrico que abastece a la población que presta el servicio la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, por lo que se debe estimar este amparo, a fin de ordenar a las autoridades recurridas del SINAC que asuman una actitud más responsable, pero sobre todo con carácter de urgencia, en la adopción de medidas concretas y efectivas que permitan proteger las nacientes denominadas Murillo 1 y 2 y Oropéndolas, a fin de propiciar la eliminación de los focos de contaminación de esos manantiales, así como la restauración, en la medida de lo posible, del daño provocado. Mientras que respecto a las demás autoridades accionadas, se declara sin lugar el recurso, pues, como se indicó supra se considera que no han tenido responsabilidad alguna en los hechos objeto del amparo. VI.- Finalmente, se acredita que el ICAA aprueba el proceso de desinfección del recurso hídrico que, de previo al abastecimiento poblacional, está realizando la ASADA que representa el recurrente. Aunado a que se indica que no consta que éste haya solicitado a la Dirección de Gestión Ambiental la delimitación de las zonas de protección de las fuentes afectadas y que se le asesore en lo referente a una potencial adquisición de las zonas de protección de las nacientes de interés. No obstante lo antes resuelto, se apercibe a la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que teniendo ya conocimiento de la situación que aqueja a la ASADA amparada, de forma inmediata, deberá hacer las gestiones que corresponda a fin de que la Dirección de Gestión Ambiental inicie los trámites de delimitación de las zonas de protección de las fuentes afectadas, así como la eventual adquisición de las zonas de protección de las nacientes Murillo 1, Murillo 2 y Oropéndolas, para lo cual coordinará, si es de mérito, con el SINAC o cualquier otra institución, procurando la solución de lo planteado en un plazo razonable. VII.- NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional. 2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental. 3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica. 4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años. 5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica. 6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7 . En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. 8 . En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en la integridad física y la salud de todas las personas que habitan en el Distrito de Sarapiquí, pues se comprueba el peligro en que se encuentran las áreas de recarga y protección de las nacientes captadas para consumo humano por la ASADA de Horquetas de Sarapiquí, denominadas Murillo 1 y 2 y Oropéndolas; lo anterior, tanto por la deforestación, como por el pastoreo de ganado y búfalos, en las áreas protegidas, con la consecuente contaminación inminente del recurso hídrico. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas. VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente denuncia la posible contaminación de aguas captadas para consumo humano, lo que afecta su derecho a la salud y el de toda la comunidad. IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso, únicamente, contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se ordena a Warner Porras Sánchez y a [Nombre 002] Gutiérrez Rojas, respectivamente, en su condición de Jefe de la Oficina Subregional de Sarapiquí del Área de Conservación Arenal Huetar Norte y de Director Regional del Área de Conservación Central, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes en su lugares ejerzan esos cargos, que lleven a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, para se cumpla con lo siguiente: 1) Que en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esa sentencia, se resuelva de manera definitiva la afectación de puntos de captación y las zonas de protección de las nacientes Murillo 1, Murillo 2 y Oropéndolas. 2) Que de manera inmediata posterior a la notificación de esta sentencia se tomen las medidas necesarias y eficaces para la protección de las fuentes de agua citadas. Lo anterior bajo el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Respecto a las demás autoridades recurridas, se declara sin lugar el recurso. Tome nota la Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de lo indicado en el considerando VI. La Magistrada Hernández López pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Paulino Hernández G.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *25QNZZOIJLQ61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Constitución Política Art. 50
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