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Res. 08455-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/05/2020
OutcomeResultado
The Chamber granted the amparo only against the ICAA, ordering it to immediately guarantee sufficient water during prolonged interruptions and implement short-term solutions within one month, while denying the petition against the other authorities.La Sala declaró con lugar el amparo únicamente contra el ICAA y le ordenó garantizar de inmediato agua suficiente durante interrupciones prolongadas e implementar en un mes soluciones de corto plazo, mientras rechazó el recurso contra las demás autoridades.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted the amparo against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers because residents of Hatillo 8 experienced drinking-water interruptions lasting as long as 31 hours. Although the Chamber recognized that reduced source flows, climatic conditions, and demand had caused a supply shortage, it held that its precedent had to be reconsidered in light of the COVID-19 emergency. Access to water was essential for meeting basic needs and following public-health hygiene recommendations intended to prevent transmission. The Chamber also considered ARESEP’s findings concerning delayed infrastructure investment, significant unaccounted-for water losses, and inadequate project implementation by water-service operators. It ordered the Institute to provide sufficient water immediately whenever prolonged interruptions occurred and, within one month, implement short-term measures addressing scarcity at production sources. The amparo was denied as to the Ministry of Health, the Municipality of San José, and ARESEP because the record did not establish their direct responsibility for the shortage.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por las interrupciones del suministro de agua potable sufridas en Hatillo 8, algunas de hasta 31 horas. Aunque reconoció que la reducción de las fuentes, las condiciones climáticas y la demanda provocaban un problema de desabastecimiento, consideró necesario replantear su jurisprudencia ante la emergencia por COVID-19. El acceso al agua era indispensable para satisfacer necesidades básicas y cumplir las recomendaciones sanitarias dirigidas a evitar la propagación del virus. La Sala valoró además el rezago en infraestructura, las pérdidas de agua no contabilizada y la insuficiente ejecución de proyectos señalados por ARESEP. Ordenó garantizar inmediatamente un reparto suficiente de agua durante interrupciones prolongadas e implementar, en un mes, acciones de corto plazo contra la escasez de las fuentes. Rechazó el recurso respecto del Ministerio de Salud, la Municipalidad de San José y ARESEP por falta de responsabilidad directa.
Key excerptExtracto clave
The Chamber considers the cited precedent applicable to the case at hand because it finds no grounds to change the criterion expressed or reasons to assess the complained-of situation differently. In this case, the Court finds that the protected party’s right of access to water was violated because the drinking-water supply at his residence in Hatillo 8 was suspended for periods of up to 31 hours. Thus, this case concerns a drinking-water supply shortage affecting the residents of Hatillo 8, which is aggravated by the COVID-19 pandemic; accordingly, the appropriate course is to grant the petition against the ICAA as indicated in the operative portion of this judgment. Finally, the record does not show that the situation complained of by the protected party resulted from acts or omissions by the other respondent authorities; the Court therefore considers it appropriate to deny the petition as to the Ministry of Health, the Municipality of San José, and ARESEP. The petition is partially granted solely with respect to the ICAA. Manuel Antonio Salas Pereira, in his capacity as General Manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds that office, is ordered to IMMEDIATELY issue the corresponding directives and take all necessary measures within the scope of his authority so that, during prolonged interruptions of water service and taking the COVID-19 pandemic into account, the affected population is guaranteed sufficient distribution of that liquid to meet basic needs and implement the hygiene recommendations issued by health authorities. In addition, within ONE MONTH, the corresponding measures shall be implemented to resolve in the short term the problems caused by scarcity at production sources, without prejudice to the medium- and long-term solutions that may be planned.La Sala considera que el precedente transcrito resulta aplicable al caso de marras, toda vez que no encuentran motivos para cambiar el criterio vertido ni razones para valorar de manera distinta la situación reclamada. Así, en la especie, el Tribunal constata que se ocasionó una vulneración al derecho de acceso al agua del tutelado, en virtud de que ha sufrido la suspensión del suministro de agua potable durante lapsos de hasta 31 horas en el lugar en el que reside, sea, Hatillo 8. De modo que, en el sub lite, se está frente a una situación de desabastecimiento del suministro del servicio de agua potable que afecta a los vecinos de Hatillo 8, lo cual se agrava con ocasión de la pandemia del coronavirus COVID-19, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso respecto al ICAA, de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia. Finalmente, de los autos no se desprende que la situación reclamada por la parte amparada se deba a acciones u omisiones de las demás autoridades recurridas, por lo que el Tribunal estima que lo pertinente es declarar sin lugar el recurso en cuanto al Ministerio de Salud, la Municipalidad de San José y la ARESEP. Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente respecto del ICAA. Se ordena a Manuel Antonio Salas Pereira, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe ese cargo, que, de manera INMEDIATA, gire las órdenes correspondientes y disponga lo necesario dentro del ámbito de sus competencias para que, ante interrupciones prolongadas del servicio de agua y teniendo en cuenta la pandemia de coronavirus COVID-19, se garantice a la población afectada el reparto suficiente de ese líquido a los efectos de que puedan suplir sus necesidades básicas e implementar las recomendaciones de aseo que las autoridades de salud han emitido. En adición, en el plazo de UN MES, deberán implementarse las acciones correspondientes a los efectos de solventar a corto plazo los problemas generados por la escasez de las fuentes de producción, sin perjuicio de las soluciones a mediano y largo plazo que tenga proyectadas.
Pull quotesCitas destacadas
"El acceso a este líquido en medio de esta pandemia se torna fundamental para evitar una mayor propagación, según las recomendaciones del Ministerio de Salud."
"Access to this liquid during the pandemic becomes essential to prevent further spread, in accordance with the Ministry of Health’s recommendations."
Considerando IV, cita de la sentencia n.° 2020-007754
"El acceso a este líquido en medio de esta pandemia se torna fundamental para evitar una mayor propagación, según las recomendaciones del Ministerio de Salud."
Considerando IV, cita de la sentencia n.° 2020-007754
"En criterio de este Tribunal, el ICAA ha abordado de forma diligente la problemática denunciada."
"In this Court’s view, the ICAA has addressed the reported problem diligently."
Considerando IV
"En criterio de este Tribunal, el ICAA ha abordado de forma diligente la problemática denunciada."
Considerando IV
"No obstante lo anterior, esta Sala recuerda al ICAA su obligación como entidad rectora de la gestión del recurso hídrico, de seguir implementando las medidas necesarias con el propósito de abordar el problema de escasez de agua, de tal forma que se aminore su repercusión sobre la calidad de vida de los usuarios y se garantice el derecho de acceso al agua potable."
"Nevertheless, this Chamber reminds the ICAA of its obligation, as the lead entity for water-resource management, to continue implementing the measures necessary to address water scarcity, lessen its impact on users’ quality of life, and guarantee the right of access to drinking water."
Considerando IV
"No obstante lo anterior, esta Sala recuerda al ICAA su obligación como entidad rectora de la gestión del recurso hídrico, de seguir implementando las medidas necesarias con el propósito de abordar el problema de escasez de agua, de tal forma que se aminore su repercusión sobre la calidad de vida de los usuarios y se garantice el derecho de acceso al agua potable."
Considerando IV
"Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
"The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is ordered to pay the costs and damages caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement proceedings before the administrative courts."
Por tanto
"Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."
Por tanto
Full documentDocumento completo
Document Review *200048690007CO* Decision No. 2020008455 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty in the morning on ocho de mayo de dos mil veinte.
Amparo action (recurso de amparo) processed under case number 20-004869-0007-CO, filed by GABRIEL BLANCO ALFARO, identity card number 0112700032, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), the MINISTERIO DE SALUD, the MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, and the AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP).
Findings of Fact (Resultando):
It argues that the solution to the water-supply (abastecimiento) problems for the next 15 to 20 years is the fifth-stage project of the metropolitan aqueduct, known as Proyecto Ampliación Acueducto Metropolitano (PAAM), which aims to increase production benefiting the Gran Área Metropolitana by up to 2500 liters per second and is expected to be completed in 2025. It states that the solutions are not immediate, but that work is underway to develop them. It recounts that, at the most recent meeting concerning that area, it was agreed to shut off distribution from the Tanques del Sur from 9:00 to 16:00 and from 21:00 to 4:00, which is why rationing (racionamientos) would begin that week in an effort to better adjust the times during which the area would be affected. It indicates that, through information campaigns and press conferences, the institution asks the institution to store water only for essential needs and, when water service resumes, to use any water still in storage for toilets or another activity that does not entail throwing it away.
It adds that people are also asked to use the resource sparingly. It indicates that the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos established, in its technical regulation (reglamento técnico) Prestación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-PSAyA-2015, specifically in provisions 5 and 33, the rules concerning continuity of service and temporary interruptions. It considers that the actions of ICAA have been consistent with the available technical and legal means. It finds that everything materially feasible has been implemented in order to resolve the reported problem. It requests that the appeal (recurso) be dismissed.
Phase/Activity Estimated start date Estimated completion date % completed Pre-investment phase 15/01/2019 09/02/2021 64.00 Financing phase 15/07/2019 03/06/2021 79.00 Final design phase 31/10/2019 08/07/2021 10.00 Tendering and award phase 15/06/2020 03/02/2022 - Implementation phase 16/12/2019 01/11/2022 13.00 10. BPIP N° 2680: Expansion of production by the Acueducto Metropolitano through the implementation of new wells in San Rafael, Alajuela The project consists of the construction and commissioning of 2 wells (Goal 1 and Goal 2) located on the property recorded under cadastral number 2-1682624-2013, which belongs to the Consejo Nacional de Producción (CNP). Production from these wells is intended to be incorporated into the Sistema ME-A-19 Puente de Mulas. In addition, flow will be pumped from the Estación de Bombeo Santa Ana toward the Estación de Bombeo Puente de Mulas 2 in Escazú through the construction of a line approximately 1km long that will interconnect the two pumping stations, thereby improving potable-water supply conditions in sectors critically affected during the dry season, such as Barrios del Sur—including Hatillo—de San José, Alajuelita, and San Juan de Dios de Desamparados. Project life cycle:
Start 01/02/2019 End 01/11/2023 Phase/Activity Estimated start date Estimated completion date % completed Pre-investment phase 01/02/2019 10/02/2021 65.0 Financing phase 14/08/2019 03/08/2021 7.0 Final design phase 03/08/2021 29/07/2022 0.0 Tendering and award phase 29/07/2022 30/03/2023 - Implementation phase 30/03/2023 24/11/2023 0.0 (…) San José, April 17, 2020”.
7- In a written submission received by the Secretariat of the Chamber at 11:52 hours on 21 de abril de 2020, Johnny Araya Monge, in his capacity as mayor of San José, submits a report under oath (informe bajo juramento). He states that the municipality is aware that, in several sectors of the Central canton of San José, potable water service was rationed or suspended during February and March of this year. He explains that the municipality has had to hire water tanker trucks to supply some of the Child Care and Development Centers (Centros de Cuido y Desarrollo Infantil, CEDUDI) located in the districts of Hatillo and Pavas, as well as overnight shelters for indigent persons, administrative offices, and municipal buildings, which has complicated the provision of certain services. He states that the problems faced by residents due to potable water rationing are well known and that they affect businesses, industry, public offices, and the municipality itself.
He mentions that he is unaware of the schedules for rationing or service suspensions. He states that he does not know whether service has been restored or is being provided without interruption. He notes that the municipality does not provide potable water service, since that falls within the exclusive jurisdiction of ICAA. He asserts that the local government does not have the capacity to supply potable water to residents of the canton because it lacks the necessary infrastructure and equipment. He states that the problem is not new, but also occurred in 2014, 2015 and 2016. He explains that, according to the information provided, the potable water service suspensions are carried out by ICAA and are attributable to the country’s lack of water resources, natural phenomena such as ENSO (ENOS), and insufficient capacity to serve the population at large, resulting in water shortages in critical areas such as Hatillo, Pavas, Zapote, among others.
He argues that information concerning service suspensions in various areas of the territory is available on the ICAA website. He reiterates that the local government has suffered the consequences of potable water rationing and has therefore hired water tanker trucks to supply Child Care and Development Centers, overnight shelters serving the indigent population, offices, and administrative buildings that remain open to address the coronavirus COVID-19 pandemic emergency. He explains that the municipality has proceeded cautiously in matters of urban renewal and planning to prevent such problems. He adds that it verifies that projects have an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and that applications for building permits (permisos de construcción) have first obtained the corresponding Potable Water and Sanitary Sewer Availability certification (Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario) from ICAA.
He indicates that agreements have been reached with other municipalities (La Unión, Curridabat and Montes de Oca) to restore the Río María Aguilar watershed and the aquifers located along that watercourse, and that the initiative is also being replicated for the río Torres in order to protect water resources.
Regarding the aforementioned pandemic, he states that the municipality, together with Fundación Pro Mundo, has installed mobile handwashing stations in the Merced, Central and Líbano parks. He adds that the municipal government has implemented other general measures to cooperate with other public administrative bodies, including: “Ongoing monitoring of commercial activities closed pursuant to the directives of the health authorities; security support for access control at the emergency entrances of Hospital de Niños and San Juan de Dios; support in enforcing the sanitary vehicle restriction; monitoring and supervision of closed municipal public areas such as parks and other public recreational spaces; support for the requirements of Comisión Nacional de Emergencias; logistical and security support for the disinfection operation conducted by Función Pro Mundo (Chepe se baña) in connection with homeless persons; washing of heavily trafficked sidewalks and public spaces; disinfection of priority locations: sidewalks surrounding hospitals, markets, bus stops, and pedestrian bridges.” He asserts that the municipality has no specific record that the protected party (tutelado) formally requested any type of action or made his problem known.
He states that this Court has held that, before alleging administrative inaction, a request must first be submitted to the relevant administrative authority. He requests that the amparo petition (recurso) be dismissed.
The following are the results of the two visits conducted: First Visit: On March 13, an inspection was conducted in the localities of Desamparados and Alajuelita, the results and recommendations of which are set forth in official letter 0205-IA-2020 dated March 17, 2020, which stated the following: (See evidence N°2) (…) Based on this table and the interviews conducted with users, it was verified that: a) Although the users visited were selected on a non-random basis, actual rationing schedules (horarios de racionamiento) were confirmed to be similar within the same sector. This occurred in the communities of Calle Pedrito Monge de San Juan de Dios, los Guidos, and Bella Vista de San Juan de Dios, La Aurora de Alajuelita. b) The rationing schedules that AyA communicates to users are not observed in practice. The users interviewed expressed uncertainty because they do not know what will happen regarding the continuity of their service: in many cases, water is available without their being notified, since the service is suspended earlier than indicated; and in other cases, rationing lasts for longer periods than announced, and therefore AyA fails to comply with Article 33 of reglamento AR-PSA YA-2015. c) Based on the visit conducted and the information provided by the users consulted, Article 95 of reglamento de prestación ARPSA YA-2015 applies in the sectors of San Juan de Dios, Calle Pedrito Monge, Barrio Bellavista, Calle Fallas - Linda Vista, Alajuelita, La Aurora. d) The sectors most severely affected by rationing, identified in the preceding list, are not receiving adequate alternative water-supply services (servicios alternativos de suministro de agua), as established in Articles 33 and 58 of reglamento AR-PSA YA-2015.
Users state that they are unaware, or simply do not know, whether AyA supplies water through other means.” Second visit: On March 25, 2020, as a follow-up to the recommendations issued through the aforementioned official letter 0205-IA-2020, a second field visit was conducted in the localities of Alajuelita, Hatillo 7 and Hatillo 4, during which it was verified that inconsistencies in service continuity persisted in most sectors, including failure to observe the schedules and failure to provide service through alternative supply measures. This fieldwork is documented in official letter 0746-DGAU-2020, whose findings were as follows: (See evidence N°3) Recommendation 1: Through official letter 0276-IA-2020 dated April 2, 2020, the Intendencia de Agua forwarded to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados the results of those inspections, together with the relevant recommendations for minimizing and regulating the situation affecting users, as transcribed below: “In view of the conditions found during the two oversight visits (visitas de fiscalización) concerning the actions of the institution you represent, and given the particular public-health circumstances facing the country, three specific directives are reiterated in order to meet users’ needs, pursuant to the regulations described herein, and thereby help combat the disease caused by the COVID-1 9 virus: i. Observe the rationing schedules communicated by AyA to users. ii.
Provide alternative potable-water supply services, as established in Articles 33 and 58 of reglamento ARPSA YA2015. iii. Comply with all conditions established by reglamento ARPSA YA-2015 in rationing cases (See evidence N°4). Recommendation 2: On March 31, 2020, through official letter OF-0256-IA2020 (see evidence N°5), the Intendencia de Agua addressed AyA’s shortage forecasts and contingency plans (planes de contingencia) for summer 2020 in all its regions and made the following recommendations to the Instituto: “( ...) a. Submit, within six months, details of the uncommitted installed capacity or, failing that, the deficit (under critical summer conditions) for each water-supply system it operates. An El Niño phase condition must be considered when calculating production from the captured source. b. In future submissions of its contingency plans, provide the following specific details for the outlying regions, as it does for the Región Área Metropolitana: - The projects proposed to mitigate the effects of summer. - The anticipated contribution, measured in flow rate and population supplied, resulting from the implementation of these works (...)”.
The measures implemented are summarized as follows: 1) On 16 de marzo de 2020, through official letter OF-0200-IA-2020, the Regulatory Authority instructed AyA, in view of the public-health emergency caused by the COVID- 19 coronavirus, to adjust the amount billed for services to its subscribers (abonados) in the following cases of water rationing (racionamiento): a. When service was provided for fewer than 16 hours per day for at least 20 days per month; and b. When service was suspended for 24 hours on more than three consecutive days or more than 7 nonconsecutive days, in either case within the same month. The legal basis for this measure was article 95 of Reglamento AR-PSAYA-2015, which governs service providers’ duty to adjust the amount billed for services in the event of a discontinuity in the drinking-water supply service. “(...) Article 95. Adjustment of the amount billed for services in the event of discontinuity.
Subscribers to the water-supply service who receive discontinuous service for a reason that is not an act of God (caso fortuito), force majeure (fuerza mayor), a scheduled maintenance outage, the undertaking of improvements or new investments, or damage caused by third parties, but is instead attributable to the service provider, shall not be charged the fixed fee during the period of noncompliance; where there is no fixed fee, the invoice amount shall be reduced by 50%. The adjustment shall apply when the discontinuity entails: a. Provision of service for fewer than 16 hours per day for at least 20 days per month; and b. Suspension of service for 24 hours on more than three consecutive days or more than 7 nonconsecutive days, in either case within the same month. The provision of water through alternative supply systems shall not exempt the service provider from applying the fixed-fee payment exemption or the 50% reduction in the invoice amount.
Whether circumstances constitute an act of God or force majeure must be determined through an assessment by the service provider’s technical department or demonstrated by the subscriber to the Regulatory Authority. (...).” In this official letter, the Regulatory Authority reminded AyA that service providers are responsible for implementing a permanent planning policy to prevent rationing, based on efficiency standards and taking into account the adverse circumstances that arise during the annual low-water and drought season. In particular, AyA was instructed that it must be capable of developing adequate response capacity and a contingency plan to prevent water rationing during periods of drought. It was explained that service providers are aware that the impact of climate change on water resources results in limitations on the quantity of the resource and that, because continuity is one of the fundamental principles governing public services, they must make the necessary efforts to address, on a sustained rather than merely temporary basis, the water shortage affecting the localities to which they provide service.
(See evidence N°9). 2) On 16 de marzo de 2020, through the Press Release, Bulletin N°092020 dated 16 de marzo de 2020, citizens were informed of the preventive directive issued through official letter OF-0200-IA-2020 concerning the required reduction in water rates. (See evidence N°10).
In accordance with the foregoing actions taken by Aresep to reduce the impact of drinking-water rationing, it should be noted that those actions are based on the obligation of service providers to comply with the mandates set forth in Ley N°.7593, particularly the provisions of Article 14 thereof, which require every public-service provider to “(...) be prepared to ensure, in the short term, the provision of the service in response to increased demand” (subsection i), and to “provide the service under adequate conditions and with the regularity and safety indicated by its nature, the concession, or the permit” (subsection J). VI. REGARDING THE RIGHTS ALLEGED TO HAVE BEEN VIOLATED. The petitioner comes before this Constitutional Chamber, alleging that his right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as his right of access to drinking water, has been violated. In this regard, it is reiterated to this Court that Aresep has not violated any of the petitioner’s aforementioned rights, since this Regulatory Authority has taken no action or omission that infringes his rights; on the contrary, acting diligently within the scope of the powers granted by Ley 7593, it has undertaken a series of actions aimed at ensuring the full enjoyment of drinking-water service by the country’s population.” It requests that the petition against ARESEP be denied.
Justice Rueda Leal delivers the opinion; and,
Whereas:
Given that the Ministro de Salud failed to submit the requested report within the time limit established in article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the appeal shall be decided based on the other pleadings and evidence contained in the record.
The appellant, who resides in Hatillo 8, considers that his fundamental rights have been violated because the potable water service has been adversely affected as a result of the measures implemented by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. He further alleges that, during recent weeks, the service has been suspended for 12, 16, 18, and as many as 21 hours. He states that on 9 de marzo de 2020, the water service was suspended beginning at 9:00 hours and that, at the time the appeal was filed, he had been without the service for 31 hours. He questions how the respondent authorities expect the possible spread of the COVID-19 coronavirus to be mitigated when there is no water available for handwashing.
The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter, either because they have been substantiated or because the respondent authority failed to address them, as required in the initial order:
On 4 de marzo de 2020, one trip was made to “Hatillo 2-4-8.” On 6 de marzo de 2020, three trips were made to “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén.” On 7 de marzo de 2020, the following trips were made:
One to “Parque Nacional Mata Redonda – Hatillo #2 – Hatillo # 8.” One to “Hatillo 2-4-8.” On 8 de marzo de 2020, one trip was made to “Hatillo # 2 – Hatillo # 8 – INA Florida.” On 9 de marzo de 2020, four trips were made to “Hatillo 8 and surrounding areas.” On 11 de marzo de 2020, three trips were made to “Escuela Roosvet Hatillo 8 Hatillo 4 – Hospital Chacó Paut – women’s prison – Escuela República Haití – Hatillo 8.” (See documentary evidence).
“(…) Nevertheless, although the country is currently experiencing a public-health emergency, various communities throughout the country, especially in the Área Metropolitana de San José, are experiencing constant water rationing, which AyA justifies on the ground that, during the dry season, the aqueduct system faces a water deficit compounded by increased water consumption during the summer months.
In light of this, the Autoridad Reguladora reiterates that service providers are responsible for implementing a permanent planning policy designed to prevent situations such as this, based on efficiency standards and taking into account the adverse circumstances that occur during the annual low-water and drought periods. In particular, they must be capable of developing adequate response capacity and a contingency plan to prevent water rationing during drought periods.
The service providers are aware that the impact of climate change on water resources results in limitations on the quantity of the resource and, because continuity is one of the fundamental principles governing public services, they must make the necessary efforts to achieve sustained, rather than merely temporary, improvement of the water-shortage problem affecting the communities they serve.
The foregoing stands in contrast to the persistence of rationing problems over several years and in a large number of communities, reaffirming that these are not situations that may be classified as acts of God (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor).
Although the Autoridad Reguladora is aware of the institutional efforts made by the entities you represent to prevent the effects on the population arising from the water rationing that has occurred in recent years, this problem is becoming increasingly recurrent and affects a larger segment of the population. The causes are numerous, but this Autoridad Reguladora is particularly concerned about the backlog in infrastructure investment and the significant losses attributable to non-revenue water (agua no contabilizada, ANC). AyA must resolve both problems within a reasonable period.
Notwithstanding the warnings issued by the Autoridad Reguladora in this regard and, above all, the fact that the current outbreak of coronavirus disease (COVID-19) was known nationally and internationally, water rationing by AyA continues to be a recurrent measure, and users continue to suffer from a lack of water, thereby undermining the country’s healthcare system and, from a regulatory standpoint, the fundamental principle of continuity in the provision of public services. Pursuant to article 14, subsections i) and j), of Ley N°7593, AyA is required to be prepared to ensure the regular and safe provision of the service in the short term.
The various explanations AyA has provided in several forums regarding the reasons for the high levels of shortages in several areas of the country, especially in the Área Metropolitana de San José, do not support the conclusion that AyA should be exempted from the application of the aforementioned article 95 or that these are acts of God or cases of force majeure, given that, as stated above, rationing has occurred repeatedly over several years.
Accordingly, AyA is hereby instructed to adjust the amount billed for services to all customers affected by rationing in the following cases in which article 95 of Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015 applies, namely:
This provision is independent of other instructions issued requiring recurrent rationing situations to be corrected within a reasonable period; therefore, AyA may not assume that application of the aforementioned article 95 exempts it from correcting the identified problem.
Additionally, the mechanism it will implement to comply with this provision must be reported to this Autoridad Reguladora within a maximum period of five business days.” (See documentary evidence).
“(…) a. Submit, within six months, details of the uncommitted installed capacity or, failing that, the deficit (under critical summer conditions) for each of the water-supply systems (sistemas de acueducto) it administers. Consider an El Niño phase condition when calculating production from the captured source. b. In future submissions of its contingency plans, provide the following specific details for the outlying regions, as it does for the Región Área Metropolitana: The projects proposed to mitigate the effects of summer. The expected contribution, measured in terms of flow rate and population supplied, resulting from the implementation of these works (…)”. (See the report submitted under oath by the respondent authority).
“In light of the conditions found during the two oversight inspections concerning the conduct of the entity you represent, and given the exceptional public-health circumstances facing the country, three specific directives are reiterated in order to meet users’ needs in accordance with the regulations described herein and thereby help combat the disease caused by the COVI-19 virus: i. Observe the water-rationing schedules (horarios de racionamiento) that AyA communicates to users. ii. Provide alternative drinking-water supply services, as established in Articles 33 and 58 of regulation ARPSAYA-2015. iii. Comply with all conditions established in regulation AR-PSAYA-2015 in cases of water rationing”. (See the report submitted under oath by the respondent authority) t) ICAA installed a storage tank at Iglesia María Reina. (See the report submitted under oath by the respondent authority).
Phase/Activity Estimated start date Estimated completion date % completed Pre-investment phase 01/02/2019 10/02/2021 65.0 Financing phase 14/08/2019 03/08/2021 7.0 Final design phase 03/08/2021 29/07/2022 0.0 Tendering and award phase 29/07/2022 30/03/2023 - Implementation phase 30/03/2023 24/11/2023 0.0
In the sub lite matter, the documents in the case file show that, in 2017, 2018 and 2019, the ICAA found that, generally beginning in February, water-production sources begin to be depleted, reaching their lowest levels in April of each year; therefore, although it has the infrastructure needed to treat water for human consumption, the lack of rainfall reduces the available resource. Likewise, it is observed that the ICAA’s southern tanks experience supply shortages and provide water service to the Hatillos area. These tanks, in turn, draw water primarily from the La Valencia system and are supplemented by the Puente de Mulas systems (through Bello Horizonte) and the Tres Ríos system through the Curridabat tanks. In addition, it is noted that shortages depend on a series of factors, such as population demand (which varies according to the time of day, temperature, day of the week, etc.), current production, the level in the storage tank, the topographic elevation of the service location, the distance between the service location and the distribution point, among others.
Furthermore, the Court finds that, during the dry season in previous years, the southern tank system could be supplemented for longer periods with water from the Tres Ríos water-treatment plant; however, due to the problems affecting the entire aqueduct system, that supplementation has been minimized. It has also been established that the ICAA has developed several projects that are already operational and that, during the past two years, approximately 500 liters per second were added through the Doña Lela, San Miguel and Palermo wells and CNP 7, 8 and 9; nevertheless, this has not been sufficient to prevent the effects of the summer season currently being experienced. It is also verified that, in 2019, the ICAA began operating the Chigüite well, which adds 20 liters per second to the Tres Ríos system, thereby directly assisting the Curridabat system and making it possible to supplement the southern tanks at certain times of the day.
In addition, at the end of 2019, the Intendencia de Agua de la ARESEP requested that operators present their low-water-period plans (planes de estiaje) and the measures intended to reduce rationing in 2020. Regarding the plans submitted, the ARESEP emphasizes that sufficient resources have been approved to make the investments required in connection with rationing; nevertheless, the operators’ capacity to implement the projects has not been satisfactory. The Court notes that users may consult the following communication channels for information about service-disruption bulletins in their respective communities: 800- REPORTE (7376783); the SERVICIOS AYA mobile-device application; WhatsApp: 8376-5103; and Facebook: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. It has also been demonstrated that, beginning on March 6, 2020, the ICAA had approximately 100 l/s of additional flow rate (caudal) available at the Tres Ríos plant to supplement some of the affected systems, including the southern tank system.
The Chamber finds it established that, on March 9, 2020, the Hatillo 8 area ceased receiving potable water at 9:00 hours and that, when the amparo proceeding (recurso de amparo) was filed, that is, at 16:34 hours on March 10, 2020, the service had not been restored. In this regard, it is observed that the ICCA water-delivery logs record the following with respect to Hatillo 8: On March 4, 2020, one trip was made to “Hatillo 2-4-8.” On March 6, 2020, three trips were made to “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén.” On March 7, 2020, the following trips were made: One to “Parque Nacional Mata Redonda – Hatillo #2 – Hatillo # 8.” One to “Hatillo 2-4-8.” On March 8, 2020, one trip was made to “Hatillo # 2 – Hatillo # 8 – INA Florida.” On March 9, 2020, four trips were made to “Hatillo 8 y alrededores.” On March 11, 2020, three trips were made to “Escuela Roosvet Hatillo 8 Hatillo 4 – Hospital Chacó Paut – cárcel mujeres – Escuela República Haití – Hatillo 8.” It is further verified that, on March 12, 2020, the ICAA interconnected well W5 with the ME-A-17 La Valencia system, which will supplement the water supply in the capital’s most critical sectors, such as the Hatillos.
The Chamber verifies that, on March 16, 2020, the Intendencia de Agua de la ARESEP issued official letter No. OF-0200-IA-2020 to the executive president of the ICAA, providing as follows: “(…) Nevertheless, although the country is currently facing a public-health emergency, various communities throughout the country, particularly in Área Metropolitana de San José, are experiencing constant water rationing, which AyA has justified on the grounds that, during the dry season, the aqueduct system faces a water deficit compounded by increased water consumption during the summer months. In view of this, the Autoridad Reguladora reiterates that service providers are responsible for implementing a permanent planning policy that makes it possible to prevent situations such as this, based on efficiency standards and taking into account the adverse circumstances occurring during the annual low-water period and drought season.
In particular, they must be capable of developing adequate response capacity and a contingency plan to prevent water rationing during periods of drought. Service providers are aware that the impact of climate change on water translates into limitations on the quantity of the resource and, because continuity is one of the fundamental principles governing public services, it is essential that they make the efforts required to achieve sustained, rather than merely temporary, improvement in the water-shortage problem affecting the communities they serve. The foregoing contrasts with the persistence of rationing problems over several years and in a large number of communities, reaffirming that these are not situations that may be classified as fortuitous events (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor). Although the Autoridad Reguladora is aware of the institutional efforts made by the entities you represent to prevent the impacts on the population resulting from the water rationing that has occurred in recent years, this problem is becoming increasingly recurrent and affects an ever-larger population.
There are multiple reasons, but this Autoridad reguladora is particularly concerned by the backlog in infrastructure investment and the significant losses attributable to non-revenue water (agua no contabilizada, ANC). AyA must resolve both problems within a reasonable period. Notwithstanding the warnings issued by the Autoridad Reguladora in this regard and, above all, the fact that the current outbreak of coronavirus disease (COVID-19) was known nationally and internationally, AyA continues to resort repeatedly to water rationing, and users continue to suffer from a lack of water, thereby undermining the country’s healthcare system and, from a regulatory standpoint, the fundamental principle of continuity in the provision of public services; pursuant to Article 14, subsections i) and j), of Ley N°7593, it is obligated to be prepared to ensure the regular and safe provision of the service in the short term.
The various explanations AyA has offered before several bodies concerning the reasons that have led to severe shortages in various areas of the country, particularly in Área Metropolitana de San José, do not support the conclusion that it should be excluded from the application of the aforementioned Article 95 or that these constitute fortuitous events or force majeure, given that, as previously indicated, rationing has occurred repeatedly over several years. Consequently, AyA is hereby instructed to adjust the amounts billed for services to all subscribers affected by rationing in the following cases in which Article 95 of the Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015 applies, namely: a) When service is provided for fewer than 16 clock hours per day for at least 20 calendar days per month; and b) When service is suspended for 24 clock hours on more than three consecutive calendar days or more than 7 nonconsecutive calendar days, in either case within the same month.
This provision is independent of others issued for the purpose of correcting, within a reasonable period, the repeatedly occurring rationing situations; AyA therefore may not assume that the application of the aforementioned Article 95 relieves it of the obligation to correct the identified problem. In addition, this Autoridad Reguladora must be informed, within no more than five business days, of the mechanism it will implement to comply with this provision.” It is further confirmed that, on March 27, 2020, the ICAA interconnected a new well (W16) with the ME-A-17 La Valencia system, which will supplement the water supply in the capital’s most critical sectors, such as the Hatillos. This well has a production capacity of 75 liters per second (l/s), equivalent to the daily consumption of 18.500 people. In addition, on that same day, that is, March 27, 2020, the ICAA began replacing pipes in sectors of Hatillo with higher-capacity pipes, which will increase the flow available to households on calle Villanea, calle 50A, calle 52, calle 54A and the alameda between calles 54 A and calle 56; the work is 70% complete, as the interconnections and service connections (acometidas) remain outstanding.
Meanwhile, on March 31, 2020, through official letter OF-0256-IA-2020, the Intendencia de Agua de la ARESEP addressed the ICAA’s shortage forecasts and contingency plans for summer 2020 and recommended: “(…) a. Within six months, submit details of the uncommitted installed capacity or, failing that, the deficit (under critical summer conditions) for each aqueduct system it operates. Take an El Niño phase condition into account when calculating production from the captured source. b. In future presentations of its contingency plans, provide the following specific details for outlying regions, just as it does for the Región Área Metropolitana: The projects proposed to mitigate the effects of summer. The expected contribution from implementing these works, measured in flow rate and population supplied (…)”. On April 2, 2020, through official letter 0276-IA-2020, the Intendencia de Agua de la ARESEP forwarded the results of several inspections to the ICAA and stated: “In view of the conditions found during the two oversight visits regarding the conduct of the entity you represent, and given the exceptional public-health circumstances the country is facing, three specific directives are reiterated in order to meet users’ needs in accordance with the regulations described herein and thereby help combat the disease caused by the COVI-19 virus: i. Observe the rationing schedules that AyA communicates to users. ii.
Provide alternative potable-water supply services, as established in Articles 33 and 58 of Regulation ARPSAYA-2015. iii. Comply with all conditions established by Regulation AR-PSAYA-2015 in cases of rationing.” It is also noted that the ICAA installed a storage tank at Iglesia María Reina.
Finally, the Chamber finds it established that ICAA is carrying out the project “BPIP N° 2680: Expansion of Metropolitan Aqueduct Production through the Implementation of New Wells in San Rafael, Alajuela” in order to improve drinking-water supply conditions in sectors critically affected during the dry season, such as the southern neighborhoods, including Hatillo. The project began on 1º de febrero de 2019 and is scheduled for completion on 1º de noviembre de 2023.
Now, regarding the issue of drinking-water shortages (desabastecimiento de agua potable) during the dry season, this Court has followed the line of precedent reflected in judgment no. 2019-019080 at 9:20 on 4 de octubre de 2019, which held:
“III.- Regarding drinking-water shortages during the dry season. With respect to this problem, which currently affects many communities throughout the national territory, this Chamber, in judgment No. 2019-007183 at 9:20 hrs. on 26 de abril de 2019, held as follows:
“…III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. Although it is true that this Court has repeatedly recognized in its case law that access to drinking water is a constitutional right derived from, among others, the rights to health, life, a healthy environment, food, and adequate housing, it is also true that multiple problems involving shortages of this vital resource currently arise during the dry season (to the same effect, see judgments Nº 2009-12511 at 17:59 on 11 de agosto del 2009, Nº 2010-015448 at 12:15 on 17 de setiembre de 2010, Nº 2014-004918 at 14:30 on 09 de abril de 2014, Nº 2017-006082 at 09:45 hrs. on 28 de abril de 2017, and Nº 2016-007550 at 09:05 on 3 de junio de 2016). In this regard, the State is responsible for implementing the necessary and optimal measures to provide an effective solution to these problems. From this perspective, the record establishes that water service interruptions have occurred in recent months in the area identified by the appellant (recurrente), as acknowledged and detailed by the respondent authority (autoridad recurrida).
Nevertheless, it was established that the service suspensions complained of by users were not the result of negligence or arbitrariness on the part of the respondent Institute (Instituto accionado), but rather were due to a general shortage affecting all systems during the dry season. In this regard, it was established that the respondent authority had announced through various media that water rationing (racionamientos de agua) would occur during this season because of the deficit caused by reduced flow rates supplying the collection tanks and by increased water consumption. Specifically, Zapote belongs to the San José Operations Zone, which is supplied with water stored in the Tanques de Curridabat, which in turn receive water from the Sistema de Tres Ríos. The record shows that, under normal production conditions, the Tanques de Curridabat begin the day with a storage volume of 85%; however, their levels currently reach only 20% of capacity, making the area prone to shortages.
These occur when demand from the population exceeds the available stored supply and vary depending on population demand, current production, the level in the storage tank, the service’s topographic elevation, the distance between the service location and the distribution point, the elevation of the area, etc. Zapote is one of the highest-elevation areas, and therefore the impact of the water shortage will be greater; this impact occurs only during the dry season and not continuously throughout the year. Shortages normally begin at around 10:00 a.m., and the system begins to recover at around 11:00 p.m. This problem is addressed by distributing water using tanker trucks to vulnerable population centers. The respondents (accionados) stated that they had carried out work to reinforce the system and benefit communities in the highest-elevation sectors. They had also created interconnections in the La Pacífica area to transfer that sector to another operations zone and thereby reduce the area covered by the Tanques de Curridabat, and they had expanded the operation supplied by the Cipreses tank to cover part of San José that had previously been supplied exclusively by the Tanques de Curridabat.
As a long-term measure, the respondent Institution is promoting projects focused on controlling non-revenue water (agua no contabilizada). As a result, it has worked to develop new sources that are currently operating for the benefit of the GAM population, and it has been working on preparing a project intended to increase production benefiting the GAM by up to 2500 liters per second; that project is in the design stage and would be completed in 2025. They also establish that the Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP 9, and CNP 10 wells are currently operating in the GAM. This Court considers that, although it has been established that a shortage of drinking-water service does indeed exist in the community where the appellant resides, the respondent authorities demonstrated that they have acted within their material capabilities to achieve an adequate redistribution. This Chamber also considers that the shortage occurs only during the dry season, not during every month of the year or every hour of the day, and that this situation is communicated to the public through various media.
Additionally, the Court takes into account that the Institution has carried out work to reinforce the system and has adopted corrective and preventive measures, including a study concerning the development of new sources that are currently operating, which will benefit the GAM population and is intended to increase production by up to 2500 liters per second. In view of the foregoing, the Chamber finds that the Administration was not remiss in addressing the problems with the provision of drinking-water service in the affected area; consequently, the appeal (recurso) must be denied, as it hereby is. The foregoing is without prejudice to reminding the respondent Institution of its duty to continue carrying out work to reinforce the system and prevent shortages during the dry season…”.
IV.Regarding the water supply shortage (desabastecimiento de agua) alleged by the petitioners. In the case at bar (sub lite), the petitioners allege arbitrary rationing (racionamientos) of the potable water supply in the Mata Redonda sector. Regarding those facts, the reports signed by the General Manager and the Deputy Manager of GAM Systems Management, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados—which are deemed to have been submitted under oath, following due warning of the consequences, including criminal penalties, provided for in Article 44 of the law governing this jurisdiction—acknowledge that the aforementioned locality, together with the rest of the Acueducto Metropolitano, is being affected by the impact of this year’s dry season. They clarify, however, that supply interruptions occur in the Mata Redonda sector during certain hours of the day, always in the afternoon, and therefore the population does have access to potable water through the pipeline network for much of the day.
They have explained that, because of the onset of that season in the country, the flow rates of the sources decrease, thereby reducing production flow rates. They also maintain that this situation is attributable to an increase in consumption by the population because seasonal conditions create demand for a greater quantity of water than during the rainy season. Likewise, they report that, despite the country being in months when the rainy season is typically already established, due to the influence of the El Niño–Southern Oscillation (ENSO) phenomenon, rainfall has not been sufficient to recharge the sources, and the systems have continued to experience impacts resulting in a more pronounced decrease in the flow rates that the Institution can draw from those sources for treatment and supply to the population. Nevertheless, they state that the entity they represent has proceeded to inform the population of the situation the country is experiencing with respect to the reduction in natural sources of potable water, which affects not only the Mata Redonda areas but extends throughout the national territory.
They state that AyA makes the following channels available to users for reporting events affecting the provision of water service: the 800-REPORTE line (7376783), the AyA website, the mobile application (available for download on the Android and iOS platforms), “Servicios AyA,” the institutional WhatsApp account, 57 in-person service locations, and the Facebook page. In addition, through its supply-shortage bulletins, it indicates a time at which it is believed that, on average, the population will have no service; however, during the indicated period, some people in the lower parts of the pressure zone will still have service, while those living in the higher parts will already have been without service for some time. In this context, the Chamber understands that the alleged situation does not arise directly from material impossibility, but rather from external, uncontrollable, and unforeseen conditions that temporarily, rather than permanently, affect the provision of the public service at issue.
These circumstances have compelled the respondent institution to use the media to report on the condition of the systems and to ask the population to take appropriate measures to cope with the shortages until the sources recover their customary flow rates, as well as to recognize the need not to waste the available resource. Although the Chamber understands that this is an essential service, the fact remains that, in addition to the existence of an objective cause, the respondent authority has adopted measures to address the problem; in other words, it has not neglected the situation alleged by the petitioners. It should be noted that, as part of the Institution’s efforts to reduce the effects of the shortages, several projects have been developed and are already operating. Last year, approximately 500 liters per second were added through the Dona Lela, San Miguel, and Palermo wells and CNP 7, 8 and 9; however, this was not sufficient to prevent the effects of the dry season currently being experienced.
The Chigüite well has also just been placed into operation, adding 20 liters per second to the Tres Ríos system, thereby directly assisting the Curridabat system and allowing the Tanques del Sur to be reinforced during certain times of the day. In addition to the foregoing, contrary to what was alleged by the protected parties, during the last six months of 2019 no potable water service availability (disponibilidad en el servicio de agua potable) was granted for real estate developments in the Mata Redonda — San José sector. Indeed, the last three applications for availability were denied, and the interested parties were given a letter indicating the infrastructure they would have to build at their own expense before potable water service availability could be granted. Likewise, the real estate projects currently under construction in that locality have the corresponding potable water service availability, approved well before the supply-shortage problems arose in the area.
Moreover, the real estate projects under construction are supplied through a single meter and have a storage tank and private pumping system. Under this reasoning, as in the preceding case, the appropriate course is to dismiss the petition because it was not shown that AyA’s failure to provide potable water service was capricious, arbitrary, or unfounded; it was likewise established that solutions have been sought for the problem caused by the geographical and climatic conditions affecting the Mata Redonda area and that measures have been taken to address that situation. Moreover, the alleged indiscriminate construction—which is not in fact indiscriminate—has no bearing on the aforementioned problem.”
For its part, in Judgment No. 2019-008791 at 9:30 a.m. on May 17, 2019, this Court ruled:
“III.- Regarding noncompliance with the rationing schedules. After analyzing the evidence submitted, this Court rules out any infringement of the petitioner’s right to health. The report submitted by the respondent authority establishes that on April 23 and 24, 2019, there was a supply shortage in various communities around Guadalupe, specifically in Santa Eduviges. First and foremost, it must be clear that, according to the ICAA, the institution does not impose rationing in the sector where the amparo petitioner (amparado) resides; the disruption is caused by a shortage when the population consumes all available stored water, namely, the water that could be stored overnight when demand from the population decreases, given the scarcity caused by the dry season. According to the ICAA’s explanation, the pipeline network functions as a large storage tank because, once the storage tanks have been emptied, water remains inside the pipes and its consumption cannot be detected.
Once the tank is empty, the pipeline gradually drains, but at an unknown rate because it depends on many factors, such as the weather, the day of the week, and the time of day, and therefore varies each day. This makes it almost impossible to predict when the water available to the user will run out. Through its supply-shortage bulletins, the ICAA indicates a time at which it believes that, on average, the population will have no service; however, during the indicated period, some people in the lower parts of the pressure zone will still have service, while those living in the higher parts will have been without service for a longer period. Accordingly, the respondent institution cannot be blamed for failure to adhere to the approximate schedule for supplying water, because this is not something the entity plans; rather, it depends directly on demand and the system’s particular conditions, including climatic conditions.
IV.The report submitted under oath by the Executive President of the ICAA, together with a review of the evidence provided, shows that the respondent entity has implemented measures intended to mitigate the effects of the water shortage, including: a) supplying water by tanker trucks, especially to educational institutions and health centers; b) on April 8, 2019, opening a connection between the Guadalupe and Moravia zones to reinforce the Guadalupe sector; c) on April 7 and 11, 2019, repairing major non-visible leaks that were affecting the system; d) on April 9, 2019, enabling a “bypass” to provide additional reinforcement from the Guadalupe tank to the San Blas tank; e) imposing rationing in the Coronado, Los Cuadros, and Montes de Oca sectors in order to reinforce the Guadalupe supply with water from the Planta de Tres Ríos—that is, to distribute the deficit; f) coordinating with ICE to extract more water from the reservoir during this dry season in order to increase production at Tres Ríos, and approximately 100 l/s of additional flow is currently available at the Planta de Tres Ríos to reinforce some of the affected systems, including Guadalupe; and g) in the long term, implementing the Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano is planned, which seeks to increase production benefiting the Gran Área Metropolitana by up to 2500 liters per second and is projected to be completed in the year 2025.
In this Court’s view, the ICAA has diligently addressed the reported problem. Under this reasoning, this aspect of the petition is inadmissible. Notwithstanding the foregoing, this Chamber reminds the ICAA of its obligation, as the governing entity for water-resource management, to continue implementing the measures necessary to address the water-shortage problem so as to lessen its impact on users’ quality of life and guarantee the right of access to potable water.”
In view of the foregoing, in the present case, the Court considers that, in principle, the failure to provide potable water service alleged by the protected party is attributable to a supply-shortage problem. However, in light of the national emergency caused by the COVID-19 coronavirus, it is necessary to reconsider the aforementioned line of precedent. Thus, in the case at bar, the Chamber observes that the reported supply-shortage problem dates back to the year 2017 and that ARESEP indicated that the ICAA has a backlog in infrastructure investment, as well as significant losses due to unaccounted-for water (agua no contabilizada). In addition, the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos clearly stated that the potable water service operators’ capacity to execute projects has not been at the desired level.
In view of the foregoing, the Court considers it appropriate to cite Judgment No. 2020-007754 at 9:45 a.m. on April 24, 2020, in which the Chamber heard a case similar to the one at issue. That decision held as follows:
“Hence, before continuing to validate any water-shortage situation, and in view of the COVID-19 pandemic (whose fatal repercussions in other parts of the world are public and well known), the ICAA must implement the appropriate measures to resolve, in the short term, the problems caused by the scarcity of water at production sources, without prejudice to any medium- and long-term solutions it may have planned. This is ordered because access to this resource during the pandemic is essential to prevent further spread, in accordance with the recommendations of the Ministerio de Salud. It should be noted that, after being notified of these amparo proceedings (recurso de amparo), the ICAA established two interconnections with wells to bolster the supply in the affected systems and, furthermore, replaced pipes in Hatillo 2 with higher-capacity pipes, demonstrating that it did have measures available to at least attempt to mitigate the situation; nevertheless, the record does not show that these measures resolved the alleged problem.
Although it appears that the ICAA has sought to distribute potable water by tanker trucks in Hatillo 2, it is unclear whether the amount of water was sufficient to meet the basic needs of the affected persons. In this regard, the fact that, over a period of forty hours, the petitioner had access to the service for less than two hours illustrates the magnitude of the problem and demonstrates the violation of the petitioner’s right of access to water. Accordingly, the appeal must be granted against the ICAA, under the terms to be set forth in the operative part of the judgment.
With respect to the other respondent authorities, it is not evident that they bear any direct responsibility for the acts alleged by the petitioner. Hence, the appeal against them is denied.” The Chamber considers that the precedent transcribed above is applicable to the case at hand, since it finds no grounds for changing the criterion expressed therein or any reasons for assessing the challenged situation differently. Thus, in this case, the Court finds that the protected party’s right of access to water was violated because the potable-water supply at his place of residence, namely Hatillo 8, was suspended for periods of up to 31 hours. Therefore, in the sub judice case, there is a shortage in the provision of potable-water service affecting the residents of Hatillo 8, a situation aggravated by the coronavirus COVID-19 pandemic; consequently, the appropriate course is to grant the appeal with respect to the ICAA, in accordance with the operative part of this judgment. Finally, the record does not indicate that the situation challenged by the protected party was caused by acts or omissions of the other respondent authorities; therefore, the Court considers it appropriate to deny the appeal as to the Ministerio de Salud, the Municipalidad de San José, and ARESEP.
The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device or produced using new technologies, such items must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from the date of notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is partially granted solely with respect to the ICAA. Manuel Antonio Salas Pereira, in his capacity as General Manager of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds that office, is ordered to IMMEDIATELY issue the appropriate directives and arrange, within the scope of his authority, whatever is necessary so that, in the event of prolonged interruptions of water service and taking into account the coronavirus COVID-19 pandemic, the affected population is guaranteed sufficient distribution of that resource to meet their basic needs and implement the hygiene recommendations issued by the health authorities. In addition, within ONE MONTH, the appropriate measures must be implemented to resolve, in the short term, the problems caused by the scarcity of production sources, without prejudice to any medium- and long-term solutions that may be planned.
It is hereby warned that failure to comply with this order may constitute the offense of disobedience and that, pursuant to article 71 of the Ley la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an appeal for constitutional relief that must be complied with or enforced and who fails to comply with or enforce it shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the administrative-litigation jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso administrativo). In all other respects, the appeal is denied. Let notice be served.
Fernando Castillo V.
President Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
*M0K39N4ECYA61* CASE FILE N° 20-004869-0007-CO Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Filing of matters involving vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
Revisión del Documento *200048690007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del ocho de mayo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-004869-0007-CO, interpuesto por GABRIEL BLANCO ALFARO, cédula de identidad 0112700032, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), el MINISTERIO DE SALUD, la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ y la AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP).
Resultando:
Fase/Actividad Fecha estimada de inicio Fecha estimada de finalización % completado Fase de Pre-inversión 15/01/2019 09/02/2021 64.00 Fase de financiamiento 15/07/2019 03/06/2021 79.00 Fase de diseño final 31/10/2019 08/07/2021 10.00 Fase de licitación y adjudicación 15/06/2020 03/02/2022 - Fase de ejecución 16/12/2019 01/11/2022 13.00 10. BPIP N° 2680: Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de 2 pozos (Goal 1 y Goal 2) ubicados en la propiedad con número de catastro 2-1682624-2013 perteneciente al Consejo Nacional de Producción (CNP). La producción de estos pozos se pretende incorporar al sistema ME-A-19 Puente de Mulas. Además, desde la Estación de Bombeo Santa Ana, se impulsará caudal hacia la Estación de Bombeo Puente de Mulas 2 en Escazú a través de la construcción de una línea de aproximadamente 1km que interconectará ambas estaciones de bombeo, para así mejorar las condiciones del servicio de abastecimiento de agua potable en sectores con afectación crítica durante la época seca, tales como los barrios del sur -entre ellos Hatillo- de San José, Alajuelita y San Juan de Dios de Desamparados. Ciclo de vida del proyecto:
Inicio 01/02/2019 Fin 01/11/2023 Fase/Actividad Fecha estimada de inicio Fecha estimada de finalización % completado Fase de Pre-inversión 01/02/2019 10/02/2021 65.0 Fase de financiamiento 14/08/2019 03/08/2021 7.0 Fase de diseño final 03/08/2021 29/07/2022 0.0 Fase de licitación y adjudicación 29/07/2022 30/03/2023 - Fase de ejecución 30/03/2023 24/11/2023 0.0 (…) San José, 17 de abril del 2020”.
7- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:52 horas de 21 de abril de 2020, rinde informe bajo juramento Johnny Araya Monge, en su condición de alcalde de San José. Señala que a la municipalidad le constan que en varios sectores del cantón Central de San José, durante los meses de febrero y marzo de este año, se han dado racionamientos o suspensiones del servicio de agua potable. Refiere que la municipalidad ha tenido que contratar camiones cisterna para abastecer algunos de los Centros de Cuidos y Desarrollo Infantil (CEDUDI), ubicados en los distritos de Hatillo y Pavas, así como centros de dormitorio para personas en condición de indigencia, oficinas administrativas y edificios municipales, lo cual ha complicado la prestación de ciertos servicios. Señala que se conoce la problemática que enfrentan los vecinos en cuanto a los racionamientos de agua potable, lo cual afecta al comercio, industria, oficinas públicas y a la misma municipalidad.
Menciona que desconoce los horarios de los racionamientos o suspensiones del servicio. Manifiesta que no le consta si se ha restablecido el servicio o si este se brinda de forma ininterrumpida. Acota que la municipalidad no presta el servicio de agua potable, toda vez que eso es competencia exclusiva del ICAA. Afirma que el gobierno local no tiene disponibilidad de abastecer a los vecinos del cantón con agua potable, ya que no tiene la infraestructura ni el equipo necesario. Asevera que el problema no es nuevo, sino que se dio en 2014, 2015 y 2016. Explica que las suspensiones del servicio de agua potable, según se ha informado, son ejecutadas por el ICAA y obedecen a la falta del recurso hídrico en el país, a fenómenos naturales como el ENOS y a la insuficiente capacidad de poder atender a la población en general, lo que origina desabastecimientos del recurso hídrico en zonas críticas, tales como Hatillo, Pavas, Zapote, entre otros.
Arguye que en el sitio web del ICAA hay información sobre la suspensión del servicio en distintas zonas del territorio. Reitera que el gobierno local ha sufrido las consecuencias de los racionamientos del servicio de agua potable, por lo que ha contratado camiones cisterna para abastecer Centros de Cuido y de Desarrollo Infantil, centros de dormitorio para atender población indigente, oficinas y edificios administrativos, que se mantienen abiertos para afrontar la emergencia de la pandemia del coronavirus COVID-19. Expone que la municipalidad ha sido cautelosa en temas de renovación y planificación urbana para prevenir ese tipo de problemas. Añade que se verifica que los proyectos tengan evaluación de impacto ambiental y que las solicitudes de permisos de construcción cuenten previamente con la respectiva Disponibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del ICAA. Indica que se han tomado acuerdos con otras municipalidades (La Unión, Curridabat y Montes de Oca) para rescatar la cuenca de Río María Aguilar y los acuíferos existentes en ese cause, replicándose también la iniciativa para el río Torres, para efectos de cuidar el recurso hídrico.
Señala que, respecto a la aludida pandemia, que la municipalidad ha implementado, junto con la Fundación Pro Mundo, lavamanos móviles que están ubicados en los parques de la Merced, Central y Líbano. Agrega que el gobierno municipal ha implementado otras acciones de carácter general para colaborar con otros entes de la administración pública como lo son: “Control permanente de actividades comerciales cerradas según directrices de las autoridades de salud; Apoyo al control con seguridad en las entradas de emergencia del Hospital de Niños y San Juan de Dios; Apoyo al control de la restricción vehicular sanitaria; Monitoreo y control de áreas públicas municipales cerradas como parques y otras zonas públicas de recreación; Apoyo a los requerimientos de la Comisión Nacional de Emergencias; Apoyo logístico y seguridad al operativo de desinfección realizado por la Función Pro Mundo (Chepe se baña), con respecto a las personas en situación de calle; Lavado de aceras y espacios públicos altamente transitados; Desinfección de sitios prioritarios: Aceras de alrededor de centros hospitalarios, mercados, paradas de buses y puentes peatonales”.
Afirma que no hay registro particular en la municipalidad de que el tutelado haya requerido de manera formal algún tipo de acción, o que haya hecho saber su problema. Señala que este Tribunal ha dispuesto que debe hacerse saber de manera previa la gestión ante la administración correspondiente ante una desidia. Pide que se declare sin lugar el recurso.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
En vista de que el Ministro de Salud omitió rendir el informe solicitado dentro del plazo establecido en el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se entra a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas contenidos en los autos.
El recurrente, quien reside en Hatillo 8, estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez el suministro del servicio de agua potable ha sufrido una afectación, en virtud de las medidas implementadas por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Además, alega que durante las últimas semanas la suspensión de tal servicio ha sido de 12, 16, 18 y hasta 21 horas. Narra que el 9 de marzo de 2020 la suspensión del servicio de agua se produjo desde las 9:00 horas y que al momento de interposición del recurso tiene 31 horas sin contar con tal servicio. Cuestiona cómo las autoridades recurridas pretenden que se mitigue el posible contagio del coronavirus COVID-19 si no se cuenta con agua para lavarse las manos.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
El 4 de marzo de 2020 se hizo un viaje a “Hatillo 2-4-8”.
El 6 de marzo de 2020 se llevaron a cabo tres viajes a “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén”.
El 7 de marzo de 2020 se efectuaron los siguientes viajes:
Uno a “Parque Nacional Mata Redonda – Hatillo #2 – Hatillo # 8”.
Uno a “Hatillo 2-4-8”.
El 8 de marzo de 2020 se efectuó un viaje a “Hatillo # 2 – Hatillo # 8 – INA Florida”.
El 9 de marzo de 2020 se hicieron cuatro viajes a “Hatillo 8 y alrededores”.
El 11 de marzo de 2020 se realizaron tres viajes a “Escuela Roosvet Hatillo 8 Hatillo 4 – Hospital Chacó Paut – cárcel mujeres – Escuela República Haití – Hatillo 8”. (Ver prueba documental).
“(…) No obstante, y pese a que el país se encuentra actualmente en una situación de emergencia sanitaria, diferentes localidades del país, especialmente en Área Metropolitana de San José, se encuentran sufriendo constantes racionamientos de agua, justificado por el AyA en que esto sucede porque durante la época seca, el sistema de acueducto afronta un déficit de agua sumado al aumento en el consumo del líquido durante los meses de verano.
Ante esto, la Autoridad Reguladora reitera que es responsabilidad de os prestadores implementar una política permanente de planificación que permita prevenir situaciones como esta, basados en estándares de eficiencia y considerando las circunstancias adversas que se dan durante la época anual de estiaje y de sequía. En particular, deben ser capaces de desarrollar una capacidad de respuesta y un plan de contingencia adecuado para evitar los racionamientos de agua en los periodos de sequía.
Los prestadores tienen conocimiento que el impacto del cambio climático en las aguas se traduce en una limitación en la cantidad del recurso y siendo uno de los principios fundamentales de los servicios públicos su continuidad, es indispensable que realicen los esfuerzos necesarios para mejorar de manera sostenida y no solo momentánea el problema de escasez de agua que afecta a las localidades a las que les brinda el servicio.
Lo anterior contrasta con la persistencia de los problemas de racionamiento a lo largo de varios años y en una gran cantidad de comunidades, lo que reafirma que no se trata de situaciones que se puedan catalogar como caso fortuito o fuerza mayor.
Aunque la Autoridad Reguladora es consciente de los esfuerzos institucionales realizados por sus representadas para evitar los impactos en la población derivados de los racionamientos de agua que se han dado en los últimos años, este problema es cada vez más recurrente y afecta a una mayor cantidad de población. Las razones son múltiples, pero llama la atención de esta Autoridad reguladora el rezago en la inversión en infraestructura y las significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada (ANC). Es imprescindible que AyA solucione ambos problemas en un plazo prudencial.
No obstante las advertencias realizadas por la Autoridad Reguladora sobre el particular y sobre todo, haberse tenido conocimiento a nivel nacional e internacional del actual brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), los racionamientos de agua por parte del AyA continúan siendo una medida recurrente y los usuarios siguen sufriendo la falta de agua, vulnerando con ello el sistema de salud del país y desde el punto de vista regulatorio, el principio fundamental de continuidad en la prestación de los servicios públicos; siendo su obligación de acuerdo con el artículo 14 incisos i) y j) de la Ley N°7593, el estar preparados para asegurar en el corto plazo la prestación del servicio de manera regular y segura.
Las diferentes explicaciones que ha ofrecido el AyA en varias instancias sobre las razones que han llevado a los altos niveles de desabastecimiento de varias zonas del país, especialmente en el Área Metropolitana de San José, no permite concluir que se les deba excluir de la aplicación del citado artículo 95 o que se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, dado que, tal y como se indicó anteriormente, la situación de racionamientos se ha presentado en forma recurrente a lo largo de varios años.
En consecuencia, se instruye en este acto al AyA, para que proceda con el ajuste en el monto de la facturación de los servicios a todos sus abonados afectados por los racionamientos, para los siguientes casos en que aplica el artículo 95 del Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015 sea:
Esta disposición es independiente de otras que han girado en el sentido de corregir en un tiempo prudencial las situaciones de racionamiento que recurrentemente se han presentado; por lo que AyA no puede asumir que la aplicación del citado artículo 95 le exime de corregir la problemática tipificada.
Adicionalmente, debe comunicarse a esta Autoridad Reguladora, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el mecanismo que implementará para cumplir con esta disposición”. (Ver prueba documental).
“(…) a. Presentar en un plazo de seis meses el detalle de la capacidad instalada no comprometida o en su defecto el déficit (en las condiciones críticas de verano) para cada uno de los sistemas de acueducto que administra. Considerar una condición de fase de El Niño para el cálculo de producción de la fuente captada. b. En nuevas presentaciones de sus planes de contingencia, para las regiones periféricas al igual que lo hace para la Región Área Metropolitana, detallar en concreto: Los proyectos que se plantean para paliar los efectos del verano. El aporte esperado, medido en caudal y en población abastecida, de la implementación de estas obras (…)”. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).
“Ante las condiciones encontradas en las dos visitas de fiscalización sobre el actuar de su representada y dada la especial coyuntura sanitaria por la que atraviesa el país, se reiteran tres disposiciones puntuales con el fin de satisfacer las necesidades de las personas usuarias, según la normativa que se describe en la presente y de esta manera contribuir a combatir la enfermedad por el virus COVI-19: i. Respectar los horarios de racionamiento que informa el AyA al usuario. ii. Brindar los servicios alternativos de suministro de agua potable, tal y como lo establece el artículo 33 y 58 del reglamento ARPSAYA-2015. iii. Cumplir con todas las condiciones que establece el reglamento AR-PSAYA-2015 en el caso de racionamientos”. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida) t) El ICAA instaló un tanque de almacenamiento en la Iglesia María Reina (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).
Fase/Actividad Fecha estimada de inicio Fecha estimada de finalización % completado Fase de Pre-inversión 01/02/2019 10/02/2021 65.0 Fase de financiamiento 14/08/2019 03/08/2021 7.0 Fase de diseño final 03/08/2021 29/07/2022 0.0 Fase de licitación y adjudicación 29/07/2022 30/03/2023 - Fase de ejecución 30/03/2023 24/11/2023 0.0
En el sub lite, de los autos que constan en el expediente se desprende que, en los años 2017, 2018 y 2019, el ICAA experimentó que, generalmente, a partir de febrero, se comienzan a agotar las fuentes de producción de agua, las cuales llegan a sus mínimos en abril de cada año, por lo que, pese a que cuenta con la infraestructura para potabilizar el agua, la falta de lluvias disminuye el recurso disponible. De igual forma, se observa que los tanques del sur del ICAA tienen problemas de desabastecimiento y son los que suplen el servicio de agua para la zona de los Hatillos. Estos tanques a su vez toman el líquido principalmente del sistema La Valencia y se refuerzan con los sistemas de Puente de Mulas (a través de Bello Horizonte) y de Tres Ríos por medio los tanques de Curridabat. Además, se advierte que los desabastecimientos dependen de una serie de factores tales como: la demanda de la población (que varía con la hora del día, la temperatura, el día de la semana, etc), la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, entre otras.
Por otra parte, el Tribunal constata que, en la época seca de años anteriores, el sistema de tanques del sur se podía reforzar por más tiempo con agua proveniente de la planta potabilizadora de Tres Ríos; no obstante, debido a los problemas que se afrontan en todo el acueducto, ese refuerzo se ha minimizado. Asimismo, se tiene por acreditado que el ICAA ha desarrollado varios proyectos que ya están en operación y, en los dos últimos años, se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Doña Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; empero, no ha sido suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. Por otra parte, se verifica que, en el año 2019, el ICAA comenzó a operar el pozo Chigüite que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat, lo que permite reforzar durante algunos momentos del día los tanques del sur.
Además, a finales de 2019, la Intendencia de Agua de la ARESEP solicitó a los operadores exponer sus planes de estiaje y las acciones para disminuir los racionamientos en 2020. De los planes aportados, la ARESEP destaca que se han aprobado los recursos suficientes a los efectos de realizar las inversiones necesarias para los racionamientos; no obstante, la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores no ha sido la deseable. El Tribunal observa que los usuarios pueden consultar los siguientes canales de comunicación para informarse de los boletines de afectación en sus respectivas comunidades a través: línea 800- REPORTE (7376783); aplicación para dispositivos SERVICIOS AYA; WhatsApp: 8376-5103 y Facebook: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Por otra parte, se tiene por demostrado que, a partir del 6 de marzo de 2020, el ICAA dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la planta de Tres Ríos para reforzar algunos de los sistemas afectados entre los que se incluye el de tanques del sur.
La Sala tiene por acreditado que, el 9 de marzo de 2020, la zona de Hatillo 8 dejó de recibir el suministro de agua potable desde las 9:00 horas y al momento de interposición del recurso de amparo, sea, a las 16:34 horas del 10 de marzo de 2020, no se había restablecido tal servicio. Al respecto, se observa que las bitácoras de reparto de agua del ICCA consignan, en relación con Hatillo 8, lo siguiente: El 4 de marzo de 2020 se hizo un viaje a “Hatillo 2-4-8”. El 6 de marzo de 2020 se llevaron a cabo tres viajes a “Hatillo 8, 2, Colegio Brenes Mesén”. El 7 de marzo de 2020 se efectuaron los siguientes viajes: Uno a “Parque Nacional Mata Redonda – Hatillo #2 – Hatillo # 8”. Uno a “Hatillo 2-4-8”. El 8 de marzo de 2020 se efectuó un viaje a “Hatillo # 2 – Hatillo # 8 – INA Florida”. El 9 de marzo de 2020 se hicieron cuatro viajes a “Hatillo 8 y alrededores”. El 11 de marzo de 2020 se realizaron tres viajes a “Escuela Roosvet Hatillo 8 Hatillo 4 – Hospital Chacó Paut – cárcel mujeres – Escuela República Haití – Hatillo 8”.
De otro lado, se verifica que, el 12 de marzo de 2020, el ICAA interconectó el pozo W5 al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillos. La Sala verifica que, el 16 de marzo de 2020, la Intendencia de Agua de la ARESEP emitió el oficio n.º OF-0200-IA-2020 dirigido a la presidenta ejecutiva del ICAA, en el que se dispuso: “(…) No obstante, y pese a que el país se encuentra actualmente en una situación de emergencia sanitaria, diferentes localidades del país, especialmente en Área Metropolitana de San José, se encuentran sufriendo constantes racionamientos de agua, justificado por el AyA en que esto sucede porque durante la época seca, el sistema de acueducto afronta un déficit de agua sumado al aumento en el consumo del líquido durante los meses de verano. Ante esto, la Autoridad Reguladora reitera que es responsabilidad de os prestadores implementar una política permanente de planificación que permita prevenir situaciones como esta, basados en estándares de eficiencia y considerando las circunstancias adversas que se dan durante la época anual de estiaje y de sequía.
En particular, deben ser capaces de desarrollar una capacidad de respuesta y un plan de contingencia adecuado para evitar los racionamientos de agua en los periodos de sequía. Los prestadores tienen conocimiento que el impacto del cambio climático en las aguas se traduce en una limitación en la cantidad del recurso y siendo uno de los principios fundamentales de los servicios públicos su continuidad, es indispensable que realicen los esfuerzos necesarios para mejorar de manera sostenida y no solo momentánea el problema de escasez de agua que afecta a las localidades a las que les brinda el servicio. Lo anterior contrasta con la persistencia de los problemas de racionamiento a lo largo de varios años y en una gran cantidad de comunidades, lo que reafirma que no se trata de situaciones que se puedan catalogar como caso fortuito o fuerza mayor. Aunque la Autoridad Reguladora es consciente de los esfuerzos institucionales realizados por sus representadas para evitar los impactos en la población derivados de los racionamientos de agua que se han dado en los últimos años, este problema es cada vez más recurrente y afecta a una mayor cantidad de población.
Las razones son múltiples, pero llama la atención de esta Autoridad reguladora el rezago en la inversión en infraestructura y las significativas pérdidas por concepto de agua no contabilizada (ANC). Es imprescindible que AyA solucione ambos problemas en un plazo prudencial. No obstante las advertencias realizadas por la Autoridad Reguladora sobre el particular y sobre todo, haberse tenido conocimiento a nivel nacional e internacional del actual brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), los racionamientos de agua por parte del AyA continúan siendo una medida recurrente y los usuarios siguen sufriendo la falta de agua, vulnerando con ello el sistema de salud del país y desde el punto de vista regulatorio, el principio fundamental de continuidad en la prestación de los servicios públicos; siendo su obligación de acuerdo con el artículo 14 incisos i) y j) de la Ley N°7593, el estar preparados para asegurar en el corto plazo la prestación del servicio de manera regular y segura.
Las diferentes explicaciones que ha ofrecido el AyA en varias instancias sobre las razones que han llevado a los altos niveles de desabastecimiento de varias zonas del país, especialmente en el Área Metropolitana de San José, no permite concluir que se les deba excluir de la aplicación del citado artículo 95 o que se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, dado que, tal y como se indicó anteriormente, la situación de racionamientos se ha presentado en forma recurrente a lo largo de varios años. En consecuencia, se instruye en este acto al AyA, para que proceda con el ajuste en el monto de la facturación de los servicios a todos sus abonados afectados por los racionamientos, para los siguientes casos en que aplica el artículo 95 del Reglamento Técnico AR-PSAYA-2015 sea: a) Cuando la prestación del servicio sea menor a 16 horas naturales diarias durante al menos 20 días naturales al mes; y b) Cuando la suspensión del servicio durante 24 horas naturales por más de tres días naturales consecutivos o más de 7 días naturales no consecutivos, ambos en el mismo mes.
Esta disposición es independiente de otras que han girado en el sentido de corregir en un tiempo prudencial las situaciones de racionamiento que recurrentemente se han presentado; por lo que AyA no puede asumir que la aplicación del citado artículo 95 le exime de corregir la problemática tipificada. Adicionalmente, debe comunicarse a esta Autoridad Reguladora, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el mecanismo que implementará para cumplir con esta disposición”. Por otra parte, se constata que, el 27 de marzo de 2020, el ICAA interconectó un nuevo pozo (W16) al sistema ME-A-17 La Valencia, el cual permitirá reforzar el abastecimiento de agua en los sectores más críticos de la capital, como los Hatillos. Este pozo tiene una capacidad de producción de 75 litros por segundo (l/s), el equivalente al consumo diario de 18.500 personas. Además, ese mismo día, sea, el 27 de marzo de 2020, el ICAA inició la sustitución de tuberías en sectores de Hatillo por unas de mayor capacidad, lo que permitirá aumentar el caudal disponible para los hogares de calle Villanea, calle 50A, calle 52, calle 54A y alameda entre calles 54 A y calle 56, con un avance del 70%, ya que faltan las interconexiones y la conexión de acometidas.
Mientras que, el 31 de marzo de 2020, mediante el oficio OF-0256-IA-2020, la Intendencia de Agua de la ARESEP se refirió a los pronósticos de desabastecimiento y los planes de contingencia para el verano 2020 del ICAA y recomendó: “(…) a. Presentar en un plazo de seis meses el detalle de la capacidad instalada no comprometida o en su defecto el déficit (en las condiciones críticas de verano) para cada uno de los sistemas de acueducto que administra. Considerar una condición de fase de El Niño para el cálculo de producción de la fuente captada. b. En nuevas presentaciones de sus planes de contingencia, para las regiones periféricas al igual que lo hace para la Región Área Metropolitana, detallar en concreto: Los proyectos que se plantean para paliar los efectos del verano. El aporte esperado, medido en caudal y en población abastecida, de la implementación de estas obras (…)”. El 2 de abril de 2020, mediante el oficio 0276-IA-2020 la Intendencia de Agua de la ARESEP remitió al ICAA los resultados de varias inspecciones efectuadas e indicó: “Ante las condiciones encontradas en las dos visitas de fiscalización sobre el actuar de su representada y dada la especial coyuntura sanitaria por la que atraviesa el país, se reiteran tres disposiciones puntuales con el fin de satisfacer las necesidades de las personas usuarias, según la normativa que se describe en la presente y de esta manera contribuir a combatir la enfermedad por el virus COVI-19: i. Respectar los horarios de racionamiento que informa el AyA al usuario. ii.
Brindar los servicios alternativos de suministro de agua potable, tal y como lo establece el artículo 33 y 58 del reglamento ARPSAYA-2015. iii. Cumplir con todas las condiciones que establece el reglamento AR-PSAYA-2015 en el caso de racionamientos”. Además, se aprecia que el ICAA instaló un tanque de almacenamiento en la Iglesia María Reina. Finalmente, la Sala tiene por demostrado que el ICAA se encuentra ejecutando el proyecto “BPIP N° 2680: Ampliación de la producción del Acueducto Metropolitano a través de la implementación de nuevos pozos en San Rafael, Alajuela” con el fin de mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable en sectores con afectación crítica durante la época seca, tales como los barrios de sur, entre ellos Hatillo. Tal proyecto inició el 1º de febrero de 2019 y tiene proyectado finalizar el 1º de noviembre de 2023.
Ahora bien, respecto al tema del desabastecimiento de agua potable por la época seca, este Tribunal ha seguido la línea jurisprudencial que se refleja con la sentencia n.° 2019-019080 de las 9:20 horas del 4 de octubre de 2019, en la que se dispuso:
“III.- En cuanto al desabastecimiento de agua potable por la época seca. Respecto a esta problemática que, actualmente, afecta a muchas comunidades del territorio nacional, esta Sala mediante sentencia No. 2019-007183 de las 9:20 hrs. del 26 de abril de 2019, consideró lo siguiente:
“…III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Si bien es cierto, este Tribunal ha reconocido, en reiterada jurisprudencia, que el acceso al agua potable es un derecho constitucional, derivado de los derechos a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, también lo es que en la actualidad, se presentan múltiples problemas de desabastecimiento del líquido vital, generados durante la época seca (en igual sentido véanse las sentencias Nº 2009-12511 de las 17:59 horas del 11 de agosto del 2009, Nº 2010-015448 de las 12:15 hora del 17 de setiembre de 2010, Nº 2014-004918 de las 14:30 horas del 09 de abril de 2014, Nº 2017-006082 de las 09:45 hrs. del 28 de abril de 2017 y Nº 2016-007550 de las 09:05 del 3 de junio de 2016). Al respecto, la responsabilidad del Estado es la de implementar las medidas necesarias y óptimas para dar solución eficaz a estos problemas.
Desde esta perspectiva, se acredita en autos que, en la zona señalada por el recurrente, se han presentado cortes de agua en los últimos meses, lo cual reconoce y detalla la autoridad recurrida. No obstante, se pudo acreditar que las suspensiones reclamadas por los usuarios del servicio no son producto de la negligencia o arbitrariedad de parte del Instituto accionado, sino que estas se deben a una situación de desabastecimiento general de todos los sistemas durante la época seca. En ese sentido se acreditó que, la autoridad accionada ha comunicado a través de diversos medios que durante esta época se producirán racionamientos de agua debido al déficit ocasionado por la reducción de los caudales que abastecen los tanques de captación y por el incremento del consumo de agua. Específicamente, Zapote pertenece a la zona de Operación San José, la cual es abastecida por medio de agua almacenada en los Tanques de Curridabat, los cuales se alimentar de agua proveniente del Sistema de Tres Ríos.
Consta que, durante la producción normal, los Tanques de Curridabat al iniciar el día presentan un volumen de almacenamiento del 85%; no obstante, actualmente los niveles alcanzan un 20% de su capacidad, lo que lleva a que la zona sea propensa a desabastecimientos. Estos se producen cuando la demanda de la población supera el almacenamiento que se tiene y varían dependiendo de la demanda de la población, la producción que se tenga en el momento, el nivel en el tanque de almacenamiento, la cota topográfica del servicio, la distancia del servicio al punto de distribución, la elevación de la zona, etc. Zapote es una de las zonas más altas por lo que el impacto del desabastecimiento de agua será mayor, dicha afectación se da únicamente en la época seca y no de forma constante a lo largo del año. Normalmente, los desabastecimientos inician alrededor de las 10:00 a.m. y el sistema comienza su recuperación alrededor de las 11:00 p.m. se apoya este problema mediante el reparto de agua con camiones cisterna para centros de población vulnerables.
Los accionados indicaron que, han realizado trabajos para reforzar el sistema y beneficiar a las comunidades de los sectores más altos, también, han realizado interconexiones en la zona de La Pacífica para trasladar ese sector a otra zona de operación para acortar el área de cobertura de los tanques de Curridabat, se amplió la operación abastecida por el tanque de Cipreses para abarcar parte de San José que era abastecida exclusivamente por los Tanques de Curridabat. Como medida a largo plazo, la Institución recurrida impulsa proyectos que van enfocados al control del agua no contabilizada. Producto de lo anterior, ha trabajado en explotar nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación para el beneficio de la población del GAM y se ha estado trabajando en la elaboración de un proyecto que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción que beneficia al GAM, proyecto que se encuentra en la etapa de diseño y se concluiría en el año 2025.
Asimismo, acreditan que, en la actualidad tienen operando en la GAM los pozos de Palermo, Chigüite, Doña Lela, CNP 9 y CNP 10. Este Tribunal considera que, pese a que se comprueba que efectivamente existe el desabastecimiento del servicio de agua potable en la comunidad que reside el recurrente, las autoridades recurridas demostraron que han actuado dentro de sus posibilidades materiales a fin de lograr una adecuada redistribución. Asimismo, considera esta Sala que, el desabastecimiento se da únicamente en época seca y no durante todos los meses del año ni durante todas las horas del día y dicha situación es comunicada a la población por diversos medios. Adicionalmente, se valora que la institución ha realizado trabajos para reforzar el sistema y ha tomado medidas correctivas y preventivas, entre las cuales se encuentra el estudio que realiza para la explotación de nuevas fuentes que se encuentran actualmente en operación, lo que beneficiara la población del GAM y que pretende aumentar hasta en 2500 litros por segundo la producción.
En mérito de lo expuesto, la Sala descarta que la Administración haya sido omisa en la atención de los problemas en el suministro del servicio de agua potable en la zona afectada, por ende, se impone declarar sin lugar el recurso, tal como en efecto se hace. Lo anterior, sin perjuicio de recodarle a la institución recurrida su deber de continuar realizando trabajos para reforzar el sistema y evitar el desabastecimiento durante la época seca…”.
IV.Respecto al desabastecimiento de agua acusado por los recurrentes. En el sub lite, los recurrentes acusan racionamientos arbitrarios del suministro de agua potable en el sector de Mata Redonda. Sobre tales hechos, en los informes suscritos por el gerente general y el subgerente de Gestión de Sistemas GAM, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -que se tienen dados bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la ley que rige esta jurisdicción-, se acepta que la citada localidad está siendo afectada, junto al resto del Acueducto Metropolitano, del impacto de la época seca de este año. Aunque aclaran que los desabastecimientos se presentan en el sector de Mata Redonda durante algunas horas del día, siempre en horas de la tarde, por lo que la población sí cuenta durante gran parte del día con el acceso al agua potable a través de la red de tuberías.
Han explicado que debido a la entrada de esa temporada en el país, los caudales de las fuentes se reducen y con ello los caudales de producción. También sostienen que esa situación obedece a un aumento en el consumo de la población debido a que por las condiciones de la época se demanda una mayor cantidad de agua que en la estación lluviosa. Igualmente, informan que a pesar de estar en los meses en los que típicamente en el país se encuentra ya instalada la estación lluviosa, producto del fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) que está influyendo, las lluvias no han sido capaces de recargar fuentes y los sistemas han mantenido afectaciones que se traducen en una disminución más pronunciada en los caudales que la Institución puede tomar de estas fuentes para potabilizarlas y abastecer a la población. No obstante, indican que su representada procede a informar a la población, la situación que vive el país con respecto a la reducción de las fuentes naturales de agua potable, lo cual no solo afecta a las zonas de Mata Redonda, sino que se extiende a todo el territorio nacional.
Refieren que el AyA pone a disposición de las personas usuarias los siguientes medios para comunicar los eventos que afectan la prestación del servicio de agua: Línea 800-REPORTE (7376783), página web de AyA, aplicación para celular (disponible para su descarga en las plataformas Android e iOS): "Servicios AyA", whatsApp institucional, 57 puntos de atención personalizada y página de Facebook. Además, a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aun tenga servicio, mientras que los que viven en las partes más altas, ya tienen rato sin estar con el servicio. En este contexto, la Sala entiende que la situación acusada no surge de manera directa de un problema de imposibilidad material, sino, de condiciones ajenas, fuera de control y fortuitas que se presentan en forma temporal, y no permanentes, en la prestación del servicio público reclamado.
Circunstancias que han obligado a la institución recurrida a utilizar los medios de comunicación, para informar sobre la situación en la que se encuentran los sistemas, y pedir a la población tomar las medidas pertinentes para afrontar los desabastecimientos hasta que las condiciones de caudales en las fuentes recuperen su caudal habitual, así como tomar conciencia de la necesidad de no desperdiciar el recurso disponible. Aunque la Sala entiende que estamos ante la prestación de un servicio de primera necesidad, lo cierto es que, además de la existencia de una causa objetiva, la autoridad recurrida ha adoptado medidas para atender el problema, o sea, que no se ha desatendido de la situación acusada por los recurrentes. Nótese que se ha indicado que como parte de los esfuerzos realizados por la Institución para reducir la afectación producto de los desabastecimientos, se han desarrollado varios proyectos, que ya están en operación.
El año pasado se incorporaron cerca de 500 litros por segundo con los pozos Dona Lela, San Miguel y Palermo y los CNP 7, 8 y 9; sin embargo, esto no fue suficiente para evitar el efecto de verano que se está experimentando. También se acaba de poner a operar el pozo Chigüite, que incorpora 20 litros por segundo al sistema de Tres Ríos con lo que se ayuda directamente al sistema de Curridabat y esto permite reforzar durante algunos momentos del día los Tanques del Sur. Aunado a lo anterior, se tiene que contrario a lo alegado por los tutelados, en los últimos seis meses del año 2019 no se han brindado disponibilidades en el servicio de agua potable para desarrollos inmobiliarios en el sector de Mata Redonda — San José. Incluso, las últimas tres solicitudes de disponibilidad fueron negadas y se entregó a los interesados una carta donde se les indicaba la infraestructura que deberían construir de su propio peculio antes de poder contar con la disponibilidad en el servicio de agua potable.
Así como que los proyectos inmobiliarios que, actualmente, se construyen en esa localidad, cuentan con la respectiva disponibilidad en el servicio de agua potable, aprobadas tiempo antes de que se presentaran los problemas de desabastecimiento en la zona. Además, los proyectos inmobiliarios en construcción se abastecen por medio de un único medidor y cuentan con tanque de almacenamiento y sistema de bombeo privado. Bajo esa tesitura, al igual que el anterior antecedente, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso porque no se demostró que la falta del servicio de agua potable sea antojadiza, arbitraria o sin fundamento por parte de AyA, pues igualmente se comprobó que se han buscado soluciones a la problemática generada por las condiciones geográficas y climáticas que sufre la zona de Mata Redonda, así como que se han tomado medidas para atender esa situación. Aparte de que la acusada construcción indiscriminada, que no es tal, tampoco tiene incidencia en la referida problemática”.
Por su parte, en la sentencia n.º 2019-008791 de las 9:30 horas de 17 de mayo de 2019 este Tribunal dispuso:
“III.- Sobre el incumplimiento de los horarios de racionamiento. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal descarta la lesión al derecho a la salud del accionante. Del informe rendido por la autoridad recurrida, se constata que los días 23 y 24 de abril de 2019, existió un desabastecimiento en distintas comunidades de los alrededores de Guadalupe, propiamente en Santa Eduviges. Ante todo se debe tener claro que, de acuerdo con lo indicado por el ICAA, la institución no aplica racionamientos en el sector donde reside el amparado; la afectación es producida por el desabastecimiento cuando la población consume la totalidad del almacenamiento disponible, que es el que se ha podido almacenar durante la noche, cuando la demanda de la población baja, lo anterior, dada la escasez generada por la época seca. Ahora bien, según fue explicado por el ICAA, la red de tuberías funciona como un tanque de almacenamiento de gran tamaño, pues una vez que los tanques de almacenamiento son vaciados, existe agua dentro de las tuberías, cuyo consumo no se puede detectar.
Una vez que el tanque queda vacío, la tubería se va descargando, pero a una tasa que no es conocida, ya que depende de muchos factores, tales como el clima, el día de la semana, la hora del día, por lo que es variable cada día. Esto hace casi imposible predecir la hora en la cual se va a ir acabando el agua disponible para el usuario. El ICAA a través de sus boletines de desabastecimiento, indica una hora en la que se cree que en promedio la población no tendrá servicio, sin embargo, en el horario indicado, habrá gente (de las partes más bajas de la zona de presión) que aún tengan servicio, mientras que los que viven en las partes altas, desde un tiempo mayor, no cuentan con el servicio. Así las cosas, no se puede endilgar a la institución recurrida el que no se cumpla con el horario aproximado de suministro del líquido, pues no es algo que la entidad planifique, sino que depende directamente de la demanda y de las condiciones particulares del sistema, incluso climatológicas.
IV.Del informe rendido bajo juramento por la Presidenta Ejecutiva del ICAA, así como de la lectura de la prueba aportada, se desprende que la entidad recurrida ha ejecutado medidas con el propósito de paliar los efectos de la escasez de agua, entre ellas: a) el abastecimiento mediante camiones cisterna, especialmente a centros educativos y centros de salud, b) el 8 de abril de 2019, se abrió un límite entre la zona de Guadalupe y Moravia, para reforzar el sector de Guadalupe, c) el 7 y el 11 de abril de 2019, se intervinieron fugas importantes no visibles, que estaban afectando el sistema, d) el 9 de abril de 2019, se habilitó un “bypass” para reforzar desde el tanque de Guadalupe, aún más el refuerzo que se le hace al tanque de San Blas, e) se han efectuado racionamientos en los sectores de Coronado, Los Cuadros y Montes de Oca con el objetivo de reforzar el abastecimiento de Guadalupe con el agua proveniente de la Planta de Tres Ríos, es decir repartir el déficit, f) se ha coordinado con el ICE con el fin de extraer más agua del embalse en esta época seca con la finalidad de aumentar la producción en Tres Ríos, y actualmente se dispone de alrededor de 100 l/s adicionales de caudal en la Planta de Tres Ríos, para reforzar algunos de los sistemas afectados, entre los que se incluye el de Guadalupe y, g) a largo plazo se tiene planeado ejecutar el Proyecto de Ampliación del Acueducto Metropolitano, que pretende aumentar en hasta 2500 litros por segundo la producción que beneficia al Gran Área Metropolitana, mismo que se proyecta concluir en el año 2025.
En criterio de este Tribunal, el ICAA ha abordado de forma diligente la problemática denunciada. Bajo este orden de consideraciones, este extremo del recurso deviene improcedente. No obstante lo anterior, esta Sala recuerda al ICAA su obligación como entidad rectora de la gestión del recurso hídrico, de seguir implementando las medidas necesarias con el propósito de abordar el problema de escasez de agua, de tal forma que se aminore su repercusión sobre la calidad de vida de los usuarios y se garantice el derecho de acceso al agua potable”.
En mérito de lo expuesto, en la especie, el Tribunal considera que, en principio, la falta de prestación del servicio de agua potable acusada por el tutelado obedece a un problema de desabastecimiento. Ahora bien, en virtud de la emergencia nacional provocada por el coronavirus COVID-19, resulta menester replantearse la línea jurisprudencial antes referida. Así, en el sub lite, la Sala observa que la problemática de desabastecimiento reclamada data del año 2017 y que la ARESEP señaló que el ICAA posee un rezago en la inversión de infraestructura, así como pérdidas significativas por concepto de agua no contabilizada. Además, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos fue clara al afirmar que la capacidad de ejecución de los proyectos por parte de los operadores del servicio de agua potable no ha sido la deseable.
Visto lo anterior, el Tribunal estima oportuno traer a colación la sentencia n.° 2020-007754 de las 9:45 horas del 24 de abril de 2020, en la que la Sala conoció un caso similar al de marras. Así, en tal pronunciamiento se dispuso:
“De ahí que, previo a seguir validando alguna situación de desabastecimiento y en virtud de la pandemia por el COVID-19 (cuyas fatales repercusiones son públicas y notorias en otras latitudes), el ICAA debe implementar las acciones correspondientes a los efectos de solventar a corto plazo los problemas generados por la escasez de agua en las fuentes de producción, sin perjuicio de las soluciones a mediano y largo plazo que tenga proyectadas. Lo anterior se dispone, por cuanto el acceso a este líquido en medio de esta pandemia se torna fundamental para evitar una mayor propagación, según las recomendaciones del Ministerio de Salud. Nótese que, luego de la comunicación del curso de este amparo, el ICAA efectuó dos interconexiones con pozos para reforzar abastecimiento en los sistemas afectados y, además, en Hatillo 2 sustituyó tuberías por otras de mayor capacidad, lo cual demuestra que sí tenía acciones a su alcance para al menos tratar de mitigar la situación; empero, no consta que estas hayan solventado lo acusado.
Si bien se desprende que el ICAA ha procurado la repartición de agua potable por medio de camiones cisterna en Hatillo 2, no se aprecia con claridad si la cantidad de agua fue suficiente para suplir a las necesidades básicas de las personas afectadas. En ese sentido, el hecho de que, en un lapso de cuarenta horas, la recurrente solo haya tenido acceso al servicio por menos de dos, dimensiona la magnitud del problema y evidencia la transgresión al derecho de acceso al agua de la recurrente. Debido a lo anterior se impone la estimatoria del recurso en contra del ICAA, en los términos que se dictarán en parte dispositiva de la sentencia.
En relación con las demás autoridades recurridas, no se aprecia de manera evidente que tengan algún tipo de responsabilidad directa en los hechos acusados por la recurrente. De ahí que se declara sin lugar el recurso en su contra”.
La Sala considera que el precedente transcrito resulta aplicable al caso de marras, toda vez que no encuentran motivos para cambiar el criterio vertido ni razones para valorar de manera distinta la situación reclamada. Así, en la especie, el Tribunal constata que se ocasionó una vulneración al derecho de acceso al agua del tutelado, en virtud de que ha sufrido la suspensión del suministro de agua potable durante lapsos de hasta 31 horas en el lugar en el que reside, sea, Hatillo 8. De modo que, en el sub lite, se está frente a una situación de desabastecimiento del suministro del servicio de agua potable que afecta a los vecinos de Hatillo 8, lo cual se agrava con ocasión de la pandemia del coronavirus COVID-19, por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso respecto al ICAA, de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia. Finalmente, de los autos no se desprende que la situación reclamada por la parte amparada se deba a acciones u omisiones de las demás autoridades recurridas, por lo que el Tribunal estima que lo pertinente es declarar sin lugar el recurso en cuanto al Ministerio de Salud, la Municipalidad de San José y la ARESEP.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente respecto del ICAA. Se ordena a Manuel Antonio Salas Pereira, en su condición de Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe ese cargo, que, de manera INMEDIATA, gire las órdenes correspondientes y disponga lo necesario dentro del ámbito de sus competencias para que, ante interrupciones prolongadas del servicio de agua y teniendo en cuenta la pandemia de coronavirus COVID-19, se garantice a la población afectada el reparto suficiente de ese líquido a los efectos de que puedan suplir sus necesidades básicas e implementar las recomendaciones de aseo que las autoridades de salud han emitido. En adición, en el plazo de UN MES, deberán implementarse las acciones correspondientes a los efectos de solventar a corto plazo los problemas generados por la escasez de las fuentes de producción, sin perjuicio de las soluciones a mediano y largo plazo que tenga proyectadas.
Se advierte que de no acatar la orden dicha, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En todo lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
*M0K39N4ECYA61*
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