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Res. 08489-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/05/2020
OutcomeResultado
The habeas corpus was partially granted for the 46-hour illegitimate detention, with damages awarded; the remaining claims were denied.Se declaró parcialmente con lugar el hábeas corpus por la detención ilegítima de aproximadamente 46 horas, otorgando indemnización; se rechazaron los demás alegatos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed a habeas corpus petition filed on behalf of two foreign nationals detained for violation of the Psychotropic Substances Law. The petitioners claimed: 1) excessive pre-judicial detention; 2) lack of reasoning for pretrial detention; 3) prison overcrowding and COVID-19 risk; 4) procedural defects; 5) lack of reasoning for denial of a less restrictive measure; and 6) erroneous classification of the seized substance as marijuana instead of hemp. The Chamber partially granted the petition solely for the illegitimate detention of approximately 46 hours without judicial order, exceeding the constitutional 24-hour limit. It denied the remaining claims, holding that pretrial detention was properly reasoned, penitentiary authorities had adopted COVID-19 measures, and evidentiary and substance-related challenges pertain to the ordinary criminal jurisdiction. Damages were awarded, to be liquidated in administrative proceedings, and authorities were ordered to refrain from similar conduct.La Sala Constitucional conoció un recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de dos personas extranjeras detenidas por infracción a la Ley de Psicotrópicos. Los recurrentes alegaron: 1) plazo excesivo de detención antes de ser puestos a la orden del juez; 2) falta de fundamentación de la prisión preventiva; 3) hacinamiento carcelario y riesgo de contagio de COVID-19; 4) vicios procesales; 5) falta de fundamentación al rechazar el cambio de medida cautelar; y 6) error en la tipificación de la droga decomisada como marihuana en lugar de cáñamo. La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso únicamente por la detención ilegítima de los tutelados durante aproximadamente 46 horas sin orden judicial, al haberse excedido el plazo constitucional de 24 horas. Rechazó los demás alegatos por considerar que la prisión preventiva estaba debidamente fundamentada, que las autoridades penitenciarias habían adoptado medidas contra el COVID-19, y que los cuestionamientos sobre la prueba y la naturaleza de la sustancia correspondían a la jurisdicción penal ordinaria. Concedió indemnización por daños y perjuicios, a liquidar en vía contencioso-administrativa, y ordenó abstenerse de incurrir en hechos similares.
Key excerptExtracto clave
Note that freedom is at stake, and indeed the petitioners were detained and thus illegitimately deprived of their liberty for a period longer than permitted without a judicial order allowing it. Thus, considering that any restriction on personal liberty must be duly justified, this Court finds that the fundamental rights of the petitioners were indeed violated. Consequently, the habeas corpus is granted on this point and against the Osa Prosecutor's Office, solely for compensatory purposes, since the situation was already remedied when the pretrial detention order was issued by a competent authority. Based on the foregoing, in the specific case, the existence of critical overcrowding that violates the fundamental rights of detainees is confirmed. The occupancy exceeds the maximum allowed under the UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the recommendations of the European Committee on Crime Problems (the real capacity is 794 persons; to avoid critical overcrowding, the population must not exceed 953 persons). Therefore, the Chamber verifies that the inmates of the Gerardo Rodríguez Chavarría Institutional Facility are in conditions of critical overcrowding, and the remedy is appropriate on this point, with the consequences set forth in the operative part of this judgment.Nótese que se trata de la libertad de una persona y en efecto, los tutelados estuvieron detenidos y por ende, ilegítimamente privados de su libertad por un plazo mayor al permitido y sin que existiera una orden judicial que así lo permitiera. Así las cosas y tomando en consideración que tratándose de la afectación de la libertad personal, toda actuación que la restrinja debe estar debidamente justificada, este Tribunal estima que efectivamente se lesionaron los derechos fundamentales de los tutelados. Por consiguiente, se declara con lugar el recurso, en cuanto a este extremo y contra las autoridades de la Fiscalía de Osa, para efectos meramente indemnizatorios, pues la situación ya fue subsanada, al dictarse la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los tutelados por una autoridad competente. Con fundamento en lo expuesto, en el caso concreto, se comprueba la existencia de un hacinamiento crítico que vulnera los derechos fundamentales de los privados de libertad. La capacidad locativa supera el máximo permitido por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales (la capacidad real es de setecientos noventa y cuatro personas, para que no exista hacinamiento crítico no debe sobrepasar el 20%, en este caso ciento cincuenta y nueve privados de libertad; de ahí que, la población de privados de libertad no podría sobrepasar las novecientos cincuenta y tres personas). Por lo anterior, la Sala verifica que las personas privadas del Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Chavarría se encuentran en condiciones de hacinamiento crítico, de manera que el amparo resulta procedente en cuanto a este extremo, con las consecuencias, que se indicarán en la parte dispositiva de esta sentencia.
Pull quotesCitas destacadas
"los tutelados estuvieron detenidos por un plazo excesivo sin ser puestos a la orden de la Fiscalía de Osa por parte del Organismo de Investigación Judicial. Ahora, esta Sala pudo comprobar que, contrario a lo que afirma el recurrente, los tutelados fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Osa desde el momento de su detención, y la irregularidad en cuanto a su detención se dio mientras estaban a la orden de dicho órgano."
"the petitioners were detained for an excessive period without being brought before the Osa Prosecutor's Office by the Judicial Investigation Agency. The Chamber verified that, contrary to the petitioner's assertion, they were placed at the disposal of the Prosecutor's Office from the moment of arrest, and the irregularity in their detention occurred while they were under the control of that office."
Considerando III
"los tutelados estuvieron detenidos por un plazo excesivo sin ser puestos a la orden de la Fiscalía de Osa por parte del Organismo de Investigación Judicial. Ahora, esta Sala pudo comprobar que, contrario a lo que afirma el recurrente, los tutelados fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Osa desde el momento de su detención, y la irregularidad en cuanto a su detención se dio mientras estaban a la orden de dicho órgano."
Considerando III
"lo correcto hubiera sido que la Fiscalía al percatarse de que los tutelados debían quedar detenidos por más de las 24 horas, buscaran una solución para resguardar las garantías constitucionales y procesales de los tutelados; sin embargo, y a sabiendas que ya había vencido el plazo de 24 horas otorgado por la Constitución Política y la Ley para poner a la orden de un Juez competente a los amparados, esperaron todavía 22 horas más para que los amparados realizaran su declaración indagatoria y para poner a los tutelados a la orden del Juez a los tutelados, lo que se dio hasta las 15:10 horas del 25 de febrero de 2020; es decir, los amparados estuvieron detenidos sin ser puestos ante un Juez competente por 46 horas aproximadamente."
"the correct action would have been for the Prosecutor's Office, upon realizing the petitioners needed to remain in detention beyond 24 hours, to seek a solution to protect their constitutional and procedural guarantees; however, fully aware that the 24-hour limit had expired, they waited an additional 22 hours to take the petitioners' statements and bring them before a judge, which occurred at 3:10 p.m. on February 25, 2020—meaning the petitioners were detained without judicial oversight for approximately 46 hours."
Considerando III
"lo correcto hubiera sido que la Fiscalía al percatarse de que los tutelados debían quedar detenidos por más de las 24 horas, buscaran una solución para resguardar las garantías constitucionales y procesales de los tutelados; sin embargo, y a sabiendas que ya había vencido el plazo de 24 horas otorgado por la Constitución Política y la Ley para poner a la orden de un Juez competente a los amparados, esperaron todavía 22 horas más para que los amparados realizaran su declaración indagatoria y para poner a los tutelados a la orden del Juez a los tutelados, lo que se dio hasta las 15:10 horas del 25 de febrero de 2020; es decir, los amparados estuvieron detenidos sin ser puestos ante un Juez competente por 46 horas aproximadamente."
Considerando III
"la medida cautelar de prisión preventiva debe tener un carácter excepcional y debe ser acordada por una autoridad jurisdiccional competente, a petición del Ministerio Público y por medio de resolución debidamente fundada."
"the pretrial detention measure must be exceptional and must be ordered by a competent jurisdictional authority at the request of the Public Prosecutor's Office through a duly reasoned decision."
Considerando IV
"la medida cautelar de prisión preventiva debe tener un carácter excepcional y debe ser acordada por una autoridad jurisdiccional competente, a petición del Ministerio Público y por medio de resolución debidamente fundada."
Considerando IV
"la Sala verifica que las personas privadas del Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Chavarría se encuentran en condiciones de hacinamiento crítico, de manera que el amparo resulta procedente en cuanto a este extremo."
"the Chamber verifies that the inmates of the Gerardo Rodríguez Chavarría Institutional Facility are in conditions of critical overcrowding, and the remedy is appropriate on this point."
Considerando VI
"la Sala verifica que las personas privadas del Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Chavarría se encuentran en condiciones de hacinamiento crítico, de manera que el amparo resulta procedente en cuanto a este extremo."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes of the eighth of May of two thousand twenty.
Habeas corpus petition processed in case file number 20-005926-0007-CO, filed by ERICK GATGENS GÓMEZ, on behalf of [Name 001] and [Name 002], against the JUDICIAL BRANCH and the MINISTRY OF JUSTICE AND PEACE.- Whereas: 1.- Through a filing received in the Secretariat of the Chamber at 4:01 p.m. on March 23, 2020, the petitioner files a habeas corpus petition against the Judicial Branch and the Ministry of Justice and Peace. He states that the protected parties were arrested on February 23, 2020, by virtue of the criminal case being processed under case file No. [Value 001]. He indicates that the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial) placed his clients at the disposal of the Osa Prosecutor's Office at 10:00 p.m. on February 24, 2020; they gave their initial statements (declaración indagatoria) for the first time on February 25, 2020; and by resolution at 10:15 p.m. on February 26, 2020, their pretrial detention (prisión preventiva) was ordered for 3 months. He affirms that he filed an appeal against said resolution, based on the following grounds: “(i) lack of intellectual and descriptive reasoning, (ii) lack of analysis of evidence, (iii) lack of reasoning regarding substitute precautionary measures, and (iv) violation of the rules of rational sound judgment (sana crítica racional).” He states that together with the filing of the appeal, a series of pieces of evidence were offered to be heard on appeal. However, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone (Osa venue), by means of a resolution at 2:34 p.m. on March 10, 2020, set a date to hold the oral hearing and rejected all of the evidence offered, on the grounds that it did not meet the established requirements. He mentions that against said resolution he filed a motion for revocation (recurso de revocatoria). He details that on March 16, 2020, the oral hearing was held before the Criminal Trial Court of Osa and by a resolution of that same date the aforementioned appeal was dismissed. He adds that the protected parties currently remain deprived of liberty. He considers that there are judicial acts that have violated a series of constitutional guarantees afforded to his defendants, namely: the detention period, the illegal and unfounded rejection of evidence, the curing of absolute defects by an appellate court, and the ignorance on the part of the judges who decided both the pretrial detention hearing and the respective appeal of the difference between a drug and products derived from hemp, which causes them to err in their reasoning of their resolutions. Likewise, he indicates that the petitioners are deprived of liberty in places with overcrowding and insecurity due to the COVID-19 situation. Consequently, he requests the intervention of this Chamber. 2.- By resolution at 10:33 a.m. on March 27, 2020, the habeas corpus petition was processed and the Judges processing the criminal case against the protected parties in the Criminal Court of Osa and the Criminal Trial Court of the Southern Zone (Osa venue), or failing that, the Coordinating Judges of those offices, were requested to render the respective report. 3.- Through filings added to the digital case file at 8:20 a.m. and 8:22 a.m. on March 30, 2020, the parents of both protected parties make statements through a family friend and request collaboration so that their sons are released. 4.- In a filing added to the digital case file at 9:32 a.m. on March 30, 2020, Paul Hernández Araya reports under oath, in his capacity as Criminal Judge of the Criminal Court of Osa, that on February 23, 2020, at 4:20 p.m., the protected parties were arrested. He explains that on February 24, 2020, a 24-hour extension was requested before the Osa Prosecutor's Office to exercise the right to defense of the investigated parties, with the latter's knowledge. He highlights that on February 25, 2020, and before the Osa Prosecutor's Office, and in pursuit of the right to defense afforded to the protected parties, Attorney Fernando Vargas Zeledón appeared as defense counsel for both protected parties; however, on that same day his appointment was revoked and Attorneys Karolina Quirós Vaglio and Erick Gatgens Gómez appeared in his place as defense counsel for the accused. He highlights that the initial statements were taken on February 25, 2020, at 2:30 p.m. and 2:50 p.m., respectively. He maintains that both protected parties availed themselves of their right to remain silent and were placed at the disposal of that office on the same February 25, 2020, at 3:10 p.m. He mentions that on February 26, 2020, an expansion of the initial statement was conducted in the presence of Attorney Gatgens, at 3:39 p.m. and 4:26 p.m., this prior to holding the precautionary measures hearing requested by the Public Prosecutor's Office. He adds that on February 26, 2020, a hearing was held regarding the request for precautionary measures against the detainees; consequently, by means of a minute at 5:56 p.m. on February 26, 2020, and by resolution at 10:15 p.m. on February 26, 2020, pretrial detention was imposed on both protected parties for a period of three months, expiring on the coming May 23, 2020. He explains that in said resolution the factual and legal reasoning was provided for the imposition of pretrial detention with respect to the hearing held by that Court, which is found in the corresponding audio. He adds that the case file was subsequently sent on appeal so that the Trial Court could decide the respective appeal. He requests that the petition be dismissed. 5.- Through a filing added to the digital case file at 12:09 p.m. on March 30, 2020, Laura Cubillo Madrigal reports under oath, in her capacity as Judge of the Trial Court of the II Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa, that the Trial Court of that locality received for resolution the Appeal filed by the technical defense of the protected parties, against the resolution at 10:15 p.m. on February 26, 2020, issued by the Criminal Court of Osa, in which the pretrial detention of the accused for 3 months was ordered. She indicates that by means of the resolution at 2:34 p.m. on March 10, 2020, a date was set to hold the oral hearing and all of the evidence offered was rejected, on the grounds that it did not meet the requirements established in procedural regulations. She maintains that the defense counsel for the accused filed a motion for revocation against the resolution at 2:34 p.m. on March 10, 2020, considering that the rejection of evidence was not reasoned. She says that this motion for revocation was brought to the attention of the Public Prosecutor's Office. Subsequently, she adds that by resolution at 4:32 p.m. on March 13, 2020, that office partially granted the Motion for Revocation filed by the technical defense of the accused and proceeded to provide the reasoning for what was omitted regarding the specific reasons why the evidence offered by the defense counsel to be heard in the appeal hearing was rejected; the legal reasons why the evidence offered did not pass the formal admissibility screening established by number 453 of the Code of Criminal Procedure were indicated with total clarity, and therefore, its rejection was upheld. She explains that this resolution was notified to the technical defense of the accused. She adds that on March 16, 2020, the oral appeal hearing was held and on that occasion the defense counsel reiterated the evidence offered in the appeal that had been previously rejected by that Trial Court, as the defense counsel himself stated in his presentation, and also proceeded to make some clarifications regarding those evidentiary elements; he likewise offered new evidence. She points out that the Public Prosecutor's Office opposed its reception and that this Judge resolved the matter orally and proceeded to provide the legal reasons why the evidence offered was rejected, as can be verified in the audio of the hearing. She adds that orally she even made direct reference to the resolution at 4:32 p.m. on March 13, 2020, in which the motion for revocation filed by the defense on the occasion of the rejection of evidence offered for the oral appeal hearing was decided, and she referred to the new evidence being offered at that moment, proceeding with its rejection with due argumentation and reasoning. She maintains that in light of the acts detailed above, she considers that the defect alleged by Attorney Gatgens in this petition does not exist, and this is so because at all times the reasoning required by our legal system regarding the rejection of the evidence offered by the technical defense was provided. On the other hand, she considers that the petitioner does not indicate which absolute defects were cured by the appellate court, so it is not possible to refer specifically to them, but she can state that in the processing of the case file, the fundamental rights of the accused and their procedural guarantees were respected at all times, and the Court adhered in its actions to what was ordered by law. She highlights that the Trial Court of Osa proceeded diligently in processing the Appeal filed by the defense; they even worked until late at night and continuously in order to provide an effective and prompt response to the protected parties because they were detained; it is for that reason that on that same day the Appeal was resolved orally, avoiding delays. She indicates that it can be verified in the audio of the filing of the appeal and in that of the oral hearing for the hearing of the appeal that the defense never raised any issue related to the detention periods of the accused. She adds that what was discussed as a substantive argument by the technical and material defense is the fact that, in their view, the seized product is hemp and not marijuana, and that there is an error of prohibition in the specific case because the accused had a permit to trade that product in the United States of America and did not know that in Costa Rica it was prohibited; a lack of subjective elements of the offense was also argued, precisely related to the intent of the accused. She affirms that all these aspects were duly addressed in the oral resolution of this Judge, which is also offered as evidence in this report; hence, what is noted is a disagreement with the reasoning arguments of that authority and of the Criminal Court, but not a defect that causes this Court to commit an illegal detention of the protected parties, or any violation of their fundamental rights and procedural guarantees. She requests that the petition be dismissed. 6.- Through a filing incorporated into the digital case file at 1:27 p.m. on March 30, 2020, a representative of the parents of the protected parties makes statements in their favor and expresses concern about how the COVID-19 issue will be handled in the country's prison centers. 7.- Through a filing added to the digital case file at 5:53 p.m. on April 1, 2020, the petitioner expresses his disagreement with the reports rendered by the respondent authorities, and reiterates the arguments provided in the petition. 8.- In a resolution at 9:38 a.m. on April 2, 2020, the petition was expanded and a report was requested from the Director General of Social Rehabilitation (Adaptación Social) regarding the facts alleged in the petition. 9.- By resolution at 8:19 a.m. on April 3, 2020, the petition was expanded and a report was requested from the Assistant Prosecutor handling case file No. [Value 001], against the protected parties in the Osa Prosecutor's Office, or, failing that, the Coordinating Prosecutor of that office; as well as from the Director of the Judicial Investigation Agency and the Director of the Public Force, regarding the facts alleged in the petition. 10.- Through a filing added to the digital case file at 3:13 p.m. on April 8, 2020, Walter Espinoza Espinoza reports under oath, in his capacity as Director General of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial), that effectively in the Regional Office of this Agency in Osa, criminal case number [Value 001] was processed, for the crime of Violation of the Psychotropic Substances Law (Drug Trafficking), against [Name 001] and [Name 002], both United States nationals, an investigation carried out under the functional direction of the prosecutor of the Public Prosecutor's Office of Osa, Attorney Jonathan Badilla Rojas. He indicates that based on this and for the purpose of guaranteeing the continuity and success of the investigation, the Public Prosecutor's Office was requested on February 22, 2020, through official communication number OF-133-ORO-2020, to arrange a Raid, Search and Seizure order to be carried out in the Bahía de Osa sector, an order that was granted, so on February 23, 2020, at 1:05 p.m., the raid was carried out, seizing a significant amount of drugs, for which Attorney Jonathan Badilla Rojas ordered the on-site arrest of Messrs. [Name 001] and [Name 002]. He maintains that the protected parties here were arrested at 4:20 p.m. on February 23, 2020, placed at the disposal from that moment of the Osa Prosecutor's Office, and were therefore transferred to cells of the OIJ of Osa and subsequently relocated overnight to the cells of the Corredores Regional Delegation for their respective custody, since the Osa Regional Office does not have personnel during the night. He points out that on February 24, 2020, personnel from the Corredores Jails transferred the detainees again to cells of the Osa Regional Office while awaiting being required by the competent judicial authority, recording their entry at 8:30 a.m., as seen in the entry made in the logbook. Finally, he indicates that police report with evidence number C.I.28-ORO-2020 was prepared and submitted to the Osa Prosecutor's Office at 11:35 a.m. on February 24, 2020; in said report at the beginning of the first page the date and time of arrest of the protected parties are noted, which was carried out under the functional direction of Attorney Jonathan Badilla Rojas, Prosecutor of the Public Prosecutor's Office. In summary, he points out that, as can be determined from the previous detail and verified through the evidence attached, from the time of completion of the aforementioned raid and the arrest of the protected parties, following functional direction instructions from the prosecuting body, at 4:20 p.m. on February 23, 2020, they were placed at the disposal of the Osa Prosecutor's Office, the Prosecutor's Office responsible for carrying out the necessary procedures so that their legal situation would be resolved within the legally established timeframe, a situation unrelated to this judicial police. He requests that the petition be dismissed. 11.- By means of a filing submitted to the Secretariat of the Chamber at 1:44 p.m. on April 9, 2020, Daniel Calderón Rodríguez reports under oath, in his capacity as Director General of the Public Force (Fuerza Pública), that on February 23, 2020, around 4:00 p.m., officers of the Public Force provided perimeter security assistance to the Judicial Investigation Agency, in the Playa Hermosa sector, at the Envisión Event, where they located two United States nationals with apparent drugs and money; in coordination with the Duty Prosecutor, the protected parties were detained, and the Judicial Investigation Agency transferred them to their offices for the respective procedures. He maintains that on February 24, 2020, at 1:33 a.m., jail officers from the Judicial Investigation Agency took the two detainees to the cells of the Bahía Ballena District Delegation for their custody until 8:26 a.m. when they came to pick them up, the foregoing as assistance, given that they did not have human resources to hold them. He requests that the petition be dismissed. 12.- Through a filing added to the digital case file at 12:17 p.m. on April 15, 2020, Viviana Boza Chacón reports under oath, in her capacity as Acting Director General of Social Rehabilitation (Adaptación Social), that regarding the measures adopted by the Prison Administration to address the COVID-19 pandemic since February 25, 2020, a first approach was made to the Ministry of Health, with the purpose of defining actions and strategies to face the national emergency; after that, an "institutional situation table" was established, which meets daily with the purpose of analyzing and assessing the challenges this pandemic entails. She maintains that the directives VGE-003-2020, VGE-004-2020, DVJ-001-2020 have been issued, as well as circulars 1-2020, 2-2020, all of them regarding preventive and action measures to face COVID-19, which refer to maximizing permanent cleaning and hygiene measures for spaces in penitentiary centers and workplaces, promoting the use of the handwashing protocol and correct cough and sneeze protocol, accompaniment by health personnel during the entry of general visitors, implementation of awareness-raising processes for visitors, treatment for an infected person or one with a respiratory illness, and the suspension of transfers to penitentiary centers. She indicates that it was also decided to suspend external consultations and prioritize urgent and emergency care; likewise, priority is being given to ordinary assessments for pregnant women or those with children in the nursery, as well as for older adults; additionally, guidelines have been issued for the sick leave of officials of that institution, among other measures. She adds that the Ministry of Justice and Peace has sought to protect the right to health of persons deprived of liberty, therefore on past March 10, 2020, the "Contingency Plan for coronavirus of the Ministry of Justice and Peace" was made official, with the purpose of "Carrying out preparedness and timely response actions to mitigate the consequences of a COVID-19 outbreak in penitentiary centers nationwide," which is mandatory for all units of the Directorate General of Social Rehabilitation. She indicates that these measures have as their main objectives limiting the transmission of the virus, identifying, isolating and attending to the sick early, communicating and reporting critical risk events in a timely manner, and minimizing the impact on prison dynamics of a possible outbreak. In that sense, she indicates that it can be seen that the "COVID-2019 Contingency Plan" contemplates a series of measures such as: 1. Regulating the entry of sick external persons to the centers, which includes both visitors and officials; 2. Regulating the entry and exit of prisoners to and from the centers, also including actions for the entry of a person coming from outside; 3. The establishment of operational definitions such as: suspected case, probable case and confirmed case, with their due action plan; 4. Reception of patients: both persons deprived of liberty with flu-like symptoms and the general prison population; 5. Triage and care in health services, where it is specified that said area must be separate from the emergency service, have handwashing sinks and disposable towels, have complete biosafety equipment for personnel, have a respirator for patients, have the usual minimum medical office equipment, the designation of personnel for said area in medicine, nursing and cleaning, have a security protocol, among others; 6. Patient management, which includes the care of the person deprived of liberty within the establishment, as well as transfers of persons deprived of liberty to facilities of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense del Seguro Social) and finally the management of the most complex patient at the La Reforma Clinic in the event of possible saturation in the country's hospitals; 7. Isolation conditions: where the least possible contact between patients, officials, and users is considered, the control of controlled access, bioprotection equipment, management of medical records, functioning of medical personnel, cleaning procedures in the hospitalization area, procedure for waste management, requirements for a patient to leave isolation, among others; 8. Contact management; 9. Payment of overtime; 10. Continuity of health personnel; 11. Management of ambulances and patrols; and 12. Approach to vulnerable populations. She highlights that regarding the vulnerable population, the immediate prohibition of entry of persons deprived of liberty to the CAI Adulto Mayor was established, and the redistribution of older adults in specific spaces of all centers of the institutional program was also ordered, further clarifying that together with this redistribution, persons with vulnerable conditions such as diabetes mellitus, heart disease, COPD, immunological or debilitating diseases such as HIV or cancer, bronchial asthma, and chronic obstructive pulmonary disease must be included. She adds that on March 20, Directive DVJ-002-2020 was issued, by means of which specific action measures are taken in pursuit of the health and well-being of persons deprived of liberty, such as the suspension of general visits and intimate visits to penitentiary centers, the order to suspend all entry of volunteers, students and researchers, inter- and intra-prison visits; it is established that medical exits to the Costa Rican Social Security Fund will be strictly for emergency reasons, transfers to different prison centers will be carried out only for justified urgent reasons, spaces for inter-module interaction will be allowed as long as there are no suspected cases of COVID-19, among other measures. She also notes that as reinforcement to all these measures, the Directorate of the Penitentiary Police on March 20 and 24 of the current year issued official communications 294 and 298, in order to create guidelines aimed at prevention, as well as to regulate the procedure for receiving packages for the prison population. She adds that Dr. Adín Largo Cruz, Medical Director of the Clinic of the Jorge Arturo Montero Castro Institutional Care Center (Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro), reported that the following measures have been implemented: “At the Institutional level, a Care Protocol has been generated in unity with surveillance against COVID-19 with the intention of implementing the corresponding actions for the detection of suspected cases of COVID-19; at the La Reforma Clinic, a dedicated space was defined for the care of patients with respiratory symptoms, which will be located in the east corner of the main building. The schedule will be Monday to Friday from 7:00 a.m. to 2:00 p.m. and Saturdays and Sundays from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. It is defined: Safety Department. 1. Every day at each living unit (ámbito de convivencia), a list will be made through security during the count of patients who present respiratory symptoms (similar to the flu) and the transfer of these to the most appropriate place will be coordinated. 2. The guard officer in charge of the emergency service will be informed of who the physician responsible for the assessment and care of cases is. 3. The officer responsible for notifying cases requiring medical attention in each living unit will notify the officer assigned to the Emergency Service of the cases that will be brought to the Surveillance Unit, providing the patient's full name, identification number, and the module to which the patient belongs so that the labeling of the medical sheet for their care can be prepared. 4. The patients brought to the service will sit in the chairs or benches arranged for that purpose, which will be one meter apart from each other, in silence and with a surgical mask; they will wait for their assessment and may not join the rest of the population attending the Emergency Service. The surgical mask will be provided by the nurse located in the surveillance unit. Health Department. 1. The physician responsible for the care of these patients will be in charge of filling out the care sheet with all the patient's data, the classification of each case, treatment, and sample collection and notification if deemed necessary, with the assistance of a nursing auxiliary or nurse for taking the patient's vital signs. 2. The health personnel of the surveillance area for patients with respiratory symptoms will attend to them on an emergency sheet, clearly describing the patient's symptoms and noting whether or not there is an epidemiological link with COVID-19; they must use the personal protective equipment defined for this area in the institutional guidelines (…). On March 11, 2020, a training session was held with all prison health personnel at the Training School to socialize the Contingency Plan to mitigate a COVID-19 outbreak in penitentiary centers, use of personal protective equipment, and nasopharyngeal swab sample collection. As of March 12, a differentiated consultation for patients with respiratory symptoms was enabled at the CAI Jorge Arturo Montero Castro and the necessary equipment for sample collection from suspected patients was acquired, and the first care protocol was established. On that same March 12, 2020, an informational meeting was held with the living unit directors and technical heads to plan strategies for promoting information to prevent contagion in each of the center's living units. Additionally, the center's Directorate instructed the administration to proceed with the distribution of cleaning materials, soap, and other necessary implements for proper handwashing and dormitory hygiene. On March 13, a tour of the prison center was conducted to define isolation zones once the appearance of suspected or confirmed cases can be determined, namely that they will begin with the conjugal visit rooms of living units A and B, subsequently the conjugal visit rooms of living units C and D, continuing with a reconversion of the educational area, and finally, if necessary, enabling the evangelical church with an approximate capacity of 120 prisoners in isolation. On March 19, a meeting was held in the General Directorate of the center with living unit directors and the security department to inform and plan measures for the care of patients with respiratory symptoms. The procedure for the care of these patients was prepared, defining specific personnel and a mobile unit that will do the rounds. As of March 20, 2020, a new sector, totally separated from the clinic area, was enabled where patients with respiratory symptoms will be attended to; a clean zone was enabled for the proper protection of officials and storage of PPE. On March 23, 2020, training was conducted with part of the security personnel who form part of the care team and the incoming police squad personnel who will form part of the care team, as well as those in charge of the medical part of each living unit and who are the first contact with the population. Training is also provided to those who carry out commissions to the San Rafael de Alajuela Hospital. On March 24, 2020, a tour of the San Rafael de Alajuela Hospital was conducted, and appropriates control was coordinated with officials of that hospital for the prison police officers who will provide custody to prisoners admitted to that medical center. In addition to the above, procedures were initiated to enable a specific dormitory that meets basic conditions so that the personnel from the hospitals and those who carry out transfers of patients with respiratory symptoms can safeguard their health and, therefore, that of our users. On March 25, the procedure for collecting samples from suspected cases of COVID-19 in the centers affiliated with the La Reforma Clinic was implemented.
According to data gathered to date, in epidemiological week 12, which runs from March 15 to 21, a total exceeding approximately 150 patients with respiratory symptoms have been treated. Of the aforementioned cases, 5 suspected cases were reported, from which samples were taken and they were ruled out as carriers of COVID-19, thus achieving sentinel surveillance of respiratory viruses, determining that in all cases it was a RHINOVIRUS, which is circulating in the prison facility. I must state that at this time there is no evidence of positive COVID-19 cases in the La Reforma Clinic; however, we will need to intensify active case finding and try to extend the hours of care in this office for symptomatic patients to at least 12 hours daily, every day of the week." It notes that regarding the particular situation of the wards, they are being processed for the crime of violation of the Ley de Psicotrópicos, to the detriment of Public Health, and the criminal case is being processed in expediente [Valor 001], of the Criminal Court of Osa. It indicates that ward [Nombre 003] was admitted to the Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría Institutional Care Center on March 3, 2020, from the OIJ Cells of the Southern Zone. It states that he was placed in pretrial detention for three months, running from February 23 to May 23, 2020. It maintains that the prison facility houses a population under indictment, meaning that inmates from various judicial bodies of the country must be received daily. It adds that due to the situation noted and taking into account the consideration of the national emergency resulting from the global COVID-19 pandemic, they have implemented several actions, both at an institutional level and internally within the establishment, to address potential cases of infection, also in coordination with government institutions such as the Caja and the Ministry of Health, as well as internally within the establishment, to address potential cases of infection. He assures that the petitioner is incorrect in indicating that measures are not being taken to prevent or address a possible spread, because although no contagion has yet been detected within the Prison System, they know that each facility is making the necessary adjustments. He affirms that from the moment the first case of coronavirus infection was detected in Costa Rica, the relocation of the inmates who were in dormitories 13 and 14 began; these are located at an approximate distance of 800 meters from the other dormitories. He says that a space is also being enabled for approximately fifty-six inmates, which will also be designated for the new population, so as not to saturate the capacity of dormitories thirteen and fourteen. He mentions that this area is inside the facility's gym and a set of bathrooms is being implemented next to it for that new population; these constructions are currently at eighty percent completion. He highlights that if any suspected case is detected, that person would be placed immediately in an area adjacent to the gym, with space for between ten and twelve inmates, for the purpose of keeping them isolated from the rest while their state of health is determined. He assures that if there are confirmed cases, they have enabled the rooms that were previously designated for intimate visits, which total 9 and each has its own independent bathroom. He adds that from March 3 to April 1, material alluding to the topic was prepared and, provided by the Medical Area, was placed in visible locations for both the prison population and the facility staff. He adds that the Health Area offered the professional team basic information about COVID-19 and the safety measures to prevent contagion. He also mentions that the Medical Area gave an educational talk to the inmate leaders so that they, in turn, would transmit the information to each dormitory. He says that on March 19, a talk was given to the population in the gym by the Professional Education Team, where they were shown videos of the correct way to wash hands and other important information for the prevention of COVID-19. He comments that on March 20, they were informed in a meeting with the population leaders about the decision to suspend visits and the importance of the health measure protocols was reinforced. He says they have held several meetings to make decisions on issues related to this pandemic. He adds that on March 26, 2020, the Medical Area gave an educational talk to the security personnel, as they are responsible for receiving incoming parcels and the visitors who come to deliver them, and on April 1, an informational video on coronavirus care was shown to the prison population of dormitories 1 through 12. He highlights that the authorities of the prison facility have established interdisciplinary coordination between the security sector and the Administration to manage the general cleaning of all dormitories and the maintenance of the mentioned works, as well as successfully completing them and preparing the mentioned spaces. Starting March 25, 2020, the National Coordinator of the Health Section issued the Procedure for taking samples and issued instructions for due compliance, also providing the national guidelines for the surveillance of the COVID-19 disease for Costa Rica. He assures that spaces have been implemented and the newly admitted population has been divided, in order to determine, if necessary and more specifically, the possibility of any contagion. He argues that they are conditioning spaces to receive more population and prevent overcrowding; educational talks have been given not only to the facility staff, but also to the inmates themselves, through the leaders of each dormitory; and they have insisted that the first line of defense is the inmates themselves, especially with constant hand washing and other preventive measures. He adds that regarding the ward Sydney Tiedt, she is confined in the Vilma Curling Rivera Institutional Care Center, and pretrial detention was also ordered against her for a period of three months; this term expires on May 23, 2020. As for that prison facility, he indicates that it does not suffer from prison overcrowding (hacinamiento penitenciario) or overpopulation, contrary to what the petitioner states. He maintains that this prison facility has 4 modules for housing the indicted population, namely A1, A2, A3, and A4, and 5 modules for housing the sentenced population, namely B1, B2, B3, B4, and module F, a maternal-child module where women are placed together with their minor children or pregnant women, and a module for housing women who owe child support. He mentions that modules A1, A2, and A3 have space to house 68 women; module A4 has capacity to house 47 female inmates. He adds that module B1 can house 108 women, B2 has capacity for 96 women, B3 can house 110 female inmates, and module B4 can house 118 female inmates; module F has capacity to house 16 female inmates; the maternal-child module can house 38 women and their children under 3 years of age; and the child support module has capacity to house 12 women under compulsion. He highlights that as of April 6, 2020, a total of 614 women are held. He explains that this prison facility has complied with the directives and circulars issued by the authorities, both from the ministerial office and from the National Institute of Criminology. He adds that as part of the actions taken to combat the pandemic in the prison facility, session No. 05-2020 of March 12, 2020, was held by the Analysis Council, and on that occasion some of the directives and circulars issued up to that point were made known; the Contingency Plan for the Prison Facility proposed by Dr. Michel Espinoza Lozano, Head of Health Services of the prison facility, was also analyzed, based on a meeting on March 11, 2020, which referred to the following aspects: "1.- Persons at risk: diabetics, heart patients, hypertensives, older adults, persons with lung conditions, cancer, or any illness compromising the immune system. In this same vein, the Doctor refers to the importance of not touching one's face without having proceeded with correct hand washing. 2.- As for the Contingency Plan, preparation actions and timely approach will be carried out to mitigate the consequences of a COVID-19 outbreak in prison facilities nationwide. Having the following objectives: limit transmission of the virus. Identify, isolate, and treat the sick early. Communicate and report critical risk events in a timely manner. Minimize the impact on prison dynamics of a possible outbreak. 3.- Work Teams in the Medical Area: The formation of two work teams will be used. The first, composed of Dr. Marcela Gálvez and nurse Zoraida Tenorio, and the second team is composed of Dr. Michel Espinoza and nurse Deyanira Rosales. Care will be distributed as follows: from 8:00 a.m. to 12:00 p.m., care for the population presenting cases with respiratory complications. In the afternoon, the remainder of the Clinic's own functions will be attended to, such as care for the population with chronic health conditions and priority emergencies. 4.- In the case of a population suspected of contagion, it is indicated that those who are asymptomatic will be placed in space in the Medical Area for observation. However, for those presenting symptoms, they will be placed in the space designated as the collection center for complete isolation (...). He adds that on March 16 and 20, officials from the Interdisciplinary Team of the prison facility went to all the modules of the inmate population to indicate the guidelines and orders issued to combat COVID-19 in the prison facilities. He explains that within the instructions, they were educated about correct hand washing, the sneezing protocol, they were explained the importance of keeping common areas and their own spaces clean, they were informed of the restriction on general visits, intimate visits, entry of students, support groups, they were made aware of the new parcel schedules, among other things. He adds that a handwashing station, soap, and paper towels were installed at the entrance gate of the prison facility so that every person entering must first wash their hands. He also indicates that protection materials have been provided to the prison officials who are at the facility entrance and who have more contact with external persons. He says that medical care is provided constantly, as is psychological care; every inmate entering the facility is checked to rule out symptoms of suspected illness. He mentions that in compliance with the orders of both the National Institute of Criminology and the Sentence Execution Court of San José, the Professional Interdisciplinary Council of that prison facility is conducting extraordinary assessments for all female inmates who are at risk regarding COVID-19; on Friday, March 3, the first session was held and another is scheduled for April 7, 2020. He requests that the appeal be dismissed. 13.- By means of a document added to the digital file at 2:18 p.m. on April 15, 2020, the petitioner requests that an inquiry be made into information that appeared in the press indicating that there are two cases of COVID-19 in the CAI Vilma Curling and reiterates his concern about the overcrowding that exists in the CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría. 14.- By means of a document added to the digital file at 12:47 p.m. on April 17, 2020, Margareth Vindas Ramírez reports under oath, in her capacity as Coordinating Prosecutor of the Osa Prosecutor's Office, that on February 23, 2020, at 4:20 p.m., the wards [Nombre 004] Gottesdeld and [Nombre 002] were arrested. She adds that on February 24, 2020, Attorney Fernando José Vargas Zeledón requested before the Osa Prosecutor's Office a 24-hour extension to exercise the right of defense of the investigated persons, with the latter's knowledge. She highlights that on February 25, 2020, and before the Osa Prosecutor's Office, and in pursuit of the right of defense assisting the wards, Attorney Fernando Vargas Zeledón appeared, and that same day his appointment by those involved was revoked by mutual agreement, and said legal professional stated he would not charge any fee; instead, Attorneys Karolina Quirós Vaglio and Erick Gatgens Gómez, who were appointed by the wards, appeared that same day. She affirms that according to the investigative statements, they were taken on the same February 25, 2020, at 2:30 p.m. and 2:50 p.m. respectively, after both detainees exercised their right to material and technical defense through Attorney Quirós Vaglio; both availed themselves of their right to remain silent at that time; the detainees were placed at the order of the Criminal Court of Osa on the same February 25, 2020, at 3:10 p.m. She mentions that on February 26, 2020, with Attorney Erick Gatgens Gómez present, an extension of the investigative statement was made for the accused herein, exercising their right of defense, at 3:39 p.m. and 4:26 p.m., prior to the hearing on the pretrial detention precautionary measure requested by the Public Prosecutor's Office. She adds that on February 26, 2020, the hearing for the request for precautionary measures against the detainees [Nombre 004] Gottesdeld and [Nombre 002] was held, as a result of which, through the minute entered at 5:57 p.m. on February 26, 2020, and by means of a resolution at 10:15 p.m. on February 26, 2020, the pretrial detention was imposed on the mentioned accused for a period of three months, expiring on May 23, 2020, a measure established as proportional, suitable, and necessary. She assures that the factual and legal grounds for the imposition of the pretrial detention were made during the hearing held by the Criminal Judge, which is contained in the corresponding audio in the virtual file. Furthermore, she indicates that the file was transferred on appeal so that the Trial Court would resolve the Appeal filed by Attorney Erick Gatgens Gómez. She mentions that the Trial Court dismissed said appeal. She requests that the appeal be dismissed. 15.- In a resolution at 3:25 p.m. on April 20, 2020, the appeal was expanded and a report was requested from the General Director and the Medical Director of the Clinic, both of the Vilma Curling Rivera Institutional Care Center, and from the General Director and the Medical Director of the Clinic, both of the Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría Institutional Care Center, regarding the facts expanded upon by the petitioner. 16.- By means of a document filed with the Court's Secretariat at 11:53 a.m. on April 21, 2020, the petitioner expanded the appeal and indicated that the resolution denying the change of the precautionary measure of pretrial detention for the wards lacks proper justification. 17.- By means of a document filed with the Court's Secretariat at 10:40 a.m. on April 23, 2020, Kattia Góngora Meza and Michel Espinoza Lozano report under oath, in their capacity as Director and Head of Health Services, respectively, both of the Vilma Curling Rivera Institutional Care Center, that indeed Ms. [Nombre 005] Tietdt is held in that prison facility in the status of indicted, housed in module A2. They mention that as of April 22, 2020, there is no confirmed case of COVID-19 of any inmate in that prison facility. They explain that two female inmates who were suspected of COVID-19 contagion are in health isolation; both have negative test results but remain in quarantine by order of the Ministry of Health. They add that one of them was housed in module A2 and the other in the collective module B1. They request that the appeal be dismissed. 18.- By means of a document sent via the fax system at 11:55 a.m. on April 29, 2020, Martin Chaves Suárez and Rubén Camacho Piedra report under oath, in their respective order as Director and Medical Director, both of the Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría Institutional Care Center, that the ward entered that prison facility on March 3, 2020, in the status of indicted, at the order of the Criminal Court of Osa, for the crime of violation of the Ley de Psicotrópicos. He highlights that the protected person was assessed on March 10, 2020, in the CAI Clinic for an upper respiratory tract infection and left foot trauma, for which he was medicated. They mention that in that prison facility, to date, there are no inmates suspected or infected with the COVID-19 virus, so the ward is not at risk. Regarding the distribution of inmates in said facility, they indicate: 19.- In a resolution at 7:13 p.m. on April 29, 2020, evidentiary measures for better resolution were requested from the Criminal Judge of the Criminal Court of Osa, concerning the expansion of the appeal made by the petitioner. 20.- By means of a document added to the digital file at 3:52 p.m. on April 30, 2020, the petitioner provides evidence corresponding to resolutions contained in the judicial file to support his claim. 21.- By means of a document added to the digital file at 8:59 a.m. on May 4, 2020, Ana María Ávila Medrano reports under oath, in her capacity as Coordinating Judge of the Criminal Court of Osa, that by resolution at 10:15 p.m. on February 26, 2020, pretrial detention was imposed against David Gottelfels and Sydney Tiedt, for the alleged crime of violation of the Ley de Psicotrópicos to the detriment of public health, a measure that expires next May 23, and which is still within the first three months since it was imposed. She explains that she received a request for a change of the precautionary measure from the Technical Defense counsel of Mr. David Gottelfels and Ms. Sydney Tiedt, for which an oral hearing was scheduled for April 14, 2020. She adds that on April 14 of this year, the hearing was held to hear the request for a change of the precautionary measure, in which it was requested that the precautionary measure of pretrial detention be modified and instead house arrest with electronic monitoring be imposed, and for which they offered the testimonies of Marie Venetia Tiedt, passport number 549946433, mother of Sydney Tiedt, and David Bryan Reilly, passport number 509458658, stepfather of Sydney, and who in turn provided a lease contract for a residential house located in Pozos de Santa Ana, San José, calle manantiales, 50 meters north and 500 east of the Pozos church, where the wards would establish their domicile; subsequently, the floor was given to the Technical Defense counsel, who presented the arguments for her request, and an audience was granted to the representative of the Public Prosecutor's Office, who in turn requested that the change of precautionary measure be rejected and the pretrial detention be maintained until May 23, 2020. She highlights that once the parties were heard, by resolution at 5:14 p.m. on April 14, 2020, she decided to maintain the precautionary measure unchanged, assessing each of the latent procedural dangers, which are current and imminent in nature, as well as the grounds for pretrial detention and that there is no objective change of circumstances in this case; likewise, the offers do not provide sufficient assurance to keep the accused bound to the criminal proceedings; the accused are United States nationals and all of their ties are in that country; they entered Costa Rica only to attend the Festival where the alleged criminal activity was taking place, and therefore they do not have sufficient elements within our country to provide the administration of justice with the certainty that the defendants will submit to the judicial process. She considers that regarding the allegation of lack of justification put forth by the Technical Defense counsel, it is unfounded, because the challenged resolution extensively sets forth each of the reasons that led this judge to reject the change of the precautionary measure. She requests that the appeal be dismissed. 22.- By means of a document added to the digital file at 10:13 a.m. on May 5, 2020, the petitioner alleges that there is a push by the government to legalize hemp (cáñamo) and reiterates that in the criminal file, extensive evidence has been offered proving that the products the wards were selling were made from hemp and not marijuana. 23.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Judge Araya García; and,
Considering:
I.- Purpose of the appeal. The petitioner considers the fundamental rights of the wards to have been violated, specifically, by virtue of the following grievances: 1) excessive period of detention before the precautionary measure of pretrial detention was ordered, due to the previous defense counsel's request to extend the period before placing them at the court's disposal; 2) lack of justification for the pretrial detention due to an unjustified rejection of evidence; 3) overcrowding (hacinamiento) in the CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría and insecurity due to risk to their health from possible COVID-19 contagion, both in the CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría and in the CAI Vilma Curling Rivera; 4) existence of procedural defects, to the point that a correction of errors by the Court had to be made by the Trial Court; 5) lack of justification for the resolution that rejected changing the precautionary measure of pretrial detention to a less burdensome one, such as house arrest; and 6) he indicates that there is a push by the government to legalize hemp, and that he has repeatedly provided evidence to the criminal file proving that what the wards had in their possession was hemp and not marijuana. He requests that the appeal be granted and that the immediate release of the wards be ordered. II.- Proven facts. The following facts are deemed duly proven as relevant to the decision in this matter: Regarding the arrest and the criminal proceedings followed against the wards: Criminal case No. [Valor 001] is being pursued against the wards for the crime of violation of the Ley de Psicotrópicos, to the detriment of public health (see report rendered by the respondent authority). On February 23, 2020, at 1:05 p.m., under the functional direction of the Osa Prosecutor's Office, a raid was carried out in the Bahía de Osa sector, seizing a significant quantity of drugs, for which Attorney Jonathan Badilla Rojas - the Prosecutor in charge - ordered the on-site arrest of Mr. [Nombre 001] and Mr. [Nombre 002] (see report rendered by the respondent authority). The Fuerza Pública of Osa provided collaboration to the Judicial Investigation Organization during the raid carried out in the Bahía de Osa sector; said collaboration consisted of providing perimeter security to the Judicial Investigation Organization in the Playa Hermosa sector, at the Envisión Event (see report rendered by the respondent authority). At 4:20 p.m. on February 23, 2020, the wards were arrested by the Judicial Investigation Organization and as of that moment were placed at the disposal of the Osa Prosecutor's Office (see report rendered by the respondent authority). At 11:35 a.m. on February 24, 2020, the police report with leads number C.I.28-ORO-2020, prepared by the Judicial Investigation Organization officers in charge of the raid, was submitted to the Osa Prosecutor's Office (see report rendered by the respondent authority). At 2:44 p.m. on February 24, 2020, Attorney Fernando Vargas Zeledón appeared as defense counsel for the wards (see evidence provided to the file). At 4:05 p.m. on February 24, 2020, Prosecutor Josué Hernández Cerdas stated that the defense counsel for the wards requested a 24-hour extension from the Osa Prosecutor's Office to conduct the investigative statement and thus exercise the right of defense of the investigated persons, with the latter's knowledge, because he was far from the jurisdiction of Osa and could not be there before 4:20 p.m., which is why they granted said request (see report and evidence provided by the respondent authority). On the same February 24, 2020, and before the Osa Prosecutor's Office, the appointment of Attorney Fernando Vargas Zeledón was revoked, and Attorneys Karolina Quirós Vaglio and Erick Gatgens Gómez appeared in his place as defense counsel for the defendants (see report rendered by the respondent authority). On February 25, 2020, at 2:30 p.m. and 2:50 p.m., the investigative statements of the wards were taken (see report and evidence provided by the respondent authority). At 3:10 p.m. on February 25, 2020, the wards were placed at the disposal of the Criminal Court of Osa (see report and evidence provided by the respondent authority). On February 26, 2020, an extension of the investigative statement was made by the wards in the presence of Attorney Gatgens, at 3:39 p.m. and 4:26 p.m., respectively (see report and evidence provided by the respondent authority). At 5:56 p.m. on February 26, 2020, a hearing was held on the request for the precautionary measure of pretrial detention against the investigated persons by the Criminal Court of Osa (see report and evidence provided by the respondent authority). By resolution at 10:15 p.m. on February 26, 2020, the Criminal Court of Osa imposed pretrial detention on both wards for a period of three months, expiring next May 23, 2020 (see report and evidence provided by the respondent authority). The technical defense counsel filed an appeal against the resolution of 10:15 p.m. on February 26, 2020 (see report and evidence provided by the respondent authority). By resolution at 2:34 p.m. on March 10, 2020, the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa, set a date for holding the oral hearing on the appeal filed and rejected all the evidence offered, on the grounds that it did not meet the requirements established in the procedural rules (see report rendered by the respondent authority). The defense counsel for the defendants filed a motion for revocation against the resolution of 2:34 p.m. on March 10, 2020, considering that the rejection of evidence was not justified (see report rendered by the respondent authority). By resolution at 4:32 p.m. on March 13, 2020, the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa, partially granted the Motion for Revocation filed by the technical defense counsel of the defendants and proceeded to justify what had been omitted regarding the specific reasons for rejecting the evidence offered by the defense counsel to be heard during the appeal hearing; the legal reasons why the offer of evidence did not pass the formal admissibility screening established in section 453 of the Código Procesal Penal were stated with total clarity, and therefore, its rejection was upheld (see report and evidence provided by the respondent authority). By resolution at 3:55 p.m. on March 11, 2020, the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa, scheduled an appeal hearing for 1:30 p.m. on March 16, 2020 (see report and evidence provided by the respondent authority). On March 16, 2020, the oral appeal hearing was held before the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa (see report rendered by the respondent authority). By resolution No.
31-2020 at 21:50 hours on March 16, 2020, the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, Osa, dismissed the appeal filed by the petitioner and upheld the lower-court ruling (see report and evidence provided by the respondent authority).
The Technical Defense of the protected persons filed a request for change of precautionary measure before the Criminal Court of Osa, for which an oral hearing was scheduled for April 14, 2020 (see report provided by the respondent authority).
On April 14, 2020, the Criminal Court of Osa held the hearing to address the request for change of precautionary measure, in which it was requested that the precautionary measure of pretrial detention be modified and replaced with house arrest with electronic monitoring (see report provided by the respondent authority).
By resolution at 17:14 hours on April 14, 2020, the Criminal Court of Osa decided to maintain the precautionary measure unchanged, assessing each of the latent procedural risks, which are current and imminent, as well as the grounds for pretrial detention and that there is no objective change of circumstances in this case (see report provided by the respondent authority).
Regarding the measures taken in the National Penitentiary System due to COVID-19:
On March 10, 2020, the “Ministry of Justice and Peace Coronavirus Contingency Plan” was formalized, with the purpose of “Carrying out preparedness and timely response actions to mitigate the consequences of a COVID-19 outbreak in penitentiary centers nationwide,” which is mandatory for all units of the Dirección General de Adaptación Social (see report provided by the respondent authority).
The “COVID-2019 Contingency Plan” includes a series of measures such as: “1. Regulating the entry of sick outsiders into the centers, including both visitors and staff; 2. Regulating the entry and exit of persons deprived of liberty from the centers, also including actions upon the entry of a person coming from abroad; 3. The establishment of operational definitions such as: suspected case, probable case, and confirmed case, with their corresponding action plan; 4. Reception of patients: both persons deprived of liberty with flu-like symptoms and the general penal population; 5. Classification and care in health services, specifying that said area must be separated from the emergency service, have handwashing stations and disposable towels, have complete biosafety equipment for staff, have respirators for patients, have the usual minimum medical office equipment, the designation of personnel for said area including medicine, nursing, and cleaning, have a security protocol, among others; 6. Patient management, which includes care for the person deprived of liberty within the facility, as well as transfers of persons deprived of liberty to facilities of the Caja Costarricense del Seguro Social and, finally, management of higher-complexity patients at Clínica La Reforma in the event of saturation at the country’s hospital centers; 7. Isolation conditions: considering the least possible contact between patients, staff, and users, controlled access, bioprotection equipment, management of medical records, functioning of medical staff, cleaning procedure in the hospitalization area, procedure for waste management, requirements for a patient to leave isolation, among others; 8. Contact management; 9. Payment of overtime; 10. Continuity of health personnel; 11. Management of ambulances and patrols; and 12. Approach to vulnerable populations” (see report and evidence provided by the respondent authority).
Regarding the vulnerable population, the immediate prohibition of entry of persons deprived of liberty to the CAI Adulto Mayor was established, also ordering the redistribution of older adults in specific spaces in all centers of the institutional program, further clarifying that this redistribution must include persons with vulnerable conditions such as: diabetes mellitus, heart disease, COPD, immunological or debilitating diseases such as HIV or cancer, bronchial asthma, and chronic obstructive pulmonary disease (see report and evidence provided by the respondent authority).
On March 20, Directive DVJ-002-2020 was issued, establishing specific action measures in pursuit of the health and well-being of persons deprived of liberty, such as the suspension of general visitation and intimate visitation to penitentiary centers, the order to suspend all entry of volunteers, students, and researchers, inter- and intra-prison visits; it establishes that medical outings to the Caja Costarricense del Seguro Social shall be strictly for emergency reasons, transfers to different penal centers shall be carried out only for justified urgent reasons, spaces for inter-module interaction shall be permitted as long as there are no suspected cases of COVID-19, among other measures (see report and evidence provided by the respondent authority).
On March 25, 2020, the National Coordinator of the Health Section issued the Procedure for sample collection and issued instructions for due compliance, also providing national guidelines for COVID-19 disease surveillance for Costa Rica (see report and evidence provided by the respondent authority).
Regarding the CAI Vilma Curling Rivera:
On March 3, 2020, the protected person entered the CAI Vilma Curling Rivera, coming from Celdas del OIG de la Zona Sur (see report provided by the respondent authority).
The CAI Vilma Curling does not have prison overcrowding or overpopulation (see report provided by the respondent authority).
The penal center has 4 modules to house the remand population, namely A1, A2, A3, and A4, and 5 modules for housing the sentenced population, namely B1, B2, B3, B4, and module F, a mother-child module, where women with their minor children or pregnant women are housed, and a module for housing women who owe child support (see report provided by the respondent authority).
Modules A1, A2, and A3 have space to house 68 women, module A4 has capacity to house 47 women deprived of liberty; module B1 can house 108 women, B2 has capacity for 96 women, B3 can house 110 women deprived of liberty, and module B4 can house 118 women deprived of liberty, module F has capacity to house 16 women deprived of liberty, the mother-child module can house 38 women and their children under 3 years of age, and the child support module has capacity to house 12 compelled women (see report provided by the respondent authority).
In Session No. 05-2020 of March 12, 2020, the Analysis Council of the penal center became aware of some of the directives and circulars issued up to that date; the Penal Center Contingency Plan proposed by Dr. Michel Espinoza Lozano, Head of Health Services of the penal center, was also analyzed, according to a meeting on March 11, 2020, where the following aspects were addressed: “1.- Persons at risk: diabetics, heart disease patients, hypertensives, older adults, persons with pulmonary conditions, cancer, or any disease that compromises the immune system. In this same vein, the Doctor mentions the importance of not touching one’s face without having first performed proper handwashing. 2.- Regarding the Contingency Plan, preparedness and timely response actions will be carried out to mitigate the consequences of a COVID-19 outbreak in penitentiary centers nationwide. With the following objectives: limit transmission of the virus. Identify, isolate, and care for the sick early. Communicate and report critical risk events in a timely manner. Minimize the impact on prison dynamics of a possible outbreak. 3.- Work Teams in the Medical Area: The formation of two work teams will be used. The first, consisting of Dr. Marcela Gálvez and nurse Zoraida Tenorio, and the second team consisting of Dr. Michel Espinoza and nurse Deyanira Rosales. Care will be distributed as follows: from 8:00 a.m. to 12:00 p.m., care for the population presenting cases with respiratory complications. In the afternoon hours, the rest of the Clinic’s own functions will be attended to, such as care for the population with chronic health conditions and priority emergencies. 4.- In case of a population suspected of contagion, it is indicated that those who are asymptomatic will be placed in a Medical Area space for observation. However, those presenting symptoms will be placed in the space designated as the collection center for complete isolation (…)(see report and evidence provided by the respondent authority).
A handwashing station, soap, and paper towels were installed at the entrance gate of the penal center so that every person entering must first wash their hands; in addition, protective materials were provided to the prison staff at the center’s entrance who have greater contact with outsiders (see report provided by the respondent authority).
The Professional Interdisciplinary Council of this penal center is conducting extraordinary assessments of all women deprived of liberty who have a risk situation regarding COVID-19, as ordered by the Juzgado de Ejecución de la Pena de San José (see report provided by the respondent authority).
On March 16 and 20, 2020, staff from the Interdisciplinary Team of the penal center went to all modules of the population deprived of liberty to communicate the guidelines and orders issued to combat COVID-19 in penal centers (see report and evidence provided by the respondent authority).
As of April 6, 2020, a total of 614 women are deprived of liberty (see report provided by the respondent authority).
Two women deprived of liberty who were suspected of COVID-19 contagion are in sanitary isolation; both have a negative result but remain in quarantine by order of the Ministry of Health; one of them was housed in module A2 and the other in collective module B1 (see report provided by the respondent authority).
As of April 22, 2020, there are no confirmed cases of COVID-19 among any person deprived of liberty in this penal center (see report provided by the respondent authority).
Regarding the CAI Gerardo Rodríguez Echeverría:
On March 3, 2020, the protected person [Name 003] entered the CAI Gerardo Rodríguez Echeverría, coming from Celdas del OIG de la Zona Sur (see report provided by the respondent authority).
On March 10, 2020, the petitioner was assessed at the CAI Clinic for an upper respiratory tract infection and left foot trauma, for which he was medicated (see report provided by the respondent authority).
The penal center houses a remand population, resulting in the daily reception of inmates coming from various judicial bodies across the country (see report provided by the respondent authority).
From the moment the first case of coronavirus infection was detected in Costa Rica, the relocation of persons deprived of liberty who were in dormitories 13 and 14 began; these dormitories are located approximately 800 meters from the other dormitories (see report provided by the respondent authority).
A space is being enabled for approximately fifty-six persons deprived of liberty, which will also be designated for new population, in order not to saturate the capacities of dormitories thirteen and fourteen (see report provided by the respondent authority).
If a suspected case is detected, it would be placed immediately in an area adjacent to the gym, with space for between ten and twelve persons deprived of liberty, for the purpose of keeping them isolated from the rest while their health status is determined (see report provided by the respondent authority).
In case of having confirmed cases, the rooms that were used for intimate visits in the past have been enabled; there are 9 in total, and each has its own independent bathroom (see report provided by the respondent authority).
Material alluding to the topic and approved by the Medical Area was prepared and placed in visible locations for both the prison population and the center’s staff (see report provided by the respondent authority).
On March 19, 2020, a talk was given to the population in the gym by the Professional Education Team, where they were shown videos on the correct way to wash hands and other important information for COVID-19 prevention (see report provided by the respondent authority).
On March 26, 2020, the Medical Area gave an educational talk to security personnel, as they are responsible for receiving incoming packages and the visitors who deliver them (see report provided by the respondent authority).
On April 1, 2020, an informational video on coronavirus care was shown to the penal population of dormitories 1 through 12 (see report provided by the respondent authority).
As of April 22, 2020, there were no suspected cases or any active cases of COVID-19 in the penal center (see report provided by the respondent authority).
III.- Regarding the excessive length of detention to which the protected persons were subjected. Article 37 of the Constitution permits restriction of personal liberty only in certain circumstances, one of them being that there is proven indication of having committed a crime and under the condition that the person be brought before a competent Judge within twenty-four hours. Note that this constitutional precept qualifies the term as “peremptory,” thereby making it decisive, determinative, urgent, and pressing. The deadline cannot be interpreted and applied by the authorities of the Public Ministry and police forces as a maximum that legitimizes them to detain a person until its expiration. It is essentially a temporal parameter that, as far as possible, must be reduced to its minimum expression, avoiding its exhaustion or unnecessary full passage (see judgment No. 2010-14812 at 8:45 hours on September 3, 2010).
In the case at hand, the petitioner claims that the protected persons were detained for an excessive period without being brought before the Fiscalía de Osa by the Organismo de Investigación Judicial. Now, this Chamber was able to verify that, contrary to what the petitioner asserts, the protected persons were brought before the Fiscalía de Osa from the moment of their detention, and the irregularity regarding their detention occurred while they were under the order of said body. In this regard, from the report provided by the respondent authorities given under the solemnity of oath, with timely warning of the consequences set forth in Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, this Chamber confirms a violation of the fundamental rights of the protected persons regarding this point, based on the reasons set forth below.
On this matter, the respondent authorities indicate that the 24-hour detention period to bring the petitioners before a Judge was indeed exceeded, but that this was not illegitimate because it was due to the fact that the first private defense counsel appointed by the protected persons requested an extension of the period to conduct the preliminary hearing and exercise the right of defense of the protected persons, as he was far from Osa, and therefore, the Fiscalía granted said request. In this regard, this Chamber has on some occasions tolerated the taking of statements from defendants in a case beyond the 24-hour period; this has been when the situation is not due to the negligence of the authorities but due to the nature of the case, and precisely, one of the justifications can be the geographical distance of the location; however, in this particular case, this Chamber finds that such exemption did not exist.
Note that Article 91 of the Code of Criminal Procedure establishes:
“ARTICLE 91.- Opportunities and competent authority. When there is sufficient reason to suspect that a person has participated in the commission of a punishable act, the official of the Public Ministry in charge of the investigation shall proceed to take their statement. If the defendant has been apprehended, the statement shall be taken immediately or, at the latest, within twenty-four hours counted from their apprehension. The deadline shall be extended for an equal period when it is necessary for the defense counsel of their choice to appear. The defendant shall have the right to make a statement when they deem it indispensable, provided their statement is pertinent and does not constitute a dilatory measure of the procedure.” In accordance with the previous article, Article 237 of the same normative body stipulates the following:
“ARTICLE 237.- Detention. The Public Ministry may order that a person be detained when: a) The presence of the defendant is necessary and there are proven indications to reasonably sustain that they are the perpetrator of or participant in a crime, and that they may hide, flee, or absent themselves from the place. b) In the first moment of the investigation, it is impossible to identify the defendants and witnesses and urgent action is required so as not to prejudice the investigation, in order to prevent those present from leaving the place, communicating among themselves, and altering the state of things and places. c) The concurrence of any person is necessary for the investigation of a crime. Detention shall not exceed twenty-four hours. If the Public Ministry deems that the person must remain detained for a longer time, it shall immediately bring them before the court of the preliminary procedure and request that it order pretrial detention or apply any other substitute measure. Otherwise, it shall order their release.” Now, it is indeed on record that the protected persons were detained and brought before the Fiscalía de Osa from 16:20 hours on February 23, 2020. Likewise, it was established that after 21 hours from the detention of the petitioners, Lic. Fernando Vargas appeared as their private defense counsel and requested an extension of the period to give a preliminary statement because he could not appear in Osa before the 24-hour deadline expired. It is also on record that after 23 hours from the detention of the protected persons, the Prosecutor in charge of the matter agreed to extend the period for the preliminary hearing.
Subsequently, once the 24-hour detention period for the protected persons had been exceeded, the appointment of the defense counsel was revoked, and Licenciados Erick Gatgens and Karolina Quirós appeared in the case as new technical defense for the investigated persons. In accordance with the provisions of the previously transcribed norms, the correct course of action would have been for the Fiscalía, upon realizing that the protected persons had to remain detained for more than 24 hours, to seek a solution to safeguard the constitutional and procedural guarantees of the protected persons; however, knowing that the 24-hour period granted by the Political Constitution and the Law to bring the petitioners before a competent Judge had already expired, they still waited another 22 hours for the protected persons to give their preliminary statement and to bring the protected persons before the Judge, which occurred only at 15:10 hours on February 25, 2020; that is, the petitioners were detained without being brought before a competent Judge for approximately 46 hours.
Now, it is on record that once brought before the Judge, the legal situation of the protected persons was resolved in accordance with the law, since, 2 hours after being brought before the Judge, the hearing on precautionary measures was held, and 5 hours later, the resolution imposing the precautionary measure of pretrial detention for a period of three months against the protected persons was issued, thus the Criminal Court of Osa respected the 24-hour and 48-hour deadlines established by Article 238 of the Code of Criminal Procedure.
Note that this concerns a person’s liberty, and indeed, the protected persons were detained and thus illegitimately deprived of their liberty for a period longer than permitted and without a judicial order authorizing it. Such being the case, and taking into consideration that regarding the impairment of personal liberty, any action restricting it must be duly justified, this Court finds that the fundamental rights of the protected persons were indeed violated. Consequently, the petition is granted regarding this point and against the authorities of the Fiscalía de Osa, for purely indemnification purposes, since the situation has already been resolved by the imposition of the precautionary measure of pretrial detention against the protected persons by a competent authority.
IV.- On the reasoning of the resolution that imposed pretrial detention against the protected persons. Article 39 of the Political Constitution and Article 8(2) of the American Convention on Human Rights enshrine the presumption of innocence as a fundamental right, by virtue of which no person may be considered or treated as guilty until there is a final judicial decision of guilt, rendered as a result of a trial with all guarantees, and in which guilt has been fully proven based on lawful evidence validly incorporated into the process. That said, in accordance with Article 37 of the Political Constitution and Article 7(2) of the American Convention on Human Rights, in relation to Articles 238 and 239 of the Code of Criminal Procedure, the enjoyment of a presumption of innocence does not imply that it is not possible to order the deprivation of liberty of a person, as a precautionary measure, within the processing of a criminal case, in those cases where there are objective procedural reasons that make it indispensable to ensure the discovery of the truth and the operation of the law. Indeed, on this matter, Article 239 of the Code of Criminal Procedure provides as follows:
“The court shall order the pretrial detention of the defendant whenever the following circumstances concur:
In the case under examination, the petitioner considers that the resolution imposing the precautionary measure of pretrial detention against the protected persons lacks proper reasoning. However, after analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered by the respondent authorities, a violation of the fundamental rights of the protected persons regarding this point cannot be established, as will be discussed.
It is on record in the case file that criminal case No. [Value 001] is being pursued against the protected persons for the crime of violation of the Ley de Psicotrópicos.
By virtue of the foregoing, through the ruling issued at 10:15 p.m. on February 26, 2020, the Criminal Court of Osa imposed on both protected persons pretrial detention (prisión preventiva) for a period of three months, which expires on May 23, 2020.
In this regard, it was possible to establish that the Judge responsible for imposing the pretrial detention (prisión preventiva) analyzed the specific case with the elements present in the case file and with each of the interventions made during the hearing by each of the procedural parties, thereby reaching the conclusion that the facts under investigation result in a degree of probability that the charged crime has been committed, and further concluded that there is a latent flight risk (peligro de fuga), considering the magnitude of the harm and the potential sentence to be imposed.
Thus, the challenged Criminal Court established in the questioned ruling: “It is considered that there is a degree of probability of the facts under investigation, the crime committed by the accused is punishable by a custodial sentence, the flight risk (peligro de fuga) is present, latent, and imminent, the magnitude of the harm caused, and criminal continuity, the presentation is made in accordance with numeral 37 of the Political Constitution, an analysis of the degree of probability is carried out taking into consideration the evidence provided to the case file up to this moment, it is analyzed in light of the reports submitted by the police authorities, the evidence contained in the case file, the evidentiary list supporting the Public Prosecutor’s Office, numeral 58 of Law 8204 is indicated, an analysis of the criminal characterization (tipicidad) of the same is made, both objective and subjective, and because this Judge believes that there is indeed a crime to investigate, it is established that it is a crime of abstract danger, the reasons for consideration thereof are given, the evidence provided by the defense is analyzed, which despite having documents in the English language, there are others in the Spanish language, therefore an assessment of them is made, that although it is true that the business activity of the accused in New York is permitted, in our country there is no such possibility according to the domestic legal system to carry out such activity, on the one hand, there is nothing in the case file showing that the seized product was legally entered through our country’s customs and complies with the respective permits as they allege, which would lead one to suppose that said product is legitimate in our country (…)” The Criminal Judge also adds in the ruling that: “(…) On the other hand, there was a transfer of money from those involved to the organizers of the event (Festival) as part of the illicit activity that was carried out, which generated profits for the parties, and it is not verified in the case file that the money seized from them, which they supposedly paid, had the respective taxes paid in favor of the country, see that the profits are significant, that the quantity of drugs seized and the money they carried were the result of their criminal actions, without any control by our country’s government, it was established that the accused sought advice regarding whether or not it was a crime to sell their product in our country from the event organizers, but they should have properly sought advice from the respective authorities to be able to commercialize their product in our area (…) regarding the weak ties (arraigos) that hold those involved here, it was explained that regarding the family, domiciliary, and employment ties (arraigo familiar, domiciliar y laboral) of both detainees are consolidated in their country of origin, the United States, that they have no root to tie them to the country, that there is no restraining factor whatsoever, that since both accused are businesspersons and have economic power they can leave the country and not comply with the present proceedings, a possible address was provided, but that does not provide restraint, it is explained that it is a tie (arraigo)… that it is not generated overnight, that the crime committed by them and according to the laws of our country was committed in flagrancy, that they depend on no one but themselves to ensure compliance with the proceedings and already knowing the penalty that can be imposed on them they may flee the country, it is explained that our borders do not prevent them from leaving here, they are weak, that the other less burdensome precautionary measures are not the most suitable at this time, because their status in the country is null, they are in transit. (…) Therefore, the magnitude of the harm caused, the protected legal interest of public health is indeed violated, and it must be investigated and those involved must be tied to the proceedings to answer for their actions in a possible trial should there be one, they cannot continue with their illicit activity, which could happen if other less burdensome measures were imposed.” The foregoing allows this Chamber to reach the conclusion that the elements of conviction that served as support for the challenged Criminal Court to make the questioned decision are sufficient to properly state the reasons and grounds for the questioned ruling. Consequently, this Chamber finds no merit whatsoever to grant this appeal regarding this point and, therefore, it is declared without merit on this issue.
V.- Regarding the alleged overcrowding (hacinamiento) and insecurity in the challenged prison centers due to possible COVID-19 infections. The appellant also claims that the protected person [Name 003] is held in conditions of overcrowding (hacinamiento) in the Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría Institutional Care Center (CAI) and that both the protected person [Name 003] and the protected person Tiedt are at risk of contracting COVID-19, because he considers that the challenged authorities are not implementing the necessary measures to prevent such infections in the country's prison centers. He indicates that there is even information that there are two cases in the Vilma Curling Rivera CAI, and that one of the cases shared a module with the protected person Tiedt.
On this particular matter, it must be indicated that as duly established in the statement of proven facts and in the reports rendered by the challenged authorities of the General Directorate of Social Adaptation (Adaptación Social) and of the Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría and Vilma Curling Rivera Institutional Care Centers, the Ministry of Justice and Peace has issued a series of guidelines that must be followed by the entire National Penitentiary System in order to address the national emergency caused by COVID-19.
In this manner, it is recorded that the Ministry of Justice and Peace established the COVID 2019 Contingency Plan, which includes the following measures: “1. Regulate the entry of sick external persons into the centers, which includes both visitors and staff; 2. Regulate the entry and exit of persons deprived of liberty to and from the centers, also including actions to be taken upon the entry of a person coming from abroad; 3. The establishment of operational definitions such as: suspected case, probable case, and confirmed case, with its due action plan; 4. Reception of patients: both persons deprived of liberty with flu-like symptoms and the general prison population; 5. Classification and care in health services, where it is specified that said area must be separated from the emergency service, have sinks and disposable towels, have complete biosafety equipment for personnel, have a respirator for patients, have the minimum usual office equipment, the designation of personnel for said area including medicine, nursing, and cleaning, have a security protocol, among others; 6. Patient management, which includes the care of the person deprived of liberty within the facility, as well as the transfers of persons deprived of liberty to facilities of the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense del Seguro Social) and finally the management of patients of greater complexity at the La Reforma Clinic in the event of saturation in the country's hospital centers; 7. Isolation conditions: where the least possible contact between patients, staff, and users is considered, controlled access, bioprotection equipment, management of medical records, operation of medical personnel, cleaning procedure in the hospitalization area, procedure for waste management, requirements for a patient to leave isolation, among others; 8. Contact management; 9. Payment of overtime; 10. Continuity of health personnel; 11. Management of ambulances and patrols; and 12. Addressing vulnerable populations.” Likewise, on this aspect it could be verified that the Vilma Curling Rivera Institutional Care Center has fully complied with these directives and that is why it established the following measures to protect the population deprived of liberty in its prison center:
““1.- Persons at risk: diabetics, heart patients, hypertensives, older adults, persons with pulmonary conditions, cancer, or any disease that compromises the immune system. In this same vein, the Doctor refers to the importance of not touching one's face if proper hand washing has not been carried out. 2.- Regarding the Contingency Plan, preparation actions and timely approach will be carried out to mitigate the consequences of a COVID-19 outbreak in prison centers nationwide. Having the following objectives: limit virus transmission. Identify, isolate, and care for the sick early. Communicate and inform critical risk events in a timely manner. Minimize the impact on prison dynamics of a possible outbreak. 3.- Work Teams in the Medical Area: The formation of two work teams will be used. The first, composed of Dr. Marcela Gálvez and nurse Zoraida Tenorio, and the second team is composed of Dr. Michel Espinoza and nurse Deyanira Rosales. Care will be distributed as follows: from 8:00 a.m. to 12:00 p.m., care for the population presenting cases with respiratory complications. In the afternoon hours, the rest of the Clinic's own functions will be attended to, such as care for the population with chronic health conditions and priority emergencies. 4.- In the event of a population suspected of infection, it is indicated that those who are asymptomatic will be placed in a Medical Area space for observation. However, for those presenting symptoms, they will be placed in the space designated for the collection center for complete isolation (…)”.
Similarly, it was proven that although there are indeed two persons deprived of liberty in the Vilma Curling Rivera CAI who were suspected of COVID-19 infection, they are in sanitary isolation and both have a negative result but remain in quarantine by order of the Ministry of Health, and although one of them was indeed in module A2, the same as the protected person, the truth is that she is not at any risk, since as indicated, the test was negative and she is in isolation. In any event, it is recorded that as of April 22, 2020, there were no confirmed cases of COVID-19 in the Vilma Curling Rivera CAI.
Similarly, it could also be verified that the Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría CAI has also fully complied with the directives issued by the challenged authorities and that is why it established the following measures to protect the population deprived of liberty in its prison center:
“From the moment the first case of coronavirus infection was detected in Costa Rica, the relocation of persons deprived of liberty who were in dormitories 13 and 14 began, which are located at an approximate distance of 800 meters from the other dormitories; a space is being enabled for approximately fifty-six persons deprived of liberty, which will also be intended for new population, in order not to saturate the capacity of dormitories thirteen and fourteen; In the event of detecting any suspected case, they would be immediately placed in an area adjacent to the gymnasium, with a space for between ten and twelve persons deprived of liberty, for the purpose of keeping them isolated from the rest, while their health status is determined; in the event of having confirmed cases, the rooms that have been designated for intimate visits in the past are enabled, which total 9 and each one has its own independent bathroom; material alluding to the topic and approved by the Medical Area was prepared and placed in visible places, both for the prison population and for the center's staff; talks were given to the prison population, the security staff, and administrative staff of the CAI..”.
In any event, it was also verified that as of April 22, 2020, there were no suspected cases or active cases of COVID-19 in the prison center.
Under this panorama, this Chamber considers that regarding this issue the appeal must be declared without merit, given that it was proven that the Ministry of Justice and Peace has issued the necessary directives to address the COVID-19 situation in the National Penitentiary System and all of these have been followed and developed internally by the Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría CAI and the Vilma Curling Rivera CAI, where a series of protocols and measures have been established to address the problem.
VI.- Additionally, regarding the alleged overcrowding (hacinamiento) in the Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría CAI, it must be indicated that this Chamber has already referred to the issue of critical overcrowding (hacinamiento crítico) in this prison center. Thus, in judgment No. 2020-7834 of 9:45 a.m. on April 24, 2020, it was established:
“ IV.- REGARDING PRISON OVERPOPULATION AND CRITICAL OVERCROWDING (HACINAMIENTO CRÍTICO): In reiterated jurisprudence, this Constitutional Court has resorted to the term critical overcrowding (hacinamiento crítico) to analyze potential violations of the fundamental rights of persons deprived of liberty, due to complaints of prison overpopulation. That is, this objective criterion is used to determine if there is an extreme situation that warrants the intervention of this Court to protect the fundamental rights of persons deprived of liberty. To this end, conditions considered minimum or humane have been developed to be able to protect the physical and psychological integrity of persons deprived of liberty, since the rights of inmates are considered constitutionally protected rights. In general, the verification of the existence of subhuman conditions in prison facilities, whatever the causes may be, is an unequivocal sign of violation of the human rights of inmates, which the State, responsible for their custody, is obliged to remedy. In this sense, to determine if a prison center suffers from critical overcrowding (hacinamiento crítico), the parameters set by the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the recommendations of the European Committee on Crime Problems have been used, from which it is extracted that there is critical overcrowding (hacinamiento crítico) when there is a density equal to or greater than 120 detainees per 100 actually available places; so that there is critical overcrowding (hacinamiento crítico) when the prison population exceeds by 120% the locative capacity or infrastructure of the respective prison center (in this sense see resolutions number 2012-11765 of 11:30 a.m. on August 24, 2012-7484-2000 of 9:21 a.m. on August 25, 2000). Based on the criteria set forth, in the specific case, the existence of a critical overcrowding (hacinamiento crítico) that violates the fundamental rights of persons deprived of liberty is verified. We see that the Gerardo Rodríguez Chavarría Institutional Care Center has a real capacity of 958 persons, and currently the population is 1433 persons deprived of liberty, so there is an overpopulation of 475 persons. Thus, the locative capacity exceeds the maximum permitted, that is, 120% of the locative capacity—a figure that amply exceeds the maximum permitted by the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the recommendations of the European Committee on Crime Problems (the real capacity is 958 persons, for there not to be critical overcrowding it must not exceed 20%, in this case 190 persons deprived of liberty; hence, the population of persons deprived of liberty could not exceed 1148 persons). Therefore, the Chamber verifies that the persons deprived of liberty in the Gerardo Rodríguez Chavarría Institutional Care Center are in conditions of critical overcrowding.
Given that what was indicated in the cited precedent is fully applicable to the sub lite, it is appropriate to analyze the argument raised by the petitioner, as indicated below. In her report rendered under oath, the Minister of Justice and Peace (citing the Director of the challenged prison center), acknowledges that the current overpopulation percentage in the Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría CAI is 35% of its capacity. The real capacity of the prison center is seven hundred ninety-four (794) persons, and as of today there are one thousand two hundred thirty-four persons (1234), which means a total of four hundred forty (440) persons above what is permitted. Based on the foregoing, in the specific case, the existence of a critical overcrowding (hacinamiento crítico) that violates the fundamental rights of persons deprived of liberty is verified. The locative capacity exceeds the maximum permitted by the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the recommendations of the European Committee on Crime Problems (the real capacity is seven hundred ninety-four persons, for there not to be critical overcrowding it must not exceed 20%, in this case one hundred fifty-nine persons deprived of liberty; hence, the population of persons deprived of liberty could not exceed nine hundred fifty-three persons). Therefore, the Chamber verifies that the persons deprived of liberty in the Gerardo Rodríguez Chavarría Institutional Care Center are in conditions of critical overcrowding (hacinamiento crítico), such that the amparo is admissible regarding this issue, with the consequences, which will be indicated in the operative part of this judgment”.
Now, it is recorded that in said resolution the authorities of the Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría CAI were granted a three-month period to eliminate the critical overcrowding (hacinamiento crítico) in said prison center until reaching its real capacity, an order that is still within the compliance period, which is why, the appropriate thing regarding this aspect is to abide by what was resolved in judgment No. 2020-7834 of 9:45 a.m. on April 24, 2020.
VII.- Regarding the alleged existence of defects (vicios) in the proceedings. The appellant also claims that in his view there are a series of defects (vicios) in the proceedings that must be analyzed by this Court, such as the illegal and unfounded rejection of evidence, the correction of absolute defects (defectos absolutos) by an appellate Court, and the ignorance by the Judges who decided both the pretrial detention hearing and the respective appeal of the difference between a drug and products derived from hemp (cáñamo). On this issue, the appellant must be told that it is not within the purview of this Chamber to substitute the Judges of the criminal jurisdiction in the exercise of their powers, and this is why it is not for it to determine whether or not the defects (vicios) pointed out by the appellant exist. Thus, if the appellant so desires, the appropriate thing is for him to present said claims before the competent authorities of the criminal jurisdiction and there, where it is resolved as is legally appropriate. Consequently, regarding this issue, the corresponding action is to declare the appeal without merit.
VIII.- Regarding the lack of reasoning (fundamentación) of the ruling that denied the change of the precautionary measure of pretrial detention (prisión preventiva) to a less burdensome one. Furthermore, the appellant claims that the ruling issued at 5:14 p.m. on April 14, 2020, by the Criminal Court of Osa, in which the change of the precautionary measure of pretrial detention (prisión preventiva) to a less burdensome one such as house arrest (arresto domiciliario) was denied, lacks proper reasoning (fundamentación).
On this particular matter, the challenged Judge indicates in the questioned ruling: “I- After an analysis of the present matter, this authority considers it is not appropriate to grant the request of the Technical Defense, since from a detailed study it is clear that to date the procedural requirements that justified the imposition of the most burdensome precautionary measure, such as pretrial detention (prisión preventiva), are maintained, this based on articles 239, 239 bis, 240 flight risk (peligro de fuga), 243 and 254 of the criminal procedure code, first I must emphasize the competence of the undersigned at this procedural moment, which must focus on the analysis of whether there has indeed been an objective change of circumstances in this case, since the degree of probability remains intact, by ruling of ten fifteen p.m. on February twenty-six, two thousand twenty and confirmed by the Trial Court of this locality through vote 31-2020. From the study of the precautionary measure file it is clear that the procedural flight risk is present based on the lack of personal resources in our country of both accused, high penalty, magnitude of the harm caused, as well as criminal continuity and the grounds for pretrial detention of flagrancy, risks that as indicated to date persist, regarding the offer of guarantors, which denote the goodwill to offer resources to the accused persons to face this judicial process with other types of precautionary measures, the truth of the matter is that the flight risk (peligro de fuga) continues to be current and imminent, the ties (arraigos) not only of the defendants are completely in the United States, but also those of the guarantors, which means there is no type of restraint for the proceedings. (…)”.
Likewise, regarding the measure requested by the defense, the Judge explained: “Regarding the request for house arrest with electronic monitoring, this is not appropriate since the place where they would live is not even a dwelling in which they have lived for at least a period of time prior to the events occurring, it is a dwelling rented by their parents as a result of this situation and a dwelling they could vacate at any time they wish, having no greater obligations tying them to it, the use of the electronic device is a measure that is subject to the person's will, requires care, and is easy to manipulate, simply by discharging the device it would not function correctly, we know very well that the borders in our country are weak and despite the current situation, even so there is knowledge of many cases where people circumvent border security systems, and it is not only that they leave our country, they can also abscond within it, the offers are not strong enough to mitigate the existing procedural risks, especially knowing the amount of evidence there is against them and the possible sentence to impose which ranges from eight to fifteen years in prison (...)” From the foregoing, this Chamber considers that the Criminal Judge properly reasoned (fundamentó) the denial of the change of the precautionary measure of pretrial detention (prisión preventiva) presented by the appellant in favor of the protected persons, analyzed each of the points presented by the defense, and reached the conclusion that there was no reason to modify the pretrial detention (prisión preventiva). Under this panorama, this Chamber finds no merit whatsoever to grant this appeal regarding this issue, therefore, it is declared without merit on this point.
IX.- Regarding the statements made regarding the possible legalization of hemp (cáñamo). Finally, the appellant claims that there is a willingness of the Executive Branch to legalize hemp (cáñamo) and that precisely, said product is what the alleged drugs seized from the protected persons contain. On this issue, first of all, the appellant must be told that said situation is mere speculation, since there is simply an intention, but said product has not yet been legalized. In any event, it is not for this Chamber to determine whether the products seized from the protected persons were marijuana or hemp (cáñamo), since it is an aspect that requires an analysis and a technical assessment that exceeds the nature of the habeas corpus appeal and the powers of this Chamber. Thus, as was indicated in the VII considering clause (considerando) of this judgment, this is an issue that, if you deem it appropriate, you may raise before the respective ordinary legality authorities, in order for what is appropriate to be resolved. Under this panorama, regarding this issue, the appeal must be declared without merit.
X.- Partial dissenting vote (Voto salvado parcial) of Judge Rueda Leal and Judge Hernández López, with the latter writing. The undersigned Judges partially dissent from the majority vote, regarding the dismissal of the arguments related to the sanitary measures ordered to prevent the spread of Covid-19.
We consider that it is a public and notorious fact that the COVID-19 pandemic has tested all societies and health systems around the world and requires more intense preventive actions in the case of populations in a special degree of vulnerability, older adults, persons with certain pre-existing illnesses, among others. The case of prison systems - which involves both persons deprived of liberty and personnel working there - represents a special risk situation because they are closed, overcrowded (hacinados) spaces, where measures such as social distancing are difficult to implement. In relation to these populations, it is more than evident that due to confinement under those conditions, they represent a special condition of vulnerability that warrants a detailed approach to the measures adopted by the competent authorities.
At the beginning of this pandemic situation, COVID-19, the threat and the advance of the virus were not so imminent, for that reason this Court had been accepting the preventive measures adopted by the authorities of the Ministry of Justice to address this emergency. Some of them involved the health authorities, either because they were incorporated into inter-institutional teams, or because they were endorsed by the authorities of the Ministry of Health in some appeals where they appeared as respondents in cases before this Chamber. In this regard we can see judgment 2020007386, of nine twenty a.m. on April seventeenth, two thousand twenty.
Some of the measures adopted and indicated in the Ministry of Justice reports to protect the population deprived of liberty from COVID infection were the following: the total closure of the prison center, suspension of intimate visits, intra- and inter-prison transfers, strict cleaning and organization measures, group processes have been suspended and if any strictly necessary group process exists, it does not exceed fifty percent of capacity, the constant distribution of cleaning implements, cleaning of the shoes and hands of persons entering the center. Likewise, it is relevant to clarify that greater outdoor recreation spaces have been provided, with the aim of reducing the stress and anxiety caused by confinement.
On the other hand, it has been indicated in the reports that Mrs. Diana Sofía Posada Solís, Vice Minister of Strategic Management, and Viviana Boza Chacón, Vice Minister of Penitentiary Affairs and Acting General Director of Social Adaptation (Adaptación Social), on February 28 of this year, made the first approach with the Ministry of Health for joint decision-making, with the aim of defining actions and strategies for the arrival of COVID-19; after that, an “Institutional Situation Table” was established, which meets periodically with the aim of facing the challenges of COVID-19, which is composed of the Coordinators of the Institutional, Semi-Institutional, Community, Juvenile Penal Levels, Comprehensive Care Units, Women's Care Unit, Directorate of the National Institute of Criminology, Administrative Directorate, National Chief of Penitentiary Health Services, and Sub-Directorate General, being chaired by the Vice Minister of Penitentiary Affairs.
In accordance with the foregoing, Directives VGE-003-2020, VGE-004-2020, DVJ-001-2020 were issued, as well as Circulars 1-2020, 2-2020 and MJP-003-2020, all of them related to preventive and action measures to address COVID-19, which therefore refer, as indicated above, to maximizing permanent cleaning and hygiene measures in spaces within penitentiary centers and workplaces, promoting the use of the handwashing protocol and correct way to cough and sneeze, accompaniment by health personnel during general visitation entry, implementing awareness-raising processes for visitors, treatment in the event of an infected person or someone with a respiratory illness, suspension of transfers to penitentiary centers, closure of the CAI Adulto Mayor, suspension of external consultation and prioritizing urgent and emergency care, a request to carry out ordinary assessments for pregnant women or those with children in the nursery, as well as for older adults, guidelines for the sick leave of officials of this institution, among other measures. Likewise, on March 10, the “Contingency Plan for Coronavirus of the Ministry of Justice and Peace” was formalized, whose purpose is “to carry out preparation and timely response actions to mitigate the consequences of a COVID-19 outbreak in penitentiary centers nationwide,” which is mandatory for all units of the Dirección General de Adaptación Social. They mention that these measures aim to prevent the entry and spread of the virus in prison establishments, as well as the identification, isolation and care of sick persons, communication about risk events, while seeking to minimize disruption to the internal dynamics of the different centers. In that regard, it indicates that the “COVID-2019 Contingency Plan” contemplates a series of measures such as: 1.- Regulate the entry of sick external persons into the centers, which includes both visitors and officials. 2.- Regulate the entry and exit of persons deprived of liberty to and from the centers, also including actions upon the entry of a person coming from abroad. 3.- The establishment of operational definitions such as: suspected case, probable case and confirmed case, with their due action plan. 4.- Receipt of patients: both persons deprived of liberty with flu-like symptoms and the general prison population. 5.- Classification and care in health services, where it is specified that said area must be separated from the emergency service, have handwashing stations and disposable towels, have complete biosafety equipment for personnel, have a respirator for patients, have the usual minimum office equipment, the designation of personnel for said area in medicine, nursing and cleaning, have a security protocol, among others. 6.- Patient management, which includes the care of the person deprived of liberty within the establishment, as well as transfers of persons deprived of liberty to facilities of the Caja Costarricense del Seguro Social and finally the management of higher-complexity patients at the Clínica La Reforma in the event of eventual saturation in the country’s hospital centers. 7.- Isolation conditions: wherein the least possible contact between patients, officials and users is considered, controlled access, due protective equipment, management of medical records, operation of medical personnel, cleaning procedure in the hospitalization area, procedure for waste management, requirements for a patient to leave isolation, among others. 8.- Contact management. 9.- Overtime payment. 10.- Continuity of health personnel. 11.- Management of ambulances and patrols. 12.- Addressing vulnerable populations. Regarding the vulnerable population, the prohibition of entry of persons deprived of liberty into the CAI Adulto Mayor was established immediately, and the redistribution of older adults in specific spaces in all centers of the institutional program was also ordered, further clarifying that this redistribution must include persons with vulnerable conditions such as: diabetes mellitus, heart disease, COPD, immunological or debilitating diseases such as HIV or cancer, bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
On the twentieth day of March of the current year, it is also reported that Directive DVJ-002-2020 was issued, wherein specific action measures are taken in pursuit of the health and well-being of persons deprived of liberty, such as the suspension of general visitation and intimate visitation to penitentiary centers, the order to suspend all entry of volunteers, students and researchers, inter- and intra-prison visits; it is established that medical outings to the Caja Costarricense del Seguro Social shall be strictly in emergency situations, transfers to different penal centers shall be carried out only for justified urgent reasons, spaces for inter-module interaction shall be permitted as long as there are no suspected cases of COVID-19, among other measures.
Additionally, that institution, through Circulars MJP-003-2020 and 02-2020, and Directives DVJ-001-2020, VGE-004-2020, DVJ-002-2020, VGE-006-2020, VGE-007-2020, VGE-008-2020 and Directive VGE-009-2020, has sought to protect the functioning and institutional organization in relation to officials by providing preventive hygiene measures, teleworking, as well as payroll reduction, which benefits not only the officials of this institution, but also the persons deprived of liberty.
Now, in the specific case and based on the evidence contained in the record, it cannot be gleaned that all these guidelines and provisions have been effectively implemented, because to provide real and effective protection, it is decisive that they do not remain in a vacuum, but rather must be put into practice, as effective measures and not merely as plans.
On the other hand, it is clear, as established by the jurisprudential line of this Court, that this Chamber does not grant prison benefits or transfers, nor does it interfere with the execution of criminal sentences, aspects which fall within the competence of the penitentiary authorities and the Sentence Enforcement Courts. Likewise, this Chamber is not the technical body designated to establish health action protocols. However, it is within the competence of this court to order that the authorities carry out the actions inherent to their office, to safeguard the fundamental rights of persons deprived of liberty, in the face of threats to health or life.
The foregoing premise obeys the constitutional structure designed for the administration of justice, which has established different avenues through which persons may find remedy for injuries to their rights by third parties or by the State itself. One of these is the Constitutional Jurisdiction, designed as a specialized instance to “guarantee the supremacy of the norms and constitutional principles and of the International or Community Law in force in the Republic, their uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in international human rights instruments in force in Costa Rica,” (article 1 of the Constitutional Jurisdiction Law); meanwhile, ordinary authorities, and in the present matter, the health and penitentiary authorities and the Sentence Enforcement Judges, have been tasked with reviewing those cases that merit a review of the evidentiary elements in the case file and their careful verification from the legal perspective of an operator in the field.
On that point, specifically regarding the fulfillment of the guarantor obligations of the health, penitentiary, hospital and jurisdictional authorities, what was ordered in resolution 1/20 of the Inter-American Court of Human Rights, of April 9 of the current year, takes on special relevance, in which it orders as pertinent: “…Given the high impact that COVID-19 may have on persons deprived of liberty in prisons and other detention centers and in view of the State’s special position as guarantor, it becomes necessary to reduce levels of overcrowding and overpopulation, and to provide in a rational and orderly manner alternative measures to the deprivation of liberty…” Said document, specifically in its operative part and in exercise of the functions conferred upon it by article 106 of the Charter of the Organization of American States and in application of article 41.b of the American Convention on Human Rights and article 18.b of its Statute, the Inter-American Commission on Human Rights formulates some following recommendations to the governments of the Member States and specifically with respect to the matter at hand, namely the population deprived of liberty, indicates: “…45.- Adopt measures to address overcrowding in detention facilities, including the reevaluation of pretrial detention cases to identify those that can be converted into alternative measures to the deprivation of liberty, giving priority to populations at higher health risk in the event of eventual COVID-19 contagion, principally older persons and pregnant women or those with nursing infants. 46. Ensure that, in cases of persons at risk in the context of a pandemic, requests for prison benefits and alternative measures to prison sentences are evaluated. In the case of persons convicted of serious human rights violations and crimes against humanity, taking into account the legal interest affected, the seriousness of the acts and the obligation of States to punish those responsible for such violations, such evaluations require a more demanding analysis and requirements, in adherence to the principle of proportionality and applicable inter-American standards. 47. Adapt the conditions of detention of persons deprived of liberty particularly with respect to food, health, sanitation and quarantine measures to prevent the intramural spread of COVID-19, guaranteeing in particular that all units have medical care…” Based on what was set forth by the Inter-American Court, it is clear that there is a normative framework of action that must serve as a parameter of conduct for the States of the inter-American system. However, despite said guidelines and the contingency plans established in reports submitted to this Chamber, the record does not show that some of the indicated measures are being implemented or that it is clearly specified which protocols exist in the event of contagion, or massive contagion, or that the population deprived of liberty has access to equal treatment in medical care—including hospitalization. The reports are very detailed on preventive aspects, but silent on action protocols in the event of contagion, especially massive contagion. In this regard, it draws attention that this Court has heard a large number of cases related to these issues and despite the fact that the authorities indicate they have made general guidelines on the adopted measures known to personnel and persons deprived of liberty, the persons deprived of liberty who come before this Court allege they are unaware of the measures adopted by the authorities to protect their physical integrity and health in the face of the COVID-19 pandemic.
Furthermore, in several of the cases filed, another group of persons deprived of liberty indicates they are in a condition of vulnerability due to preexisting illnesses, and have not been attended, or transferred, nor have they been referred to any penitentiary authority so that their relocation situation may be analyzed. In the same vein, it is necessary that, given the level of contagion existing nationally, there be access to protective equipment for personnel and persons deprived of liberty. Likewise, it is a matter of public record, the confirmation of a contagion case in the Unidad de Atención I Reinaldo Villalobos, in Alajuela, of a prison police officer who has tested positive for the COVID-19 coronavirus, and in the Centro Penitenciario Jorge Arturo Montero, the death of a person deprived of liberty with the surnames Aguilar Barquero due to respiratory problems was reported, which according to a public complaint by the “Asociación Ayudando al Privado de Libertad,” had been denied medical assistance by security personnel. By virtue thereof, it is important that all actors be aware of the case declaration process, the route for care, detection, diagnosis and treatment of suspected, probable and confirmed cases, and all mechanisms that must be activated in emergency situations.
In that regard, we consider that the reports submitted attest to a large number of prevention measures adopted, but not of action measures in the event of contagion of the population deprived of liberty, especially in situations of critical overcrowding, or measures that guarantee equal treatment, timely access to treatment and hospital care in the event of contagion, particularly massive contagion.
For the undersigned Magistrates, it is essential, for the resolution of claims related to Covid-19 within the Penitentiary System, that all cases be submitted to the cognizance of this Court, including the respective pronouncement of the Ministry of Health, the Caja Costarricense del Seguro Social, the penitentiary authorities (respective Penal Center, Instituto Nacional de Criminología and Ministry of Justice), the Sentence Enforcement Judge (Alimony Courts, for cases of those imprisoned for alimony), regarding the actions they have ordered, or that are about to be ordered, to safeguard the health of the population deprived of liberty that presents risk conditions in the face of Covid-19, both in prevention and in action in the event of contagion, especially those aimed at avoiding discrimination of treatment regarding access to health care.
On this point, the present matter does not have all the reports from the authorities cited above, that is, the Ministry of Justice, the Instituto Nacional de Criminología, the Ministry of Health, the Caja Costarricense del Seguro Social, and the respective Sentence Enforcement Court. Furthermore, it is not attested, as previously indicated, what the specific protocols are in cases of contagion, especially massive contagion of the prison population. In that sense, the reports do not establish the actions to follow in the scenario where medical or hospital centers do not have the capacity to receive the population deprived of liberty (in the face of massive contagion cases). Which also leads us to the fact in which we note the absence of information that the CCSS can provide us, regarding the protocol to follow for transfers, care, hospitalizations, among others, of persons deprived of liberty, and the respective actions in the face of the saturation of medical services caused by a scenario of massive contagion. The foregoing takes on special relevance when analyzed in conjunction with the fact that the appealed CAI, apparently (since the latter did not so inform), does not have the physical spaces, beds, medical equipment, protective materials, isolation rooms, among others, to attend to persons deprived of liberty in the face of massive contagion cases. Neither can we overlook that in light of the claim alleging overcrowding, the penitentiary authorities limited themselves to acknowledging said problem, without providing further information on the actions being taken to reduce the indicated overcrowding and its respective approach in the face of massive contagion cases. The above-mentioned omissions that have been pointed out, in practice, translate into threats to the fundamental rights of the prison population and its officials. For the reasons indicated, we partially dissent and grant the appeal, with respect to health measures.
XI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that if any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic or new-technology-produced device have been provided, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is partially granted, solely with respect to the excessive period during which the wards were detained without being brought before the Criminal Judge by the Fiscalía de Osa and without ordering the release of the wards. Margareth Vindas Ramírez, in her capacity as Coordinating Prosecutor of the Fiscalía de Osa, or whoever exercises said position in her place, is ordered to refrain in the future from engaging in acts identical or similar to those that gave rise to the partial granting of this appeal. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, a prison term of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within a habeas corpus proceeding, and does not comply with it or cause it to be complied with, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the damages caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the administrative contentious jurisdiction. Regarding the alleged overcrowding in the CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, the appellant shall abide by what was decided in judgment No. 2020-7834 of 9:45 a.m. on April 24, 2020. As to the rest, the appeal is dismissed. Notify. Magistrate Rueda Leal and Magistrate Hernández López partially dissent and grant the appeal, with respect to health measures.-
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de hábeas corpus Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *200059260007CO* Res. Nº 2020008489 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del ocho de mayo de dos mil veinte .
Recurso de hábeas corpus que se tramita en el expediente número 20-005926-0007-CO, interpuesto por ERICK GATGENS GÓMEZ, a favor de [Nombre 001] y [Nombre 002], contra el PODER JUDICIAL y El MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.- Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:01 horas de 23 de marzo de 2020, el accionante interpone recurso de hábeas corpus contra el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Paz. Manifiesta que los tutelados fueron detenidos el 23 de febrero de 2020, en virtud de la causa penal que se tramita bajo el expediente No. [Valor 001]. Indica que el Organismo de Investigación Judicial puso a sus representados a la orden de la Fiscalía de Osa a las 22:00 horas del 24 de febrero de 2020, rindieron declaración indagatoria, por primera vez, el 25 de febrero de 2020 y mediante resolución de las 22:15 horas de 26 de febrero de 2020 se ordenó su prisión preventiva por 3 meses. Afirma que interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, con sustento en los siguientes motivos: “(i) falta de fundamentación intelectiva y descriptiva, (ii) falta de análisis de prueba, (iii) falta de fundamentación en cuanto a las medidas cautelares sustitutivas y (iv) violación a las reglas de la sana critica racional.” Manifiesta que conjuntamente con la interposición del recurso de apelación, se ofrecieron una serie de pruebas para ser conocidas en alzada. No obstante, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (sede Osa), por medio de resolución de las 14:34 horas de 10 de marzo de 2020, señaló fecha para llevar a cabo la audiencia oral y rechazó la totalidad de la prueba ofrecida, con el argumento de que no cumplía los requisitos establecidos. Menciona que contra dicha resolución interpuso recurso de revocatoria. Detalla que el 16 de marzo de 2020 se realizó la audiencia oral ante el Tribunal Penal de Osa y por resolución de esa misma fecha se declaró sin lugar el recurso de apelación aludido. Agrega que actualmente los tutelados permanecen privados de libertad. Considera existen actos judiciales que han violentado una serie de garantías constitucionales que le asisten a sus defendidos, a saber: el plazo de detención, el rechazo ilegal e infundamentado de la prueba, el saneamiento de defectos absolutos por parte de un tribunal de alzada y el desconocimiento por parte de los jueces que resolvieron tanto la audiencia de la prisión preventiva como la apelación respectiva de la diferencia entre una droga y los productos derivados del cáñamo, lo que los hace incurrir en una incorrecta fundamentación de sus resoluciones. Asimismo, indica que los recurrentes se encuentran privados de libertad en lugares con hacinamiento e inseguridad por la situación del COVID-19. En consecuencia, solicita la intervención de esta Sala. 2.- Mediante resolución de las 10:33 horas de 27 de marzo de 2020, se dio curso al hábeas corpus y se previno a los Jueces que tramitan el proceso penal seguido en contra de los tutelados en el Juzgado Penal de Osa y en el Tribunal Penal de la Zona Sur (sede Osa) o, en su defecto, los Jueces Coordinadores de esos despachos, para que rindieran el informe respectivo. 3.- Por escritos agregados al expediente digital a las 8:20 y a las 8:22 horas del 30 de marzo de 2020, los padres de ambos tutelados realizan manifestaciones por medio de un amigo de la familia y solicitan colaboración para que sus hijos sean puestos en libertad. 4.- En escrito agregado al expediente digital a las 9:32 horas de 30 de marzo de 2020, informa bajo juramento Paul Hernández Araya, en su condición de Juez Penal del Juzgado Penal de Osa, que el 23 de febrero de 2020, al ser las 16:20 horas, los tutelados fueron detenidos. Explica que el 24 de febrero de 2020, se solicitó ante la Fiscalía de Osa una prórroga de 24 horas para ejercer el derecho de defensa de los investigados, con conocimiento de estos últimos. Resalta que el 25 de febrero de 2020, y ante la Fiscalía de Osa, y en procura del derecho de defensa que le asiste a los tutelados, se apersonó el Lic. Fernando Vargas Zeledón como defensor de ambos tutelados; sin embargo, este mismo día se le revocó el nombramiento y se apersonaron en su lugar los licenciados Karolina Quirós Vaglio y Erick Gatgens Gómez, como defensores de los encartados. Resalta que las declaraciones indagatorias fueron tomadas el 25 de febrero de 2020, al ser las 14:30 horas y 14:50 horas, respectivamente. Sostiene que ambos tutelados se acogieron a su derecho de abstención y fueron puestos a la orden de ese despacho el mismo 25 de febrero de 2020, a las 15:10 horas. Menciona que el 26 de febrero de 2020, se realizó una ampliación de la declaración indagatoria en presencia del Lic. Gatgens, al ser las 15: 39 horas y las 16:26 horas, esto de previo a realizarse la audiencia de medidas cautelares que solicitó el Ministerio Público. Agrega que el 26 de febrero de 2020, se realizó audiencia de solicitud de medidas cautelares contra los detenidos, por lo cual, mediante minuta de las 17:56 horas de 26 de febrero de 2020, y mediante resolución de las 22:15 horas de 26 de febrero de 2020, se le impuso a ambos tutelados la prisión preventiva por el plazo de tres meses, venciendo esta el próximo 23 de mayo de 2020. Explica que en dicha resolución se realizaron las fundamentaciones de hecho y de derecho para la imposición de la prisión preventiva en cuanto a la audiencia que se llevó a cabo por ese Juzgado, la cual se encuentra en el audio correspondiente. Añade que posteriormente se trasladó el expediente en alzada para que el Tribunal de Juicio resolviera el recurso de apelación respectivo. Solicita se declare sin lugar el recurso. 5.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 12:09 horas de 30 de marzo de 2020, informa bajo juramento Laura Cubillo Madrigal, en su condición de Jueza del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Osa, que el Tribunal de Juicio de esa localidad recibió para resolver el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa técnica de los tutelados, contra la resolución de las 22:15 horas del 26 de febrero de 2020 emitida por el Juzgado Penal de Osa y en la que se ordenó la prisión preventiva por 3 meses de los encartados. Indica que por medio de la resolución de las 14:34 horas de 10 de marzo de 2020, se señaló fecha para llevar a cabo la audiencia oral y rechazó la totalidad de la prueba ofrecida, con el argumento de que no cumplía los requisitos establecidos en la normativa procesal. Sostiene que el defensor de los encartados, presentó recurso de revocatoria contra la resolución de las 14:34 horas de 10 de marzo de 2020, por considerar que no se fundamentó el rechazo de prueba. Dice que ese recurso de revocatoria fue puesto en conocimiento del Ministerio Público. Posteriormente, agrega que mediante resolución de las 16:32 horas del 13 de marzo de 2020, ese despacho declaró parcialmente con lugar el Recurso de Revocatoria planteado por la defensa técnica de los encartados y procedió a fundamentar lo omitido en torno a las razones específicas por las que se rechaza la prueba ofrecida por el defensor para ser conocida en la audiencia de apelación; se indicaron con total claridad las razones de derecho por las que el ofrecimiento de prueba no superó el tamizaje de admisibilidad formal que establece el numeral 453 del Código Procesal Penal, y por ende, se mantuvo su rechazo. Explica que esta resolución fue notificada a la defensa técnica de los imputados. Añade que el 16 de marzo de 2020, se realizó la vista oral de apelación y en esa oportunidad el defensor, reiteró la prueba ofrecida en el recurso de apelación y que había sido previamente rechazada por ese Tribunal de Juicio, tal y como el mismo defensor lo indicó en su exposición, y además procedió a realizar algunas precisiones en relación con esos elementos probatorios; así mismo ofreció prueba nueva. Señala que el Ministerio Público se opuso a su recepción y esa Juzgadora resolvió de manera oral lo correspondiente y procedió a fundamentar las razones de derecho por las que se rechazaba el ofrecimiento de prueba, tal y como se puede constar en el audio de la audiencia. Añade que de manera oral incluso hizo alusión directa a la resolución de las 16:32 horas del 13 de marzo de 2020, en la que se resolvió el recurso de revocatoria interpuesto por la defensa con ocasión al rechazo de prueba ofrecida para la audiencia oral de apelación, y se refirió a la prueba nueva que hasta ese momento se estaba ofreciendo, procediéndose con su rechazo debidamente argumentado y fundamentado. Sostiene que en atención a los actos antes detallados, considera que no existe el vicio alegado por el Lic. Gatgens en este recurso, y esto es así porque en todo momento se procedió a realizar la fundamentación exigida en nuestro ordenamiento jurídico en torno al rechazo de la prueba ofrecida por la defensa técnica. Por otro lado, considera que no se indica por parte del recurrente cuáles son los defectos absolutos que se sanearon por parte del Tribunal de alzada, por lo que no es posible referirse específicamente a ellos, pudiendo sí indicar que en la tramitación del expediente, en todo momento se respetaron los derechos fundamentales de los encartados y sus garantías procesales, apegándose el Tribunal en sus actuaciones a lo ordenado por la ley. Resalta que el Tribunal de Juicio de Osa, procedió de manera diligente con la tramitación del Recurso de Apelación presentado por la defensa; incluso se laboró hasta altas horas de la noche y de manera continua con la finalidad de dar respuesta efectiva y pronta a los tutelados en razón de encontrarse detenidos; es por eso que ese mismo día se resolvió de manera oral el Recurso de Apelación, evitando dilaciones. Indica que puede constatarse en el audio de interposición del recurso de apelación y en el de la audiencia oral para el conocimiento del recurso de apelación, que la defensa nunca expuso situación alguna relacionada con los plazos de detención de los imputados. Añade que lo que sí se discutió como argumento de fondo de la defensa técnica y material, es el hecho de que bajo su criterio el producto incautado es cáñamo y no marihuana y que existe un error de prohibición en el caso concreto porque los imputados tenían permiso de comerciar ese producto en los Estados Unidos de América y que no sabían que aquí en Costa Rica, era prohibido; se argumentó también una falta de tipicidad subjetiva precisamente relacionada con el dolo de los imputados. Asegura que todos estos aspectos fueron debidamente tratados en la resolución oral de esa Juzgadora que también se ofrece como prueba en este informe; de ahí que lo que se denota es una inconformidad con los argumentos de fundamentación de esa autoridad y del Juzgado Penal, pero no un vicio que haga incurrir a este Tribunal en una detención ilegal de los amparados, o vulneración alguna de sus derechos fundamentales y garantías procesales. Solicita se declare sin lugar el recurso. 6.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 13:27 horas de 30 de marzo de 2020, una representante de los padres de los tutelados realiza manifestaciones a su favor y muestra su preocupación por cómo será manejado el tema del COVID 19 en los centros penales del país. 7.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 17:53 horas de 1 de abril de 2020, el recurrente manifiesta su disconformidad con los informes rendidos por las autoridades recurridas, y reitera los argumentos brindados en el recurso. 8.- En resolución de las 9:38 horas de 2 de abril de 2020, se amplió el recurso y se solicitó informe al Director General de Adaptación Social, sobre los hechos alegados en el recurso. 9.- Por resolución de las 8:19 horas de 3 de abril de 2020, se amplió el recurso y se solicitó informe al Fiscal Auxiliar que conoce el expediente No. [Valor 001], seguido contra los tutelados en la Fiscalía de Osa, o, en su defecto, el Fiscal Coordinador de ese despacho; así como, al Director del Organismo de Investigación Judicial y al Director de la Fuerza Pública, sobre los hechos alegados en el recurso. 10.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 15:13 horas de 8 de abril de 2020, informa bajo juramento Walter Espinoza Espinoza, en su condición de Dirección General del Organismo de Investigación, que efectivamente en la Oficina Regional de este Organismo en Osa, se tramitaba la causa penal número [Valor 001], por el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos (Venta de Drogas), seguida contra [Nombre 001] y [Nombre 002], ambos de nacionalidad estadounidense, investigación que fue realizada bajo dirección funcional del fiscal del Ministerio Público de Osa, Lic. Jonathan Badilla Rojas. Indica que con base en ello y con el propósito de garantizar la continuidad y éxito de las pesquisas, se solicitó al Ministerio Público, el 22 de febrero de 2020, mediante el oficio número OF-133-ORO-2020, gestionar orden de Allanamiento Registro y Secuestro a realizarse en el sector de Bahía de Osa, orden que fue otorgada, por lo que el 23 de febrero de 2020, a las 13:05 horas, se llevó a cabo el allanamiento, incautándose importante cantidad de drogas, por lo que el Lic. Jonathan Badilla Rojas, ordenó la detención en el sitio de los señores [Nombre 001] y [Nombre 002]. Sostiene que los aquí amparados fueron detenidos al ser las 16:20 horas del 23 de febrero de 2020, a la orden a partir de ese momento de la Fiscalía de Osa, por lo que fueron trasladados a celdas del OIJ de Osa y posteriormente reubicados durante la noche en las celdas de la Delegación Regional de Corredores para su respectiva custodia, toda vez que la Oficina Regional de Osa no cuenta con personal durante la noche. Señala que el 24 de febrero de 2020, personal de Cárceles de Corredores traslada nuevamente a los detenidos a celdas de la Oficina Regional de Osa a la espera de que sean requeridos por la autoridad judicial competente, registrando su ingreso a las 8:30 horas tal y como se observa en la anotación realizada en el libro de novedades. Finalmente, indica que se confeccionó el informe policial con indicios número C.I.28-ORO-2020, el cual se presentó a la Fiscalía de Osa, al ser las 11:35 horas del 24 de febrero de 2020, en el citado informe al inicio de la primera página se anota la fecha y hora de detención de los amparados, la cual fue realizada en dirección funcional con el Lic. Jonathan Badilla Rojas, Fiscal del Ministerio Público. En síntesis, señala que como se puede determinar del detalle anterior, y constatarse por medio de la prueba que se adjunta, desde la hora de finalización del mencionado allanamiento, así como de la detención de los amparados, mediante instrucciones de dirección funcional por parte del ente acusador, al ser las 16:20 horas del 23 de febrero de 2020, estos quedaron a disposición de la Fiscalía de Osa, Fiscalía a la que le correspondía realizar las diligencias necesarias a fin de que se resolviera la situación jurídica de los mismos, en el plazo por ley establecido, situación que era ajena a esta policía judicial. Solicita se declare sin lugar el recurso. 11.- Por medio de escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 13:44 horas de 9 de abril de 2020, informa bajo juramento Daniel Calderón Rodríguez, en su condición de Director General de la Fuerza Pública, que el 23 de febrero de 2020, alrededor de las 16:00 horas, los oficiales de la Fuerza Pública le prestaron colaboración con seguridad perimetral al Organismo de Investigación Judicial, en el sector de Playa Hermosa, en el Evento Envisión, donde ubicaron dos estadounidenses con aparente droga y dinero, en coordinación con el Fiscal de Turno se dejó detenidos a los tutelados, y el Organismo de Investigación Judicial los trasladó a sus oficinas, para los trámites respectivos. Sostiene que el 24 de febrero de 2020, a las ser las 01:33 horas, los oficiales de cárceles del Organismo de Investigación Judicial llevaron a los dos detenidos a las celdas de la Delegación Distrital de Bahía Ballena, para su custodia hasta las 8:26 horas que los llegaron a recoger, lo anterior como colaboración, dado que no tenían recurso humano para tenerlos. Solicita se declare sin lugar el recurso. 12.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 12:17 horas de 15 de abril de 2020, informa bajo juramento Viviana Boza Chacón, en su condición de Directora General a.i. de Adaptación Social, que en relación a las medidas adoptadas por la Administración Penitenciaria para hacer frente a la pandemia de COVID-19 desde el 25 de febrero de 2020, se realizó el primer acercamiento con el Ministerio de Salud, con la finalidad de definir acciones y estrategias para enfrentar la emergencia nacional; posterior a ello, se estableció una “mesa de situación institucional”, que se reúne diariamente con la finalidad de analizar y valorar los desafíos que conlleva esta pandemia. Sostiene que se han emitido las directrices VGE-003-2020, VGE-004-2020, DVJ-001-2020, así como también, las circulares 1-2020, 2-2020, todas ellas con relación a las medidas preventivas y de acción para enfrentar el COVID-19, por lo que hacen referencia a extremar las medidas de limpieza e higiene permanente de espacios en los centros penitenciarios y centros de trabajo, promover el uso del protocolo de lavado de manos y protocolo correcto de tos y estornudos, acompañamiento del personal de salud durante el ingreso de la visita general, implementación de procesos de sensibilización a las personas visitantes, tratamiento ante una persona infectada o con una enfermedad respiratoria, y la suspensión de los traslados a los centros penitenciarios. Indica que también se decidió suspender la consulta externa y priorizar la atención de urgencias y emergencias, de igual manera se está dando prioridad a las valoraciones ordinarias a mujeres embarazadas o con niños en casa cuna, así como también, para personas adultas mayores; además, se ha girado lineamientos para la incapacidad de funcionarios de esa institución, entre otras medidas. Agrega que el Ministerio de Justicia y Paz ha procurado proteger el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, por lo que el pasado 10 de marzo de 2020, se oficializó el “Plan de Contingencia para coronavirus del Ministerio de Justicia y Paz”, teniendo como propósito “Realizar las acciones de preparación y abordaje oportuno que permitan mitigar las consecuencias de un brote de COVID-19 en los centros penitenciarios a nivel nacional”, el cual es de acatamiento obligatorio para todas las dependencias de la Dirección General de Adaptación Social. Indica que estas medidas tienen como objetivos principales limitar la transmisión del virus, identificar, aislar y atender a los enfermos tempranamente, comunicar e informar eventos de riesgo crítico oportunamente y minimizar el impacto en la dinámica penitenciaria de un posible brote. En ese sentido, indica que se puede apreciar como el “Plan de Contingencia COVID-2019” , contempla una serie de medidas como: 1. Regular el ingreso de personas externas enfermas a los centros, lo cual incluye tanto visitantes como funcionarios; 2. Regular el ingreso y egreso de privados de libertad a los centros, incluyendo además un actuar ante el ingreso de una persona proveniente del exterior; 3. El establecimiento de definiciones operativas como: caso sospechoso, caso probable y caso confirmado, con su debido plan de acción; 4. Recepción de pacientes: tanto de personas privadas de libertad con cuadros gripales como de la población penal en general; 5. Clasificación y atención en los servicios de salud, en donde se especifica que dicha área debe estar separada del servicio de emergencia, contar con lavamanos y toallas desechables, contar con un equipo de bioseguridad completo para el personal, contar con respirador para pacientes, contar con el equipamiento mínimo usual de consultorio, la designación de personal para dicha área tanto de medicina, enfermería y aseo, contar con un protocolo de seguridad, entre otros; 6. Manejo del paciente, el cual incluye la atención de la persona privada de libertad dentro del establecimiento, así como también, los traslados de las personas privadas de libertad a las instalaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social y finalmente el manejo del paciente de mayor complejidad en la Clínica La Reforma ante una eventual saturación en los centros hospitalarios del país; 7. Condiciones de aislamiento: en donde se considera el menor contacto posible entre pacientes, funcionarios y usuarios, el control de un acceso controlado, equipo de bioprotección, manejo de los expedientes médicos, funcionamiento del personal médico, procedimiento de limpieza en el área de hospitalización, procedimiento para el manejo de desechos, requisitos para que un paciente abandone el aislamiento, entre otros; 8. El manejo de contacto; 9. Pago de horas extraordinarias; 10. Continuidad del personal de salud; 11. Manejo de ambulancias y patrullas y; 12. Abordaje de las poblaciones vulnerables. Resalta que en cuanto a la población vulnerable, se estableció la prohibición de ingreso de personas privadas de libertad al CAI Adulto Mayor de manera inmediata, siendo además ordenada la redistribución de las personas adultas mayores en espacios específicos de todos los centros del programa institucional, aclarando además que junto a esta redistribución deberá de incluir a las personas con condiciones vulnerables como: diabetes mellitus, cardiópatas, EPOC, enfermedades de tipo inmunológicos o debilitantes como VIH o cáncer, asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Agrega que el 20 de marzo se emitió la Directriz DVJ-002-2020, mediante la cual se toman medidas específicas de acción en procura del bienestar de la salud de las personas privadas de libertad, tales como la suspensión de la visita general y la visita íntima a los centros penitenciarios, la orden de suspender todo ingreso de voluntarios, estudiantes e investigadores, visitas inter e intracarcelarias; se establece que las salidas médicas a la Caja Costarricense del Seguro Social sean estrictamente por razones de emergencia, los traslados a distintos centros penales se realizarán solamente por razones de urgencia justificada, se permitirá espacios de interacción inter-módulos siempre y cuando no existan casos sospechosos de COVID-19, entre otras medidas. También, acota que como refuerzo a todas estas medidas la Dirección de la Policía Penitenciaria los días 20 y 24 de marzo en curso, emitió los oficios 294 y 298, con el fin de crear los lineamientos tendientes a la prevención, así como también, regular el procedimiento en la recepción de encomiendas de la población privada de libertad. Añade que el Dr. Adín Largo Cruz, Director Médico de la Clínica del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, informó que se ha implementado las siguientes medidas: “A nivel de la Institución se ha generado el Protocolo de Atención en unidad con la vigilancia contra el COVID-19 con la intención de implementar las acciones correspondientes para la detención de casos sospechosos de COVID-19, con la intención de implementar las acciones correspondientes para la detección de casos sospechosos de COVID-19 en la Clínica La Reforma, se procedió a definir un espacio exclusivo para la atención de pacientes con sintomatología respiratoria el cual estará ubicado en la esquina este del edificio principal. El horario será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y los sábados y domingos de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Se define: Departamento de Seguridad. 1. Todos los días a nivel de cada ámbito de convivencia se realizará a través de seguridad durante el recuento un listado de pacientes que presentes síntomas respiratorios (similar a gripe) y coordinará el traslado de estos al lugar más indicado. 2. El oficial de guardia a cargo del servicio de urgencias será informado de quien es el médico responsable en la valoración y atención de casos. 3. El oficial responsable de notificación de casos que requieran atención médica en cada ámbito de convivencia notificara al oficial destacado en el Servicio de Urgencias los casos que traerá a la Unidad de Vigilancia, aportando nombre completo del paciente, número de identificación, módulo al que pertenece el paciente para que se proceda a la elaboración del rotulado de hoja médica para la atención del mismo. 4. Los pacientes traídos al servicio se sentarán en las sillas o bancas dispuestas para tal fin que estarán a un metro de distancia una de otra, en silencio y con mascarilla quirúrgica esperaran su valoración, y no podrán unirse al resto de la población que acusa al Servicio de Urgencia. La mascarilla quirúrgica será suministrada por el enfermero ubicado en la unidad de vigilancia. Departamento de Salud. 1.El médico responsable de la atención de dichos pacientes se encargará de llenar la hoja de atención con todos los datos del paciente, la clasificación de cada caso, tratamiento y toma de la muestra y notificación en el caso que lo considere necesario, contando con la ayuda de un auxiliar de enfermería o enfermero para la toma de signos vitales del paciente. 2. El personas de salud del área de vigilancia de pacientes con sintomatología respiratoria atenderá en una hoja de emergencias describiendo claramente la sintomatología del paciente y anotando si existe nexo epidemiológico o no con el COVID-19, deberá usar el equipo de protección personal definido para esta área en los lineamientos institucionales (…). El día 11 de marzo de 2020 se procedió a realizar una capacitación con todo el personal de salud penitenciario en la Escuela de Capacitación para socializar el Plan de Contingencia para mitigar brote de COVID-19 en centros penitenciarios, uso de equipo de protección personal y toma de muestra de hisopado nasofaríngeo. A partir del 12 de marzo se procede a habilitar una consulta diferenciada para pacientes portadores de patología con síntomas respiratorios en el CAI Jorge Arturo Montero Castro y se adquiere el equipo necesario para la toma de muestra de pacientes sospechosos y se instaura el primer protocolo de atención. El mismo 12 de marzo de 2020 se realiza reunión informativa con los directores de ámbito y jefaturas técnicas para planificar estrategias de promoción de información para evitar el contagio en cada uno de los ámbitos del centro. Además, se instruye por parte de la Dirección del centro para que la administración proceda a la repartición de materiales de limpieza, jabón y otros implementos necesarios para el correcto lavado de manos e higiene de los dormitorios. El 13 de marzo se procede a realizar recorrido por el centro penal para definir zonas de aislamiento una vez que se logre determinar la aparición de casos sospechosos o confirmados a saber que se iniciará con las conyugales de los ámbitos de convivencia A y B, posteriormente conyugales de los ámbitos C y D, siguiendo con una reconversión del área educativa y finalmente si fuera necesario, habilitar la iglesia evangélica con una capacidad aproximada de los 120 privados de libertad en condición de aislamiento. El 19 de marzo se procede a realizar reunión en la Dirección General del centro, directos de ámbito y el departamento de seguridad para informar y planificar las medidas para la atención de pacientes con síntomas respiratorios. Se confecciona el procedimiento para la atención de estos pacientes definiendo personal específico y una móvil que realizará el recorrido. A partir del 20 de marzo de 2020 se habilita un nuevo sector totalmente separado del área de la clínica en la cual se van a atender los pacientes con síntomas respiratorios, se habilita zona limpia para la apropiada protección de los funcionarios y resguardo del EPP. El 23 de marzo de 2020 se procedió a realizar capacitación con parte del personal de seguridad que forma parte del equipo de atención y el personal de la escuadra policial entrante que formará parte del equipo de atención, así como los encargados de la parte médica de cada ámbito de convivencia y que son el primer contacto con la población. También se brinda capacitación a los que realizan comisiones al Hospital San Rafael de Alajuela. El 24 de marzo de 2020 se realiza recorrido por el Hospital San Rafael de Alajuela y se coordina con funcionarios de ese nosocomio el apropiado control de los policías penitenciarios que brindarán custodia a privados de libertad internados en ese centro médico. Aunado a lo anterior, se inician las gestiones para habilitar un dormitorio específico que cumpla con condiciones básicas para que el personal de los hospitales y que realiza los traslados de pacientes con síntomas respiratorios puedan resguardar su salud y por ende la de nuestros usuarios. El 25 de marzo se procede a implementar el procedimiento para toma de muestras a casos sospechosos de COVID-19 en los centros adscritos a la Clínica La Reforma. De acuerdo a los datos que se han podido recolectar hasta la fecha, en la semana epidemiológica 12 que va del 15 al 21 de marzo se han atendido un total aproximado que supera los 150 pacientes con sintomatología respiratoria. De los casos antes mencionados, se reportaron 5 casos sospechosos a los cuales se les tomó muestra y se descartó que fueran portadores del COVID-19, con lo que se logra una vigilancia centinela de virus respiratorios, determinándose que en todos se trataba de un RHINOVIRUS, el cual anda circulando en el centro penal. No omito manifestarle que en estos momentos no hay evidencia de casos positivos de COVID-19 en la Clínica La Reforma; no obstante, vamos a requerir intensificar la búsqueda activa y tratar de lograr ampliar el horario de atención en este consultorio de pacientes sintomáticos al menos 12 horas diarias todos los días de la semana”. Señala que en cuanto a la situación particular de los tutelados, están siendo procesados por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos, en perjuicio de la Salud Pública, y la causa penal se tramita en el expediente [Valor 001] , del Juzgado Penal de Osa. Indica que el tutelado [Nombre 003] ingresó al Centro de Atención Institucional Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría el 3 de marzo de 2020, proveniente de Celdas del OIJ de la Zona Sur. Señala que se le impuso prisión preventiva por tres meses, que van del 23 de febrero al 23 de mayo de 2020. Sostiene que el centro penal aloja una población en condición de indiciados, resultando que diariamente deben ser recibidos reclusos provenientes de las distintas instancias judiciales del país. Agrega que por la situación apuntada y tomando en cuenta la consideración de la emergencia nacional producto de la pandemia mundial por el COVID-19, han implementado varias acciones, tanto a nivel institucional como a lo interno del establecimiento, a fin de atender eventuales casos de infección, asimismo, en coordinación con instituciones gubernamentales como la Caja y el Ministerio de Salud, como a lo interno del establecimiento, a fin de atender eventuales casos de infección. Asegura que no lleva razón el recurrente al indicar que no se están tomando medidas para evitar o atender una eventual propagación, pues si bien aún no ha sido determinado ningún contagio dentro del Sistema Penitenciario, saben que cada centro se encuentra realizando los ajustes necesarios. Afirma que desde el momento en que se detectó el primero caso de infección del coronavirus en Costa Rica, se inició la reubicación de los privados de libertad que se encontraban en los dormitorios 13 y 14, los cuales se encuentran a una distancia aproximada a 800 metros de los demás dormitorios. Dice que también se está habilitando un espacio para aproximadamente cincuenta y seis privados de libertad, que también estará destinado para nueva población, a fin de no saturar los cupos de los dormitorios trece y catorce. Menciona que esta área está dentro del gimnasio del centro y se está implementando una batería de baños a la par, para esa nueva población, construcciones que actualmente se encuentran en un ochenta por ciento de avance. Resalta que en caso de detectar algún caso sospechoso se le ubicaría de inmediato en un área aledaña al gimnasio, con un espacio para entre diez y doce privados de libertad, con el propósito de mantenerlos aislados del resto, mientras se determina su estado de salud. Asegura que en caso de tener casos confirmados, tienen habilitadas las habitaciones que han sido destinadas para visitas íntimas en el pasado, que en total son 9 y cada una de ellas cuenta con su baño independiente. Agrega que desde el 3 de marzo y hasta el 1° de abril, se preparó material alusivo al tema y provisionado por el Área Médica fue colocado en lugares visibles, tanto para la población penitenciaria como para el personal del centro. Añade que el Área de Salud ofreció al equipo profesional una información básica sobre el COVID-19 y las medidas de seguridad para evitar el contagio. También menciona que desde el Área Médica se brindó una charla educativa a los líderes privados de libertad para que a su vez ellos transmitieran la información a cada dormitorio. Dice que el 19 de marzo se brindó en el gimnasio una charla a la población por parte del Equipo Profesional de Educación, donde se les brindó videos de la forma correcta del lavado de manos y otras informaciones de importancia para la prevención del COVID-19. Comenta que el 20 de marzo se les hizo saber en reunión con los líderes de la población acerca de la disposición de la suspensión de visitas y se les reforzó la importancia de los protocolos de medidas de salud. Dice que han tenido varias reuniones con el fin de tomar decisiones sobre temas relacionados a esta pandemia. Agrega que el 26 de marzo de 2020, el Área Médica ofreció una charla educativa al personal de seguridad; pues ellos son los encargados del recibo de ingresos de encomiendas y los visitantes que llegan a entregar éstas, y el 1° de abril se les proyectó un vídeo informativo a la población penal de los dormitorios del 1 al 12, sobre la atención del coronavirus. Resalta que las autoridades del centro penal han definido coordinaciones interdisciplinarias entre el sector de seguridad y la Administración, para atender la limpieza general de todos los dormitorios y el mantenimiento de las obras mencionadas, así como el lograr exitosamente con la conclusión de éstas y el acondicionamiento de los espacios mencionados. Desde el 25 de marzo de 2020, la Coordinadora Nacional de la Sección de Salud emitió el Procedimiento para la toma de muestras y emitió las instrucciones para el debido cumplimiento, aportando asimismo los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19 para Costa Rica. Asegura que se han implementado espacios y dividido a la población de reciente ingreso, a fin de poder determinar en caso de ser necesario y de manera más puntual, la posibilidad de algún contagio. Arguye que se encuentran acondicionando espacios para recibir a más población y evitar el hacinamiento; se han impartido charlas educativas no solo al personal del centro, sino además a la misma población, a través de los líderes de cada dormitorio; y se ha insistido en que la primera línea de defensa es la misma población, especialmente con el constante lavado de manos y otras medidas preventivas. Agrega que en cuanto a la tutelada Sydney Tiedt, se encuentra recluida en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, y en su contra también se dictó prisión preventiva por espacio de tres meses; este plazo vence el 23 de mayo de 2020. En cuanto a ese centro penitenciario, indica que no se encuentra con hacinamiento penitenciario ni sobrepoblación, contrario a lo que indica el recurrente. Sostiene que ese centro penal cuenta con 4 módulos para ubicar a la población indiciada, sea A1, A2, A3 y A4 y 5 módulos para la ubicación de la población sentenciada sea B1, B2, B3, B4 y módulo F, un módulo de materno infantil, donde son ubicadas las mujeres junto a sus hijos menores de edad o las embarazadas, y un módulo para la ubicación de mujeres que adeudan pensión alimentaria. Menciona que los módulos A1, A2, y A3 cuentan con un espacio para ubicar a 68 mujeres, el módulo A4 tiene capacidad para ubicar 47 mujeres privadas de libertad. Añade que el módulo B1 puede ubicar 108 mujeres, el B2 tiene capacidad para 96 mujeres, el B3 puede ubicar 110 mujeres privadas de libertad y el módulo B4 puede albergar 118 mujeres privadas de libertad, el módulo F tiene capacidad de ubicar 16 mujeres privadas de libertad, el módulo materno infantil puede albergar a 38 mujeres y sus hijos menores de 3 años, y el módulo de pensiones alimentarias tiene capacidad para ubicar 12 mujeres apremiadas. Resalta que al 6 de abril de 2020, se encuentran privadas de libertad un total de 614 mujeres. Explica que ese centro penitenciario ha acatado las directrices y circulares que se han girado por parte de las autoridades, tanto desde el despacho ministerial como del Instituto Nacional de Criminología. Agrega que como parte de las acciones tomadas para combatir la pandemia en el centro penal, se realizó la sesión No. 05-2020 del 12 de marzo de 2020, por parte del Consejo de Análisis, y en este ocasión se conocieron algunas de las directrices y circulares giradas hasta ese momento, también se analizó el Plan de Contingencia del Centro Penal propuesto por el Dr. Michel Espinoza Lozano, Jefe de los Servicios de Salud del centro penal, según reunión de 11 de marzo de 2020, en donde se refiere a los siguientes aspectos: “1.- Personas en riesgo: diabéticos, cardiópatas, hipertensos, persona adulta mayor, personas con padecimientos pulmonares, cáncer o alguna enfermedad que comprometa el sistema inmunológico. En este mismo orden de ideas, refiere el Doctor sobre la importancia de no tocarse la cara si no se ha procedido con el correcto lavado de manos. 2.- En cuanto al Plan de Contingencia, se realizarán las acciones de preparación y abordaje oportuno que permiten mitigar las consecuencias de un brote de COVID-19 en los centros penitenciarios a nivel nacional. Contando con los siguientes objetivos: limitar trasmisión del virus. Identificar, aislar y atender a los enfermos tempranamente. Comunicar e informar eventos de riesgo crítico oportunamente. Minimizar el impacto en la dinámica penitenciaria de un posible brote. 3.- Equipos de Trabajo en Área Médica: Se empleará la conformación de dos equipos de trabajo. El primero, conformado por la Dra. Marcela Gálvez y la enfermera Zoraida Tenorio y, el segundo equipo está conformado por el Dr. Michel Espinoza y la enfermera Deyanira Rosales. La atención se distribuirá de la siguiente manera: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. atención de población que presente casos con complicaciones respiratorias. En horas de la tarde, se atenderá el resto de las funciones propias de la Clínica como lo son la atención de población en condición de salud crónica y emergencias prioritarias. 4.- En caso de población sospechosa de contagio, se indica que aquella que se encuentra en condición asintomática se ubicará en espacio de Área Médica para observación. No obstante, para aquella que presente sintomatología se ubicará en el espacio destinado para el centro de acopio para su aislamiento completo (…). Agrega que el 16 y 20 de marzo, funcionarios del Equipo Interdisciplinario del centro penal se presentaron a todos los módulos de la población privada de libertad para indicar los lineamientos y órdenes giradas para combatir el COVID-19 en los centros penales. Explica que dentro de las instrucciones se educó sobre el correcto lavado de manos, protocolo de estornudo, se les explicó sobre la importancia de mantener limpias las áreas comunes y sus propios espacios, se les comunicó la restricción de visitas generales, visitas íntimas, ingreso de estudiantes, de grupos de apoyo, se les dio a conocer los nuevos horarios de encomiendas, entre otros. Añade que se instaló en el portón de ingreso del centro penal un lavamanos, jabón y toallas de papel para que cada persona que ingrese debe, primeramente, lavarse las manos. También indica que se ha dotado de materiales de protección a los funcionarios penitenciarios que se encuentran en el ingreso del centro y que tienen mayor contacto con personas externas. Dice que la atención médica se brinda de manera constante, al igual que la atención de psicología, cada persona privada de libertad que ingresa al centro es revisada para descartar síntomas de sospecha de enfermedad. Menciona que en acatamiento a lo ordenado tanto por el Instituto Nacional de Criminología como por el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, el Consejo Interdisciplinario Profesional de ese centro penal, se encuentra realizando valoraciones extraordinarias a todas aquellas mujeres privadas de libertad que cuenten con una situación de riesgo ante el COVID-19, el día viernes 3 de marzo se realizó la primera sesión y cuentan con otra programada para el 7 de abril de 2020. Solicita se declare sin lugar el recurso. 13.- Por medio de escrito agregado al expediente digital a las 14:18 horas de 15 de abril de 2020, el recurrente solicita que se indague sobre una información que salió en la prensa en la que se indica que existen dos casos de COVID-19 en el CAI Vilma Curling y reitera su preocupación por el hacinamiento que existe en el CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría. 14.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 12:47 horas de 17 de abril de 2020, informa bajo juramento Margareth Vindas Ramírez, en su condición de Fiscal Coordinadora de la Fiscalía de Osa, que el 23 de febrero de 2020, al ser las 16:20 horas, los tutelados [Nombre 004] Gottesdeld y [Nombre 002] fueron detenidos. Agrega que el 24 de febrero de 2020, se solicitó ante la Fiscalía de Osa una prórroga de 24 horas para ejercer el derecho de defensa de los investigados, con conocimiento de éstos últimos, esto por parte del Licenciado Fernando José Vargas Zeledón. Resalta que el 25 de febrero de 2020, y ante la Fiscalía de Osa, y en procura del derecho de defensa que le asistía a los tutelados, se apersonó el Licenciado Fernando Vargas Zeledón y ese mismo día se le revocó el nombramiento hecho por los implicados por acuerdo mutuo y dicho profesional en derecho estableció no cobrar honorario alguno y se apersonaron en su lugar ese mismo día los Licenciados Karolina Quirós Vaglio y Erick Gatgens Gómez, los cuales fueron nombrados por los tutelados. Afirma que según las declaraciones indagatorias las mismas fueron tomadas el mismo 25 de febrero de 2020, al ser las 14:30 horas y 14:50 horas respectivamente, después de que ambas personas detenidas hicieran uso de su derecho de defensa material y técnica por medio de la Licenciada Quirós Vaglio, ambos se acogieron a su derecho de abstención en ese momento, los detenidos fueron puesto a la orden del Juzgado Penal de Osa el mismo 25 de febrero de 2020, al ser las 15:10 horas. Menciona que el 26 de febrero de 2020, y estando presente el Licenciado Erick Gatgens Gómez, se realizó una ampliación de la declaración indagatoria de los aquí imputados haciendo uso de su derecho de defensa, esto al ser las 15:39 horas y 16:26 horas, previo a realizarse la audiencia de medidas cautelares que solicitó el ente del Ministerio Público de prisión preventiva. Añade que el 26 de febrero de 2020, se realizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra los detenidos [Nombre 004] Gottesdeld y [Nombre 002], por la cual y mediante la minuta de las 17:57 horas del 26 de febrero de 2020, y mediante resolución de las 22:15 horas del 26 de febrero de 2020, se le interpuso a los imputados referidos la prisión preventiva por un plazo de tres meses, venciendo la misma el 23 de mayo de 2020, medida establecida proporcional, idónea y necesaria. Asegura que se realizaron las fundamentaciones de hecho y de derecho para la imposición de la prisión preventiva en cuanto a la audiencia que se llevó a cabo por el Juez Penal, la cual se encuentra en el audio correspondiente en el expediente virtual. Además, indica que se trasladó el expediente en alzada para que el Tribunal de Juicio resolviera el Recurso de Apelación formulado por el Licenciado Erick Gatgens Gómez. Menciona que el Tribunal de Juicio declaró sin lugar dicho recurso de apelación. Solicita se declare sin lugar el recurso. 15.- En resolución de las 15:25 horas de 20 de abril de 2020, se amplió el recurso y se solicitó informe a la Directora General y al Director Médico de la Clínica, ambos del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera y al Director General y al Director Médico de la Clínica, ambos del Centro de Atención Institucional Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, sobre los hechos ampliados por el recurrente. 16.- Por medio de escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 11:53 horas de 21 de abril de 2020, el recurrente amplió el recurso e indicó que la resolución que rechazó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a los tutelados, carece de la debida fundamentación. 17.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 10:40 horas de 23 de abril de 2020, informan bajo juramento Kattia Góngora Meza y Michel Espinoza Lozano, en su condición de Directora y Jefe de Servicios de Salud, ambos del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, que efectivamente la señora [Nombre 005] Tietdt, se encuentra privada de libertad en ese centro penal en calidad de indiciada ubicada en el módulo A2. Mencionan que al 22 de abril de 2020, no se cuenta con ningún caso confirmado de COVID-19 de ninguna persona privada de libertad, en ese centro penal. Explican que se encuentran en aislamiento sanitario dos mujeres privadas de libertad que eran sospechosas de contagio de COVID-19, ambas cuentan con resultado negativo pero permanecen en cuarentena por orden del Ministerio de Salud. Agregan que una de ellas se encontraba ubicada en el módulo A2 y la otra en el módulo colectivo B1. Solicita se declare sin lugar el recurso. 18.- Por medio de escrito remitido por medio del sistema de fax a las 11:55 horas de 29 de abril de 2020, informan bajo juramento Martin Chaves Suárez y Rubén Camacho Piedra, por su orden Director y Director Médico, ambos del Centro de Atención Institucional Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, que el tutelado ingresó a ese centro penal el 3 de marzo de 2020, en condición de indiciado, a la orden del Juzgado Penal de Osa, por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos. Resalta que el amparado fue valorado el 10 de marzo de 2020, en la Clínica del CAI por infección en vías respiratorias superiores y trauma de pie izquierdo, para lo cual fue medicado. Mencionan que en ese centro penal no existen hasta el día de hoy privados de libertad sospechosos o contagiados con el virus COVID-19, por lo que el tutelado no corre riesgo. Sobre la distribución de los privados de libertad en dicho centro, indican: 19.- En resolución de las 19:13 horas de 29 de abril de 2020, se solicitó prueba para mejor resolver al Juez Penal del Juzgado Penal de Osa, referente a la ampliación del recurso realizado por el recurrente. 20.- Por medio de escrito agregado al expediente digital a las 15:52 horas de 30 de abril de 2020, el recurrente aporta prueba correspondiente a resoluciones que constan en el expediente judicial, para fundamentar su dicho. 21.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 8:59 horas de 4 de mayo de 2020, informa bajo juramento Ana María Ávila Medrano, en su condición de Jueza Coordinadora del Juzgado Penal de Osa, que mediante resolución de las 22:15 horas del 26 de febrero de 2020, se impuso prisión preventiva en contra de David Gottelfels y Sydney Tiedt, por el presunto delito de infracción a la ley de psicotrópicos en perjuicio de la salud pública, medida que vence el próximo 23 de mayo, y la cual aún se encuentra dentro de los tres primeros meses desde que fue impuesta. Explica que recibió solicitud de cambio de medida cautelar por parte de la Defensa Técnica de los señores David Gottelfels y Sydney Tiedt, por lo cual se señaló vista oral para el 14 de abril de 2020. Agrega que el 14 de abril del presente año se llevó a cabo la audiencia con el fin de conocer la solicitud de cambio de medida cautelar, en la cual se solicitó se modificara la medida cautelar de prisión preventiva, y en su lugar se impusiera el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, y para lo cual ofrecieron los testimonios de Marie Venetia Tiedt, número de pasaporte 549946433, madre de Sydney Tiedt y de David Bryan Reilly, Número de pasaporte 509458658, padrastro de Sydney y quienes a su vez aportaron un contrato de alquiler de una casa de habitación ubicada en Pozos de Santa Ana, San José, calle manantiales, de la iglesia de Pozos 50 metros norte y 500 este, en la cual fijarían su domicilio los tutelados, de seguido se le otorgó la palabra a la Defensa Técnica quien expuso los argumentos de su solicitud y se le otorgó audiencia a la representante del Ministerio Público, quien a su vez solicitó que fuera rechazado el cambio de medida cautelar y se mantuviera la prisión preventiva hasta el 23 de mayo de 2020. Resalta que una vez escuchadas las partes, mediante resolución de las 17:14 horas del 14 de abril del 2020, resolvió mantener la medida cautelar incólume, valorando cada uno de los peligros procesales latentes, los cuales tienen carácter de actuales e inminentes, así como la causal de prisión preventiva y que no se da en la especie un cambio objetivo de circunstancias, así mismo los ofrecimientos no generan la contención suficiente para mantener a los imputados sujetos al proceso penal, los señores imputados son de nacionalidad estadounidense y la totalidad de sus arraigos se encuentran en ese país, a Costa Rica ingresaron únicamente para acudir al Festival en el cual se estaba desarrollando la supuesta actividad delictiva, por lo que no cuentan con elementos suficientes dentro de nuestro país que le brinden la seguridad a la administración de justicia que los justiciables se someterán al proceso judicial. Considera que en relación al alegato de falta de fundamentación que expone la Defensa Técnica, no lleva razón este, por cuanto en la resolución cuestionada se expone ampliamente cada una de las razones que llevó a esa juzgadora a rechazar el cambio de medida cautelar. Solicita se declare sin lugar el recurso. 22.- Por medio de escrito agregado al expediente digital a las 10:13 horas de 5 de mayo de 2020, el recurrente alega que existe un impulso del gobierno por legalizar el cáñamo y reitera que en el expediente penal se ha ofrecido amplia prueba que acredita que los productos que vendían los tutelados estaban hechos a base de cáñamo y no de marihuana. 23.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente considera lesionados los derechos fundamentales de los tutelados, específicamente, en virtud de los siguientes agravios: 1) excesivo plazo de detención antes de dictarse la medida cautelar de prisión preventiva en virtud de la solicitud del anterior defensor de prorrogar el plazo de poner a la orden; 2) falta de fundamentación de la prisión preventiva por un rechazo injustificado de la prueba; 3) hacinamiento en el CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría e inseguridad por riesgo a su salud debido a posibles contagios de COVID-19 tanto en CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría como en el CAI Vilma Curling Rivera; 4) existencia de vicios en el proceso, al punto que tuvo que darse una corrección de errores del Juzgado por parte del Tribunal; 5) falta de fundamentación de la resolución que rechazó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa como el arresto domiciliario; y 6) indica que existe un impulso del gobierno por legalizar el cáñamo, y que en reiteradas ocasiones ha aportado prueba al expediente penal que comprueba que lo que los tutelados tenían en posesión era cáñamo y no marihuana. Solicita que se declare con lugar el recurso y que se ordene la libertad inmediata de los tutelados. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: Sobre la detención y el proceso penal seguido contra los tutelados: Contra los tutelados se sigue la causa penal No. [Valor 001], por el delito de infracción contra la Ley de Psicotrópicos, en perjuicio de la salud pública (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El 23 de febrero de 2020, a las 13:05 horas, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Osa se llevó a cabo allanamiento, en el sector de Bahía de Osa, incautándose importante cantidad de drogas, por lo que el Lic. Jonathan Badilla Rojas -Fiscal a cargo-, ordenó la detención en el sitio de los señores [Nombre 001] y [Nombre 002] (ver informe rendido por la autoridad recurrida). La Fuerza Pública de Osa le brindó colaboración al Organismo de Investigación Judicial, en el allanamiento realizado en el sector de Bahía de Osa, dicha colaboración consistió en brindar seguridad eguridad perimetral al Organismo de Investigación Judicial, en el sector de Playa Hermosa, en el Evento Envisión (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Al ser las 16:20 horas del 23 de febrero de 2020, los tutelados fueron detenidos por parte del Organismo de Investigación Judicial y se pusieron a partir de ese momento a la orden de la Fiscalía de Osa (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Al ser las 11:35 horas de 24 de febrero de 2020, se presentó ante la Fiscalía de Osa el informe policial con indicios número C.I.28-ORO-2020, elaborado por los oficiales del Organismo de Investigación Judicial a cargo del allanamiento (ver informe rendido por la autoridad recurrida). A las 14:44 horas de 24 de febrero de 2020, se apersonó como defensor de los tutelados el Lic. Fernando Vargas Zeledón (ver prueba aportada al expediente). A las 16:05 horas de 24 de febrero de 2020, el Fiscal Josué Hernández Cerdas manifestó que el defensor de los tutelados solicitó ante la Fiscalía de Osa una prórroga de 24 horas para realizar la indagatoria y así ejercer el derecho de defensa de los investigados, con conocimiento de estos últimos, debido a que se encontraba lejos de la jurisdicción de Osa, y no podría estar allí antes de las 16:20 horas, razón por la que accedían a dicha solicitud (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). El mismo 24 de febrero de 2020, y ante la Fiscalía de Osa, se le revocó el nombramiento al Lic. Fernando Vargas Zeledón y se apersonaron en su lugar los licenciados Karolina Quirós Vaglio y Erick Gatgens Gómez, como defensores de los encartados (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El 25 de febrero de 2020, al ser las 14:30 horas y 14:50 horas, se tomaron las declaraciones indagatorias de los tutelados (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). A las 15:10 horas de 25 de febrero de 2020, los tutelados fueron puestos a la orden del Juzgado Penal de Osa (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). El 26 de febrero de 2020, se realizó una ampliación de la declaración indagatoria por parte de los tutelados en presencia del Lic. Gatgens, al ser las 15:39 horas y las 16:26 horas, respectivamente (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). A las 17:56 horas de 26 de febrero de 2020, se realizó audiencia de solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los investigados por parte del Juzgado Penal de Osa (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). Mediante resolución de las 22:15 horas de 26 de febrero de 2020, el Juzgado Penal de Osa le impuso a ambos tutelados la prisión preventiva por el plazo de tres meses, venciendo esta el próximo 23 de mayo de 2020 (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). La defensa técnica presentó recurso de apelación contra la resolución de las 22:15 horas de 26 de febrero de 2020 (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). Por medio de la resolución de las 14:34 horas de 10 de marzo de 2020, el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Osa señaló fecha para llevar a cabo la audiencia oral sobre el recurso de apelación presentado y rechazó la totalidad de la prueba ofrecida, con el argumento de que no cumplía los requisitos establecidos en la normativa procesal (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El defensor de los encartados, presentó recurso de revocatoria contra la resolución de las 14:34 horas de 10 de marzo de 2020, por considerar que no se fundamentó el rechazo de prueba (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Mediante resolución de las 16:32 horas del 13 de marzo de 2020, el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Osa declaró parcialmente con lugar el Recurso de Revocatoria planteado por la defensa técnica de los encartados y procedió a fundamentar lo omitido en torno a las razones específicas por las que se rechaza la prueba ofrecida por el defensor para ser conocida en la audiencia de apelación; se indicaron con total claridad las razones de derecho por las que el ofrecimiento de prueba no superó el tamizaje de admisibilidad formal que establece el numeral 453 del Código Procesal Penal, y por ende, se mantuvo su rechazo (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). Por medio de la resolución de las 15:55 horas de 11 de marzo de 2020, el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Osa señaló vista de apelación para las 13:30 horas de 16 de marzo de 2020 (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). El 16 de marzo de 2020, se realizó la vista oral de apelación ante el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Osa (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Por medio de la resolución No. 31-2020 de las 21:50 horas del 16 de marzo de 2020, el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, Osa se declaró sin lugar el recurso de apelación planteado por el recurrente y se confirmó la resolución venida en alzada (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). La Defensa Técnica de los tutelados presentó solicitud de cambio de medida cautelar ante el Juzgado Penal de Osa, por lo cual se señaló vista oral para el 14 de abril de 2020 (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El 14 de abril de 2020, el Juzgado Penal de Osa llevó a cabo la audiencia con el fin de conocer la solicitud de cambio de medida cautelar, en la cual se solicitó se modificara la medida cautelar de prisión preventiva, y en su lugar se impusiera el arresto domiciliario con monitoreo electrónico (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Mediante resolución de las 17:14 horas del 14 de abril del 2020, el Juzgado Penal de Osa resolvió mantener la medida cautelar incólume, valorando cada uno de los peligros procesales latentes, los cuales tienen carácter de actuales e inminentes, así como la causal de prisión preventiva y que no se da en la especie un cambio objetivo de circunstancias (ver informe rendido por la autoridad recurrida). En cuanto a las medidas tomadas en el Sistema Penitenciario Nacional por el COVID-19: El 10 de marzo de 2020, se oficializó el “Plan de Contingencia para coronavirus del Ministerio de Justicia y Paz”, teniendo como propósito “Realizar las acciones de preparación y abordaje oportuno que permitan mitigar las consecuencias de un brote de COVID-19 en los centros penitenciarios a nivel nacional”, el cual es de acatamiento obligatorio para todas las dependencias de la Dirección General de Adaptación Social (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El “Plan de Contingencia COVID-2019”, contempla una serie de medidas como: “1. Regular el ingreso de personas externas enfermas a los centros, lo cual incluye tanto visitantes como funcionarios; 2. Regular el ingreso y egreso de privados de libertad a los centros, incluyendo además un actuar ante el ingreso de una persona proveniente del exterior; 3. El establecimiento de definiciones operativas como: caso sospechoso, caso probable y caso confirmado, con su debido plan de acción; 4. Recepción de pacientes: tanto de personas privadas de libertad con cuadros gripales como de la población penal en general; 5. Clasificación y atención en los servicios de salud, en donde se especifica que dicha área debe estar separada del servicio de emergencia, contar con lavamanos y toallas desechables, contar con un equipo de bioseguridad completo para el personal, contar con respirador para pacientes, contar con el equipamiento mínimo usual de consultorio, la designación de personal para dicha área tanto de medicina, enfermería y aseo, contar con un protocolo de seguridad, entre otros; 6. Manejo del paciente, el cual incluye la atención de la persona privada de libertad dentro del establecimiento, así como también, los traslados de las personas privadas de libertad a las instalaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social y finalmente el manejo del paciente de mayor complejidad en la Clínica La Reforma ante una eventual saturación en los centros hospitalarios del país; 7. Condiciones de aislamiento: en donde se considera el menor contacto posible entre pacientes, funcionarios y usuarios, el control de un acceso controlado, equipo de bioprotección, manejo de los expedientes médicos, funcionamiento del personal médico, procedimiento de limpieza en el área de hospitalización, procedimiento para el manejo de desechos, requisitos para que un paciente abandone el aislamiento, entre otros; 8. El manejo de contacto; 9. Pago de horas extraordinarias; 10. Continuidad del personal de salud; 11. Manejo de ambulancias y patrullas y; 12. Abordaje de las poblaciones vulnerables” (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). En cuanto a la población vulnerable, se estableció la prohibición de ingreso de personas privadas de libertad al CAI Adulto Mayor de manera inmediata, siendo además ordenada la redistribución de las personas adultas mayores en espacios específicos de todos los centros del programa institucional, aclarando además que junto a esta redistribución deberá de incluir a las personas con condiciones vulnerables como: diabetes mellitus, cardiópatas, EPOC, enfermedades de tipo inmunológicos o debilitantes como VIH o cáncer, asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). El 20 de marzo se emitió la Directriz DVJ-002-2020, mediante la cual se toman medidas específicas de acción en procura del bienestar de la salud de las personas privadas de libertad, tales como la suspensión de la visita general y la visita íntima a los centros penitenciarios, la orden de suspender todo ingreso de voluntarios, estudiantes e investigadores, visitas inter e intracarcelarias; se establece que las salidas médicas a la Caja Costarricense del Seguro Social sean estrictamente por razones de emergencia, los traslados a distintos centros penales se realizarán solamente por razones de urgencia justificada, se permitirá espacios de interacción inter-módulos siempre y cuando no existan casos sospechosos de COVID-19, entre otras medidas (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). El 25 de marzo de 2020, la Coordinadora Nacional de la Sección de Salud emitió el Procedimiento para la toma de muestras y emitió las instrucciones para el debido cumplimiento, aportando asimismo los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad COVID-19 para Costa Rica (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). Sobre el CAI Vilma Curling Rivera: El 3 de marzo de 2020, la tutelada ingresó al CAI Vilma Curling Rivera, proveniente de Celdas del OIG de la Zona Sur (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El CAI Vilma Curling no se encuentra con hacinamiento penitenciario ni sobrepoblación (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El centro penal cuenta con 4 módulos para ubicar a la población indiciada, sea A1, A2, A3 y A4 y 5 módulos para la ubicación de la población sentenciada sea B1, B2, B3, B4 y módulo F, un módulo de materno infantil, donde son ubicadas las mujeres junto a sus hijos menores de edad o las embarazadas, y un módulo para la ubicación de mujeres que adeudan pensión alimentaria (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Los módulos A1, A2, y A3 cuentan con un espacio para ubicar a 68 mujeres, el módulo A4 tiene capacidad para ubicar 47 mujeres privadas de libertad; el módulo B1 puede ubicar 108 mujeres, el B2 tiene capacidad para 96 mujeres, el B3 puede ubicar 110 mujeres privadas de libertad y el módulo B4 puede albergar 118 mujeres privadas de libertad, el módulo F tiene capacidad de ubicar 16 mujeres privadas de libertad, el módulo materno infantil puede albergar a 38 mujeres y sus hijos menores de 3 años, y el módulo de pensiones alimentarias tiene capacidad para ubicar 12 mujeres apremiadas (ver informe rendido por la autoridad recurrida). En la sesión No. 05-2020 del 12 de marzo de 2020, el Consejo de Análisis del centro penal conoció algunas de las directrices y circulares giradas hasta ese momento, también se analizó el Plan de Contingencia del Centro Penal propuesto por el Dr. Michel Espinoza Lozano, Jefe de los Servicios de Salud del centro penal, según reunión de 11 de marzo de 2020, en donde se refiere a los siguientes aspectos: “1.- Personas en riesgo: diabéticos, cardiópatas, hipertensos, persona adulta mayor, personas con padecimientos pulmonares, cáncer o alguna enfermedad que comprometa el sistema inmunológico. En este mismo orden de ideas, refiere el Doctor sobre la importancia de no tocarse la cara si no se ha procedido con el correcto lavado de manos. 2.- En cuanto al Plan de Contingencia, se realizarán las acciones de preparación y abordaje oportuno que permiten mitigar las consecuencias de un brote de COVID-19 en los centros penitenciarios a nivel nacional. Contando con los siguientes objetivos: limitar trasmisión del virus. Identificar, aislar y atender a los enfermos tempranamente. Comunicar e informar eventos de riesgo crítico oportunamente. Minimizar el impacto en la dinámica penitenciaria de un posible brote. 3.- Equipos de Trabajo en Área Médica: Se empleará la conformación de dos equipos de trabajo. El primero, conformado por la Dra. Marcela Gálvez y la enfermera Zoraida Tenorio y, el segundo equipo está conformado por el Dr. Michel Espinoza y la enfermera Deyanira Rosales. La atención se distribuirá de la siguiente manera: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. atención de población que presente casos con complicaciones respiratorias. En horas de la tarde, se atenderá el resto de las funciones propias de la Clínica como lo son la atención de población en condición de salud crónica y emergencias prioritarias. 4.- En caso de población sospechosa de contagio, se indica que aquella que se encuentra en condición asintomática se ubicará en espacio de Área Médica para observación. No obstante, para aquella que presente sintomatología se ubicará en el espacio destinado para el centro de acopio para su aislamiento completo (…)(ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). Se instaló en el portón de ingreso del centro penal un lavamanos, jabón y toallas de papel para que cada persona que ingrese debe, primeramente, lavarse las manos; además, se dotó de materiales de protección a los funcionarios penitenciarios que se encuentran en el ingreso del centro y que tienen mayor contacto con personas externas (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El Consejo Interdisciplinario Profesional de ese centro penal, se encuentra realizando valoraciones extraordinarias a todas aquellas mujeres privadas de libertad que cuenten con una situación de riesgo ante el COVID-19, tal y como fue ordenado por el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El 16 y 20 de marzo de 2020, funcionarios del Equipo Interdisciplinario del centro penal se presentaron a todos los módulos de la población privada de libertad para indicar los lineamientos y órdenes giradas para combatir el COVID-19 en los centros penales (ver informe y prueba aportada por la autoridad recurrida). Al 6 de abril de 2020, se encuentran privadas de libertad un total de 614 mujeres (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Dos mujeres privadas de libertad que eran sospechosas de contagio de COVID-19, se encuentran aislamiento sanitario, ambas cuentan con resultado negativo pero permanecen en cuarentena por orden del Ministerio de Salud, una de ellas se encontraba ubicada en el módulo A2 y la otra en el módulo colectivo B1 (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Al 22 de abril de 2020, no se cuenta con ningún caso confirmado de COVID-19 de ninguna persona privada de libertad, en ese centro penal (ver informe rendido por la autoridad recurrida). En cuanto al CAI Gerardo Rodríguez Echeverría: El 3 de marzo de 2020, el tutelado [Nombre 003] ingresó al CAI Gerardo Rodríguez Echeverría, proveniente de Celdas del OIG de la Zona Sur (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El 10 de marzo de 2020, el amparado fue valorado en la Clínica del CAI por infección en vías respiratorias superiores y trauma de pie izquierdo, para lo cual fue medicado (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El centro penal aloja una población en condición de indiciados, resultando que diariamente deben ser recibidos reclusos provenientes de las distintas instancias judiciales del país (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Desde el momento en que se detectó el primero caso de infección del coronavirus en Costa Rica, se inició la reubicación de los privados de libertad que se encontraban en los dormitorios 13 y 14, los cuales se encuentran a una distancia aproximada a 800 metros de los demás dormitorios (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Se está habilitando un espacio para aproximadamente cincuenta y seis privados de libertad, que también estará destinado para nueva población, a fin de no saturar los cupos de los dormitorios trece y catorce (ver informe rendido por la autoridad recurrida). En caso de detectar algún caso sospechoso se le ubicaría de inmediato en un área aledaña al gimnasio, con un espacio para entre diez y doce privados de libertad, con el propósito de mantenerlos aislados del resto, mientras se determina su estado de salud (ver informe rendido por la autoridad recurrida). En caso de tener casos confirmados, tienen habilitadas las habitaciones que han sido destinadas para visitas íntimas en el pasado, que en total son 9 y cada una de ellas cuenta con su baño independiente (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Se preparó material alusivo al tema y aprobado por el Área Médica fue colocado en lugares visibles, tanto para la población penitenciaria como para el personal del centro (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El 19 de marzo de 2020, se brindó en el gimnasio una charla a la población por parte del Equipo Profesional de Educación, donde se les brindó videos de la forma correcta del lavado de manos y otras informaciones de importancia para la prevención del COVID-19 (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El 26 de marzo de 2020, el Área Médica ofreció una charla educativa al personal de seguridad; pues ellos son los encargados del recibo de ingresos de encomiendas y los visitantes que llegan a entregar éstas (ver informe rendido por la autoridad recurrida). El 1° de abril de 2020, se les proyectó un vídeo informativo a la población penal de los dormitorios del 1 al 12, sobre la atención del coronavirus (ver informe rendido por la autoridad recurrida). Al 22 de abril de 2020, no existía ningún caso sospechoso ni ningún caso activo de COVID-19 en el centro penal (ver informe rendido por la autoridad recurrida). III.- En cuanto al excesivo plazo de detención al que estuvieron sujetos los tutelados. El artículo 37 constitucional admite la restricción a la libertad personal, únicamente, en ciertos supuestos, siendo uno de ellos el que exista indicio comprobado de haber cometido delito y bajo la condición de que sea puesta la persona a disposición de Juez competente dentro del plazo de veinticuatro horas. Nótese que este precepto constitucional califica el término de "perentorio" , con lo cual resulta decisivo, determinante, urgente y apremiante. El plazo no puede ser interpretado y aplicado por las autoridades del Ministerio Público y de los cuerpos policiales como un máximo que les legitima para mantener detenida una persona hasta su expiración. Se trata, en esencia, de un parámetro temporal que, en la medida de lo posible, debe ser reducido a su mínima expresión, evitando su agotamiento o transcurso total innecesario (ver sentencia No. 2010- 14812 de las 8:45 horas del 3 de setiembre de 2010). En el sub lite, el recurrente reclama que los tutelado estuvieron detenidos por un plazo excesivo sin ser puestos a la orden de la Fiscalía de Osa por parte del Organismo de Investigación Judicial. Ahora, esta Sala pudo comprobar que, contrario a lo que afirma el recurrente, los tutelados fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Osa desde el momento de su detención, y la irregularidad en cuanto a su detención se dio mientras estaban a la orden de dicho órgano. Al respecto, del informe rendido por las autoridades recurridas dado bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esta Sala confirma una lesión a los derechos fundamentales de los tutelados en cuanto a este extremo, con fundamento en las razones que a continuación se exponen. Sobre el particular, las autoridades recurridas indican que efectivamente se excedió del plazo de 24 horas de detención para poner a la orden del Juez a los amparados, pero que esto no fue ilegítimo, por cuanto, obedeció a que el primer defensor particular nombrado por los tutelados solicitó una prórroga del plazo para realizar la indagatoria y ejercer el derecho de defensa de los tutelados, al encontrarse lejos de Osa y que por ello, la Fiscalía accedió a dicha solicitud. Al respecto, esta Sala en algunas ocasiones ha tolerado que se reciba la declaración de los imputados de una causa en un plazo mayor de las 24 horas, esto ha sido cuando la situación no se debe a la negligencia de las autoridades sino en virtud de la naturaleza de la causa, y justamente, una de las justificaciones puede ser por la distancia geográfica del lugar; sin embargo, en este caso particular, considera esta Sala que dicho eximente no existió. Nótese que el artículo 91 del Código Procesal Penal establece: “ARTÍCULO 91.- Oportunidades y autoridad competente Cuando exista motivo suficiente para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el funcionario del Ministerio Público encargado de la investigación procederá a recibirle la declaración. Si el imputado ha sido aprehendido, se le deberá recibir la declaración inmediatamente o, a más tardar, en el plazo de veinticuatro horas contadas desde su aprehensión. El plazo se prorrogará por otro tanto, cuando sea necesario para que comparezca el defensor de su confianza. El imputado tendrá derecho a declarar cuando lo estime indispensable, siempre que su declaración sea pertinente y no constituya una medida dilatoria del procedimiento”. En congruencia con el artículo anterior, el artículo 237 del mismo cuerpo normativo estipula lo siguiente: “ARTÍCULO 237.- Detención El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea detenida, cuando: a) Sea necesaria la presencia del imputado y existan indicios comprobados para sostener, razonablemente, que es autor de un delito o partícipe en él, y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. b) En el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los imputados y a los testigos y deba procederse con urgencia para no perjudicar la investigación, a fin de evitar que los presentes se alejen del lugar, se comuniquen entre sí y que se modifique el estado de las cosas y de los lugares. c) Para la investigación de un delito, sea necesaria la concurrencia de cualquier persona. La detención no podrá superar las veinticuatro horas. Si el Ministerio Público estima que la persona debe quedar detenida por más tiempo, la pondrá inmediatamente a la orden del tribunal del procedimiento preparatorio y le solicitará ordenar la prisión preventiva o aplicar cualquier otra medida sustitutiva. En caso contrario, ordenará su libertad”. Ahora, efectivamente, consta los tutelados fueron detenidos y puestos a la orden de la Fiscalía de Osa desde las 16:20 horas del 23 de febrero de 2020. Asimismo, se tuvo por acreditado que trascurrido el plazo de 21 horas desde la detención de los amparados, se apersonó como su defensor particular el Lic. Fernando Vargas y solicitó prórroga del plazo para rendir declaración indagatoria por cuanto no podía apersonarse hasta Osa antes de que venciera el plazo de 24 horas. Consta también que al haber transcurrido 23 horas desde la detención de los tutelados, el Fiscal encargado del asunto aceptó prorrogar el plazo de la indagatoria. Posteriormente, una vez superado el plazo de detención de 24 horas de los tutelados, se revocó el nombramiento del defensor y se apersonaron a la causa los Licenciados Erick Gatgens y Karolina Quirós, como nueva defensa técnica de los investigados. De conformidad con lo estipulado en las normas previamente transcritas lo correcto hubiera sido que la Fiscalía al percatarse de que los tutelados debían quedar detenidos por más de las 24 horas, buscaran una solución para resguardar las garantías constitucionales y procesales de los tutelados; sin embargo, y a sabiendas que ya había vencido el plazo de 24 horas otorgado por la Constitución Política y la Ley para poner a la orden de un Juez competente a los amparados, esperaron todavía 22 horas más para que los amparados realizaran su declaración indagatoria y para poner a los tutelados a la orden del Juez a los tutelados, lo que se dio hasta las 15:10 horas del 25 de febrero de 2020; es decir, los amparados estuvieron detenidos sin ser puestos ante un Juez competente por 46 horas aproximadamente. Ahora, consta que una vez puestos a la orden del Juez, la situación jurídica de los tutelados fue resuelta conforme a derecho por cuanto, a las 2 horas de haberse puesto a la orden del Juez se realizó la audiencia de medidas cautelares y a las 5 horas de esto se dictó la resolución que imponía la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de tres meses en contra de los tutelados, respetando de esta forma el Juzgado Penal de Osa de los plazos de 24 horas y 48 horas que establece el artículo 238 del Código Procesal Penal. Nótese que se trata de la libertad de una persona y en efecto, los tutelados estuvieron detenidos y por ende, ilegítimamente privados de su libertad por un plazo mayor al permitido y sin que existiera una orden judicial que así lo permitiera. Así las cosas y tomando en consideración que tratándose de la afectación de la libertad personal, toda actuación que la restrinja debe estar debidamente justificada, este Tribunal estima que efectivamente se lesionaron los derechos fundamentales de los tutelados. Por consiguiente, se declara con lugar el recurso, en cuanto a este extremo y contra las autoridades de la Fiscalía de Osa, para efectos meramente indemnizatorios, pues la situación ya fue subsanada, al dictarse la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los tutelados por una autoridad competente. IV.- Sobre la fundamentación de la resolución que impuso prisión preventiva en contra de los tutelados. El artículo 39 de la Constitución Política y el artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagran el estado de inocencia como derecho fundamental, en virtud del cual ninguna persona puede ser considerada o tratada como culpable hasta tanto no exista una decisión jurisdiccional definitiva de culpabilidad, que se haya dictado como producto de un juicio con todas las garantías, y en el que la culpabilidad haya quedado plenamente probada con sustento en pruebas lícitas incorporadas de forma válida al proceso. Ahora bien, de conformidad con el artículo 37 de la Constitución Política y el artículo 7, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 238 y 239 del Código Procesal Penal, el goce de un estado de inocencia no implica que no sea posible acordar la privación de libertad de una persona, como medida cautelar, dentro de la tramitación de una causa penal, en aquellos casos en que existan razones procesales objetivas que lo hagan indispensable para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley. En efecto, sobre este particular el artículo 239 del Código Procesal Penal dispone lo que a continuación se indica: “El tribunal ordenará la prisión preventiva del imputado, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) Existan elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él. b) Exista una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento (peligro de fuga); obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o continuará la actividad delictiva. c) El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad. d) Exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo. Cuando la víctima se encuentre en situación de riesgo, el juez tomará en cuenta la necesidad de ordenar esta medida, especialmente en el marco de la investigación de delitos atribuibles a una persona con quien la víctima mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.” De esta forma, se concluye que la medida cautelar de prisión preventiva debe tener un carácter excepcional y debe ser acordada por una autoridad jurisdiccional competente, a petición del Ministerio Público y por medio de resolución debidamente fundada. En tal sentido, para el Juez Penal constituye un deber constitucional y legal ineludible, al ordenar esta medida, fundamentar debidamente su decisión, por lo que debe expresar los motivos de hecho y de Derecho en que se apoya, pues, de esta forma, es que se pueden conocer los razonamientos que utiliza el Juez para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento y, por ende, se garantiza que sus determinaciones se sustenten en criterios razonables y objetivos, así como que lo resuelto pueda ser controlado en alzada. En el sub examine, el recurrente considera que la resolución que impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los tutelados carece de la debida fundamentación. Sin embargo, después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos por las autoridades recurridas, no puede acreditarse una lesión a los derechos fundamentales de los tutelados en cuanto a este extremo, según se dirá. Consta en autos que contra los tutelados se sigue la causa penal No. [Valor 001], por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos. En virtud de lo anterior, por medio de la resolución de las 22:15 horas de 26 de febrero de 2020, el Juzgado Penal de Osa le impuso a ambos tutelados la prisión preventiva por el plazo de tres meses, venciendo esta el próximo 23 de mayo de 2020. Al respecto, pudo acreditarse que el Juez encargado de imponer la prisión preventiva, analizó el caso concreto con los elementos que existen en el expediente y con cada una de las intervenciones que se realizaron en la audiencia por cada una de las partes procesales, con lo que llegó a la conclusión que los hechos que se investigan tienen como resultado un grado de probabilidad de que se haya cometido el delito acusado, además concluyó que existe peligro latente de fuga, al considerar la magnitud del daño, la pena eventual a imponer. Así, el Juzgado Penal recurrido estableció en la resolución cuestionada: “Se considera que existe el grado de probabilidad de los hechos que se investigan, el delito cometido por los imputados se encuentra reprimido con pena privativa de libertad, se encuentra presente, latente e inminente el peligro de fuga, la magnitud del daño causado, y continuidad delictiva, se realiza la exposición de conformidad con el numeral 37 de la Constitución Política, se realiza un análisis del grado de probabilidad tomando en consideración la prueba aportada hasta éste momento a los autos, se analiza a la luz de los informes presentados por las autoridades policiales, de la evidencia que consta en el expediente, del elenco probatorio que sostiene el Ministerio Público, se indica el numeral 58 de la Ley 8204, se hace un análisis de la tipicidad de la misma, tanto objetiva como subjetiva y porque cree éste Juzgador que sí existe delito que investigar, se establece que es un delito de peligro abstracto, se dan las razones de consideración sobre ello, se analiza la prueba aportada por la defensa, que a pesar que se cuenta con documentos en el idioma inglés, existen otros en idioma español, por lo que se realiza una valoración de ellos, que si bien en cierto se permite la actividad empresarial de los imputados en New York, en nuestro país no existe esa posibilidad según el ordenamiento jurídico patrio la posibilidad de realizar dicha actividad, por un lado, no se cuenta en autos que el producto decomisado haya sido ingresado de forma legal por la aduana de nuestro país y cumpla con los permisos respectivos como alegan ellos, que hagan suponer que legitiman dicho producto en nuestro país (…)” Agrega también el Juez Penal en la resolución que: “(…)Por otro lado, sí hubo trasferencia de dinero de los implicados a los organizadores del evento (Festival) es parte de la actividad ilícita que se realizó, que generaba ganancias para las partes, y no se constata en autos que el dinero que se les decomisara, de lo que se ha pagado por ellos supuestamente, haya sido cancelado los tributos respectivos a favor del país, véase que las ganancias son importante, que la cantidad de droga decomisada y el dinero que ellos portaban fue fruto de su actuar delincuencial, sin existir control del gobierno de nuestro país, se estableció que los imputados asesoraron en cuanto a si era delito o no vender su producto en nuestro país con los organizadores del evento, pero ellos debieron de asesorarse debidamente con las instancias respectivas para poder comercializar su producto en nuestra zona (…) sobre los débiles arraigos que sostienen acá a los implicados, se explicó que en cuanto al arraigo familiar, domiciliar y laboral de los dos detenidos los tienen consolidados en su país de origen Estados Unidos, que no tienen una raíz para atarlos al país, que no existe contención alguna, que al ser empresarios ambos imputados y tener poderío económico pueden irse del país y no cumplir con el presente proceso, se aportó un posible domicilio, pero eso no da contención, se explica que es un arraigo… que no se viene a generar de la noche a la mañana, que el delito cometido por ellos y según las leyes de nuestro país fue cometido en flagrancia, que no dependen de nadie más que ellos que hagan cumplir el proceso y ya al conocer la pena a que se les puede imponer pueden huir del país, se explica que nuestras fronteras no impide que se alejen de acá, las mismas son débiles, que las posibles medidas cautelares menos gravosas no son las más idóneas de momento, por cuanto su estatus en el país es nulo, están de paso.(…) Por ello, la magnitud del daño causado, el bien jurídico tutelado de la salud pública sí se encuentra vulnerado, y debe de investigarse y tener atado a los implicados al proceso para que respondan por su actuar en un eventual juicio que lo sí lo hubiere, no puedan continuar con su actividad ilícita, lo que sí podría pasar si se imponen otras medidas menos gravosas”. Lo expuesto anteriormente, permite que este Tribunal llegue a la conclusión de que los elementos de convicción que sirvieron de sustento al Juzgado Penal recurrido para tomar la decisión cuestionada son suficientes para motivar y fundamentar debidamente la resolución cuestionada. En consecuencia, no encuentra esta Sala mérito alguno para acoger este recurso en cuanto a este punto y, por lo tanto, se declara sin lugar sobre este extremo. V.- Sobre el alegado hacinamiento e inseguridad en los centros penales recurridos por posibles contagios de COVID-19. El recurrente acusa también que el tutelado [Nombre 003] se encuentra recluido en condiciones de hacinamiento en el CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría y que tanto el tutelado [Nombre 003] como la tutelada Tiedt corren riesgo de contraer COVID-19, por cuanto considera que las autoridades recurridas no están implementando las medidas necesarias para prevenir dichos contagios en los centros penitenciarios del país. Indica que incluso existe información de que hay dos casos en el CAI Vilma Curling Rivera, y que uno de los casos compartía módulo con la amparada Tiedt. Sobre el particular, debe indicarse que según queda debidamente acreditado en la relación de hechos probados y en los informes rendidos por las autoridades recurridas de la Dirección General de Adaptación Social y de los Centros de Atención Institucional Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría y Vilma Curling Rivera, el Ministerio de Justicia y Paz ha dictado una serie de lineamientos que tienen que ser acatados por todo el Sistema Penitenciario Nacional en aras de enfrentar la emergencia nacional ocasionada por el COVID-19. De esta forma, consta que el Ministerio de Justicia y Paz, instauró el Plan de Contingencia COVID 2019, el cual contempla las siguiente medidas: “ 1. Regular el ingreso de personas externas enfermas a los centros, lo cual incluye tanto visitantes como funcionarios; 2. Regular el ingreso y egreso de privados de libertad a los centros, incluyendo además un actuar ante el ingreso de una persona proveniente del exterior; 3. El establecimiento de definiciones operativas como: caso sospechoso, caso probable y caso confirmado, con su debido plan de acción; 4. Recepción de pacientes: tanto de personas privadas de libertad con cuadros gripales como de la población penal en general; 5. Clasificación y atención en los servicios de salud, en donde se especifica que dicha área debe estar separada del servicio de emergencia, contar con lavamanos y toallas desechables, contar con un equipo de bioseguridad completo para el personal, contar con respirador para pacientes, contar con el equipamiento mínimo usual de consultorio, la designación de personal para dicha área tanto de medicina, enfermería y aseo, contar con un protocolo de seguridad, entre otros; 6. Manejo del paciente, el cual incluye la atención de la persona privada de libertad dentro del establecimiento, así como también, los traslados de las personas privadas de libertad a las instalaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social y finalmente el manejo del paciente de mayor complejidad en la Clínica La Reforma ante una eventual saturación en los centros hospitalarios del país; 7. Condiciones de aislamiento: en donde se considera el menor contacto posible entre pacientes, funcionarios y usuarios, el control de un acceso controlado, equipo de bioprotección, manejo de los expedientes médicos, funcionamiento del personal médico, procedimiento de limpieza en el área de hospitalización, procedimiento para el manejo de desechos, requisitos para que un paciente abandone el aislamiento, entre otros; 8. El manejo de contacto; 9. Pago de horas extraordinarias; 10. Continuidad del personal de salud; 11. Manejo de ambulancias y patrullas y; 12. Abordaje de las poblaciones vulnerables”. Asimismo, sobre ese aspecto pudo comprobarse que el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera ha cumplido a cabalidad con estas directrices y es por esto que instauró las siguientes medidas para proteger a la población privada de libertad de su centro penal: ““1.- Personas en riesgo: diabéticos, cardiópatas, hipertensos, persona adulta mayor, personas con padecimientos pulmonares, cáncer o alguna enfermedad que comprometa el sistema inmunológico. En este mismo orden de ideas, refiere el Doctor sobre la importancia de no tocarse la cara si no se ha procedido con el correcto lavado de manos. 2.- En cuanto al Plan de Contingencia, se realizarán las acciones de preparación y abordaje oportuno que permiten mitigar las consecuencias de un brote de COVID-19 en los centros penitenciarios a nivel nacional. Contando con los siguientes objetivos: limitar trasmisión del virus. Identificar, aislar y atender a los enfermos tempranamente. Comunicar e informar eventos de riesgo crítico oportunamente. Minimizar el impacto en la dinámica penitenciaria de un posible brote. 3.- Equipos de Trabajo en Área Médica: Se empleará la conformación de dos equipos de trabajo. El primero, conformado por la Dra. Marcela Gálvez y la enfermera Zoraida Tenorio y, el segundo equipo está conformado por el Dr. Michel Espinoza y la enfermera Deyanira Rosales. La atención se distribuirá de la siguiente manera: de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. atención de población que presente casos con complicaciones respiratorias. En horas de la tarde, se atenderá el resto de las funciones propias de la Clínica como lo son la atención de población en condición de salud crónica y emergencias prioritarias. 4.- En caso de población sospechosa de contagio, se indica que aquella que se encuentra en condición asintomática se ubicará en espacio de Área Médica para observación. No obstante, para aquella que presente sintomatología se ubicará en el espacio destinado para el centro de acopio para su aislamiento completo (…)”. De igual manera, se tuvo por demostrado que si bien efectivamente en el CAI Vilma Curling Rivera, hay dos privadas de libertad que eran sospechosas de contagio de COVID-19, estas se encuentran aislamiento sanitario y ambas cuentan con resultado negativo pero permanecen en cuarentena por orden del Ministerio de Salud, y aunque efectivamente una de ellas se encontraba en el módulo A2, igual que la tutelada, lo cierto es que, esta no se encuentra en riesgo alguno, por cuanto tal y como se indicó, la prueba dio negativo y se encuentra en aislamiento. En todo caso, consta que al 22 de abril de 2020, no se contaba con ningún caso confirmado de COVID-19 en el CAI Vilma Curling Rivera. De igual manera, pudo comprobarse también que en el CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría también ha cumplido a cabalidad con las directrices emanadas por las autoridades recurridas y es por esto que instauró las siguientes medidas para proteger a la población privada de libertad de su centro penal: “Desde el momento en que se detectó el primero caso de infección del coronavirus en Costa Rica, se inició la reubicación de los privados de libertad que se encontraban en los dormitorios 13 y 14, los cuales se encuentran a una distancia aproximada a 800 metros de los demás dormitorios; se está habilitando un espacio para aproximadamente cincuenta y seis privados de libertad, que también estará destinado para nueva población, a fin de no saturar los cupos de los dormitorios trece y catorce; En caso de detectar algún caso sospechoso se le ubicaría de inmediato en un área aledaña al gimnasio, con un espacio para entre diez y doce privados de libertad, con el propósito de mantenerlos aislados del resto, mientras se determina su estado de salud; en caso de tener casos confirmados, tienen habilitadas las habitaciones que han sido destinadas para visitas íntimas en el pasado, que en total son 9 y cada una de ellas cuenta con su baño independiente; se preparó material alusivo al tema y aprobado por el Área Médica fue colocado en lugares visibles, tanto para la población penitenciaria como para el personal del centro; se brindó charlas a la población penal, al personal de seguridad y administrativo del CAI..”. En todo caso, se comprobó también que al 22 de abril de 2020, no existía ningún caso sospechoso ni ningún caso activo de COVID-19 en el centro penal. Bajo este panorama, considera esta Sala que en cuanto a este extremo el recurso debe ser declarado sin lugar, dado que se tuvo por demostrado que el Ministerio de Justicia y Paz ha emitido las directrices necesarias para atender la situación del COVID-19 en el Sistema Penitenciario Nacional y todas estas han sido acatadas y desarrolladas a lo interno por el CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría y el CAI Vilma Curling Rivera, en donde se han instaurado una serie de protocolos y medidas para atender la problemática. VI.- Adicionalmente, en cuanto al alegado hacinamiento en el CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, debe indicarse que esta Sala ya se ha referido al tema del hacinamiento crítico, de este centro penal. De esta forma, en la sentencia No. 2020-7834 de las 9:45 horas de 24 de abril de 2020, se estableció: “ IV.- SOBRE LA SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA Y EL HACINAMIENTO CRÍTICO: En reiterada jurisprudencia, este Tribunal Constitucional ha recurrido al término de hacinamiento crítico para analizar las eventuales violaciones a los derechos fundamentales de los privados de libertad, por las denuncias de sobrepoblación penitenciaria. Es decir, se recurre a este criterio objetivo para determinar si se está en una situación extrema que amerite la intervención de este Tribunal para resguardar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Para ello, se han desarrollado las condiciones que se consideran mínimas o humanas para poder proteger la integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad, pues los derechos de los reclusos se consideran como derechos constitucionalmente protegidos. En general, la comprobación de la existencia de condiciones infrahumanas en los establecimientos penitenciarios, cualesquiera que sean las causas, es una señal inequívoca de violación de los derechos humanos de los internos, que el Estado, encargado de sus custodias, está obligado a enmendar. En este sentido, para determinar si un centro penitenciario sufre un hacinamiento crítico, se ha recurrido a los parámetros fijados por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales, de las cuales se extrae que existe un hacinamiento crítico cuando hay densidad superior o igual a 120 detenidos por 100 lugares realmente disponibles; de manera que existe un hacinamiento crítico cuando la población penitenciaria supere en un 120% la capacidad locativa o la infraestructura del respectivo centro penitenciario (en este sentido ver resoluciones número 2012-11765 de las 11:30 del 24 de agosto de 2012-7484-2000 de las 9:21 hrs. de 25 de agosto del 2000). Con fundamento en los criterios expuestos, en el caso concreto, se comprueba la existencia de un hacinamiento crítico que vulnera los derechos fundamentales de los privados de libertad. Vemos que el Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Chavarría tiene una capacidad real de 958 personas, y actualmente la población es de 1433 privados de libertad, por lo que existe una sobrepoblación de 475 personas. De manera que la capacidad locativa supera el máximo permitido, sea el 120% de la capacidad locativa- cifra que supera holgadamente el máximo permitido por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales (la capacidad real es de 958 personas, para que no exista hacinamiento crítico no debe sobrepasar el 20%, en este caso 190 privados de libertad; de ahí que, la población de privados de libertad no podría sobrepasar a 1148 personas). Por lo anterior, la Sala verifica que las personas privadas del Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Chavarría se encuentran en condiciones de hacinamiento crítico. Dado que lo señalado en el antecedente de cita resulta plenamente aplicable al sub lite, procede analizar el alegato planteado por el promovente, como se indica a continuación. En su informe rendido bajo juramento, la Ministra de Justicia y Paz (citando al Director del Centro penal recurrido), reconoce que el porcentaje de sobrepoblación actual en el CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, es del 35 % de su capacidad. La capacidad real del centro penal es de setecientos noventa y cuatro (794) personas, y al día de hoy hay mil doscientos treinta y cuatro personas (1234), lo que significa un total de cuatrocientos cuarenta (440) personas por encima de lo permitido. Con fundamento en lo expuesto, en el caso concreto, se comprueba la existencia de un hacinamiento crítico que vulnera los derechos fundamentales de los privados de libertad. La capacidad locativa supera el máximo permitido por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y a las recomendaciones del Comité Europeo para los Problemas Criminales (la capacidad real es de setecientos noventa y cuatro personas, para que no exista hacinamiento crítico no debe sobrepasar el 20%, en este caso ciento cincuenta y nueve privados de libertad; de ahí que, la población de privados de libertad no podría sobrepasar las novecientos cincuenta y tres personas). Por lo anterior, la Sala verifica que las personas privadas del Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Chavarría se encuentran en condiciones de hacinamiento crítico, de manera que el amparo resulta procedente en cuanto a este extremo, con las consecuencias, que se indicarán en la parte dispositiva de esta sentencia”. Ahora bien, consta que en dicha resolución se brindó a las autoridades del CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría el plazo de tres meses para eliminar el hacinamiento crítico en dicho centro penal hasta llegar a su capacidad real, orden que aún se encuentra dentro del plazo de cumplimiento, razón por la cual, lo propio sobre este aspecto, es estarse a lo resuelto en la sentencia No. 2020-7834 de las 9:45 horas de 24 de abril de 2020. VII.- En cuanto a la alegada existencia de vicios en el proceso. Alega también el recurrente que a su parecer existen una serie de vicios en el proceso que deben ser analizados por parte de este Tribunal, tales como el rechazo ilegal e infundamentado de la prueba, el saneamiento de defectos absolutos por parte de un Tribunal de alzada y el desconocimiento por parte de los Jueces que resolvieron tanto la audiencia de la prisión preventiva como la apelación respectiva de la diferencia entre una droga y los productos derivados del cáñamo. Sobre este extremo, debe indicársele al recurrente que no compete a esta Sala sustituir a los Jueces de la jurisdicción penal en el ejercicio de sus competencias, y es por esto, que no le corresponde determinar si existen o no los vicios que apunta el recurrente. De esta forma, si bien lo tiene el recurrente, lo propio es que presente dichos reclamos ante las instancias competentes de la jurisdicción penal y sea allí, en donde se resuelva como en derecho corresponda. En consecuencia, sobre este extremo, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso. VIII.- Sobre la falta de fundamentación de la resolución que rechazó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa. Además, acusa el recurrente que la resolución de las 17:14 horas del 14 de abril del 2020, el Juzgado Penal de Osa, dictada por el Juzgado Penal de Osa, en la cual se rechazó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a una menos gravosa como el arresto domiciliario carece de la debida fundamentación. Sobre el particular, indica la Jueza recurrida en la resolución cuestionada: “I- Luego de un análisis del presente asunto, considera esta autoridad no es procedente acoger la solicitud de la Defensa Técnica, pues de un estudio detallado se desprende que a la fecha se mantienen los presupuestos procesales que motivaron la imposición de la medida cautelar más gravosa, como lo es la prisión preventiva, esto en base a los artículos 239, 239 bis, 240 peligro de fuga, 243 y 254 del código procesal penal, primeramente debo hacer énfasis en la competencia de la suscrita en este momento procesal, la cual se debe enfocar en el análisis de que si efectivamente se ha dado en la especie un cambio objetivo de circunstancias, toda vez que el grado de probabilidad se mantiene incólume, mediante resolución de las veintidós horas con quince minutos del veintiséis de Febrero del dos mil veinte y confirmado por el Tribunal de Juicio de esta localidad mediante el voto 31-2020. Del estudio del legajo de medida cautelar se desprende que se encuentran presentes el peligro procesal de fuga en base a carencia de recursos personales en nuestro país de ambos imputados, alta penalidad, magnitud del daño causado, así como continuidad delictiva y la causal de prisión preventiva de flagrancia, peligros que como se indicó a la fecha subsisten, en cuanto al ofrecimiento de los garantes, en los cuales se denota la buena voluntad de ofrecerles recursos a los señores encartados para enfrentar este proceso judicial con otro tipo de medidas cautelares, lo cierto del caso es que el peligro de fuga continua siendo actual e inminente, los arraigos no solo de los justiciables están completamente en Estados Unidos, si no que el de los garantes también, lo que hace que no se tenga ningún tipo de contención para el proceso. (…)”. Asimismo, en cuanto a la medida solicitada por la defensa la Jueza explicó: “En cuanto a la solicitud de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, este no es procedente ya que el lugar en el cual habitarían no es siquiera una vivienda en la que hayan habitado por al menos un espacio de tiempo de previo a que se dieran los hechos, es una vivienda que se alquila por sus padres a raíz de esta situación y vivienda que podrían desalojar en cualquier momento que lo deseen, al no tener mayores obligaciones que los liguen con esta, el uso del dispositivo electrónico electrónico es una medida que queda sujeta a la voluntad de la persona, requiere cuidados, y es fácil de manipular, con solo la descarga del dispositivo este no funcionaría correctamente, sabemos muy bien que las fronteras en nuestro país son endebles y a pesar de la situación actual, aún así se tiene conocimiento de muchos casos en los que las personas burlan los sistemas de seguridad fronterizos, y no solo es que se vayan de nuestro país, también se pueden fugar dentro del mismo, los ofrecimientos no resultan lo suficientemente fuertes para que palear los peligros procesales existentes, especialmente teniendo conocimiento de la cantidad de prueba que hay en su contra y de la posible pena a imponer la cual va desde los ocho a quince años de cárcel (...)” De lo expuesto, considera esta Sala que el Juez Penal fundamentó debidamente el rechazo del cambio de medida cautelar de prisión preventiva presentado por el recurrente a favor de los tutelados, analizó cada uno de los puntos presentados por la defensa y llegó a la conclusión que no existía ninguno motivo para modificar la prisión preventiva. Bajo este panorama, no encuentra esta Sala mérito alguno para acoger este recurso en cuanto a este extremo, por lo tanto, se declara sin lugar sobre este punto. IX.- En cuanto a las manifestaciones realizadas por la posible legalización del cáñamo. Finalmente, alega el recurrente que existe una voluntad del Poder Ejecutivo de legalizar el cáñamo y que justamente, dicho producto es el que contiene la supuesta droga decomisada a los tutelados. Sobre este extremo, en primer lugar debe indicársele al recurrente que dicha situación es una mera especulación, por cuanto, simplemente existe una intención, pero aún no ha sido legalizado dicho producto. En todo caso, no le corresponde a esta Sala determinar si los productos decomisados a los tutelados se trataban de marihuana o de cáñamo, por cuanto, es un aspecto que requiere de un análisis y de una valoración técnica que excede la naturaleza del recurso de hábeas corpus y las competencias de esta Sala. De esta forma, tal y como se le indicó en el VII considerando de esta sentencia, este es un extremo, que si a bien lo tiene, puede plantear ante las autoridades de legalidad ordinaria respectivas, con el fin de que se resuelva lo que corresponda. Bajo este panorama, sobre este extremo, el recurso debe ser declarado sin lugar. X.- Voto salvado parcial del Magistrado Rueda Leal y de la Magistrada Hernández López, con redacción de la última. Los suscritos Magistrados, nos separamos parcialmente del voto de mayoría, respecto a la desestimatoria de los alegatos relacionados con las medidas sanitarias dispuestas para evitar el contagio del Covid-19. Consideramos que resulta un hecho público y notorio, que la pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba a todas las sociedades y los sistemas de salud del mundo y obliga a tomar acciones preventivas más intensas en el caso de poblaciones en especial grado de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con ciertas enfermedades preexistentes, entre otras. El caso de los sistemas penitenciarios -que involucra tanto a las personas privadas de libertad, como al personal que allí labora, representa una situación especial de riesgo por tratarse de espacios cerrados hacinados, en los que medidas como el distanciamiento social son difíciles de implementar. En relación con estas poblaciones, es más que evidente que por el encierro en esas condiciones representan una condición especial de vulnerabilidad que amerita realizar un abordaje detallado de las medidas adoptadas por las autoridades competentes. Al inicio de esta situación de pandemia, el COVID-19, la amenaza y el avance del virus no eran tan inminentes, por esa razón este Tribunal venía aceptando las medidas preventivas adoptadas por las autoridades del Ministerio de Justicia para atender esta emergencia. Algunas de ellas involucraban a las autoridades de salud, ya porque estaban incorporadas a equipos de interinstitucionales, o bien porque estaban avaladas por las autoridades del Ministerio de Salud en algunos recursos en que se apersonaron como recurridos a expedientes de esta Sala. Al respecto podemos ver la sentencia 2020007386, de las nueve horas veinte minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte. Algunas de las medidas adoptadas y señaladas en los informes del Ministerio de Justicia para proteger a la población privada de libertad del contagio de COVID, eran las siguientes: el cierre total de centro penal, suspensión de las visitas íntimas, suspensión intra e inter-carcelarias, medidas estrictas de limpieza y organización, los procesos grupales han sido suspendidos y de existir algún proceso grupal estrictamente necesario, esté no sobrepasa el cincuenta por ciento de la capacidad, la repartición constante de implementos de limpieza, limpieza de los zapatos y manos de las personas que ingresan al centro. Asimismo, es relevante aclarar que se han proporcionado mayores espacios de esparcimiento al aire libre, con la finalidad de reducir el estrés y la ansiedad que causa la reclusión. Por otro lado se ha indicado en los informes que las señoras Diana Sofía Posada Solís, Viceministra de Gestión Estratégica y Viviana Boza Chacón, Viceministra de Asuntos Penitenciarios y Directora a.i. General de Adaptación Social, el día 28 de febrero del presente año, realizaron el primer acercamiento con el Ministerio de Salud para la toma de decisiones conjuntas, con la finalidad de definir acciones y estrategias para la llegada del COVID-19; posterior a ello, se estableció una “Mesa de Situación Institucional”, la cual se reúne periódicamente con la finalidad de enfrentar los desafíos del COVID-19, la cual está compuesta por los Coordinadores de los Niveles Institucional, Semi Institucional, Comunidad, Penal Juvenil, Unidades de Atención Integral, Unidad de Atención a la Mujer, Dirección del Instituto Nacional de Criminología, Dirección Administrativa, Jefe Nacional de Servicios de la Salud Penitenciarios y Sub Dirección General, siendo presidida por la Viceministra de Asuntos Penitenciarios. En concordancia con lo anterior, es que se emitieron las Directrices VGE-003-2020, VGE-004-2020, DVJ-001-2020, así como también, las Circulares 1-2020, 2-2020 y MJP-003-2020, todas ellas con relación a las medidas preventivas y de acción para enfrentar el COVID-19, por lo que hacen referencia, como se indicó supra, a extremar las medidas de limpieza e higiene permanente de espacios en los centros penitenciarios y centros de trabajo, promover el uso del protocolo de lavado de manos y correcta forma de toser y estornudar, acompañamiento del personal de salud durante el ingreso de la visita general, implementar procesos de sensibilización a las personas visitantes, tratamiento ante una persona infectada o con una enfermedad respiratoria, suspensión de los traslados a los centros penitenciarios, cierre del CAI Adulto Mayor, suspensión de la consulta externa y priorizar la atención de urgencias y emergencias, solicitud para que efectúen valoraciones ordinarias a mujeres embarazadas o con niños en casa cuna, así como también, para personas adultas mayores, lineamientos para la incapacidad de funcionarios de esta institución, entre otras medidas. Asimismo, el 10 de marzo se oficializó el “Plan de Contingencia para Coronavirus del Ministerio de Justicia y Paz”, que tiene como propósito “realizar las acciones de preparación y abordaje oportuno que permitan mitigar las consecuencias de un brote de COVID-19 en los centros penitenciarios a nivel nacional”, el cual es de acatamiento obligatorio para todas las dependencias de la Dirección General de Adaptación Social. Mencionan que dichas medidas tienen como objetivo evitar el ingreso y propagación del virus en los establecimientos penitenciarios, así como también, la identificación, aislamiento y atención de las personas enfermas, la comunicación sobre eventos de riesgo, procurando a la vez minimizar la alteración de la dinámica a lo interno de los distintos centros. En ese sentido, indica que el “Plan de Contingencia COVID-2019”, contempla una serie de medidas como:1.- Regular el ingreso de personas externas enfermas a los centros, lo cual incluye tanto visitantes como funcionarios.2.- Regular el ingreso y egreso de privados de libertad a los centros, incluyendo además un actuar ante el ingreso de una persona proveniente del exterior.3.- El establecimiento de definiciones operativas como: caso sospechoso, caso probable y caso confirmado, con su debido plan de acción.4.- Recepción de pacientes: tanto de personas privadas de libertad con cuadros gripales como de la población penal en general.5.- Clasificación y atención en los servicios de salud, en donde se especifica que dicha área debe estar separada del servicio de emergencia, contar con lavamanos y toallas desechables, contar con un equipo de bioseguridad completo para el personal, contar con respirador para pacientes, contar con el equipamiento mínimo usual de consultorio, la designación de personal para dicha área tanto de medicina, enfermería y aseo, contar con un protocolo de seguridad, entre otros.6.- Manejo del paciente, el cual incluye la atención de la persona privada de libertad dentro del establecimiento, así como también, los traslados de las personas privadas de libertad a las instalaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social y finalmente el manejo del paciente de mayor complejidad en la Clínica La Reforma ante una eventual saturación en los centros hospitalarios del país.7.- Condiciones de aislamiento: en donde se considera el menor contacto posible entre pacientes, funcionarios y usuarios, el control de un acceso controlado, equipo debió protección, manejo de los expedientes médicos, funcionamiento del personal médico, procedimiento de limpieza en el área de hospitalización, procedimiento para el manejo de desechos, requisitos para que un paciente abandone el aislamiento, entre otros.8.- El manejo de contacto. 9. -Pago de horas extraordinarias. 10.- Continuidad del personal de salud. 11.- Manejo de ambulancias y patrullas. 12.- Abordaje de las poblaciones vulnerables. En cuanto a la población vulnerable, se estableció la prohibición de ingreso de personas privadas de libertad al CAI Adulto Mayor de manera inmediata, siendo además ordenada la redistribución de las personas adultas mayores en espacios específicos de todos los centros del programa institucional, aclarando además que junto a esta redistribución deberá de incluir a las personas con condiciones vulnerables como: diabetes mellitus, cardiópatas, EPOC, enfermedades de tipo inmunológicos o debilitantes como VIH o cáncer, asma bronquial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El día veinte de marzo del año en curso, también se informa que se emitió la Directriz DVJ-002-2020, en donde se toman medidas específicas de acción en procura del bienestar de la salud de las personas privadas de libertad como por ejemplo la suspensión de la visita general y la visita íntima a los centros penitenciarios, la orden de suspender todo ingreso de voluntarios, estudiantes e investigadores, visitas inter e intracarcelarias; se establece que las salidas médicas a la Caja Costarricense del Seguro Social sean estrictamente ante situaciones de emergencia, los traslados a distintos centros penales se realizarán solamente por razones de urgencia justificada, se permitirá espacios de interacción inter-módulos siempre y cuando no existan casos sospechosos de COVID-19, entre otras medidas. Adicionalmente, esa institución mediante las Circulares MJP-003-2020 y 02-2020, y las Directrices DVJ-001-2020, VGE-004-2020, DVJ-002-2020, VGE-006-2020, VGE-007-2020,VGE-008-2020 y la Directriz VGE-009-2020, ha buscado proteger el funcionamiento y la organización institucional con relación a los funcionarios dotando de medidas preventivas de higiene, teletrabajo, así como la reducción de la planilla, lo cual beneficia no solamente a los funcionarios de esta institución, sino también a las personas privadas de libertad. Ahora, en el caso concreto y partiendo de la prueba que consta en autos, no se logra extraer que todos estos lineamientos y disposiciones, hayan sido efectivamente implementados, pues para dar una tutela real y efectiva, es decisivo que no queden en el vacío, sino que deben ser puestos en prácticas, como medidas efectivas y no sólo como planes. Por otra parte, es claro, como lo establece la línea jurisprudencial de este Tribunal, que esta Sala no otorga beneficios carcelarios ni traslados o interfiere con la ejecución de sentencias penales, aspectos que son competencia de las autoridades penitenciaras y de los Juzgados de Ejecución de la Pena. Igualmente, no es la Sala el órgano técnico designado para establecer protocolos de actuación sanitaria. Sin embargo, sí es competencia de este tribunal disponer, que las autoridades, realicen las acciones propias de su cargo, para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, ante amenazas a la salud o vida. La anterior premisa, obedece a la estructura constitucional diseñada para la administración de justicia, que ha establecido distintas vías a través de las cuales las personas, puedan encontrar remedio a las lesiones de sus derechos por parte de terceros o del propio Estado. Una de ellas es la Jurisdicción Constitucional, diseñada como una instancia especializada en “garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”, (artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional); mientras tanto se ha dejado a las autoridades ordinarias, y en el presente asunto, a las autoridades, sanitarias, penitenciarias y a los jueces de Ejecución de la Pena, la revisión de aquellos supuestos que, ameritan una revisión de los elementos de juicio constantes en el expediente y su verificación cuidadosa desde la perspectiva legal de un operador de la materia. Sobre el particular, específicamente sobre el cumplimiento de las obligaciones de garante de las autoridades sanitarias, penitenciarias, hospitalarias y jurisdiccionales, toma especial relevancia, lo dispuesto en la resolución de la Corte Interamericana De Derechos Humanos 1/20, del 9 de abril del año en curso, en la que en lo conducente dispone: “…Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad…” Dicho documento, específicamente en su parte resolutiva y en ejercicio de las funciones que le son conferidas por el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en aplicación del artículo 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18.b de su Estatuto, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, formula algunas siguientes recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros y específicamente en lo que corresponde al tema que nos ocupa, sea la población privada de libertad indica: “…45.- Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. 46. Asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables. 47. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las unidades cuenten con atención médica…” Partiendo de lo expuesto por la Corte Interamericana, resulta claro que existe un marco normativo de acción que debe servir de parámetro de actuación para los estados del sistema interamericano. Sin embargo, pese a dichos lineamientos y los planes contingencia establecidos en los informes rendidos a esta Sala, no consta en el expediente que se estén implementando algunas de las medidas señaladas o bien que quede claramente especificado, cuáles son los protocolos existentes en caso de contagio, o de contagio masivo o bien, que la población privada de libertad tenga acceso a un trato igualitario al tratamiento médico -incluido, el hospitalario. Los informes son muy detallados en aspectos preventivos, pero omisos en protocolos de actuación en caso de contagio, especialmente de contagio masivo. En este sentido, llama la atención que este Tribunal haya conocido gran cantidad de expedientes, relacionados con estos temas y a pesar de que las autoridades indican que han puesto en conocimiento del personal y las personas privadas de libertad lineamientos generales de las medidas adoptadas, las personas privadas de libertad que acuden a este Tribunal, aducen desconocer las medidas adoptadas por las autoridades para proteger su integridad física y salud ante la pandemia del COVID-19. Además, en varios de los expedientes ingresados, otro grupo de privados de libertad, indica estar en condición de vulnerabilidad por enfermedades preexistentes, y no haber sido atendidos, o trasladados, ni tampoco haber sido remitidos a ninguna autoridad penitenciaria, para que su situación de reubicación sea analizada. En ese mismo sentido es preciso, que para el nivel de contagio que existe a nacional, se cuente con acceso a equipos de protección para el personal y personas privadas de libertad. Asimismo es un hecho público, la confirmación de un caso de contagio en la Unidad de Atención I Reinaldo Villalobos, de Alajuela de un policía penitenciario, que ha dado positivo con el coronavirus COVID-19 y, en el Centro Penitenciario Jorge Arturo Montero, se reportó el fallecimiento de un privado de libertad de apellidos Aguilar Barquero, por problemas respiratorios, que según denuncia pública de la “Asociación Ayudando al Privado de Libertad”, le había sido negada la asistencia médica por parte del personal de seguridad. En virtud de ello, es importante que todos los actores tengan conocimiento del proceso de declaración de casos, la ruta para la atención, detección, diagnóstico y tratamiento de casos sospechosos, probables y confirmados y todos los mecanismos que se deben de activar en casos de emergencias. En ese sentido consideramos que los informes rendidos acreditan una gran cantidad de medidas de prevención adoptadas, pero no así de medidas de actuación en caso de contagio de la población privada de libertad, especialmente en situaciones de hacinamiento crítico o bien medidas que garanticen un trato igualitario, acceso oportuno a tratamiento y atención hospitalaria en caso de contagio, en particular de contagio masivo. Para los suscritos Magistrados, es primordial, para la solución de los reclamos relacionados con el Covid-19 dentro del Sistema Penitenciario, que todos los casos sean sometidos a conocimiento de este Tribunal, contando con el pronunciamiento respectivo del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de las autoridades penitenciarias (Centro Penal respectivo, Instituto Nacional de Criminología y Ministerio de Justicia), Juez de Ejecución de la Pena (Juzgados de Pensiones Alimentarias, para los casos de los apremiados alimentarios), sobre las acciones que hayan ordenado, o, que se estén por disponer, para salvaguardar la salud de la población privada de libertad, que presenta condiciones de riesgo ante el Covid-19, tanto en prevención como de actuación en caso de contagio, en especial aquellas tendentes a evitar la discriminación de trato frente al acceso a la atención de la salud. Sobre el particular, el presente asunto no cuenta con la totalidad de los informes de las autoridades citadas anteriormente, es decir, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Criminología, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, y el Juzgado de Ejecución de la Pena respectivo. Además no se acredita, como se indicó anteriormente, cuáles son los protocolos específicos en casos de contagio, especialmente de contagio masivo de la población penitenciaria. En ese sentido, los informes no establecen las actuaciones a seguir, ante el escenario, de que los centros médicos u hospitalarios, no tengan la capacidad de recibir a la población privada de libertad (ante casos de contagio masivo). Lo que nos lleva también al hecho, en el cual se echa de menos, la información que nos puede brindar la CCSS, respecto al protocolo a seguir para traslados, atenciones, internamientos entre otros, de las personas privadas de libertad, y las respectivas acciones, ante la saturación de los servicios médicos, provocada por un escenario de contagios masivos. Lo anterior cobra especial relevancia, al analizarlo en conjunto con el hecho, de que el CAI recurrido, en apariencia (ya que este último no lo informó), no cuenta con los espacios físicos, camas, equipo médico, materiales de protección, cuartos de aislamiento, entre otros, para atender a los privados de libertad, ante casos de contagio masivos. Tampoco podemos dejar de lado, que ante el reclamo que acusa hacinamiento, las autoridades penitenciarias se limitaron a reconocer dicha problemática, sin que se diera mayor información, sobre las acciones que se están tomando para reducir el hacinamiento señalado y su respectivo abordaje ante casos de contagios masivos. Las anteriores omisiones que han sido señaladas, en la práctica, se traducen en amenazas a los derechos fundamentales de la población penitenciaria y de sus funcionarios. Por las razones indicadas, salvamos el voto parcialmente y declaramos con lugar el recurso, respecto a las medidas sanitarias. XI.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto al plazo excesivo en el que estuvieron detenidos los tutelados sin ser puestos a la orden del Juez Penal por parte de la Fiscalía de Osa y sin ordenar la libertad de los tutelados. Se ordena a Margareth Vindas Ramírez, en su condición de Fiscal Coordinadora de la Fiscalía de Osa, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, abstenerse de incurrir en el futuro en hechos iguales o similares a los que dieron lugar a la estimación parcial de este recurso. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de hábeas corpus y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al alegado hacinamiento en el CAI Dr. Gerardo Rodríguez Echeverría, estése el recurrente a lo resuelto en la sentencia No. 2020-7834 de las 9:45 horas de 24 de abril de 2020. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese. El Magistrado Rueda Leal y la Magistrada Hernández López salvan el voto parcialmente y declaran con lugar el recurso, respecto a las medidas sanitarias.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *0E43JMCNTKW461*
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