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Res. 08055-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 28/04/2020

Amparo on Protection of a Homeless Person Against COVID-19Amparo sobre protección de persona habitante de calle frente al COVID-19

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Constitutional Chamber denied the amparo as inadmissible, since no concrete omission by the respondent institutions was proven; they demonstrated having adopted numerous measures to assist the homeless population during the COVID-19 emergency, and the petitioner did not prove having sought their help.La Sala Constitucional declaró sin lugar el amparo por improcedente, al no acreditarse omisión concreta de las instituciones recurridas, las cuales demostraron haber adoptado múltiples medidas para atender a la población habitante de calle durante la emergencia por COVID-19, y porque el recurrente no acreditó haber gestionado ayuda ante ellas.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber heard an amparo action filed by a person who identified as homeless, claiming total lack of protection against COVID-19. The petitioner alleged that no State entity provided assistance to comply with health measures, a place to shelter with social distancing, or basic food. The Chamber reviewed reports from the Municipality of San José, the Ministry of Health, and IMAS, which detailed numerous coordinated actions to assist the homeless population during the emergency, such as the Municipal Dormitory, mobile hand-washing stations, general guidelines, and technical working groups. Moreover, there was no evidence that the petitioner had filed any request with the respondent authorities. The Chamber denied the amparo, holding that no concrete omission or threat to fundamental rights was demonstrated, and that the institutions have acted; it also instructed the petitioner to approach competent agencies. In a separate opinion, Justice Picado Brenes emphasized the Ministry of Health's heightened duty to issue specific guidelines for this vulnerable population and to anticipate their needs without waiting for formal requests.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto por una persona que se identificó como habitante de la calle, alegando desprotección total ante el COVID-19. El recurrente afirmó que ninguna entidad estatal le brindaba colaboración para cumplir las medidas sanitarias ni un lugar donde resguardarse con distanciamiento social, y que carecía de alimentación básica. La Sala analizó los informes de la Municipalidad de San José, el Ministerio de Salud y el IMAS, los cuales detallaron múltiples acciones coordinadas para atender a la población en situación de calle durante la emergencia, como el funcionamiento del Dormitorio Municipal, lavatorios móviles, lineamientos generales y mesas técnicas. Además, no constaba que el recurrente hubiera presentado gestión alguna ante las autoridades recurridas. La Sala declaró sin lugar el recurso por no acreditarse omisión o amenaza concreta a derechos fundamentales, señalando que las instituciones sí han actuado y que el recurrente debe acudir ante las instancias competentes. En nota separada, la Magistrada Picado Brenes destacó la obligación reforzada del Ministerio de Salud de dictar lineamientos específicos para esta población vulnerable y de anticipar sus necesidades, sin esperar gestiones formales.

Key excerptExtracto clave

Although this amparo action was filed by a person who claimed to be homeless, the writ merely set out general ideas, without referring to specific facts or a particular factual framework from which a threat or violation of a fundamental right could be inferred: it neither mentions nor sets forth specific steps (whether formal or informal) showing that he approached any of the respondent agencies to raise his needs and that he was not assisted or supported. Moreover, the established facts show the measures that the Ministry of Health, the Municipality of San José, and the Joint Institute for Social Assistance have deployed, so far, within their respective spheres of competence, to address the situation of the homeless population in the face of the coronavirus COVID-19; it is therefore untrue that the responsible agencies have remained indifferent. Lastly, the petitioner must be reminded that he must turn to the competent agencies to seek the assistance he says he needs, and not appear before this Chamber seeking that it intercede on his behalf or make requests for him (a task that exceeds the Chamber's competence and is incompatible with the nature of the amparo remedy).Aunque el presente recurso de amparo haya sido planteado por una persona que aseguró ser habitante de la calle, lo cierto es que en el escrito de interposición, se limitó a exponer ideas generales, sin hacer referencia a hechos concretos o un marco fáctico particular, del cual se pueda desprender la amenaza o lesión de un derecho fundamental: no se refiere ni expone gestiones específicas (sea formales o informales) que denoten haber acudido ante alguna de las dependencias recurridas, a plantear sus necesidades, y no se le haya atendido o brindado apoyo. De otra parte, consta en la relación de hechos probados las actuaciones que el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San José y el Instituto Mixto de Ayuda Social, han desplegado, de momento, dentro del ámbito de sus competencias, para atender la situación de la población indigente frente al coronavirus COVID-19, por lo que no es cierto que las instancias responsables hayan permanecido indiferentes. Por último, es importante indicar al recurrente que debe acudir ante las instancias competentes, a gestionar la ayuda que asegura necesitar, y no apersonarse ante este Tribunal, pretendiendo que interceda a su favor o que realice en su nombre las solicitudes (tarea que excede la competencia de esta Sala, y no es compatible con la naturaleza del recurso de amparo).

Pull quotesCitas destacadas

  • "Aunque el presente recurso de amparo haya sido planteado por una persona que aseguró ser habitante de la calle, lo cierto es que en el escrito de interposición, se limitó a exponer ideas generales, sin hacer referencia a hechos concretos o un marco fáctico particular, del cual se pueda desprender la amenaza o lesión de un derecho fundamental."

    "Although this amparo was filed by a person who claimed to be homeless, the writ merely set out general ideas, without referring to specific facts or a particular factual framework from which a threat or violation of a fundamental right could be inferred."

    Considerando III

  • "Aunque el presente recurso de amparo haya sido planteado por una persona que aseguró ser habitante de la calle, lo cierto es que en el escrito de interposición, se limitó a exponer ideas generales, sin hacer referencia a hechos concretos o un marco fáctico particular, del cual se pueda desprender la amenaza o lesión de un derecho fundamental."

    Considerando III

  • "Dadas las circunstancias excepcionales que impone una pandemia y las particularidades de esa población, las entidades públicas, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Salud, deben no simplemente esperar una gestión formal a favor de esos habitantes, sino anticipar sus necesidades particulares y adoptar las medidas necesarias para satisfacerlas."

    "Given the exceptional circumstances imposed by a pandemic and the particularities of this population, public entities, in accordance with the Ministry of Health's guidelines, must not merely wait for a formal request on behalf of these individuals, but rather anticipate their particular needs and adopt the necessary measures to meet them."

    Nota separada de la Magistrada Picado Brenes

  • "Dadas las circunstancias excepcionales que impone una pandemia y las particularidades de esa población, las entidades públicas, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Salud, deben no simplemente esperar una gestión formal a favor de esos habitantes, sino anticipar sus necesidades particulares y adoptar las medidas necesarias para satisfacerlas."

    Nota separada de la Magistrada Picado Brenes

  • "No basta con los lineamientos generales dirigidos a toda la población, los que son comunicados mediante conferencia de prensa de las autoridades de salud difundidas por los medios de comunicación, pues la población que habita en la calle no solo no tiene televisor, radio, teléfono u otros medios electrónicos de difusión de información, sino que no cuentan con los recursos básicos y necesarios para atender las recomendaciones de higiene y distanciamiento social."

    "General guidelines aimed at the entire population, communicated through health authorities' press conferences broadcast by the media, are not enough, because the homeless population not only lacks television, radio, telephone or other electronic means of information dissemination, but also lacks the basic resources needed to follow hygiene and social distancing recommendations."

    Nota separada de la Magistrada Picado Brenes

  • "No basta con los lineamientos generales dirigidos a toda la población, los que son comunicados mediante conferencia de prensa de las autoridades de salud difundidas por los medios de comunicación, pues la población que habita en la calle no solo no tiene televisor, radio, teléfono u otros medios electrónicos de difusión de información, sino que no cuentan con los recursos básicos y necesarios para atender las recomendaciones de higiene y distanciamiento social."

    Nota separada de la Magistrada Picado Brenes

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Date of Resolution: April 28, 2020, at 09:45 Case File: 20-006412-0007-CO Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations *200064120007CO* Res. No. 2020008055 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-five in the morning on April twenty-eight, two thousand twenty.

An amparo appeal processed in case file number 20-006412-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], of legal age, resident of , against the MAYOR OF SAN JOSE, the MINISTER OF HEALTH, and the EXECUTIVE PRESIDENT OF THE JOINT INSTITUTE FOR SOCIAL AID.

Whereas:

1.- Through a written submission received at the Secretariat of the Chamber at 3:20 p.m. on March 31, 2020, the appellant files an amparo appeal against the MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ, the JOINT INSTITUTE FOR SOCIAL AID, and the MINISTRY OF HEALTH. The appellant states, in summary, that the Government of the Republic declared a state of national emergency due to the COVID-19 virus pandemic. The appellant indicates being a street dweller, which places them in a state of special vulnerability and at imminent risk of contracting COVID-19. The appellant adds that no state entity has taken the pertinent actions to provide collaboration to the population living on the streets and to comply with the sanitary measures indicated by the Government. The appellant points out having no place to live and has currently been unable to obtain help from any public institution for the purpose of achieving social distancing in accordance with the State's recommendations and instructions. The appellant also adds lacking basic nutrition for subsistence, which prevents them from staying in one specific place to meet their basic needs. The appellant comments that, due to their precarious condition, they are forced to wander the streets in search of food, bathing, and clothing, which exposes them to contracting the COVID-19 virus or, if already carrying the virus, infecting other people. The appellant considers it necessary for the respondent authorities to take immediate effective measures to provide adequate protection for street dwellers and to prevent the spread of the virus affecting the country. The appellant requests that the appeal be granted, with the consequences that implies.

2.- Through a resolution issued at 2:44 p.m. on April 1, 2020, this appeal was processed and a hearing was granted to the Mayor of San José, the Executive President of the Joint Institute for Social Aid, as well as the Minister of Health, regarding the facts alleged by the appellant.

3.- Johnny Araya Monge, in his capacity as Mayor of the Municipality of San José, reports under oath that, according to what was indicated by the Department of Social and Economic Services, various initiatives have been coordinated and the municipality has made itself available to the competent central government entities for the specific care of the street-dweller population. Proposals have been developed regarding the possibility of implementing new shelters, for which this municipality has expressed its commitment to provide sports facilities, sleeping mats, blankets, pillows, and other items. Budgetary modifications have been made to acquire additional, unplanned purchases of personal hygiene and cleaning items, to reinforce the supply of the Municipal Dormitory and to support the responsible entities for the possible enabling of an emergency shelter to expand the service the Municipality already maintains operating through its Dormitory. In addition, the uninterrupted provision of the daily Municipal Dormitory service for one hundred street dwellers was carried out and, due to the emergency, the recommendations of the Ministry of Health were implemented, such as: a) Permanent information about COVID-19, risks, and ways to prevent it; b) Hand-washing, sneezing, and coughing protocol; c) Social distancing: the entry and feeding schedules have been readjusted, keeping people spaced apart during the line, with shifts for feeding in smaller groups and with an empty chair between them, with distancing in procedures for the delivery of supplies (courtyards, blankets, personal hygiene items, shampoo, powders, deodorants, sanitary towels, disposable diapers, etc.), and reorganization by smaller shifts in the use of showers and sanitary facilities; d) Cancellation of mass activities; e) Reinforcing the supply of potable water; f) Reinforcing sanitation, hygiene, and cleaning measures for the facilities; g) Acquisition of biosafety equipment for staff working in the Dormitory, such as gloves and masks; h) Purchase of contactless thermometers to support the detection of symptoms, since temperature is taken during entry and if a person with fever and symptoms is identified, they are immediately referred to health centers; i) Placement of official informational signs and posters from the Ministry of Health in strategic locations within the facilities; j) Delivery of food in disposable packaging. In addition, mobile hand-washing stations have been placed at strategic points in the city, and with the support of volunteers from the organization "Chepe se Baña", liquid soap and paper towels are provided for hand washing. Although the initiative was developed with the indigent population in mind, many passersby have used and benefited from the service. An average of five hundred people are being served daily. In turn, the Municipal Emergency Committee and the Mayor's Office took the initiative to convene and develop various inter-institutional coordination and work sessions to jointly define actions for the care and approach to this population during the COVID-19 emergency. Based on the agreements reached, the following actions have been developed: a) San José sports infrastructure was made available, such as the Barrio Cuba Gym, the Barrio Aranjuez Sports Complex (with its three covered gyms and an open court), and the BN Arenas of the Hatillo Sports City to enable temporary shelters for preventive isolation of the street-dweller population in higher-risk conditions, care for positive COVID-19 patients, and expansion of dormitory services for the protection, accompaniment, and monitoring of street dwellers during the emergency; b) Redirect the Municipal Dormitory to serve the street-dweller population in greater vulnerability and reduce its capacity by half to provide older adults, people with disabilities, and those with risk pathologies a service of preventive isolation and more personalized and controlled accompaniment within the framework of the COVID-19 emergency; c) Assessment of the sports infrastructure offered by the Municipality, two hotels, and some buildings of non-governmental organizations to facilitate decision-making and jointly identify with IMAS and MINSA the feasibility of using them as temporary shelters for the different needs and profiles of the street-dweller population; d) Management of the purchase of equipment for a temporary shelter; e) Coordination with a private company to learn about and assess offers for more mobile hand-washing stations to place in the city. For its part, the Municipal Office of Disaster Risk Management indicated that an Institutional Commission for the care of COVID-19 was created as an institutional coordination body and has carried out the following actions: a) sanitary control measures in the institutional sphere; such as reinforced cleaning in service areas; provision in all bathrooms of: toilet paper, hand soap, and disposable paper towels or electric hand dryers. Cleaning and disinfection must be performed, with regular soap or detergent and a disinfectant at least twice a day, on all door knobs, laboratory handles, toilets, and company work instruments and equipment (telephones, keyboards, mice, materials, and any surface with which there is permanent contact); Organization of municipal tasks to guarantee continuity of service and worker protection; b) Regulation and permanent control of commercial activities, support for the control of vehicle restrictions, monitoring and control of closed municipal public areas such as parks; c) Environmental sanitation: security for the disinfection operation with the street population with Chepe se Baña, washing of sidewalks and public spaces, provision of handwashing stations in critical sites, such as markets or municipal public spaces; d) Social: Under the coordination of MIVAH, the preparedness and response plan for COVID-19 in Informal Settlements is being developed; e) Cultural Services: Library-at-home service; f) Municipal action plan for the COVID-19 situation in terms of resource allocation for the continuity of municipal services in the short, medium, and long term. It clarifies that Municipalities do not have the obligation or the resources to take on the approach to the street-dweller population, and that it is up to the governmental governing bodies to address the multidimensional problems required by and afflicting this vulnerable social group (indigence, addictions, social security, housing, etc.). Despite the foregoing, it is evident that the Municipality, with its limitations, has intensified and pursued multiple actions for the benefit of this social group within the framework of the COVID-19 emergency. He clarifies that the appellant does not indicate the place or canton where they wander or habitually reside, meaning there is no certainty that it is in San José, nor that they have processed any type of aid or petition to the Government, and the Municipality has no record of any processing under the name of the amparo petitioner. He requests that the appeal be dismissed.

4.- Daniel Salas Peraza, in his capacity as Minister of Health, reports under oath that, as a consequence of the alert issued by the World Health Organization (WHO) on January 30, 2020, and acting under the corresponding powers and responsibility, from that moment the health authorities activated the protocols required to face the global sanitary epidemiological alert for the outbreak of the new coronavirus (2019nCoV), known as coronavirus COVID-19. Furthermore, "(…) as the governing body and within its prerogatives and scope of competence, the Ministry of Health, through its three levels of management, has issued and implemented, duly and timely, the guidelines and the technical and political strategies necessary to confront the threat that the coronavirus COVID-19 poses to public health (…)". It emphasized that according to the Head of the Health Services Harmonization Unit of the Health Services Directorate of the Ministry of Health: "(…) on March 19, 2020, the document called 'General guidelines for care facilities for people in street situations due to the sanitary alert for the risk of COVID-19' was made official, which, as its name indicates, regulates the provision of this service by the institutions or NGOs charged with providing it, defining actions for case prevention, approach to them, disinfection of establishments, etc. (…)". He requests that the appeal be dismissed.

5.- Juan Luis Bermúdez Madriz, Executive President of the Joint Institute for Social Aid, reports under oath that: "(…) regarding the appellant, there is no record in the institutional registries that any specific management or particular request from them is pending resolution. Likewise, according to what is indicated by the ULDS of Amón, there is no updated record referring to the situation in which the appellant claims to find themselves. The foregoing is relevant insofar as, for those who reported in the year 2020 that they were in a street situation, IMAS proceeded with the respective social assessment and with the granting of benefits in those cases where applicable. As occurred in the 173 family care benefits previously mentioned. It is also clarified that IMAS, gradually and on an ex officio basis, has been registering the population in street situations through the application of the Social Information Form for Institutionalized Persons and Special Cases (FISI). The FISI is one of the instruments for collecting socioeconomic and demographic data on individuals, which is used by IMAS for the characterization of its target population, in the cases of those persons who live in collective households, shelters, or without a fixed address, and for whom it is not required to collect data on the entire family group (…) Likewise, IMAS has various current agreements signed with social welfare organizations for the execution of benefits for cost of care, basic equipment, and communal infrastructure, aimed at the population in street situations, through which it seeks to meet their basic needs, as permitted by the current Regulations for the provision of services and granting of benefits. Social welfare organizations are those that execute programs and projects aimed at the care, protection, and social rehabilitation of vulnerable populations, which are qualified, declared, and authorized as such by IMAS. In the case of the organization referred to in this appeal, Fundación Caminando en Fe, it does not have the declaration as a social welfare organization, as the process is underway and subject to the submission of the requirements by the applicant, which makes it impossible for them to sign an agreement for such purposes with IMAS (…)". It insisted that "(…) the pertinent actions have been taken for the adequate approach to people in street situations and to comply with the sanitary measures issued by the health authorities, insofar as, according to the foregoing, not only the actions of IMAS are denoted, but also the inter-institutional coordination actions to articulate the efforts required for the care of such population, before and during the state of national emergency caused by the COVID-19 disease. Specifically for the population in street situations, both individual benefits and group benefits are available, as permitted by the programmatic offer and the current Regulations for the provision of services and granting of benefits. In this regard, the Northeast Regional Social Development Area, as of April 5, 2020, has served 173 people in street situations through the family care benefit, so that they can meet their basic needs and with the aim of enabling them to pay home rent and meet food needs, among others. Regarding group benefits, the aforementioned regulation regulates the benefits of cost of care, basic equipment, and communal infrastructure, and for the execution of which, IMAS has signed several agreements with various social welfare organizations that meet the normatively established requirements. Specifically for the case of Fundación Caminando en Fe, the organization referred to in this appeal, it does not yet have the declaration as a social welfare organization, as such process is underway before the Social Action and Institution Administration Area of IMAS and is subject to the submission of requirements by the applicant. Additionally, starting from the declaration of national emergency issued in Decreto N°42227-MP-S, the Government of the Republic formed technical roundtables to address various areas and perspectives surrounding the emergency. To this end, the Technical Roundtable for Social Protection was formed to articulate proposals for prevention, protection, and mitigation of socioeconomic impacts on families, populations, communities, and persons, mainly those in greater vulnerability. In the aforementioned Social Protection Roundtable, various institutions participate, such as IMAS, the Ministry of Labor, the National Children's Trust, among others, and it is organized through working subgroups according to the area of care. For the specific case of the population in street situations, inter-institutional coordination is carried out by working subgroup or team No. 3, from which various alternatives for prevention have been formulated and applied, such as dormitory (Centro Dormitorio San José), mobile hand-washing stations (Chepe se baña); likewise, various coordinated actions are underway to grant shelter for those who contract the COVID-19 disease. In accordance with what is described in this report, the Institution has acted within the framework of its competencies to provide the required care, and with total respect for fundamental rights (…)". He requests that the appeal be dismissed.

6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The appellant, who indicated being an indigent person, stated they are completely unprotected against the danger of contracting the COVID-19 virus. They asserted they have not found collaboration from any state entity to comply with the sanitary measures indicated by the Government of the Republic, nor to be provided with a place where they can remain practicing social distancing. They emphasized they also lack basic nutrition for their subsistence. They asked this Court: "(…) to issue the (sic) instruction to the responsible public institution(s) so that I (sic), as an inhabitant of Costa Rica, am provided the necessary protection to avoid contracting the disease and that I eventually infect other people, not knowing if I am a carrier of the virus or not (…)".

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted referring to them as provided in the initial order:

  • a)On March 19, 2020, for the purpose of addressing the emergency generated by the coronavirus COVID-19, specifically the issue of street dwellers, the Ministry of Health: "(...) made official the document called 'General guidelines for care facilities for people in street situations due to the sanitary alert for the risk of COVID-19', which, as its name indicates, regulates the provision of this service by the institutions or NGOs charged with providing it, defining actions for case prevention, approach to them, disinfection of establishments, etc. (…)" (see the report submitted by the Minister of Health, added to the digital case file).
  • b)The Municipality of San José has taken the following measures to serve the indigent population in the face of the emergency generated by the coronavirus COVID-19: a) the Institutional Commission for the care of COVID-19 was created as an institutional coordination body; b) continuity of the service provided by the Dormitory Center and the CECUDI located in Pavas and Hatillo; c) articulation together with IMAS and the Costa Rican Social Security Fund for the care of this population; d) disinfection operation in critical sites where the street population flows, with the cooperation of "Chepe se baña"; e) various budgetary modifications have been made to acquire additional, unplanned purchases of personal hygiene and cleaning items, to reinforce the supply of the Municipal Dormitory, as well as to support the responsible entities; f) in the municipal dormitory, permanent information about COVID-19 is provided, compliance with hand-washing, sneezing, and coughing protocols is monitored, social distancing is applied, mass activities have been canceled, the supply of potable water has been reinforced, cleaning has been intensified, biosafety equipment was acquired, contactless thermometers were purchased, informational signs and posters have been placed, and food is delivered in disposable packaging; g) mobile hand-washing stations have been placed at strategic points in the city; and, h) the installation of temporary shelters is being planned (see the report of the Mayor of the Municipality of San José, added to the digital case file).
  • c)According to what was indicated by the Executive President of the Joint Institute for Social Aid: "(…) Specifically for the population in street situations, both individual benefits and group benefits are available, as permitted by the programmatic offer and the current Regulations for the provision of services and granting of benefits. In this regard, the Northeast Regional Social Development Area, as of April 5, 2020, has served 173 people in street situations through the family care benefit, so that they can meet their basic needs and with the aim of enabling them to pay home rent and meet food needs, among others. Regarding group benefits, the aforementioned regulation regulates the benefits of cost of care, basic equipment, and communal infrastructure, and for the execution of which, IMAS has signed several agreements with various social welfare organizations that meet the normatively established requirements. Specifically for the case of Fundación Caminando en Fe, the organization referred to in this appeal, it does not yet have the declaration as a social welfare organization, as such process is underway before the Social Action and Institution Administration Area of IMAS and is subject to the submission of requirements by the applicant. Additionally, starting from the declaration of national emergency issued in Decreto N°42227-MP-S, the Government of the Republic formed technical roundtables to address various areas and perspectives surrounding the emergency. To this end, the Technical Roundtable for Social Protection was formed to articulate proposals for prevention, protection, and mitigation of socioeconomic impacts on families, populations, communities, and persons, mainly those in greater vulnerability. In the aforementioned Social Protection Roundtable, various institutions participate, such as IMAS, the Ministry of Labor, the National Children's Trust, among others, and it is organized through working subgroups according to the area of care. For the specific case of the population in street situations, inter-institutional coordination is carried out by working subgroup or team No. 3, from which various alternatives for prevention have been formulated and applied, such as dormitory (Centro Dormitorio San José), mobile hand-washing stations (Chepe se baña); likewise, various coordinated actions are underway to grant shelter for those who contract the COVID-19 disease. In accordance with what is described in this report, the Institution has acted within the framework of its competencies to provide the required care, and with total respect for fundamental rights (…)" (see the report submitted by the Executive President of the Joint Institute for Social Aid, added to the digital case file).
  • d)There is no record in the institutional registries of IMAS that any management or request from the appellant is pending resolution (see the report submitted by the Executive President of the Joint Institute for Social Aid, added to the digital case file, and a copy of official communication IMAS-SGDS-ARDS-NE-ULDS-Amón-103-04-2020).

III.- On the specific case. Although this amparo appeal was filed by a person who claimed to be a street dweller, the truth is that in the filing brief, they limited themselves to setting out general ideas, without referring to concrete facts or a particular factual framework from which the threat or violation of a fundamental right could be inferred: they do not refer to or set out specific procedures (whether formal or informal) that denote having approached any of the respondent offices to raise their needs, and that they were not attended to or given support. Note even that, according to what was reported by the Executive President of the Joint Institute for Social Aid, "(…) regarding the appellant, there is no record in the institutional registries that any specific management or particular request from them is pending resolution (…)". Furthermore, the statement of proven facts includes the actions that the Ministry of Health, the Municipality of San José, and the Joint Institute for Social Aid have deployed, up to now, within the scope of their competencies, to address the situation of the indigent population facing the coronavirus COVID-19, so it is not true that the responsible entities have remained indifferent. Under this order of considerations, the amparo appeal becomes manifestly inadmissible, and must be declared as such.

IV.- Finally, it is important to indicate to the appellant that they must go to the competent authorities to request the help they claim to need, and not appear before this Court seeking intervention on their behalf or that the Court file requests in their name (a task that exceeds the competence of this Chamber, and is not compatible with the nature of the amparo appeal).

V.- Conclusion. Pursuant to the foregoing, it is necessary to dismiss the appeal.

VI.- SEPARATE NOTE BY MAGISTRATE PICADO BRENES. I share the opinion expressed by the majority of this Chamber that dismissed the present amparo appeal. However, I deem it opportune to record the following reasons:

Article 1 of the Organic Law of the Ministry of Health (Law No. 5412 of November 8, 1973), provides the following:

"Of the attributions of the Ministry Article 1.- The definition of the national health policy, and the organization, coordination, and supreme direction of the country's health services, correspond to the Executive Branch, which shall exercise such functions through the Ministry of Health, which shall be referred to for the purposes of this law as the 'Ministry'." Furthermore, subsection b) of Article 2 of said law adds the following:

"Article 2.- The attributions of the Ministry are:

[…]

  • b)To issue technical standards in health matters of a particular or general nature; and to order the ordinary and extraordinary measures and provisions that technically proceed in safeguarding the health of the population; […]" .

It corresponds, consequently, to the Ministry of Health to dictate the measures that, specifically, are directed at the street population, taking into account their vulnerability and their particularities.

Although it is true there is no record, in this case, of unresolved procedures presented by the amparo petitioners before any of the respondent public institutions, the truth is that the Ministry of Health and the other institutions must have the necessary flexibility to receive and attend to the requests of this population regarding protection against the COVID-19 pandemic, even those presented without the formalities required in times of normality, even those presented verbally.

Given the exceptional circumstances imposed by a pandemic and the particularities of that population, public entities, in accordance with the guidelines of the Ministry of Health, must not simply wait for a formal request on behalf of those inhabitants, but rather anticipate their particular needs and adopt the necessary measures to satisfy them.

The Ministry of Health must issue guidelines specially designed for said population, which take into account housing and food limitations and specific health conditions in order to prevent contagion. Should it occur, it must have the logistics established so that people belonging to that vulnerable population can face a quarantine and recover.

General guidelines directed at the entire population, communicated via press conferences by health authorities and disseminated by the media, are insufficient, because the population living on the street not only lacks televisions, radios, telephones, or other electronic means of information dissemination, but also lacks the basic and necessary resources to follow hygiene and social distancing recommendations. That vulnerable population not only lacks a dwelling in which they can socially isolate themselves, where they would have water, handwashing facilities, showers, soap, alcohol, but also lacks the necessary food that would allow them to avoid going out into the street to seek it.

Likewise, both the Ministry of Health and other public institutions must effectively inform that population, through means that are truly within their reach and understandable to them, of the issued guidelines, as well as the support options available for both prevention and recovery in case of contagion.

VIII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, should they have submitted any physical document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-generated device, these must be retrieved from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is declared without merit. Magistrate Picado Brenes records a note.- Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *W7JWEEIWKBS61*

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *200064120007CO* Res. Nº 2020008055 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-006412-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de residencia [Valor 001], mayor, , vecino(a) de contra ALCALDE DE SAN JOSE, MINISTRO DE SALUD, PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:20 horas del 31 de marzo del 2020, la recurrente interpone recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL y el MINISTERIO DE SALUD. Manifiesta, en resumen, que el Gobierno de la República declaró estado de emergencia nacional debido a la pandemia por el virus COVID-19. Indica, que es una persona habitante de la calle, lo cual lo coloca en estado de vulnerabilidad especial y en riesgo inminente de contraer el COVID-19. Añade, que ninguna entidad estatal ha tomado las acciones pertinentes para brindar la colaboración a la población que habita en las calles y cumplir con las medidas sanitarias indicadas por el Gobierno. Señala que no tiene un lugar donde vivir y en la actualidad no ha logrado obtener ayuda por parte de alguna institución pública, con la finalidad de poder lograr un distanciamiento social conforme a las recomendaciones e indicaciones del Estado. Agrega que tampoco cuenta con alimentación básica para su subsistencia, lo que impide que pueda quedarse en un lugar específico para atender sus necesidades básicas. Comenta que, debido a su condición precaria, se ve obligado a deambular por las calles en busca de alimentación, baño y vestido, lo que lo expone a contraer el virus COVID-19 o bien, en el caso de ya portar el virus, contagiar a otras personas. Estima que es necesario que las autoridades recurridas tomen medidas efectivas inmediatas para brindar la protección adecuada a las personas habitantes de la calle y evitar la propagación del virus que afecta el país. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias que implique.

2.- Mediante resolución de las 14:44 horas del 1 de abril de 2020, se dio curso al presente recurso y se otorgó audiencia al Alcalde de San José, el Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, así como al Ministro de Salud, sobre los hechos alegados por el recurrente.

3.- Informa bajo juramento Johnny Araya Monge, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San José, que según lo indicado por el Departamento de Servicios Sociales y Económicos, coordinado diversas iniciativas y se ha puesto a la disposición de las entidades de gobierno central competentes para la atención particular de la población habitante de calle. Se han elaborado propuestas acerca de la posibilidad de implementar nuevos albergues, para los cuales este municipio ha manifestado su compromiso de brindar instalaciones deportivas, colchonetas, cobijas, almohadas y otros. Se han realizado modificaciones presupuestarias con el fin de adquirir compras adicionales y no programadas de artículos de aseo personal y de limpieza, para reforzar el abastecimiento del Dormitorio Municipal y apoyar a las entidades responsables para la posible habilitación de un albergue emergente que permita ampliar el servicio que ya la Municipalidad mantiene operando desde su Dormitorio. Además, se realizara la prestación ininterrumpida del servicio diario de Dormitorio Municipal para un centenar de habitantes de calle y por la emergencia se implementó las recomendaciones del Ministerio de Salud, tales como: a) Información permanente sobre el COVID-19, riesgos y formas de prevenirlo; b) Protocolo de lavado de manos, estornudo y tos; c) Distanciamiento social: se han readecuado los horarios de ingreso y alimentación, manteniendo a las personas espaciadas durante la fila, con turnos para la alimentación en grupos más pequeños y en silla de por medio, con distanciamiento en los procedimientos de entrega de insumos (patios, cobijas, artículos de aseo personal, champú, talcos, desodorantes, toallas sanitarias, pañales desechables, etc.), y reorganización por turnos menores en el uso de duchas y servicios sanitarios; d) Cancelación de actividades masivas; d) Reforzamiento de abastecimiento de agua potable; e) Reforzamiento de las medidas de saneamiento, higiene y limpieza de las instalaciones; f) Adquisición de equipo de bioseguridad para el personal que labora en el Dormitorio, tales como guantes y mascarillas; g) Compra de termómetros sin contacto para apoyar la detección de síntomas, ya que durante el ingreso se les toma la temperatura y si se identifica a una persona con fiebre y sintomática se refiere de inmediato a centros de salud; h) Colocación de rótulos y afiches informativos oficiales del Ministerio de Salud en lugares estratégicos dentro las instalaciones; i) Entrega de alimentación en empaques desechables. Además, se han colocado lavatorios móviles para el lavado de manos en puntos estratégicos de la ciudad y con el apoyo de voluntarios de la organización "Chepe se Baña" se les facilita el jabón líquido y las toallas de papel para el lavado de manos. Aunque la iniciativa se desarrolló pensando en la población en situación de indigencia, muchos transeúntes han hecho uso y se han beneficiado del servicio. Diariamente se están atendiendo a un promedio de quinientas personas. A su vez, el Comité Municipal de Emergencias y la Alcaldía tomaron la iniciativa de convocar y desarrollar diversas sesiones de coordinación y trabajo interinstitucional, a fin de definir de forma conjunta acciones para la atención y abordaje de esta población durante la emergencia por COVID 19. A partir de los acuerdos tomados, se han desarrollado las siguientes acciones: a) Se puso a disposición infraestructura deportiva de San José, como el Gimnasio de Barrio Cuba, el Polideportivo de Barrio Aranjuez (con sus tres gimnasios techados y una cancha abierta) y el BN Arenas de la Ciudad Deportiva de Hatillo para habilitar albergues temporales para aislamiento preventivo de la población habitante de calle en condiciones de mayor riesgo, la atención de pacientes positivos por COVID-19 y la ampliación de servicios de dormitorio para la protección, acompañamiento y vigilancia de las personas habitantes de calle durante la emergencia; b) Reorientar el Dormitorio Municipal a la atención de población habitante de calle en mayor vulnerabilidad y reducir su aforo a la mitad, con el fin de brindarles a las personas adultas mayores, con discapacidad y con patologías de riesgo, un servicio de aislamiento preventivo y de acompañamiento más personalizado y controlado en el marco de la emergencia por COVID-19; c) Valoración de la infraestructura deportiva ofrecida por la Municipalidad, de dos hoteles y algunas edificaciones de organizaciones no gubernamentales, con el fin de favorecer la toma de decisión e identificar de forma conjunta con el IMAS y el MINSA la viabilidad de emplearlos como albergues temporales para las diferentes necesidades y perfiles de la población habitante de calle; d) Gestión de compra de equipamiento para un albergue temporal; e) Se coordina con empresa privada para conocer y valorar ofrecimientos de más lavatorios móviles para colocar en la ciudad. Por su parte, la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo a Desastres indicó, que se creó una Comisión Institucional para la atención de COVID19, como instancia de coordinación institucional y ha realizado las siguientes acciones: a) medidas de control sanitario en el ámbito institucional; tales como Reforzamiento de la limpieza en las áreas de servicios; disposición en todos los baños de: papel higiénico, jabón para manos y papel toalla desechable o secadora eléctrica de manos. La limpieza y desinfección deberá realizarse, con jabón regular o detergente y un desinfectante al menos dos veces al día, todas las perillas de las puertas, manillas de los laboratorios, inodoros e instrumentos y equipos de trabajo de la empresa (teléfonos, teclados, mouse, materiales y cualquier superficie con la que se tenga contacto permanente); Organización de las tareas municipales para garantizar la continuidad del servicio y protección de los trabajadores; b) Regulación y control permanente de las actividades comerciales, apoyo al control de la restricción vehicular, monitoreo y control de áreas públicas municipales cerradas como parques.; c) Saneamiento ambiental: seguridad al operativo de desinfección con población de Calle con Chepe se baña, lavado de aceras y espacios públicos, dotación de lavamanos en sitios críticos, como mercados o espacios públicos municipales; c) Social: Bajo la coordinación del MIVAH se está elaborando el plan de preparativos y respuesta ante el COVID-19, en Asentamientos Informales; e) Servicios Culturales: Servicio de biblioteca en casa; e) Plan de acción municipal ante la situación de COVID-19, en términos de disposición de recursos para la continuidad de los servicios municipales a corto, mediano y largo plazo. Aclara, que las Municipalidades no cuentan con la obligación ni los recursos para asumir el abordaje la población habitante de calle, y que corresponde a los entes rectores gubernamentales dar atención a la problemática multidimensional que requiere y que aqueja a este vulnerable grupo social (indigencia, adicciones, seguridad social, vivienda, etc.). No obstante de lo anterior, es evidente que la Municipalidad con sus limitantes ha intensificado y procurado múltiples acciones en beneficio de este grupo social en el marco de la emergencia por COVID-19. Aclara, que le recurrente no indica por el lugar o cantón en que deambula o reside habitualmente, por lo que no hay certeza que sea en San José, ni que haya tramitado algún tipo de ayuda o petición al Gobierno y en la Municipalidad no consta tramitación alguna a nombre del amparado. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Daniel Salas Peraza, en su condición de Ministro de Salud, consecuencia de la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 30 de enero de 2020 y actuando bajo las potestades y la responsabilidad correspondientes, desde ese momento las autoridades de salud activamos los protocolos requeridos para enfrentar la alerta epidemiológica sanitaria mundial por el brote del nuevo coronavirus (2019nCoV), conocido como coronavirus COVID-19. Además, “(…) como ente rector y dentro de sus prerrogativas y ámbito de competencia, el Ministerio de Salud, a través de sus tres niveles de gestión, ha emitido e implementado, debida y oportunamente, los lineamientos y las estrategias técnicas y políticas necesarias para hacer frente a la amenaza que para la salud pública constituye el coronavirus COVID-19 (…)”. Enfatizó que según el Jefe de la Unidad de Armonización de los Servicios de Salud de la Dirección de Servicios de Salud del Ministerio de Salud: “(…) el 19 de marzo de 2020, se oficializó el documento denominado “Lineamientos generales para dispositivos de atención de personas en situación de calle debido a la alerta sanitaria ante el riesgo de COVID-19”, que como su nombre lo indica, viene a regular la prestación de este servicio por parte de las instituciones u ONG’s encargadas de brindarlo, definiendo acciones para la prevención de los casos, abordaje de los mismos, desinfección de los establecimientos, etc. (…)”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- Informa bajo juramento Juan Luis Bermúdez Madriz, Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, que: “(…) respecto al recurrente no consta en los registros institucionales que se encuentre pendiente resolver alguna gestión o solicitud particular de su parte. Asimismo, según lo indica la ULDS de Amón, no se cuenta con un registro actualizado que refiera a la situación en la cual aduce el recurrente encontrarse. Lo anterior, resulta relevante en el tanto, para quienes reportaron en el año 2020 que se encontraban en situación de calle, el IMAS procedió con la valoración social respectiva y con el otorgamiento de los beneficios en aquellos casos que fuese aplicable. Tal y como ocurrió en 173 beneficios de atención a familias antes referidos. También se aclara que el IMAS, paulatinamente y de forma oficiosa ha venido registrando a la población en situación de calle, mediante la aplicación de la Ficha de Información Social de Personas Institucionalizadas y Casos Especiales (FISI). La FISI es uno de los instrumentos de recolección de datos socioeconómicos y demográficos de las personas, el cual es utilizado por el IMAS para la caracterización de su población objetivo, en los casos de aquellas personas que viven en hogares colectivos, albergues, o sin domicilio fijo, y que no se requiere recolectar los datos de todo el grupo familiar (…) Asimismo, el IMAS tiene vigentes diversos convenios firmados con organizaciones de bienestar social para la ejecución de los beneficios de costo de atención, equipamiento básico e infraestructura comunal, dirigidos a la población en situación de calle, mediante los cuales se busca solventar sus necesidades básicas, conforme lo permite el Reglamento de prestación de servicios y otorgamiento de beneficios vigente. Las organizaciones de bienestar social, son aquellas que ejecutan programas y proyectos destinados al cuidado, protección y rehabilitación social de poblaciones vulnerables, que son calificadas, declaradas y autorizadas como tales por el IMAS. En el caso de la organización referida en el presente recurso, Fundación Caminando en Fe, se tiene que no cuenta con la declaratoria de organización de bienestar social, por cuanto, el trámite está en proceso y sujeto a la presentación de los requisitos por parte de la solicitante, lo cual, la imposibilita a la suscripción de convenio para tales fines con el IMAS (…)” . Insistió en que “(…) se han tomado las acciones pertinentes para el adecuado abordaje de las personas en situación de calle y cumplir con las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud, en el tanto, según lo antes expuesto, se denotan no solamente las acciones del IMAS, sino también las acciones de coordinación interinstitucional para articular los esfuerzos requeridos para la atención de tal población, antes y durante el estado de emergencia nacional ocasionado por la enfermedad COVID- 19 (…) Específicamente para la población en situación de calle, están disponibles tanto beneficios individuales, como beneficios grupales, conforme lo permite la oferta programática y el Reglamento de prestación de servicios y otorgamiento de beneficios vigente. En tal sentido, el Área Regional de Desarrollo Social Noreste, al 05 de abril de 2020, ha atendido mediante el beneficio atención a familias a 173 personas en situación de calle, con el fin de que puedan atender sus necesidades básicas y con la finalidad que tengan la posibilidad de pago de alquiler domiciliar y la atención de las necesidades de alimentación, entre otras. Respecto a los beneficios grupales, el reglamento antes citado regula los beneficios de costo de atención, equipamiento básico e infraestructura comunal y para la ejecución de los cuales, el IMAS tiene firmados varios convenios con diversas organizaciones de bienestar social, quienes cumplen con los requisitos establecidos normativamente. Específicamente para el caso Fundación Caminando en Fe, organización referida en el presente recurso, se tiene que aún no cuenta con la declaratoria de organización de bienestar social, por cuanto, tal trámite está en proceso ante el Área de Acción Social y Administración de Instituciones del IMAS y sujeto a la presentación de los requisitos por parte de la solicitante. Adicionalmente, a partir de la declaratoria de emergencia nacional emitida en Decreto N°42227-MP-S, el Gobierno de la República conforma las mesas técnicas para atender diversos ámbitos y perspectivas entorno a la emergencia. Al efecto, se conforma la Mesa Técnica de Protección Social con el fin que articule las propuestas de prevención, protección y mitigación de impactos socioeconómicos sobre las familias, poblaciones, comunidades y personas, principalmente aquellas en mayor vulnerabilidad. En la citada Mesa de Protección Social participan diversas instituciones como el IMAS, el Ministerio de Trabajo, el Patronato Nacional de la Infancia, entre otras y se organiza por medio de subgrupos de trabajo según temática de atención. Para el caso específico de la población en situación de calle, las coordinaciones interinstitucionales las realiza el subgrupo o equipo de trabajo N°3, y desde el cual se han formulado y aplicado diversas alternativas para la prevención, tales como dormitorio (Centro Dormitorio San José), lavatorios móviles (Chepe se baña), asimismo, se están en proceso diversas acciones coordinadas para conceder albergue para quienes adquieran la enfermedad COVID-19. De conformidad con lo descrito en el presente informe, la Institución ha actuado en el marco de las competencias para brindar la atención requerida, y con total respeto de los derechos fundamentales (…)”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente, quien indicó ser una persona indigente, aseguró que se encuentra completamente desprotegido ante el peligro de contagiarse con el virus COVID-19. Aseguró, que no ha encontrado la colaboración, de parte de ninguna entidad estatal, para cumplir con las medidas sanitarias que se han indicado por parte del Gobierno de la República, así como tampoco, para que se le brinde un lugar donde pueda permanecer aplicando distanciamiento social. Subrayó, que tampoco tiene alimentación básica para su subsistencia. Pidió a este Tribunal: “(…) que giren las (sic) instrucción a la o las instituciones públicas encargadas que a mi (sic), como habitante de Costa Rica, se me brinde la protección necesaria para evitar el contagio de la enfermedad y yo eventualmente contagiar a otras personas que no sé si soy portador o no del virus (…)” .

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 19 de marzo de 2020, con el propósito de atender la emergencia generada por el coronavirus COVID-19, específicamente el tema de las personas habitantes de la calle, el Ministerio de Salud: “(...) oficializó el documento denominado “Lineamientos generales para dispositivos de atención de personas en situación de calle debido a la alerta sanitaria ante el riesgo de COVID-19”, que como su nombre lo indica, viene a regular la prestación de este servicio por parte de las instituciones u ONG’s encargadas de brindarlo, definiendo acciones para la prevención de los casos, abordaje de los mismos, desinfección de los establecimientos, etc. (…) ” (ver el informe rendido por el Ministro de Salud, agregado al expediente digital).
  • b)La Municipalidad de San José ha tomado las siguientes medidas, con el fin de atender a la población indigente, frente a la emergencia generada por el coronavirus COVID-19: a) se creó la Comisión Institucional para la atención de COVID-19, como instancia de coordinación institucional, b) continuidad del servicio prestado por el Centro Dormitorio y el CECUDI ubicado en Pavas y Hatillo, c) articulación junto con el IMAS y la Caja Costarricense de Seguro Social, para la atención de esta población, d) operativo de desinfección en sitios críticos de flujo de población de la calle con la cooperación de “Chepe se baña”, e) se han realizado diversas modificaciones presupuestarias con el fin de adquirir compras adicionales y no programadas de artículos de aseo personal y de limpieza, con el propósito de reforzar el abastecimiento del Dormitorio Municipal, así como apoyar a las entidades responsables, f) en el dormitorio municipal se brinda información permanente sobre el COVID-19, se vigila el cumplimiento de los protocolos de lavado de manos, estornudo y tos, se aplica el distanciamiento social, se han cancelado las actividades masivas, se ha reforzado el abastecimiento de agua potable, se ha intensificado la limpieza, se adquirió un equipo de bioseguridad, se compraron termómetros sin contacto, se han colocado rótulos y afiches informativos y, se entrega alimentación en empaques desechables, g) se ha colocado lavatorios móviles para el lavado de manos en puntos estratégicos de la ciudad y, h) se está planificando la instalación de albergues temporales (ver el informe del Alcalde de la Municipalidad de San José, agregado al expediente digital).
  • c)De acuerdo con lo indicado por el Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social: "(…) Específicamente para la población en situación de calle, están disponibles tanto beneficios individuales, como beneficios grupales, conforme lo permite la oferta programática y el Reglamento de prestación de servicios y otorgamiento de beneficios vigente. En tal sentido, el Área Regional de Desarrollo Social Noreste, al 05 de abril de 2020, ha atendido mediante el beneficio atención a familias a 173 personas en situación de calle, con el fin de que puedan atender sus necesidades básicas y con la finalidad que tengan la posibilidad de pago de alquiler domiciliar y la atención de las necesidades de alimentación, entre otras. Respecto a los beneficios grupales, el reglamento antes citado regula los beneficios de costo de atención, equipamiento básico e infraestructura comunal y para la ejecución de los cuales, el IMAS tiene firmados varios convenios con diversas organizaciones de bienestar social, quienes cumplen con los requisitos establecidos normativamente. Específicamente para el caso Fundación Caminando en Fe, organización referida en el presente recurso, se tiene que aún no cuenta con la declaratoria de organización de bienestar social, por cuanto, tal trámite está en proceso ante el Área de Acción Social y Administración de Instituciones del IMAS y sujeto a la presentación de los requisitos por parte de la solicitante. Adicionalmente, a partir de la declaratoria de emergencia nacional emitida en Decreto N°42227-MP-S, el Gobierno de la República conforma las mesas técnicas para atender diversos ámbitos y perspectivas entorno a la emergencia. Al efecto, se conforma la Mesa Técnica de Protección Social con el fin que articule las propuestas de prevención, protección y mitigación de impactos socioeconómicos sobre las familias, poblaciones, comunidades y personas, principalmente aquellas en mayor vulnerabilidad. En la citada Mesa de Protección Social participan diversas instituciones como el IMAS, el Ministerio de Trabajo, el Patronato Nacional de la Infancia, entre otras y se organiza por medio de subgrupos de trabajo según temática de atención. Para el caso específico de la población en situación de calle, las coordinaciones interinstitucionales las realiza el subgrupo o equipo de trabajo N°3, y desde el cual se han formulado y aplicado diversas alternativas para la prevención, tales como dormitorio (Centro Dormitorio San José), lavatorios móviles (Chepe se baña), asimismo, se están en proceso diversas acciones coordinadas para conceder albergue para quienes adquieran la enfermedad COVID-19. De conformidad con lo descrito en el presente informe, la Institución ha actuado en el marco de las competencias para brindar la atención requerida, y con total respeto de los derechos fundamentales (…)” (ver el informe rendido por el Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, agregado al expediente digital).
  • d)No consta en los registros institucionales del IMAS, que se encuentre pendiente de resolver, alguna gestión o solicitud de la parte recurrente (ver el informe rendido por el Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, agregado al expediente digital y copia del oficio IMAS-SGDS-ARDS-NE-ULDS-Amón-103-04-2020).

III.- Sobre el caso concreto. Aunque el presente recurso de amparo haya sido planteado por una persona que aseguró ser habitante de la calle, lo cierto es que en el escrito de interposición, se limitó a exponer ideas generales, sin hacer referencia a hechos concretos o un marco fáctico particular, del cual se pueda desprender la amenaza o lesión de un derecho fundamental: no se refiere ni expone gestiones específicas (sea formales o informales) que denoten haber acudido ante alguna de las dependencias recurridas, a plantear sus necesidades, y no se le haya atendido o brindado apoyo. Nótese inclusive que, de conformidad con lo informado por el Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, “(…) respecto al recurrente no consta en los registros institucionales que se encuentre pendiente resolver alguna gestión o solicitud particular de su parte (…)” . De otra parte, consta en la relación de hechos probados las actuaciones que el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San José y el Instituto Mixto de Ayuda Social, han desplegado, de momento, dentro del ámbito de sus competencias, para atender la situación de la población indigente frente al coronavirus COVID-19, por lo que no es cierto que las instancias responsables hayan permanecido indiferentes. Bajo este orden de consideraciones, el recurso de amparo deviene manifiestamente improcedente, y así debe declararse.

IV.- Por último, es importante indicar al recurrente que debe acudir ante las instancias competentes, a gestionar la ayuda que asegura necesitar, y no apersonarse ante este Tribunal, pretendiendo que interceda a su favor o que realice en su nombre las solicitudes (tarea que excede la competencia de esta Sala, y no es compatible con la naturaleza del recurso de amparo).

V.- Conclusión. En mérito de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso.

VI.- NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA PICADO BRENES. Comparto el criterio externado por la mayoría de esta Sala que declaró sin lugar el presente recurso de amparo. Sin embargo, estimo oportuno consignar las siguientes razones:

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud (ley número 5412 del 8 de noviembre de 1973), dispone lo siguiente:

“ De las atribuciones del Ministerio Artículo 1o.- La definición de la política nacional de salud, y la organización, coordinación y suprema dirección de los servicios de salud del país, corresponden al Poder Ejecutivo, el que ejercerá tales funciones por medio del Ministerio de Salud, al cual se denominará para los efectos de esta ley “Ministerio”.

Por otra parte, el inciso b) del artículo 2 de dicha ley añade lo siguiente:

“ Artículo 2o.- Son atribuciones del Ministerio:

[…]

  • b)Dictar las normas técnicas en materia de salud de carácter particular o general; y ordenar las medidas y disposiciones ordinarias y extraordinarias que técnicamente procedan en resguardo de la salud de la población; […]”.

Corresponde, en consecuencia, al Ministerio de Salud, dictar las medidas que, de manera específica, estén dirigidas a la población de la calle, que tomen en cuenta su vulnerabilidad y sus particularidades.

Si bien es cierto no consta, en este caso, que existan gestiones no resueltas presentadas por los amparados ante alguna de las instituciones públicas recurridas, lo cierto que es el Ministerio de Salud y las demás instituciones deben tener la flexibilidad necesaria para recibir y atender las solicitudes de esta población relativas a la protección contra la pandemia del COVID19, aún las presentadas sin las formalidades requeridas en épocas de normalidad, aun las presentadas en forma verbal.

Dadas las circunstancias excepcionales que impone una pandemia y las particularidades de esa población, las entidades públicas, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Salud, deben no simplemente esperar una gestión formal a favor de esos habitantes, sino anticipar sus necesidades particulares y adoptar las medidas necesarias para satisfacerlas.

El Ministerio de Salud debe dictar lineamientos especialmente diseñados para dicha población, que tomen en cuenta las limitaciones habitacionales, alimentarias y condiciones específicas de salud a fin de evitar el contagio. En caso de darse, debe tener establecida la logística para que las personas pertenecientes a esa población vulnerable puedan enfrentar una cuarentena y recuperarse. No basta con los lineamientos generales dirigidos a toda la población, los que son comunicados mediante conferencia de prensa de las autoridades de salud difundidas por los medios de comunicación, pues la población que habita en la calle no solo no tiene televisor, radio, teléfono u otros medios electrónicos de difusión de información, sino que no cuentan con los recursos básicos y necesarios para atender las recomendaciones de higiene y distanciamiento social. Esa población vulnerable no solo no tiene una casa de habitación en la que puedan tener su aislamiento social, en donde cuenten con agua, lavamanos, duchas, jabón, alcohol, sino que tampoco tienen los alimentos necesarios que les permitan no salir a la calle a buscarlos.

De igual manera, tanto el Ministerio de Salud como las demás instituciones públicas deberán hacer del conocimiento efectivo de esa población, por medios que realmente estén a su alcance y sean de su comprensión, los lineamientos dictados, así como las opciones de apoyo tanto para la prevención como para la recuperación en caso de contagio.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Picado Brenes consigna nota.- Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

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