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Res. 07795-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/04/2020
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denied the amparo action, holding that the water rationing in San Pablo de Heredia was due to objective causes and not to arbitrary action by AyA, without prejudice to the obligation to adopt measures to supply water when interruptions exceed eight hours.La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo, al considerar que el racionamiento de agua potable en San Pablo de Heredia obedece a causas objetivas y no a una actuación arbitraria del AyA, sin perjuicio de que se deban adoptar medidas para suplir el desabastecimiento cuando las interrupciones superen ocho horas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismissed an amparo action filed by a resident of San Pablo de Heredia on behalf of herself and her neighbors against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) for water rationing in that community. The petitioner argued that, during the COVID-19 health crisis, the lack of continuity in the potable water service violated fundamental rights to health, life, and a healthy environment. The Court recognized the fundamental right to water but found that the rationing was neither arbitrary nor negligent; rather, it was due to objective causes: decreased flows in the dry season, increased demand from population growth, and people staying at home because of the national emergency. AyA showed that it implemented programmed rationing of less than eight hours per day (between 1:30 p.m. and 8:30 p.m.), which allowed residents to store water. The Court concluded that the institution acted within its material possibilities and that the water deficit (production of 366 liters per person per day versus demand exceeding 400 liters) did not violate fundamental rights. However, it ordered AyA to take measures to supply water by tanker trucks or other means when interruptions exceed eight hours.La Sala Constitucional desestima un recurso de amparo interpuesto por una vecina de San Pablo de Heredia en favor suyo y de los vecinos contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), por el racionamiento de agua potable en esa comunidad. La recurrente alegó que, ante la crisis sanitaria del COVID-19, la falta de continuidad en el servicio de agua potable vulneraba derechos fundamentales a la salud, la vida y un ambiente sano. La Sala reconoció el derecho fundamental al agua, pero consideró que el racionamiento no era arbitrario ni negligente, sino que obedecía a causas objetivas: disminución de caudales por la época seca, aumento de la demanda por crecimiento poblacional y por la permanencia de las personas en sus hogares debido a la emergencia nacional. El AyA demostró que aplicaba racionamientos programados de menos de ocho horas diarias (entre 13:30 y 20:30), lo que permitía a la población almacenar agua. La Sala concluyó que la institución actuó dentro de sus posibilidades materiales y que el déficit hídrico (producción de 366 litros por persona al día frente a una demanda superior a 400 litros) excluía una lesión a derechos fundamentales. No obstante, ordenó al AyA adoptar medidas para suplir el desabastecimiento mediante camiones cisterna u otros medios cuando las interrupciones superen las ocho horas.
Key excerptExtracto clave
IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub-examine, from the report rendered by the respondent authority, as well as the list of proven facts, it is established that the situation of potable water shortage reported by the petitioner is due to material impossibilities in the normal provision of potable water service by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Specifically, it is found that, on occasion of the dry season, there has been a decrease in the water flows available to the respondent institution for supplying the Greater Metropolitan Area (GAM), given that the canton of San Pablo de Heredia, where the petitioner lives, is supplied by the San Pablo, La Meseta, Rincón Ricardo and Palermo wells, which in turn belong to the San Pablo and La Meseta re-pumping distribution stations, of the Metropolitan Aqueduct. In contrast to this circumstance, there has been an increase in the demand for said service, due to two factors, namely, demographic growth and the national emergency situation due to COVID-19, which has led people to remain in their homes, demanding a greater amount of water for handwashing, disinfection of objects and food, as well as to cover their basic needs. […] Thus, the injury to the fundamental rights of the petitioner and the neighbors of San Pablo de Heredia is ruled out and consequently, it is appropriate to dismiss this amparo proceeding, as is hereby ordered. V.- Notwithstanding the foregoing, the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers must adopt measures so that when the shortage of potable water occurs for a period longer than eight hours, the lack of water is supplied and the neighbors of San Pablo de Heredia are provided with water service through tanker trucks or other technically adequate means.IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub-examine, del informe rendido por la autoridad recurrida, así como la relación del cuadro de hechos probados, se acredita que la situación de desabasto de agua potable que denuncia la recurrente obedece a imposibilidades materiales en la prestación normal del servicio de agua potable por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Justamente, se constata que, con ocasión de la época seca, se ha dado una disminución en los caudales de agua con los que cuenta la institución recurrida para abastecimiento del GAM, siendo que el cantón de San Pablo de Heredia, localidad en la que vive la recurrente, se abastece de los pozos San Pablo, La Meseta, Rincón Ricardo y Palermo, los que a su vez pertenecen a las estaciones de distribución Rebombeo San Pablo y La Meseta, del Acueducto Metropolitano. En contraposición a tal circunstancia, se ha dado un incremente en la demanda del servicio de cita, a partir de dos factores, sea, el aumento demográfico y la situación de emergencia nacional por COVID-19, lo que ha conllevado que las personas permanezcan en sus hogares, demandando mayor cantidad de agua por lavado de manos, desinfección de objetos y alimentos, así como para cubrir sus necesidades básicas. […] Así las cosas, se descarta la lesión de los derechos fundamentales de la amparada y de los vecinos de San Pablo de Heredia y en consecuencia, corresponde desestimar este proceso de amparo, como en efecto se dispone. V.- No obstante, lo anterior, deberán las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, adoptar medidas para que cuando el desabastecimiento de agua potable se presente por un período mayor a ocho horas, se supla la carencia de agua y se brinde a los vecinos de San Pablo de Heredia, el servicio de agua a través de camiones cisterna u otra forma técnicamente adecuada.
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"La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica."
"The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food and adequate housing, among others, as has also been recognized in international human rights instruments applicable in Costa Rica."
Considerando III
"La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica."
Considerando III
"En el tanto las autoridades recurridas demuestren que se ha actuado dentro de sus posibilidades materiales a fin de lograr un adecuado abastecimiento, no se quebrantarían los derechos fundamentales de las personas si éste se ofrece con algunas irregularidades de caudal, u horario de suministro."
"As long as the respondent authorities demonstrate that they have acted within their material possibilities to achieve an adequate supply, the fundamental rights of individuals would not be violated if the service is provided with some irregularities in flow or supply schedule."
Considerando III
"En el tanto las autoridades recurridas demuestren que se ha actuado dentro de sus posibilidades materiales a fin de lograr un adecuado abastecimiento, no se quebrantarían los derechos fundamentales de las personas si éste se ofrece con algunas irregularidades de caudal, u horario de suministro."
Considerando III
"De tal forma, se constata que el desabasto y racionamiento de agua potable en dicha localidad no obedece a una actuación arbitraria ni negligente por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados."
"Thus, it is established that the shortage and rationing of potable water in that locality is not due to arbitrary or negligent action by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers."
Considerando IV
"De tal forma, se constata que el desabasto y racionamiento de agua potable en dicha localidad no obedece a una actuación arbitraria ni negligente por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine forty-five on the twenty-fourth of April, two thousand twenty.
An amparo action processed under case number 200058980007CO, filed by ARACELLY SALAS EDUARTE, on behalf of HERSELF AND THE RESIDENTS OF SAN PABLO DE HEREDIA, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS).
Whereas:
Drafted by Magistrate Araya García; and,
Considering:
The petitioner alleges that the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers apply potable water rationing (racionamiento) in the canton of San Pablo de Heredia, for long periods, without following a defined schedule.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent has omitted to refer to them, according to what was provided in the initial order:
III.ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO POTABLE WATER AND THE POSSIBILITY OF CHARGING BY THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS. This Tribunal has recognized in its jurisprudence that the right to health and life are fundamental human rights that depend on access to potable water, and that the competent bodies have the inescapable responsibility to ensure that society, as a whole, does not see these diminished. Indeed, the Chamber has previously ruled that, as part of Constitutional Law, there exists a fundamental right to the supply of potable water, thus on that occasion the following was ordered:
" (… ) V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and it is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly bound in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which provides that:
' Article 11. Right to a healthy environment 1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services' .
Furthermore, recently, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights reiterated that having water is a human right that, besides being essential for leading a healthy life, is a prerequisite for the realization of all other human rights.
VI.From the above regulatory framework, a series of fundamental rights linked to the State's obligation to provide basic public services is derived, implying, on the one hand, that people cannot be illegitimately deprived of them, but that, as in the case of potable water, the ownership of an enforceable right cannot be sustained for any individual so that the State provides them with the public potable water service, immediately and wherever they may be, but rather, in the manner provided in the same Protocol of San Salvador, this class of rights obliges the States to adopt measures, as provided in the first article of the same Protocol:
'The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through cooperation among the States, especially economic and technical, to the maximum extent of available resources and taking into account their degree of development, in order to achieve progressively, and in accordance with internal legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol' .
From this, it cannot be interpreted that this fundamental right to public services lacks concrete enforceability; on the contrary, when the State reasonably must provide them, the holders of the right can demand it, and public administrations or, where appropriate, private parties providing them in their stead, cannot take refuge in alleged resource shortages, which have been the secular public excuse to justify the non-fulfillment of their duties." (Judgment 4654-2003 of 15:44 on May 27, 2003).
From the foregoing, it is inferred that the so-called fundamental right to water must be granted to all people, which implies that all individuals have the possibility to access, under conditions of equality, potable water services, as it is essential for human life and health.
Notwithstanding the above, this Tribunal has recognized, in cases similar to the one at hand, where the power, reasonableness, and proportionality of water rationing (racionamientos) are discussed, the power of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to make temporary suspensions of potable water service. In this regard, what was stated in Judgment No. 2019-008193 of 09:20 on May 10, 2019, reiterated in Judgment No. 2020-006762, is relevant, in which the following was determined:
"… ON THE POTABLE WATER SERVICE. On repeated occasions, this Tribunal has dismissed amparo actions such as the one at hand, because the area in which the service is claimed exceeds the supply elevation (cota de abastecimiento) —that is, the maximum height to provide the service—, or due to other technical impossibilities and objective budgets. Specifically regarding supply problems, after recognizing that the supply of potable water constitutes an essential and onerous public service; the Chamber's jurisprudence has been fundamentally directed at protecting the right to life and health of natural persons. Thus, guaranteeing the purity of the liquid for human consumption and continuity in its supply are part of a due and efficient service to the subscriber (see Judgment No. 004253-2014). Additionally, this Tribunal has indicated, in relation to potable water supply problems, that as long as the respondent authorities demonstrate that they have acted within their material possibilities in order to achieve an adequate supply, the fundamental rights of the individuals would not be violated if this is offered with some irregularities in flow rate (caudal), or supply schedule (see, in this regard, the criterion of this Chamber in Judgments No. 2008-009714, 2008-018788, 2009-012511, 2010-015448 and 2011-006603, among others)."
In the sub-examine, from the report rendered by the respondent authority, as well as the list of proven facts, it is established that the potable water shortage situation reported by the petitioner is due to material impossibilities in the normal provision of potable water service by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. Precisely, it is noted that, on the occasion of the dry season, there has been a decrease in the water flow rates (caudales) available to the respondent institution for supplying the GAM, with the canton of San Pablo de Heredia, the locality where the petitioner lives, being supplied by the San Pablo, La Meseta, Rincón Ricardo, and Palermo wells, which in turn belong to the San Pablo and La Meseta repumping distribution stations of the Metropolitan Aqueduct. In contrast to such a circumstance, there has been an increase in the demand for the cited service, due to two factors: namely, population growth and the national emergency situation due to COVID-19, which has led people to stay in their homes, demanding more water for hand washing, disinfecting objects and food, as well as to meet their basic needs.
Regarding the relationship between water production and demand for potable water service, it is established that the Metropolitan Aqueduct has a served population of 1,392,500 people and an average production, in the dry season, of 5900 liters per second, that is, a daily produced volume of 509,760,000 liters, which is equivalent to 366 liters for each person per day. However, the real and current demand of the Metropolitan Aqueduct users exceeds 400 liters per person per day, so the amount of water available is not enough for a one hundred percent supply for each one. These are the reasons why the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has ordered potable water rationing (racionamientos), including the entirety of the canton of San Pablo de Heredia. In this way, it is noted that the water shortage and rationing (racionamiento) in that locality is not due to arbitrary or negligent action by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers.
On the contrary, to mitigate the effects of rationing (racionamiento), the institution has taken the measures that, from a technical point of view, are appropriate, such as applying the rationing (racionamiento) in San Pablo de Heredia in a clearly defined schedule, which runs from 13:30 to 20:30 hours daily, which allows people to take the necessary measures —including water storage— so as not to suffer a gross impact on their daily activities, as well as the dissemination of the necessary information. Likewise, from the historical records managed by the Directorate of Operation and Control of the GAM Aqueduct, it is established that the San Pablo system is within the lowest impact category in the GAM, with rationing (racionamientos) applied for periods of less than eight hours, which, in turn, in accordance with institutional regulations, has not warranted providing potable water service via tanker trucks.
Thus, the infringement of the fundamental rights of the amparo petitioner and the residents of San Pablo de Heredia is ruled out, and consequently, it is appropriate to dismiss this amparo proceeding, as is ordered.
V.Notwithstanding the above, the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers must adopt measures so that when the potable water shortage (desabastecimiento) occurs for a period longer than eight hours, the water shortage is made up for and the service of water through tanker trucks or another technically appropriate form is provided to the residents of San Pablo de Heredia.
VI.DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE RUEDA LEAL, ORDERING THE CONTINUATION OF THE AMPARO PROCEEDING AND GRANTING A HEARING TO ARESEP. Unlike the majority, I consider that it is premature to consider the accused lack of water supply and the omission of the ICAA in adopting the necessary measures to solve that situation as not demonstrated, simply by having granted a hearing to the ICAA authorities, since ARESEP oversees the actions of the respondent regarding the provision of such public service. Given the above, its criterion is indispensable in the sub lite to resolve what is accused; however, this was not required by the majority. Consequently, I dissent and order the continuation of this amparo proceeding, in order to grant a hearing to ARESEP, with the purpose of having the necessary evidentiary elements to resolve the sub examine.
The parties are forewarned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment.
Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is dismissed. Let the appealed authority take note of the provisions in the fifth considerando of this judgment. Magistrate Rueda Leal dissents and orders that the amparo proceeding continue and that a hearing be granted to ARESEP.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
*AAGLBI8EBBE61*
*200058980007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 200058980007CO, interpuesto por ARACELLY SALAS EDUARTE, a favor de SÍ MISMA Y LOS VECINOS DE SAN PABLO DE HEREDIA, contra INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
La recurrente alega que las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados aplican racionamiento de agua potable en el cantón de San Pablo de Heredia, por períodos amplios, sin seguir un horario definido.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
III.SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE Y LA POSIBILIDAD DE COBRO, POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ADUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Este Tribunal ha reconocido, en su jurisprudencia, que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales del ser humano que dependen del acceso al agua potable y que los órganos competentes tienen la responsabilidad ineludible de velar para que la sociedad, como un todo, no vea mermados estos. En efecto, la Sala ha dispuesto, anteriormente, que, como parte del Derecho de la Constitución, existe un derecho fundamental al suministro de agua potable, así en aquella oportunidad se dispuso lo siguiente:
“ (… ) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que:
‘ Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos’ .
Además, recientemente, el Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.
VI.Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo:
Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo’ .
De esto tampoco puede interpretarse que ese derecho fundamental a los servicios públicos no tenga exigibilidad concreta; por el contrario, cuando razonablemente el Estado deba brindarlos, los titulares del derecho pueden exigirlo y no pueden las administraciones públicas o, en su caso, los particulares que los presten en su lugar, escudarse en presuntas carencias de recursos, que ha sido la secular excusa pública para justificar el incumplimiento de sus cometidos.” (Sentencia 4654-2003 de las 15:44 horas del 27 de mayo de 2003).
De lo anterior, se colige que el denominado derecho fundamental al agua, debe concederse a todas las personas, lo que implica que todos los individuos tengan la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana.
No obstante lo anterior, este Tribunal ha reconocido, en casos similares al que nos ocupa, en los que se discute sobre la potestad, razonabilidad y proporcionalidad de los racionamientos de agua, la potestad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de hacer suspensiones temporales del servicio de agua potable. Al respecto, resulta de relevancia lo indicado en Sentencia No. 2019-008193 de las 09:20 horas de 10 de mayo de 2019, reiterado en Sentencia No. 2020-006762, en las que se determinó lo siguiente:
“(…) SOBRE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desestimado recursos como el que nos ocupa, debido a que la zona en la que se reclama el servicio supera la cota de abastecimiento -es decir, la altura máxima para otorgar el servicio-, o a otras imposibilidades técnicas y presupuestos objetivos. Concretamente en cuanto a problemas de abastecimiento, tras reconocer que el suministro de agua potable constituye un servicio público esencial y oneroso; la jurisprudencia de la Sala se ha dirigido fundamentalmente a la protección del derecho a la vida y a la salud de las personas físicas. Así, garantizar la pureza del líquido para consumo humano y la continuidad en el suministro de éste forman parte de un debido y eficiente servicio al abonado (véase la sentencia Nº 004253-2014). Adicionalmente, este Tribunal ha indicado, en relación con los problemas de abastecimiento de agua potable, que en el tanto las autoridades recurridas demuestren que se ha actuado dentro de sus posibilidades materiales a fin de lograr un adecuado abastecimiento, no se quebrantarían los derechos fundamentales de las personas si éste se ofrece con algunas irregularidades de caudal, u horario de suministro (ver, al respecto, el criterio de esta Sala en las sentencias Nº 2008-009714, 2008-018788, 2009-012511, 2010-015448 y 2011-006603, entre otras).”
En el sub-examine, del informe rendido por la autoridad recurrida, así como la relación del cuadro de hechos probados, se acredita que la situación de desabasto de agua potable que denuncia la recurrente obedece a imposibilidades materiales en la prestación normal del servicio de agua potable por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Justamente, se constata que, con ocasión de la época seca, se ha dado una disminución en los caudales de agua con los que cuenta la institución recurrida para abastecimiento del GAM, siendo que el cantón de San Pablo de Heredia, localidad en la que vive la recurrente, se abastece de los pozos San Pablo, La Meseta, Rincón Ricardo y Palermo, los que a su vez pertenecen a las estaciones de distribución Rebombeo San Pablo y La Meseta, del Acueducto Metropolitano. En contraposición a tal circunstancia, se ha dado un incremente en la demanda del servicio de cita, a partir de dos factores, sea, el aumento demográfico y la situación de emergencia nacional por COVID-19, lo que ha conllevado que las personas permanezcan en sus hogares, demandando mayor cantidad de agua por lavado de manos, desinfección de objetos y alimentos, así como para cubrir sus necesidades básicas.
Respecto a la relación producción de agua y demanda del servicio de agua potable, se tiene que el Acueducto Metropolitano tiene una población abastecida de 1.392.500 personas y una producción media, en época seca, de 5900 litros por segundo, es decir, un volumen producido diario de 509.760.000 litros, lo que equivale a 366 litros para cada persona por día. No obstante, la demanda real y actual de los usuarios del Acueducto Metropolitano supera los 400 litros por persona por día, por lo que la cantidad de agua disponible no alcanza para un abastecimiento del cien por ciento a cada uno. Estas son las razones por las cuales el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han dispuesto racionamientos de agua potable, incluyendo la totalidad del cantón de San Pablo de Heredia. De tal forma, se constata que el desabasto y racionamiento de agua potable en dicha localidad no obedece a una actuación arbitraria ni negligente por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Por el contrario, con ocasión de aminorar los efectos del racionamiento, la institución ha tomado las medidas que, desde el punto de vista técnico, son las adecuadas, tales como aplicar el racionamiento en San Pablo de Heredia en un horario claramente definido, el cual va de las 13:30 horas a las 20:30 horas de cada día, lo que permite que las personas tomen las medidas necesarias -entre ellas el almacenamiento de agua- para no sufrir un impacto grosero en sus actividades diarias, así como la divulgación de la información necesaria. Asimismo, a partir de los registros históricos que maneja la Dirección de Operación y Control del Acueducto GAM, se tiene que el sistema San Pablo se encuentra dentro de la categoría con afectación más baja en el GAM, siendo que se aplican racionamientos por períodos menores a ocho horas, lo cual, a su vez, de acuerdo con la normativa institucional, no ha ameritado brindar el servicio de agua potable mediante camiones cisternas.
Así las cosas, se descarta la lesión de los derechos fundamentales de la amparada y de los vecinos de San Pablo de Heredia y en consecuencia, corresponde desestimar este proceso de amparo, como en efecto se dispone.
V.No obstante, lo anterior, deberán las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, adoptar medidas para que cuando el desabastecimiento de agua potable se presente por un período mayor a ocho horas, se supla la carencia de agua y se brinde a los vecinos de San Pablo de Heredia, el servicio de agua a través de camiones cisterna u otra forma técnicamente adecuada.
A diferencia de la mayoría, considero que resulta prematuro tener como no demostrada la acusada falta de desabastecimiento de agua y la omisión del ICAA en adoptar las medidas necesarias para solventar esa situación, con solo haber conferido audiencia a las autoridades del ICAA, toda vez que la ARESEP fiscaliza la actuación del recurrido en lo concerniente a la prestación de tal servicio público. Dado lo anterior, su criterio es indispensable en el sub lite para resolver lo acusado; empero, esto no fue requerido por la mayoría. Por consiguiente, salvo el voto y dispongo continuar la tramitación de este recurso, a fin de que conferir audiencia al ARESEP, con el propósito de tener los elementos probatorios necesarios para resolver el sub examine.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI..
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Tome nota la autoridad recurrida de lo dispuesto en el considerando quinto de esta sentencia. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y dispone continuar con la tramitación del amparo y conferir audiencia a ARESEP.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
*AAGLBI8EBBE61*
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