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Res. 07301-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/04/2020
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber denies the amparo, finding no proven regulatory omission violating fundamental rights, and holding that the matter is a mere legality dispute and disagreement with the Executive Branch's proposal.La Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de amparo, al considerar que no se acreditó una omisión reglamentaria vulneratoria de derechos fundamentales y que el asunto constituye un conflicto de mera legalidad y disconformidad con la propuesta del Poder Ejecutivo.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo filed by representatives of fishermen's associations against several Executive Branch entities for the alleged failure to formalize, through an executive decree, the National Action Plan (PAN) for Sustainable Large Pelagics Fisheries 2018-2030. The PAN resulted from a participatory process under the national platform of the same name, facilitated by UNDP, and aims to improve the sustainability of tuna, mahi-mahi, swordfish, and other fisheries. The petitioners argue that unjustified delays in its officialization harm environmental conservation and fishers' rights. In its analysis, the Chamber finds no regulatory omission violating fundamental rights; the dispute is one of mere legality concerning the proper legal instrument to formalize the plan, and in substance, the petitioners express disagreement with the decree proposal submitted by the Government, which contemplated partial officialization of the PAN. The court also notes that authorities have undertaken significant efforts, such as submitting the decree to MIDEPLAN for analysis and holding dialogue tables with the sector, although part of the longline sector demands full officialization. Therefore, the amparo is denied as no violation of constitutional rights was demonstrated.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por representantes de cámaras de pescadores contra varias instituciones del Poder Ejecutivo, por la alegada omisión de oficializar mediante decreto ejecutivo el Plan de Acción Nacional (PAN) de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos 2018-2030. El PAN fue producto de un proceso participativo en la plataforma nacional del mismo nombre, facilitada por el PNUD, y busca mejorar la sostenibilidad de las pesquerías de atún, dorado, pez espada y otras. Los recurrentes argumentan que retrasar injustificadamente su oficialización afecta la conservación del ambiente y los derechos de los pescadores. En su análisis, la Sala determina que no existe omisión reglamentaria vulneratoria de derechos fundamentales; la controversia es de mera legalidad sobre la vía idónea para oficializar el plan, y en el fondo los recurrentes muestran una disconformidad con la propuesta de decreto presentada por el Gobierno, que contemplaba la oficialización parcial del PAN. Además, el tribunal constata que las autoridades han realizado gestiones significativas, como presentar el decreto ante MIDEPLAN para su análisis y mantener mesas de diálogo con el sector, aunque parte del sector palangrero exige la oficialización total. Por tanto, se declara sin lugar el recurso al no acreditarse lesión a derechos constitucionales.
Key excerptExtracto clave
Now, in the case at hand, the petitioners, as representatives of the fishing sector, claim that the failure to issue the Executive Decree formalizing the National Action Plan to implement the agreements and measures obtained in the National Platform for Sustainable Large Pelagics Fisheries affects the sustainability of Costa Rican fisheries, so that arbitrarily and unjustifiably prolonging its formalization results in a deterioration of environmental conservation. In this regard, it should be noted that the Constitutional Jurisdiction Law, in Articles 29 and 49, paragraph 2, clearly allows amparo review of omissions by the Executive Branch that, in exercising its regulatory power, preclude the full enjoyment of a right recognized in the Political Constitution. However, that scenario does not arise here, because we are not in the presence of an omission of the Executive's regulatory power — regarding a Law of the Republic — but rather what is claimed is the formalization of the National Action Plan to implement the agreements and measures obtained in the National Platform for Sustainable Large Pelagics Fisheries, which would benefit the protected fishing associations. Additionally, this court is not competent to determine whether the Executive Decree is the correct avenue to formalize said Action Plan, or whether it can be implemented through another legal instrument, since this raises a legality conflict, appropriately to be heard and resolved by the administrative contentious jurisdiction, as it is a matter of mere legality in which no violation of a fundamental right is alleged — at least not directly. Likewise, the Chamber finds that, regardless of whether the repeatedly cited Action Plan is formalized or not, this does not prevent the National Animal Health Service (SENASA)... from continuing, as it has been doing, its control and verification function... Thus, the petitioners' argument that the failure to formalize said Action Plan is attributable to the respondent authorities is not acceptable, so the dispute raised in this amparo actually concerns a disagreement with the proposed document, which does not constitute an infringement of the petitioners' fundamental rights.Ahora bien, en el caso que nos ocupa, los recurrentes, en su condición de representantes del sector pesquero, reclaman que la omisión en emitir el Decreto Ejecutivo que oficialice el Plan de Acción Nacional para implementar los acuerdos y medidas obtenidos en la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de grandes pelágicos, afecta la sostenibilidad de las pesquerías costarricenses, por lo que prolongar arbitraria e injustificadamente su oficialización resulta en un desmejoramiento de la conservación al ambiente. Al respecto, cabe señalar que la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 29, y 49, párrafo 2°, es clara en permitir el control en la vía del amparo de las omisiones del Poder Ejecutivo que, en ejercicio de su potestad reglamentaria, vedan el disfrute pleno de un derecho reconocido en la Constitución Política. Sin embargo, no se configura ese supuesto, porque no estamos en presencia de una omisión de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo -respecto de una Ley de la República-, sino que lo que se reclama es la oficialización del Plan de Acción Nacional para implementar los acuerdos y medidas obtenidos en la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de grandes pelágicos, que beneficiaría a las agrupaciones pesqueras amparadas. Adicionalmente, no corresponde esta jurisdicción determinar si el Decreto Ejecutivo, es la vía correcta para oficializar dicho Plan de Acción, o si es posible implementarlo a través de otra figura jurídica, por cuanto ello plantea un conflicto de legalidad, propio de ser conocido y resuelto por la jurisdicción contenciosa administrativa, por tratarse de un asunto de mera legalidad en el que no se alega -al menos en forma directa-, la vulneración de algún derecho fundamental. De igual manera, la Sala aprecia que, independientemente de la oficialización o no del Plan de Acción de reiterada cita, ello no impide que el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)... continúe como lo ha venido haciendo, su función de control y verificación... De este modo, no es de recibo el alegato de la parte recurrente, en el sentido de que la omisión de oficializar dicho Plan de Acción sea atribuible a las autoridades recurridas, por lo que la discusión planteada en el presente recurso de amparo, en realidad trata sobre una disconformidad con el documento planteado, lo que no constituye afectación a los derechos fundamentales de la parte recurrente.
Pull quotesCitas destacadas
"no estamos en presencia de una omisión de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo -respecto de una Ley de la República-, sino que lo que se reclama es la oficialización del Plan de Acción Nacional... que beneficiaría a las agrupaciones pesqueras amparadas."
"we are not in the presence of an omission of the Executive's regulatory power — regarding a Law of the Republic — but rather what is claimed is the formalization of the National Action Plan... which would benefit the protected fishing associations."
Considerando IV
"no estamos en presencia de una omisión de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo -respecto de una Ley de la República-, sino que lo que se reclama es la oficialización del Plan de Acción Nacional... que beneficiaría a las agrupaciones pesqueras amparadas."
Considerando IV
"no corresponde esta jurisdicción determinar si el Decreto Ejecutivo, es la vía correcta para oficializar dicho Plan de Acción, o si es posible implementarlo a través de otra figura jurídica, por cuanto ello plantea un conflicto de legalidad."
"this court is not competent to determine whether the Executive Decree is the correct avenue to formalize said Action Plan, or whether it can be implemented through another legal instrument, since this raises a legality conflict."
Considerando IV
"no corresponde esta jurisdicción determinar si el Decreto Ejecutivo, es la vía correcta para oficializar dicho Plan de Acción, o si es posible implementarlo a través de otra figura jurídica, por cuanto ello plantea un conflicto de legalidad."
Considerando IV
"la discusión planteada en el presente recurso de amparo, en realidad trata sobre una disconformidad con el documento planteado, lo que no constituye afectación a los derechos fundamentales de la parte recurrente."
"the dispute raised in this amparo actually concerns a disagreement with the proposed document, which does not constitute an infringement of the petitioners' fundamental rights."
Considerando IV
"la discusión planteada en el presente recurso de amparo, en realidad trata sobre una disconformidad con el documento planteado, lo que no constituye afectación a los derechos fundamentales de la parte recurrente."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
Res. No. 2020007301 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on April seventeenth, two thousand twenty.
Amparo proceeding processed under expediente number 20-004721-0007-CO, filed by DENIS LARA ROJAS, JORGE BARRANTES GAMBOA, and MARCO ANTONIO SEAS SOSA, identity card number 0108430098, on behalf of, respectively, the CÁMARA DE PESCADORES DE QUEPOS, legal ID 3002624431, the CÁMARA DE PESCADORES ARTESANALES DE PUNTARENAS (CAPAP), legal ID 3002061110, and the CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA (CNIP), legal ID 3002298061, against the DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, the MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), THE MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, THE MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, AND THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA).
Resultando:
1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber at 9:20 hours on March 9, 2020, the petitioners file this amparo against the MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA AND OTHERS, and state that Costa Rica (CR) is part of the "Global Sustainable Supply Chains for Marine Products" project of the United Nations Development Programme (UNDP). Based on that project, the country has created the Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos. To implement the purposes of said platform, a first objective was established: the creation of a National Action Plan (PAN, acronym in Spanish) which concretizes the strategies for the coming years for fisheries related to large pelagics (tuna, dolphinfish, swordfish, and others). Within the framework of said platform, a Steering Committee (Comité de Pilotaje) was created for the purpose of creating the National Action Plan. Said committee was composed of officials from the MAG, including the Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), the MINAE, including the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), and the Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Likewise, representatives from the fishing sector CANEPP (AVP-CANEPP), the longline sector (palangrero) (MG-SPN), and the longline sector (RN-SPN) served as members of said committee. Finally, authorities from the UNDP, KS-UNDP, and Facilitation (SAPNUD) also participated in this group. The committee was in operation during 2017 and 2018 and functioned as the official space for democratic participation by public authorities, civil society, and international organizations within the framework of the project. They indicate that the minutes of the Steering Committee meeting held on September 21, 2018, show that said committee was informed about the meeting held on September 19 of the same year, where the Board Committee (Comité Director) made agreements regarding the Action Plan. They point out that the Steering Committee finalized the PAN, and the members of this Committee (government authorities, the fishing sector, and UNDP) agreed upon its officialization. On November 28, 2018, the MAG, the MINAE, INCOPESCA, and the UNDP officially presented the National Action Plan for Large Pelagic Fisheries No. 2018-2030. In accordance with what is stated on the official UNDP page in CR: “(…) the National Action Plan for Large Pelagic Fisheries is the result of a dialogue process that extended over twelve months and in which more than one hundred key actors actively participated, such as government officials, academia, civil society, international cooperation, fishing representatives, exporters, restaurants, and supermarkets, among others. (…)”. They add that according to several assertions also contained on the referenced page, the Action Plan is important because it will significantly help the environmental sustainability of Costa Rican fisheries, and will generate a fishing model that fosters a better and more equitable distribution of the wealth created through this productive activity. A criterion shared by the Defensoría de los Habitantes in official letter No. 01541-2019-DHR of February 13, 2019, in which it was recommended to the MAG and the Platform's Board Committee to define and inform it about the legal figure or mechanism chosen for the officialization of the National Action Plan for Sustainable Large Pelagic Fisheries, and for the creation of the mechanism to monitor its implementation, as well as to consult with the Defensoría regarding its opinion on the best way in which it could exercise its function as guarantor within such a mechanism. They emphasize that these recommendations are mandatory under penalty of sanction. Through official letters of July 9, 2019, No. DH-CV-533-2019 and No. DH-CV-0539-2019, signed by the Defensora de los Habitantes and addressed to the Minister of Agriculture and Livestock and the Minister of Environment and Energy, it is adduced that by that date the National Action Plan had not been officialized, which it requested on an urgent basis, as well as requesting a report on the measures taken to that end. By MINAE official letter No. DM-0730-2019 of July 17, 2019, the Defensoría was answered that, despite its participation in the implementation of the plan of interest, the governing body for fisheries by public policy corresponds to the MAG through INCOPESCA, being in a wait state for the officialization of the PAN to proceed with the actions possible according to its institutional competence. Meanwhile, by MINAE official letter No. DH-CV-533-2019, contained in official letter No. DM-MAG-646-2019 of July 17, 2019, the officialization of the PAN was completely bypassed and, instead, a series of actions that the MAG and INCOPESCA have carried out and whose results coincide with the purposes of said plan were enumerated, making it clear that there is no progress toward the officialization of said plan. This, despite the fact that the rest of the institutions require it to proceed with its implementation. The foregoing, even though the National Action Plan is ready, finished, was officially presented, and is ready for its officialization via an executive decree (decreto ejecutivo) (as agreed to proceed in 2018). They claim that, as of the date of filing the amparo, the government authorities have not officialized said Plan, which leaves devoid of content and meaning, not only the efforts to implement the measures pertaining to the Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos and the space for democratic and citizen participation where work was done for two years. They accuse that the PAN addresses topics related to improving the sustainability of Costa Rican fisheries, so prolonging its officialization arbitrarily and unjustifiably results in a deterioration of environmental conservation. They add that the implementation of a model ready to implement the principle of democratic sustainable development in national fisheries is being set aside, in order to seek a better and more equitable distribution of the wealth created through fishing. They consider that the foregoing violates the fundamental rights of their represented entities. They request that the amparo be granted and that the respondent authorities be ordered to officialize the National Action Plan of the Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos.
2.- Grettel Vega Arce, in her capacity as Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, reports under oath that the Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos was a space for dialogue where public institutions and the fishing sector participated with the aim of seeing and analyzing all activities at sea and the different sectors involved in the capture, processing, and commercialization of large pelagic fishery products from the Costa Rican Pacific, this based on Decreto Ejecutivo N° 38681-MAG-MINAE “Ordenamiento para el aprovechamiento de atún y especies afines en la zona económica exclusiva del océano Pacífico costarricense” and as part of the project “Global Sustainable Supply Chains for Marine Products”. This initiative focuses on four countries in the world, two in Asia (Vietnam and the Philippines) and two in Latin America (Ecuador and Costa Rica). Project Implementation Period: 2016-2019, Funding: GEF US$ 475,261.00. Government US$ 2,500,000.00, Responsible: Kifah Sasa, Coverage: Costa Rica, MDG: Environmental Protection. 3) The platform was led by the Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) and the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), with the support of the Ministerio de Ambiente, Energía y Mares (MINAE), facilitated by the United Nations Development Programme (UNDP), and managed by its participants, including SINAC. The National Longline Sector (Sector Nacional Palangrero) and the Cámara Nacional de Exportación de Productos Pesqueros (CANEPP) are the main partners and committed to this initiative. 4) Its purpose was to institutionalize the sustainable performance of pelagic fishing activity in the long term, creating multisectoral commitments, formulating and monitoring actions that address the root causes of the problems limiting fishery sustainability, establishing alliances and harmonized investments that allow coordinating and executing each improvement action, informing the national and international public about the progress made during its implementation. 5) Through this platform, Costa Rica designed an Action Plan that allows it to comply with the requirements of the global and domestic market for responsibly fished marine products, which undoubtedly aims to benefit national fishers and the country and will provide a harmonized country response. The Action Plan established from the dialogue facilitated by the Platform will guide the actions of the public sector, the private sector, and buyers to improve the environmental and social performance of the large pelagic value chain in Costa Rica over the next 5 years. 6) The process as such began in 2017, and was established with a 20 [year] vision, for which a facilitator group was contracted that led the process, together with the Board Committee, working with a root cause analysis methodology, where several working groups were established, such as fishing and precision, effective management, market development, and another for fishery improvement projects. In these workshops, there was participation from the Government sector, private sector, civil society, partners, and academia. 7) In the case of SINAC, it participated as part of the government sector, we participated in several meetings and workshops, but who participated in the Board Committee was MINAE, and on some occasions, the technical support of a SINAC official was requested to accompany the Vice Minister or one of his advisors. In 2018, the National Action Plan (PAN) was ready and was presented at a national workshop where SINAC's participation ended. 9) As was indicated to the Defensoría de los Habitantes by official letter DM-0730-2019 of July 17, 2019, signed by the Minister Carlos Manuel Rodríguez Echandi, (…) SINAC-MINAE participated between 2016 and 2018 in the process of constructing the PSGP and drafting the PAN, was part of the working groups, participated in the review of documents in adherence to the technical and legal aspects within our purview. However, the governing body for fisheries by public policy corresponds to the MAG through INCOPESCA. And the competence for constructing the legal figure that will officialize the PAN is in the process of being drafted at the MAG. Likewise, MINAE is awaiting the officialization of the PAN to proceed with the actions that are possible according to our institutional competencies. Now, although the PAN has not been officialized via an executive decree and that for its execution it is necessary to have financing, it would be important for INCOPESCA and the other respondent institutions to refer to the actions that are known to have been carried out and negotiated with the Longline Sector in Dialogue Tables (Mesas de Dialogo), implementing the actions set forth in the PAN. It requests that the amparo filed be dismissed.
3.- CATALINA CRESPO SANCHO, in her capacity as DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, reports under oath that in the filing brief submitted by the petitioners, it is alleged that the country's authorities have not implemented the National Action Plan on sustainable fisheries, which seeks to improve the sustainability of Costa Rican fisheries. By virtue thereof, they consider that arbitrarily and unjustifiably prolonging its officialization results in a deterioration of environmental conservation. On the matter, it is necessary to begin by pointing out that the Defensoría de los Habitantes processed expediente number 221358-2016-SI, related to a complaint filed by Mrs. Ana Isabel Carvajal Xatruch, representing the Asociación de Armadores y Pescadores de Atún del Pacífico Oriental y Afines, legal ID number 3-002-680975, in relation to the implementation of Decreto Ejecutivo N° 38681-MAG-MINAE, regarding the regulation for the utilization of tuna and related species in the exclusive economic zone of the Costa Rican Pacific Ocean. Within the investigation carried out in said file, the topic of the Plataforma de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos and the National Action Plan for Large Pelagic Fisheries 2018-2030 was addressed. In this regard, the Defensoría issued a Final Report with Recommendations, via official letter No. 01541-2019-DHR dated February 13, 2019, where it analyzed the matter concerning the Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos, describing it as:
“...a space for assertive dialogue and consensus-building where public institutions with a mandate over activities at sea and the different sectors involved in the capture, processing, and commercialization of large pelagic fishery products from the Costa Rican Pacific participate, with the purpose of institutionalizing the sustainable performance of pelagic fishing activity in the long term, creating multisectoral commitments, formulating and monitoring actions that address the root causes of the problems limiting fisheries sustainability, establishing alliances and harmonized investments that allow coordinating and executing each improvement action, informing the national and international public about the progress made during its implementation.” On the other hand, in said final report, the Defensoría also referred to the National Action Plan for Large Pelagic Fisheries 2018-2030, which was officially presented on November 28, 2018, and was described as the result of a twelve-month dialogue process in which more than one hundred key actors participated, including public institutions, civil society, academia, international cooperation, fishing representatives, exporters, and others. In addition to the foregoing, the Defensoría pointed out the following:
“The implementation of the Plan would be led by a monitoring committee (comité de seguimiento) composed of the Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), as the governing body of the fishing sector together with the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) and the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), the Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), the Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), the Sector Palangrero Nacional, the Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros (CANEPP), among others.
In this way, the Board Committee of the Platform, composed of the Minister of Agriculture and Livestock, the Vice Minister of Agriculture and Livestock, the Vice Minister of Waters, Seas and Coasts, the Executive President of INCOPESCA, and the United Nations Resident Coordinator and Resident Representative of the United Nations Development Programme, must define the manner in which the Action Plan will be officialized, as well as the mechanism to be used to monitor its implementation (whether a Monitoring Committee or another participatory figure).
In summary to the foregoing, the Defensoría referred to the Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos, indicating that this space for dialogue has allowed the participation and interaction of a large number of actors involved with tuna and other large pelagic fishing, such as public institutions, academia, and organizations from the private sector and civil society, among others, in the drafting of an Action Plan to improve the longline fishery for tuna and other large pelagics in Costa Rica, increase the supply of fish from sustainable sources, and seek the social welfare of the people linked to the fishing activity. In this regard, the Defensoría pointed out the following:
The Defensoría considers that monitoring compliance with the National Action Plan for Sustainable Large Pelagic Fisheries is of vital importance to achieve the sustainability of these fisheries and all related activities. To this end, it is considered essential to establish a monitoring mechanism that promotes participation, transparency, openness, and accountability in relation to the implementation of the Action Plan.
By virtue of the foregoing, the Defensoría determines that it is necessary for the Action Plan to be officialized through the legal figure or mechanism that the Platform's Board Committee deems most appropriate to achieve its objectives and, likewise, that a monitoring committee or other mechanism be established that allows monitoring compliance with the Action Plan and the participation of the productive sector, civil society, and other actors involved in the Platform.
Likewise, the Defensoría wishes to expressly state its interest in participating as an observer and guarantor in the monitoring mechanism that is eventually established for the implementation of the National Action Plan for Sustainable Large Pelagic Fisheries, for which it respectfully requests the Board Committee of the Plataforma Nacional de Pesquerías de Grandes Pelágicos to consult the Defensoría on the best way in which the Institution could exercise its function as guarantor within the monitoring mechanism. (Highlighting not in the original).
Taking into account the arguments previously outlined, in the cited official letter No. 01541-2019-DHR, the Defensoría issued recommendations to the authorities of the MAG and the Board Committee of the Plataforma de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos, in the following terms:
“FIRST: To define and inform the Defensoría about the legal figure or mechanism chosen for the officialization of the National Action Plan for Sustainable Large Pelagic Fisheries, and for the creation of the mechanism to monitor its implementation.
SECOND: To consult the Defensoría's opinion, reiterating the Institution's interest in participating as an observer and guarantor in the monitoring mechanism that is eventually established for the implementation of the National Action Plan for Sustainable Large Pelagic Fisheries, on the best way in which the Institution could exercise its function as guarantor within the mechanism established to monitor the implementation of the Plan.” From the foregoing, the Defensoría received official letter No. DM-MAG-300-2019 dated March 28, 2019, signed by the Minister of Agriculture and Livestock, Luis Renato Alvarado Rivera, who reported the following:
“As has been indicated, the National Action Plan for Sustainable Large Pelagic Fisheries 2018-2030 is the result of a dialogue process in which more than one hundred key actors participated, including public institutions, civil society, academia, international cooperation, fishing representatives, exporters, and others.
“(...) This Ministry recognizes the importance of the Plan, and jointly with INCOPESCA, we have agreed that its actions be incorporated as part of the actions that would be financed by the eventual international cooperation project called “Desarrollo Sostenible de la Pesca en Costa Rica”, an initiative that the government (sic) of Costa Rica has in the process of formulation and negotiation with the World Bank Authorities (...)”
Regarding whether the Plan's implementation process will be led by a monitoring committee composed of the Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), as the governing body of the fishing sector together with the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) and the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), the Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), the Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), the Sector Palangrero Nacional, the Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros (CANEPP), among others, this is a matter that the Platform's Board Committee still must define.
[It] indicates that when the monitoring figure is officialized, the Defensoría will be informed, likewise, we thank the Defensoría for its interest in participating as an observer and guarantor in the monitoring mechanism that is eventually established for the implementation of the Action Plan, therefore we remain attentive to your active participation in this process and that you indicate to us what the best way will be for your Institution to exercise its function as guarantor within the mechanism established.” Subsequently, in response to the report signed by the Executive President of INCOPESCA, referring to the implementation actions of Decreto Ejecutivo 38681-MAG-MINAE (official letter PESJ-195-2019 of May 14, 2019), the Defensoría proceeded to close expediente 221358-2016-SI, via official letter No. 07376-2019-DHR of June 10, 2019, where the following was stated: “In accordance with the foregoing, the Ministerio de Agricultura y Ganadería and the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura report on the actions carried out and scheduled in response to the implementation of Decreto Ejecutivo 38361-MAG-MINAE, regarding which the Defensoría will remain pending its execution.
Likewise, the Defensoría is participating as an observer and guarantor in the dialogue process between the government and the fishing sector, within which five working tables (mesas de trabajo) were established on the following topics: 1) Shellfish harvesters (Molusqueros), 2) Small Scale (artisanal), 3) Sport and 7 Tourism, 4) Longline (Palangre), and 5) Semi-industrial. In these working tables, the necessary actions for the implementation of the regulatory measures contained in Decreto 38361-MAG-MINA, among other topics, will be developed and their execution will be ensured. Additionally, the Defensoría will continue promoting and ensuring the officialization of the National Action Plan for Sustainable Large Pelagic Fisheries and the creation of the mechanism to monitor its implementation, within which it seeks to participate as an observer and guarantor of the implementation of said Action Plan.
In this way, the Defensoría will continue participating in the dialogue process between the government and the fishing sector, as well as ensuring the officialization of the National Action Plan for Sustainable Large Pelagic Fisheries and the creation of its monitoring mechanism, as an observer and guarantor, so that the necessary measures are implemented for the protection and sustainable exploitation of fishery resources, in favor of the integral and sustainable development of coastal communities and all people engaged in fishing activities.” On the other hand, and regarding the actions carried out concerning the officialization of the Action Plan, the Defensoría sent official letter DH-CV-533-2019, dated July 9, 2019, to the Minister of Agriculture and Livestock, Luis Renato Alvarado Rivera, in response to which official letter DM-MAG-646-2019 dated July 17, 2019, was received, detailing a series of actions executed or scheduled for the implementation of the actions contained in the Action Plan; however, no information was provided on the creation of the legal figure or mechanism for the officialization of the Action Plan nor the mechanism for monitoring its implementation. Likewise, the Defensoría sent official letter DH-CV-539-2019, dated July 9, 2019, to the Minister of Environment and Energy, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in response to which official letter DM-0730-2019 dated July 17, 2019, was received, informing that MINAE is awaiting the officialization of the National Action Plan (PAN) to proceed with the actions within its competence, since “the competence for constructing the legal figure that will officialize the PAN is in the process of being drafted at the MAG,” as said Ministry, through INCOPESCA, is the governing body for fisheries by public policy. Additionally, the Defensoría had been participating as an observer and guarantor in a dialogue table between representatives of the fishing sector and the Government of the Republic, under the facilitation of the Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. However, this dialogue process ended unsuccessfully due to the CAM's inability to continue with the mediation work it had been performing. Given the described situation, and aware of the importance of the fishing sector and the Government being able to have a space for dialogue that would allow the institutions to address the needs of this population, the Defensoría de los Habitantes and the United Nations System joined efforts to facilitate an exchange process, with the purpose of promoting social dialogue, protecting the rights of the most vulnerable populations, and having institutions that respond to the population's needs through inclusive, participatory, and representative decision-making. The Defensoría served as the venue and participated as an observer and guarantor of the dialogue process between the Government and the representatives of the fishing sector from across the country regarding the regulation of this activity and addressing their needs. The joint initiative of the Defensoría and the United Nations System began with the aim of supporting the generation of guidelines for the development of a social dialogue with democratic participation, inclusive and with a human rights approach, leading to a rapprochement between the involved parties, in order to identify and agree upon concrete solutions that promote the strengthening of the democratic system and the sustainable development of the country and its affected populations, as well as the generation of a climate of trust that improves governance. The process sought to address topics related to artisanal, longline, and tourism fishing, as well as shellfish harvesting activity, among whose agenda items was the officialization of the National Action Plan for Sustainable Large Pelagic Fisheries. The organization of the dialogue process began with a meeting held on August 22, 2019, between the Defensoría and the United Nations System, as a result of which a proposal for democratic dialogue was jointly drafted, which was consulted with the fishing sector on September 23, 2019. Said proposal, together with a code of ethics established for the Dialogue Table, were officially presented to the representatives of the fishing sector on October 22, and to the Government representatives on October 29, 2019. Having been accepted, the Dialogue Table began, with five dialogue sessions taking place, held at the Headquarters of the Defensoría de los Habitantes on the following dates: November 4, 11, and 25, 2019, December 9, 2019, and February 10, 2020. At the Dialogue Table session held on February 10, 2020, the Government delivered a “Hoja de Ruta para atención de temas SECTOR PESQUERO 2020” [Roadmap for addressing FISHING SECTOR topics 2020], in which, regarding the National Action Plan for Sustainable Large Pelagic Fisheries, it is indicated:
“Process carried out:
1. Review of the actions proposed in the original Plan.
2.
Construction of a proposal from the Executive Branch for joint review with the fishing sector and definition of the actions to be formalized.
3. In accordance with the last 2019 session of the Dialogue Table, the Government committed to socializing a document with the Plan's actions to be formalized, 77 actions out of 108, implying 71% formalization of the original plan.
4. During the 24th and 28th of January of this year, a Working Table was held, coordinated by Mr. José Miguel Carvajal, from the Technical General Directorate of INCOPESCA, in which a consensus was not reached with the Fishing Sector on the lines of action defined by INCOPESCA, given that they state that the action plan must be formalized in its entirety.” However, said Roadmap was not presented given that the representatives of the national fishing sector communicated the decision to suspend—for the moment and unilaterally—their participation in the Dialogue Table, pointing to “the total absence of effective results on the part of the Executive Branch” as one of the causes.
Seeking to reactivate the Dialogue Table, the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes) and the United Nations System met with the Government and with representatives of the fishing sector, as a result of which it was agreed to facilitate a meeting, convened for March 16, 2020, with the purpose of reviewing the roadmap presented by the Government regarding the attention of the sector's priority issues, as a basis for working on the solution of pending matters, given the urgency of the issues raised and prior to making decisions on the minimum conditions for the dialogue table.
As part of the preparation for this meeting, at the request of the fishing sector, the Government was asked for the proposed Roadmap or Agenda to socialize it prior to the meeting of March 16 of the current year. Regarding the Large Pelagics Action Plan, said agenda contemplated the following:
“Request: Formalization of the Large Pelagics Plan Action: Socialization of the Decree formalizing the Plan in its entirety, divided into 2 stages. (Currently under consultation at MIDEPLAN and other involved entities) + Formation of a Monitoring Committee.” In this way, the issue of the formalization of the National Action Plan for Sustainable Large Pelagics Fisheries had been under discussion within the social dialogue process with democratic participation facilitated by the United Nations System and the Office of the Ombudsperson, so that the Government and the Sector could identify and agree upon concrete solutions, particularly in this case, regarding the formalization of the Large Pelagics Action Plan.
However, the March 16 meeting did not take place, given the fishing sector's decision not to participate in it until “seeing solutions to the concrete problems from the Executive,” since they considered that said route “is more of the same” and does not respond with concrete solutions to what was presented to the Government at the dialogue table. By virtue of the foregoing, the Dialogue Table process between the Government and the Fishing Sector is currently suspended. It requests that the filed appeal be dismissed.
4. - Carlos Manuel Rodríguez Echandi, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath that on July 17, 2019, that Office responded to the Office of the Ombudsperson, through official letter DM-0730-2019: “...The Large Pelagics Fisheries Sustainability Platform (Plataforma de Sostenibilidad de Pesquerías de Grandes Pelágicos, PSGP) project was carried out between 2016 and 2018 with Global Environment Facility (GEF) funds administered by UNDP, where the focal point for Costa Rica is MINAE, but the entity responsible for the competence of public fishing policies is INCOPESCA through the Ministry of Agriculture and Livestock (Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG)...” “... Regarding the questions about the formalization and implementation of the national action plan for sustainable large pelagics fishing, SINAC-MINAE participated between 2016 and 2018 in the process of constructing the PSGP and drafting the PAN, was part of the working groups, participated in the review of documents in adherence to the technical and legal aspects that concern us. However, the governing body of fisheries by public policy corresponds to the MAG through INCOPESCA. And the competence for constructing the legal figure that will formalize the PAN is in the process of being drafted at the MAG. Likewise, MINAE is awaiting the formalization of the PAN to proceed with the actions that are possible according to our institutional competencies...” He adds that that Office requested the respective report from the Vice-Ministry of Waters and Seas, for the purpose of providing the pertinent response. Thus, through official letter VAM-087-2020, dated March 25, 2020, signed by Ms. Haydée Rodríguez Romero, in her capacity as Vice-Minister of Waters and Seas, she indicated that:
“...It is important to clarify that the appellants are incorrect in asserting that no efforts have been made to implement the measures pertaining to the PAN. INCOPESCA has been carrying out some actions in the implementation of the PAN, through some Board of Directors agreements, undertaken based on what its institutional budget has allowed in its Institutional Operating Plan, given that it has its own funds as a decentralized institution. It is worth emphasizing that financially, the institute since its creation has had an endowment generated by the goods and services it provides to users of the fishing and aquaculture sector, as well as by current transfers made by the Ministry of Agriculture and Livestock. INCOPESCA, for the execution of its Strategic and Operational Plans, therefore depends on its own income and transfers from the Central Government. In the case of its own income, in some areas, income is seasonal, meaning it does not exhibit constant behavior every month, and others depend on the influx of foreign vessels offshore or the number of national vessels that continue to carry out fishing activity in the country; however, this money is not enough to implement the entire PAN. It is thus respectfully clarified to the Honorable Magistrates that, for the implementation of the entire 2018 PAN, it is required beforehand from the government sector to have economic content to provide effective financing to develop the actions that the institutional framework would have to manage. There is no desire to create new mandates for the State through new regulations (Executive Decree) without having the financing. What is being assessed is that these new obligations assumed through a formalization have true funding, and not a promise that the resource will be available, because in practice, in adverse fiscal contexts, those resources are not there. That is why, from the Executive Branch, we are in a negotiation process for an eventual international cooperation project with the World Bank, for which actions to be financed have been incorporated as part of the project, which have already been presented to the longline sector. Some of them include: Stock assessment of priority pelagic species, training for the electronic recording of biological-fishery information by fishers, acquisition of electronic observer cameras and monitoring platform, researching the efficiency and feasibility of fishing gears such as deep-set longline, vertical line, and others, development of management plans for the sustainable use of priority species, among others...\" \"...In view of this refusal by the longline sector to advance, and in order not to delay other processes of the fishing sectors, a new decree was proposed whose objective would be to declare the Plan of Action for Sustainable Large Pelagics Fishing in Costa Rica (2018-2030) to be of national public interest, and to formalize the Plan of Action for Sustainable Large Pelagics Fishing in Costa Rica (2018-2030), which will be implemented in accordance with the recommendations issued by a Consultative Monitoring Committee for the short, medium, and long-term actions that are established in the aforementioned plan, whose recommendations will be addressed by state institutions and participating private organizations, taking into account their real capacities to the extent of their possibilities in terms of human, budgetary, and financial resources, which is under analysis by the entities that would sign it. Likewise, formalizing this Plan requires the endorsement of the Development Analysis Area of the Ministry of National Planning and Economic Policy (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN), a review that is in process...\".
He adds that the legal nature of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hereinafter SINAC) is that of a deconcentrated body with instrumental legal personality, attached to MINAE, in accordance with Article 22 of the Biodiversity Law No. 7788, whose fundamental purpose is to integrate competencies in forestry, wildlife, protected areas, and MINAE matters, in order to dictate policies, plan, and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of our country's natural resources.
In accordance with the preceding recital, that Office requested the respective report from SINAC, for the purpose of providing the pertinent response. Thus, through official letter SINAC-DE-380 dated March 23, 2020, signed by Ms. Grettel Vega Arce, in her capacity as Executive Director of SINAC, she indicated that: “...In the case of SINAC, we participated as part of the government sector, we participated in several meetings and workshops, but it was MINAE that participated in the Steering Committee, and on some occasions, technical support from a SINAC official was requested to accompany the Vice-Minister or one of his advisors. In 2018, the National Action Plan (PAN) was ready and was presented at a national workshop where SINAC's participation concluded...” In accordance with the foregoing, it follows that this Ministry, through the Vice-Ministry of Waters and Seas and the competent dependency—understood to be SINAC—has directed its actions in accordance with the law, as can be seen from the reports and evidence provided. As this is an issue directly related to our maritime resources, and a fundamental right of the inhabitants of Costa Rica being the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, specific actions have been taken to resolve this issue, as well as this Ministry having intervened to seek the required solutions to this particular situation.
5. - Luis Renato Alvarado Rivera, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, Silvia Lara Povedano, in her capacity as Acting Minister of the Presidency, and Daniel Carrasco Sánchez, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura), report under oath that regarding the Formalization of the National Action Plan for Sustainable Large Pelagics Fishing, INCOPESCA, during 2018 and 2019, adopted a series of Board of Directors Agreements in order to launch and operationalize the actions established in the Plan, among them:
1- Agreement AJDIP/223-2018: It instructed the Technical General Directorate and the General Directorate of Fishing and Aquaculture Organizations of INCOPESCA to incorporate their actions into the Operating Plans of the Directorates and Departments, in order to be able to develop the actions in an articulated manner based on the availability of resources INCOPESCA has, according to its Institutional Operating Plan for the year 2020 and subsequent years.
2- Agreement AJDIP/058-2019: The work plan for the Improvement Project for the yellowfin tuna, dolphinfish, and swordfish fishery caught with surface longline and "Green Stick" by the Costa Rican medium-scale and advanced commercial fleet was presented. Additionally, a series of actions have been worked on since 2019 within the framework of the Plan's strategic axes. For greater detail, Annex No. 1 specifies the strategic axes and the activities executed in this period. The government is in a negotiation process for an eventual international cooperation project with the World Bank, for which actions to be financed have been incorporated as part of the project, which were presented to the longline sector in sessions held during 2019. The project will help finance the sustainable management of tuna and other high-value domestic fishing sectors, while also allowing the recovery of coastal fishing to improve employment opportunities for residents of those regions. It will also facilitate closer coordination between central and local authorities, as well as the development of entrepreneurial capacity in fishing communities, and will identify and address the needs for resilient infrastructure for unloading and preserving the quality and added value of marine-origin products. The project's objective is to identify and take advantage of higher-value markets for the export of fishing and aquaculture products, in addition to improving product quality for domestic consumption. Some of the specific actions within the framework of the Large Pelagics Action Plan included in this project are the stock assessment of priority pelagic species, training for the electronic recording of biological-fishery information by fishers, acquisition of electronic observer cameras and monitoring platform, investigation of the efficiency and feasibility of fishing gears such as deep-set longline, vertical line, and others, development of management plans for the sustainable use of priority species, among others detailed in Annex No. 2.
The formalization request has been raised in a series of forums and addressed at the Dialogue Tables established with the fishing sector since 2018 and 2019, with the participation of the Office of the Ombudsperson and the United Nations in Costa Rica. It was for this reason that an exhaustive review of the original document was carried out and a counterproposal was made to the sector contemplating the actions that can be formalized, taking into account the institutional competencies of INCOPESCA, as well as the real human and financial capacities of INCOPESCA for its effective implementation.
On January 24 and 28, 2020, socialization sessions were held with the longline fishing sector by the official in charge of the Large Pelagics Program of INCOPESCA, receiving as a response from the longline sector a rejection of the document proposed by the Executive, indicating that the sector would only agree if the original proposal document is formalized. These aspects were communicated to the Office of the Ombudsperson through note PESJ-029-02-2020, aspects that the sector is aware of; the note and its sending are attached.
It is due to the foregoing and in order to advance on other issues of importance to the fishing sectors, since the longline sector proposed interrupting other processes in which it participates, that the institutional framework proposed drafting a "Decree Declaring Public Interest and Formalizing the Plan of Action for Sustainable Large Pelagics Fishing in Costa Rica".
The Decree's objective would be to declare the Plan of Action for Sustainable Large Pelagics Fishing in Costa Rica (2018-2030) to be of national public interest, which aims to institutionalize the sustainable performance of the pelagic fishing activity in the long term, creating multisectoral commitments, formulating and monitoring actions that address the root causes of the problems limiting fishing sustainability, establishing alliances and harmonized investments to coordinate and execute each improvement action, and informing the national and international public about the progress made during its implementation.
Likewise, to formalize the Plan of Action for Sustainable Large Pelagics Fishing in Costa Rica (2018-2030), which will be implemented in accordance with the recommendations issued by a Consultative Monitoring Committee for the short, medium, and long-term actions established in the aforementioned plan, whose recommendations will be addressed by state institutions and participating private organizations, taking into account their real capacities to the extent of their possibilities in terms of human, budgetary, and financial resources. The Decree proposal is attached, which is under analysis by the entities that would sign it.
For these purposes, it is important to mention that formalizing this Plan requires the endorsement of the Development Analysis Area of the Ministry of National Planning and Economic Policy (MIDEPLAN), a coordination process that was initiated by the Ministry of the Presidency; emails are attached for due verification.
The first observations have been received from MIDEPLAN, which must be worked on within the framework of the document and socialized with the longline sector.
As can be observed, the formalization of the action plan requires coordination from all actors. This is the stage we are currently in, since the lines of action can only be addressed according to the availability of human, financial, and economic resources of each of the involved institutions, aspects that must be duly analyzed, as well as MIDEPLAN's endorsement.
By reason of the foregoing, they request that the present amparo appeal be declared without merit, given that it has been duly demonstrated from all the evidence provided by the parties that the respondent institutions have made every possible effort to reach an agreement with the fishing sector for the signing of a consensual Action Plan; however, part of the sector opposes the latest version presented as a formalization decree proposal. That this formalization is currently being evaluated as appropriate by MIDEPLAN, all of which is demonstrated with the attached evidence and the evidence for better judgment provided by the appellants, which is requested to be assessed. In addition to the foregoing, as evidenced in the evidence provided, the Government has taken all necessary actions to protect the environment and production within the framework of Article 50 of the Constitution, reason for which there is no violation of any of the mandates of our Magna Carta, and therefore the appeal must be declared without merit in all its aspects.
6.- Silvia Niño Villamizar, in her capacity as General Director of the National Animal Health Service (Servicio Nacional de Salud Animal, SENASA), reports under oath that her represented entity is a deconcentrated body of the Ministry of Agriculture and Livestock, with instrumental legal personhood, according to Law No. 8495, and is responsible for ensuring the safety (inocuidad) and traceability (trazabilidad) of products and by-products of animal origin. She adds that in accordance with the objectives and competencies held by SENASA, the necessary actions were taken to participate in the construction process of the Action Plan, providing the technical criteria on safety and traceability that fell within its purview and that said Plan contemplates in some of its sections. She adds that regardless of the formalization or not of the Action Plan, this does not prevent SENASA from controlling and verifying, as it does, the provisions on safety and traceability that apply to fishery products, to guarantee their sanitary safety for the protection of human health; consequently, the constitutional right that SENASA was entrusted to safeguard is not violated. Such is the case that establishments that collect, import, release from customs, fractionate (fraccionen), store, transport, and sell these products are subject to the control and authorization of SENASA, through the respective granting of the Veterinary Operation Certificate (Certificado Veterinario de Operación, CVO). Law No. 8495, General Law of the National Animal Health Service, states in its Article 57 that the Veterinary Operation Certificate (CVO) is understood as the document issued by SENASA, through which authorization is attested, so that the requesting natural or legal person can engage in one or more of the activities mentioned in Article 56 of said Law. Likewise, said article also states that the CVO will be requested and granted only once and will not need to be renewed, as long as it constantly complies with the sanitary requirements demanded for carrying out the respective activity. Likewise, SENASA has the power to carry out inspections or visits, both on public and private property, as well as to execute the measures it deems necessary to fulfill its objectives, as well as to monitor the establishments subject to its control (Articles 37 and 38 of Law No. 8495). Similarly, it has the authority to dictate and carry out the sanitary measures it deems pertinent to fulfill the objectives of this Law (Article 89 of Law No. 8495). The work in this regard by this Sanitary Authority is even approved by other competent authorities, as our country is currently approved by trading partners such as the European Union, the United States of America, and Mexico to export fishery and aquaculture products, given that after complying with the approval procedures established by said trading partners, they have determined that our system is considered equivalent, as it meets the sanitary requirements (such as safety and traceability) established by the competent authorities of said countries and region for the sanitary security of the products consumed by their inhabitants. To conclude, SENASA reiterates its commitment to continue coordinating and carrying out those activities necessary so that the products consumed by people are safe and sanitarily secure.
6. - Dyalá Jiménez Figueres, in her capacity as Minister of Foreign Trade, reports under oath that officials from the Ministry of Foreign Trade (Ministerio de Comercio Exterior, COMEX) participated as guests in some of the meetings of the Steering Committee (Comité de Pilotaje), since the support required by said Committee is for advice on very specific issues related to the foreign trade sector. She adds that the objective of the PAN is the environmental sustainability of Costa Rican fisheries and, to that extent, the actions adopted for its execution will determine the fulfillment of that objective. This Ministry estimates that the formalization of the PAN is not required for the implementation of all the actions; at least COMEX has endeavored to comply with several of those that correspond to it, jointly with the Foreign Trade Promoter of Costa Rica (PROCOMER), all in accordance with the legal competence of each institution. In this regard, the formalization of the PAN might be required to institutionalize some concrete actions, but that will eventually depend on the specific case and the commitments that each institution must assume. While this Ministry does not object to the appellants having standing to appeal to the Constitutional Chamber in defense of the right to a healthy and ecologically balanced environment, contrary to what the appellants indicated, this Ministry does not believe that Articles 1, 9, and 50 of the Political Charter have been violated in the terms set forth in the amparo appeal before us. As previously noted, officials from the Ministry of Foreign Trade have participated in the Steering Committee to support, from the scope of this Ministry's competence, the development of a National Action Plan. As a product of said effort, the “National Action Plan for Sustainable Large Pelagics Fisheries 2019-2029” (hereinafter “Action Plan”) was finalized. Regarding the formalization of the cited Action Plan, which is the main grievance the appellants point out, this Ministry cannot specify the reasons for said situation, since the commitments assumed within the Committee and to which I can refer are those pertaining to COMEX and, as has been indicated, stem from the need to provide technical support and advice on foreign trade matters. It is pertinent to reiterate that for the start-up of actions agreed upon in the Action Plan, from this Office's perspective, said formalization is not necessarily required. With respect to COMEX, such commitments are included within the Ministry's competence and have therefore been developed, all in pursuit of supporting the fishing sector and in accordance with the aims pursued by said Plan, which highlights the respect for and protection of the environmental resource. It is important to clarify that some of the actions agreed upon in the Action Plan also involve PROCOMER, since said institution is a key ally in the actions of this Ministry, and its creation law grants it competencies that allow it leeway to participate in their execution and support. For proper articulation of the Plan and concerning the foreign trade sector, joint work by COMEX and PROCOMER is necessary. She adds that the actions deployed by COMEX and PROCOMER in compliance with the Action Plan have not required its formalization; it has been enough to comply with the legal framework and act in accordance with institutional competencies. On this last point, it is emphasized that public institutions can execute their actions as long as the assigned budget permits, under the constitutional premise that the budget is the limit of action for public powers. In the current context, many actions are materially limited by the economic situation the country is experiencing, heightened by the contraction of the global economy due to the COVID-19 pandemic and its inevitable consequences for Costa Rica. In the specific case of the foreign trade sector, progress has been made in the execution of some of these actions, based on the importance and need to support the fishing sector through the implementation of economic practices sustainable with the environment. The efforts of COMEX and PROCOMER seek to sensitize the productive sectors to the importance of the sustainability of their activities and respect for the environment, which facilitates the trade of goods and services in international markets that require the implementation of good environmental practices. In this sense, the incorporation of the principle of sustainable development into productive activity is sought. On the principle under discussion, the Constitutional Chamber, in ruling Voto 4654-2003 of fifteen hours and ten minutes of April twenty-sixth, two thousand six, has stated:
“Sustainable development is one of those general policies that the State dictates to expand the possibilities for everyone to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between it and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in resource utilization, direction of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting the human needs of the present and the future.” Consistent with the foregoing, the institutions that are part of the foreign trade sector are the most interested in ensuring that the country's productive sectors implement good environmental practices, allowing for economic development that respects natural resources, with which products and services that are consistent with this logic can be promoted and offered, and that can enter international markets that impose environmental requirements. In the same line of thought, it is considered that the matter elucidated in the amparo action before us is not, properly, a matter that should be aired in the constitutional venue; rather, we consider that it concerns aspects of mere legality, since, at its core, it is circumscribed to the capacity of the involved institutions and bodies, as well as the availability of resources on their part (budget) for the execution of the actions agreed upon in the Action Plan.
Regarding the principle of legality, which itself is a guiding principle of administrative action, it is worth noting that this High Constitutional Court, in its ruling Voto 962-2012 at nine hours five minutes on the twenty-seventh of January two thousand twelve, stated, very aptly, that:
“The principle of legality means that the acts and conduct of the Administration must be subject to the law, and in general to all norms of the legal system; this is what is known as the principle of juridicity of the Administration, meaning that public institutions may only act to the extent they are empowered to do so by that same legal system and normally by express text; consequently, only that which is constitutionally and legally authorized in an express manner is permitted, and everything not authorized to them is forbidden.” It is worth mentioning that Article 2, subsections a), g), and i) of the cited Ley 7638 empowers COMEX to establish the pertinent foreign trade policy in coordination with the other Ministries, in order to establish the best way to take advantage of the benefits that foreign trade brings to national productive sectors, among them, the fishing sector. Hence, the support and advice that COMEX provides to the Committee in matters of foreign trade is a consequence of the mandate given by the legislator. Moreover, regarding PROCOMER, the interpretation of Article 8, subsections a), b), and f) of Ley 7638 delineates the competence of said entity in the execution of the Action Plan actions agreed upon for the foreign trade sector and in the support it provides to this Ministry for those purposes. It is requested that the appeal filed be dismissed.
7. - In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,
Considering:
I. - Object of the appeal. The appellants, in their capacity as representatives of the Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas (CAPAP), and the Cámara de Pescadores de Quepos, state that Costa Rica is part of the project “Global Sustainable Supply Chains for Marine Commodities” of the United Nations Development Programme (UNDP). Based on this project, the country has created the National Platform for Sustainable Large Pelagic Fisheries (Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos). To implement the aims of this platform, a first objective was the creation of a National Action Plan (Plan de Acción Nacional, PAN) in which the strategies for the coming years for fisheries related to large pelagics (tuna, dolphinfish, swordfish, and others) are specified. Within the framework of said platform, a Steering Committee was created, for the purpose of creating the National Action Plan. They claim that the National Action Plan is ready, finished, was officially presented, and is ready for its officialization through an executive decree (as was agreed to proceed in 2018). They claim that, as of the date of filing this remedy of amparo, the government authorities have not officialized said Plan, which renders meaningless and purposeless not only the efforts to implement the measures pertaining to the National Platform for Sustainable Large Pelagic Fisheries and the democratic and citizen participation space within which work was done for two years. They accuse that the PAN addresses issues related to improving the sustainability of Costa Rican fisheries, and therefore arbitrarily and unjustifiably prolonging its officialization results in a deterioration of environmental conservation. They add that the implementation of a model ready to implement the principle of democratic sustainable development in national fisheries, in order to pursue a better and more just distribution of the wealth created through fishing, is being set aside. They consider that the foregoing violates the fundamental rights of those they represent. They request that the appeal be granted and that the respondent authorities be ordered to officialize the National Action Plan of the National Platform for Sustainable Large Pelagic Fisheries.
II. - Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:
III. - On the merits. From the report rendered under oath by the representatives of the respondent authorities, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided in numeral 44 of the Law governing this jurisdiction, and other evidentiary elements on record, it is deemed accredited that the National Platform for Sustainable Large Pelagic Fisheries was a dialogue space where public institutions and the fishing sector participated, with the objective of seeing and analyzing all activities at sea and the different sectors involved in the capture, processing, and marketing of large pelagic fishery products of the Costa Rican Pacific, based on Decreto Ejecutivo N° 38681-MAG-MINAE called “Ordenamiento para el aprovechamiento de atún y especies afines en la zona económica exclusiva del océano Pacífico costarricense” and as part of the project “Global Sustainable Supply Chains for Marine Commodities” (in English). This initiative focuses on four countries in the world, two in Asia (Vietnam and the Philippines) and two in Latin America (Ecuador and Costa Rica). Project implementation period: 2016-2019, Financing: GEF US$ 475,261.00. Government US$ 2,500,000.00, Responsible: Kifah Sasa, Coverage: Costa Rica, MDG: Environmental Protection. The platform was led by the Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) and the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), with the support of the Ministerio de Ambiente, Energía y Mares (MINAE), facilitated by the United Nations Development Programme (UNDP), and managed by its participants, among them SINAC. The National Longline Sector (Sector Nacional Palangrero) and the Cámara Nacional de Exportación de Productos Pesqueros (CANEPP) are the main partners committed to this initiative. Its purpose was to institutionalize the sustainable performance of pelagic fishing activity in the long term, creating multisectoral commitments, formulating and monitoring actions that address the root causes of problems limiting fishery sustainability, establishing alliances and harmonized investments allowing the coordination and execution of each improvement action, informing the national and international public about the advances produced during its implementation. Through this platform, Costa Rica designed an Action Plan to meet the requirements of the global and domestic market for responsibly fished marine products, which aims to benefit national fishers and the country. The Action Plan established from the dialogue facilitated by the Platform will guide the actions of the public sector, the private sector, and buyers to improve the environmental and social performance of the large pelagic value chain in Costa Rica over the next five years. The process as such began in 2017, for which a facilitating group was hired that led the process; together with the Steering Committee, work was carried out using a root cause analysis methodology, where several working groups were established, such as fishing and accuracy, effective management, market development, and another for fishery improvement projects. There was participation from the Government sector, private sector, civil society, partners, and academia in these workshops. In 2018, the National Action Plan (PAN) was ready and was presented at a national workshop. The request for officialization has been raised in a series of spaces and addressed at the Dialogue Tables established with the fishing sector since 2018 and 2019, with the participation of the Defensoría de los Habitantes and the United Nations Organization in Costa Rica; therefore, an exhaustive review of the original document was carried out and a counter-proposal was made to the fishing sector, which contains the actions that can be officialized, considering the institutional competences of INCOPESCA, as well as the real, human, and financial capacities of INCOPESCA for its effective implementation. Additionally, it is verified that the governing body of the national fishing sector, by public policy, corresponds to the Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) through the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), and, therefore, the competence for the construction of the legal instrument that will officialize the PAN. Having said that, the respondent officials indicate that, to officialize this Plan, the endorsement of the Development Analysis Area (Área de Análisis del Desarrollo) of the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) is required, a coordination initiated by the Ministerio de la Presidencia. The first observations have been received from MIDEPLAN, which must be worked on within the framework of the document and socialized with the longline sector. On January 24 and 28, 2020, socialization sessions were held with the longline fishing sector by the Large Pelagics Program of INCOPESCA, receiving as a response from the longline sector a rejection of the document proposed by the Executive Branch, indicating that the sector would only agree if the document of the original proposal is officialized. Part of the fishing sector opposes the latest version presented as a proposed officialization decree because it considers that the Plan should be officialized in its entirety. Currently, the officialization of the National Action Plan (PAN) is being evaluated by MIDEPLAN, and therefore it has not yet been officialized by Executive Decree, or through any other legal instrument.
IV. - Now then, in the case at hand, the appellants, in their capacity as representatives of the fishing sector, claim that the omission in issuing the Executive Decree to officialize the National Action Plan to implement the agreements and measures obtained in the National Platform for Sustainable Large Pelagic Fisheries affects the sustainability of Costa Rican fisheries, and therefore arbitrarily and unjustifiably prolonging its officialization results in a deterioration of environmental conservation. In this regard, it is worth noting that the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in its Articles 29, and 49, paragraph 2, is clear in allowing control through amparo of omissions by the Executive Branch which, in the exercise of its regulatory power, prevent the full enjoyment of a right recognized in the Political Constitution. However, this premise is not configured, because we are not in the presence of an omission of the regulatory power of the Executive Branch —with respect to a Law of the Republic—, but rather what is claimed is the officialization of the National Action Plan to implement the agreements and measures obtained in the National Platform for Sustainable Large Pelagic Fisheries, which would benefit the protected fishing associations. Additionally, it is not for this jurisdiction to determine whether the Executive Decree is the correct avenue to officialize said Action Plan, or whether it is possible to implement it through another legal instrument, since this raises a legality conflict, appropriate to be heard and resolved by the contentious-administrative jurisdiction, as it is a matter of mere legality in which the violation of a fundamental right is not alleged —at least not directly—.
Similarly, this Chamber appreciates that, regardless of the officialization or not of the repeatedly cited Action Plan, this does not prevent the Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), a decentralized body of the Ministerio de Agricultura y Ganadería, pursuant to Ley No. 8495 of April 6, 2006, responsible for ensuring the safety and traceability of products and by-products of animal origin, from continuing, as it has been doing, its function of control and verification of the provisions on safety and traceability regarding fishery products, for the purpose of guaranteeing their sanitary safety for the protection of human health. Thus, establishments that collect, import, remove from customs storage, fractionate, store, transport, and sell these products are subject to the control and authorization of SENASA, through the respective issuance of the Certificado Veterinario de Operación (CVO). The cited Ley N° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, states in its Article 57 that the Certificado Veterinario de Operación (CVO) is understood as the document issued by SENASA, by which the authorization is attested, so that the requesting natural or legal person may engage in one or several of the activities mentioned in Article 56 of said Law. Likewise, said article also states that the CVO shall be requested and issued once and it will not be necessary to renew it, as long as the establishment constantly complies with the sanitary requirements demanded for the performance of the respective activity. Furthermore, SENASA has the power to carry out inspections or visits, both on public or private property, as well as to execute the measures it deems necessary to fulfill its objectives, and to monitor establishments subject to its control (Articles 37 and 38 of Ley N°8495). Likewise, it has the authority to issue and carry out the sanitary measures it deems pertinent in order to fulfill the objectives of this Law (Article 89 of Ley N° 8495). Finally, in any case, from the evidentiary elements provided, the Chamber accredits that the Executive Branch, through the institutions sued in the matter at hand, has raised a proposal for officializing the Action Plan, in a series of spaces and has been addressed at the Dialogue Tables established with the fishing sector since 2018 and 2019, with the participation of the Defensoría de los Habitantes and the United Nations Organization in Costa Rica; therefore, an exhaustive review of the original document was carried out and a counter-proposal was made to the fishing sector, which contains the actions that can be officialized, considering the institutional competences of INCOPESCA, as well as the real, human, and financial capacities of INCOPESCA for its effective implementation. However, as a response from the longline fishing sector, a rejection of the document proposed by the Executive Branch was obtained, indicating that the sector would only agree if the document of the original proposal is officialized, because they consider that the Plan should be officialized in its entirety. Thus, the appellant’s claim that the omission to officialize said Action Plan is attributable to the respondent authorities is not acceptable, and therefore the discussion raised in this remedy of amparo actually concerns a disagreement with the proposed document, which does not constitute an infringement upon the fundamental rights of the appellants. Consequently, for the reasons stated, and given that no injury to the constitutional rights of the protected fishers’ chambers was accredited in the terms set forth in the brief filing this appeal, the appropriate course is to order its dismissal, as is hereby ordered.
V. - DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in Session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial N° 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The appeal is dismissed without merit.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ana María Picado B. Lucila Monge P.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:
AYUDA SOCIAL..
PODER EJECUTIVO. SE CUESTIONA LA FALTA DE OFICIALIZACIÓN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO, DEL PLAN NACIONAL DE PESQUERÍAS SOSTENIBLES DE GRANDES PELÁGICOS, QUE BENEFICIAN A LAS AGRUPACIONES PESQUERAS. AL TRATARSE EN EL FONDO DE UNA DISCONFORMIDAD CON LO PLANTEADO, QUE NO ACREDITA LA LESIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS CÁMARAS DE PESCADORES, SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO. VCG04/2020 Res. N° 2020007301 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de abril de dos mil veinte.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-004721-0007-CO, interpuesto por DENIS LARA ROJAS, JORGE BARRANTES GAMBOA y MARCO ANTONIO SEAS SOSA, cédula de identidad 0108430098, a favor de, respectivamente, la CÁMARA DE PESCADORES DE QUEPOS, cédula jurídica 3002624431, la CÁMARA DE PESCADORES ARTESANALES DE PUNTARENAS (CAPAP), cédula jurídica 3002061110 y la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA (CNIP), cédula jurídica 3002298061, contra la DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA).
Resultando:
1. - Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9:20 horas del 9 de marzo del 2020, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y OTROS, y manifiestan que Costa Rica (CR) forma parte del proyecto “Cadenas Mundiales Sostenibles de Suministro de Productos del Mar” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A partir de dicho proyecto, el país ha creado la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos. Para implementar los fines de dicha plataforma, se estableció como un primer objetivo la creación de un Plan de Acción Nacional (PAN) en el cual se concretan las estrategias por los próximos años de las pesquerías relacionadas con los grandes pelágicos (atún, dorado, pez espada y otros). En el marco de dicha plataforma, se creó un Comité de Pilotaje, con el fin de que este creara el Plan de Acción Nacional. Dicho comité estuvo integrado por funcionarios del MAG, en cuenta el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el MINAE, en cuenta el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Asimismo, fungieron como integrantes de tal comité, representantes del sector pesquero CANEPP (AVP-CANEPP), del sector palangrero (MG-SPN) y del sector palangrero (RN-SPN). Finalmente, también participaron en tal agrupación autoridades del PNUD, KS-PNUD y Facilitación (SAPNUD). El comité estuvo en operación durante el 2017 y el 2018 y funcionó como el espacio oficial de participación democrática, de las autoridades públicas, sociedad civil y organismos internacionales dentro del marco del proyecto. Indican que en la minuta de la reunión del Comité de Pilotaje celebrada el 21 de setiembre de 2018, se muestra que se le informó a dicho comité sobre la reunión celebrada el 19 de setiembre del mismo año, en donde el Comité Director tomó acuerdos en relación con el Plan de Acción. Señalan que el Comité de Pilotaje concretó el PAN y los integrantes de este Comité (autoridades de gobierno, sector pesquero y PNUD) acordaron su oficialización. El 28 de noviembre de 2018, el MAG, el MINAE, el INCOPESCA y el PNUD presentaron oficialmente el Plan Nacional de Acción para la Pesca de Grandes Pelágicos No. 2018-2030. De conformidad con lo indicado en la página oficial del PNUD en CR: “(...) el Plan Nacional de Acción para la pesca de Grandes Pelágicos es el resultado de un proceso de diálogo que se prolongó durante doce meses y en el que participaron activamente más de cien actores clave como funcionarios y funcionarios de gobierno, academia, sociedad civil, cooperación internacional, representantes de pesca, exportadores, restaurantes y supermercados, entre otros. (...)”. Agregan que según varias aseveraciones que también constan en la referida página, el Plan de Acción es importante puesto que ayudará significativamente a la sostenibilidad ambiental de las pesquerías costarricenses, y generará un modelo de pesca que propicie un mejor y más justo reparto de la riqueza creada mediante esta actividad productiva. Criterio que compartió la Defensoría de los Habitantes en el oficio No. 01541-2019-DHR de 13 de febrero de 2019, en el cual recomendó al MAG y al Comité Director de la Plataforma definir e informarle acerca de la figura jurídica o mecanismo escogido para la oficialización del Plan de Acción Nacional para la Pesca Sostenible de Grandes Pelágicos, y para la creación del mecanismo para dar seguimiento a su implementación, así como consultar su criterio de la Defensoría, sobre la mejor manera en que esta podría ejercer su función de garante dentro de tal mecanismo. Resaltan que dichas recomendaciones son de acatamiento obligatorio so pena de sanción. A través de los oficios de 9 de julio de 2019, No. DH-CV-533-2019 y No. DH-CV-0539- 2019, suscritos por la defensora de los Habitantes y dirigidos al ministro de Agricultura y Ganadería y al ministro de Ambiente y Energía, se aduce que para esa fecha no se había oficializado el Plan de Acción Nacional, lo cual solicitó con carácter de urgencia, así como remitirle un informe sobre las medidas tomadas con ese fin. Por oficio del MINAE No. DM-0730-2019 de 17 de julio de 2019, se contestó a la Defensoría que, pese a su participación en la implementación del plan de interés, el ente rector de las pesquerías por política pública le corresponde al MAG a través del INCOPESCA, encontrándose a la espera de la oficialización del PAN para proceder con las acciones posibles según su competencia institucional. Por su parte, por oficio del MINAE No. DH-CV-533- 2019, contenido en el oficio No. DM-MAG-646-2019 de 17 de julio de 2019, se obvió por completo la oficialización del PAN y, en su lugar, se enumeraron una serie de acciones que el MAG y el INCOPESCA han realizado y cuyos resultados coinciden con los fines de dicho plan, quedando claro que no hay ningún avance para la oficialización de dicho plan. Esto, pese a que el resto de las instituciones, lo requieren para proceder con su implementación. Lo anterior, aunque el Plan de Acción Nacional se encuentra listo, terminado, fue presentado oficialmente y se encuentra listo para su oficialización mediante un decreto ejecutivo (según se acordó proceder en el 2018). Reclaman que a la fecha de interposición del recurso las autoridades de gobierno no han oficializado dicho Plan, lo que deja sin contenido ni sentido, no solo los esfuerzos por implementar las medidas atinentes a la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos y el espacio de participación democrática y ciudadana desde donde se trabajó por dos años. Acusan que el PAN aborda temas relacionados con mejorar la sostenibilidad de las pesquerías costarricenses, por lo que prolongar arbitraria e injustificadamente su oficialización resulta en un desmejoramiento de la conservación al ambiente. Añaden que se deja de lado la implementación de un modelo listo para implementar el principio de desarrollo sostenible democrático en las pesquerías nacionales, a fin de procurar una mejor y más justa distribución de la riqueza creada mediante la pesca. Estiman que lo anterior es violatorio de los derechos fundamentales de sus representadas. Solicitan que se declare con lugar el recurso y se ordene a las autoridades recurridas, oficializar el Plan de Acción Nacional de la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos.
2. - Informa bajo juramento Grettel Vega Arce, en su condición de Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de grandes pelágicos fue un espacio de diálogo donde participan las instituciones públicas y el sector pesquero con el objetivo de ver y analizar todas las actividades en el mar y los diferentes sectores involucrados con la captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros de grandes pelágicos del Pacífico costarricense, esto partiendo del Decreto Ejecutivo N° 38681-MAG-MINAE “Ordenamiento para el aprovechamiento de atún y especies afines en la zona económica exclusiva del océano Pacífico costarricense” y como parte del proyecto “Cadenas Mundiales Sostenibles de Suministro de Productos del Mar” (Global Sustainable Supply Chains for Marine Commodities, en inglés). Esta iniciativa se enfoca en cuatro países del mundo, dos en Asia (Vietnam y Filipinas) y dos en Latinoamérica (Ecuador y Costa Rica). El Período de implementación del proyecto: 2016-2019, Financiamiento: GEF US$ 475,261,00. Gobierno US$ 2,500,000.00, Responsable: Kifah Sasa, Cobertura: Costa Rica, ODM: Protección del Ambiente. 3) La plataforma fue liderada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), con el apoyo Ministerio de Ambiente, Energía y Mares (MINAE), facilitado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y gestionada por sus participantes, entre ellos el SINAC. El Sector Nacional Palangrero y la Cámara Nacional de Exportación de Productos Pesqueros (CANEPP) son los principales socios y comprometidos con esta iniciativa. 4) Su propósito fue institucionalizar el desempeño sustentable de la actividad pesquera pelágica en el largo plazo, creando compromisos multisectoriales, formulando y monitoreando acciones que atiendan las causas raíz de los problemas que limitan la sostenibilidad pesquera, estableciendo alianzas e inversiones armonizadas que permitan coordinar y ejecutar cada acción de mejora, informando al público nacional e internacional sobre los avances que se produzcan durante su implementación. 5) A través de esta plataforma, Costa Rica se diseñó un Plan de Acción que permita cumplir con los requisitos del mercado global y doméstico de productos marinos de pesca responsable, lo cual sin duda pretende beneficiar a los pescadores nacionales y al país y dará una respuesta país armonizada. El Plan de Acción que se estableció a partir del diálogo facilitado por la Plataforma, orientará las acciones del sector público, el sector privado y los compradores para mejorar desempeño ambiental y social de la cadena de valor de grandes pelágicos en Costa Rica durante los próximos 5 años. 6) El proceso como tal inició en 2017, y se estableció con una visión de 20, para lo cual se contrató a un grupo facilitador que lideró el proceso, junto a Comité Director, se trabajó con una metodología análisis causa raíz, donde se establecieron varios grupos de trabajo, como el de pesca y precisión, gestión eficaz, desarrollo de mercados y otro de proyectos de mejoría de pesquerías. En estos talleres hubo participación del sector Gobierno, sector privado, sociedad civil, socios y academia. 7) En el caso de SINAC se participó como parte del sector gobierno, participamos en varias reuniones y talleres, pero quién participa en el Comité Director era el MINAE y en algunas ocasiones se solicitaba el apoyo técnico de un funcionario de SINAC para que acompañara al señor Viceministro o alguno de sus asesores. En el 2018 estuvo listo el Plan de Acción Nacional (PAN) y se presentó en un taller nacional donde finalizó la participó la participación del SINAC. 9) Como se indicó a la Defensoría de los Habitantes por oficio DM-0730-2019 de 17 de julio de 2019 suscrito por el señor Ministro Carlos Manuel Rodríguez Echandi, (...) el SINAC-MINAE participó entre el 2016 y 2018 en el proceso de la construcción de la PSGP y elaboración del PAN, fue parte de los grupos de trabajo, participó en la revisión de documentos en apego a la parte técnica y legal que nos compete. Sin embargo, el ente rector de las pesquerías por política pública le corresponde al MAG a través del INCOPESCA. Y la competencia de la construcción de la figura que oficializará el PAN está en proceso de elaboración en el MAG. Asimismo, el MINAE se encuentra a la espera de la oficialización del PAN para proceder con las acciones que sean posibles según nuestras competencias institucionales. Ahora bien, aunque el PAN no se ha oficializado mediante Decreto Ejecutivo y que para su ejecución es necesario contar con financiamiento, sería importante que el INCOPESCA y demás instituciones recurridas se refieran a las acciones que son de conocimiento que se han venido realizando y negociando con el Sector de Palangre en Mesas de Dialogo, implementando las acciones dispuestas en el PAN. Solicita que se desestime el recurso planteado.
3. - Informa bajo juramento CATALINA CRESPO SANCHO, en su condición de DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, que en el escrito de interposición planteado por los recurrentes, se alega que las autoridades del país no han implementado el Plan de Acción Nacional en materia de pesquerías sostenibles, mismo que busca mejorar la sostenibilidad de las pesquerías costarricenses. En tal virtud, consideran que prolongar arbitraria e injustificadamente su oficialización resulta en un desmejoramiento de la conservación del ambiente. Sobre el particular, es menester iniciar señalando que la Defensoría de los Habitantes tramitó el expediente número 221358-2016-SI, relacionado con una denuncia interpuesta por la señora Ana Isabel Carvajal Xatruch, en representación de la Asociación de Armadores y Pescadores de Atún del Pacífico Oriental y Afines, cédula jurídica número 3-002-680975, en relación con la implementación del Decreto Ejecutivo N° 38681-MAG-MINAE, sobre el ordenamiento para el aprovechamiento de atún y especies afines en la zona económica exclusiva del océano Pacífico costarricense. Dentro de la investigación realizada en dicho expediente se trató el tema de la Plataforma de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos y del Plan de Acción Nacional para la Pesca de Grandes Pelágicos 2018-2030. Al respecto, la Defensoría emitió un Informe Final con Recomendaciones, mediante oficio N° 01541-2019-DHR de fecha 13 de febrero de 2019, donde analizó lo referente a la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos, describiéndolo como:
“...un espacio de diálogo asertivo y concertación donde participan las instituciones públicas con mandato sobre las actividades en el mar y los diferentes sectores involucrados con la captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros de grandes pelágicos del Pacífico costarricense, con el propósito de institucionalizar el desempeño sustentable de la actividad pesquera pelágica en el largo plazo, creando compromisos multisectoriales, formulando y monitoreando acciones que atiendan las causas raíz de los problemas que limitan la sostenibilidadpesquera, estableciendo alianzas e inversiones armonizadas que permitan coordinar y ejecutar cada acción de mejora, informando al público nacional e internacional sobre los avances que se produzcan durante su implementación”.
Por otra parte, en dicho informe final la Defensoría se refirió también al Plan de Acción Nacional para la Pesca de Grandes Pelágicos 2018-2030, mismo que fue presentado oficialmente el día 28 de noviembre de 2018, y se describió como el resultado de un proceso de diálogo de doce meses en el que participaron más de cien actores clave, incluidas instituciones públicas, la sociedad civil, academia, cooperación internacional, representantes de pesca, exportadores y otros. Sumado a lo anterior, señaló la Defensoría lo siguiente:
“La implementación del Plan estaría liderada por un comité de seguimiento integrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como ente rector del sector pesquero junto con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Sector Palangrero Nacional, la Cámara Nacional de Exportadores de Productos pesqueros (CANEPP), entre otros.
De este modo, el Comité Director de la Plataforma, conformado por el Ministro de Agricultura y Ganadería, el Viceministro de Agricultura y Ganadería, la Viceministra de Aguas, Mares y Costas, el Presidente Ejecutivo de INCOPESCA, y la Coordinadora Residente de Naciones Unidas y Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, deberá definir la forma en que se oficializará el Plan de Acción, así como el mecanismo que se utilizará para dar seguimiento a su implementación (ya sea un Comité de Seguimiento u otra figura participativa) En suma a lo anterior, la Defensoría hizo referencia a la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos, indicando que este espacio de diálogo ha permitido la participación e interacción de un gran número de actores con la pesca del atún y otros grandes pelágicos, tales como instituciones públicas, la academia y organizaciones del sector privado y de la sociedad civil, entre otros, en la elaboración de un Plan de Acción para mejorar la pesquería de palangre del atún y otros grandes pelágicos en Costa Rica, aumentar la oferta de pescado de fuentes sostenibles y procurar el bienestar social de las personas vinculadas con la actividad pesquera. Al respecto la Defensoría señaló lo siguiente:
La Defensoría considera que el seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción Nacional para la Pesca Sostenible de Grandes Pelágicos resulta de vital importancia para poder alcanzar la sostenibilidad de estas pesquerías y todas las actividades relacionadas. Para ello, se considera indispensable establecer un mecanismo de seguimiento que promueva la participación, la transparencia, la apertura y la rendición de cuentas en relación con la implementación del Plan de Acción.
En virtud de lo anterior, la Defensoría determina que es necesario que el Plan de Acción sea oficializado mediante la figura jurídica o mecanismo que el Comité Director de la Plataforma considere más adecuado para lograr sus objetivos y, del mismo modo, que se establezca un comité de seguimiento u otro mecanismo que permita dar seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción y la participación del sector productivo, de la sociedad civil y demás actores involucrados en la Plataforma.
Asimismo, la Defensoría desea manifestar de forma expresa su interés en participar como observador y garante en el mecanismo de seguimiento que se llegue a establecer para la implementación del Plan de Acción Nacional para la Pesca Sostenible de Grandes Pelágicos, para lo cual solicita respetuosamente al Comité Director de la Plataforma Nacional de Pesquerías de Grandes Pelágicos consultar a la Defensoría sobre la mejor manera en que la Institución podría ejercer su función de garante dentro del mecanismo de seguimiento. (El resaltado no es del original).
Tomando en cuenta los argumentos previamente esbozados, en el citado oficio N° 01541-2019-DHR, la Defensoría giró recomendaciones a las autoridades del MAG y al Comité Director de Plataforma de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos, en los siguientes términos:
“PRIMERO. - Definir e informar a la Defensoría, acerca de la figura jurídica o mecanismo escogido para la oficialización del Plan de Acción Nacional para la Pesca Sostenible de Grandes Pelágicos, y para la creación del mecanismo para dar seguimiento a su implementación.
SEGUNDO. - Consultar el criterio de la Defensoría, reiterando el interés de la Institución en participar como observador y garante en el mecanismo de seguimiento que se llegue a establecer para la implementación del Plan de Acción Nacional para la Pesca Sostenible de Grandes Pelágicos, sobre la mejor manera en que la Institución podría ejercer su función de garante dentro del mecanismo que se establezca para dar seguimiento a la implementación del Plan.” A partir de lo anterior, se recibió en la Defensoría el oficio N° DM-MAG- 300-2019 de fecha 28 de marzo de 2019, suscrito por el Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Renato Alvarado Rivera, quien informó al efecto lo siguiente:
“Como se ha indicado, el Plan de Acción Nacional para la Pesca Sostenible de Grandes Pelágicos 2018-2030 es resultado de un proceso de diálogo en el que participaron más de cien actores clave, incluidas instituciones públicas, la sociedad civil, academia, cooperación internacional, representantes de pesca, exportadores y otros.
“(...) Desde este Ministerio reconocen la importancia del Plan y en conjunto con el INCOPESCA hemos acordado que sus acciones se incorporen como parte de las acciones que serían financiadas por el eventual proyecto de cooperación internacional denominado, “Desarrollo Sostenible de la Pesca en Costa Rica”, iniciativa que el gobierno (sic) de Costa Rica tiene en proceso de formulación y negociación con las Autoridades del Banco Mundial (...)”
Con respecto a si el proceso de implementación del Plan estará liderado por un comité de seguimiento integrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como ente rector del sector pesquero junto con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Sector Palangrero Nacional, la Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros (CANEPP), entre otros, es un tema que el Comité Director de la Plataforma aún debe definir.
Indica que en el momento que se oficialice la figura de seguimiento, la Defensoría será informada, asimismo, agradecemos a la Defensoría su interés de participar como observador y garante en el mecanismo de seguimiento que se llegue a establecer para la implementación del Plan de Acción, por lo que quedamos atentos (a) su participación activa en este proceso y que se nos indique sobre cuál será la mejor manera en que su Institución pueda ejercer su función de garante dentro del mecanismo que se establezca”.
Posteriormente, en atención al informe suscrito por el Presidente Ejecutivo de INCOPESCA, referido a las acciones de implementación del Decreto Ejecutivo 38681-MAG-MINAE (oficio PESJ-195-2019 del 14 de mayo de 2019) la Defensoría procedió al cierre del expediente 221358-2016-SI, mediante oficio N° 07376-2019-DHR del 10 de junio de 2019, donde se señaló al efecto lo siguiente: “De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura informan acerca de las acciones realizadas y programadas en atención a la implementación del decreto ejecutivo 38361-MAG-MINAE, sobre lo cual la Defensoría se mantendrá pendiente de su ejecución.
Asimismo, la Defensoría se encuentra participando como observador y garante en el proceso de diálogo entre el gobierno y el sector pesquero, dentro del cual se establecieron cinco mesas de trabajo sobre los siguientes temas: 1) Molusqueros, 2) Pequeña Escala (artesanal), 3) Deportiva y 7 Turística, 4) Palangre, y 5) Semiindustrial. En estas mesas de trabajo se desarrollarán y se velará por la ejecución de las acciones necesarias para la implementación de las medidas de ordenamiento contenidas en el decreto 38361-MAG-MINA, entre otros temas. Adicionalmente, la Defensoría continuará promoviendo y velando por la oficialización del Plan de Acción Nacional para la Pesca Sostenible de Grandes Pelágicos y por la creación del mecanismo para dar seguimiento a su implementación, dentro del cual se busca participar como observador y garante de la implementación de dicho Plan de Acción.
De este modo, la Defensoría continuará participando del proceso de diálogo entre el gobierno y el sector pesquero, así como velando por la oficialización del Plan de Acción Nacional para la Pesca Sostenible de Grandes Pelágicos y la creación del mecanismo de seguimiento al mismo, en calidad de observador y garante, a fin de que se implementen las medidas necesarias para la protección y explotación sostenible de los recursos pesqueros, en pro del desarrollo integral y sostenible de las comunidades costeras y de todas las personas que se dedican a las actividades pesqueras”.
Por otra parte, y respecto a las gestiones realizadas en torno a la oficialización del Plan de Acción, la Defensoría remitió el oficio DH-CV-533- 2019, de fecha 9 de julio de 2019, al Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Renato Alvarado Rivera, en respuesta al cual se recibió el oficio DM-MAG-646-2019 de fecha 17 de julio de 2019, en el que se detallan una serie de acciones ejecutadas o programadas para la implementación de las acciones contenidas en el Plan de Acción; no obstante, no se informa sobre la creación de la figura jurídica o mecanismo para la oficialización del Plan de Acción ni del mecanismo para el seguimiento de su implementación. Asimismo, la Defensoría remitió el oficio DH-CV-539-2019, de fecha 9 de julio de 2019, al Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en respuesta al cual se recibió el oficio DM-0730-2019 de fecha 17 de julio de 2019, en el que se informa que el MINAE se encuentra a la espera de la oficialización del Plan de Acción Nacional (PAN) para proceder con las acciones de su competencia, ya que “la competencia de la construcción de la figura que oficializará el PAN está en proceso de elaboración en el MAG”, por ser dicho Ministerio, a través del INCOPESCA, el ente rector de las pesquerías por política pública. Adicionalmente, la Defensoría venía participando como observador y garante en una mesa de diálogo entre representantes del sector pesquero y el Gobierno de la República, bajo la facilitación del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. No obstante, este proceso de diálogo finalizó de manera infructuosa debido a la imposibilidad del CAM de continuar con la labor de mediación que venía realizando. Ante la situación descrita, y conscientes de la importancia de que el sector pesquero y el Gobierno pudieran contar con un espacio de diálogo que permitiera a la institucionalidad atender las necesidades de esta población, la Defensoría de los Habitantes y el Sistema de las Naciones Unidas unieron esfuerzos para facilitar un proceso de intercambio, con el propósito de promover el diálogo social, proteger los derechos las poblaciones más vulnerables y contar con instituciones que respondan a las necesidades de la población mediante la toma de decisiones inclusivas, participativas y representativas. La Defensoría fungió como sede y participó como observadora y garante del proceso de diálogo entre el Gobierno y los representantes del sector pesquero de todo el país sobre la regulación de esta actividad y la atención de sus necesidades. La iniciativa conjunta de la Defensoría y el Sistema de las Naciones Unidas se inició con la pretensión de apoyar la generación de lineamientos para el desarrollo de un diálogo social con participación democrática, inclusivo y con enfoque de derechos humanos que lleve a un acercamiento entre las partes involucradas, con el fin de identificar y acordar soluciones concretas que promuevan el fortalecimiento del sistema democrático y el desarrollo sostenible del país y sus poblaciones afectadas, así como la generación de un clima de confianza que mejore la gobernabilidad. En el proceso se buscó que se atendieran temáticas relacionadas con la pesca artesanal, palangrera y turística, así como con la actividad molusquera, entre cuyos temas de agenda estaba incluida la oficialización del Plan de Acción Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos. La organización del proceso de diálogo inició a partir de una reunión celebrada el 22 de agosto de 2019, entre la Defensoría y el Sistema de las Naciones Unidas, como resultado de la cual se elaboró en forma conjunta una propuesta de diálogo democrático, la cual fue consultada con el sector pesquero el 23 de setiembre de 2019. Dicha propuesta, junto con un código de ética establecido para la Mesa de Diálogo, fueron presentados oficialmente a los representantes del sector pesquero el 22 de octubre, y a los representantes del Gobierno el día 29 de octubre de 2019. Habiéndose aceptado los mismos, se inició con la Mesa de Diálogo, llevándose a cabo cinco sesiones de diálogo, celebradas en la Sede Central de la Defensoría de los Habitantes en las siguientes fechas: 4, 11 y 25 de noviembre de 2019, 9 de diciembre de 2019 y 10 de febrero de 2020. En la sesión de la Mesa de diálogo celebrada el 10 de febrero de 2020, el Gobierno entregó una “Hoja de Ruta para atención de temas SECTOR PESQUERO 2020”, en el que en relación con el Plan de Acción Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos, se indica:
“Proceso realizado:
1. Revisión de las acciones planteadas en el Plan original.
2. Construcción de una propuesta desde el Poder Ejecutivo para revisión en conjunto con el sector pesquero y definición de las acciones a oficializar.
3. De conformidad a la última sesión del 2019 de la Mesa de Diálogo, el Gobierno se comprometió a socializar un documento con las acciones del Plan a oficializar, 77 acciones de 108, implicando un 71% oficializado del plan original.
4. Durante los días 24 y 28 de enero del presente año, se sostuvo una Mesa de Trabajo coordinada por el señor José Miguel Carvajal, de la Dirección General Técnica del INCOPESCA, en la cual no se logró un consenso con el Sector Pesquero con las líneas de acción definidas por el INCOPESCA, en vista de que manifiestan que el plan de acción debe oficializarse en su totalidad”.
No obstante, dicha Hoja de Ruta no fue expuesta en vista de que los representantes del sector pesquero nacional comunicaron la decisión de suspender por el momento -y de manera unilateral- su participación en la Mesa de Diálogo, señalando como una de las causas “la ausencia total de resultados efectivos por parte del Poder Ejecutivo”.
En busca de reactivar la Mesa de Diálogo, la Defensoría de los Habitantes y el Sistema de las Naciones Unidas se reunieron con el Gobierno y con representantes del sector pesquero, como resultado de lo cual se acordó facilitar una reunión, convocada para el 16 de marzo de 2020, con la finalidad de conocer la hoja de ruta presentada por el Gobierno sobre la atención de los temas prioritarios del sector, como una base para trabajar en la solución de los asuntos pendientes, dada la urgencia de los temas planteados y de previo a tomar decisiones sobre las condiciones mínimas para la mesa de diálogo.
Como parte de la preparación de cara a esta reunión, a petición del sector pesquero, se solicitó al Gobierno la hoja de Ruta o Agenda propuesta para socializarla de previo a la reunión del 16 de marzo del año en curso. En lo que respecta al Plan de Acción de Grandes Pelágicos, se contempló en dicha agenda lo siguiente:
“Solicitud: Oficialización del Plan de Grandes Pelágicos Acción: Socialización de Decreto de oficialización del Plan en su totalidad, dividido en 2 etapas. (Actualmente consultado en MIDEPLAN y demás entes involucrados) + Conformación de un Comité de Seguimiento”.
De este modo, el tema de la oficialización del Plan de Acción Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos venía siendo discutido dentro del proceso de diálogo social con participación democrática facilitado por el Sistema de las Naciones Unidas y la Defensoría, con el fin de que el Gobierno y el Sector pudieran identificar y acordar soluciones concretas, particularmente en este caso, en relación con la oficialización del Plan de Acción de Grandes Pelágicos.
No obstante, la reunión del 16 de marzo no se llevó a cabo, ante la decisión del sector pesquero de no participar en la misma hasta “no ver soluciones a los problemas concretos de parte del Ejecutivo”, ya que consideraron que dicha ruta “es más de lo mismo” y no viene a responder con soluciones concretas a lo expuesto al Gobierno en la mesa de diálogo. En virtud de lo anterior, el proceso de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y el Sector Pesquero se encuentra actualmente suspendido. Solicita que se desestime el recurso planteado.
4. - Informa bajo juramento Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, que el día 17 de julio del 2019, ese Despacho contestó, a la Defensoría de los Habitantes, mediante oficio DM-0730- 2019: “...EI proyecto Plataforma de Sostenibilidad de Pesquerías de Grandes Pelágicos (PSGP) se realizó entre el 2016 y 2018 con fondos del Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) que administró el PNUD, donde el punto focal de Costa Rica es el MINAE, pero el ente responsable por la competencia de las políticas públicas pesqueras es el INCOPESCA a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)...” “... Con respecto a las preguntas sobre la oficialización e implementación del plan de acción nacional para la pesca sostenible de grandes pelágicos, el SINA C-MINAE participó entre el 2016 y 2018 en el proceso de la construcción de la PSGP y elaboración del PAN, fue parte de los grupos de trabajo, participó en la revisión de documentos en apego a la parte técnica y legal que nos compete. Sin embargo, el ente rector de las pesquerías por política pública le corresponde al MAG a través del INCOPESCA. Y la competencia de la construcción de la figura que oficializará el PAN está en proceso de elaboración en el MAG. Asimismo, el MINAE se encuentra a la espera de la oficialización del PAN para proceder con las acciones que sean posibles según nuestras competencias institucionales...”.
Agrega que ese Despacho requirió el respectivo informe al Viceministerio de Aguas y Mares, para efectos de brindar la respuesta pertinente. Siendo así, mediante oficio VAM-087-2020, de fecha 25 de marzo de 2020, suscrito por la señora Haydée Rodríguez Romero, en su calidad de Viceministra de Aguas y Mares, indicó que:
“...Es importante aclarar que no llevan razón los recurrentes de que no se han hecho esfuerzos para implementar las medidas atinentes al PAN. Desde el INCOPESCA se han venido realizando algunas acciones en la implementación del PAN, mediante algunos acuerdos de Junta Directiva, asumidos desde lo que le ha alcanzado en el presupuesto institucional en su Plan Operativo Institucional por tener fondos propios al ser una institución descentralizada. Cabe recalcar que financieramente, el instituto desde su creación cuenta con un patrimonio generado por los bienes y servicios que brinda a los usuarios del sector pesquero y acuícola, así como por las transferencias corrientes realizadas por el Ministerio de Agricultura y ganadería. El INCOPESCA para la ejecución de los Planes Estratégicos y Operativos depende entonces de los ingresos propios y de las transferencias del Gobierno Central. En el caso de los ingresos propios, en algunos rubros, los ingresos son estacionales, lo que significa que no presentan un comportamiento constante todos los meses, y otros dependen de la afluencia de embarcaciones extranjeras afueras o del número de embarcaciones nacionales que continúen ejerciendo la actividad pesquera en el país, sin embargo, este dinero no alcanza para implementar todo el PAN. Es así como respetuosamente se aclara a los Señores Magistrados que, para la implementación de todo el PAN del 2018, se requiere desde el sector gobierno de previo de contar con contenido económico para dotar de financiamiento efectivo para desarrollar las acciones que desde la institucionalidad se deberían de gestionar. No se quiere crear nuevos mandatos para el Estado a través de nueva normativa (Decreto Ejecutivo) sin tener el financiamiento. Lo que se está valorando es que estas nuevas obligaciones asumidas a través de una oficialización tengan un verdadero financiamiento, y no una promesa de que el recurso estará, porque en la práctica en contextos fiscales adversos, esos recursos no están. Es por eso, que desde el Poder Ejecutivo nos encontramos en un proceso de negociación de un eventual proyecto de cooperación internacional con el Banco Mundial, para lo que se han incorporado acciones a financiar como parte del proyecto, las cuales ya han sido presentadas al sector palangrero. Algunas de ellas incluyen: Evaluación de stock de especies pelágicas prioritarias, capacitación para el registro electrónico de información biológico-pesquera por parte de los pescadores, adquisición de cámaras de observadores electrónicos y plataforma de seguimiento, Investigar la eficiencia y factibilidad de artes de pesca como palangre de profundidad, línea vertical y otras, desarrollo de planes de manejo para el aprovechamiento sostenible de especies prioritarias entre otras..." "...En vista de esa negativa del sector Palangre para avanzar y no retrasar otros procesos de los sectores pesqueros, se propuso un nuevo decreto cuyo objetivo sería declarar de interés público nacional el Plan de acción de pesca sostenible de grandes pelágicos en Costa Rica (2018-2030), y oficializar el Plan de acción de pesca sostenible de grandes pelágicos en Costa Rica (2018-2030), el cual será implementado de conformidad con las recomendaciones emitidas por un Comité Consultivo de Seguimiento para las acciones de corto, mediano y largo plazo, que están establecidas en el supra citado plan, cuyas recomendaciones serán atendidas por las instituciones del estado, organizaciones de carácter privado participantes, atendiendo a las capacidades reales en la medida de sus posibilidades en cuanto a recursos humanos, presupuestarios y financieros, el cual está en análisis por parte de los entes que lo suscribirían. Así mismo es necesario, para oficializar este Plan del aval del Área de Análisis del Desarrollo, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), revisión que se encuentra en proceso...".
Agrega que la naturaleza jurídica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), es la de un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental adscrito al MINAE, lo anterior de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N°7788, cuyo propósito fundamental es el de integrar las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el MINAE, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de nuestro país.
De conformidad con el considerando anterior, ese Despacho requirió el respectivo informe al SINAC, para efectos de brindar la respuesta pertinente. Siendo así, mediante oficio SINAC-DE-380 de fecha 23 de marzo de 2020, suscrito por la señora Grettel Vega Arce, en su calidad de Directora Ejecutiva del SINAC, indicó que: “...En el caso de SINAC se participó como parte del sector gobierno, participamos en varias reuniones y talleres pero quién participa en el Comité Director era el MINAE y en algunas ocasiones se solicitaba el apoyo técnico de un funcionario de SINAC para que acompañara al señor Viceministro o alguno de sus asesores. En el 2018 estuvo listo el Plan de Acción Nacional (PAN) y se presentó en un taller nacional donde finalizó la participación del SINAC...” De conformidad con lo anterior, se desprende que ese Ministerio por medio del Viceministerio de Aguas y Mares y la dependencia competente -entiéndase SINAC- ha dirigido su actuación conforme a Derecho, tal y como se aprecia de los informes y pruebas aportadas. Al tratarse de un tema que, relacionado directamente con nuestros recursos marítimos, y siendo un derecho fundamental que los habitantes de Costa Rica gocen de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se han realizado acciones puntuales para solventar dicha problemática, así como también que este Ministerio ha intervenido para buscar las soluciones requeridas a esta situación en particular.
5. - Informa bajo juramento Luis Renato Alvarado Rivera, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, Silvia Lara Povedano, en su condición de Ministra a.i. de la Presidencia, y Daniel Carrasco Sánchez, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, que sobre la Oficialización del Plan de Acción Nacional para la Pesca Sostenible de Grandes Pelágicos sobre este particular, desde el INCOPESCA durante el 2018 y 2019, se han tomado una serie de Acuerdos de Junta Directiva en aras de poner en marcha y operativizar las acciones establecidas en el Plan, entre ellos:
1- Acuerdo AJDIP/223-2018: Instruyó a la Dirección General Técnica y Dirección General de Organizaciones Pesqueras y Acuícolas del INCOPESCA, a incorporar sus acciones en los Planes Operativos de las Direcciones y Departamentos, a fin de poder desarrollar las acciones de forma articulada a partir de la disponibilidad de recursos con los que cuenta INCOPESCA, de acuerdo con su Plan Operativo Institucional para el año 2020 y años siguientes.
2- Acuerdo AJDIP/058-2019: Se presentó el Plan de trabajo Proyecto de Mejora para la pesquería de Atún aleta amarilla, dorado y pez espada capturados con palangre superficial y "Green Stick” por la flota costarricense comercial de mediana escala y avanzada. Adicionalmente, se han venido trabajando una serie de acciones desde el 2019 en el marco de los ejes estratégicos del Plan. Para mayor detalle en el anexo N°1 se especifican los ejes estratégicos y las actividades que se ejecutaron en este período. Desde el gobierno se encuentran en un proceso de negociación de un eventual proyecto de cooperación internacional con el Banco Mundial, para lo que se han incorporado acciones a financiar como parte del proyecto, las cuales fueron presentadas al sector palangre en sesiones realizadas durante el 2019. El proyecto ayudará a financiar la gestión sostenible del atún y otros sectores pesqueros domésticos de alto valor, a la vez que permitirá la recuperación de la pesca costera para mejorar las oportunidades de empleo de los residentes de esas regiones. También facilitará una coordinación más estrecha entre las autoridades centrales y locales, así como el desarrollo de la capacidad empresarial en las comunidades pesqueras, identificará y abordará las necesidades de infraestructura resiliente para la descarga y preservación de la calidad y el valor agregado de los productos de origen marino. El objetivo del proyecto es identificar y aprovechar los mercados de mayor valor para la exportación de productos pesqueros y de acuicultura, además de mejorar la calidad del producto para consumo interno. Algunas de las acciones específicas en el marco del Plan de Acción de Grandes Pelágicos que se incluyen en este proyecto son la evaluación de stock de especies pelágicas prioritarias, capacitación para el registro electrónico de información biológico-pesquera por parte de los pescadores, adquisición de cámaras de observadores electrónicos y plataforma de seguimiento, investigación de la eficiencia y factibilidad de artes de pesca como palangre de profundidad, línea vertical y otras, desarrollo de planes de manejo para el aprovechamiento sostenible de especies prioritarias entre otras que se detallan en el Anexo N°2.
La solicitud de oficialización se ha planteado en una serie de espacios y abordado en las Mesas de Diálogo establecidas con el sector pesquero desde el 2018 y 2019, contando con la participación de la Defensoría de los Habitantes y Naciones Unidas en Costa Rica, fue por ello que se realizó una revisión exhaustiva del documento original y se hizo una contrapropuesta al sector que contempla las acciones que se pueden oficializar, esto contemplando las competencias institucionales del INCOPESCA, así como las capacidades reales, humanas y financieras del INCOPESCA para su efectiva implementación.
Los días 24 y 28 de enero del 2020, se realizaron sesiones de socialización con el sector de pesca de palangre por parte del funcionario encargado del Programa de Grandes Pelágicos del INCOPESCA, obteniendo como respuesta por parte del sector de palangre una negativa al documento propuesto por el Ejecutivo, indicando que el sector solamente estaría de acuerdo si se oficializa el documento de la propuesta original, estos aspectos fueron comunicados a la Defensoría de los Habitantes mediante nota PESJ-029-02-2020, aspectos que el sector es conocedor, se adjunta nota y envío de la misma.
Es por lo anteriormente expuesto y en aras de avanzar en otros temas de importancia para los sectores pesqueros, puesto que de parte del sector palangre se propuso interrumpir otros procesos en los que se participa, desde la institucionalidad se propuso la elaboración de un "Decreto de Declaratoria de interés público y oficialización del Plan de Acción para la pesca sostenible de grande pelágicos en Costa Rica".
El Decreto tendría como objetivo declarar de interés público nacional el Plan de acción de pesca sostenible de grandes pelágicos en Costa Rica (2018-2030), el cual tiene como objeto institucionalizar el desempeño sustentable de la actividad pesquera pelágica en el largo plazo, creando compromisos multisectoriales, formulando y monitoreando acciones que atiendan las causas raíz de los problemas que limitan la sostenibilidad pesquera, estableciendo alianzas e inversiones armonizadas que permitan coordinar y ejecutar cada acción de mejora, informando al público nacional e internacional sobre los avances que se produzcan durante su implementación.
Asimismo, oficializar el Plan de acción de pesca sostenible de grandes pelágicos en Costa Rica (2018-2030), el cual será implementado de conformidad con las recomendaciones emitidas por un Comité Consultivo de Seguimiento para las acciones de corto, mediano y largo plazo, que están establecidas en el supra citado plan, cuyas recomendaciones serán atendidas por las instituciones del estado, organizaciones de carácter privado participantes, atendiendo a las capacidades reales en la medida de sus posibilidades en cuanto a recursos humanos, presupuestarios y financieros, se adjunta propuesta de Decreto, el cual está en análisis por parte de los entes que lo suscribirían.
Para tales efectos, es importante mencionar que para oficializar este Plan se requiere del aval del Área de Análisis del Desarrollo, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), coordinación que fue iniciada desde el Ministerio de la Presidencia, se adjunta correos para su debida comprobación.
Desde el MIDEPLAN se han hecho llegar las primeras observaciones las cuales deben ser trabajadas en el marco del documento y socializadas con el sector de palangre.
Como se puede observar la oficialización del plan de acción requiere de la coordinación de todos los actores, es en esta etapa en la cual nos encontramos, ya que las líneas de acción sólo solo podrían atenderse de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos, financieros y económicos de cada una de las instituciones involucradas, aspectos que deben estar debidamente analizadas, así como el aval del MIDEPLAN.
En razón de lo indicado, solicitan que declare sin lugar el presente recuro de amparo, toda vez que ha quedado debidamente demostrado de toda la prueba aportada por las partes que las instituciones recurridas han realizado todos los esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo con el sector pesquero para la firma de un Plan de Acción consensuado, no obstante, parte del sector se opone a la última versión presentada como propuesta de decreto de oficialización. Que esa oficialización en este momento está siendo evaluada como corresponde por MIDEPLAN, todo lo cual se demuestra con prueba adjunta y la prueba para mejor resolver aportada por los recurrentes la cual se solicita valorar. Aunado a lo anterior, conforme consta en la prueba aportada el Gobierno ha tomado todas las acciones necesarias para proteger el ambiente y la producción en el marco del artículo 50 Constitucional, motivo por el cual no hay violación a ninguno de los mandatos de nuestra Carta Magna, por lo que el recurso deberá declararse sin lugar en todos sus extremos.
6.- Informa bajo juramento Silvia Niño Villamizar, en su condición de Directora General del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), que su representada es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con personería jurídica instrumental, conforme a la Ley Na8495, es responsable de velar por la inocuidad y trazabilidad de los productos y subproductos de origen animal. Agrega que conforme a los objetivos y competencias que ostenta el SENASA, se realizaron las acciones necesarias para participar en el proceso de construcción del Plan de Acción aportando los criterios técnicos que sobre inocuidad y trazabilidad competía y que contempla dicho Plan en algunos de sus apartados. Agrega que independientemente de la oficialización o no del Plan de Acción, ello no impide que el SENASA controle y verifique, tal y como se hace, las disposiciones que, sobre inocuidad y trazabilidad, se tiene sobre los productos pesqueros, a efectos de garantizar la seguridad sanitaria de éstos para la protección de la salud humana, en consecuencia, no se violenta el derecho constitucional que le fuera encomendado al SENASA tutelar. Tal es así, que los establecimientos que acopien importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan estos productos se encuentran sometidos al control y la autorización el SENASA, mediante el respectivo otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación (CVO). La Ley N° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal señala en su artículo 57 que el Certificado Veterinario de Operación (CVO) se entiende como el documento otorgado por el SENASA, mediante el cual se hace constar la autorización, a fin de que la persona física o jurídica solicitante, se dedique a una o varias actividades de las mencionadas en el artículo 56 de dicha Ley. Asimismo, señala igualmente dicho artículo, que el CVO será solicitado y otorgado por una única vez y no será necesario renovarlos, mientras cumpla, constantemente, con los requisitos sanitarios que se exige para la realización de la actividad respectiva. Asimismo. el SENASA tiene la potestad de realizar las inspecciones u visitas, tanto en propiedad pública o privada, así como, ejecutar las medidas que considere necesarias para cumplir sus objetivos, así como para vigilar los establecimientos sujetos a su control [artículos 37 y 38 de la Ley N°8495). Igualmente, tiene la facultad de dictar y llevar a cabo las medidas sanitarias que considere pertinentes, a fin de cumplir los objetivos de la presente Ley (artículos 89 de la Ley N°8495). Las labores en ese sentido por parte de esta Autoridad Sanitaria incluso son aprobadas por otras autoridades competentes, ya que actualmente nuestro país se encuentra aprobado por socios comerciales como la Unión Europea, Estado Unidos de Norteamérica y México, para exportar productos pesqueros y acuícolas, dado que después de cumplir con los procedimientos de aprobación establecidos por dichos socios comerciales, han determinado que nuestro sistema es considerado equivalente ya que cumple con los requisitos sanitarios (como inocuidad y trazabilidad) establecidos por las autoridades competentes de dichos países y región para la seguridad sanitaria de los productos que consumen sus habitantes. Para finalizar, se reitera el compromiso del SENASA de seguir coordinado y llevando a cabo aquellas actividades necesarias para que los productos que sean consumidos por las personas sean inocuos y seguros sanitariamente.
6. - Informa bajo juramento Dyalá Jiménez Figueres, en su condición de Ministra de Comercio Exterior, que los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) participaron como invitados en algunas de las reuniones del Comité de Pilotaje, ya que el apoyo requerido por dicho Comité es para el asesoramiento en temas muy puntuales relacionados al sector comercio exterior. Agrega que el objetivo del PAN es la sostenibilidad ambiental de las pesquerías costarricenses y, en esa medida, las acciones que se adopten para su ejecución son las que determinarán el cumplimiento de tal objetivo. Estima ese Ministerio, que no se requiere la oficialización del PAN para la implementación de todas las acciones; al menos COMEX ha procurado cumplir con varias de las que le corresponden, en conjunto con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), todo de conformidad con la competencia legal de cada institución. En este sentido, la oficialización del PAN podría requerirse para institucionalizar algunas acciones concretas, pero eso dependerá, eventualmente, del caso concreto y de los compromisos que le corresponde asumir a cada institución. Si bien ese Ministerio no objeta que los recurrentes cuenten con legitimación para acudir a la Sala Constitucional en defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, contrario a lo indicado por los recurrentes, ese Ministerio no estima que se hayan vulnerado los artículos 1, 9 y 50 de la Carta Política en los términos expuestos en el recurso de amparo que nos ocupa. Como se señaló anteriormente, los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior han participado en el Comité de Pilotaje con el fin de apoyar, desde el ámbito de competencia de ese Ministerio, el desarrollo de un Plan de Acción Nacional. Producto de dicho esfuerzo, se concretó el “Plan de acción nacional de pesquerías sostenibles de grandes pelágicos 2019-2029” (en adelante “Plan de Acción”). Sobre la oficialización del citado Plan de Acción, que es el principal agravio que señalan los recurrentes, este Ministerio no puede precisar las razones de dicha situación, ya que los compromisos asumidos dentro del Comité y sobre los cuales puedo hacer referencia, son los atinentes a COMEX y, como se ha indicado, obedecen a la necesidad de brindar el apoyo técnico y asesoramiento en temas de comercio exterior. Es del caso reiterar que para la puesta en marcha de acciones que se acordaron en el Plan de Acción, desde la perspectiva de este Despacho, no se requiere necesariamente de dicha oficialización. En lo que respecta a COMEX, tales compromisos están comprendidos dentro de la competencia del Ministerio por lo que se han venido desarrollando, todo en procura de apoyar al sector pesquero y en concordancia con los fines que persigue dicho Plan, en el que resalta el respeto y protección del recurso ambiental. Es importante aclarar que, algunas de las acciones acordadas en el Plan de Acción involucran también a PROCOMER, ya que dicha institución es un aliado clave en el accionar de este Ministerio y su ley de creación le otorga competencias que le dan margen para participar en la ejecución y apoyo de las mismas. Para una adecuada articulación del Plan y en lo que al sector comercio exterior respecta, es necesaria una labor conjunta de COMEX y PROCOMER. Agrega que las acciones desplegadas por COMEX y PROCOMER en cumplimiento del Plan de Acción no han requerido de la oficialización de éste, ha bastado con cumplir con el bloque de legalidad y actuar acorde con las competencias institucionales. Sobre este último punto, se enfatiza que las instituciones públicas pueden ejecutar sus acciones en el tanto el presupuesto asignado lo permita; ello bajo la premisa constitucional según la cual el presupuesto es el límite de acción de los poderes públicos. En el contexto actual, muchas acciones se ven limitadas materialmente por la situación económica que vive el país, acrecentada por la contracción de la economía mundial dada la pandemia por COVID-19 y sus inevitables secuelas para Costa Rica. En el caso concreto del sector comercio exterior, se ha podido avanzar en la ejecución de algunas de tales acciones, partiendo de la importancia y necesidad de apoyar el sector pesquero, mediante la implementación de prácticas económicas sostenibles con el medio ambiente. Los esfuerzos de COMEX y PROCOMER procuran sensibilizar a los sectores productivos sobre la importancia de la sostenibilidad de sus actividades y el respeto por el medio ambiente, lo que facilita el comercio de bienes y servicios en mercados internacionales que requieren de la implementación de buenas prácticas ambientales. En este sentido, se procura la incorporación del instituto de desarrollo sostenible en la actividad productiva. Sobre el instituto en comentario, la Sala Constitucional en el voto N° 5595-2006 de las quince horas y diez minutos del veintiséis de abril del dos mil seis, ha manifestado:
“El desarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las posibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la capacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre un crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el proceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones, canalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para atender las necesidades humanas del presente y del futuro”.
Congruente con lo anterior, las instituciones que forman parte del sector comercio exterior son las más interesadas en que los sectores productivos del país implementen buenas prácticas ambientales, que permitan un desarrollo económico respetuoso de los recursos naturales, con lo cual, se pueda promocionar y ofertar los productos y servicios que sean consecuentes con esta lógica y que puedan ingresar en mercados internacionales que ponen requisitos en materia ambiental. En el mismo orden de ideas, se estima que el asunto dilucidado en la acción de amparo que nos ocupa no obedece, propiamente, a materia que deba ventilarse en sede constitucional, antes bien consideramos que se trata de aspectos de mera legalidad, ya que, en el fondo se circunscribe a la capacidad con que cuentan las instituciones y órganos involucrados, así como la disponibilidad de recursos por parte de las mismas (presupuesto) para la ejecución de las acciones acordadas en el Plan de Acción. Sobre el principio de legalidad, mismo que es un principio rector de la actuación administrativa, vale señalar que ese Alto Tribunal constitucional en su voto N° 962-2012 las nueve horas cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil doce, señaló, muy atinadamente, que:
“El principio de legalidad significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar sometidos a la ley, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico, es lo que se conoce como el principio de juridicidad de la Administración, sea que las instituciones públicas solo pueden actuar en la medida en la que se encuentre apoderadas para hacerlo por el mismo ordenamiento y normalmente a texto expreso, en consecuencia solo le es permitido lo que esté constitucionalmente y legalmente autorizado en forma expresa y todo lo que no les esté autorizado, les está vedado”.
No está demás señalar que el artículo 2 incisos a), g), e i) de la citada Ley N° 7638 faculta a COMEX para establecer la política en materia de comercio exterior que corresponda en coordinación con los demás Ministerios, para establecer la mejor forma de aprovechar los beneficios que el comercio exterior apareja para los sectores productivos nacionales, entre ellos, el sector pesquero. De ahí que el apoyo y asesoramiento que COMEX brinda al Comité en materia de comercio exterior es consecuencia del mandato dado por el legislador. Por otra parte, en lo que corresponde a PROCOMER, de la interpretación del artículo 8 incisos a), b) y f) de la Ley N° 7638, se deslinda la competencia de dicho ente en la ejecución de las acciones del Plan de Acción acordadas para el sector comercio exterior y en el apoyo que brinda a esta cartera para esos efectos. Solicita que se desestime el recurso planteado.
7. - En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I. - Objeto del recurso. Los recurrentes, en su condición de representantes de la Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas (CAPAP), y de la Cámara de Pescadores de Quepos, manifiestan que Costa Rica forma parte del proyecto “Cadenas Mundiales Sostenibles de Suministro de Productos del Mar” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). A partir de dicho proyecto, el país ha creado la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos. Para implementar los fines de dicha plataforma, se estableció como un primer objetivo la creación de un Plan de Acción Nacional (PAN) en el cual se concretan las estrategias por los próximos años de las pesquerías relacionadas con los grandes pelágicos (atún, dorado, pez espada y otros). En el marco de dicha plataforma, se creó un Comité de Pilotaje, con el fin de que este creara el Plan de Acción Nacional. Aseguran que el Plan de Acción Nacional se encuentra listo, terminado, fue presentado oficialmente y se encuentra listo para su oficialización mediante un decreto ejecutivo (según se acordó proceder en el 2018). Reclaman que, a la fecha de interposición del presente recurso de amparo, las autoridades de gobierno no han oficializado dicho Plan, lo que deja sin contenido ni sentido, no solo los esfuerzos por implementar las medidas atinentes a la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos y el espacio de participación democrática y ciudadana desde donde se trabajó por dos años. Acusan que el PAN aborda temas relacionados con mejorar la sostenibilidad de las pesquerías costarricenses, por lo que prolongar arbitraria e injustificadamente su oficialización resulta en un desmejoramiento de la conservación al ambiente. Añaden que se deja de lado la implementación de un modelo listo para implementar el principio de desarrollo sostenible democrático en las pesquerías nacionales, a fin de procurar una mejor y más justa distribución de la riqueza creada mediante la pesca. Estiman que lo anterior es violatorio de los derechos fundamentales de sus representadas. Solicitan que se declare con lugar el recurso y se ordene a las autoridades recurridas, oficializar el Plan de Acción Nacional de la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes Pelágicos.
II. - Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
III. - Sobre el fondo. Del informe rendido por los representantes de las autoridades recurridas que se tiene dado bajo fe de juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el numeral 44, de la Ley que rige esta jurisdicción, y demás elementos probatorios que obran en autos, se tiene por acreditado que la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de grandes pelágicos, fue un espacio de diálogo donde participaron las instituciones públicas y el sector pesquero, con el objetivo de ver y analizar todas las actividades en el mar y los diferentes sectores involucrados con la captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros de grandes pelágicos del Pacífico costarricense, esto partiendo del Decreto Ejecutivo N° 38681-MAG- MINAE denominado “Ordenamiento para el aprovechamiento de atún y especies afines en la zona económica exclusiva del océano Pacífico costarricense” y como parte del proyecto “Cadenas Mundiales Sostenibles de Suministro de Productos del Mar” (Global Sustainable Supply Chains for Marine Commodities, en inglés). Esta iniciativa se enfoca en cuatro países del mundo, dos en Asia (Vietnam y Filipinas) y dos en Latinoamérica (Ecuador y Costa Rica). El Período de implementación del proyecto: 2016-2019, Financiamiento: GEF US$ 475,261.00. Gobierno US$ 2,500,000.00, Responsable: Kifah Sasa, Cobertura: Costa Rica, ODM: Protección del Ambiente. La plataforma fue liderada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), con el apoyo Ministerio de Ambiente, Energía y Mares (MINAE), facilitado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y gestionada por sus participantes, entre ellos el SINAC. El Sector Nacional Palangrero y la Cámara Nacional de Exportación de Productos Pesqueros (CANEPP) son los principales socios y comprometidos con esta iniciativa. Su propósito fue institucionalizar el desempeño sustentable de la actividad pesquera pelágica en el largo plazo, creando compromisos multisectoriales, formulando y monitoreando acciones que atiendan las causas raíz de los problemas que limitan la sostenibilidad pesquera, estableciendo alianzas e inversiones armonizadas que permitan coordinar y ejecutar cada acción de mejora, informando al público nacional e internacional sobre los avances que se produzcan durante su implementación. A través de esta plataforma, Costa Rica diseñó un Plan de Acción que permita cumplir los requisitos del mercado global y doméstico de productos marinos de pesca responsable, lo cual pretende beneficiar a los pescadores nacionales y al país. El Plan de Acción que se estableció a partir del diálogo facilitado por la Plataforma, orientará las acciones del sector público, el sector privado y los compradores para mejorar desempeño ambiental y social de la cadena de valor de grandes pelágicos en Costa Rica durante los próximos cinco años. El proceso como tal inició en 2017, para lo cual se contrató a un grupo facilitador que lideró el proceso, junto a Comité Director, se trabajó con una metodología análisis causa raíz, donde se establecieron varios grupos de trabajo, como el de pesca y precisión, gestión eficaz, desarrollo de mercados y otro de proyectos de mejoría de pesquerías. En estos talleres hubo participación del sector Gobierno, sector privado, sociedad civil, socios y academia. En el año 2018, estuvo listo el Plan de Acción Nacional (PAN) y se presentó en un taller nacional. La solicitud de oficialización se ha planteado en una serie de espacios y abordado en las Mesas de Diálogo establecidas con el sector pesquero desde el 2018 y 2019, contando con la participación de la Defensoría de los Habitantes y la Organización de Las Naciones Unidas en Costa Rica, por ello se realizó una revisión exhaustiva del documento original y se hizo una contrapropuesta al sector pesquero, que contempla las acciones que se pueden oficializar, esto contemplando las competencias institucionales del INCOPESCA, así como las capacidades reales, humanas y financieras del INCOPESCA para su efectiva implementación. Adicionalmente, se constata que el ente rector del sector pesquero nacional, por política pública, le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), y por ende, la competencia de la construcción de la figura que oficializará el PAN. Ahora bien, los funcionarios recurridos indican que, para oficializar este Plan, se requiere del aval del Área de Análisis del Desarrollo, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), coordinación que fue iniciada desde el Ministerio de la Presidencia. Desde el MIDEPLAN se han hecho llegar las primeras observaciones las cuales deben ser trabajadas en el marco del documento y socializadas con el sector de palangre. Los días 24 y 28 de enero del 2020, se realizaron sesiones de socialización con el sector de pesca de palangre, por parte del Programa de Grandes Pelágicos del INCOPESCA, obteniendo como respuesta por parte del sector de palangre una negativa al documento propuesto por el Poder Ejecutivo, indicando que el sector solamente estaría de acuerdo si se oficializa el documento de la propuesta original. Parte del sector pesquero se opone a la última versión presentada como propuesta de decreto de oficialización. porque considera que el Plan debe oficializarse en su totalidad. Actualmente, la oficialización de El Plan de Acción Nacional (PAN), está siendo evaluada por MIDEPLAN, por lo que aún no se ha oficializado mediante Decreto Ejecutivo, o mediante alguna otra figura jurídica.
IV. - Ahora bien, en el caso que nos ocupa, los recurrentes, en su condición de representantes del sector pesquero, reclaman que la omisión en emitir el Decreto Ejecutivo que oficialice el Plan de Acción Nacional para implementar los acuerdos y medidas obtenidos en la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de grandes pelágicos, afecta la sostenibilidad de las pesquerías costarricenses, por lo que prolongar arbitraria e injustificadamente su oficialización resulta en un desmejoramiento de la conservación al ambiente. Al respecto, cabe señalar que la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en sus artículos 29, y 49, párrafo 2°, es clara en permitir el control en la vía del amparo de las omisiones del Poder Ejecutivo que, en ejercicio de su potestad reglamentaria, vedan el disfrute pleno de un derecho reconocido en la Constitución Política. Sin embargo, no se configura ese supuesto, porque no estamos en presencia de una omisión de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo -respecto de una Ley de la República-, sino que lo que se reclama es la oficialización del Plan de Acción Nacional para implementar los acuerdos y medidas obtenidos en la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de grandes pelágicos, que beneficiaría a las agrupaciones pesqueras amparadas. Adicionalmente, no corresponde esta jurisdicción determinar si el Decreto Ejecutivo, es la vía correcta para oficializar dicho Plan de Acción, o si es posible implementarlo a través de otra figura jurídica, por cuanto ello plantea un conflicto de legalidad, propio de ser conocido y resuelto por la jurisdicción contenciosa administrativa, por tratarse de un asunto de mera legalidad en el que no se alega -al menos en forma directa-, la vulneración de algún derecho fundamental.
De igual manera, la Sala aprecia que, independientemente de la oficialización o no del Plan de Acción de reiterada cita, ello no impide que el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, conforme a la Ley No. 8495 del 6 de abril del 2006, responsable de velar por la inocuidad y trazabilidad de los productos y subproductos de origen animal, continúe como lo ha venido haciendo, su función de control y verificación, de las disposiciones que sobre inocuidad y trazabilidad, sobre los productos pesqueros, a efectos de garantizar la seguridad sanitaria de éstos para la protección de la salud humana. De manera que los establecimientos que acopien, importen, desalmacenen, fraccionen, almacenen, transporten y vendan estos productos se encuentran sometidos al control y la autorización del SENASA, mediante el respectivo otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación (CVO). La citada Ley N° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, señala en su artículo 57, que el Certificado Veterinario de Operación (CVO) se entiende como el documento otorgado por el SENASA, mediante el cual se hace constar la autorización, a fin de que la persona física o jurídica solicitante, se dedique a una o varias actividades de las mencionadas en el artículo 56, de dicha Ley. Asimismo, señala igualmente dicho artículo, que el CVO será solicitado y otorgado por una única vez y no será necesario renovarlos, mientras cumpla, constantemente, con los requisitos sanitarios que se exige para la realización de la actividad respectiva. Asimismo, el SENASA tiene la potestad de realizar las inspecciones o visitas, tanto en propiedad pública o privada, así como, ejecutar las medidas que considere necesarias para cumplir sus objetivos, así como para vigilar los establecimientos sujetos a su control (artículos 37 y 38 de la Ley N°8495). Igualmente, tiene la facultad de dictar y llevar a cabo las medidas sanitarias que considere pertinentes, a fin de cumplir los objetivos de la presente Ley (artículos 89 de la Ley N° 8495). Por último, en todo caso, de los elementos probatorios aportados, la Sala acredita que el Poder Ejecutivo, a través de las instituciones recurridas en el asunto que nos ocupa, ha planteado una propuesta de oficialización del Plan de Acción, en una serie de espacios y ha sido abordado en las Mesas de Diálogo establecidas con el sector pesquero desde el año 2018 y el año 2019, contando con la participación de la Defensoría de los Habitantes y la Organización de Las Naciones Unidas en Costa Rica, por ello se realizó una revisión exhaustiva del documento original y se hizo una contrapropuesta al sector pesquero, que contiene las acciones que se pueden oficializar, contemplando las competencias institucionales del INCOPESCA, así como las capacidades reales, humanas y financieras del INCOPESCA para su efectiva implementación. Sin embargo, como respuesta por parte del sector pesquero de palangre, se obtuvo una negativa al documento propuesto por el Poder Ejecutivo, indicando que el sector solamente estaría de acuerdo si se oficializa el documento de la propuesta original, porque consideran que el Plan debe oficializarse en su totalidad. De este modo, no es de recibo el alegato de la parte recurrente, en el sentido de que la omisión de oficializar dicho Plan de Acción sea atribuible a las autoridades recurridas, por lo que la discusión planteada en el presente recurso de amparo, en realidad trata sobre una disconformidad con el documento planteado, lo que no constituye afectación a los derechos fundamentales de la parte recurrente. En consecuencia, por las razones expuestas, y dado que no se tuvo por acreditada lesión alguna a los derechos constitucionales de las cámaras de pescadores amparadas, en los términos planteados en el escrito de interposición de este recurso, lo procedente es ordenar su desestimación, como en efecto se dispone.
V. - DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ana María Picado B. Lucila Monge P.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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