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Res. 05562-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 20/03/2020
OutcomeResultado
The amparo is denied because the petitioner did not prove that her environmental complaints were neglected; on the contrary, the authorities took appropriate actions, including a MINAE inspection that ruled out damage to the spring.Se declara sin lugar el amparo porque la recurrente no demostró la desatención de sus denuncias ambientales; por el contrario, las autoridades realizaron las actuaciones pertinentes, incluida la inspección del MINAE que descartó daño a la naciente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo filed by Ufemia Manga Pichardo against the Municipality of Alajuela, MINAE, and the Ministry of Health for allegedly failing to process a complaint regarding the obstruction of a water spring with cement. The complainant argued a violation of the right to prompt and complete justice. The Court found that the Municipality of Alajuela had indeed carried out multiple follow-up actions, including the issuance of notices for unlicensed construction and verifying the breaking of seals, thereby demonstrating diligence in addressing the complaint. As for MINAE, it was not proven that the complainant had filed a complaint in June 2019, and an inspection prompted by an anonymous tip ruled out any impact on water bodies or protected areas. With respect to the Ministry of Health, no evidence was presented that the complainant had submitted any petition. Consequently, the amparo was dismissed, as no violation of fundamental rights was established.La Sala Constitucional analiza un recurso de amparo interpuesto por Ufemia Manga Pichardo contra la Municipalidad de Alajuela, el MINAE y el Ministerio de Salud, por la supuesta falta de atención a una denuncia sobre daño ambiental consistente en la obstrucción de una naciente con cemento. La recurrente alegó violación al derecho de justicia pronta y cumplida. Sin embargo, la Sala determinó que la Municipalidad de Alajuela sí realizó múltiples actuaciones de seguimiento, incluyendo notificaciones de actas de construcción sin licencia y verificación de violación de sellos, demostrando diligencia en la atención de la denuncia. Respecto al MINAE, no se probó que la recurrente hubiera presentado denuncia en junio de 2019, y la inspección realizada tras una denuncia anónima descartó la afectación de cuerpos de agua o áreas de protección. En cuanto al Ministerio de Salud, no se acreditó que la recurrente hubiera planteado gestión alguna. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso, al no evidenciarse lesión a los derechos fundamentales invocados.
Key excerptExtracto clave
V.- On the merits.- The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee individuals the fulfillment of prompt and complete justice, without denial, which implies, in the sphere of administrative justice, its duty to decide with diligence and celerity the claims raised by individuals, so that its decision is consistent with the issues alleged, as well as to notify the interested parties of what has been ordered, all within a reasonable time. In this regard, the "reasonable" nature of the duration of administrative action is determined on a case-by-case basis based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the extent of the evidence to be gathered, or the degree of impact on the person or the environment from the challenged act, from which it follows that there is no strict right to the constitutionalization of deadlines, but rather a right to have constitutional review applied to those actions of the Administration in which there are insufficient reasons to justify the time taken to resolve some type of administrative proceeding. VI. On the actions of the Municipality of Alajuela. [...] this Chamber considers that the petitioner is not correct, since the Municipality of Alajuela has indeed carried out actions to address the complaint filed by the petitioner. [...] Thus, this Chamber finds that there has been no violation of the right to obtain prompt and complete justice at the administrative level, and consequently, the amparo must be dismissed with respect to the Municipality of Alajuela. VII.- On the actions of MINAE. [...] the inspection determined that "water sources were not observed (...) nor are there characteristic traces that something similar to a water upwelling existed in that area. 6. It was not possible to observe underground bodies of water (sewers), therefore the inspection concludes without observing any impact on water bodies or protected areas." Thus, MINAE did not fail to process the complaints filed for alleged environmental damage; rather, such damage was ruled out. Therefore, no violation of the right to obtain prompt and complete justice by said authority is established. VIII.- With respect to the Health Area of Alajuela, it is not shown that the petitioner filed any complaint that was not attended to by that entity, so the amparo must be dismissed.V.- Sobre el fondo.- La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a las personas el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa. VI. Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Alajuela. [...] estima este Tribunal que no lleva razón el recurrente, pues la Municipalidad de Alajuela sí ha llevado a cabo actuaciones para atender la denuncia planteada por la amparada. [...] De manera que esta Sala considera que no se ha producido lesión alguna al derecho a obtener justicia pronta y cumplida en sede administrativa, y en consecuencia, lo que procede es desestimar el recurso de amparo en lo que respecta a la Municipalidad de Alajuela. VII.- Sobre las actuaciones del Ministerio de Ambiente y Energía. [...] la inspección se determina que no “se observan fuentes de agua (…) tampoco existen rezagos característicos de que, en esa zona existiese algo similar a un afloramiento de agua. 6. No fue posible observar cuerpos de agua subterráneos (alcantarillados), por lo tanto se concluye con la inspección, sin observarse afectación de cuerpos de agua o afectación de áreas de protección.” De manera que el Ministerio de Ambiente y Energía no omitió atender las denuncias planteadas por supuesto daño ambiental, sino que éste fue descartado. Por lo anterior, no se acredita lesión al derecho a obtener justicia pronta y cumplida, por parte de la mencionada autoridad. VIII.- Con respecto al Área Rectora de Salud de Alajuela, no se acredita que la recurrente haya realizado denuncia alguna, que no haya sido atendida en esa instancia, por lo que el recurso debe ser desestimado.
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"La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a las personas el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable."
"The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee individuals the fulfillment of prompt and complete justice, without denial, which implies, in the sphere of administrative justice, its duty to decide with diligence and celerity the claims raised by individuals, so that its decision is consistent with the issues alleged, as well as to notify the interested parties of what has been ordered, all within a reasonable time."
Considerando V
"La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a las personas el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable."
Considerando V
"En el sitio reportado no se observan fuentes de agua, pertenece al poblado de Guadalupe de Alajuela, comunidad altamente urbanizada de viviendas, las cuales presentan condiciones de deterioro avanzado, lo que supone que fueron construidas hace más de 40 años. (...) no fue posible observar cuerpos de agua subterráneos (alcantarillados), por lo tanto se concluye con la inspección, sin observarse afectación de cuerpos de agua o afectación de áreas de protección."
"At the reported site, no water sources were observed; it belongs to the town of Guadalupe de Alajuela, a highly urbanized community of houses that show signs of advanced deterioration, which suggests they were built more than 40 years ago. (...) it was not possible to observe underground bodies of water (sewers), therefore the inspection concludes without observing any impact on water bodies or protected areas."
Informe de campo OA-1502, citado en Considerando VII
"En el sitio reportado no se observan fuentes de agua, pertenece al poblado de Guadalupe de Alajuela, comunidad altamente urbanizada de viviendas, las cuales presentan condiciones de deterioro avanzado, lo que supone que fueron construidas hace más de 40 años. (...) no fue posible observar cuerpos de agua subterráneos (alcantarillados), por lo tanto se concluye con la inspección, sin observarse afectación de cuerpos de agua o afectación de áreas de protección."
Informe de campo OA-1502, citado en Considerando VII
"no se acredita que la recurrente haya presentado denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Energía en el mes de junio de 2019, por lo que no es de recibo el alegato de que la denuncia no fue atendida y que el expediente se haya extraviado."
"it is not shown that the petitioner filed a complaint before MINAE in June 2019, so the allegation that the complaint was not processed and that the file was lost is unacceptable."
Considerando VII
"no se acredita que la recurrente haya presentado denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Energía en el mes de junio de 2019, por lo que no es de recibo el alegato de que la denuncia no fue atendida y que el expediente se haya extraviado."
Considerando VII
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes of March twentieth, two thousand twenty.
Amparo action processed under case file number 19-021727-0007-CO, filed by UFEMIA MANGA PICHARDO, residency card 155805212531, against THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA, THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS and THE MINISTRY OF HEALTH.
Considering:
Judge Hernández López writes; and,
Considering:
I.Preliminary. Prior to analyzing the merits of the matter -for the presumed violation of the right to a prompt and fulfilled procedure- it must be clarified that, as of ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction -with some exceptions-, those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the timeframes set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure -initiated ex officio or at the instance of a party- or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in this case, an exception case is raised because we are faced with complaints filed by the amparo petitioner before the Ministry of Environment and Energy, the Municipality of Alajuela and the Ministry of Health, for alleged environmental damage, which presumably have not been addressed. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.Purpose of the appeal. The appellant claims that last June, the amparo petitioner filed a complaint for environmental damage before the respondents, given that the spring that exists at the back of the property she occupies was obstructed by some of her neighbors, plugging it with cement. However, the Municipality of Alajuela has not given it proper processing; at the Ministry of Environment there is no administrative file for her complaint, as they lost it; and at the Governing Health Area of Alajuela, she does not know what happened. She considers that the neglect of the respondent authorities violates her fundamental rights. She requests that the appeal be granted with its consequences.
Actions of the Municipality of Alajuela:
The property already has a prevention order for earthworks N.005-2019 and the Information Report of Work Completed without a License N.096-2019 is being issued for all the dwellings on said property number 075027-000" There seems to be a mistake by your legal advisor, since the document is addressed to the Judge but is filed with the Municipality, which is an administrative body and not a judicial one, as your legal advisor seems to have interpreted. It is important to clarify that, regarding problems internal to the properties, this process cannot intervene, so you must direct your action to judicial bodies" (documentation provided to the case file); d) In a follow-up carried out by the inspectors, it was found that a retaining wall was in the process of being built, therefore Mr. Duany José Bolaños Morales was notified with the Information Report of Work Completed without a License 255-2019 dated June 25, 2019.
In a follow-up carried out on July 4, 2019, the inspectors found that the seals on the wall construction had been violated, so they proceeded to notify the Seal Violation Report 030-2019 (report from the Mayoress of Alajuela); e) As a follow-up carried out on November 18, 2019, the registered owners could not be located to proceed with the remaining notifications. On November 21, 2019, two of the registered owners were located and notified of the Information Reports of Work Completed without a License numbers 319-2019 and 320-2019 (report from the Mayoress of Alajuela); f) Mrs. Manga Pichardo and the Arias Herrera family occupy the property without being its registered owners (report from the respondent Municipality).
Actions of the Ministry of Environment and Energy:
Eufemia Manga Pichardo is addressed, and a copy of inspection report OA-1502 of November 13, 2019, is sent to her. The documents were sent on November 21, 2019, via the electronic address provided in the complaint (report from the respondent and documentation provided);
Sole: That Mrs. Eufemia Manga Pichardo, in the month of June 2019, filed a complaint for environmental damage before the respondents, alleging that the spring that exists at the back of the property she occupies was obstructed by some of her neighbors.
V.On the merits.- The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee individuals the fulfillment of prompt and fulfilled justice, without denial, which implies, in the field of administrative justice, its obligation to decide with diligence and speed the claims raised by the administered parties, in such a way that its resolution is congruent with the alleged points, as well as to communicate to the interested parties what has been ordered, all within a reasonable timeframe. In this sense, the "reasonable" nature of the duration of the administrative activity is determined on a case-by-case basis based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the breadth of the evidence to be evacuated, or the degree of impact on the person or the environment of the challenged act, from which it is inferred that there is no strict right to the constitutionalization of timeframes, but rather a right to have constitutionality control applied over those actions of the Administration in which there are no sufficient grounds to justify the time taken in resolving some type of administrative procedure.
VI.On the actions of the Municipality of Alajuela. From the report rendered under oath by the respondent authorities –under the warnings, including criminal ones, established by numeral 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction– and the documentation provided to the case file, it is clear that on March 26, 2019, Mrs. Eufemia Manga Pichardo filed a complaint with the Municipality of Alajuela against Xinia, Antonio Gerardo and Zeidy Arias Herrera, for the illegal construction of buildings on the property where she lives, as well as in areas presumably owned by the Municipality of Alajuela and the State. She also reports various crimes. As is clear from the list of proven facts in this ruling, the Municipality carried out several actions to address the filed complaint, such as the notification, on April 2, 2019, of the Information Report of Work Completed without a License 95-2019 for the existing constructions on the property, to Mrs.
María Isabel Bolaños Morales, one of the registered owners of the property, pending the location of the owners of the other rights, since none reside on the property. On that occasion, the construction of 20 dwellings of approximately 40 square meters in lightweight material, already finished, was verified. The Chamber appreciates that the petitioner was indeed notified of the response to the complaint, through official letter N.MA-PCFU-527-2019 of May 9, 2019, from the Coordinator of the Fiscal and Urban Control Process, who indicates: "In response to the reference procedure, I inform you that inspectors Jaime Rodríguez Quesada and Juan Carlos Martínez Vargas, officials of this process, visited the reported site in the district of Alajuela, with the following result: Several old dwellings are observed. The property already has a prevention order for earthworks N.005-2019 and the Information Report of Work Completed without a License N.096-2019 is being issued for all the dwellings on said property number 075027-000" There seems to be a mistake by your legal advisor, since the document is addressed to the Judge but is filed with the Municipality, which is an administrative body and not a judicial one, as your legal advisor seems to have interpreted.
It is important to clarify that, regarding problems internal to the properties, this process cannot intervene, so you must direct your action to judicial bodies." Subsequently, the Municipality followed up on the case through visits by municipal inspectors, on June 25, 2019, when a retaining wall was found in the process of being built, therefore Mr. Duany José Bolaños Morales was notified with the Information Report of Work Completed without a License 255-2019; on July 4, 2019, when it was verified that the seals on the wall construction had been violated, so they proceeded to notify the Seal Violation Report 030-2019. On November 18, 2019, a proceeding was carried out, but the registered owners could not be located to proceed with the remaining notifications. On November 21, 2019, municipal officials located two of the registered owners and notified them of the Information Reports of Work Completed without a License numbers 319-2019 and 320-2019.
In view of the foregoing, this Court considers that the appellant is not correct, because the Municipality of Alajuela has indeed carried out actions to address the complaint filed by the amparo petitioner. As was indicated to the petitioner through official letter N.MA-PCFU-527-2019 of May 9, 2019, from the Coordinator of the Fiscal and Urban Control Process, some of the reported facts are not infractions of urban planning regulations due to illegal construction, but rather behaviors that could constitute crimes, and, as can be seen from the documentation provided by the appellant in compliance with the prevention order issued in this amparo, they have already been reported to the Public Prosecutor's Office. Likewise, follow-up has been given by making notifications to both the occupants and the registered owners of the property where the irregularities occur. Therefore, this Chamber considers that no harm has been caused to the right to obtain prompt and fulfilled justice at the administrative venue, and consequently, the appropriate course is to dismiss the amparo action with respect to the Municipality of Alajuela, as ordered.
VII.On the actions of the Ministry of Environment and Energy. In the first place, from the report rendered under oath by the respondent authorities and the documentation provided to the case file, it is not proven that the petitioner filed a complaint with the Ministry of Environment and Energy in the month of June 2019, so the claim that the complaint was not addressed and that the file was lost is not admissible. Furthermore, it is observed that on October 21, 2019, an anonymous complaint was filed by telephone, which was registered in the Integrated System for Processing and Attention of Environmental Complaints of MINAE under complaint number 179 against Xinia and Gerardo Antonio Arias Herrera, for the alleged "construction of houses in a spring area. There are 20 houses" in the Community of Guadalupe de Alajuela. In response to the anonymous complaint, on November 13, 2019, an inspection was carried out by two officials from the Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas, and as a result, they signed field report OA-1502, which describes what was observed at the site in the following terms: "Description of Results:
1. An ocular inspection "in situ" is carried out to address complaint N°174 (SITADA 17609-19), filed anonymously with this office, reporting the existence of the construction of 20 houses in the protection area of a spring. 2. An inspection of the site is carried out by the undersigned and official Fabián Guerrero Fonseca, in order to verify the existence of the reported facts and proceed accordingly. 3. At the site, Mrs. Xinia Arias Herrera, ID N°5-0156-0726, telephone N°2442-2028, is identified. Once identified, she is informed of the reason for our visit and tells us we could enter the interior of her property to carry out the respective inspection. 4. At the reported site, no water sources are observed. It belongs to the town of Guadalupe de Alajuela, a highly urbanized community of dwellings, which show advanced deterioration conditions, suggesting they were built more than 40 years ago. 5.
This case was attended with the participation of the informant and the denounced party, who state that water used to run on the site, which they called a spring, facts that during this inspection were not possible to observe, nor are there characteristic traces that something similar to a water outcrop existed in that area. 6. It was not possible to observe underground bodies of water (sewers), therefore the inspection is concluded, without observing any affectation of water bodies or affectation of protection areas. 7. That is all. Conclusions and recommendations. 1. The reported facts were not observed during the inspection carried out. 2. The closure of this complaint is recommended.".
It was not until November 19, 2019, after the prevention order issued in this amparo was notified to the petitioner, so that she could provide a copy of the complaints filed with the respondent authorities, that the amparo petitioner filed a complaint, which was promptly attended to, through official letter OA-1535-2019 of November 21, 2019, signed by the Head of the Alajuela Office of the Central Conservation Area of SINAC. In it, a copy of inspection report OA-1502 of November 13, 2019, is sent to her, which rules out the affectation of water bodies or Protection Areas at the site, to the electronic address indicated in the complaint. So, through the inspection, it is determined that "no water sources are observed (...) nor are there characteristic traces that something similar to a water outcrop existed in that area. 6. It was not possible to observe underground bodies of water (sewers), therefore the inspection is concluded, without observing any affectation of water bodies or affectation of protection areas." Thus, the Ministry of Environment and Energy did not fail to address the complaints filed for alleged environmental damage, but rather said damage was ruled out.
Therefore, no harm to the right to obtain prompt and fulfilled justice by said authority is proven. Now, if the appellant disagrees with said conclusion, such discrepancy cannot be resolved through the amparo route. The appropriate course is for the amparo petitioner to go to judicial bodies in defense of the rights she considers harmed, such as her possessory rights, just as she has already done by going to the Public Prosecutor's Office to report alleged damages and threats. Consequently, the appeal must also be dismissed with respect to the Ministry of Environment and Energy.
VIII.With respect to the Governing Health Area of Alajuela, it is not proven that the petitioner filed any complaint that was not addressed by that body, therefore the appeal must be dismissed.
IX.Documentation provided to the case file. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch", approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The appeal is DISMISSED.
Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann neighborhood, 19th and 21st Streets, 8th and 6th Avenues
*190217270007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de marzo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-021727-0007-CO, interpuesto por UFEMIA MANGA PICHARDO, cédula de residencia 155805212531, contra LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, EL MINISTERIO DE AMBIENTE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES y EL MINISTERIO DE SALUD.
Resultando:
Redacta la Magistrada Hernández López; y,
Considerando:
I.De previo. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción pues, se está ante denuncias interpuestas por la amparada, ante el Ministerio de Ambiente y Energía, la Municipalidad de Alajuela y el Ministerio de Salud, por un supuesto daño ambiental, que presuntamente no han sido atendidas. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso. El recurrente acusa que la amparada en junio pasado planteó una denuncia por daño ambiental ante los recurridos, en vista de que la naciente que existe en la parte de atrás del inmueble que ocupa, fue obstruida por algunos de sus vecinos tapándola con cemento. Sin embargo, la Municipalidad de Alajuela, no le ha dado trámite apropiado; en el Ministerio de Ambiente no existe expediente administrativo por su denuncia, pues la extraviaron y en el Área Rectora de Salud de Alajuela, desconoce que pasó. Estima que la desatención de las autoridades recurridas, vulnera sus derechos fundamentales. Solicita se declare con lugar el recurso con sus consecuencias.
III.Hechos probados: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
Actuaciones de la Municipalidad de Alajuela:
Ya la finca posee una prevención por movimiento de tierra N.005-2019 y se le realiza el Acta de Información de Obra concluida sin Licencia N.096-2019 a todas las viviendas de dicha finca número 075027-000” Al parecer existe una equivocación de su asesor legal, ya que en el escrito se dirige al Juez, pero lo presenta ante la Municipalidad, que es una instancia administrativa y no judicial, como parece haber interpretado su asesor legal. Es importante aclarar que, en cuanto a los problemas a lo interno de las propiedades, este proceso no puede intervenir, por lo que debe dirigir su gestión ante instancias judiciales” (documentación aportada al expediente); d) En seguimiento realizado por los inspectores, se encontró que estaba en proceso de construcción un muro de contención por lo que se procedió a notificar al señor Duany José Bolaños Morales con el Acta de Información de Obra Concluida sin Licencia 255-2019 de fecha 25 de junio del 2019.
En seguimiento realizado el 4 de julio del 2019, los inspectores encontraron que se habían violado los sellos de la construcción del muro, por lo que procedieron a notificar el Acta de Violación de Sellos 030-2019 (informe de la Alcaldesa de Alajuela); e) Como seguimiento realizado el 18 de noviembre del 2019, no se logra ubicar a los propietarios registrales para proceder con las notificaciones restantes. El 21 de noviembre del 2019 se localizan dos de los propietarios registrales y se notifican las Actas de Información de Obra Concluida sin Licencia números 319-2019 y 320-2019 (informe de la Alcaldesa de Alajuela); f) La señora Manga Pichardo y los señores Arias Herrera ocupan la propiedad sin ser propietarios registrales de la misma (informe de la Municipalidad recurrida).
Actuaciones del Ministerio de Ambiente y Energía:
Único: Que la señora Eufemia Manga Pichardo en el mes de junio de 2019 haya presentado una denuncia por daño ambiental ante los recurridos, alegando que la naciente que existe en la parte de atrás del inmueble que ocupa, fue obstruida por algunos de sus vecinos.
V.Sobre el fondo.- La Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a las personas el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.
VI.Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Alajuela. Del informe rendido bajo fe de juramento por las autoridades recurridas –bajo los apercibimientos, incluso penales, que establece el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- y la documentación aportada al expediente, se desprende que el 26 de marzo de 2019 la señora Eufemia Manga Pichardo, presentó ante la Municipalidad de Alajuela denuncia contra Xinia, Antonio Gerardo y Zeidy Arias Herrera, por construcción ilegal de inmuebles en la propiedad en que habita, así como en zonas presuntamente propiedad de la Municipalidad de Alajuela y el Estado. Además denuncia varios delitos. Según se desprende del elenco de hechos probados de esta sentencia, la Municipalidad realizó varias actuaciones para atender la denuncia interpuesta, tales como la notificación, el 2 de abril del 2019, del Acta de Información de Obra concluida sin Licencia 95-2019 por las construcciones existentes en la propiedad, a la señora María Isabel Bolaños Morales, una de las propietarias registrales de la finca, quedando a la espera de ubicar los dueños de los otros derechos, ya que ninguno habita en la propiedad.
En esa oportunidad se verifica la construcción de 20 viviendas de 40 metros cuadrados aproximadamente en material liviano ya terminadas. La Sala aprecia que sí se le comunicó a la recurrente la atención a la denuncia, por oficio N.MA-PCFU-527-2019 de 9 de mayo de 2019, del Coordinador del Proceso de Control Fiscal y Urbano, quien indica: “En respuesta al trámite de referencia le informo que los inspectores Jaime Rodríguez Quesada y Juan Carlos Martínez Vargas, funcionarios de este proceso, realizaron visita al sitio denunciado en el distrito de Alajuela, con el siguiente resultado: Se observan varias viviendas antiguas. Ya la finca posee una prevención por movimiento de tierra N.005-2019 y se le realiza el Acta de Información de Obra concluida sin Licencia N.096-2019 a todas las viviendas de dicha finca número 075027-000” Al parecer existe una equivocación de su asesor legal, ya que en el escrito se dirige al Juez, pero lo presenta ante la Municipalidad, que es una instancia administrativa y no judicial, como parece haber interpretado su asesor legal.
Es importante aclarar que, en cuanto a los problemas a lo interno de las propiedades, este proceso no puede intervenir, por lo que debe dirigir su gestión ante instancias judiciales” Posteriormente, la Municipalidad dio seguimiento al caso mediante visitas de los inspectores municipales, el 25 de junio de 2019, fecha en que se encontró en proceso de construcción un muro de contención, por lo que se procedió a notificar al señor Duany José Bolaños Morales con el Acta de Información de Obra Concluida sin Licencia 255-2019; el 4 de julio del 2019, fecha en que se verificó que se habían violado los sellos de la construcción del muro, por lo que procedieron a notificar el Acta de Violación de Sellos 030-2019. El 18 de noviembre del 2019, se realizó diligencia, pero no se logra ubicar a los propietarios registrales para proceder con las notificaciones restantes. El 21 de noviembre del 2019, funcionarios municipales localizan a dos de los propietarios registrales y les notifican las Actas de Información de Obra Concluida sin Licencia números 319-2019 y 320-2019.
Visto lo anterior, estima este Tribunal que no lleva razón el recurrente, pues la Municipalidad de Alajuela sí ha llevado a cabo actuaciones para atender la denuncia planteada por la amparada. Tal y como se le indicó a la recurrente mediante oficio N.MA-PCFU-527-2019 de 9 de mayo de 2019, del Coordinador del Proceso de Control Fiscal y Urbano, algunos de los hechos denunciados no son infracciones a la normativa urbanística, por construcción ilegal, sino más bien conductas que podrían configurar delitos, y, según se aprecia de la documentación aportada por el recurrente en cumplimiento de la prevención realizada en este amparo, fueron ya denunciadas ante la Fiscalía. Asimismo, se le ha dado seguimiento realizando notificaciones tanto a los ocupantes como a los propietarios registrales del inmueble en que se presentan las irregularidades. De manera que esta Sala considera que no se ha producido lesión alguna al derecho a obtener justicia pronta y cumplida en sede administrativa, y en consecuencia, lo que procede es desestimar el recurso de amparo en lo que respecta a la Municipalidad de Alajuela, como se dispone.
VII.Sobre las actuaciones del Ministerio de Ambiente y Energía. En primer término, del informe rendido bajo fe de juramento por las autoridades recurridas y la documentación aportada al expediente no se acredita que la recurrente haya presentado denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Energía en el mes de junio de 2019, por lo que no es de recibo el alegato de que la denuncia no fue atendida y que el expediente se haya extraviado. Por otra parte, se aprecia que el 21 de octubre de 2019 se presentó una denuncia anónima vía telefónica, que se registró en el Sistema Integrado para Trámite y Atención de Denuncias Ambientales, del MINAE bajo el número de queja 179 contra Xinia y Gerardo Antonio Arias Herrera, por la supuesta “construcción de casas en área de naciente. Son 20 casas” en la Comunidad de Guadalupe de Alajuela. En atención a la denuncia anónima, el 13 de noviembre de 2019 se realizó inspección por dos funcionarios del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y como resultado suscribieron el informe de campo OA-1502, que describe lo observado en el sitio en los siguientes términos: “Descripción de Resultados:
1. Se realiza inspección ocular "in situ", para atender la queja N°174 (sitada 17609-19), interpuesta ante esta oficina de forma anónima, donde se informa la existencia de construcción de 20 casas en área de protección de una naciente. 2. Se realiza una inspección al sitio, por parte del suscrito y el funcionario Fabián Guerrero Fonseca, con fin de verificar la existencia de los hechos reportados y proceder como corresponde. 3. En el sitio se identifica a la señora Xinia Arias Herrera cédula N°5-0156-0726, teléfono N°2442-2028, a quien una vez identificados, se le informa el motivo de nuestra visita y nos manifiesta que podíamos ingresar a lo interno de su propiedad, para realizáramos la respectiva inspección. 4. En el sitio reportado no se observan fuentes de agua, pertenece al poblado de Guadalupe de Alajuela, comunidad altamente urbanizada de viviendas, las cuales presentan condiciones de deterioro avanzado, lo que supone que fueron construidas hace más de 40 años. 5.
Este caso se atendió con la participación de la señora informante y de la parte denunciada, quienes manifiestan que en el sitio corría agua a la cual ellos llamaban naciente, hechos que durante esta inspección no fueron posible observar y tampoco existen rezagos característicos de que, en esa zona existiese algo similar a un afloramiento de agua. 6. No fue posible observar cuerpos de agua subterráneos (alcantarillados), por lo tanto se concluye con la inspección, sin observarse afectación de cuerpos de agua o afectación de áreas de protección. 7. Es todo. Conclusiones y recomendaciones. 1. Los hechos informados no fueron observados en la inspección realizada. 2. Se recomienda el cierre de esta queja.”.
No fue sino hasta el 19 de noviembre de 2019, después de notificada la prevención realizada en este amparo a la recurrente, para que aportara copia de las denuncias planteadas ante las autoridades recurridas, que la amparada presentó denuncia, la cual fue atendida a la brevedad, mediante oficio OA-1535-2019 de 21 de noviembre de 2019, suscrito por el Jefe de la Oficina de Alajuela del Área de Conservación Central del SINAC. En ella se le remite copia del informe de gira OA-1502 de 13 de noviembre de 2019, en la que se descarta la afectación de cuerpos de agua o Áreas de Protección en el sitio, a la dirección electrónica señalada en la denuncia. De manera que mediante la inspección se determina que no “se observan fuentes de agua (…) tampoco existen rezagos característicos de que, en esa zona existiese algo similar a un afloramiento de agua. 6. No fue posible observar cuerpos de agua subterráneos (alcantarillados), por lo tanto se concluye con la inspección, sin observarse afectación de cuerpos de agua o afectación de áreas de protección.” De manera que el Ministerio de Ambiente y Energía no omitió atender las denuncias planteadas por supuesto daño ambiental, sino que éste fue descartado.
Por lo anterior, no se acredita lesión al derecho a obtener justicia pronta y cumplida, por parte de la mencionada autoridad. Ahora bien, si el recurrente está en desacuerdo con dicha conclusión, tal discrepancia no puede ser dilucidada en la vía de amparo. Lo que procede es que la amparada acuda a instancias judiciales en resguardo de los derechos que considera lesionados, tales como sus derechos de posesión, tal y como ya lo hizo al acudir ante la Fiscalía a denunciar supuestos daños y amenazas. En consecuencia, también debe ser declarado sin lugar el recurso con respecto al Ministerio de Ambiente y Energía.
VIII.Con respecto al Área Rectora de Salud de Alajuela, no se acredita que la recurrente haya realizado denuncia alguna, que no haya sido atendida en esa instancia, por lo que el recurso debe ser desestimado.
IX.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara SIN LUGAR el recurso.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
*UUSUSUIQPYQ61*
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