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Res. 03463-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 21/02/2020
OutcomeResultado
The Chamber partially granted the amparo against the Municipality of Cartago and ordered drainage improvement works to the dike within four months, for violating the residents' rights to life and a healthy environment.La Sala declaró parcialmente con lugar el amparo contra la Municipalidad de Cartago y ordenó realizar las obras de mejora de drenajes del dique en cuatro meses, por vulnerar los derechos a la vida y al ambiente sano de los vecinos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo action filed by a resident of Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago against the Municipality of Cartago, MOPT, CONAVI, and CNE, alleging that the authorities' failure to address deterioration of the dike and collapse of the stormwater and sewage drainage system endangered the life and integrity of residents. The Chamber found that CNE technical reports showed erosion and risk, and that the Municipality, despite knowing of the problem since 2017 and being designated responsible by those reports, had not carried out the necessary drainage improvements. It held that the Municipality's omission violated the fundamental rights to life and a healthy environment. The appeal was partially granted, ordering the Mayor of Cartago to complete drainage improvements to the dike within four months so that water no longer endangers residents. The Chamber absolved MOPT, CONAVI, and CNE, finding they had acted within their mandates.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por un vecino del sector de Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago contra la Municipalidad de Cartago, el MOPT, CONAVI y la CNE, alegando que la inacción de las autoridades frente al deterioro del dique y al colapso del sistema de drenaje pluvial y sanitario ponía en peligro la vida e integridad de los residentes. La Sala acreditó que los informes técnicos de la CNE evidenciaban la erosión y el riesgo, y que la Municipalidad, a pesar de conocer el problema desde 2017 y haber sido señalada como responsable por dichos informes, no había ejecutado las obras necesarias de mejora de los drenajes. Consideró que la Municipalidad incurrió en omisión violatoria de los derechos fundamentales a la vida y a un ambiente sano. Declaró parcialmente con lugar el recurso, ordenando al Alcalde de Cartago que, en un plazo de cuatro meses, realice las obras de mejora en los drenajes del dique para que las aguas no pongan en peligro a los vecinos. La Sala eximió de responsabilidad al MOPT, CONAVI y CNE al constatar que habían actuado dentro de sus competencias.
Key excerptExtracto clave
This Constitutional Court observes that certainly, as claimed by the petitioner, there is currently a serious problem in Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, insofar as waters flow irregularly in that area (due to the collapse of the pipe that crosses the dike), which has generated overflows, cracks, and fluvial erosion and, therefore, has placed the people living there in danger. Such neglect and omission cannot now be justified—as the respondent mayor intends—by attributing all responsibility and jurisdiction to the authorities of the Ministry of Public Works and Transport, when it is clear that a problem caused by the irregular flow of water and the way some residents have settled in the site under study (which, apparently, has been irregular), is also a matter that must be addressed by the municipalities of this country, as expressly indicated in the technical reports prepared by the Risk Investigation and Analysis Unit of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response. The appeal is partially granted, only against the Municipality of Cartago. Consequently, Rolando Rodríguez Brenes, or whoever holds the office of Mayor of Cartago, is ordered to issue the pertinent orders and coordinate all that is necessary with the competent public institutions so that, within a maximum period of FOUR MONTHS, counted from the notification of this judgment, all improvement works on the drainage of the dike located in Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago are carried out, in such a way that the waters that flow through it do not endanger the residents of the area.Este Tribunal Constitucional observa que ciertamente, tal y como lo alega el tutelado, existe actualmente un grave problema en Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, en el tanto las aguas discurren en dicha zona de manera irregular (por el colapso de la tubería que atraviesa el dique), lo que ha generado desbordamientos, grietas, y erosión de tipo fluvial y, por ende, ha colocado en peligro a las personas que ahí habitan. Dicha desidia y omisión no puede ser justificada ahora -tal y como pretende el alcalde recurrido-, atribuyéndole toda la responsabilidad y competencia a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuando es claro que un problema por el discurrir irregular de las aguas y la forma en que se han asentado algunos pobladores en el sitio bajo estudio (que, al parecer, ha sido irregular), es también un asunto que debe ser atendido por los municipios de este país, tal y como se señaló expresamente en los informes técnicos elaborados por la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, contra la Municipalidad de Cartago. En consecuencia, se le ordena a Rolando Rodríguez Brenes, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Alcalde de Cartago, girar las órdenes pertinentes y coordinar todo lo que sea necesario con las instituciones públicas que sean competentes para que, dentro del plazo máximo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se lleven a cabo todas aquellas obras de mejora en los drenajes del dique ubicado en Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, de manera tal que las aguas que por ahí discurren no pongan en peligro a los vecinos de la zona.
Pull quotesCitas destacadas
"Se trata así de que el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente."
"Thus, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, whether through law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and the subjective right of individuals to have this done diligently."
Considerando III
"Se trata así de que el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente."
Considerando III
"La posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas."
"The possibility of judicially demanding, through the amparo remedy, a specific type of State action in fulfillment of its duty to protect the life and physical integrity of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of individuals."
Considerando III
"La posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas."
Considerando III
"Dicha desidia y omisión no puede ser justificada ahora... atribuyéndole toda la responsabilidad y competencia a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuando es claro que un problema por el discurrir irregular de las aguas... es también un asunto que debe ser atendido por los municipios de este país."
"Such neglect and omission cannot now be justified... by attributing all responsibility and jurisdiction to the authorities of the Ministry of Public Works and Transport, when it is clear that a problem caused by the irregular flow of water... is also a matter that must be addressed by the municipalities of this country."
Considerando IV.A
"Dicha desidia y omisión no puede ser justificada ahora... atribuyéndole toda la responsabilidad y competencia a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuando es claro que un problema por el discurrir irregular de las aguas... es también un asunto que debe ser atendido por los municipios de este país."
Considerando IV.A
Full documentDocumento completo
JUDICIAL POWER Constitutional Chamber Case File: 20-000558-0007-CO Type of Matter: Amparo Action Constitutional Control: Granting Judgment Judgment with Separate Opinion Relevance Indicators Relevant Judgment Related Judgments Content of Interest:
Type of Content: Majority Vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:
SEWERAGE.
THE MAYOR OF CARTAGO IS ORDERED, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF FOUR MONTHS, COUNTED FROM THE NOTIFICATION OF THIS JUDGMENT, TO CARRY OUT ALL THOSE IMPROVEMENT WORKS ON THE DRAINAGES OF THE DIKE LOCATED IN SANTA CECILIA OF GUADALUPE DE CARTAGO, SUCH THAT THE WATERS THAT FLOW THERE DO NOT ENDANGER THE RESIDENTS OF THE AREA.
VCG03/2020 ... See more CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on February twenty-first, two thousand twenty.
Amparo action filed by JOSÉ MIGUEL CORDERO MATA, identity card number 0302040944, against THE MUNICIPALITY OF CARTAGO, THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORTATION (M.O.P.T.), THE NATIONAL ROADWAY COUNCIL (CONAVI), and THE NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE (C.N.E.).
WHEREAS:
Reventado. It must be understood that the works carried out were performed in a timely manner by my represented party, with the objective of faithfully fulfilling the functions that have been entrusted to us by law (...) my represented party fully complied with the intervention of the bridge known as Santa Marta that is located over the Reventado River, since the stabilization works of the abutments were carried out in a timely manner (...)”. He maintains that the bridge is currently operational. Traffic on said route is not interrupted. He alleges that the respondent municipality did not make reference to the wastewater problem that exists in the area. Nor did it allude to the work it will carry out regarding the buildings that violate the provisions of Article 33, subsection b), of the Forestry Law. He points out that “(...) the work of stabilizing the bridge abutments, as seen from the content of our response, was carried out and the passability of the area has not been interrupted, a situation confirmed by the Municipality of Cartago, when stating that said structure is operational (...)”.
Drafted by Magistrate Araya García; and,
WHEREAS:
The petitioner accuses the respondent authorities of not having performed the works required to properly channel the waters that flow through the dike located in Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, which places the residents of said area at risk.
The following, relevant for resolving this amparo action, are deemed accredited:
Should that situation persist and worsen over time, a large part of that sector would be removed by the action of the flow; the erosion risk is very high in that sector. C. The study area is located on a considerable thickness of alluvial deposits and mudflows from the eruptions of the Irazú Volcano. The constant stabilization works in the vicinity of the nearby bridge attest to how complicated it is to achieve a balance between the integrity of the works and the maintenance of the river's longitudinal profile in this type of soft materials. VI. Recommendations. A. It is recommended to carry out the necessary protection and stabilization works on the left bank slope downstream of the Santa Cecilia bridge, in order to reduce the impact that lateral fluvial erosion is generating on the existing dwellings and on their access. It is recalled that all works to be carried out in public domain watercourses must have both municipal permits and those from the MINAE Water Directorate.
B. The Municipality of Cartago is reminded that construction permits must be prohibited in the protection zones of water bodies, whether intermittent or permanent; furthermore, that in the delimitation of said zones, a hydrological-geomorphological criterion should prevail on the part of the corresponding professional. C. Any work carried out must be supervised by a qualified professional. D. Any anomaly regarding the omission of the recommendations described herein REMAINS UNDER THE TOTAL RESPONSIBILITY of those in charge of carrying out the works and of the respective Municipality for not requesting the corresponding reports, inspections, and corrections (...)”. (see evidence).
José Miguel Cordero Mata; who made the request (...) 4. In section “VII. Scope” of report IAR-INF-0645-2018, the authors clearly state that the technical criteria given by the specialized officials of the CNE and the Technical Advisory Committees are binding in nature for the institutions to which they are directed (...) 5. Considering the previous point and furthermore that point B. of section “VI. Recommendations” of Report IAR-INF-0645-2018 is directed to the Municipality of Cartago, the professional criterion expressed in said report must be assumed as current and definitive, not allowing the Municipality of Cartago the opportunity to issue a criterion that contradicts, expands, modifies, or annuls it, nor even confirms it; even less as already stated, if the Municipality of Cartago does not have a professional in the area of geology who can technically address the analysis already carried out. 6.
The technical studies referred to in point A. of section “VI. Recommendations” of Report IAR-INF-0645-2018 do not refer to other risk assessments, but rather to technical studies required for the proposal and execution of infrastructure projects (protection and slope stabilization works), which in this case depend on the legal, budgetary, and operational viability of said projects. Otherwise, the investment involved in carrying out said studies could be fruitless. 7. Therefore, and regarding legal viability, points 1 and 2 of the Considering section of Decree No. 22834 MIVAH-MOPT (January 25, 1994), in force to date, explain that the lands within a 1 km wide zone on each bank of the Río Reventado from its source to the bridge that connects Tejar with Tobosi are affected by Law No. 34596 (November 26, 1964), which declares them a national reserve. The Municipal Council agreement Article No. XXXIV-Minutes No. 187-2018 (September 25, 2018), in its point 3, refers to the fact that Report IAR-INFO-0645-2018 indicates that the Santa Cecilia Dike is located within the hazard map where alluvial deposits and mudflows from the eruptions of the Irazú Volcano in the 1960s were deposited, an event that precisely constitutes the justification for Decree No. 22834 MIVAH-MOPT to define the essential purpose of the “Cartago Dikes” as safeguarding the life, health, and property of persons.
The decree does not mention that within the purpose of the dikes the possibility of housing construction was even considered, nor the protection of illegitimate human settlement, precisely because such defense works never eliminated the risk condition; they only intended to mitigate it with a moderation of vulnerability. Points 4 through 9 of the Considering section of the decree demonstrate that the risk condition that the Honorable Municipal Council requires to assess has existed since before the decree's approval in 1994 and that the National Emergency Commission only came to ratify 24 years later, through section “IV General analysis of hazard and vulnerability” of its report IAR-INF-0645-2018, describing the evolution of its deterioration, due, according to the decree, to the invasion of the properties declared a national reserve, which are State property, placing in grave danger the lives of the people who have settled there illegitimately (...) 11 (...) as expressed in the Municipal Council agreement Article No. XXXIV-Minutes No. 187-2018 in its point 2, the residents of the place state that some years ago there was about 10 meters of distance from their houses to the channel and that currently there are sectors where the distance is around 3 meters from the eroded slope, causing residents to no longer be able to access their homes by vehicle, it is concluded that the residents of the Santa Cecilia Dike who claim to be in that situation were not even (sic) some years ago in compliance with the law regarding the setbacks established for the left bank in Sector 2-Zone 2. 12.
It should be noted here that in the sector there has never been any public street, but rather the occupants of the dike used, once again illegitimately, the crown of the dike for vehicular traffic, thereby promoting the circulation of all types of vehicles and even heavy loads, thereby accelerating the erosion and deterioration of the matrix of fine sands and coarse rough stones that constitute the piles of fluvial materials known as dikes, which, it bears stating, are solely for purposes as natural protective barriers. When the decree mentions the right-of-way, it does not refer to the crown of the dike, but rather from the external toe (...)”. (see evidence).
B. Any action or repair work on the dike that is carried out must have the necessary studies and be under the supervision of a responsible professional. VIII. Scope of the report. A. This report does not replace the necessary technical studies and is valid only with the original seal of this department. It does not incur any type of cost for the interested parties; they will be responsible for processing it before the corresponding instances. B. In accordance with the rulings issued by the Constitutional Chamber, regarding the technical criteria given by specialized officials of the CNE and the Technical Advisory Committees, it is clarified that the recommendations of this (sic) report are binding in nature for the institutions to which they are directed (...)”. (see evidence).
Regarding this point, this Chamber, in Judgment No. 2003-011519 of 10:30 a.m. on October 10, 2003, stated the following:
“(…) It has been usual for the right to life, frequently analyzed together with the right to physical integrity, to have been understood as a right of negative content, that is, its object was limited to the claim against the State that it (sic) refrain from carrying out actions aimed at eliminating the physical existence of persons, for example torture or the death penalty, or that it punish persons, public and private, who threaten the life and integrity of others, through the penal system; however, the current trend is to impose on the State various positive conducts, in the sense that (sic) beyond not disturbing the physical existence of persons, it must act to protect them, in the face of the multiple dangers that threaten them, whether they come from actions of the State itself or from other persons, and even from nature itself. Hence, for example, environmental issues have become, at least in our country, a matter of constitutional nature, since the right to a healthy and ecologically balanced environment was elevated to the rank of a fundamental right.
Now, it is necessary to clarify that the objective existence of a State obligation regarding the protection of the right to life does not inevitably entail a subjective right of persons to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but rather that suitable measures be taken in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes of public authorities. Thus, the State acquires the obligation to regulate the areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, whether through law, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures, and persons have the subjective right that this be done diligently. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo remedy, a specific type of service-providing activity on the part of the State in fulfillment of its duty to protect the life and physical integrity of its inhabitants is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of persons, such that if, for example, a certain community deemed it necessary to have a hospital for the care of its inhabitants (or any other public work), it is not through the amparo process that it must be demanded but rather through the mechanisms previously established and before the competent organs and entities, who must address the petition and resolve its technical feasibility, which does not necessarily imply a positive response.
From which it follows that the intervention of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of the proven inaction of the State, through its competent organs, in addressing the demands that the country's inhabitants make in the exercise of their rights (...)”.
Having reviewed what was stated under oath by the respondent authorities, as well as the evidence provided in the case file, this Constitutional Court observes that certainly, as alleged by the petitioner, there currently exists a serious problem in Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, in that the waters flow in said area irregularly (due to the collapse of the pipe that crosses the dike), which has generated overflows, cracks, and fluvial-type erosion and, therefore, has placed the people who live there in danger.
The foregoing is deduced, with clear clarity, from the technical reports prepared by the Risk Research and Analysis Unit of the Commission for Risk Prevention and Emergency Response, after inspections were carried out in the mentioned sector. In this regard, in report No. IAR-INF-0645-2018 of July 31, 2018, entitled “Risk assessment in a sector of Barrio Santa Cecilia due to erosion of the Río Reventado”, the cited unit stated the following:
“(…) V. Conclusions. A. At the height of the Santa Cecilia de Guadalupe bridge, parallel to the left bank of the Río Reventado, a series of cracks are located, extending for 150 m along the channel, the direction of which coincides with the sector where lateral slope erosion has been recorded since (sic) the year 2013. B. The community bordering to the southeast of the bridge over the Río Reventado is located on a 5 m high slope, which is being subjected to progressive and constant fluvial erosion. Should that situation persist or worsen over time, a large part of said sector would be removed by the action of the flow; the erosion risk is very high in that sector. C. The study area is located on a considerable thickness of alluvial deposits and mudflows from the eruptions of the Irazú Volcano. The constant stabilization works in the vicinity of the nearby bridge attest to how complicated it is to achieve a balance between the integrity of the works and the maintenance of the river's longitudinal profile in this type of soft materials.
VI. Recommendations. A. It is recommended to carry out the necessary protection and stabilization works on the left bank slope downstream of the Santa Cecilia bridge, in order to reduce the impact that lateral fluvial erosion is generating on the existing dwellings and on their access. It is recalled that all works to be carried out in public domain watercourses must have both municipal permits and those from the MINAE Water Directorate. B. The Municipality of Cartago is reminded that construction permits must be prohibited in the protection zones of water bodies, whether intermittent or permanent; furthermore, that in the delimitation of said zones, a hydrological-geomorphological criterion should prevail on the part of the corresponding professional. C. Any work carried out must be supervised by a qualified professional. D. Any anomaly regarding the omission of the recommendations described herein REMAINS UNDER THE TOTAL RESPONSIBILITY of those in charge of carrying out the works and of the respective Municipality for not requesting the corresponding reports, inspections, and corrections (...)” (The emphasis is not part of the original).
Likewise, more recently, in technical report No. CNE-UIAR-INF-0188-2019 of June 6, 2019, entitled “Risk assessment in the sector of Santa Cecilia due to damages in the dike of the Río Reventado”, the referred unit expressly stated the following:
“(…) VI. Conclusions. A. In the visual assessment on the day of the visit, no structural damages to the dike were evidenced. B. It is probable that the floods are (sic) due to deficiencies in the drainage systems towards the Río Reventado for stormwater and wastewater from the dwellings of the Santa Cecilia Sector. VII. Recommendations. A. The Municipality of Cartago and the MOPT must be informed (...) so that they act (sic) according to their competence and assess the structure and the need to carry out improvement works on the dike's drainage systems. B. Any action or repair work on the dike that is carried out must have the necessary studies and be under the supervision of a responsible professional. VIII. Scope of the report. A. This report does not replace the necessary technical studies and is valid only with the original seal of this department. It does not incur any type of cost for the interested parties; they will be responsible for processing it before the corresponding instances. B. In accordance with the rulings issued by the Constitutional Chamber, regarding the technical criteria given by specialized officials of the CNE and the Technical Advisory Committees, it is clarified that the recommendations of this (sic) report are binding in nature for the institutions to which they are directed (...)”. (The emphasis is not part of the original).
Furthermore, it is important to highlight that the situation described above has been recognized equally by the Municipality of Cartago. Thus, in official letter No. AS-INSP-17-2018 of June 4, 2018, an official of the Department of Sanitary Works and Sewerage of the Municipality of Cartago –by virtue of a request made by the complainant to address the issue of water overflow due to the collapse suffered in its collection system– recognized the need to intervene in the stormwater system and proceed with the replacement of the pipe, after having carried out an inspection in the area. For its part, in official letter No. OGR-OF-075-2018/CMO-OF-117-2018 of October 18, 2018, the referred municipality, when pronouncing on what was stated in the already cited technical report No. IAR-INF-0645-2018, alluded to the risk condition that persists in the mentioned sector and the danger faced by the inhabitants of the latter.
Likewise, this Chamber has deemed it proven, based on the analysis carried out, that, to date, not all the works that are necessary to address the exposed situation have been carried out, which, without a doubt, violates the fundamental rights of the residents of the referred area of the province of Cartago.
Now, in the face of this state of affairs, this constitutional jurisdiction must assess particularly whether the respondent authorities (Municipality of Cartago, M.O.P.T., CONAVI, and C.N.E.), who are fully aware of the exposed situation, have carried out the pertinent actions, within the scope of their powers, to adequately address it and whether, by virtue of this, the amparo merits being granted or not against them. Said analysis will now be carried out under the following order of considerations:
A. Municipality of Cartago. With respect to this corporation, this Chamber considers that the amparo merits being granted for what will be explained below.
Note that, as can be gathered from the list of proven facts, the problem under study was brought before the referred municipality by then-Congressman Mario Redondo Poveda on September 6, 2017, as well as by the complainant, in his capacity as President of the Community Works Committee of Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, in the month of May 2018. Likewise, it is deemed proven that the referred municipal authorities were fully aware of what was stated by the Risk Research and Analysis Unit of the Commission for Risk Prevention and Emergency Response in the aforementioned technical documents No. IAR-INF-0645-2018 of July 31, 2018, and No. CNE-UIAR-INF-2019 of June 6, 2019. So much so that in official letter No. OGR-OF-075-2018/CMO-OF-117-2018 of October 18, 2018, the municipality referred to the first of those technical reports and affirmed that the professional criterion expressed therein had to be assumed by said corporation as current and definitive and, consequently, could not be contradicted, expanded, modified, or annulled in any way. Likewise, on that occasion, reference was made –as stated above– to the situation of risk and danger faced by the people living near the Santa Cecilia Dike.
Despite the foregoing state of affairs, this Constitutional Court deems it proven that the respondent municipal corporation limited itself to carrying out only two actions: 1) responding to the request made by the complainant in May 2018, informing him, by official letter No. AS-INSP-17-2018 of June 4, 2018, that, by virtue of an inspection carried out in the Santa Cecilia sector, the need to improve the stormwater system had indeed been determined and 2) requesting from the Road Safety Department of the Ministry of Public Works and Transport, in October 2018, authorization to place a pipe in the area of the dike to discharge stormwater towards the Río Reventado. Previous works which, however, as was also proven, were not even initiated by the cited municipality, given that compliance with the prevention made in this regard in February 2019 by the MOPT through official letter DVOP-DI-DV-PV-2018-2412 (requiring the submission of construction plans signed by a responsible professional) was omitted.
In this way, it is clear that, even though the authorities of that municipality have been fully aware, for several years, of the alleged situation, they have not carried out the necessary steps to resolve it decisively.
Said neglect and omission cannot be justified now –as the respondent mayor intends– by attributing all responsibility and competence to the authorities of the Ministry of Public Works and Transport, when it is clear that a problem due to the irregular flow of waters and the way in which some inhabitants have settled in the site under study (which, apparently, has been irregular) is also a matter that must be addressed by the municipalities of this country, as was expressly stated in the technical reports prepared by the Risk Research and Analysis Unit of the Commission for Risk Prevention and Emergency Response. Indeed, note that curiously, and precisely by virtue of that assigned competence, the Municipality of Cartago, in 2018, attempted to execute works to place pipes in the area of the dike with the aim, in turn, of carrying out an adequate discharge of stormwater. Works that however, as was also stated, were forgotten many months ago, thereby leaving the inhabitants of the referred area of Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago in a latent state of danger.
That being so, this constitutional body considers that the authorities of the Municipality of Cartago have violated the fundamental rights of the residents of the mentioned sector of the province of Cartago.
B. Ministry of Public Works and Transport (Road Safety Department). With respect to this Department specifically, this Court does not consider there to be merit in granting the amparo. Note that, as was reported under the solemnity of oath with the consequences, even criminal, provided for in Article 44 of the Law that governs this jurisdiction, said department is only responsible, regarding the situation under study, for providing construction alignments with respect to the dike and approving requests for stormwater or sanitary drainage in that area. By virtue of this, it was proven that such authorities, in response to the authorization requested by the Municipality of Cartago in October 2018 to place a pipe in the area of the dike to discharge stormwater towards the Río Reventado, specifically in the sector of Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, carried out several actions within the scope of their powers. In this regard, it is on record that they proceeded to request authorization in November 2018 from the Commission for Risk Prevention and Emergency Response to execute the cited works (which, as will be explained below, was indeed addressed) and, in turn, in February 2019, warned the municipal authorities to submit –as a prerequisite to resolving the mentioned request– construction plans signed by a responsible professional.
It is likewise deemed proven that this latter action, however, has not, to date, been addressed by the authorities of the respondent municipality, making it impossible for the Road Planning Department (Departamento de Previsión Vial) of the respondent ministry to continue processing and resolving the originally filed request.
Under this state of affairs, this jurisdiction does not observe that the authorities of the cited department have been negligent in fulfilling the obligations incumbent upon them with respect to the alleged situation. On the contrary, as was demonstrated, they have undertaken the pertinent steps to carry out the works required for the placement of a pipeline in the area of the dike and thus proceed with the proper drainage of stormwater. If to date such works have not been executed, this cannot be attributed to the aforementioned authorities of the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOPT), but rather, as explained above, to the respondent municipal authorities.
C. National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI). Having reviewed the case file, this jurisdiction does not find that the CONAVI authorities have been negligent in fulfilling their duties regarding this specific case. The foregoing is because it was deemed proven that, since the year 2018—many months before the filing of this amparo—the cited authorities, in keeping with the scope of the powers assigned to them regarding the upkeep of this country's national roads (which includes bridges), proceeded to carry out a series of actions to address the riverbank erosion (erosión fluvial) found in the area claimed by the petitioner and which, in turn, is referenced in the technical report No. IAR-INF-0645-2018 of July 2018 prepared by the Risk Research and Analysis Unit of the Risk Prevention and Emergency Response Commission (Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias).
In this regard, note that, as reported under oath, CONAVI, through the Road and Bridge Conservation Management Office (Gerencia de Conservación de Vías y Puentes), contracted the designs and executed a series of works to protect the bridge abutments (bastiones) located in the sector under study from erosion. It is specifically recorded that a riprap (escollera) and an anchored structure were built, for which geodrains (geodrenes), concrete elements, among others, were used, and an amount of C69,466,292.75 colones was invested.
Thus, this amparo deserves to be dismissed with respect to this authority.
D. Risk Prevention and Emergency Response Commission. With respect to this last institution, this Chamber finds that the amparo deserves to be equally dismissed. The foregoing, given that it is recorded in the case file that the authorities of the cited commission have undertaken several actions, when so required, regarding the problems suffered by the residents of the Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago sector.
In particular, it is recorded that they have addressed the two requests made by the petitioner, through which they were required to conduct inspections at the mentioned site and issue a technical opinion on the situation that occurred. As was clearly gathered, these latter actions effectively resulted in the issuance of technical reports No. IAR-INF-0645-2018 and No. CNE-UIAR-INF-0188-2019, extensively referenced in this proceeding, which, in turn, have served as essential input for presenting the problems currently facing the residents of the mentioned locality.
Likewise, it is important to consider that it is deemed proven—as reported under oath—that the cited authorities of the Risk Prevention and Emergency Response Commission, since the month of June 2019, addressed the request made by the Road Planning Department of the Ministry of Public Works and Transport and, in that regard, issued their opinion concerning the replacement of the pipe that crosses the dike located on the Reventado River.
Thus, this constitutional body does not observe that the cited authorities have committed any act that would violate the fundamental rights of the petitioner and the other residents of the locality of Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago.
V.NOTE FOR THE AUTHORITIES OF CONAVI, THE M.O.P.T., AND THE C.N.E. Despite what is stated in the preceding considerando regarding these authorities, it is necessary to remind them of their duty to continue carrying out all those actions that are necessary (when pertinent) and that fall within the scope of their powers, in order to guarantee and protect the fundamental rights of the petitioner and the residents of the area under study.
Based on the foregoing, it is necessary to partially grant the filed appeal (recurso), with the consequences that will be detailed in the operative part of this ruling.
In environmental matters, it is this undersigned's opinion that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the administrative litigation jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the case when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50, of the Constitution), as happens in this case, in which it is alleged that the respondent authority has not performed the works required to properly channel the waters flowing through the dike located in Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, which poses a danger to the health of the petitioner and his family, a threat to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
The appeal is partially granted, solely, against the Municipality of Cartago. Consequently, Rolando Rodríguez Brenes, or whoever occupies the position of Mayor of Cartago in his stead, is ordered to issue the pertinent orders and coordinate everything necessary with the competent public institutions so that, within a maximum period of FOUR MONTHS, counted from the notification of this ruling, all those improvement works on the drainage systems of the dike located in Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago are carried out, in such a way that the waters flowing through there do not endanger the residents of the area. The foregoing is issued with the warning that, in accordance with Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order from this Chamber that must be executed or enforced and fails to observe it, provided the offense is not more severely punished.
The Municipality of Cartago is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be settled in execution of judgment in the administrative litigation court. Let this pronouncement be notified to Rolando Rodríguez Brenes, or to whoever occupies the position of Mayor of Cartago in his stead, personally. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Let the respondent authorities of CONAVI, the M.O.P.T., and the C.N.E. take note of what is stated in considerando V of this ruling.
Fernando Castillo V.
President.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ana María Picado B. Hubert Fernández A.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Control constitucional: Sentencia estimatoria Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:
ALCANTARILLADO.
SE ORDENA AL ALCALDE DE CARTAGO, QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE CUATRO MESES, CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA, SE LLEVEN A CABO TODAS AQUELLAS OBRAS DE MEJORA EN LOS DRENAJES DEL DIQUE UBICADO EN SANTA CECILIA DE 33 GUADALUPE DE CARTAGO, DE MANERA TAL QUE LAS AGUAS QUE POR AHÍ DISCURREN NO PONGAN EN PELIGRO A LOS VECINOS DE LA ZONA.
VCG03/2020 ... Ver más SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte.
Recurso de amparo interpuesto por JOSÉ MIGUEL CORDERO MATA, cédula de identidad 0302040944, contra LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (M.O.P.T.), EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (C.N.E.).
RESULTANDO:
Afirma que tal requerimiento continúa sujeto al criterio del MOPT, como entidad directamente responsable de la administración de las obras de mantenimiento de los diques.
Reventado. Debe entenderse que las obras efectuadas se realizaron en tiempo y forma por parte de mi representada, lo anterior con el objetivo de dar fiel cumplimiento a las funciones que por ley nos han sido encomendadas (...) mi representada cumplió a cabalidad con la intervención del puente conocido como Santa Marta que se encuentra ubicado sobre el Río Reventado, ya que las labores de estabilización de los bastiones se realizaron en tiempo y forma (...)”. Sostiene que el puente actualmente se encuentra en funcionamiento. El tránsito por dicha ruta no se encuentra interrumpida. Alega que el municipio recurrido no hizo referencia al problema de aguas residuales que existe en la zona. Tampoco aludió a los trabajos que realizará respecto a las edificaciones que incumplen lo dispuesto en el artículo 33, inciso b), de la Ley Forestal. Apunta que “(...) la labor de estabilización de los bastiones del puente como se aprecia del contenido de nuestra respuesta fue llevada a cabo y la transitabilidad de la zona no se ha visto interrumpida, situación que confirma la Municipalidad de Cartago, al decir que dicha estructura se encuentra en funcionamiento (...)”.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
CONSIDERANDO:
El recurrente acusa que las autoridades recurridas no han realizado las obras que se requieren para encauzar correctamente las aguas que discurren por el dique que se ubica en Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, lo cual coloca en riesgo a los vecinos de dicha zona.
De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:
C. El área de estudio se ubica sobre espesor considerable de depósitos aluviales y de flujos de lodo provenientes de las erupciones del volcán Irazú. Los constantes trabajos de estabilización en las inmediaciones del puente cercano, dan fe de lo complicado que es alcanzar un equilibrio entre la integridad de las obras y el mantenimiento del perfil longitudinal del río en este tipo de materiales blandos. VI. Recomendaciones. A. Se recomienda llevar a cabo obras necesarias de protección y estabilización del talud de la margen izquierda aguas abajo del puente de Santa Cecilia, con el fin de reducir el impacto que la erosión lateral fluvial está generando sobre las viviendas existentes y sobre el acceso a las mismas. Se recuerda que todas las obras que vayan a realizarse en cauces de dominio público deben contar con los permisos tanto municipales como de la Dirección de Agua del MINAE. B. Se le recuerda a la Municipalidad de Cartago que los permisos de construcción deben prohibirse en las zonas de protección de los cuerpos de agua, sean estos intermitentes o permanentes; además que en la delimitación de dichas zonas debería imperar un criterio hidrológico-geomorfológico por parte del profesional correspondiente.
C. Cualquier obra que se realice debe ser supervisada por un profesional capacitado. D. Cualquier anomalía en cuanto a la omisión a las recomendaciones aquí descritas, QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de los encargados de realizar las obras y de la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes (...)”. (ver prueba).
En el apartado “VII. Alcances” del informe IAR-INF-0645-2018, los autores señalan claramente que los criterios técnicos dados por los funcionarios especializados de la CNE y de los Comités Asesores Técnicos son de carácter vinculante para las instituciones a quienes se dirigen (...) 5. Considerando el punto anterior y además que el punto B. del apartado “VI. Recomendaciones” del Informe IAR- INF-0645-2018 está dirigido a la Municipalidad de Cartago, se debe asumir el criterio profesional expresado en dicho informe como vigente y definitivo, no dando oportunidad a la Municipalidad de Cartago de emitir un criterio que lo contradiga, lo amplíe, lo modifique o lo anule, ni siquiera que lo confirme; menos aún como ya se dijo, si la Municipalidad de Cartago no cuenta con un profesional en el área de geología que pueda referirse técnicamente al análisis ya realizado. 6. Los estudios técnicos a los que se refiere el punto A. del apartado “VI.
Recomendaciones” del Informe IAR-INF-0645-2018, no se refieren a otras valoraciones de riesgo, sino a estudios técnicos requeridos para la propuesta y ejecución de proyectos de infraestructura (obras de protección y estabilización de taludes), que en este caso dependen de la viabilidad legal, presupuestaria y operativa de dichos proyectos. De lo contrario; la inversión que implique la realización de dichos estudios podría ser infructuosa. 7. Por tanto y en lo que hace a la viabilidad legal, los puntos 1 y 2 del Considerando del Decreto NO. 22834 MIVAH-MOPT (25 de enero de 1994) vigente a la fecha, explica que los terrenos dentro de una zona de 1 km de ancho a cada margen del Río Reventado desde su nacimiento hasta el puente que comunica Tejar con Tobosi, están afectados por la Ley NO. 34596 (26 de noviembre de 1964), que los declara reserva nacional. El acuerdo del Concejo Municipal Artículo NO. XXXIV-Acta NO. 187-2018 (25 de setiembre del 2018), en su punto 3 hace referencia a que el Informe IAR-INFO-0645- 2018 indica que el Dique Santa Cecilia se encuentra dentro del mapa de amenazas donde se depositaron aluviales y flujos de lodos provenientes de las erupciones del Volcán Irazú de la década de 1960, evento que precisamente constituye la justificación para que el Decreto NO. 22834 MIVAH-MOPT defina como propósito esencial de los “Diques de Cartago” la salvaguarda de la vida, la salud y la hacienda de personas.
No menciona el decreto que dentro del propósito de los diques se consideró siquiera la posibilidad de la construcción de viviendas, ni la protección del asentamiento humano ilegítimo, precisamente porque tales obras de defensa nunca eliminaron la condición de riesgo, sólo pretendieron mitigarla con una moderación de la vulnerabilidad. Desde el punto 4 hasta el 9 del Considerando del decreto demuestran que la condición de riesgo que el Honorable Concejo Municipal requiere valorar, existe desde antes de la aprobación del decreto en 1994 y que la Comisión Nacional de Emergencias sólo vino a ratificar 24 años después, mediante el apartado “IV Análisis general de la amenaza y vulnerabilidad” de su informe IAR-INF-0645-2018, describiendo la evolución de su deterioro, debido, según el decreto, a la invasión de los predios declarados reserva nacional, que son propiedad del Estado, poniendo en grave peligro la vida de las personas que se han asentado ahí de modo ilegítimo (...) 11 (...) según expresa el acuerdo del Concejo Municipal Artículo NO. XXXIV-Acta NO. 187-2018 en su punto 2, los vecinos del lugar manifiestan que hace algunos años existía alrededor de 10 metros de distancia desde sus casas al cauce y que actualmente haya sectores donde la distancia ronda los 3 metros del talud erosionado, ocasionando que los vecinos ya no puedan ingresar en vehículo a sus viviendas, se concluye que los vecinos del Dique Santa Cecilia que manifiestan encontrarse en esa situación, si siquiera (sic) hace algunos años se encontraban a derecho respecto a los retiros establecidos para la margen izquierda en el Sector 2-Zona 2. 12.
Cabe señalar aquí, en que el sector nunca ha existido ninguna calle pública, sino que los ocupantes del dique utilizaron, una vez más ilegítimamente, la corona del dique para el tránsito vehicular, promoviendo con ello la circulación de todo tipo de vehículos y aún de carga pesada, acelerando con ello la erosión y deterioro de la matriz de finos arenas y de gruesos de piedra bruta que constituyen los apilamientos de materiales fluviales denominados como diques, los cuales ergo decirlo son solo con fines de barreas naturales de protección. Cuando el decreto menciona el derecho de vía no se refiere sobre la corona del dique, sino a partir del pie externo (...)”. (ver prueba).
B. Cualquier acción u obra de reparación al dique que se realice debe de contar los estudios necesarios y bajo la supervisión de un profesional responsable. VIII. Alcances del informe. A. Este informe no sustituye los estudios técnicos necesarios y es válido únicamente con sello original de este departamento. No devenga ningún tipo de costo para los interesados serán ellos los responsables de dar trámite al mismo ante las instancias correspondientes. B. De conformidad a las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, con respecto a los criterios técnicos dados por funcionarios especializados de la CNE y de los Comités Asesores Técnicos, se aclara que las recomendaciones de éste (sic) informe son de carácter vinculante para las instituciones a quienes se dirigen (...)”. (ver prueba).
En cuanto a este extremo, esta Sala, en la Sentencia No. 2003-011519 de las 10:30 hrs. del 10 de octubre de 2003, indicó lo siguiente:
“(…) Ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado conjuntamente con el derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado de que (sic) se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo la tortura o la pena de muerte, o bien que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través del sistema penal; sin embargo, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que (sic) más allá de que (sic) no debe perturbar la existencia física de las personas debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza.
De ahí que, por ejemplo, los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. Se trata así de que (sic) el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente.
En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida e integridad física de sus habitantes, es restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas, de forma tal que si por ejemplo, una determinada comunidad estimara necesario contar con un hospital para la atención de sus pobladores (o de cualquier otra obra pública), no es por la vía del amparo que se debe exigir sino a través de los mecanismos previamente establecidos y ante los órganos y entes competentes, quienes deberán atender la petición y resolver su procedencia técnica, que no implica necesariamente una respuesta positiva. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país (...)”.
Revisado lo informado bajo juramento por las autoridades recurridas, así como las pruebas aportadas a los autos, este Tribunal Constitucional observa que ciertamente, tal y como lo alega el tutelado, existe actualmente un grave problema en Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, en el tanto las aguas discurren en dicha zona de manera irregular (por el colapso de la tubería que atraviesa el dique), lo que ha generado desbordamientos, grietas, y erosión de tipo fluvial y, por ende, ha colocado en peligro a las personas que ahí habitan.
Lo anterior se desprende, con meridiana claridad, a partir de los informes técnicos elaborados por la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, luego de haberse efectuado inspecciones en el mencionado sector. En ese particular, en el informe No. IAR-INF-0645-2018 de 31 de julio de 2018 denominado “ Valoración de riesgo en un sector del Barrio Santa Cecilia por erosión del Río Reventado”, la citada unidad señaló lo siguiente:
“(…) V. Conclusiones. A. A la altura del puente de Santa Cecilia de Guadalupe, de forma paralela a la margen izquierda del río Reventado, se ubican una serie de grietas, que se extienden por 150 m a lo largo del cauce, cuya dirección coincide con el sector en donde se ha registrado erosión lateral del talud desde al (sic) año 2013. B. La comunidad que colinda al sur este del puente sobre el río Reventado se ubica sobre un talud de 5 m de altura, el cual está siendo sometido a erosión fluvial de manera progresiva y constante. De sostenerse u agravarse esa situación en el tiempo gran parte de dicho sector sería removido por acción del caudal, el riesgo de erosión es muy alto en dicho sector. C. El área de estudio se ubica sobre espesor considerable de depósitos aluviales y de flujos de lodo provenientes de las erupciones del volcán Irazú. Los constantes trabajos de estabilización en las inmediaciones del puente cercano, dan fe de lo complicado que es alcanzar un equilibrio entre la integridad de las obras y el mantenimiento del perfil longitudinal del río en este tipo de materiales blandos.
VI. Recomendaciones. A. Se recomienda llevar a cabo obras necesarias de protección y estabilización del talud de la margen izquierda aguas abajo del puente de Santa Cecilia, con el fin de reducir el impacto que la erosión lateral fluvial está generando sobre las viviendas existentes y sobre el acceso a las mismas. Se recuerda que todas las obras que vayan a realizarse en cauces de dominio público deben contar con los permisos tanto municipales como de la Dirección de Agua del MINAE. B. Se le recuerda a la Municipalidad de Cartago que los permisos de construcción deben prohibirse en las zonas de protección de los cuerpos de agua, sean estos intermitentes o permanentes; además que en la delimitación de dichas zonas debería imperar un criterio hidrológico- geomorfológico por parte del profesional correspondiente. C. Cualquier obra que se realice debe ser supervisada por un profesional capacitado.
D. Cualquier anomalía en cuanto a la omisión a las recomendaciones aquí descritas, QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de los encargados de realizar las obras y de la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes (...)” (El destacado no forma parte del original).
Igualmente, de manera más reciente, en el informe técnico No. CNE-UIAR- INF-0188-2019 de 6 de junio de 2019 denominado “ Valoración de riesgo en sector de Santa Cecilia por daños en el dique del río Reventado”, la referida unidad señaló expresamente lo siguiente:
“(…) VI. Conclusiones. A. En la valoración visual el día de la visita no se evidenciaron daños estructurales en el dique. B. Es probable que los anegamientos de (sic) den por deficiencias en los sistemas de drenaje hacia el río Reventado de las aguas pluviales y servidas de las viviendas del Sector de Santa Cecilia. VII. Recomendaciones. A. Se debe dar parte la (sic) Municipalidad de Cartago y al MOPT (...) para que actué (sic) según su competencia y valoren la estructura y la necesidad de realizar obras de mejora de los drenajes del dique. B. Cualquier acción u obra de reparación al dique que se realice debe de contar los estudios necesarios y bajo la supervisión de un profesional responsable. VIII. Alcances del informe. A. Este informe no sustituye los estudios técnicos necesarios y es válido únicamente con sello original de este departamento. No devenga ningún tipo de costo para los interesados serán ellos los responsables de dar trámite al mismo ante las instancias correspondientes. B. De conformidad a las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, con respecto a los criterios técnicos dados por funcionarios especializados de la CNE y de los Comités Asesores Técnicos, se aclara que las recomendaciones de éste (sic) informe son de carácter vinculante para las instituciones a quienes se dirigen (...)”. (El destacado no forma parte del original).
Asimismo, es importante destacar que la situación supra descrita ha sido reconocida igualmente por la Municipalidad de Cartago. Así, en el oficio No. AS- INSP-17-2018 de 4 de junio de 2018, un funcionario del Departamento de Obras y Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad de Cartago -en virtud de una solicitud planteada por el recurrente para que se atendiera el tema del desbordamiento de aguas ante el colapso sufrido en el sistema de recolección de estas-, reconoció la necesidad de intervenir el sistema pluvial y proceder con la sustitución de la tubería, luego de haber llevado a cabo una inspección en la zona. Por su parte, en el oficio No. 0GR-0F-075-2018/CM0-0F-117-2018 de 18 de octubre de 2018, el referido municipio, al pronunciarse sobre lo señalado en el ya citado informe técnico No. IAR-INF-0645-2018, hizo alusión a la condición de riesgo que persiste en el sector aludido y al peligro que corren los pobladores de este último.
Igualmente, esta Sala ha tenido por demostrado, a partir del análisis efectuado, que, a la fecha, no se han realizado todas las obras que son necesarias para hacer frente a la situación expuesta, lo cual, sin duda alguna, hace que se violenten los derechos fundamentales de los vecinos de la referida zona de la provincia de Cartago.
Ahora bien, frente a tal estado de cosas, a esta jurisdicción constitucional le corresponde valorar particularmente si las autoridades recurridas (Municipalidad de Cartago, M.O.P.T., CONAVI y C.N.E.), las que conocen plenamente la situación expuesta, han realizado las gestiones pertinentes, dentro del ámbito de sus competencias, para afrontarla adecuadamente y si, en virtud de esto, el amparo merece ser acogido o no en su contra. Dicho análisis, se procede a realizar bajo el siguiente orden de consideraciones:
A. Municipalidad de Cartago. Con respecto a esta corporación, esta Sala estima que el amparo merece ser acogido por lo que se explicará a continuación.
Nótese que, según se logra colegir del elenco de hechos probados, la problemática bajo estudio fue expuesta por el entonces Diputado Mario Redondo Poveda ante el referido municipio el 6 de septiembre de 2017, así como por el recurrente, en su condición de Presidente del Comité de Obras Comunales de Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, en el mes de mayo de 2018. Asimismo, se tiene por demostrado que las referidas autoridades municipales conocían plenamente lo señalado por la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en los supra citados oficios técnicos No. IAR-INF-0645-2018 de 31 de julio de 2018 y No. CNE-UIAR-INF- 2019 de 6 de junio de 2019. Tan es así que en el oficio No. OGR-OF-075- 2018/CMO-OF-117-2018 de 18 de octubre de 2018, el municipio hizo referencia al primero de tales informes técnicos y afirmó que el criterio profesional expuesto en este debía ser asumido por dicha corporación como vigente y definitivo y, por consiguiente, no podía ser contradicho, ampliado, modificado o anulado de ninguna manera. Asimismo, en tal ocasión, se hizo referencia -tal y como se dijo arriba- a la situación de riesgo y peligro que corren las personas que habitan cerca del Dique Santa Cecilia.
Pese al estado de cosas anterior, este Tribunal Constitucional tiene por demostrado que la corporación municipal recurrida se limitó a realizar únicamente dos actuaciones: 1) a contestar la gestión planteada por el recurrente en mayo de 2018 indicándole, por oficio No. AS-INSP-17-2018 de 4 de junio de 2018, que, en virtud de una inspección realizada en el sector de Santa Cecilia, efectivamente se había determinado la necesidad de mejorar el sistema pluvial y 2) a solicitar ante el Departamento de Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el mes de octubre de 2018, una autorización para colocar una tubería en el área del dique para desfogar aguas pluviales hacia el Río Reventado. Obras anteriores que, sin embargo, según igualmente se logró acreditar, no fueron ni siquiera iniciadas por el citado municipio, habida cuenta que se omitió cumplir la prevención realizada al respecto en febrero de 2019 por el MOPT mediante oficio DVOP-DI- DV-PV-2018-2412 (a efecto que se aportaran unos planos constructivos firmados por un profesional responsable).
De este modo, resulta claro que, pese a que las autoridades de tal municipio tienen pleno conocimiento, desde hace varios años, de la situación alegada, no han realizado las gestiones necesarias para solventarla de manera contundente.
Dicha desidia y omisión no puede ser justificada ahora -tal y como pretende el alcalde recurrido-, atribuyéndole toda la responsabilidad y competencia a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuando es claro que un problema por el discurrir irregular de las aguas y la forma en que se han asentado algunos pobladores en el sitio bajo estudio (que, al parecer, ha sido irregular), es también un asunto que debe ser atendido por los municipios de este país, tal y como se señaló expresamente en los informes técnicos elaborados por la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Incluso, nótese que curiosamente y, en virtud precisamente de esa competencia asignada, es que la Municipalidad de Cartago, en el año 2018, pretendió ejecutar unas obras para colocar tuberías en el área del dique con el fin, a su vez, de llevar a cabo un adecuado desfogue de las aguas pluviales. Obras que sin embargo, según igualmente se dijo, quedaron en el olvido desde hace muchos meses, dejando con esto en estado latente de peligro a los habitantes de la referida zona de Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago.
Así las cosas, este órgano constitucional estima que las autoridades de la Municipalidad de Cartago han vulnerado los derechos fundamentales de los vecinos del mencionado sector de la provincia de Cartago.
B. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Departamento de Previsión Vial). Con respecto a este Departamento en específico, este Tribunal no considera que exista mérito para acoger el amparo. Nótese que, según se informó bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta jurisdicción, a dicho departamento únicamente le corresponde, en lo que tocante a la situación bajo estudio, dar alineamientos de construcción respecto al dique y aprobar las solicitudes de desfogue pluvial o sanitario en dicha área. En virtud de esto, se acreditó que tales autoridades, ante la autorización requerida por la Municipalidad de Cartago en octubre de 2018 para colocar una tubería en el área del dique para desfogar aguas pluviales hacia el Río Reventado, específicamente en el sector de Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, realizaron varias gestiones según el ámbito de sus competencias.
En ese particular, consta que procedieron a solicitar en noviembre de 2018 autorización a la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para ejecutar las citadas obras (la cual, según se explicará infra, fue efectivamente atendida) y, a su vez, en febrero de 2019, previnieron a las autoridades municipales a efecto que aportaran -como requisito previo para resolver la mencionada solicitud-, planos constructivos firmados por un profesional responsable. Se tiene igualmente por demostrado que esta última gestión, sin embargo, no ha sido, a la fecha, atendida por las autoridades de la municipalidad recurrida, con lo cual le ha sido imposible al Departamento de Previsión Vial del ministerio recurrido continuar con la tramitación y resolución de la solicitud originalmente planteada.
Bajo tal estado de cosas, esta jurisdicción no observa que las autoridades del citado departamento hayan sido omisas en cumplir las obligaciones que, con respecto a la situación alegada, le corresponden. Por el contrario, según se pudo demostrar, estas han realizado las gestiones pertinentes para llevar a cabo las obras que se requieren para la colocación de una tubería en el área del dique y así proceder con el desfogue adecuado de las aguas pluviales. Si a la fecha tales trabajos no se han ejecutado, esto no puede serle imputable a las mencionadas autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sino, tal y como se explicó líneas arriba, a las autoridades municipales recurridas.
C. Consejo Nacional de Vialidad. Revisados los autos, esta jurisdicción no estima que las autoridades del CONAVI hayan sido omisas en cumplir sus deberes con respecto a este caso en concreto. Lo anterior por cuanto se tuvo por demostrado que, desde el año 2018 -muchos meses previos a la formulación de este amparo-, las referidas autoridades, en atención al ámbito de las competencias que le fueron asignadas en lo que respecta a la atención de las vías nacionales de este país (lo cual incluye a los puentes), procedieron a realizar una serie de actuaciones para hacer frente a la erosión fluvial que se halló en la zona reclamada por el recurrente y, sobre la cual, a su vez, se hace referencia en el informe técnico No. IAR-INF-0645-2018 de julio de 2018 elaborado por la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
En ese particular, nótese que, según se informó bajo juramento, el CONAVI, a través de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, contrató los diseños y ejecutó una serie de obras para proteger de la erosión los bastiones del puente ubicado en el sector bajo estudio. Consta específicamente que se elaboró una escollera y una estructura anclada, para lo cual se utilizaron geodrenes, elementos de concreto, entre otros y se invirtió un monto de C69.466.292,75 colones.
Así las cosas, el presente amparo merece ser desestimado en lo que a esta autoridad se refiere.
D. Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Con respecto a esta última institución esta Sala estima que el amparo merece ser igualmente desestimado. Lo anterior, toda vez que consta en autos que las autoridades de la citada comisión han realizado varias actuaciones, cuando así se les ha requerido, con respecto a la problemática sufrida por los vecinos del sector de Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago.
De modo particular, consta que han atendido las dos solicitudes formuladas por el tutelado, a través de las cuales se les requirió llevar a cabo inspecciones en el mencionado sitio y emitir un criterio técnico sobre la situación acaecida. Según se logró colegir con claridad, estas últimas actuaciones se tradujeron efectivamente en la emisión de los informes técnicos No. IAR-INF-0645-2018 y No. CNE-UIAR- INF-0188-2019 ampliamente referidos en este proceso, los que, a su vez, han servido de esencial insumo para exponer los problemas que actualmente afrontan los vecinos de la mencionada localidad.
Asimismo, es importante tomar en cuenta que se tiene por demostrado -según lo informado bajo juramento-, que las referidas autoridades de la Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, desde el mes de junio de 2019, atendieron la gestión planteada por el Departamento de Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y, en ese particular, emitieron su criterio con respecto a la sustitución de la tubería que atraviesa el dique ubicado en el Río Reventado.
Así las cosas, no observa este órgano constitucional que las referidas autoridades hayan cometido alguna actuación que atentara contra los derechos fundamentales del recurrente y del resto de vecinos de la localidad de Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago.
V.NOTA PARA LAS AUTORIDADES DEL CONAVI, DEL M.O.P.T. Y DE LA C.N.E. Pese a lo señalado en el considerando anterior con respecto a dichas autoridades, resulta menester recordarles a estas su deber de continuar llevando a cabo todas aquellas actuaciones que sean necesarias (cuando así sea pertinente) y que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias, a efecto de garantizar y proteger los derechos fundamentales del recurrente y de los vecinos de la zona bajo estudio.
En mérito de lo expuesto, se impone acoger parcialmente el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que la autoridad recurrida no ha realizado las obras que se requieren para encauzar correctamente las aguas que discurren por el dique que se ubica en Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, lo que provoca un peligro para la salud del recurrente y su familias, una amenaza al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, contra la Municipalidad de Cartago. En consecuencia, se le ordena a Rolando Rodríguez Brenes, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Alcalde de Cartago, girar las órdenes pertinentes y coordinar todo lo que sea necesario con las instituciones públicas que sean competentes para que, dentro del plazo máximo de CUATRO MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se lleven a cabo todas aquellas obras de mejora en los drenajes del dique ubicado en Santa Cecilia de Guadalupe de Cartago, de manera tal que las aguas que por ahí discurren no pongan en peligro a los vecinos de la zona. Lo anterior se dicta con la advertencia que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta día multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Municipalidad de Cartago al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese este pronunciamiento a Rolando Rodríguez Brenes, o a quien en su lugar ocupe el cargo de Alcalde de Cartago, en forma personal. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Tomen nota las autoridades recurridas del CONAVI, del M.O.P.T. y de la C.N.E. de lo señalado en el considerando V de la presente sentencia.
Fernando Castillo V.
Presidente.
Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Anamari Garro V.
Ana María Picado B. Hubert Fernández A.
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