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Res. 04500-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/03/2020

Construction in BA-730 well protection zone and limits of environmental amparoConstrucción en zona de protección de pozo BA-730 y límites del amparo ambiental

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The amparo is denied because the disagreement over the well protection radius is a matter of ordinary legality and the requested information was already provided.Se declara sin lugar el recurso de amparo al considerar que la discrepancia sobre el radio de protección del pozo es un asunto de legalidad ordinaria y que la información solicitada ya fue entregada.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber reviewed an amparo action against the Municipality of San Rafael de Heredia. The petitioner argued that the Municipality allowed construction of a wall and dwelling within the 200-meter protection zone of well BA-730, which supplies drinking water to several families, violating the right to a healthy environment and health. The Municipality contended that, as a privately used well, the applicable protection zone is 40 meters under Article 8 of the Water Law, not the 200 meters recommended by SENARA in a field inspection. The Chamber dismissed the amparo with respect to the right of information, since the information requests were duly answered. On the environmental merits, it held that the dispute over the well's protection perimeter is a matter of ordinary legality to be litigated in the contentious-administrative jurisdiction, not in constitutional proceedings. It cautioned the Municipality about its duty to verify construction permit requirements and apply the land-use criteria matrix according to aquifer vulnerability to protect water resources.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia. El recurrente alegó que la Municipalidad permitió la construcción de una tapia y una vivienda dentro del área de protección de 200 metros del pozo BA-730, del cual depende el agua potable de varias familias, vulnerando el derecho a un ambiente sano y la salud. La Municipalidad defendió que, por tratarse de un pozo de uso privado, la zona de protección aplicable es de 40 metros según el artículo 8 de la Ley de Aguas, no los 200 metros que el SENARA dictaminó para el caso. La Sala desestimó el amparo en cuanto a la supuesta violación al derecho de información, por haber sido respondidas las gestiones. Respecto al fondo ambiental, consideró que la disputa sobre el perímetro de protección constituye un conflicto de legalidad ordinaria que debe resolverse en la vía contencioso-administrativa, no en sede constitucional. Advirtió a la Municipalidad sobre su deber de verificar el cumplimiento de requisitos constructivos y aplicar la matriz de criterios de uso del suelo según vulnerabilidad de acuíferos para garantizar la calidad del recurso hídrico.

Key excerptExtracto clave

IV.- On the rejection of the claim regarding construction in the protection zone of Well BA-730. The petitioner claims that the respondent Municipality's rejection of the environmental complaint for building in the protection zone of a well endangers the health of all residents who depend on drinking water from this well for their basic needs. (...) Thus, this Chamber considers that the petitioner's disagreement with the response obtained (in which the Municipality determined that a protection radius of 40 meters must be respected under Article 8 of the Water Law No. 276) constitutes a dispute of ordinary legality that must be litigated in the appropriate forum and not before this Chamber. However, the respondent Municipality is hereby cautioned that, prior to approving construction, it has the duty to verify that the requirements for issuing the respective license are met, and it must at all times apply the land use criteria matrix according to vulnerability to contamination to protect water resources (whether for springs or wells), in order to guarantee the quality of the water resources in the area. V.- CONCLUSION. Based on the foregoing, the appeal must be dismissed regarding the alleged violation of the right to information, since it has been demonstrated that the petitioner's requests were duly answered and communicated. Moreover, since it has been determined that the petitioner raises a divergence of criteria—SENARA applies the same protection area to a well as to an aquifer in order to avoid contamination, while the respondent Municipality considers that the protection radius for wells stipulated in Article 8 of the Water Law, which is smaller, must be applied—this matter must be discussed before the contentious-administrative jurisdiction so that it may be analyzed and resolved accordingly.IV.- Del rechazo al reclamo por la construcción de obras en el área de protección del Pozo BA-730 . El recurrente reclama que la negativa por parte de la Municipalidad recurrida, a la denuncia ambiental por construirse en área de protección de un pozo, pone en riesgo la salud de todos los habitantes usuarios que dependen del agua de consumo humano proveniente de este pozo para sus necesidades básicas. (...) Así las cosas, estima esta Sala que la disconformidad que el recurrente pueda tener con la respuesta obtenida (en la cual la Municipalidad determinó que deberá respetarse un radio de protección de correspondiente a 40 metros según el Art.8 de la Ley de Aguas N°276), constituye un conflicto de legalidad ordinaria que deberá ser discutido en la vía correspondiente y no ante esta Sala. Sin embargo, procede advertir a la Municipalidad recurrida que, previo al levantamiento de construcciones su deber es verificar si se cumplen los requisitos para otorgar la licencia respectiva, así como también debe aplicar en todo momento la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación para la protección del recurso hídrico (según se trate de nacientes o de pozos), para garantizar la calidad del recurso hídrico de la zona. V.- CONCLUSION . Con base en las consideraciones anteriores, procede descartar el recurso por la acusada violación al derecho a la información, por haberse demostrado que las gestiones planteadas por el recurrente fueron debidamente respondidas y comunicadas. Asimismo, al determinarse que lo que plantea el recurrente es una divergencia de criterios; pues el SENARA aplica para un pozo la misma área de protección que para un acuífero, con el fin de evitar la contaminación. Mientras que la Municipalidad recurrida estima que debe aplicarse el radio de protección para pozos, que estipula el artículo 8 de la Ley de Aguas, que es menor, este asunto debe discutirse antes la jurisdicción contencioso administrativa para que sea en esa instancia que se analice y resuelva lo que corresponda.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Así las cosas, estima esta Sala que la disconformidad que el recurrente pueda tener con la respuesta obtenida (en la cual la Municipalidad determinó que deberá respetarse un radio de protección de correspondiente a 40 metros según el Art.8 de la Ley de Aguas N°276), constituye un conflicto de legalidad ordinaria que deberá ser discutido en la vía correspondiente y no ante esta Sala."

    "Thus, this Chamber considers that the petitioner's disagreement with the response obtained (in which the Municipality determined that a protection radius of 40 meters must be respected under Article 8 of the Water Law No. 276) constitutes a dispute of ordinary legality that must be litigated in the appropriate forum and not before this Chamber."

    Considerando IV

  • "Así las cosas, estima esta Sala que la disconformidad que el recurrente pueda tener con la respuesta obtenida (en la cual la Municipalidad determinó que deberá respetarse un radio de protección de correspondiente a 40 metros según el Art.8 de la Ley de Aguas N°276), constituye un conflicto de legalidad ordinaria que deberá ser discutido en la vía correspondiente y no ante esta Sala."

    Considerando IV

  • "Sin embargo, procede advertir a la Municipalidad recurrida que, previo al levantamiento de construcciones su deber es verificar si se cumplen los requisitos para otorgar la licencia respectiva, así como también debe aplicar en todo momento la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación para la protección del recurso hídrico (según se trate de nacientes o de pozos), para garantizar la calidad del recurso hídrico de la zona."

    "However, the respondent Municipality is hereby cautioned that, prior to approving construction, it has the duty to verify that the requirements for issuing the respective license are met, and it must at all times apply the land use criteria matrix according to vulnerability to contamination to protect water resources (whether for springs or wells), in order to guarantee the quality of the water resources in the area."

    Considerando IV

  • "Sin embargo, procede advertir a la Municipalidad recurrida que, previo al levantamiento de construcciones su deber es verificar si se cumplen los requisitos para otorgar la licencia respectiva, así como también debe aplicar en todo momento la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación para la protección del recurso hídrico (según se trate de nacientes o de pozos), para garantizar la calidad del recurso hídrico de la zona."

    Considerando IV

  • "Hoy en día, nos encontramos frente a un 'denso entramado' de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno."

    "Today, we are faced with a 'dense network' of environmental regulations, which has brought about two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation of activities whose environmental impact was previously unregulated or scarcely regulated, along with the creation of state bodies with monitoring and control powers over the effects of human activity on the environment."

    Nota de la Magistrada Hernández López, VI.1

  • "Hoy en día, nos encontramos frente a un 'denso entramado' de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno."

    Nota de la Magistrada Hernández López, VI.1

  • "En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos."

    "In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional standpoint, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective enforcement of laws and regulations."

    Nota de la Magistrada Hernández López, VI.3

  • "En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos."

    Nota de la Magistrada Hernández López, VI.3

Full documentDocumento completo

**Constitutional Chamber** **Resolution No. 04500 - 2020** **Date of Resolution:** March 6, 2020 at 09:30 **Case File:** 19-020966-0007-CO **Drafted by:** Ana María Picado Brenes **Type of Matter:** Amparo Appeal **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Text of the Resolution** *190209660007CO* Case File: 19-020966-0007-CO Res. No. 2020004500 **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours thirty minutes on March sixth, two thousand twenty.

Amparto appeal processed under case file number 19-020966-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of Bay Área Mountain Sociedad Anónima against the Municipality of San Rafael de Heredia.

**Whereas:** 1.- By a document received at the Secretariat of the Chamber on November 5, 2019, the petitioner files an amparo appeal against the Municipality of San Rafael de Heredia and states that he is a resident of Concepción de San Rafael de Heredia and acts as a general attorney-in-fact without limit of sum for the company Bay Área Mountain Sociedad Anónima. He points out that on July 19, 2019, unexpectedly, a truck loaded with construction materials and similar items entered the neighboring property number 183186-000. A wall (tapia) began to be built, and as part of the construction, several cypress trees were felled. He adds that nothing had previously been constructed on that property. He alleges that the construction and the tree felling are being carried out within the protection area of Well BA-730, according to an opinion issued by SENARA and in accordance with the current Water Law (Ley de Aguas), for being within the 200-meter radius and because it involves the water supply for that community. He emphasizes that the community of Conjunto de Quintas Paso Piedra and other residents of the area do not have another alternative source of drinking water, since the ESPH is materially unable to provide them with the service. He states that the risk is increased if one considers that the nature of the planned construction—for 14 rooms (aposentos) and 3 bedrooms in an area of medium vulnerability, where the law only permits the construction of a single-family dwelling, according to the SENARA opinion—is unclear. He adds that the construction seriously endangers the public health of more than 25 families who depend on the drinking water from said well. He explains that all of the foregoing was pointed out to the respondent municipality in a document submitted to the Urban and Territorial Management office on July 24, 2019. However, said corporation, by resolution of August 22, 2019, rejected the request to stop the work, arguing that the protection area indicated by SENARA is being respected. On October 18, 2019, earthworks (movimientos de tierra) and construction activities with heavy machinery began on the described property within the protection area, further endangering access to drinking water and public health. He points out that this situation violates the residents' right to health and the right to a healthy and ecologically balanced environment. He requests that the appeal be granted, with the legal consequences.

2.- The resolution at 1:41 p.m. on November 6, 2019, which admits this amparo, was duly notified to the respondent authorities on the 8th of the same month.

3.- Francisco Antonio Calvo Chacón, in his capacity as Municipal President of San Rafael de Heredia, reports under oath that this Municipal Council has not processed or directly or indirectly heard of any construction permit in an area of medium vulnerability, nor any type of complaint regarding this matter, since this was a proceeding probably handled before the Municipal Administration, under the hierarchy of the mayor. He requests that the appeal be dismissed.

4.- Verny Valerio Hernández, in his capacity as Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, reports under oath that he provides a technical report under official letter No. PU-MSRH-056-2019, issued by Geologist Paola González Rodríguez and Engineer Oscar Álvarez Muñoz, from the Urban and Territorial Management Unit of the Municipality of San Rafael de Heredia, who indicate that through official letter No. DPUS-MUNISRH-0413-2014, land-use (uso de suelo) certification was issued for housing construction, noting in the alignment that the corresponding setbacks from the well with registration BA-730 must be left. He attaches a map with the location of the property, location of the well, and the protection zone corresponding to 40 meters according to Art. 8 of the Water Law No. 276. Through official letter No. DPUS-MSRH-0587-2015, a conforming land-use certification was issued for the construction of a dwelling, and it notes in the alignment that a protection radius of 15 meters recommended by SENARA through official letter No. DIGH-267-15, provided by the interested party, must be respected. Likewise, he attaches a map with the location of the property, location of the well, and the protection zone corresponding to 15 meters. Through official letter No. DPUS-MSRH-0100-2016, a conforming land-use certification was issued for housing construction. On July 27, 2018, Construction License No. 5-1559 for housing construction was approved. On July 22, 2019, Mr. [Name 001] requested from the Urban and Territorial Planning Directorate a complete copy of the file corresponding to construction permit No. 5-1559. On July 24, 2019, Mr. [Name 001] filed before the Municipality a "Revocation of Construction Permit, Closure and Demolition of New Works, Sanctions for the felling of cypress trees located on a local road and disposal of public assets." On August 6, 2019, Mr. [Name 001] filed before the Municipality a "Revocation of Construction Permit, Closure and Demolition of New Works, Sanctions for the felling of cypress trees located on a local road and disposal of public assets," in which he clarifies an omission made in the revocation filed on July 24, 2019. Additionally, official letter No. 1999-DGAU-2015/091948, issued by ARESEP in response to official letter No. CS-183-2015-C, is attached, corresponding to a service request made by Mr. Jesús E. Sánchez Esquivel to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), to which a denial of supply was received. On August 12, 2019, through official letter No. MSRH-UGA-102-2019, the Municipal Environmental Management Unit issued a response to the revocation motion filed by Mr. [Name 001], referring solely to the felling of cypress trees alleged by the undersigned, which is declared without merit "since it is clear that said trees were located on private property; second, because according to current legislation, this type of tree does not require a felling permit; and third, because said felling was carried out primarily for prevention reasons, since it was observed that said trees were diseased in their main trunk." On August 22, 2019, through resolution No. 165-IUGUT-MSRH-2019, the engineer from the Urban and Territorial Management Unit issued a response to the revocation motion filed against municipal construction license No. 5-1559 on property 4-183136-000, which "is rejected within the same procedural stage, both revocation motions against Municipal Construction License No. 5-1559 on property 4-183136-000; the license is upheld as having been duly issued in full compliance with all regulations and documentary requirements, as well as what was indicated by SENARA." Said resolution is duly notified via email on August 26, 2019. That on August 29, 2019, Mr. [Name 001] filed before the Municipality an "Appeal to the hierarchical superior" against Resolution No. 165-IUGUT-MSRH-2019 of the engineer from the Urban and Territorial Management Unit. That on October 18, 2019, Mr. [Name 001] requested that, for judicial purposes, it be certified whether construction permit No. 5-1559 is in force, and clarified whether it is only for the construction of a wall or includes a building with 14 rooms and 3 bedrooms. That on October 18, 2019, Mr. [Name 001] requested that, for judicial purposes, it be certified that the immediate visit of the inspector was requested to verify in situ that the aforementioned construction permit was in force and in legal order. However, the municipal inspector did not attend at the indicated time and date. Also attached is the general opinion issued by SENARA related to the inspection of Well BA-730, property with cadastral map H-1651031-2013, File No. 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019. From said opinion, it is important to highlight subsection b) of point 4, which addresses the field visit. It is mentioned that the well is used for domestic use, human consumption; additionally, subsection d) mentions that "with respect to the well's protection zone, the provisions of article 31 of the Water Law apply." Likewise, in the operative part (Por tanto), point 4 states: "despite the fact that well BA-730 was requested for 'various uses,' it is currently used for human consumption in the sector," and point 5 states: "the 200 m protection zone of the well is invaded with structures such as fences, walls, single-family dwellings, and access roads." That on October 22, 2019, Mr. [Name 001] filed before the Municipality a "Revocation of Construction Permit, Closure and Demolition of New Works, Sanctions for the felling of cypress trees located on a local road and disposal of Public Assets." That on November 6, 2019, through official letter No. MSRH-DPUT-276-2019, the Urban Director Erick Camacho Sánchez issued a response to the note presented on October 18, 2019, by Mr. [Name 001], in which it is requested to certify whether construction permit No. 5-1559 is in force, and to clarify if it is only for the construction of a wall or includes a building with 14 rooms and 3 bedrooms, to which it is stated that the due response will be provided within a maximum period of 15 calendar days. He adds that Mr. [Name 001] filed this amparo appeal against the Municipality of San Rafael de Heredia, and upon gathering the pertinent information, it is found that according to the SENARA well registry (attached), well with registration BA-730 has a regency date of November 13, 2001, and according to the Water Uses, it states: "The well is used for domestic purposes in three dwelling houses, with a total of 12 people, supply for a dairy farm with 50 to 60 cows, and for irrigation of pastures divided into small paddocks, in a total area of approximately 10 ha, during the dry season." Therefore, Art. 31 of the Water Law does not apply, as mentioned in the General Opinion issued by SENARA regarding well BA-730, property with cadastral map H-1651031-2013, File No. 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, since the protection radius of 200 m applies only to springs (nacientes) for public use, and well BA-730 is registered and managed by a private entity; that is, it has no public exploitation or public use. Furthermore, according to official letter No. DA-0583-2018 (attached) from the Water Directorate of MINAE, point 3 mentions the Operational Setback for Drilled Wells (Retiro Operacional en Pozos -ROP-) in which it is stated: "The governing regulation is Article 8 of the Water Law and Decree 35884-MINAE (...). In this sense, (...) 4. The Law (40 meters) applies or as indicated by the technical study. 5. In permits, the ROP cannot encumber neighboring properties." Regarding the arguments presented by Mr. Chachagua with respect to what is indicated in official letter No. DIGH-267-15, stating that the indicated recommendation regarding a protection setback of 15 meters is merely an opinion of a public official, it is important to note that according to the SENARA Law No. 6877 in its Article 3, subsection h), it states that it is a function of the Service "to monitor compliance with legal provisions in the matters of its concern. The decisions that the Service makes for that reason, referring to the drilling of wells, and to the exploitation, maintenance and protection of waters—carried out by public institutions and private individuals—shall be final and mandatory." It is for this reason that the land-use certification granted through official letter No. DPUS-MSRH-0587-2015 was approved with a smaller protection radius. It is surprising that the thesis maintained regarding well protection radii has always been 40 meters, and has been discussed with SENARA officials on various occasions; however, in the aforementioned Opinion issued by SENARA, a protection radius of 200 m is applied to a water intake of private origin and administration, which according to technical criteria generates legal uncertainty, since the Water Directorate of MINAE maintains the same thesis regarding well protection radii dictated by law (40 meters according to Art. 8 of the Water Law). It is important to mention that during the well inspection, there was no consultation or coordination with the Municipality, which can alter the handling of information since what was indicated to the SENARA officials at the time was the sole responsibility of the community that was present during the inspection. Likewise, it is worth mentioning that in the Opinion issued by SENARA, in section 2. Technical Aspects, subsection e) referring to SINIGIRH information, it is indicated that the file status is "cancelled due to expiration." Due to the foregoing, the Municipality proceeded to make a telephone consultation with the Water Directorate, to which Ms. Andrea Barrantes mentions that the concession appears expired, and therefore said well should be sealed and capped, as it currently does not have exploitation permits, which creates uncertainty about what was assessed by SENARA at the time of the inspection. Therefore, taking into account all of the above, it can be noted that construction license No. 5-1559 was granted legally under the legal norm applied to the specific case analyzed, since there is a technical criterion from SENARA (official letter No. DIGH-267-15), and there is a technical document issued by the Water Directorate (official letter No. DA-0583-2018) that allows the proper interpretation of the regulation applied to wells, which would be based on Art. 8 of the Water Law for wells, and not Art. 31 which applies to public-use sources (springs). He requests that the appeal be dismissed.

5.- Patricia Quirós Quirós reports under oath, in her capacity as General Manager with powers of General Attorney-in-Fact without limit of sum of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, hereinafter referred to as "SENARA," that on July 31, M.Sc. Lilliam Álvarez Rojas requested from SENARA a 'General Opinion of well BA-730, which is located in San Rafael de Heredia,' a request that is visible on folio 1 of the administrative file, a certified copy of which is attached as an annex to this document. On August 21, 2019, the hydrogeologist Michelle Aras Fernández, a SENARA official, conducted the inspection of the property where well BA-730 is located. C) As a result of that inspection, General Opinion No. SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019 was issued, visible on folios 16 front to 19 back, which concludes the following: “1. It has been determined that at coordinates 528 352 E and 225 201 N (492025E-1110569.79 CRTM05) well BA-730 is located. 2. No springs (manantiales) are reported in the SENARA databases within a 500 m radius with respect to the central coordinates 528 350 E and 225 200N. 3 The well is located in an area of medium vulnerability according to the Vulnerability Map of the Barva, Upper and Lower Colima aquifers and the Virilla river for the canton of San Rafael, prepared by the PRU-GAM project in 2005. 4. Despite the fact that well BA-730 was requested for 'various uses,' it is currently used for human consumption in the sector. 5. The protection zone of the well is 200 m, which is invaded with structures such as fences, walls, single-family dwellings and access roads. 6. The interested party is informed that this pronouncement from SENARA refers exclusively to wells and springs registered in the institutional database, and not to those that could be located in the field but lack registration with the institution. 7. This pronouncement does not constitute a construction permit, nor does it take into account aspects related to water availability or other local hydrogeological aspects such as the risk analysis for groundwater contamination.”- Regarding the grievances expressed by the petitioner. A) On the construction of a wall and the felling of cypress trees in the protection area where the well is located: During the inspection carried out on August 21, 2019, at 9:00 a.m., a tiled wall built along the South and East boundaries of the property where well BA-730 is located was identified. At the time of the inspection, no tree felling activities or construction in progress were observed, as the wall was apparently finished. The presence of the wall did not allow verification of whether there was tree felling on the property located south of the land 4-1651031-2013 or if there was a construction process within its perimeter. Despite the above, the constructed walls that could be observed are built within the 200 m of protection established by Article 31, subsection a) of the Water Law and as indicated by General Opinion No. SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019. B) Regarding the nature of the construction planned for 14 rooms and 3 bedrooms in an area of medium vulnerability, in which only the construction of a single-family dwelling is permitted: In accordance with report No. SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19, it was indicated that the aquifer vulnerability is Medium, according to the Vulnerability Map of the Barva, Upper and Lower Colima aquifers and the Virilla river for the canton of San Rafael, prepared by PRUGAM (2005). When applying the Land-use criteria matrix according to aquifer contamination vulnerability, for the protection of the water resource of the canton of Poás - the analytical tool in force at that time -, the characteristics of potential productive activities were indicated, based on the medium vulnerability of the area, which guarantee the protection of the aquifer and public supply sources, for which the following chart is exemplified:

ZoningVulnerabilityMaximum coverage (%)Maximum population density (people/ha)Potential productive activities
MediumMedium3030Housing, low-impact recreation, low-impact commerce and services, unrestricted agricultural and forestry activities, tourism
  • C)Regarding the serious danger to public health for more than 25 families generated by the construction, because they depend on the drinking water from said well, it states that according to the on-site inspection, only the presence of the wall could be verified. Since this is a work that does not generate any type of effluent, it is not considered a work that puts the public health of the families that depend on well BA-730 at risk. However, it must be clear that the entire wall is located within the protection zone of well BA-730, and to prevent contamination of the aquifer and the well, the specifications indicated in the Chart mentioned in point B) must be met. Regarding the rejection of the claim by the Municipality of San Rafael, in which it indicated that the well protection area indicated by SENARA is being respected: According to the field inspection conducted on August 21, 2019, in the area and specifically at the property with cadastral map 4-1651031-2013, and upon consulting satellite images from Google Earth and SINIGIRH, it is corroborated that the protection zone established at 200 m for well BA-730 is invaded by walls, already consolidated dwellings, and other works, an aspect evident on folio 000019 of report SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19. On the other hand, it would be "expected" that the local government apply the Land-use criteria matrix according to aquifer contamination vulnerability for the protection of the water resource of the canton of Poás, prior to granting a construction license, to guarantee the quality of the area's water resource. Regarding the start of construction activities on October 18, 2019, which puts access to drinking water and public health at risk: It is SENARA's criterion that the activity to be developed must comply with what is indicated in the Chart visible in point B) of this report, and that recorded on folio 19 of the file; otherwise, the quality of the water resource used for human consumption would be compromised. Therefore, it is SENARA's criterion that, given the hydrogeological characteristics of the area in terms of aquifer vulnerability, coupled with the existing limitations regarding access to drinking water in the area, it is essential to safeguard the protection zone of well BA-730 established at 200 m, to ensure the quality of the liquid for human consumption.

6.- In a document filed on November 21, 2019, [Name 001], in his capacity as representative of BAY AREA MOUNTAIN SOCIEDAD ANÓNIMA, refers to the report provided by the Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia and states that the Municipality tries to confuse by arguing that Article 8 of the Water Law is applicable to the Well BA-730 in question. He says this is not the case, and on this matter, one can consult the report issued by SENARA, which is clear on the 200 meters that Article 31 of the aforementioned Law literally states for this specific case. Furthermore, a correct reading of the Water Law does NOT indicate what the Municipality states. In this regard, Article 8 of said Law provides, in what is relevant, that: "(...) The works referred to in the preceding article for water extraction (alumbramientos) may not be executed at a distance of less than forty meters from buildings belonging to others, from a railway or highway, nor less than one hundred meters from another extraction, source, river, canal, irrigation ditch, or public watering place, without the corresponding license from the Electricity Service." This numeral refers to water extractions made for private use, which is not applicable to this case, given the public use and for the purpose of supplying drinking water for human consumption provided by said well. Aside from that, official letter No. DIGH-267-15 issued by SENARA in 2015 and cited by the Municipality in its defense does NOT say what the filed report alleges. The truth is that said document is far from being an opinion and is an observation that the protection range can be reduced, clearly not ex officio and only after multiple and costly hydrogeological studies that determine if there is an impact or not when decreasing the protection setback. He reiterates that this observation is from 2015, while the technical opinion opportunely provided is from 2019 and includes a field study carried out recently in past months. It is strange that the Municipality conveniently overlooks this and insists on maintaining an indefensible position regarding a permit granted in an evidently illegal manner. Also noteworthy is the apparent bad faith on the part of the Municipality officials who, even knowing the nature and public use of the water source, "threaten" in a veiled and arbitrary manner to close it due to the lack of a permit that is not applicable in this scenario and which, in any case, is beyond their competence, since the governing body is SENARA, which as the competent authority has already spoken on the matter in a clear, coherent, and precise manner. The truth is that all of this seeks to create a distraction from an uncontested fact, namely that the Municipality authorized a construction completely illegally and without the proper technical criteria; and that it has also turned a blind eye to the gigantic billboard (which also does not meet legal criteria) that now protects and covers the environmental disaster they have allowed to emerge in the community, for the purposes of this case. He insists that a 200-meter setback must be respected. Furthermore, any possible construction carried out must comply with certain technical parameters to prevent any impact, which is also not fulfilled in this case. Finally, it is important to clarify that this amparo is only directed against the Municipality of San Rafael de Heredia, and regarding SENARA, they only deem it appropriate to request a report from them, which was sent to the present case file within the legal deadline. As a precautionary measure (medida cautelar), they request that the Municipality of San Rafael de Heredia be compelled to enforce the law, suspending and demolishing the construction works being carried out within the protection area of Well BA-730, also obliging the restoration of the original state of things, in order to guarantee the health of all resident users who depend on water for human consumption from this well for their basic needs. He requests that the appeal be granted.

7.- By resolution at 1:39 p.m. on February 14, 2020, as evidence for a better resolution (prueba para mejor resolver), the Mayor of the Municipality of San Rafael de Heredia, or whoever holds that position in their stead, is requested to inform this Chamber of the full name, identity card number, and domicile; and in the case of a legal entity, the legal ID number, with identification of its representative, and exact domicile where they can be notified; of the owners of all dwellings and properties built within the 200-meter radius of well BA-730 cited by the petitioner in this appeal. Additionally, they must indicate the nature of each property and whether they have had the pertinent construction permits. Likewise, they must inform this Chamber in whose name the wall that was built around the well in question is registered, with an indication of the owner's details and whether it had the corresponding construction authorization.

8.- Erick Camacho Sánchez, in his capacity as Director of Urban and Territorial Planning of the Municipality of San Rafael de Heredia, reports in relation to the validity of Construction License 5-1559, that according to the Construction Regulation within the Jurisdiction of the Canton of San Rafael (Reglamento de Construcciones dentro de la Jurisdicción del Cantón de San Rafael), once the construction license is issued, the property owner has one year to begin execution of the project. For the case in question, he indicates that according to the information in the administrative file, it is determined that the project authorized through License 5-1559 began before its expiration date; for this reason, the license is in force. Regarding the works contemplated in Construction License No. S-1559, he says that the approved project includes the construction of perimeter walls and a dwelling house. Regarding the coverage area, he indicates that the work approved through the construction license indicated in the previous points complies with the coverage area recommended by SENARA for the area where property 4-183136-000 is located; the coverage area of the authorized project is approximately 296 square meters, which is below 30% of the land area. On the protection area of well BA-730, he indicates that once the information and the administrative file were analyzed, according to the SENARA well registry, well with registration BA-730 has a regency date of November 13, 2001, and according to the Water Uses, it is stated: “The well is used for domestic purposes in three dwelling houses, with a total of 12 people, supply for a dairy farm with 50 to 60 cows, and for irrigation of pastures divided into small paddocks, in a total area of approximately 10 ha. During the dry season; for this reason, Art. 31 of the Water Law does not apply as mentioned in the general opinion issued by SENARA related to the inspection of well BA-730, property with cadastral map h-1651031-2013, File 93.2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, since the 200 m protection radius applies only to springs (naciente) for public use, and well BA-730 is registered and managed by a private entity; that is, it has no public exploitation or public use. He says that, according to official letter No. DA-0583-2018 from the Water Directorate of MINAE, point 3 mentions the operational setback for drilled wells ROP, in which it is stated: "The governing regulation is Article 8 of the Water Law and Decree 35884-MINAE. In that sense, 4. The law (40 meters) applies or what the technical study indicates." Regarding the issue of the setback for well BA-730, taking into account the above, construction license N5-1559 was granted legally under the legal norm applied to the specific case analyzed, since there is a technical criterion from SENARA (official letter No. digh-267-15) AND there is a technical document issued by the Water Directorate (official letter DA-0583 2018) that allows the proper interpretation of the regulation applied to wells, which would be based on Article 8 of the Water Law for wells and not Article 31 which applies to public-use sources (springs).

Regarding the inspection requested on October 18, 2019, coordination was indeed made with inspector Herrera Retana to visit farm 4-183136-000 that same day; however, due to other previously scheduled inspections, there was no time to conduct the field inspection at that moment. Nevertheless, it was carried out on October 21, 2019.

9.- Under oath, Verny Valerio Hernández, in his capacity as Mayor, and Francisco Antonio Calvo Chacón, in his capacity as President of the Municipal Council, both of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, report that according to the table inserted in technical report MSRH-IUGUT-023-2020 from the Urban and Territorial Management Unit (Unidad de Gestión Urbana y Territorial) of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, out of 22 farms located within a 200-meter radius of well BA-730, 13 have one or several buildings, whether a dwelling, basement, and ranch or kiosk. Of the foregoing properties, only 5 of these have had municipal permits to build one or several dwellings and ranches. It indicates that the perimeter wall built is in the name of [Name 002], and it holds municipal license number 5-1559. It adds that from a technical standpoint, said walls do not represent any type of "cross-contamination," being an inert work with a fixed foundation which rather represents protection against contaminants reaching the well. A consultation was also made with SENARA official Diana López Casanova, who reported that effectively there are no technical or legal restrictions regarding this matter of perimeter walls, since it is clear that the sanitary water treatment system will be built away from said well, at a distance of more than 15 meters as established by said institution and through an improved system of a biological septic tank with a double stage, that is, both a septic filter and an anaerobic filter. She clarifies that the 200-meter distances apply to springs (nacientes), not to wells (which, without studies, require a distance of only 40 meters according to Article 8 of the Ley de Aguas), as is the case with well BA-730. She adds that according to a ruling by SENARA, the status of the file is "canceled due to expiration." The Municipalidad proceeded to make a telephone inquiry to the Dirección de Aguas, to which Andrea Barrantes mentions that the concession appears expired, and therefore said well should be sealed and capped because it currently does not hold exploitation permits, which creates uncertainty about what was assessed by SENARA at the time of the inspection conducted. By official letter N°DPUS-MSRH-0587-2015, a conforming land use (uso de suelo conforme) approval is issued for the construction of a dwelling, and it indicates in the alignment that a protection radius of 15 meters recommended by SENARA, via official letter N°DIGH-267-15 provided by the interested party, must be respected. It states that the well with registration BA-730 has a management start date of November 13, 2001, and according to the water uses: "The well is used for domestic purposes in three dwelling houses, with a total of 12 people, supply for a dairy with 50 to 60 cows, and for irrigation of pasturelands divided into small paddocks, in a total area of approximately 10 ha, during the dry season." Therefore, Article 31 of the Ley de Aguas does not apply, as mentioned in the General Ruling issued by SENARA related to the Inspection of well BA-730, property with cadastral plan H-165101-2013, File 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, since the protection radius of 200 m applies only to springs (nacientes) for public supply and well BA-730 is registered and administered by a private entity; that is, it does not have public exploitation or public supply use. It says that construction license No. 5-1559 was granted lawfully under the legal norm applied to the specific case analyzed, since there is a technical criterion from SENARA (official letter N°DIGH-267-15) and there is a technical document issued by the Dirección de Aguas (Official Letter N°DA-0583-2018) that allows for the proper interpretation of the norm applied to wells, which would be based on Article 8 of the Ley de Aguas for wells and not Article 31, which applies to public supply sources (springs/nacientes). They request that the appeal be dismissed.

10.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Picado Brenes; and, I.- Purpose of the appeal. The appellant claims that the Municipalidad de San Rafael de Heredia has not provided the information requested on October 18, 2019, regarding the validity of construction permit No. 5-1559. He also claims that by rejecting the environmental complaint he filed, it has allowed the construction of works in the protection area of Well BA-730, putting at risk the health of all resident users who depend on the water for human consumption from this well for their basic needs. He believes that his fundamental rights have been violated, and he requests that the appeal be granted with the legal consequences.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as stipulated in the initial order:

By official letter N°DPUS-MUNISRH-0413-2014, a conforming land use (uso de suelo conforme) approval is issued for the construction of a dwelling, indicating in the alignment that the corresponding setback (retiros) for the well with registration BA-730 must be left, and a map is attached with the location of the farm, the location of the well, and the corresponding protection zone of 40 meters, according to Article 8 of the Ley de Aguas N°276 (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).

The perimeter wall built around well BA-730 is in the name of [Name 002], and holds municipal license number 5-1559. In the opinion of the respondent Municipalidad, said wall does not represent any type of "cross-contamination," being an inert work with a fixed foundation which rather represents protection against contaminants reaching the well (Report of the respondent Municipalidad).

The well with registration BA-730 has a management start date of November 13, 2001, and according to the water uses: "The well is used for domestic purposes in three dwelling houses, with a total of 12 people, supply for a dairy with 50 to 60 cows, and for irrigation of pasturelands divided into small paddocks, in a total area of approximately 10 ha, during the dry season." In the opinion of the Municipalidad de Heredia, Article 31 of the Ley de Aguas does not apply, as mentioned in the General Ruling issued by SENARA related to the Inspection of well BA-730, property with cadastral plan H-165101-2013, File 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, since the protection radius of 200 m applies only to springs (nacientes) for public supply and well BA-730 is registered and administered by a private entity; that is, it does not have public exploitation or public supply use (report of the respondent Municipalidad).

On July 27, 2018, construction license No. 5-1559 for the construction of a dwelling was approved (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).

On July 22, 2019, the appellant [Name 001] requested from the Dirección de Planificación Urbana y Territorial a complete copy of the file corresponding to construction permit No. 5-1559 (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).

On July 24, 2019, the appellant [Name 001] filed before the Municipalidad a "Revocation of Construction Permit, Closure and Demolition of New Works, Sanctions for felling cypress trees located on a local road, and disposal of public assets" (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).

On August 6, 2019, the appellant [Name 001] filed before the Municipalidad a "Revocation of Construction Permit, Closure and Demolition of New Works, Sanctions for felling cypress trees located on a local road, and disposal of public assets," in which he clarifies an omission made in the Revocation filed on July 24, 2019 (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).

On August 12, 2019, via official letter N°MSRH-UGA-102-2019, the Municipal Environmental Management Unit (Unidad de Gestión Ambiental Municipal) issued a response to the Appeal for Revocation filed by Mr. [Name 001], referring solely to the felling of cypress trees and stating that said trees were located on private property. It is added that according to current legislation, this type of tree does not require a felling permit. Furthermore, the felling was carried out primarily for prevention reasons, since it was observed that said trees were diseased in their main trunk (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).

On August 22, 2019, through resolution N°165-IUGUT-MSRH-2019 of the Urban and Territorial Management Unit (Unidad de Gestión Urbana y Territorial), the appeal for revocation filed against municipal construction license No. 5-1559 on farm 4-183136-000 is resolved, indicating that: "the appeals (both) for revocation against Municipal Construction License No. 5-1559 on farm 4-183136-000 are rejected within the same procedural stage, and the license is upheld, having been duly generated in full compliance with all regulations and documentary requirements as well as what was indicated by SENARA" (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).

The resolution is duly notified by email on August 26, 2019 (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).

On August 29, 2019, the appellant [Name 001] filed before the Municipalidad an "Appeal before the hierarchical superior" against Resolution N°165-IUGUT-MSRH-2019 issued by the engineer of the Urban and Territorial Management Unit (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).

On October 18, 2019, the appellant [Name 001] requested that, for judicial purposes, it be certified whether construction permit No. 5-1559 is current, and to clarify whether it is only for the construction of a perimeter wall or whether it includes a building with 14 rooms and 3 bedrooms. He also requested, for judicial purposes, that it be certified that the immediate visit of the inspector was requested to verify in situ that the aforementioned construction permit was current and in order. However, the municipal inspector did not attend at the indicated time and day (Report of the Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia).

By the General Ruling issued by SENARA (no date indicated) in relation to the inspection of well BA-730, property with cadastral plan H-1651031-2013, File 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-201, it is stated in subparagraph b) of point 4, from the visit conducted it is determined that the well in question is used for domestic use, human consumption, and in subparagraph d) it is mentioned that "regarding the well protection zone, the provisions of Article 31 of the Ley de Aguas apply. Likewise, in the "por tanto" section of point 4 it is indicated that "despite well BA-730 having been requested for 'various uses', the current use is for human consumption in the sector," and in point 5 it is indicated that "the 200 m well protection zone is encroached upon with structures such as fences, perimeter walls, single-family dwellings, and access roads." (report of the Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia).

On October 22, 2019, Mr. [Name 001] filed before the Municipalidad a "Revocation of Construction Permit, Closure and Demolition of New Works, Sanctions for felling cypress trees located on a local road, and disposal of public assets" (report of the Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia).

On November 6, 2019, via official letter N°MSRH-DPUT-276-2019, the Urban Director Erick Camacho Sánchez delivered to the appellant the certified copy of the administrative file called "License 5-1559 [Name 002]"; in response to the note presented on October 18, 2019, by the appellant [Name 001] (Report of the Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, acknowledgment of receipt dated November 7, 2019).

By official letter MSRH-DPUT-298-2019 dated November 27, 2019, the Dirección de Planificación Urbana y Territorial responded to the protected party's notes presented on October 18, 2019, and indicated that, for construction license 5-1559, once issued, the property owner has one year to begin the project execution. For the case in question, it began before its expiration date and is current. It also indicates that the approved project includes the construction of perimeter walls and a dwelling house of 491 square meters. It points out to him that the coverage area of the work approved through the construction license complies with SENARA's recommendations for the zone where farm 4-183136-000 is located. It informs him that according to SENARA's well registry, the well with registration BA-730 has a management start date of November 13, 2001, and according to the water uses, the well is used "for domestic purposes in three dwelling houses, with a total of 12 people, supply for a dairy with 50 to 60 cows, and for irrigation of pasturelands divided into small paddocks, in a total area of approximately 10 ha, during the dry season," for this reason Article 31 of the Ley de Aguas does not apply, as mentioned in the General Ruling issued by SENARA related to the Inspection of well BA-730, property with cadastral plan H-1651031-2013, File 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, since the protection radius of 200 m applies only to springs (nacientes) for public supply, and well BA-730 is registered and administered by a private entity; that is, it does not have public exploitation or public supply use. The appellant is told that according to official letter N°DA-0583-2018 from the Dirección de Aguas of MINAE, what applies is Article 8 of the Ley de Aguas and Decreto 35884-MINAE. It is clarified to him that the issue of the setback distance from well BA-730 is taken into account when issuing construction license No. 5-1559, based on the technical criterion of SENARA (Official Letter N°DIGH-267-15) and there is a technical document issued by the Dirección de Aguas (Official Letter N°DA-0583-2018) that allows for the proper interpretation of the norm applied to wells. In relation to the inspection requested by the appellant, it says that coordination was made with inspector Joseph Herrera Retana to visit farm 4-183136-000 that same day, but he could not go. (acknowledgment of receipt of official letter MSRH-DPUT-298-2019 dated November 27, 2019, from the Dirección de Planificación Urbana y Territorial, attached to the report of the respondent authority).

The inspection requested by the appellant before the respondent Municipalidad for farm 4-183136-000 to be visited was carried out on October 21, 2019 (acknowledgment of receipt of official letter MSRH-DPUT-298-2019 dated November 27, 2019, from the Dirección de Planificación Urbana y Territorial, attached to the report of the respondent authority).

Of the 22 properties located within a 200-meter radius of the well, 13 have one or several buildings, whether a dwelling, basement, and ranch or kiosk. Of these 13 buildings, only 5 of these have had municipal permits to build one or several dwellings and ranches (report of the respondent authority).

III.- Regarding the request for certification of information managed before the Municipalidad de San Rafael de Heredia. In the present matter, it has been demonstrated, from the evidence provided to the case file, that the request for information made by the appellant [Name 001], on October 18, 2019, in which he requests that it be certified whether construction permit No. 5-1559 is current, and to clarify whether it is only for the construction of a perimeter wall or if it includes a building with 14 rooms and 3 bedrooms, was duly answered and communicated by official letter MSRH-DPUT-298-2019 dated November 27, 2019, from the Dirección de Planificación Urbana y Territorial, in which he is informed that, for construction license 5-1559, once issued, the property owner has one year to begin the project execution. For the case in question, it began before its expiration date and is current. Furthermore, the petitioner is informed that the approved project includes the construction of perimeter walls and a dwelling house of 491 square meters. It is pointed out to him that the coverage area of the work approved through the construction license complies with SENARA's recommendations for the zone where farm 4-183136-000 is located. It informs him that according to SENARA's well registry, the well with registration BA-730 has a management start date of November 13, 2001, and according to the water uses, the well is used "for domestic purposes in three dwelling houses, with a total of 12 people, supply for a dairy with 50 to 60 cows, and for irrigation of pasturelands divided into small paddocks, in a total area of approximately 10 ha, during the dry season," for this reason Article 31 of the Ley de Aguas does not apply, as mentioned in the General Ruling issued by SENARA related to the Inspection of well BA-730, property with cadastral plan H-1651031-2013, File 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, since the protection radius of 200 m applies only to springs (nacientes) for public supply, and well BA-730 is registered and administered by a private entity; that is, it does not have public exploitation or public supply use. The appellant is told that according to official letter N°DA-0583-2018 from the Dirección de Aguas of MINAE, what applies is Article 8 of the Ley de Aguas and Decreto 35884-MINAE. It is clarified to him that the issue of the setback distance from well BA-730 is taken into account when issuing construction license No. 5-1559, based on the technical criterion of SENARA (Official Letter N°DIGH-267-15) and there is a technical document issued by the Dirección de Aguas (Official Letter N°DA-0583-2018) that allows for the proper interpretation of the norm applied to wells. There is also evidence that, through official letter N°MSRH-DPUT-276-2019, the Urban Director Erick Camacho Sánchez delivered to the appellant the certified copy of the administrative file called "License 5-1559 [Name 002]"; in response to the note presented on October 18, 2019, by the appellant [Name 001], of which there is an acknowledgment of receipt dated November 7, 2019. Finally, in relation to the protected party's effort for a municipal inspector to visit the farm and verify in situ that the aforementioned construction permit was current and in order, this Chamber observes that although the municipal inspector's visit was not carried out on October 18, 2019, because he had other inspections to conduct; as stated by the appellant; coordination was made with inspector Joseph Herrera Retana to visit farm 4-183136-000, which he did on October 21, 2019. The foregoing was duly reported to the protected party by official letter MSRH-DPUT-298-2019 dated November 27, 2019, from the Dirección de Planificación Urbana y Territorial. As a consequence of the foregoing, the requests for information and certification made by the appellant are considered duly answered, and what is appropriate is to dismiss the appeal regarding this aspect, as is hereby ordered.

IV.- Regarding the rejection of the claim for the construction of works in the protection area of Well BA-730. The appellant claims that the refusal by the respondent Municipalidad of the environmental complaint regarding construction in the protection area of a well puts at risk the health of all the resident users who depend on the water for human consumption from this well for their basic needs. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court observes that, at its core, the appellant claims that the respondent Municipalidad has permitted construction in what he considers the protection zone of well BA-730, which is the criterion held by SENARA. As evidence for a better resolution, this Chamber requested the respective report from SENARA, which indicates that the well in question is located in a zone of medium vulnerability according to the vulnerability map of the Barva, Colima Superior e Inferior, and río Virilla aquifers for the canton of San Rafael, prepared by the PRU-GAM project in 2005. It explains that despite well BA-730 having been requested for "various uses," the current use is for human consumption in the sector, and the well protection zone, which is 200 m, is encroached upon with structures such as fences, perimeter walls, single-family dwellings, and access roads. Regarding the grievances expressed by the appellant, it indicates that during the inspection carried out on August 21, 2019, at 9:00 a.m., a tiled perimeter wall was identified, built along the South and East boundaries of the property where well BA-730 is located. At the time of the inspection, no tree felling activities or construction in process were observed, as the wall was apparently finished, as can be seen from the photographs. The presence of the wall did not allow verification of whether there was tree felling on the property located to the South of plot 4-1651031-2013 or if there was a construction process within its perimeter. Despite the foregoing, the perimeter walls that were observed are built within the 200 m of protection established by Article 31, subparagraph a) of the Ley de Aguas and as indicated by General Ruling N° SENARA-DIGH-UI-INF-0116- 2019. Regarding the nature of the construction planned for 14 rooms and 3 bedrooms in a zone of medium vulnerability, where only the construction of a single-family dwelling is permitted, it states that in accordance with report N°SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19, it was indicated that the aquifer's vulnerability is medium, according to the Vulnerability Map of the Barva, Colima Superior e Inferior, and río Virilla aquifers for the canton of San Rafael, prepared by PRUGAM (2005). It warns that when applying the matrix of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability, for the protection of the water resource of the canton of Poás—an analysis instrument current at that time—the characteristics of eventual productive activities were indicated, based on the medium vulnerability of the area, that would guarantee the protection of the aquifer and public supply sources, which it exemplifies with a table included in its report. It says that, according to the inspection carried out on site, only the presence of the perimeter wall could be verified, which is a work that does not generate any type of effluents and is not considered a work that puts at risk the public health of the families that depend on well BA-730. However, it must be clearly understood that the entire wall is located within the protection zone of well BA-730, and to prevent contamination of the aquifer and the well, the indicated specifications must be met. Finally, it indicates that according to the field inspection carried out on August 21, 2019, in the area and specifically at the property with cadastral plan 4-1651031-2013, and upon consulting satellite images from Google Earth, it is corroborated that the protection zone established at 200 m for well BA-730 is encroached upon by perimeter walls, consolidated dwellings, and other works, an aspect that is evidenced on page 000019 of report SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19. On the other hand, it would be "expected" that the local government applied the matrix of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability for the protection of the water resource of the canton of Poás, prior to granting a construction license, to guarantee the quality of the water resource in the area. Otherwise, the quality of the water resource used for human consumption would be compromised. It concludes that given the hydrogeological characteristics of the area, in terms of aquifer vulnerability, coupled with the existing limitations regarding access to potable water in the area, it is essential to safeguard the protection zone of well BA-730, established at 200 m, to ensure the quality of the liquid for human consumption. Contrary to the report given by SENARA, the Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia states in the report given under the gravity of an oath before this Chamber that, because it is a well and not a spring (naciente), the protection distance for Well BA-730 is that established by Article 8 of the Ley de Aguas. Furthermore, he maintains that the use given to the well is private and not public. In the same sense as reported to the appellant, the Municipalidad maintains that according to SENARA's well registry, the well referred to by the appellant, with registration BA-730, has a management start date of November 13, 2001, and according to the water uses, it is used "for domestic purposes in three dwelling houses, with a total of 12 people, supply for a dairy with 50 to 60 cows, and for irrigation of pasturelands divided into small paddocks, in a total area of approximately 10 ha, during the dry season," for this reason it maintains that Article 31 of the Ley de Aguas does not apply, as mentioned in the General Ruling issued by SENARA related to the Inspection of well BA-730, property with cadastral plan H-1651031-2013, File 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, since the protection radius of 200 m applies only to springs (nacientes) for public supply, and well BA-730 is registered and administered by a private entity; that is, it does not have public exploitation or public supply use. It appears that by official letter N°DA-0583-2018 from the Dirección de Aguas of MINAE, what applies is Article 8 of the Ley de Aguas and Decreto 35884-MINAE. It is clarified that the issue of the setback distance from well BA-730 is taken into account when issuing construction license No. 5-1559, based on the technical criterion of SENARA (Official Letter N°DIGH-267-15) and there is a technical document issued by the Dirección de Aguas (Official Letter N°DA-0583-2018) that allows for the proper interpretation of the norm applied to wells. From the factual picture described, this Chamber considers it important to point out that it does not emerge from either the reports or the evidence provided that there has been any impact on the waters of the well in question. On the other hand, what the appellant fundamentally raises is a different criterion regarding the protection area that must be respected around a well. In the appellant's opinion, supported by a ruling from August 2019 by SENARA, the well must respect the protection zone of 200 meters stated in Article 31 of the Ley de Aguas. Contrary to the position indicated by SENARA, the Municipalidad maintains that the protection radius for wells dictated by law is 40 meters according to Article 8 of the Ley de Aguas, which is why it is not affected by the construction of the 13 dwellings or ranches erected within the 200-meter area of the well. This being the case, this Chamber considers that the disagreement that the appellant may have with the response obtained (in which the Municipalidad determined that a protection radius corresponding to 40 meters must be respected according to Article 8 of the Ley de Aguas N°276) constitutes a conflict of ordinary legality that must be debated in the appropriate venue and not before this Chamber. However, it is appropriate to warn the respondent Municipalidad that, prior to the construction of buildings, its duty is to verify if the requirements for granting the respective license are met, and it must also apply at all times the matrix of land-use criteria according to contamination vulnerability for the protection of the water resource (whether for springs/nacientes or wells), to guarantee the quality of the water resource in the area. Consistent with the foregoing, it must assume responsibility for the actions taken in permitting the erection of dwellings and ranches without permits and adopt the appropriate measures so that the buildings (dwellings or ranches) already built without the respective permits conform to the regulations regarding construction and avoid incurring such omissions.

V.- CONCLUSION. Based on the foregoing considerations, it is appropriate to dismiss the appeal regarding the alleged violation of the right to information, having demonstrated that the efforts made by the appellant were duly answered and communicated. Likewise, having determined that what the appellant raises is a divergence of criteria; since SENARA applies to a well the same protection area as for a public supply source, in order to prevent contamination. While the respondent Municipalidad considers that the protection radius for wells stipulated by Article 8 of the Ley de Aguas, which is smaller, must be applied, this matter must be debated before the administrative litigation jurisdiction so that it is in that instance that the corresponding matter is analyzed and resolved.

VI.- NOTE OF JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that compels this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected under Article 50 of the Constitución Política.

Indeed, the current situation—characterized by an extremely broad production of legal and regulatory instruments that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Constitution (Carta Fundamental)—is radically different from the prior one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate jurisdiction imposed on this Chamber a role as protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.

2. Today, we find ourselves facing a “dense framework” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was scarcely or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with powers of oversight and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon consists in the fact that this growing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry into the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. Within these, consistent with the importance of environmental law, procedural avenues and means of standing have been broadly regulated in an inclusive manner, so that individuals (administrados) may enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.

3. In this context, it is neither legally appropriate nor, from a functional standpoint, correct for the Constitutional Chamber to displace, or—even worse—substitute, ordinary justice bodies in the performance of their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because, in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its jurisdiction with that of other jurisdictional bodies that—indeed—were created to carry out such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts consisting of series of technically and legally complex facts and acts. Regarding both matters, there are known examples in which the Chamber has issued a partial or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an impact on legal certainty have been generated.

4. As part of the technical aspects that I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have enforcement judges for judgments (jueces ejecutores de sentencia) that would allow adequate follow-up on them—generally complex—which sometimes involve the monitoring of remediation plans, among other things, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.

5. From this perspective, the decision to step aside in environmental matters by this Tribunal should not be seen as an abandonment of environmental matters, but rather, on the contrary, as its adequate protection (tutela) at the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance’s declination of its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise in readjusting the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise in defining its own jurisdiction, as established by Article 7 of its Organic Law.

6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the work of protecting individuals' rights in environmental matters. It is well known that, although any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires no more than the application of constitutional law. It is thus a matter of ensuring that the Chamber becomes a protagonist together with others, so that—among all and each within its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen loses not an iota of protection, but a substantial gain is made in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.- 7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber should abstain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their handling to administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed on a general basis, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my judgment, would still be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also pose a direct risk to people's health, or to access to or the quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by state authorities is confirmed, provided always that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of the amparo as a summary and special procedural remedy, since I also consider that the amparo should not be “ordinary-ized” to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately handled within it.

8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the appellant (parte recurrente) could potentially affect their health and that of their family. Consequently, it is clear that we are before the exceptions mentioned, and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the protected persons (personas amparadas).

VII.- NOTE FROM JUDGE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, the hearing and resolution of the matter corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which it is alleged that by dismissing an environmental complaint, the respondent Municipality has permitted the construction of works in the protection area of Well BA-730, which endangers the health of those who depend on the water for human consumption coming from that well, in violation of the right to enjoy VIII.- Documentation provided to the case file (expediente). The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

The appeal (recurso) is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR). The respondent Municipality of San Rafael de Heredia shall take note of what is indicated in Considerando IV of this judgment.

Fernando Castillo V. President Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Hubert Fernández A.

Digitally Signed Document -- Verification code -- *HIOYBJVAT3861* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:01:24.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *190209660007CO* Res. Nº 2020004500 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de marzo de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-020966-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de Bay Área Mountain Sociedad Anónima contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 05 de noviembre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia y manifiesta que es vecino de Concepción de San Rafael de Heredia y figura como apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía Bay Área Mountain Sociedad Anónima. Señala que el 19 de julio de 2019, de forma sorpresiva, ingresó en la propiedad vecina número 183186-000, un camión cargado de materiales de construcción y enseres similares. Se comenzó a construir una tapia y como parte de la construcción talaron varios árboles de ciprés. Agrega que anteriormente no se había construido nada en esa propiedad. Alega que la construcción y la corta de árboles se está realizando en el área de protección del Pozo BA-730, según dictamen emitido por SENARA y de acuerdo con la Ley de Aguas vigente, por encontrarse dentro del rango de 200 metros y por tratarse del abastecimiento de agua para esa comunidad. Recalca que la comunidad de Conjunto de Quintas Paso Piedra y demás vecinos de la zona no cuentan con otra fuente alternativa de agua de agua potable, ya que la ESPH materialmente no les puede brindar el servicio. Manifiesta que el riesgo se acrecienta, si se toma en cuenta que no está clara la naturaleza de la construcción planeada para 14 aposentos y 3 habitaciones en una zona de vulnerabilidad media, donde la ley permite únicamente la construcción de una vivienda unifamiliar, según el dictamen de SENARA. Agrega que la construcción pone en grave peligro la salud pública de más de 25 familias que dependen del agua potable de dicho pozo. Expone que todo lo anterior fue señalado a la municipalidad recurrida por escrito presentado ante la oficina de Gestión Urbana y Territorial el 24 de julio de 2019. No obstante, dicha corporación por resolución de 22 de agosto del 2019, rechazó la solicitud de detener la obra, alegando que se respeta el área de protección señalada por SENARA. El 18 de octubre de 2019 en el inmueble descrito se iniciaron movimientos de tierra y actos constructivos con maquinaria pesada dentro del área de protección, poniendo aun más en riesgo el acceso del agua potable y la salud pública. Señala que dicha situación vulnera el derecho a la salud de los vecinos de esa localidad y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicita se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- La resolución de las 13:41 horas del 06 de noviembre de 2019, que da curso a este amparo fue debidamente notificada a las autoridades recurridas el 08 del mismo mes.

3.- Informa bajo juramento Francisco Antonio Calvo Chacón, en su condición de Presidente Municipal de San Rafael de Heredia que ese Concejo Municipal no ha tramitado ni conocido directa o indirectamente ningún permiso de construcción en una zona de vulnerabilidad media, así como tampoco ningún tipo de denuncia al respecto, ya que ello fue una gestión tramitada probablemente ante la Administración Municipal, bajo la jerarquía del alcalde. Pide se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Verny Valerio Hernández, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia que, aporta informe técnico bajo el oficio N° PU-MSRH-056-2019, emitido por la Geóloga Paola González Rodríguez y el Ingeniero Oscar Álvarez Muñoz, de la Unidad de Gestión Urbana y Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, quienes indican que mediante oficio N°DPUS-MUNISRH-0413-2014 se emitió uso de suelo para la construcción de vivienda, señalando en el alineamiento que se debe dejar los retiros correspondientes al pozo con matrícula BA-730. Adjunta mapa con la ubicación de la finca, ubicación del pozo y la zona de protección correspondiente a 40 metros según el Art.8 de la Ley de Aguas N°276. Mediante oficio N°DPUS-MSRH-0587-2015 se emite uso de suelo conforme para la construcción de vivienda, y señala en el alineamiento que deberá respetarse un radio de protección de 15 metros recomendado por el SENARA mediante oficio N°DIGH-267-15 aportado por el interesado. Asimismo, adjunta mapa con la ubicación de la finca, ubicación del pozo y la zona de protección correspondiente a 15 metros. Mediante oficio N°DPUS-MSRH-0100-2016 se emite uso de suelo conforme para la construcción de vivienda. El 27 de julio del 2018 se aprueba Licencia de Construcción N°5-1559 para construcción de vivienda. El 22 de julio del 2019, el señor [Nombre 001] solicita a la Dirección de Planificación Urbana y Territorial copia completa del expediente correspondiente al permiso de construcción N°5-1559. El 24 de julio del 2019 el señor [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Revocatoria de Permiso de Construcción, Clausura y Derribo de Obras de Nuevas, Sanciones por tala de cipreses ubicados en camino vecinal y disposición de bienes públicos". El 06 de agosto del 2019 el señor [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Revocatoria de Permiso de Construcción, Clausura y Derribo de Obras de Nuevas, Sanciones por tala de cipreses ubicados en camino vecinal y disposición de bienes públicos" en el cual aclara una omisión realizada en la revocatoria presentada en fecha 24 de julio del 2019. Además, se adjunta oficio N°1999-DGAU-2015/091948 emitido por la ARESEP en respuesta al oficio N°CS-183-2015-C, correspondiente a una solicitud de servicios realizada por el señor Jesús. E Sánchez Esquivel ante la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) a lo cual se recibe denegatoria de abastecimiento. El 12 de agosto del 2019, mediante oficio N°MSRH-UGA-102-2019, la Unidad de Gestión Ambiental Municipal emite respuesta al recurso de revocatoria interpuesto por el señor [Nombre 001] , haciendo referencia únicamente a la corta de árboles de ciprés alegada por el suscrito, el cual se declara sin lugar “ya que es claro que dichos árboles se ubicaban en propiedad privada, segundo que según la legislación vigente este tipo de árboles no requieren permiso de corta y tercero que dicha corta se realizó por un tema principalmente de prevención, ya que se logró observar que dichos árboles estaban enfermos en su tronco principal”. El 22 de agosto del 2019, mediante resolución N°165-IUGUT-MSRH-2019, el ingeniero de la Unidad de Gestión Urbana y Territorial emite respuesta a la revocatoria interpuesta en contra de la licencia municipal de construcción N°5-1559 en la finca 4-183136-000, la cual "se rechaza dentro de la misma etapa procesal los recursos (ambos) de revocatoria en contra de la Licencia Municipal de construcción N°5-1559 en la finca 4-183136-000, se mantiene la misma debidamente generada cumpliendo a cabalidad con toda normativa y requisitos documentales así como lo indicado por SENARA." Dicha resolución es debidamente notificada mediante correo electrónico el 26 de agosto del 2019. Que el 29 de agosto del 2019 el señor [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Apelación ante el superior jerárquico" en contra de la Resolución N°165-IUGUT-MSRH-2019 del ingeniero de la Unidad de Gestión Urbana y Territorial. Que el 18 de octubre del 2019 el señor [Nombre 001] solicita que para efectos judiciales se certifique si el permiso de construcción N°5-1559 se encuentra vigente, y se aclare si es solamente para construcción de tapia o contempla un inmueble con 14 aposentos y 3 habitaciones. Que el 18 de octubre del 2019 el señor [Nombre 001] solicita que para efectos judiciales se certifique que se solicitó la visita inmediata del inspector para corroborar in situ que el permiso de construcción supra citado estaba vigente y se encuentra a derecho. Sin embargo el inspector municipal no asistió a la hora y día señalada. Se adjunta además dictamen general emitido por el SENARA relacionado a la inspección al pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-1651031-2013, Exp. 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019. De dicho dictamen es importante resaltar, el inciso b) del punto 4, que versa sobre la visita de campo. Se menciona que el pozo es utilizado para uso doméstico, consumo humano, además en el inciso d) se menciona que "con respecto a la zona de protección del pozo aplica lo estipulado en el artículo 31 de la Ley de Aguas. Asimismo, en el por tanto en el punto 4 se indica que: "a pesar que el pozo BA-730 fue solicitado para "usos varios", actualmente el uso es para consumo humano en el sector", y en el punto 5 se señala “la zona de protección del pozo de 200 m, se encuentra invadida con estructuras como cercas, tapias, viviendas unifamiliares y calles de acceso". Que el 22 de octubre del 2019 el señor [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Revocatoria de Permiso de Construcción, Clausura y Derribo de Obras de Nuevas, Sanciones por tala de cipreses ubicados en camino vecinal y disposición de bienes Públicos". Que el 06 de noviembre del 2019 mediante oficio N°MSRH-DPUT-276-2019, el Director Urbano Erick Camacho Sánchez emite respuesta a nota presentada el 18 de octubre del 2019 por el señor [Nombre 001], en la cual se solicita se certifique si el permiso de construcción N°5-1559 se encuentra vigente, y se aclare si es solamente para construcción de tapia o contempla un inmueble con 14 aposentos y 3 habitaciones, a lo que se señala que se estará brindando la debida respuesta en un plazo máximo de 15 días naturales. Agrega que el señor [Nombre 001] interpone este recurso de amparo en contra de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y al recoger la información pertinente, se tiene que según el registro de pozos del SENARA (adjunto), el pozo con matrícula BA-730 tiene fecha de regencia del 13 de noviembre de 2001, y acorde a los Usos del Agua se señala “El pozo se utiliza con fines domésticos en tres casas de habitación, con un total de 12 personas, abastecimiento de una lechería con 50 a 60 vacas y para riego de postreros divididos en pequeños apartos, en un área total de aproximadamente 10 ha, durante la época seca". Por lo tanto, no aplica el Art. 31 de la Ley de Aguas como se menciona en el Dictamen General emitido por el SENARA relacionado el pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-1651031-2013, Exp. 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, ya que el radio de protección de 200 m aplica únicamente para nacientes de aprovechamiento público, y el pozo BA-730 se encuentra matriculado y administrado por una figura privada, es decir, no posee explotación pública o de aprovechamiento público. Además, según oficio N°DA-0583-2018 (adjunto) de la Dirección de Aguas del MINAE, en el punto 3 se hace mención del Retiro Operacional en Pozos -ROP- de perforados en el cual se señala: "La normativa que regula es el artículo 8 de la Ley de Aguas y el Decreto 35884-MINAE (...). En este sentido, (...) 4. Se aplica la Ley (40 metros) o lo que indique el estudio técnico. 5. En permisos el ROP no puede grabar a propiedades circunvecinas”. Con respecto a los alegatos que presenta el señor Chachagua con respecto a que lo indicado en el oficio N°DIGH-267-15, señalando que la recomendación indicada sobre un retiro de protección de 15 metros es meramente una opinión del funcionario público, es importante indicar que según la Ley del SENARA N°6877 en su Artículo 3, inciso h), indica que es función del Servicio "vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las decisiones que por ese motivo tome el Servicio, referentes a la perforación de pozos, y a la explotación, mantenimiento y protección de las aguas -que realicen las instituciones públicas y los particulares- serán definitivas y de acatamiento obligatorio". Es por esta razón que el uso de suelo otorgado mediante oficio N°DPUS-MSRH-0587-2015 fue aprobado con un radio menor de protección. Es de extrañar, que la tesis que se maneja sobre radios de protección de pozos siempre ha sido 40 metros, y así ha sido discutido con funcionarios del SENARA en distintas ocasiones, sin embargo, en el Dictamen supra citado emitido por el SENARA se aplica un radio de protección de 200 m a una toma de agua de origen y administración privada, lo cual según criterio técnico genera una incertidumbre jurídica, ya que la Dirección de Aguas del MINAE maneja la misma tesis en cuanto a radios de protección de pozos que dicta la ley (40 metros según Art. 8 de la Ley de Aguas). Es importante mencionar que durante la inspección al pozo no hubo consulta ni coordinación con la Municipalidad, lo cual puede alterar el manejo de la información ya que lo señalado a los funcionarios del SENARA en su momento, quedó en entera responsabilidad de la comunidad que estuvo presente durante la inspección. Asimismo cabe mencionar que en el Dictamen emitido por el SENARA, en el apartado 2. Aspectos técnicos, inciso e) referente a la información del SINIGIRH, se indica que el estado del expediente se encuentra "cancelado por vencimiento". Debido a lo anterior, la Municipalidad procedió a realizar la consulta telefónica a la Dirección de Aguas a lo cual, la señorita Andrea Barrantes menciona que la concesión aparece vencida, y por lo tanto dicho pozo debería estar sellado y tapado pues no posee actualmente permisos de explotación, lo cual genera la incertidumbre sobre lo valorado por el SENARA al momento de la inspección realizada. Por tanto, tomando en cuenta todo lo anterior, se puede señalar que la licencia de construcción N°5-1559 fue otorgada a derecho bajo la norma legal aplicada al caso específico analizado, ya que existe un criterio técnico por el SENARA (oficio N°DIGH-267-15), y existe documento técnico emitido por Dirección de Aguas (oficio N°DA-0583-2018) que permite la adecuada interpretación de la norma aplicada a pozos, la cual sería la basada en el Art. 8 de la Ley de Aguas para pozos, y no el Art. 31 que se aplica a fuentes de aprovechamiento público (nacientes). Pide se declare sin lugar el recurso.

5.- Informa bajo juramento Patricia Quirós Quirós, en su condición de Gerente General con facultades de Apoderada Generalísima sin límite de suma del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, en adelante denominado "SENARA" que, el 31 de Julio, la Msc. Lilliam Álvarez Rojas, solicitó al SENARA, ‘Dictamen General del pozo BA-730, el cual se localiza en San Rafael de Heredia, solicitud que se encuentra visible en el folio 1 del expediente administrativo, del cual se adjunta copia certificada como anexo a este escrito. En fecha 21 de agosto de 2019, la hidrogeóloga Michelle Aras Fernández, funcionara del SENARA, realiza la inspección de la propiedad en la cual se localiza el pozo BA-730. C) Producto se esa inspección, se emite el Dictamen General N° SENARA-DIGH-UI-INF- 0116-2019, visible de folios 16 frente a 19 vuelto, mediante el cual se concluye lo siguiente: “1. Se ha determinado que en coordenadas 528 352 E y 225 201 N (492025E-1110569.79 CRTM05) se localiza el pozo BA-730. 2. No se reportan manantiales en las bases de datos del SENARA en un radio de 500 m con respecto a las coordenadas centrales 528 350 E y 225 200N. 3 El pozo se ubica en una zona de vulnerabilidad media de acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad de los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior y el río Virilla para el cantón de San Rafael, elaborado por el proyecto PRU-GAM en el año 2005. 4. A pesar de que el pozo BA-730 fue solicitado para “usos varios", actualmente el uso es para consumo humano en el sector. 5. La zona de protección del pozo es de 200 m, se encuentra invadida con estructuras como cercas, tapias, viviendas unifamiliares y calles de acceso. 6. Se pone en conocimiento del interesado, que este pronunciamiento del SENARA se refiere exclusivamente a pozos y nacientes registradas en la base de datos institucional, y no a aquellos que pudieran localizarse en el campo, pero que carecen de registro ante la institución. 7. El presente pronunciamiento no constituye un permiso de construcción, no toma en cuenta aspectos relacionados con la disponibilidad agua u otros aspectos hidrogeológicos locales tales como el análisis de riesgo a la contaminación de aguas subterráneas".- Acerca de los agravios expresados por el recurrente. A) Sobre la construcción de una tapia y la tala de árboles de ciprés en el área de protección donde se ubica el pozo: Durante la inspección llevada a cabo el día 21 de agosto de 2019 a las 9:00 am, se identificó una tapia en baldosas construida a lo largo de las colindancias Sur y Este de la propiedad donde se localiza el pozo BA-730. En el momento de la inspección no se observaron actividades de corta de árboles ni construcción en proceso, por cuanto la tapia estaba en apariencia terminada. La presencia de la tapia no permitió verificar si hubo corta de árboles en el predio localizado al Sur del terreno 4-1651031-2013 o si existía un proceso constructivo en su perímetro. A pesar de lo anterior, las tapias construidas que se lograron observar se encuentran construidas dentro de los 200 m de protección establecidos por el artículo 31 inciso a) de la Ley de Aguas y lo indicado por el Dictamen General N° SENARA-DIGH-UI-INF-0116- 2019. B) Acerca de la naturaleza de la construcción planeada para 14 aposentos y 3 habitaciones en una zona de vulnerabilidad media, en la cual solo se permite la construcción de una vivienda unifamiliar: De conformidad con el informe N°SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19, se indicó que la vulnerabilidad del acuífero es Media, de acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad de los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior y el río Virilla para el cantón de San Rafael, elaborado por el PRUGAM (2005). Al aplicar la Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, para la protección del recurso hídrico del cantón de Poás -instrumento de análisis vigente en ese momento-, se indicaron las características de las eventuales actividades productivas, en función de la vulnerabilidad media de la zona, que garanticen la protección del acuífero y de las fuentes de abastecimiento público, para lo cual se ejemplifica con el siguiente cuadro. C) Acerca del grave peligro para la salud pública de más de 25 familias que genera la construcción, pues dependen del agua potable de dicho pozo, dice que de acuerdo con la inspección realizada al sitio, solo se logró verificar la presencia de la tapia, ésta por corresponder con una obra que no genera ningún tipo de efluentes no se considera una obra que ponga en riesgo la salud pública de las familias que dependen del pozo BA-730. No obstante, si debe quedar claro que toda la tapia se localiza dentro de la zona de protección del pozo BA-730 y para prever la contaminación del acuífero y del pozo se debe cumplir con las especificaciones indicadas en el Cuadro señalado en el punto B). Acerca del rechazo del reclamo por parte de la Municipalidad de San Rafael, en que indicó que se respeta el área de protección del pozo señalada por SENARA: De acuerdo con la inspección de campo realizada el 21 de agosto de 2019 a la zona y específicamente a la propiedad con plano catastrado 4-1651031-2013 y al consultar las imágenes satelitales de Google Earth y SINIGIRH, se corrobora que la zona de protección establecida en 200 m para el pozo BA-730, se encuentra invadida por tapias, viviendas ya consolidadas y otras obras, aspecto que se evidencia a folio 000019 del informe SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19. Por otra parte, sería “esperable" que el gobierno local aplicara la Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico del cantón de Poás, de previo a otorgar una licencia de construcción, para garantizar la calidad del recurso hídrico de la zona. Acerca del inicio de actos constructivos el 18 de octubre de 2019, lo que pone en riesgo el acceso al agua potable y a la salud pública: Es criterio de SENARA que la actividad a desarrollarse deberá cumplir con lo señalado en el Cuadro visible en el punto B) de este informe, y del que consta en el folio 19 del expediente, caso contrario se estaría comprometiendo la calidad del recurso hídrico que se utiliza para consumo humano. Por lo anterior, es criterio de SENARA que, dadas las características hidrogeológicas de la zona, en cuanto a vulnerabilidad acuífera, aunado a las limitantes existentes en cuanto al acceso a agua potable en la zona, es fundamental salvaguardar la zona de protección del pozo BA-730 establecida en 200 m, para asegurar la calidad del líquido para consumo humano.

6.- Por escrito presentado el 21 de Noviembre de 2019, [Nombre 001] en su calidad de representante de BAY AREA MOUNTAIN SOCIEDAD ANÓNIMA se refiere al informe dado por el Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y manifiesta que la Municipalidad trata de confundir alegando que el artículo 8 de la Ley de Aguas es el aplicable para el Pozo BA-730 que interesa. Dice que no es el caso y sobre esto puede verse el informe emitido por SENARA, el cuál es claro en el tema de los 200 metros que consigna literalmente el artículo 31 de la supra citada Ley para específicamente este caso. Además, una correcta lectura de la Ley de Aguas NO indica lo que manifiesta la Municipalidad. Al respecto el artículo 8 de dicha Ley dispone en lo que interesa que: "(...) Las labores de que tratan el artículo anterior para alumbramientos, no podrán ejecutarse a menor distancia de cuarenta metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera ni a menos de cien de otro alumbramiento o fuente río canal, acequia o abrevadero público, sin la licencia correspondiente del Servicio de Electricidad." dicho numeral habla de alumbramientos de agua realizados para uso privado, lo cuál no es aplicable a este caso, dado el uso público y para efectos de abastecerse de agua potable de consumo humano que brinda el referido pozo. Aparte de eso, el oficio N° DIGH-267-15 emitido por SENARA en el año 2015 y citado por la Municipalidad en su defensa NO dice lo que alega el informe presentado. Lo cierto es que dicho documento dista mucho de ser un dictamen y es una opinión acerca de que el rango de protección puede ser reducido, claramente no de oficio y solo después de múltiples y costosos estudios hidrogeológicos que determinen si existe afectación o no al disminuir el retiro de protección. Reitera que esa opinión es de 2015, mientras que el dictamen técnico oportunamente aportado, es del año 2019 y cuenta con un estudio de campo realizado recién en meses pasados. Extraña que la Municipalidad de forma conveniente pase por alto esto e insista en mantener una posición indefendible ante un permiso otorgado en forma evidentemente ilegal. También llama la atención la aparente mala fe por parte de los funcionarios de la Municipalidad quienes, aun conociendo la naturaleza y uso público de la fuente de agua, "amenazan" de forma socavada y arbitraria, con cerrarlo ante la falta de un permiso no aplicable en este escenario y que en todo caso escapa a su competencia, pues el ente rector es el SENARA, quien como autoridad competente ya se pronunció al respecto en forma clara, coherente y precisa. Lo cierto es que todo esto busca crear distracción de un hecho no controvertido, a saber que la Municipalidad autorizó una construcción totalmente en forma ilegal y sin el debido criterio técnico; y que también ha hecho ojos omisos a la gigantesca valla (que tampoco cumple criterios legales), que ahora protege y cubre el desastre ambiental que ellos han permitido surja en la comunidad, para efectos de este caso. Insiste que se debe respetar 200 metros de retiro. Además cualquier posible construcción que se realice debe cumplir con ciertos parámetros técnicos para evitar cualquier afectación, cosa que tampoco se cumple en este caso. Finalmente es importante aclarar que este amparo solo va dirigido en contra de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, siendo que, respecto del SENARA, solo estiman conveniente pedirles un informe el cuál fue remitido al presente expediente en el plazo de ley. Como medida cautelar, piden que se exija a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, hacer cumplir la ley, suspendiendo y derribando las obras constructivas que se están realizando en el área de protección del Pozo BA-730, obligando así también el restituir el estado original de las cosas, en aras de garantizar la salud de todos los habitantes usuarios que dependan del agua de consumo humano proveniente de este pozo para sus necesidades básicas. Pide se declare con lugar el recurso.

7.- Por resolución de las 13:39 horas del 14 de febrero de 2020 como prueba para mejor resolver se pide al Alcalde, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, o quienes en su lugar ejerzan esos cargos a fin de que informen a esta Sala el nombre y apellidos, número de cédula de identidad y domicilio; y en caso de tratarse de persona jurídica, el número de cédula jurídica, con identificación de su representante, y domicilio exacto donde puedan ser notificados; los propietarios de todas las viviendas y propiedades construidas dentro del radio de 200 metros del pozo BA-730 que cita el recurrente en este recurso. Además, deberán indicar la naturaleza de cada una de las propiedades y si han contado con los permisos de construcción pertinentes. Asimismo, deberán informar a esta Sala a nombre de quién está inscrita la tapia que se construyó alrededor del pozo en cuestión, con la indicación de las calidades de propietario y si contó con la autorización de construcción correspondiente.

8.- Informa Erick Camacho Sánchez en su calidad de Director de Planificación Urbana y Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia en relación con la vigencia de la Licencia de Construcción 5-1559, que de acuerdo al Reglamento de Construcciones dentro de la Jurisdicción del Cantón de San Rafael, una vez emitida la licencia de construcción, el propietario del inmueble tiene un año para iniciar la ejecución del proyecto. Para el caso en cuestión indica que de acuerdo a la información existente en el expediente administrativo, se determina que el proyecto autorizado mediante la Licencia 5-1559 inició antes de su fecha de vencimiento, por tal motivo la licencia se encuentra vigente. Respecto a las obras que se contemplaron en la Licencia de Construcción N° S-1559, dice que el proyecto aprobado contempla la construcción de tapias perimetrales y una casa de habitación. Respecto al área de cobertura indica que la obra aprobada mediante la licencia de construcción indicada en los puntos anteriores cumple con el área de cobertura recomendad por SENARA para la zona donde se ubica la finca 4-183136-000 el área de cobertura del proyecto autorizado es de aproximadamente 296 metros cuadrados, la cual está por debajo del 30% del área del terreno. Sobre el área de protección del pozo BA-730, indica que una vez analizada la información así como el expediente administrativo, según el registro de pozos del SENARA, el pozo con matrícula BA-730 tiene fecha de regencia del 13 de noviembre de 2001, y acorde a los Usos del Agua se señala: “ El pozo se utiliza con fines domésticos en tres casas, de habitación, con un total de 12 personas, abastecimiento de una lechería con 50 a 60 vacas y para riego de potreros divididos en pequeños apartos, en un área total de aproximadamente 10 ha. Durante la época seca, por tal motivo, no aplica el Art. 31 de la Ley de Aguas como se menciona en el dictamen general emitido por el SENARA relacionado con la inspección del pozo BA-730, propiedad con plano catastrado h-1651031-2013, Exp 93.2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, ya que el radio de protección de 200 m aplica únicamente para naciente de aprovechamiento público y el pozo BA-730 se encuentra matriculado y administrado por una figura privada, es decir, no posee explotación pública o de aprovechamiento público. Dice que, según oficio N°DA-0583-2018 de la Dirección de Aguas del MINAE, en el punto 3 se hace mención del retiro operacional en pozos ROP de perforados en el cual se señala: “La normativa que regula ese artículo 8 de la Ley de Aguas y el Decreto 35884-MINAE. En ese sentido, 4. Se aplica la ley (40 metros) lo que que indique el estudio técnico. En cuanto al tema del retiro del pozo BA-730 tomando en cuenta lo anterior, la licencia de construcción N5-1559 fue otorgada a derecho bajo la norma legal aplicada al caso específico analizado, ya que existe un criterio técnico por el SENARA (oficio N digh-267-15) Y existe documento técnico emitido por la Dirección de Aguas (oficio DA-0583 2018) que permite la adecuada interpretación de la norma aplica a pozos, la cual sería la basada en el artículo 8 de la Ley de Aguas para pozos y no el artículo 31 que se aplica a fuentes de aprovechamiento público (nacientes). Respecto a la inspección solicitada el 18 de octubre de 2019, efectivamente se coordinó con el inspector Herrera Retana para que visitara la finca 4-183136-000 ese mismo día, sin embargo, debido a otras inspecciones programadas previamente, no dio tiempo de hacer en ese momento la inspección de campo. No obstante, se realizó el 21 de octubre de 2019.

9.- Informan bajo juramento Verny Valerio Hernández, en su condición de Alcalde y Francisco Antonio Calvo Chacón en su calidad de Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia que según cuadro inserto en el informe técnico MSRH-IUGUT-023-2020 de la Unidad de Gestión Urbana y Territorial de la Municipalidad de San Rafael de Heredia 22 fincas ubicadas dentro del radio de los 200 metros del pozo BA-730, 13 tienen una o varias edificaciones, ya sea de vivienda, sótano, y rancho o kiosko. De las anteriores propiedades sólo 5 de estas han contado con permisos municipales para construir una o varias viviendas y ranchos. Indica que la tapia construida está a nombre de [Nombre 002] , y cuenta con licencia municipal número 5-1559. Añade que desde el punto de vista técnico dichas tapias no representan ningún tipo de “contaminación cruzada” al ser una obra inerte de cimentación fija la cual más bien representa una protección para contaminantes hacia el pozo. También se realizó con la funcionaria del SENARA Diana López Casanova, quien informó que efectivamente no existen restricciones de índole técnico o legal sobre dicho asunto de tapias perimetrales, ya que de forma clara el sistema de tratamiento de aguas sanitarias se realizará alejado de dicho pozo con más de 15 metros según lo estableció dicha instituto y mediante un sistema mejorado de fosa biológica con doble etapa, sea tanto filtro séptico como filtro anaeróbico. Aclara que las distancias de 200 metros son para efectos de nacientes, no para pozos (los cuales sin estudios requieren una distancia únicamente de 40metros según el artículo 8 de la Ley de Aguas) tal cual es el caso del pozo BA-730. Añade que según dictamen del SENARA, el estado del expediente se encuentra “cancelado por vencimiento”. La Municipalidad procedió a realizar la consulta telefónica a la Dirección de Aguas a lo cual Andrea Barrantes menciona que la concesión aparece vencida, y por lo tanto dicho pozo debería estar sellado y tapado pues no posee actualmente permisos d explotación, lo que genera incertidumbre sobre lo valorado por el SENARA al momento de la inspección realizada. Por oficio N°DPUS-MSRH-0587-2015 se emite uso de suelo conforme para la construcción de vivienda, y señala en el alineamiento que deberá respetarse un radio de protección de 15 metros recomendado por el SENARA mediante oficio N°DIGH-267-15 aportado por el interesado. Manifiesta que el pozo con matrícula BA-730 tiene fecha de regencia del 13 de noviembre de 2001, y acorde a los usos del agua: “El pozo se utiliza con fines domésticos en tres casas de habitación, con un total de 12 personas, abastecimiento de una lechería con 50 a 60 vacas y para riego de potreros divididos en pequeños apartos, en un área total de aproximadamente 10 ha, durante la época seca.” Por lo tanto, no aplica el art. 31 de la Ley de Aguas como se menciona en el Dictamen General emitido por el SENARA relacionado a Inspección a pozo BA-730, propiedad co plano catastrado H-165101-2013, Exp 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, ya que el radio de protección de 200 m aplica únicamente para nacientes de aprovechamiento público y el pozo BA-730, se encuentra matriculado y administrado por un figura privada, es decir, no posee explotación pública o de aprovechamiento público. Dice que la licencia de construcción n°5-1559 fue otorgada a derecho bajo la norma legal aplicada al caso específico analizado, ya que existe un criterio técnico por por el SSENARA (oficio N°DIGH-267-15) y existe documento técnico emitido por la Dirección de Aguas (Oficio N°DA-0583-2018) que permite la adecuada interpretación de la norma aplicada a pozos, la cual sería la basada en el Art. 8 de la Ley de Aguas para pozos y no el Art. 31 que se aplica a fuentes de aprovechamiento público (nacientes). Piden se declare sin lugar el recurso.

10.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Picado Brenes; y, I.- Objeto del recurso Reclama el recurrente que la Municipalidad de San Rafael de Heredia, no le ha dado la información pedida el 18 de octubre de 2019 en relación con la vigencia del permiso de construcción N°5-1559. Asimismo reclama que al desestimar la denuncia ambiental por él planteada ha permitido la construcción de obras en el área de protección del Pozo BA-730, lo que pone en riesgo la salud de todos los habitantes usuarios que dependen del agua de consumo humano proveniente de este pozo para sus necesidades básicas. Estima que le han violado sus derechos fundamentales, lo que solicita se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

Por el oficio N°DPUS-MUNISRH-0413-2014, se emite uso de suelo conforme para la construcción de vivienda, señalando en el alineamiento que se debe dejar los retiros correspondientes al pozo con matrícula BA-730 y se adjunta mapa con la ubicación de la finca, ubicación del pozo y la zona de protección correspondiente a 40 metros, según el Art.8 de la Ley de Aguas N°276 (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).

La tapia construida alrededor del pozo BA-730 está a nombre de [Nombre 002], y cuenta con licencia municipal número 5-1559. A criterio de la Municipalidad recurrida, dicha tapia no representa ningún tipo de “contaminación cruzada” al ser una obra inerte de cimentación fija la cual más bien representa una protección para contaminantes hacia el pozo (Informe de Municipalidad recurrida).

El pozo con matrícula BA-730 tiene fecha de regencia del 13 de noviembre de 2001, y acorde a los usos del agua: “El pozo se utiliza con fines domésticos en tres casas de habitación, con un total de 12 personas, abastecimiento de una lechería con 50 a 60 vacas y para riego de potreros divididos en pequeños apartos, en un área total de aproximadamente 10 ha, durante la época seca.” A criterio de la Municipalidad de Heredia no aplica el art. 31 de la Ley de Aguas como se menciona en el Dictamen General emitido por el SENARA relacionado a Inspección a pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-165101-2013, Exp 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, ya que el radio de protección de 200 m aplica únicamente para nacientes de aprovechamiento público y el pozo BA-730, se encuentra matriculado y administrado por un figura privada, es decir, no posee explotación pública o de aprovechamiento público (informe de Municipalidad recurrida).

El 27 de julio del 2018 se aprueba la licencia de construcción N°5-1559 para construcción de vivienda (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).

El 22 de julio del 2019, el recurrente [Nombre 001] solicita a la Dirección de Planificación Urbana y Territorial copia completa del expediente correspondiente al permiso de construcción N°5-1559 (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).

El 24 de julio del 2019, el recurrente [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Revocatoria de Permiso de Construcción, Clausura y Derribo de Obras de Nuevas, Sanciones por tala de cipreses ubicados en camino vecinal y disposición de bienes Públicos" (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).

El 06 de agosto del 2019, el recurrente [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Revocatoria de Permiso de Construcción, Clausura y Derribo de Obras de Nuevas, Sanciones por tala de cipreses ubicados en camino vecinal y disposición de bienes Públicos" en el cual aclara una omisión realizada en la Revocatoria presentada en fecha 24 de julio del 2019 "(informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).

El 12 de agosto del 2019, mediante oficio N°MSRH-UGA-102-2019 la Unidad de Gestión Ambiental Municipal emite respuesta al Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor [Nombre 001], haciendo referencia únicamente a la corta de árboles de ciprés y dispone que dichos árboles se ubicaban en propiedad privada. Se añade que según la legislación vigente, ese tipo de árboles no requieren permiso de corta. Además, la corta se realizó por un tema principalmente de prevención, ya que se logró observar que dichos árboles estaban enfermos en su tronco principal (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).

El 22 de agosto del 2019, mediante la resolución N°165-IUGUT-MSRH-2019 de la Unidad de Gestión Urbana y Territorial se resuelve el recurso de revocatoria interpuesto en contra de la licencia municipal de construcción N°5-1559 en la finca 4-183136-000, indicándose que: "se rechaza dentro de la misma etapa procesal los recursos (ambos) de revocatoria en contra de la Licencia Municipal de construcción N°5-1559 en la finca 4-183136-000, se mantiene la misma debidamente generada cumpliendo a cabalidad con toda normativa y requisitos documentales así como lo indicado por SENARA (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).

La resolución es debidamente notificada mediante correo electrónico el 26 de agosto del 2019 (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).

El 29 de agosto del 2019, el recurrente [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Apelación ante el superior jerárquico" en contra de la Resolución N°165-IUGUT-MSRH-2019 del ingeniero de la Unidad de Gestión Urbana y Territorial (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).

El 18 de octubre del 2019, el recurrente [Nombre 001] solicita que para efectos judiciales se certifique si el permiso de construcción N°5-1559 se encuentra vigente, y se aclare si es solamente para construcción de tapia o contempla un inmueble con 14 aposentos y 3 habitaciones. Pide además para efectos judiciales, se certifique que se solicitó la visita inmediata del inspector para corroborar in situ que el permiso de construcción supra citado estaba vigente y se encuentra a derecho. Sin embargo el inspector municipal no asistió a la hora y día señalado (Informe de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia).

Por Dictamen General emitido por el SENARA (no se indica fecha) en relación con la inspección del pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-1651031-2013, Exp. 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-201, se dispone en el inciso b) del punto 4, de la visita realizada se determina que el pozo en cuestión es utilizado para uso doméstico, consumo humano, además en el inciso d) se menciona que "con respecto a la zona de protección del pozo aplica lo estipulado en el artículo 31 de la Ley de Aguas. Asimismo, en el por tanto en el punto 4 se indica "o pesar que el pozo BA-730 fue solicitado para "usos varios", actualmente el uso es para consumo humano en el sector", y en el punto 5 se señala “la zona de protección del pozo de 200 m, se encuentra invadida con estructuras como cercas, tapias, viviendas unifamiliares y calles de acceso". (informe del Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia).

El 22 de octubre del 2019 el señor [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Revocatoria de Permiso de Construcción, Clausura y Derribo de Obras de Nuevas, Sanciones por tala de cipreses ubicados en camino vecinal y disposición de bienes Públicos" (informe del Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia).

El 06 de noviembre del 2019, mediante oficio N°MSRH-DPUT-276-2019 el Director Urbano Erick Camacho Sánchez se hace entrega al recurrente de la copia certificada del expediente administrativo denominado “Licencia 5-1559 [Nombre 002]”; en respuesta a nota presentada el 18 de octubre del 2019, por el recurrente [Nombre 001] (Informe de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, acuse de recibido de 07 de noviembre de 2019).

Por oficio MSRH-DPUT-298-2019 de 27 de noviembre de 2019 la Dirección de Planificación Urbana y Territorial responde al tutelado las notas presentadas el 18 de octubre de 2019 y le indica que la licencia de construcción 5-1559 una vez emitida el propietario del inmueble tiene un año para iniciar la ejecución del proyecto. Para el caso en cuestión inició antes de su fecha de vencimiento, y está vigente. Además señala que el proyecto aprobado contempla la construcción de tapias perimetrales y una casa de habitación de 491 metros cuadrados. Le señala que el área de cobertura de la obra aprobada mediante la licencia de construcción cumple las recomendaciones de SENARA para la zona donde se ubica la fina 4-183136-000. Le informa que según el registro de pozo a de SENARA, el pozo con matrícula BA-730 tiene fecha de regencia de 13 de noviembre de 2001 y acorde a los usos de Agua el pozo se utiliza con fines domésticos en tres casas de habitación, con un total de 12 personas, abastecimiento de una lechería con 50 a 60 vacas y para riesgo de potreros divididos en pequeños apartos, en un área total de aproximadamente 10 ha, durante la época seca”, por tal motivo no aplica el Art. 31 de la Ley de Aguas como en menciona en el Dictamen General emitido por el SENARA relacionada a Inspección a pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-1651031-2013, Exp 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, ya que el radio de protección de 200m aplica únicamente para nacientes de aprovechamiento público, y el pozo BA-730 se encuentra matriculado y administrado por una figura privada, es decir no posee explotación pública o de aprovechamiento público. Al recurrente se le dice que según el oficio N°DA-0583-2018 de la Dirección de Aguas del MINAE, lo que se aplica es el artículo 8 de la Ley de Aguas y el Decreto 35884-MINAE. Se le aclara que el tema del retiro del pozo BA-730 es tomado en cuenta al darse la licencia de construcción N°5-1559 basada en criterio técnico del SENARA (Oficio N°DIGH-267-15) y existe documento técnico emitido por la Dirección de Aguas (Oficio N°DA-0583-2018) que permite la adecuada interpretación de la norma aplicada a pozos. En relación a la inspección que pidió el recurrente, dice que se coordinó con el inspector Joseph Herrera Retana par que visitara la finca 4-183136-000 ese mismo día, pero no puedo ir. (acuse de recibido de oficio MSRH-DPUT-298-2019 de 27 de noviembre de 2019 la Dirección de Planificación Urbana y Territorial, adjunto a informe de autoridad recurrida).

La inspección solicitada por el recurrente ante la Municipalidad recurrida para que se visitara la finca 4-183136-000 se realizó el 21 de octubre de 2019 (acuse de recibido de oficio MSRH-DPUT-298-2019 de 27 de noviembre de 2019 la Dirección de Planificación Urbana y Territorial, adjunto a informe de autoridad recurrida).

De las 22 propiedades ubicadas en un radio a 200 metros del pozo, 13 tienen una o varias edificaciones, ya sea de vivienda, sótano, y rancho o kiosko. De estas 13 edificaciones, sólo 5 de estas han contado con permisos municipales para construir una o varias viviendas y ranchos (informe de autoridad recurrida).

III.- De la solicitud de certificación de información gestionada ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia. En el presente asunto se tiene por demostrado, de la prueba aportada a los autos que, la solicitud de información planteada por el recurrente [Nombre 001] , el 18 de octubre del 2019, en que pide se certifique si el permiso de construcción N°5-1559 se encuentra vigente, y se aclare si es solamente para construcción de tapia o contempla un inmueble con 14 aposentos y 3 habitaciones, fue debidamente respondida y comunicada por el oficio MSRH-DPUT-298-2019 de 27 de noviembre de 2019 de la Dirección de Planificación Urbana y Territorial, en el que se le indica que la licencia de construcción 5-1559 una vez emitida el propietario del inmueble tiene un año para iniciar la ejecución del proyecto. Para el caso en cuestión inició antes de su fecha de vencimiento, y está vigente. Además, se le informa al gestionante que el proyecto aprobado contempla la construcción de tapias perimetrales y una casa de habitación de 491 metros cuadrados. Se le señala que el área de cobertura de la obra aprobada mediante la licencia de construcción cumple las recomendaciones de SENARA para la zona donde se ubica la fina 4-183136-000. Le informa que según el registro de pozo a de SENARA, el pozo con matrícula BA-730 tiene fecha de regencia de 13 de noviembre de 2001 y acorde a los usos de Agua el pozo se utiliza con fines domésticos en tres casas de habitación, con un total de 12 personas, abastecimiento de una lechería con 50 a 60 vacas y para riesgo de potreros divididos en pequeños apartos, en un área total de aproximadamente 10 ha, durante la época seca”, por tal motivo no aplica el Art. 31 de la Ley de Aguas como en menciona en el Dictamen General emitido por el SENARA relacionada a Inspección a pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-1651031-2013, Exp 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, ya que el radio de protección de 200m aplica únicamente para nacientes de aprovechamiento público, y el pozo BA-730 se encuentra matriculado y administrado por una figura privada, es decir no posee explotación pública o de aprovechamiento público. Al recurrente se le dice que según el oficio N°DA-0583-2018 de la Dirección de Aguas del MINAE, lo que se aplica es el artículo 8 de la Ley de Aguas y el Decreto 35884-MINAE. Se le aclara que el tema del retiro del pozo BA-730 es tomado en cuenta al darse la licencia de construcción N°5-1559 basada en criterio técnico del SENARA (Oficio N°DIGH-267-15) y existe documento técnico emitido por la Dirección de Aguas (Oficio N°DA-0583-2018) que permite la adecuada interpretación de la norma aplicada a pozos. Consta además que mediante oficio N°MSRH-DPUT-276-2019 el Director Urbano Erick Camacho Sánchez hace entrega al recurrente de la copia certificada del expediente administrativo denominado “Licencia 5-1559 [Nombre 002] ”; en respuesta a nota presentada el 18 de octubre del 2019, por el recurrente [Nombre 001], de lo que consta acuse de recibido de 07 de noviembre de 2019. Por último, en relación con la gestión del tutelado para que un inspector municipal visitara la finca y corroborara in situ que el permiso de construcción supra citado estaba vigente y se encontraba a derecho, esta Sala observa que si bien la visita del inspector municipal no se llevó a cabo el 18 de octubre de 2019, pues tenía otras inspecciones que realizar; como afirma el recurrente; se coordinó con el inspector Joseph Herrera Retana par que visitara la finca 4-183136-000 lo que hizo el 21 de octubre de 2019. Lo anterior fue debidamente informado al tutelado por el oficio MSRH-DPUT-298-2019 de 27 de noviembre de 2019 la Dirección de Planificación Urbana y Territorial. Como consecuencia de lo anterior, se tienen por debidamente contestadas las solicitudes de información y certificación pedidas por el recurrente y lo que procede es desestimar el recurso en cuanto a tal extremo, como en efecto se dispone.

IV.- Del rechazo al reclamo por la construcción de obras en el área de protección del Pozo BA-730 . El recurrente reclama que la negativa por parte de la Municipalidad recurrida, a la denuncia ambiental por construirse en área de protección de un pozo, pone en riesgo la salud de todos los habitantes usuarios que dependen del agua de consumo humano proveniente de este pozo para sus necesidades básicas. Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal observa que en lo medular, el recurrente reclama que la Municipalidad recurrida ha permitido construir en lo que él estima la zona de protección del pozo BA-730, que es el criterio que sostiene el SENARA. Como prueba para mejor resolver, esta Sala pidió el respectivo informe al SENARA que indica que el pozo en cuestión se ubica en una zona de vulnerabilidad media de acuerdo con el mapa de vulnerabilidad de los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior y el río Virilla para el cantón de San Rafael, elaborado por el proyecto PRU-GAM en el año 2005. Expone que a pesar de que el pozo BA-730 fue solicitado para “usos varios", actualmente el uso es para consumo humano en el sector y la zona de protección del pozo, que es de 200 m, se encuentra invadida con estructuras como cercas, tapias, viviendas unifamiliares y calles de acceso. Acerca de los agravios expresados por el recurrente señala que en la inspección llevada a cabo el día 21 de agosto de 2019 a las 9:00 am, se identificó una tapia en baldosas construida a lo largo de las colindancias Sur y Este de la propiedad donde se localiza el pozo BA-730. En el momento de la inspección no se observaron actividades de corta de árboles ni construcción en proceso, por cuanto la tapia estaba en apariencia terminada tal y como se observa de las fotografías. La presencia de la tapia no permitió verificar si hubo corta de árboles en el predio localizado al Sur del terreno 4-1651031-2013 o si existía un proceso constructivo en su perímetro. A pesar de lo anterior, las tapias construidas que se lograron observar se encuentran construidas dentro de los 200 m de protección establecidos por el artículo 31 inciso a) de la Ley de Aguas y lo indicado por el Dictamen General N° SENARA-DIGH-UI-INF-0116- 2019. Acerca de la naturaleza de la construcción planeada para 14 aposentos y 3 habitaciones en una zona de vulnerabilidad media, en la cual solo se permite la construcción de una vivienda unifamiliar dispone que de conformidad con el informe N°SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19, se indicó que la vulnerabilidad del acuífero es media, de acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad de los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior y el río Virilla para el cantón de San Rafael, elaborado por el PRUGAM (2005). Advierte que al aplicar la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, para la protección del recurso hídrico del cantón de Poás -instrumento de análisis vigente en ese momento-, se indicaron las características de las eventuales actividades productivas, en función de la vulnerabilidad media de la zona, que garanticen la protección del acuífero y de las fuentes de abastecimiento público, lo cual ejemplifica con un cuadro que incluye en su informe. Dice que, de acuerdo con la inspección realizada en el sitio, solo se logró verificar la presencia de la tapia, que es una obra que no genera ningún tipo de efluentes no se considera una obra que no pone en riesgo la salud pública de las familias que dependen del pozo BA-730. No obstante, si debe quedar claro que toda la tapia se localiza dentro de la zona de protección del pozo BA-730 y para prever la contaminación del acuífero y del pozo se debe cumplir con las especificaciones indicadas. Finalmente señala que de acuerdo con la inspección de campo realizada el 21 de agosto de 2019 a la zona y específicamente a la propiedad con plano catastrado 4-1651031-2013 y al consultar las imágenes satelitales de Google Earth, se corrobora que la zona de protección establecida en 200 m para el pozo BA-730, se encuentra invadida por tapias, viviendas ya consolidadas y otras obras, aspecto que se evidencia a folio 000019 del informe SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19. Por otra parte, sería “esperable" que el gobierno local aplicara la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico del cantón de Poás, de previo a otorgar una licencia de construcción, para garantizar la calidad del recurso hídrico de la zona. Caso contrario se estaría comprometiendo la calidad del recurso hídrico que se utiliza para consumo humano. Concluye que dadas las características hidrogeológicas de la zona, en cuanto a vulnerabilidad acuífera, aunado a las limitantes existentes en cuanto al acceso a agua potable en la zona, es fundamental salvaguardar la zona de protección del pozo BA-730, establecida en 200 m, para asegurar la calidad del líquido para consumo humano. En sentido contrario al informe dado por el SENARA, el Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia afirma en el informe dado bajo la gravedad de juramento ante esta Sala que, por tratarse de un pozo y no de una naciente, la distancia de protección para el Pozo BA-730, es la que establece el artículo 8 de la Ley de Aguas. Además, sostiene que el uso que se da del pozo es privado y no público. En el mismo sentido que se le informa al recurrente, la Municipalidad sostiene que según el registro de pozos de SENARA, el pozo al que se refiere el recurrente, con matrícula BA-730 tiene fecha de regencia de 13 de noviembre de 2001 y acorde a los usos de agua, este se utiliza “con fines domésticos en tres casas de habitación, con un total de 12 personas, abastecimiento de una lechería con 50 a 60 vacas y para riesgo de potreros divididos en pequeños apartos, en un área total de aproximadamente 10 ha, durante la época seca”, por tal motivo sostiene que no aplica el Art. 31 de la Ley de Aguas como en menciona en el Dictamen General emitido por el SENARA relacionado a la Inspección a pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-1651031-2013, Exp 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, ya que el radio de protección de 200 m aplica únicamente para nacientes de aprovechamiento público, y el pozo BA-730 se encuentra matriculado y administrado por una figura privada, es decir no posee explotación pública o de aprovechamiento público. Se desprende que por el oficio N°DA-0583-2018 de la Dirección de Aguas del MINAE, lo que se aplica es el artículo 8 de la Ley de Aguas y el Decreto 35884-MINAE. Se le aclara que el tema del retiro del pozo BA-730 es tomado en cuenta al darse la licencia de construcción N°5-1559 basada en criterio técnico del SENARA (Oficio N°DIGH-267-15) y existe documento técnico emitido por la Dirección de Aguas (Oficio N°DA-0583-2018) que permite la adecuada interpretación de la norma aplicada a pozos. Del cuadro fáctico descrito, esta Sala considera de importancia señalar que no se desprende ni de los informes ni de la prueba aportada que se haya producido una afectación a las aguas del pozo en cuestión. Por otro lado, lo que en el fondo plantea el recurrente es un criterio distinto en cuanto al área de protección que debe respetarse alrededor de un pozo. A criterio del recurrente, que se apoya en dictamen de agosto de 2019 del SENARA, el pozo, debe respetar la zona de protección de 200 metros que dice el artículo 31 de la Ley de Aguas. Contrario a la posición indicada por el SENARA, la Municipalidad sostiene que el radio de protección de pozos que dicta la ley es de 40 metros según Art. 8 de la Ley de Aguas, razón por la que no se ve afectado por la construcción de las 13 viviendas o ranchos levantados en el área de los 200 metros del pozo. Así las cosas, estima esta Sala que la disconformidad que el recurrente pueda tener con la respuesta obtenida (en la cual la Municipalidad determinó que deberá respetarse un radio de protección de correspondiente a 40 metros según el Art.8 de la Ley de Aguas N°276), constituye un conflicto de legalidad ordinaria que deberá ser discutido en la vía correspondiente y no ante esta Sala. Sin embargo, procede advertir a la Municipalidad recurrida que, previo al levantamiento de construcciones su deber es verificar si se cumplen los requisitos para otorgar la licencia respectiva, así como también debe aplicar en todo momento la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación para la protección del recurso hídrico (según se trate de nacientes o de pozos), para garantizar la calidad del recurso hídrico de la zona. Consecuente con lo expuesto, debe asumir la responsabilidad de lo actuado al permitir que se levanten viviendas y ranchos sin permisos y adoptar las medidas que correspondan para que las edificaciones (viviendas o ranchos) ya construidos sin los respectivos permisos, se ajusten a la normativa en materia de construcciones y evite incurrir en tales omisiones.

V.- CONCLUSION . Con base en las consideraciones anteriores, procede descartar el recurso por la acusada violación al derecho a la información, por haberse demostrado que las gestiones planteadas por el recurrente fueron debidamente respondidas y comunicadas. Asimismo, al determinarseque lo que plantea el recurrente es una divergencia de criterios; pues el SENARA aplica para un pozo la misma área de protección que para un acuífero, con el fin de evitar la contaminación. Mientras que la Municipalidad recurrida estima que debe aplicarse el radio de protección para pozos, que estipula el artículo 8 de la Ley de Aguas, que es menor, este asunto debe discutirse antes la jurisdicción contencioso administrativa para que sea en esa instancia que se analice y resuelva lo que corresponda.

VI.- NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 1 . El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional. 2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental. 3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica. 4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remédiales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años. 5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica. 6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. 8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud y la de la su familia. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que al desestimar una denuncia ambiental, la Municipalidad recurrida ha permitido la construcción de obras en el área de protección del Pozo BA-730, lo que pone en riesgo la salud de quienes dependen del agua para consumo humano proveniente de ese pozo, con violación del derecho a disfrutar VIII.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara SIN LUGAR el recurso. Tome nota la Municipalidad de San Rafael de Heredia recurrida de lo indicado en el Considerando IV de esta sentencia.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Hubert Fernández A.

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