← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 04500-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 06/03/2020
OutcomeResultado
The amparo is denied because the disagreement over the well protection radius is a matter of ordinary legality and the requested information was already provided.Se declara sin lugar el recurso de amparo al considerar que la discrepancia sobre el radio de protección del pozo es un asunto de legalidad ordinaria y que la información solicitada ya fue entregada.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviewed an amparo action against the Municipality of San Rafael de Heredia. The petitioner argued that the Municipality allowed construction of a wall and dwelling within the 200-meter protection zone of well BA-730, which supplies drinking water to several families, violating the right to a healthy environment and health. The Municipality contended that, as a privately used well, the applicable protection zone is 40 meters under Article 8 of the Water Law, not the 200 meters recommended by SENARA in a field inspection. The Chamber dismissed the amparo with respect to the right of information, since the information requests were duly answered. On the environmental merits, it held that the dispute over the well's protection perimeter is a matter of ordinary legality to be litigated in the contentious-administrative jurisdiction, not in constitutional proceedings. It cautioned the Municipality about its duty to verify construction permit requirements and apply the land-use criteria matrix according to aquifer vulnerability to protect water resources.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia. El recurrente alegó que la Municipalidad permitió la construcción de una tapia y una vivienda dentro del área de protección de 200 metros del pozo BA-730, del cual depende el agua potable de varias familias, vulnerando el derecho a un ambiente sano y la salud. La Municipalidad defendió que, por tratarse de un pozo de uso privado, la zona de protección aplicable es de 40 metros según el artículo 8 de la Ley de Aguas, no los 200 metros que el SENARA dictaminó para el caso. La Sala desestimó el amparo en cuanto a la supuesta violación al derecho de información, por haber sido respondidas las gestiones. Respecto al fondo ambiental, consideró que la disputa sobre el perímetro de protección constituye un conflicto de legalidad ordinaria que debe resolverse en la vía contencioso-administrativa, no en sede constitucional. Advirtió a la Municipalidad sobre su deber de verificar el cumplimiento de requisitos constructivos y aplicar la matriz de criterios de uso del suelo según vulnerabilidad de acuíferos para garantizar la calidad del recurso hídrico.
Key excerptExtracto clave
IV.- On the rejection of the claim regarding construction in the protection zone of Well BA-730. The petitioner claims that the respondent Municipality's rejection of the environmental complaint for building in the protection zone of a well endangers the health of all residents who depend on drinking water from this well for their basic needs. (...) Thus, this Chamber considers that the petitioner's disagreement with the response obtained (in which the Municipality determined that a protection radius of 40 meters must be respected under Article 8 of the Water Law No. 276) constitutes a dispute of ordinary legality that must be litigated in the appropriate forum and not before this Chamber. However, the respondent Municipality is hereby cautioned that, prior to approving construction, it has the duty to verify that the requirements for issuing the respective license are met, and it must at all times apply the land use criteria matrix according to vulnerability to contamination to protect water resources (whether for springs or wells), in order to guarantee the quality of the water resources in the area. V.- CONCLUSION. Based on the foregoing, the appeal must be dismissed regarding the alleged violation of the right to information, since it has been demonstrated that the petitioner's requests were duly answered and communicated. Moreover, since it has been determined that the petitioner raises a divergence of criteria—SENARA applies the same protection area to a well as to an aquifer in order to avoid contamination, while the respondent Municipality considers that the protection radius for wells stipulated in Article 8 of the Water Law, which is smaller, must be applied—this matter must be discussed before the contentious-administrative jurisdiction so that it may be analyzed and resolved accordingly.IV.- Del rechazo al reclamo por la construcción de obras en el área de protección del Pozo BA-730 . El recurrente reclama que la negativa por parte de la Municipalidad recurrida, a la denuncia ambiental por construirse en área de protección de un pozo, pone en riesgo la salud de todos los habitantes usuarios que dependen del agua de consumo humano proveniente de este pozo para sus necesidades básicas. (...) Así las cosas, estima esta Sala que la disconformidad que el recurrente pueda tener con la respuesta obtenida (en la cual la Municipalidad determinó que deberá respetarse un radio de protección de correspondiente a 40 metros según el Art.8 de la Ley de Aguas N°276), constituye un conflicto de legalidad ordinaria que deberá ser discutido en la vía correspondiente y no ante esta Sala. Sin embargo, procede advertir a la Municipalidad recurrida que, previo al levantamiento de construcciones su deber es verificar si se cumplen los requisitos para otorgar la licencia respectiva, así como también debe aplicar en todo momento la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación para la protección del recurso hídrico (según se trate de nacientes o de pozos), para garantizar la calidad del recurso hídrico de la zona. V.- CONCLUSION . Con base en las consideraciones anteriores, procede descartar el recurso por la acusada violación al derecho a la información, por haberse demostrado que las gestiones planteadas por el recurrente fueron debidamente respondidas y comunicadas. Asimismo, al determinarse que lo que plantea el recurrente es una divergencia de criterios; pues el SENARA aplica para un pozo la misma área de protección que para un acuífero, con el fin de evitar la contaminación. Mientras que la Municipalidad recurrida estima que debe aplicarse el radio de protección para pozos, que estipula el artículo 8 de la Ley de Aguas, que es menor, este asunto debe discutirse antes la jurisdicción contencioso administrativa para que sea en esa instancia que se analice y resuelva lo que corresponda.
Pull quotesCitas destacadas
"Así las cosas, estima esta Sala que la disconformidad que el recurrente pueda tener con la respuesta obtenida (en la cual la Municipalidad determinó que deberá respetarse un radio de protección de correspondiente a 40 metros según el Art.8 de la Ley de Aguas N°276), constituye un conflicto de legalidad ordinaria que deberá ser discutido en la vía correspondiente y no ante esta Sala."
"Thus, this Chamber considers that the petitioner's disagreement with the response obtained (in which the Municipality determined that a protection radius of 40 meters must be respected under Article 8 of the Water Law No. 276) constitutes a dispute of ordinary legality that must be litigated in the appropriate forum and not before this Chamber."
Considerando IV
"Así las cosas, estima esta Sala que la disconformidad que el recurrente pueda tener con la respuesta obtenida (en la cual la Municipalidad determinó que deberá respetarse un radio de protección de correspondiente a 40 metros según el Art.8 de la Ley de Aguas N°276), constituye un conflicto de legalidad ordinaria que deberá ser discutido en la vía correspondiente y no ante esta Sala."
Considerando IV
"Sin embargo, procede advertir a la Municipalidad recurrida que, previo al levantamiento de construcciones su deber es verificar si se cumplen los requisitos para otorgar la licencia respectiva, así como también debe aplicar en todo momento la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación para la protección del recurso hídrico (según se trate de nacientes o de pozos), para garantizar la calidad del recurso hídrico de la zona."
"However, the respondent Municipality is hereby cautioned that, prior to approving construction, it has the duty to verify that the requirements for issuing the respective license are met, and it must at all times apply the land use criteria matrix according to vulnerability to contamination to protect water resources (whether for springs or wells), in order to guarantee the quality of the water resources in the area."
Considerando IV
"Sin embargo, procede advertir a la Municipalidad recurrida que, previo al levantamiento de construcciones su deber es verificar si se cumplen los requisitos para otorgar la licencia respectiva, así como también debe aplicar en todo momento la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación para la protección del recurso hídrico (según se trate de nacientes o de pozos), para garantizar la calidad del recurso hídrico de la zona."
Considerando IV
"Hoy en día, nos encontramos frente a un 'denso entramado' de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno."
"Today, we are faced with a 'dense network' of environmental regulations, which has brought about two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of comprehensive legal regulation of activities whose environmental impact was previously unregulated or scarcely regulated, along with the creation of state bodies with monitoring and control powers over the effects of human activity on the environment."
Nota de la Magistrada Hernández López, VI.1
"Hoy en día, nos encontramos frente a un 'denso entramado' de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno."
Nota de la Magistrada Hernández López, VI.1
"En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos."
"In this context, it is not legally appropriate, nor from a functional standpoint, for the Constitutional Chamber to displace, or—worse—substitute, the ordinary justice bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective enforcement of laws and regulations."
Nota de la Magistrada Hernández López, VI.3
"En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos."
Nota de la Magistrada Hernández López, VI.3
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: March 6, 2020 at 09:30 Case File: 19-020966-0007-CO Type of Matter: Amparo Appeal Judgment with protected data, in accordance with current regulations *190209660007CO* Case File: 19-020966-0007-CO CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty minutes on March sixth, two thousand twenty.
Amparto appeal processed under case file number 19-020966-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], on behalf of Bay Área Mountain Sociedad Anónima against the Municipality of San Rafael de Heredia.
Whereas:
| Zoning | Vulnerability | Maximum coverage (%) | Maximum population density (people/ha) | Potential productive activities |
|---|---|---|---|---|
| Medium | Medium | 30 | 30 | Housing, low-impact recreation, low-impact commerce and services, unrestricted agricultural and forestry activities, tourism |
On the other hand, it would be "expected" that the local government apply the Land-use criteria matrix according to aquifer contamination vulnerability for the protection of the water resource of the canton of Poás, prior to granting a construction license, to guarantee the quality of the area's water resource. Regarding the start of construction activities on October 18, 2019, which puts access to drinking water and public health at risk: It is SENARA's criterion that the activity to be developed must comply with what is indicated in the Chart visible in point B) of this report, and that recorded on folio 19 of the file; otherwise, the quality of the water resource used for human consumption would be compromised. Therefore, it is SENARA's criterion that, given the hydrogeological characteristics of the area in terms of aquifer vulnerability, coupled with the existing limitations regarding access to drinking water in the area, it is essential to safeguard the protection zone of well BA-730 established at 200 m, to ensure the quality of the liquid for human consumption.
Regarding the inspection requested on October 18, 2019, coordination was indeed made with inspector Herrera Retana to visit farm 4-183136-000 that same day; however, due to other previously scheduled inspections, there was no time to conduct the field inspection at that moment. Nevertheless, it was carried out on October 21, 2019.
Drafted by Judge Picado Brenes; and,
I.Purpose of the appeal. The appellant claims that the Municipalidad de San Rafael de Heredia has not provided the information requested on October 18, 2019, regarding the validity of construction permit No. 5-1559. He also claims that by rejecting the environmental complaint he filed, it has allowed the construction of works in the protection area of Well BA-730, putting at risk the health of all resident users who depend on the water for human consumption from this well for their basic needs. He believes that his fundamental rights have been violated, and he requests that the appeal be granted with the legal consequences.
II.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as stipulated in the initial order:
By official letter N°DPUS-MUNISRH-0413-2014, a conforming land use (uso de suelo conforme) approval is issued for the construction of a dwelling, indicating in the alignment that the corresponding setback (retiros) for the well with registration BA-730 must be left, and a map is attached with the location of the farm, the location of the well, and the corresponding protection zone of 40 meters, according to Article 8 of the Ley de Aguas N°276 (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).
The perimeter wall built around well BA-730 is in the name of [Name 002], and holds municipal license number 5-1559. In the opinion of the respondent Municipalidad, said wall does not represent any type of "cross-contamination," being an inert work with a fixed foundation which rather represents protection against contaminants reaching the well (Report of the respondent Municipalidad).
The well with registration BA-730 has a management start date of November 13, 2001, and according to the water uses: "The well is used for domestic purposes in three dwelling houses, with a total of 12 people, supply for a dairy with 50 to 60 cows, and for irrigation of pasturelands divided into small paddocks, in a total area of approximately 10 ha, during the dry season." In the opinion of the Municipalidad de Heredia, Article 31 of the Ley de Aguas does not apply, as mentioned in the General Ruling issued by SENARA related to the Inspection of well BA-730, property with cadastral plan H-165101-2013, File 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, since the protection radius of 200 m applies only to springs (nacientes) for public supply and well BA-730 is registered and administered by a private entity; that is, it does not have public exploitation or public supply use (report of the respondent Municipalidad).
On July 27, 2018, construction license No. 5-1559 for the construction of a dwelling was approved (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).
On July 22, 2019, the appellant [Name 001] requested from the Dirección de Planificación Urbana y Territorial a complete copy of the file corresponding to construction permit No. 5-1559 (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).
On July 24, 2019, the appellant [Name 001] filed before the Municipalidad a "Revocation of Construction Permit, Closure and Demolition of New Works, Sanctions for felling cypress trees located on a local road, and disposal of public assets" (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).
On August 6, 2019, the appellant [Name 001] filed before the Municipalidad a "Revocation of Construction Permit, Closure and Demolition of New Works, Sanctions for felling cypress trees located on a local road, and disposal of public assets," in which he clarifies an omission made in the Revocation filed on July 24, 2019 (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).
On August 12, 2019, via official letter N°MSRH-UGA-102-2019, the Municipal Environmental Management Unit (Unidad de Gestión Ambiental Municipal) issued a response to the Appeal for Revocation filed by Mr. [Name 001], referring solely to the felling of cypress trees and stating that said trees were located on private property. It is added that according to current legislation, this type of tree does not require a felling permit. Furthermore, the felling was carried out primarily for prevention reasons, since it was observed that said trees were diseased in their main trunk (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).
On August 22, 2019, through resolution N°165-IUGUT-MSRH-2019 of the Urban and Territorial Management Unit (Unidad de Gestión Urbana y Territorial), the appeal for revocation filed against municipal construction license No. 5-1559 on farm 4-183136-000 is resolved, indicating that: "the appeals (both) for revocation against Municipal Construction License No. 5-1559 on farm 4-183136-000 are rejected within the same procedural stage, and the license is upheld, having been duly generated in full compliance with all regulations and documentary requirements as well as what was indicated by SENARA" (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).
The resolution is duly notified by email on August 26, 2019 (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).
On August 29, 2019, the appellant [Name 001] filed before the Municipalidad an "Appeal before the hierarchical superior" against Resolution N°165-IUGUT-MSRH-2019 issued by the engineer of the Urban and Territorial Management Unit (report of the Mayor of the respondent Municipalidad).
On October 18, 2019, the appellant [Name 001] requested that, for judicial purposes, it be certified whether construction permit No. 5-1559 is current, and to clarify whether it is only for the construction of a perimeter wall or whether it includes a building with 14 rooms and 3 bedrooms. He also requested, for judicial purposes, that it be certified that the immediate visit of the inspector was requested to verify in situ that the aforementioned construction permit was current and in order. However, the municipal inspector did not attend at the indicated time and day (Report of the Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia).
By the General Ruling issued by SENARA (no date indicated) in relation to the inspection of well BA-730, property with cadastral plan H-1651031-2013, File 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-201, it is stated in subparagraph b) of point 4, from the visit conducted it is determined that the well in question is used for domestic use, human consumption, and in subparagraph d) it is mentioned that "regarding the well protection zone, the provisions of Article 31 of the Ley de Aguas apply. Likewise, in the "por tanto" section of point 4 it is indicated that "despite well BA-730 having been requested for 'various uses', the current use is for human consumption in the sector," and in point 5 it is indicated that "the 200 m well protection zone is encroached upon with structures such as fences, perimeter walls, single-family dwellings, and access roads." (report of the Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia).
On October 22, 2019, Mr. [Name 001] filed before the Municipalidad a "Revocation of Construction Permit, Closure and Demolition of New Works, Sanctions for felling cypress trees located on a local road, and disposal of public assets" (report of the Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia).
On November 6, 2019, via official letter N°MSRH-DPUT-276-2019, the Urban Director Erick Camacho Sánchez delivered to the appellant the certified copy of the administrative file called "License 5-1559 [Name 002]"; in response to the note presented on October 18, 2019, by the appellant [Name 001] (Report of the Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia, acknowledgment of receipt dated November 7, 2019).
By official letter MSRH-DPUT-298-2019 dated November 27, 2019, the Dirección de Planificación Urbana y Territorial responded to the protected party's notes presented on October 18, 2019, and indicated that, for construction license 5-1559, once issued, the property owner has one year to begin the project execution. For the case in question, it began before its expiration date and is current. It also indicates that the approved project includes the construction of perimeter walls and a dwelling house of 491 square meters. It points out to him that the coverage area of the work approved through the construction license complies with SENARA's recommendations for the zone where farm 4-183136-000 is located. It informs him that according to SENARA's well registry, the well with registration BA-730 has a management start date of November 13, 2001, and according to the water uses, the well is used "for domestic purposes in three dwelling houses, with a total of 12 people, supply for a dairy with 50 to 60 cows, and for irrigation of pasturelands divided into small paddocks, in a total area of approximately 10 ha, during the dry season," for this reason Article 31 of the Ley de Aguas does not apply, as mentioned in the General Ruling issued by SENARA related to the Inspection of well BA-730, property with cadastral plan H-1651031-2013, File 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, since the protection radius of 200 m applies only to springs (nacientes) for public supply, and well BA-730 is registered and administered by a private entity; that is, it does not have public exploitation or public supply use.
The appellant is told that according to official letter N°DA-0583-2018 from the Dirección de Aguas of MINAE, what applies is Article 8 of the Ley de Aguas and Decreto 35884-MINAE. It is clarified to him that the issue of the setback distance from well BA-730 is taken into account when issuing construction license No. 5-1559, based on the technical criterion of SENARA (Official Letter N°DIGH-267-15) and there is a technical document issued by the Dirección de Aguas (Official Letter N°DA-0583-2018) that allows for the proper interpretation of the norm applied to wells. In relation to the inspection requested by the appellant, it says that coordination was made with inspector Joseph Herrera Retana to visit farm 4-183136-000 that same day, but he could not go. (acknowledgment of receipt of official letter MSRH-DPUT-298-2019 dated November 27, 2019, from the Dirección de Planificación Urbana y Territorial, attached to the report of the respondent authority).
The inspection requested by the appellant before the respondent Municipalidad for farm 4-183136-000 to be visited was carried out on October 21, 2019 (acknowledgment of receipt of official letter MSRH-DPUT-298-2019 dated November 27, 2019, from the Dirección de Planificación Urbana y Territorial, attached to the report of the respondent authority).
Of the 22 properties located within a 200-meter radius of the well, 13 have one or several buildings, whether a dwelling, basement, and ranch or kiosk. Of these 13 buildings, only 5 of these have had municipal permits to build one or several dwellings and ranches (report of the respondent authority).
III.Regarding the request for certification of information managed before the Municipalidad de San Rafael de Heredia. In the present matter, it has been demonstrated, from the evidence provided to the case file, that the request for information made by the appellant [Name 001], on October 18, 2019, in which he requests that it be certified whether construction permit No. 5-1559 is current, and to clarify whether it is only for the construction of a perimeter wall or if it includes a building with 14 rooms and 3 bedrooms, was duly answered and communicated by official letter MSRH-DPUT-298-2019 dated November 27, 2019, from the Dirección de Planificación Urbana y Territorial, in which he is informed that, for construction license 5-1559, once issued, the property owner has one year to begin the project execution. For the case in question, it began before its expiration date and is current. Furthermore, the petitioner is informed that the approved project includes the construction of perimeter walls and a dwelling house of 491 square meters.
It is pointed out to him that the coverage area of the work approved through the construction license complies with SENARA's recommendations for the zone where farm 4-183136-000 is located. It informs him that according to SENARA's well registry, the well with registration BA-730 has a management start date of November 13, 2001, and according to the water uses, the well is used "for domestic purposes in three dwelling houses, with a total of 12 people, supply for a dairy with 50 to 60 cows, and for irrigation of pasturelands divided into small paddocks, in a total area of approximately 10 ha, during the dry season," for this reason Article 31 of the Ley de Aguas does not apply, as mentioned in the General Ruling issued by SENARA related to the Inspection of well BA-730, property with cadastral plan H-1651031-2013, File 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, since the protection radius of 200 m applies only to springs (nacientes) for public supply, and well BA-730 is registered and administered by a private entity; that is, it does not have public exploitation or public supply use.
The appellant is told that according to official letter N°DA-0583-2018 from the Dirección de Aguas of MINAE, what applies is Article 8 of the Ley de Aguas and Decreto 35884-MINAE. It is clarified to him that the issue of the setback distance from well BA-730 is taken into account when issuing construction license No. 5-1559, based on the technical criterion of SENARA (Official Letter N°DIGH-267-15) and there is a technical document issued by the Dirección de Aguas (Official Letter N°DA-0583-2018) that allows for the proper interpretation of the norm applied to wells. There is also evidence that, through official letter N°MSRH-DPUT-276-2019, the Urban Director Erick Camacho Sánchez delivered to the appellant the certified copy of the administrative file called "License 5-1559 [Name 002]"; in response to the note presented on October 18, 2019, by the appellant [Name 001], of which there is an acknowledgment of receipt dated November 7, 2019.
Finally, in relation to the protected party's effort for a municipal inspector to visit the farm and verify in situ that the aforementioned construction permit was current and in order, this Chamber observes that although the municipal inspector's visit was not carried out on October 18, 2019, because he had other inspections to conduct; as stated by the appellant; coordination was made with inspector Joseph Herrera Retana to visit farm 4-183136-000, which he did on October 21, 2019. The foregoing was duly reported to the protected party by official letter MSRH-DPUT-298-2019 dated November 27, 2019, from the Dirección de Planificación Urbana y Territorial. As a consequence of the foregoing, the requests for information and certification made by the appellant are considered duly answered, and what is appropriate is to dismiss the appeal regarding this aspect, as is hereby ordered.
IV.Regarding the rejection of the claim for the construction of works in the protection area of Well BA-730. The appellant claims that the refusal by the respondent Municipalidad of the environmental complaint regarding construction in the protection area of a well puts at risk the health of all the resident users who depend on the water for human consumption from this well for their basic needs. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court observes that, at its core, the appellant claims that the respondent Municipalidad has permitted construction in what he considers the protection zone of well BA-730, which is the criterion held by SENARA. As evidence for a better resolution, this Chamber requested the respective report from SENARA, which indicates that the well in question is located in a zone of medium vulnerability according to the vulnerability map of the Barva, Colima Superior e Inferior, and río Virilla aquifers for the canton of San Rafael, prepared by the PRU-GAM project in 2005.
It explains that despite well BA-730 having been requested for "various uses," the current use is for human consumption in the sector, and the well protection zone, which is 200 m, is encroached upon with structures such as fences, perimeter walls, single-family dwellings, and access roads. Regarding the grievances expressed by the appellant, it indicates that during the inspection carried out on August 21, 2019, at 9:00 a.m., a tiled perimeter wall was identified, built along the South and East boundaries of the property where well BA-730 is located. At the time of the inspection, no tree felling activities or construction in process were observed, as the wall was apparently finished, as can be seen from the photographs. The presence of the wall did not allow verification of whether there was tree felling on the property located to the South of plot 4-1651031-2013 or if there was a construction process within its perimeter.
Despite the foregoing, the perimeter walls that were observed are built within the 200 m of protection established by Article 31, subparagraph a) of the Ley de Aguas and as indicated by General Ruling N° SENARA-DIGH-UI-INF-0116- 2019. Regarding the nature of the construction planned for 14 rooms and 3 bedrooms in a zone of medium vulnerability, where only the construction of a single-family dwelling is permitted, it states that in accordance with report N°SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19, it was indicated that the aquifer's vulnerability is medium, according to the Vulnerability Map of the Barva, Colima Superior e Inferior, and río Virilla aquifers for the canton of San Rafael, prepared by PRUGAM (2005). It warns that when applying the matrix of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability, for the protection of the water resource of the canton of Poás—an analysis instrument current at that time—the characteristics of eventual productive activities were indicated, based on the medium vulnerability of the area, that would guarantee the protection of the aquifer and public supply sources, which it exemplifies with a table included in its report.
It says that, according to the inspection carried out on site, only the presence of the perimeter wall could be verified, which is a work that does not generate any type of effluents and is not considered a work that puts at risk the public health of the families that depend on well BA-730. However, it must be clearly understood that the entire wall is located within the protection zone of well BA-730, and to prevent contamination of the aquifer and the well, the indicated specifications must be met. Finally, it indicates that according to the field inspection carried out on August 21, 2019, in the area and specifically at the property with cadastral plan 4-1651031-2013, and upon consulting satellite images from Google Earth, it is corroborated that the protection zone established at 200 m for well BA-730 is encroached upon by perimeter walls, consolidated dwellings, and other works, an aspect that is evidenced on page 000019 of report SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19.
On the other hand, it would be "expected" that the local government applied the matrix of land-use criteria according to aquifer contamination vulnerability for the protection of the water resource of the canton of Poás, prior to granting a construction license, to guarantee the quality of the water resource in the area. Otherwise, the quality of the water resource used for human consumption would be compromised. It concludes that given the hydrogeological characteristics of the area, in terms of aquifer vulnerability, coupled with the existing limitations regarding access to potable water in the area, it is essential to safeguard the protection zone of well BA-730, established at 200 m, to ensure the quality of the liquid for human consumption. Contrary to the report given by SENARA, the Mayor of the Municipalidad de San Rafael de Heredia states in the report given under the gravity of an oath before this Chamber that, because it is a well and not a spring (naciente), the protection distance for Well BA-730 is that established by Article 8 of the Ley de Aguas.
Furthermore, he maintains that the use given to the well is private and not public. In the same sense as reported to the appellant, the Municipalidad maintains that according to SENARA's well registry, the well referred to by the appellant, with registration BA-730, has a management start date of November 13, 2001, and according to the water uses, it is used "for domestic purposes in three dwelling houses, with a total of 12 people, supply for a dairy with 50 to 60 cows, and for irrigation of pasturelands divided into small paddocks, in a total area of approximately 10 ha, during the dry season," for this reason it maintains that Article 31 of the Ley de Aguas does not apply, as mentioned in the General Ruling issued by SENARA related to the Inspection of well BA-730, property with cadastral plan H-1651031-2013, File 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, since the protection radius of 200 m applies only to springs (nacientes) for public supply, and well BA-730 is registered and administered by a private entity; that is, it does not have public exploitation or public supply use.
It appears that by official letter N°DA-0583-2018 from the Dirección de Aguas of MINAE, what applies is Article 8 of the Ley de Aguas and Decreto 35884-MINAE. It is clarified that the issue of the setback distance from well BA-730 is taken into account when issuing construction license No. 5-1559, based on the technical criterion of SENARA (Official Letter N°DIGH-267-15) and there is a technical document issued by the Dirección de Aguas (Official Letter N°DA-0583-2018) that allows for the proper interpretation of the norm applied to wells. From the factual picture described, this Chamber considers it important to point out that it does not emerge from either the reports or the evidence provided that there has been any impact on the waters of the well in question. On the other hand, what the appellant fundamentally raises is a different criterion regarding the protection area that must be respected around a well.
In the appellant's opinion, supported by a ruling from August 2019 by SENARA, the well must respect the protection zone of 200 meters stated in Article 31 of the Ley de Aguas. Contrary to the position indicated by SENARA, the Municipalidad maintains that the protection radius for wells dictated by law is 40 meters according to Article 8 of the Ley de Aguas, which is why it is not affected by the construction of the 13 dwellings or ranches erected within the 200-meter area of the well. This being the case, this Chamber considers that the disagreement that the appellant may have with the response obtained (in which the Municipalidad determined that a protection radius corresponding to 40 meters must be respected according to Article 8 of the Ley de Aguas N°276) constitutes a conflict of ordinary legality that must be debated in the appropriate venue and not before this Chamber. However, it is appropriate to warn the respondent Municipalidad that, prior to the construction of buildings, its duty is to verify if the requirements for granting the respective license are met, and it must also apply at all times the matrix of land-use criteria according to contamination vulnerability for the protection of the water resource (whether for springs/nacientes or wells), to guarantee the quality of the water resource in the area.
Consistent with the foregoing, it must assume responsibility for the actions taken in permitting the erection of dwellings and ranches without permits and adopt the appropriate measures so that the buildings (dwellings or ranches) already built without the respective permits conform to the regulations regarding construction and avoid incurring such omissions.
Based on the foregoing considerations, it is appropriate to dismiss the appeal regarding the alleged violation of the right to information, having demonstrated that the efforts made by the appellant were duly answered and communicated. Likewise, having determined that what the appellant raises is a divergence of criteria; since SENARA applies to a well the same protection area as for a public supply source, in order to prevent contamination. While the respondent Municipalidad considers that the protection radius for wells stipulated by Article 8 of the Ley de Aguas, which is smaller, must be applied, this matter must be debated before the administrative litigation jurisdiction so that it is in that instance that the corresponding matter is analyzed and resolved.
1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone a considerable variation that compels this body to reconsider the conditions for its participation in ensuring the right of individuals to a healthy and balanced environment, as has been protected under Article 50 of the Constitución Política.
Indeed, the current situation—characterized by an extremely broad production of legal and regulatory instruments that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Constitution (Carta Fundamental)—is radically different from the prior one, in which the absence of regulations and state entities with appropriate jurisdiction imposed on this Chamber a role as protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right.
2. Today, we find ourselves facing a “dense framework” of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose impact on the environment was scarcely or not at all ordered, as well as the creation of state bodies with powers of oversight and control over the effects of human activity on the environment. The second phenomenon consists in the fact that this growing juridification—predominantly legislative and regulatory—brings with it an unavoidable entry into the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction—primarily the contentious-administrative jurisdiction, but also the criminal jurisdiction. Within these, consistent with the importance of environmental law, procedural avenues and means of standing have been broadly regulated in an inclusive manner, so that individuals (administrados) may enforce what is established in that broad legal order related to environmental matters.
3. In this context, it is neither legally appropriate nor, from a functional standpoint, correct for the Constitutional Chamber to displace, or—even worse—substitute, ordinary justice bodies in the performance of their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally improper because, in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory norms, thereby risking overlapping its jurisdiction with that of other jurisdictional bodies that—indeed—were created to carry out such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts consisting of series of technically and legally complex facts and acts. Regarding both matters, there are known examples in which the Chamber has issued a partial or technically incomplete resolution, or unnecessary frictions and an impact on legal certainty have been generated.
4. As part of the technical aspects that I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have enforcement judges for judgments (jueces ejecutores de sentencia) that would allow adequate follow-up on them—generally complex—which sometimes involve the monitoring of remediation plans, among other things, with inter-institutional coordination and follow-up lasting months and even years.
5. From this perspective, the decision to step aside in environmental matters by this Tribunal should not be seen as an abandonment of environmental matters, but rather, on the contrary, as its adequate protection (tutela) at the instance that best suits the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance’s declination of its task of protecting the constitutional rights imposed upon it by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. It is, rather, an exercise in readjusting the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each one of them can fully deploy its work within the scope assigned to it, as well as an exercise in defining its own jurisdiction, as established by Article 7 of its Organic Law.
6. It is clear that the Chamber does not intend to abandon to other jurisdictions the work of protecting individuals' rights in environmental matters. It is well known that, although any claim for infringement of legal and regulatory norms can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires no more than the application of constitutional law. It is thus a matter of ensuring that the Chamber becomes a protagonist together with others, so that—among all and each within its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which other equally pressing needs also exist. With this position, I firmly believe that the citizen loses not an iota of protection, but a substantial gain is made in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of obligatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.- 7.
In line with the foregoing, I maintain that this Chamber should abstain from hearing the claims presented to it for alleged infringement of Article 50 of the Political Constitution, in order to leave their handling to administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed on a general basis, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my judgment, would still be better protected by this Chamber and therefore must be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enumeration being considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber should reserve the hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also pose a direct risk to people's health, or to access to or the quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by state authorities is confirmed, provided always that the nature of the claim also allows it to be addressed through the instrument of the amparo as a summary and special procedural remedy, since I also consider that the amparo should not be “ordinary-ized” to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately handled within it.
8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the claim of the appellant (parte recurrente) could potentially affect their health and that of their family. Consequently, it is clear that we are before the exceptions mentioned, and for that reason I have considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction, to verify or rule out whether the omissions indicated violate the fundamental rights of the protected persons (personas amparadas).
In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, the hearing and resolution of the matter corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which it is alleged that by dismissing an environmental complaint, the respondent Municipality has permitted the construction of works in the protection area of Well BA-730, which endangers the health of those who depend on the water for human consumption coming from that well, in violation of the right to enjoy
VIII.Documentation provided to the case file (expediente). The parties are warned that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore (Por tanto):
The appeal (recurso) is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR). The respondent Municipality of San Rafael de Heredia shall take note of what is indicated in Considerando IV of this judgment.
Fernando Castillo V. President Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Hubert Fernández A.
*HIOYBJVAT3861* Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 23:01:24.
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *190209660007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del seis de marzo de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-020966-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de Bay Área Mountain Sociedad Anónima contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia
Resultando:
Redacta la Magistrada Picado Brenes; y,
I.Objeto del recurso Reclama el recurrente que la Municipalidad de San Rafael de Heredia, no le ha dado la información pedida el 18 de octubre de 2019 en relación con la vigencia del permiso de construcción N°5-1559. Asimismo reclama que al desestimar la denuncia ambiental por él planteada ha permitido la construcción de obras en el área de protección del Pozo BA-730, lo que pone en riesgo la salud de todos los habitantes usuarios que dependen del agua de consumo humano proveniente de este pozo para sus necesidades básicas. Estima que le han violado sus derechos fundamentales, lo que solicita se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
Por el oficio N°DPUS-MUNISRH-0413-2014, se emite uso de suelo conforme para la construcción de vivienda, señalando en el alineamiento que se debe dejar los retiros correspondientes al pozo con matrícula BA-730 y se adjunta mapa con la ubicación de la finca, ubicación del pozo y la zona de protección correspondiente a 40 metros, según el Art.8 de la Ley de Aguas N°276 (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).
La tapia construida alrededor del pozo BA-730 está a nombre de [Nombre 002], y cuenta con licencia municipal número 5-1559. A criterio de la Municipalidad recurrida, dicha tapia no representa ningún tipo de “contaminación cruzada” al ser una obra inerte de cimentación fija la cual más bien representa una protección para contaminantes hacia el pozo (Informe de Municipalidad recurrida).
El pozo con matrícula BA-730 tiene fecha de regencia del 13 de noviembre de 2001, y acorde a los usos del agua: “El pozo se utiliza con fines domésticos en tres casas de habitación, con un total de 12 personas, abastecimiento de una lechería con 50 a 60 vacas y para riego de potreros divididos en pequeños apartos, en un área total de aproximadamente 10 ha, durante la época seca.” A criterio de la Municipalidad de Heredia no aplica el art. 31 de la Ley de Aguas como se menciona en el Dictamen General emitido por el SENARA relacionado a Inspección a pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-165101-2013, Exp 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, ya que el radio de protección de 200 m aplica únicamente para nacientes de aprovechamiento público y el pozo BA-730, se encuentra matriculado y administrado por un figura privada, es decir, no posee explotación pública o de aprovechamiento público (informe de Municipalidad recurrida).
El 27 de julio del 2018 se aprueba la licencia de construcción N°5-1559 para construcción de vivienda (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).
El 22 de julio del 2019, el recurrente [Nombre 001] solicita a la Dirección de Planificación Urbana y Territorial copia completa del expediente correspondiente al permiso de construcción N°5-1559 (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).
El 24 de julio del 2019, el recurrente [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Revocatoria de Permiso de Construcción, Clausura y Derribo de Obras de Nuevas, Sanciones por tala de cipreses ubicados en camino vecinal y disposición de bienes Públicos" (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).
El 06 de agosto del 2019, el recurrente [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Revocatoria de Permiso de Construcción, Clausura y Derribo de Obras de Nuevas, Sanciones por tala de cipreses ubicados en camino vecinal y disposición de bienes Públicos" en el cual aclara una omisión realizada en la Revocatoria presentada en fecha 24 de julio del 2019 "(informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).
El 12 de agosto del 2019, mediante oficio N°MSRH-UGA-102-2019 la Unidad de Gestión Ambiental Municipal emite respuesta al Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor [Nombre 001], haciendo referencia únicamente a la corta de árboles de ciprés y dispone que dichos árboles se ubicaban en propiedad privada. Se añade que según la legislación vigente, ese tipo de árboles no requieren permiso de corta. Además, la corta se realizó por un tema principalmente de prevención, ya que se logró observar que dichos árboles estaban enfermos en su tronco principal (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).
El 22 de agosto del 2019, mediante la resolución N°165-IUGUT-MSRH-2019 de la Unidad de Gestión Urbana y Territorial se resuelve el recurso de revocatoria interpuesto en contra de la licencia municipal de construcción N°5-1559 en la finca 4-183136-000, indicándose que: "se rechaza dentro de la misma etapa procesal los recursos (ambos) de revocatoria en contra de la Licencia Municipal de construcción N°5-1559 en la finca 4-183136-000, se mantiene la misma debidamente generada cumpliendo a cabalidad con toda normativa y requisitos documentales así como lo indicado por SENARA (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).
La resolución es debidamente notificada mediante correo electrónico el 26 de agosto del 2019 (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).
El 29 de agosto del 2019, el recurrente [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Apelación ante el superior jerárquico" en contra de la Resolución N°165-IUGUT-MSRH-2019 del ingeniero de la Unidad de Gestión Urbana y Territorial (informe del Alcalde de la Municipalidad recurrida).
El 18 de octubre del 2019, el recurrente [Nombre 001] solicita que para efectos judiciales se certifique si el permiso de construcción N°5-1559 se encuentra vigente, y se aclare si es solamente para construcción de tapia o contempla un inmueble con 14 aposentos y 3 habitaciones. Pide además para efectos judiciales, se certifique que se solicitó la visita inmediata del inspector para corroborar in situ que el permiso de construcción supra citado estaba vigente y se encuentra a derecho. Sin embargo el inspector municipal no asistió a la hora y día señalado (Informe de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia).
Por Dictamen General emitido por el SENARA (no se indica fecha) en relación con la inspección del pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-1651031-2013, Exp. 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-201, se dispone en el inciso b) del punto 4, de la visita realizada se determina que el pozo en cuestión es utilizado para uso doméstico, consumo humano, además en el inciso d) se menciona que "con respecto a la zona de protección del pozo aplica lo estipulado en el artículo 31 de la Ley de Aguas. Asimismo, en el por tanto en el punto 4 se indica "o pesar que el pozo BA-730 fue solicitado para "usos varios", actualmente el uso es para consumo humano en el sector", y en el punto 5 se señala “la zona de protección del pozo de 200 m, se encuentra invadida con estructuras como cercas, tapias, viviendas unifamiliares y calles de acceso". (informe del Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia).
El 22 de octubre del 2019 el señor [Nombre 001] interpone ante la Municipalidad "Revocatoria de Permiso de Construcción, Clausura y Derribo de Obras de Nuevas, Sanciones por tala de cipreses ubicados en camino vecinal y disposición de bienes Públicos" (informe del Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia).
El 06 de noviembre del 2019, mediante oficio N°MSRH-DPUT-276-2019 el Director Urbano Erick Camacho Sánchez se hace entrega al recurrente de la copia certificada del expediente administrativo denominado “Licencia 5-1559 [Nombre 002]”; en respuesta a nota presentada el 18 de octubre del 2019, por el recurrente [Nombre 001] (Informe de Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, acuse de recibido de 07 de noviembre de 2019).
Por oficio MSRH-DPUT-298-2019 de 27 de noviembre de 2019 la Dirección de Planificación Urbana y Territorial responde al tutelado las notas presentadas el 18 de octubre de 2019 y le indica que la licencia de construcción 5-1559 una vez emitida el propietario del inmueble tiene un año para iniciar la ejecución del proyecto. Para el caso en cuestión inició antes de su fecha de vencimiento, y está vigente. Además señala que el proyecto aprobado contempla la construcción de tapias perimetrales y una casa de habitación de 491 metros cuadrados. Le señala que el área de cobertura de la obra aprobada mediante la licencia de construcción cumple las recomendaciones de SENARA para la zona donde se ubica la fina 4-183136-000. Le informa que según el registro de pozo a de SENARA, el pozo con matrícula BA-730 tiene fecha de regencia de 13 de noviembre de 2001 y acorde a los usos de Agua el pozo se utiliza con fines domésticos en tres casas de habitación, con un total de 12 personas, abastecimiento de una lechería con 50 a 60 vacas y para riesgo de potreros divididos en pequeños apartos, en un área total de aproximadamente 10 ha, durante la época seca”, por tal motivo no aplica el Art. 31 de la Ley de Aguas como en menciona en el Dictamen General emitido por el SENARA relacionada a Inspección a pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-1651031-2013, Exp 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, ya que el radio de protección de 200m aplica únicamente para nacientes de aprovechamiento público, y el pozo BA-730 se encuentra matriculado y administrado por una figura privada, es decir no posee explotación pública o de aprovechamiento público.
Al recurrente se le dice que según el oficio N°DA-0583-2018 de la Dirección de Aguas del MINAE, lo que se aplica es el artículo 8 de la Ley de Aguas y el Decreto 35884-MINAE. Se le aclara que el tema del retiro del pozo BA-730 es tomado en cuenta al darse la licencia de construcción N°5-1559 basada en criterio técnico del SENARA (Oficio N°DIGH-267-15) y existe documento técnico emitido por la Dirección de Aguas (Oficio N°DA-0583-2018) que permite la adecuada interpretación de la norma aplicada a pozos. En relación a la inspección que pidió el recurrente, dice que se coordinó con el inspector Joseph Herrera Retana par que visitara la finca 4-183136-000 ese mismo día, pero no puedo ir. (acuse de recibido de oficio MSRH-DPUT-298-2019 de 27 de noviembre de 2019 la Dirección de Planificación Urbana y Territorial, adjunto a informe de autoridad recurrida).
La inspección solicitada por el recurrente ante la Municipalidad recurrida para que se visitara la finca 4-183136-000 se realizó el 21 de octubre de 2019 (acuse de recibido de oficio MSRH-DPUT-298-2019 de 27 de noviembre de 2019 la Dirección de Planificación Urbana y Territorial, adjunto a informe de autoridad recurrida).
De las 22 propiedades ubicadas en un radio a 200 metros del pozo, 13 tienen una o varias edificaciones, ya sea de vivienda, sótano, y rancho o kiosko. De estas 13 edificaciones, sólo 5 de estas han contado con permisos municipales para construir una o varias viviendas y ranchos (informe de autoridad recurrida).
III.De la solicitud de certificación de información gestionada ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia. En el presente asunto se tiene por demostrado, de la prueba aportada a los autos que, la solicitud de información planteada por el recurrente [Nombre 001] , el 18 de octubre del 2019, en que pide se certifique si el permiso de construcción N°5-1559 se encuentra vigente, y se aclare si es solamente para construcción de tapia o contempla un inmueble con 14 aposentos y 3 habitaciones, fue debidamente respondida y comunicada por el oficio MSRH-DPUT-298-2019 de 27 de noviembre de 2019 de la Dirección de Planificación Urbana y Territorial, en el que se le indica que la licencia de construcción 5-1559 una vez emitida el propietario del inmueble tiene un año para iniciar la ejecución del proyecto. Para el caso en cuestión inició antes de su fecha de vencimiento, y está vigente. Además, se le informa al gestionante que el proyecto aprobado contempla la construcción de tapias perimetrales y una casa de habitación de 491 metros cuadrados.
Se le señala que el área de cobertura de la obra aprobada mediante la licencia de construcción cumple las recomendaciones de SENARA para la zona donde se ubica la fina 4-183136-000. Le informa que según el registro de pozo a de SENARA, el pozo con matrícula BA-730 tiene fecha de regencia de 13 de noviembre de 2001 y acorde a los usos de Agua el pozo se utiliza con fines domésticos en tres casas de habitación, con un total de 12 personas, abastecimiento de una lechería con 50 a 60 vacas y para riesgo de potreros divididos en pequeños apartos, en un área total de aproximadamente 10 ha, durante la época seca”, por tal motivo no aplica el Art. 31 de la Ley de Aguas como en menciona en el Dictamen General emitido por el SENARA relacionada a Inspección a pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-1651031-2013, Exp 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, ya que el radio de protección de 200m aplica únicamente para nacientes de aprovechamiento público, y el pozo BA-730 se encuentra matriculado y administrado por una figura privada, es decir no posee explotación pública o de aprovechamiento público.
Al recurrente se le dice que según el oficio N°DA-0583-2018 de la Dirección de Aguas del MINAE, lo que se aplica es el artículo 8 de la Ley de Aguas y el Decreto 35884-MINAE. Se le aclara que el tema del retiro del pozo BA-730 es tomado en cuenta al darse la licencia de construcción N°5-1559 basada en criterio técnico del SENARA (Oficio N°DIGH-267-15) y existe documento técnico emitido por la Dirección de Aguas (Oficio N°DA-0583-2018) que permite la adecuada interpretación de la norma aplicada a pozos. Consta además que mediante oficio N°MSRH-DPUT-276-2019 el Director Urbano Erick Camacho Sánchez hace entrega al recurrente de la copia certificada del expediente administrativo denominado “Licencia 5-1559 [Nombre 002] ”; en respuesta a nota presentada el 18 de octubre del 2019, por el recurrente [Nombre 001], de lo que consta acuse de recibido de 07 de noviembre de 2019. Por último, en relación con la gestión del tutelado para que un inspector municipal visitara la finca y corroborara in situ que el permiso de construcción supra citado estaba vigente y se encontraba a derecho, esta Sala observa que si bien la visita del inspector municipal no se llevó a cabo el 18 de octubre de 2019, pues tenía otras inspecciones que realizar; como afirma el recurrente; se coordinó con el inspector Joseph Herrera Retana par que visitara la finca 4-183136-000 lo que hizo el 21 de octubre de 2019.
Lo anterior fue debidamente informado al tutelado por el oficio MSRH-DPUT-298-2019 de 27 de noviembre de 2019 la Dirección de Planificación Urbana y Territorial. Como consecuencia de lo anterior, se tienen por debidamente contestadas las solicitudes de información y certificación pedidas por el recurrente y lo que procede es desestimar el recurso en cuanto a tal extremo, como en efecto se dispone.
IV.Del rechazo al reclamo por la construcción de obras en el área de protección del Pozo BA-730 . El recurrente reclama que la negativa por parte de la Municipalidad recurrida, a la denuncia ambiental por construirse en área de protección de un pozo, pone en riesgo la salud de todos los habitantes usuarios que dependen del agua de consumo humano proveniente de este pozo para sus necesidades básicas. Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal observa que en lo medular, el recurrente reclama que la Municipalidad recurrida ha permitido construir en lo que él estima la zona de protección del pozo BA-730, que es el criterio que sostiene el SENARA. Como prueba para mejor resolver, esta Sala pidió el respectivo informe al SENARA que indica que el pozo en cuestión se ubica en una zona de vulnerabilidad media de acuerdo con el mapa de vulnerabilidad de los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior y el río Virilla para el cantón de San Rafael, elaborado por el proyecto PRU-GAM en el año 2005.
Expone que a pesar de que el pozo BA-730 fue solicitado para “usos varios", actualmente el uso es para consumo humano en el sector y la zona de protección del pozo, que es de 200 m, se encuentra invadida con estructuras como cercas, tapias, viviendas unifamiliares y calles de acceso. Acerca de los agravios expresados por el recurrente señala que en la inspección llevada a cabo el día 21 de agosto de 2019 a las 9:00 am, se identificó una tapia en baldosas construida a lo largo de las colindancias Sur y Este de la propiedad donde se localiza el pozo BA-730. En el momento de la inspección no se observaron actividades de corta de árboles ni construcción en proceso, por cuanto la tapia estaba en apariencia terminada tal y como se observa de las fotografías. La presencia de la tapia no permitió verificar si hubo corta de árboles en el predio localizado al Sur del terreno 4-1651031-2013 o si existía un proceso constructivo en su perímetro.
A pesar de lo anterior, las tapias construidas que se lograron observar se encuentran construidas dentro de los 200 m de protección establecidos por el artículo 31 inciso a) de la Ley de Aguas y lo indicado por el Dictamen General N° SENARA-DIGH-UI-INF-0116- 2019. Acerca de la naturaleza de la construcción planeada para 14 aposentos y 3 habitaciones en una zona de vulnerabilidad media, en la cual solo se permite la construcción de una vivienda unifamiliar dispone que de conformidad con el informe N°SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19, se indicó que la vulnerabilidad del acuífero es media, de acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad de los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior y el río Virilla para el cantón de San Rafael, elaborado por el PRUGAM (2005). Advierte que al aplicar la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, para la protección del recurso hídrico del cantón de Poás -instrumento de análisis vigente en ese momento-, se indicaron las características de las eventuales actividades productivas, en función de la vulnerabilidad media de la zona, que garanticen la protección del acuífero y de las fuentes de abastecimiento público, lo cual ejemplifica con un cuadro que incluye en su informe.
Dice que, de acuerdo con la inspección realizada en el sitio, solo se logró verificar la presencia de la tapia, que es una obra que no genera ningún tipo de efluentes no se considera una obra que no pone en riesgo la salud pública de las familias que dependen del pozo BA-730. No obstante, si debe quedar claro que toda la tapia se localiza dentro de la zona de protección del pozo BA-730 y para prever la contaminación del acuífero y del pozo se debe cumplir con las especificaciones indicadas. Finalmente señala que de acuerdo con la inspección de campo realizada el 21 de agosto de 2019 a la zona y específicamente a la propiedad con plano catastrado 4-1651031-2013 y al consultar las imágenes satelitales de Google Earth, se corrobora que la zona de protección establecida en 200 m para el pozo BA-730, se encuentra invadida por tapias, viviendas ya consolidadas y otras obras, aspecto que se evidencia a folio 000019 del informe SENARA-DIGH-UI-INF-0116-19.
Por otra parte, sería “esperable" que el gobierno local aplicara la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico del cantón de Poás, de previo a otorgar una licencia de construcción, para garantizar la calidad del recurso hídrico de la zona. Caso contrario se estaría comprometiendo la calidad del recurso hídrico que se utiliza para consumo humano. Concluye que dadas las características hidrogeológicas de la zona, en cuanto a vulnerabilidad acuífera, aunado a las limitantes existentes en cuanto al acceso a agua potable en la zona, es fundamental salvaguardar la zona de protección del pozo BA-730, establecida en 200 m, para asegurar la calidad del líquido para consumo humano. En sentido contrario al informe dado por el SENARA, el Alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia afirma en el informe dado bajo la gravedad de juramento ante esta Sala que, por tratarse de un pozo y no de una naciente, la distancia de protección para el Pozo BA-730, es la que establece el artículo 8 de la Ley de Aguas.
Además, sostiene que el uso que se da del pozo es privado y no público. En el mismo sentido que se le informa al recurrente, la Municipalidad sostiene que según el registro de pozos de SENARA, el pozo al que se refiere el recurrente, con matrícula BA-730 tiene fecha de regencia de 13 de noviembre de 2001 y acorde a los usos de agua, este se utiliza “con fines domésticos en tres casas de habitación, con un total de 12 personas, abastecimiento de una lechería con 50 a 60 vacas y para riesgo de potreros divididos en pequeños apartos, en un área total de aproximadamente 10 ha, durante la época seca”, por tal motivo sostiene que no aplica el Art. 31 de la Ley de Aguas como en menciona en el Dictamen General emitido por el SENARA relacionado a la Inspección a pozo BA-730, propiedad con plano catastrado H-1651031-2013, Exp 93-2019 SENARA-DIGH-UI-INF-0116-2019, ya que el radio de protección de 200 m aplica únicamente para nacientes de aprovechamiento público, y el pozo BA-730 se encuentra matriculado y administrado por una figura privada, es decir no posee explotación pública o de aprovechamiento público.
Se desprende que por el oficio N°DA-0583-2018 de la Dirección de Aguas del MINAE, lo que se aplica es el artículo 8 de la Ley de Aguas y el Decreto 35884-MINAE. Se le aclara que el tema del retiro del pozo BA-730 es tomado en cuenta al darse la licencia de construcción N°5-1559 basada en criterio técnico del SENARA (Oficio N°DIGH-267-15) y existe documento técnico emitido por la Dirección de Aguas (Oficio N°DA-0583-2018) que permite la adecuada interpretación de la norma aplicada a pozos. Del cuadro fáctico descrito, esta Sala considera de importancia señalar que no se desprende ni de los informes ni de la prueba aportada que se haya producido una afectación a las aguas del pozo en cuestión. Por otro lado, lo que en el fondo plantea el recurrente es un criterio distinto en cuanto al área de protección que debe respetarse alrededor de un pozo. A criterio del recurrente, que se apoya en dictamen de agosto de 2019 del SENARA, el pozo, debe respetar la zona de protección de 200 metros que dice el artículo 31 de la Ley de Aguas.
Contrario a la posición indicada por el SENARA, la Municipalidad sostiene que el radio de protección de pozos que dicta la ley es de 40 metros según Art. 8 de la Ley de Aguas, razón por la que no se ve afectado por la construcción de las 13 viviendas o ranchos levantados en el área de los 200 metros del pozo. Así las cosas, estima esta Sala que la disconformidad que el recurrente pueda tener con la respuesta obtenida (en la cual la Municipalidad determinó que deberá respetarse un radio de protección de correspondiente a 40 metros según el Art.8 de la Ley de Aguas N°276), constituye un conflicto de legalidad ordinaria que deberá ser discutido en la vía correspondiente y no ante esta Sala. Sin embargo, procede advertir a la Municipalidad recurrida que, previo al levantamiento de construcciones su deber es verificar si se cumplen los requisitos para otorgar la licencia respectiva, así como también debe aplicar en todo momento la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación para la protección del recurso hídrico (según se trate de nacientes o de pozos), para garantizar la calidad del recurso hídrico de la zona.
Consecuente con lo expuesto, debe asumir la responsabilidad de lo actuado al permitir que se levanten viviendas y ranchos sin permisos y adoptar las medidas que correspondan para que las edificaciones (viviendas o ranchos) ya construidos sin los respectivos permisos, se ajusten a la normativa en materia de construcciones y evite incurrir en tales omisiones.
Con base en las consideraciones anteriores, procede descartar el recurso por la acusada violación al derecho a la información, por haberse demostrado que las gestiones planteadas por el recurrente fueron debidamente respondidas y comunicadas. Asimismo, al determinarseque lo que plantea el recurrente es una divergencia de criterios; pues el SENARA aplica para un pozo la misma área de protección que para un acuífero, con el fin de evitar la contaminación. Mientras que la Municipalidad recurrida estima que debe aplicarse el radio de protección para pozos, que estipula el artículo 8 de la Ley de Aguas, que es menor, este asunto debe discutirse antes la jurisdicción contencioso administrativa para que sea en esa instancia que se analice y resuelva lo que corresponda.
1 . El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional. 2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno.
El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental. 3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos.
Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica. 4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remédiales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años. 5.
Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica. 6.
Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7.
En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. 8.
En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud y la de la su familia. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que al desestimar una denuncia ambiental, la Municipalidad recurrida ha permitido la construcción de obras en el área de protección del Pozo BA-730, lo que pone en riesgo la salud de quienes dependen del agua para consumo humano proveniente de ese pozo, con violación del derecho a disfrutar
VIII.Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara SIN LUGAR el recurso. Tome nota la Municipalidad de San Rafael de Heredia recurrida de lo indicado en el Considerando IV de esta sentencia.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ana María Picado B.
Hubert Fernández A.
*HIOYBJVAT3861*
Document not found. Documento no encontrado.