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Res. 02382-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/02/2020

Municipal duty to address complaints of residual water pollutionDeber municipal de atender denuncias por contaminación con aguas residuales

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The amparo is partially granted only against the Municipality of Paraíso; the Mayor is ordered to resolve the wastewater channeling problem within six months; the municipality is ordered to pay costs and damages. Denied against the Ministry of Health.Se declara parcialmente con lugar el recurso solo contra la Municipalidad de Paraíso; se ordena al Alcalde solucionar el problema de encauzamiento de aguas en seis meses; se condena al pago de costas, daños y perjuicios. Sin lugar contra el Ministerio de Salud.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by a resident against the Municipality of Paraíso for failing to address complaints of environmental pollution from an abandoned building in the canton center, involving improper handling of sewage and wastewater. The Chamber partially grants the amparo only against the municipality, taking the facts as true due to the Mayor’s failure to submit the required report. It orders the mayor to issue the necessary orders to resolve the wastewater channeling problem within six months, warning of contempt sanctions. The municipality is ordered to pay costs and damages. The claim against the Ministry of Health is denied, as it was shown to have issued the appropriate sanitary orders. The ruling reaffirms that local governments have a constitutional and legal duty to ensure a healthy environment and to diligently address citizens' environmental complaints.La Sala Constitucional conoce de un recurso de amparo interpuesto por un vecino contra la Municipalidad de Paraíso, por la omisión en atender sus denuncias sobre contaminación ambiental generada por un edificio abandonado en el centro del cantón, con inadecuado manejo de aguas negras y residuales. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso únicamente contra la municipalidad, al tener por ciertos los hechos debido a la omisión de la Alcaldesa de rendir el informe solicitado. Se ordena al alcalde girar las órdenes necesarias para solucionar el problema de encauzamiento de aguas en un plazo de seis meses, con la advertencia de incurrir en desobediencia. Se condena al municipio al pago de costas, daños y perjuicios. Respecto al Ministerio de Salud, se declara sin lugar el recurso, al constatar que sí emitió las órdenes sanitarias correspondientes. Se reitera que los gobiernos locales tienen la obligación constitucional y legal de velar por un ambiente sano y de atender diligentemente las denuncias ambientales de los ciudadanos.

Key excerptExtracto clave

In this case, the Chamber considers that the amparo should be partially granted. [...] By virtue of the respondent Mayor’s failure to report, the Chamber must take as true that to date, the problem of water management persists in the sector denounced by the petitioner [...] Thus, this Court finds the alleged violation of the right to a healthy environment proven, since despite the petitioner having brought to the local government’s attention the inadequate handling of sewage and wastewater in an abandoned building in the canton center, to date the municipality has remained inactive, without addressing the situation in a timely and diligent manner. It is clear that an inadequate handling of sewage and wastewater endangers not only the environment but could have consequences for the health of neighboring residents. [...] It is ordered that Michaell Álvarez Quirós, in his capacity as Mayor of Paraíso, or whoever holds that position, issue the orders within his jurisdiction so that within a maximum of SIX MONTHS from the notification of this judgment, the problem of channeling sewage and wastewater in the building denounced by the petitioner before that local government, under procedure No. 185480 of September 24, 2019, is addressed and resolved.En este asunto, la Sala considera que se debe declarar parcialmente con lugar el recurso de amparo. [...] En virtud de la omisión en informar por parte de la Alcaldesa recurrida, la Sala debe tener por cierto que a la fecha, el problema de manejo de aguas persiste en el sector denunciado por el amparado [...] Así las cosas, este Tribunal tiene por acreditada la aducida lesión al derecho a un ambiente sano, ya que pese a que el recurrente ha puesto en conocimiento del gobierno local recurrido, el inadecuado manejo de aguas negras y residuales que existe en un edificio abandonado en el centro del cantón, a la fecha el municipio se ha mantenido inactivo, sin atender de manera oportuna y diligente dicha situación. Es claro que un inadecuado manejo de aguas negras y residuales pone en riesgo no solo el ambiente, sino podría traer consecuencias sobre la salud de las personas vecinas del lugar. [...] Se ordena a Michaell Álvarez Quirós, en su condición de Alcalde de Paraíso, o a quien ocupe en su lugar ese cargo, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda y solucione el problema de encauzamiento de las aguas negras y residuales que existe en el edificio denunciado por el recurrente ante ese gobierno local, según trámite N° 185480 de fecha 24 de setiembre de 2019.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Es claro que un inadecuado manejo de aguas negras y residuales pone en riesgo no solo el ambiente, sino podría traer consecuencias sobre la salud de las personas vecinas del lugar."

    "It is clear that an inadequate handling of sewage and wastewater endangers not only the environment, but could have consequences for the health of neighboring residents."

    Considerando V

  • "Es claro que un inadecuado manejo de aguas negras y residuales pone en riesgo no solo el ambiente, sino podría traer consecuencias sobre la salud de las personas vecinas del lugar."

    Considerando V

  • "La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas."

    "The State's objective obligation in matters of environmental protection does not necessarily entail a subjective right for individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that suitable measures be adopted to protect that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities."

    Considerando IV

  • "La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas."

    Considerando IV

  • "Se ordena a Michaell Álvarez Quirós, en su condición de Alcalde de Paraíso, o a quien ocupe en su lugar ese cargo, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda y solucione el problema de encauzamiento de las aguas negras y residuales..."

    "It is ordered that Michaell Álvarez Quirós, in his capacity as Mayor of Paraíso, or whoever holds that position, issue the orders within his jurisdiction so that within a maximum of SIX MONTHS from the notification of this judgment, the problem of channeling sewage and wastewater is addressed and resolved..."

    Por tanto

  • "Se ordena a Michaell Álvarez Quirós, en su condición de Alcalde de Paraíso, o a quien ocupe en su lugar ese cargo, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda y solucione el problema de encauzamiento de las aguas negras y residuales..."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Date of Resolution: February 7, 2020, at 09:30 Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations *190208460007CO* Res. No. 2020002382 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty minutes on the seventh of February two thousand twenty.

Amparo appeal filed by [Name 001], identity card No. [Value 001]; against the Municipalidad de Paraíso.

Resultando:

1.- By brief received at the Secretariat of the Sala at 11:33 hours on November 4, 2019, the appellant files an amparo appeal against the Municipalidad de Paraíso. He comments that he is an older adult, seventy years of age. He states that as a consequence of the storms and floods that occurred in September and October 2014, a building located in the center of the canton was abandoned by the tenants, generating a serious environmental problem, which is aggravated by the improper channeling of stormwater, residual water, and black water coming from homes and businesses located in that sector of the city. He adds that he has repeatedly reported this issue, and on September 24, 2019, he filed another environmental complaint with the respondent local entity, reproaching that both he and his neighbors continue to suffer environmental problems derived from both circumstances, without the local government having taken any action to correct the aforementioned situation. He requests that the appeal be declared meritorious, with the legal consequences that this entails.

2.- By order of the Acting Presidency at 09:10 hours on November 7, 2019, the proceeding was granted leave to proceed.

3.- By certification signed by the Secretary of this Sala on December 4, 2019, it is made known that it does not appear that from November 20 to December 3, 2019, the Mayor of Paraíso rendered the report required by the Sala in this matter.

4.- By order of the Acting Instructing Magistrate at 10:22 hours on January 9, 2020, the parties listed in this amparo were considered expanded and, consequently, a report was requested from the Director of the Área Rectora de Salud of Paraíso de Cartago and from the President of the Concejo Municipal of Paraíso de Cartago.

5.- By brief incorporated into the digital expediente at 10:13 hours on January 29, 2020, Sonia Mata Coto, in her capacity as President of the Concejo Municipal of Paraíso, reports under oath that the Concejo Municipal has not received any sanitary order issued by the Directorate of the Ministry of Health of Paraíso in relation to the facts known in this appeal, resulting from the floods of September and October 2014. She clarifies that this case has been handled by the administrative area of the municipality, specifically by the Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. She requests that the Sala declare the appeal against her without merit.

6.- By brief incorporated into the digital expediente at 10:39 hours on January 31, 2020, Carlos Alberto Granados Siles, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud of Paraíso de Cartago of the Ministry of Health, reports under oath that to date, there is no record of a complaint filed by the appellant in relation to the facts alleged in the filing of this amparo appeal. He indicates that as a consequence of the storm that occurred on September 29, 2014, the stormwater sewer (alcantarillado pluvial) located on the north side of the building where the former Banco Popular operated, of which the appellant is the owner, collapsed, which caused water overflow due to the increase in runoff exceeding the volume capacity of said sewer, causing flooding of the two affected dwellings, which were subsequently declared uninhabitable with their corresponding demolition. He points out that regarding the abandoned building, corresponding to the property of the former Banco Popular, a sanitary order was notified to the petitioner on November 23, 2014, in his capacity as owner of the property, where he was informed that said property could not be used until he demonstrated, by means of a study, the stability of the slope adjacent to the building and that there is no risk of collapse of the building. Likewise, he was asked to present a system approved by the Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica demonstrating the adequate disposal of the residual water produced by the property, since during the inspection in the emergency situation it was shown that the residual water from the property was not disposed of adequately. He affirms that to date, the legal representative of said building has not presented the requested system, therefore the building is not occupied or in operation. He maintains that in response to the foregoing, the Directorate of the Área Rectora de Salud of Paraíso proceeded on December 18, 2014, to notify sanitary order No. ARSP-OS-129-2014 to the then Mayor of Paraíso, where he was requested to take the necessary actions to correct the problem generated by the rupture of the stormwater sewer located on the north side of the building where the former Banco Popular operated and to clean the lots located at that same address, this last point having been complied with. He explains that regarding correcting the problem generated by the sewer rupture, the Municipalidad de Paraíso is awaiting approval of the authorization from the Ministerio de Ambiente y Energía, specifically from the Dirección de Aguas, to redirect said sewer. He alleges that in relation to the inspection request, an inspection will be carried out house by house and business by business in the quadrant mentioned by the appellant to verify the disposal of residual water, results and actions that will be reported in due course. He requests that the Sala declare the appeal against him without merit.

7.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,

Considerando:

I.- Preliminary issue. Given that the Mayor of Paraíso omitted to render the report within the deadline set by this Tribunal in the order granting leave in this matter, in accordance with article 45, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the facts are considered true with respect to said official, and the constitutionality of the matter is analyzed based on the other elements provided to the case file.

II.- Purpose of the appeal. The appellant considers his fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment violated, since on repeated occasions he has made known to the Municipalidad de Paraíso the problem existing in a building located in the center of the canton that was abandoned by the tenants, generating a serious environmental problem, which is aggravated by the improper channeling of stormwater, residual water, and black water coming from homes and businesses located in that sector of the city; however, the municipality has not addressed the environmental problem.

III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as per the provisions of the initial order:

On September 24, 2019, the appellant filed procedure No. 185480 before the Municipalidad de Paraíso, where he reported the situation of contamination with black water and residual water in an abandoned building in the center of the canton, due to the lack of proper channeling of said waters (see evidence provided). To date, the water management problem persists in the sector reported by the petitioner (uncontested fact). There is no record to date of a complaint filed by the appellant before the Área Rectora de Salud of Paraíso, in relation to the facts alleged in this amparo (see statements rendered under oath). As a result of the storm that occurred on September 29, 2014, the stormwater sewer located on the north side of the building where the former Banco Popular operated, of which the appellant is the owner, collapsed, causing water overflow due to the increase in runoff exceeding the volume capacity of said sewer, originating floods (see statements rendered under oath). Regarding the property of the former Banco Popular, a sanitary order was notified to the petitioner on November 23, 2014, in his capacity as owner of the property, where he was informed that said property could not be used until he demonstrated, by means of a technical study, the stability of the adjacent slope, in addition to presenting a system approved by the Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica demonstrating the adequate disposal of residual water (see statements rendered under oath). To date, the legal representative of said building has not presented the requested system, so the building is not occupied or in operation (see statements rendered under oath). The Directorate of the Área Rectora de Salud of Paraíso proceeded on December 18, 2014, to notify sanitary order No. ARSP-OS-129-2014 to the then Mayor of Paraíso, where he was requested to take the necessary actions to correct the problem generated by the rupture of the stormwater sewer located on the north side of the building where the former Banco Popular operated (see statements rendered under oath). The Municipalidad de Paraíso is awaiting the approval of the authorization from the Ministerio de Ambiente y Energía, specifically from the Dirección de Aguas, to redirect said sewer (see statements rendered under oath).

IV.- On the obligation of local governments to ensure a healthy and balanced environment. This Tribunal has referred to the obligation of the State to ensure the right to health and a healthy and balanced environment for the benefit of all inhabitants. In the specific case of municipalities, this obligation is derived from the provisions of article 169, of the Constitución Política, since they are responsible for the "administration of local interests and services in each canton." The Código Municipal obliges municipalities to ensure that the administered party is guaranteed the real and effective enjoyment of the right to health and a healthy environment. Likewise, on repeated occasions, the jurisprudence of this Sala has recognized that public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both at the constitutional level and through international regulations. It has been indicated that the legitimate exercise of this right requires that resources be used rationally, and that the State is responsible for protecting the environment, according to the precautionary principle that governs environmental matters. This principle obliges the State to take all necessary measures, within the scope permitted by law, to prevent irreversible damage to the environment, for which purpose it is responsible for achieving the social conditions conducive to allowing each person to enjoy their health, understanding this right as a state of physical, mental, and social well-being. The objective obligation of the State in environmental protection matters does not inevitably entail a subjective right of individuals to demand, through judicial bodies, that a specific measure be taken, but it does entail that suitable measures be adopted in protection of that right, in the face of openly negligent attitudes by public authorities, or by individuals and legal entities. In this way, the State acquires the obligation to regulate areas of social life from which dangers to the physical existence of the inhabitants of its territory may arise, as well as those that harm the environment, which it can do through laws, regulations, agreements, or other measures related to administrative organization and procedures. Consequently, the possibility of judicially demanding, through the amparo appeal, a specific type of welfare activity by the State in fulfillment of its duty to protect life, health, or the right to the environment for the benefit of its inhabitants, is restricted to the clear verification of an imminent danger against those rights of individuals. From which it follows that the interference of the constitutional jurisdiction is only viable in the face of proven inaction by the State, through its competent bodies, in addressing the demands made by the country's inhabitants in the exercise of their rights. As established by our Constitución Política in numeral 169, the administration of local interests and services in each canton shall be in charge of the Municipal Government. In this sense, this Tribunal has already stated that local interest is understood as everything of a public nature that directly and immediately concerns the canton, in such a way that the respective municipality is not only empowered, but also obliged to attend to everything that benefits its canton.

V.- On the specific case. In this matter, the Sala considers that the amparo appeal must be declared partially meritorious. As seen, the appellant considers his fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment violated, since on repeated occasions he has made known to the Municipalidad de Paraíso the problem existing in a building located in the center of the canton that was abandoned by the tenants, generating a serious environmental problem, which is aggravated by the improper channeling of stormwater, residual water, and black water coming from homes and businesses located in that sector of the city; however, the municipality has not addressed the environmental problem. Given that the Mayor of Paraíso omitted to render the report within the deadline set by this Tribunal in the order granting leave in this matter, in accordance with article 45, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the facts alleged with respect to said official are considered true. Now, from the documents presented by the petitioner, it is observed that on September 24, 2019, he filed procedure No. 185480 before the Municipalidad de Paraíso, where he reported the contamination situation with black water and residual water in an abandoned building in the center of the canton, due to the lack of proper channeling of said waters. However, by virtue of the omission to report by the respondent Mayor, the Sala must take it as true that to date, the water management problem persists in the sector reported by the petitioner, pursuant to the provisions of numeral 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. For its part, in relation to the Concejo Municipal of Paraíso, no liability can be deduced since the Municipal President explains under oath that the Concejo Municipal has not received any sanitary order issued by the Directorate of the Ministry of Health of Paraíso in relation to the facts known in this appeal, resulting from the floods of September and October 2014. Furthermore, she clarifies that this case has been handled by the administrative area of the municipality, specifically by the Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Thus, this Tribunal considers the alleged violation of the right to a healthy environment proven, since despite the appellant having made known to the respondent local government the inadequate management of black water and residual water existing in an abandoned building in the center of the canton, to date the municipality has remained inactive, without attending to this situation in a timely and diligent manner. It is clear that inadequate management of black water and residual water puts not only the environment at risk, but could also have consequences for the health of the neighboring residents. It is for these reasons that the Sala decides to uphold the appeal, since there is insufficient probative evidence in the expediente to demonstrate diligent and responsible administrative activity in attending to the environmental problem. On the contrary, the respondent Mayor did not even comply with this Sala's order to report on the case presented by the protected party, despite the fact that in the expediente of this amparo appeal there is a certificate of a telephone call showing that on December 11 and 12, 2019, calls were made repeatedly to the offices of the respondent municipality to have the corresponding report rendered in this process; however, a positive response was never received. Ergo, the appropriate action is to declare the appeal meritorious against the Municipalidad de Paraíso de Cartago, with the consequences that will be stated in the operative part of this judgment.

VI.- Finally, in relation to the actions of the Ministry of Health, the Sala dismisses any infringement of the appellant's fundamental rights. Indeed, it should be noted that according to the information reported under oath by the respondent Director, there is no record to date of a complaint filed by the appellant before the Área Rectora de Salud of Paraíso, in relation to the facts alleged in this amparo. Added to this, he clarifies that as a result of the storm that occurred on September 29, 2014, the stormwater sewer located on the north side of the building where the former Banco Popular operated, of which the appellant is the owner, collapsed, causing water overflow due to the increase in runoff exceeding the volume capacity of said sewer, originating floods. Regarding the property of the former Banco Popular, a sanitary order was notified to the petitioner on November 23, 2014, in his capacity as owner of the property, where he was informed that said property could not be used until he demonstrated, by means of a technical study, the stability of the adjacent slope, in addition to presenting a system approved by the Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica demonstrating the adequate disposal of residual water. However, to date, the legal representative of said building has not presented the requested system, so the building is not occupied or in operation. The Directorate of the Área Rectora de Salud of Paraíso proceeded on December 18, 2014, to notify sanitary order No. ARSP-OS-129-2014 to the then Mayor of Paraíso, where he was requested to take the necessary actions to correct the problem generated by the rupture of the stormwater sewer located on the north side of the building where the former Banco Popular operated. Lastly, the Director of the respondent Área Rectora de Salud explains that the Municipalidad de Paraíso is awaiting the approval of the authorization from the Ministerio de Ambiente y Energía, specifically from the Dirección de Aguas, to redirect said sewer. Thus, it is clear that the Ministry of Health has indeed carried out the necessary actions to address the problem. Even corresponding sanitary orders within its competence have been issued to remedy the situation; however, neither the appellant nor the respondent local government has shown interest in finding a prompt solution to water management in the affected sector. Ergo, this Tribunal holds the view that, with respect to the Ministry of Health, the amparo appeal must be declared without merit.

VII.- Note from Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that if there has already been intervention by the Public Administration, I consider that its knowledge and resolution corresponds to the administrative litigation jurisdiction. However, I do examine the merits of the matter when other rights of the people affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50, of the Constitución Política), as is the case here, in which the appellant accuses the respondent municipality of not having diligently addressed his complaints filed due to contamination generated on an abandoned property, due to the inadequate management of black water and residual water, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.

VIII.- Documentation provided to the expediente. The parties are forewarned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted, solely against the Municipalidad de Paraíso. Michaell Álvarez Quirós, in his capacity as Mayor of Paraíso, or whoever holds that office in his stead, is ordered to issue the orders within the scope of his powers so that within a maximum period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the problem of channeling the black water and residual water existing in the building reported by the appellant before that local government, according to procedure No. 185480 of September 24, 2019, is addressed and resolved. The respondent is warned that in accordance with article 71 of the Ley de esta Jurisdicción, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Municipalidad de Paraíso is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the administrative litigation jurisdiction. In all other respects, the appeal is declared without merit. This resolution shall be personally notified to Michaell Álvarez Quirós, in his capacity as Mayor of Paraíso, or to whoever holds that office in his stead. Magistrate Salazar Alvarado adds a note.- Fernando Castillo V.

Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.

Ana María Picado B. Anamari Garro V.

Mauricio Chacón J. Lucila Monge P.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *KSIBOB42LMW61*

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *190208460007CO* Res. Nº 2020002382 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del siete de febrero de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad N° [Valor 001]; contra la Municipalidad de Paraíso.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:33 horas del 4 de noviembre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Paraíso. Comenta que es una persona adulta mayor de setenta años de edad. Afirma que como consecuencia de las tormentas e inundaciones que se produjeron en setiembre y octubre de 2014, un edificio que se ubica en el centro del cantón fue abandonado por los inquilinos, generando un grave problema ambiental, que se agrava por el indebido encauzamiento de las aguas pluviales, residuales y negras que provienen de viviendas y negocios ubicados en ese sector de la ciudad. Agrega que ha denunciado, en reiteradas oportunidades, dicha problemática y el pasado 24 de setiembre de 2019 presentó otra denuncia ambiental ante el ente local recurrido, reprochando que tanto él como sus vecinos continúan sufriendo problemas ambientales derivados de ambas circunstancias, sin que el gobierno local haya dispuesto nada para corregir la situación en mención. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que esto implique.

2.- Mediante resolución de Presidencia a.i. de las 09:10 horas del 7 de noviembre de 2019, se dio curso al proceso.

3.- Mediante constancia suscrita por el Secretario de esta Sala en fecha 4 de diciembre de 2019, se hace saber que no aparece que del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2019, la Alcaldesa de Paraíso haya rendido el informe requerido por la Sala dentro de este asunto.

4.- Mediante resolución de Magistrada Instructora a.i. de las 10:22 horas del 9 de enero de 2020, se tuvo por ampliadas las partes consignadas en este amparo y, en consecuencia, se solicitó informe al Director del Área Rectora de Salud de Paraíso de Cartago y al Presidente del Concejo Municipal de Paraíso de Cartago.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:13 horas del 29 de enero de 2020, informa bajo juramento Sonia Mata Coto, en su condición de Presidenta del Concejo Municipal de Paraíso, que ese Concejo Municipal no ha recibido ninguna orden sanitaria girada por la Dirección del Ministerio de Salud de Paraíso en relación con los hechos conocidos en el presente recurso, producto de las inundaciones de setiembre y octubre de 2014. Aclara que el presente caso ha sido atendido por el área administrativa de la municipalidad, específicamente por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso en su contra.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:39 horas del 31 de enero de 2020, informa bajo juramento Carlos Alberto Granados Siles, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Paraíso de Cartago del Ministerio de Salud, que no consta a la fecha denuncia interpuesta por el recurrente en relación con los hechos alegados en la interposición de presente recurso amparo. Indica que como consecuencia de la tormenta suscitada el pasado 29 de setiembre de 2014, se colapsó la alcantarilla pluvial que se ubica al costado norte de la edificación donde funcionó el antiguo Banco Popular, del cual el recurrente es el propietario, lo que originó rebalse de agua por el aumento de la escorrentía sobrepasando la capacidad de volumen de dicha alcantarilla, originando inundaciones de las dos viviendas afectadas, las cuales posteriormente se declararon inhabitables con su correspondiente demolición. Señala que en lo que respecta al edificio en abandono, que corresponde al inmueble del antiguo Banco Popular, se notificó orden sanitaria al amparado el 23 de noviembre de 2014, en calidad de dueño del inmueble, donde se le indicó que dicho inmueble no se podrá utilizar hasta tanto demuestre por medio de un estudio la estabilidad del talud colindante con el edificio y que no existe riesgo de colapso de la edificación. Asimismo, se le solicitó presentar un sistema aprobado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica donde se evidencie la adecuada disposición de las aguas residuales producidas por el inmueble, ya que durante la inspección en la situación de emergencia se demostró que las aguas residuales del inmueble no se disponían adecuadamente. Afirma que al día de hoy, el representante legal de dicha edificación no ha presentado el sistema solicitado, por lo que el edificio no está ocupado ni en funcionamiento. Sostiene que en atención a lo expresado anteriormente, la Dirección del Área Rectora de Salud de Paraíso procedió en fecha 18 de diciembre de 2014 a notificar la orden sanitaria N° ARSP-OS-129-2014 al entonces Alcalde de Paraíso, donde se le solicitó realizar las acciones necesarias para corregir el problema generado por la ruptura del alcantarillado pluvial ubicado al costado norte del edificio donde funcionaba el antiguo Banco Popular y realizar la limpieza de los lotes ubicados en esa misma dirección, siendo que este último punto se cumplió. Explica que en cuanto a corregir el problema generado por la ruptura del alcantarillado, la Municipalidad de Paraíso se encuentra en espera de la aprobación de la autorización del Ministerio de Ambiente y Energía, en concreto de la Dirección de Aguas, para redireccionar dicho alcantarillado. Alega que en relación con la solicitud de inspección, se procederá con la inspección vivienda por vivienda y negocio por negocio del cuadrante mencionado por el recurrente para verificar la disposición de las aguas residuales, resultados y acciones que se informarán oportunamente. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso en su contra.

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- Cuestión preliminar. En vista de que la Alcaldesa de Paraíso omitió rendir el informe dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso de este asunto, de conformidad con el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tienen por ciertos los hechos en cuanto a dicha funcionaria y se procede a analizar la constitucionalidad del asunto con base en los demás elementos aportados a los autos.

II.- Objeto del recurso. El recurrente estima lesionado su derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues en reiteradas ocasiones ha puesto en conocimiento de la Municipalidad de Paraíso la problemática que existe en un edificio que se ubica en el centro del cantón que fue abandonado por los inquilinos, generando un grave problema ambiental, que se agrava por el indebido encauzamiento de las aguas pluviales, residuales y negras que provienen de viviendas y negocios ubicados en ese sector de la ciudad; empero, el municipio no ha atendido la problemática ambiental. III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: En fecha 24 de setiembre de 2019, el recurrente presentó ante la Municipalidad de Paraíso el trámite N° 185480, donde denunciaba la situación de contaminación con aguas negras y residuales en un edificio abandonado en el centro del cantón, por la falta de un debido encauzamiento de dichas aguas (ver prueba aportada). A la fecha, el problema de manejo de aguas persiste en el sector denunciado por el amparado (hecho incontrovertido). No consta a la fecha denuncia interpuesta por el recurrente ante el Área Rectora de Salud de Paraíso, en relación con los hechos alegados en este amparo (ver manifestaciones rendidas bajo juramento). A consecuencia de la tormenta suscitada el 29 de setiembre de 2014, se colapsó la alcantarilla pluvial que se ubica al costado norte de la edificación donde funcionó el antiguo Banco Popular, del cual el recurrente es el propietario, lo que originó rebalse de agua por el aumento de la escorrentía sobrepasando la capacidad de volumen de dicha alcantarilla, originando inundaciones (ver manifestaciones rendidas bajo juramento). En lo que respecta al inmueble del antiguo Banco Popular, se notificó orden sanitaria al amparado el 23 de noviembre de 2014, en calidad de dueño del inmueble, donde se le indicó que dicho inmueble no se podrá utilizar hasta tanto demuestre por medio de un estudio técnico la estabilidad del talud colindante, además de presentar un sistema aprobado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica donde se evidencie la adecuada disposición de las aguas residuales (ver manifestaciones rendidas bajo juramento). Al día de hoy, el representante legal de dicha edificación no ha presentado el sistema solicitado, por lo que el edificio no está ocupado ni en funcionamiento (ver manifestaciones rendidas bajo juramento). La Dirección del Área Rectora de Salud de Paraíso procedió en fecha 18 de diciembre de 2014 a notificar la orden sanitaria N° ARSP-OS-129-2014 al entonces Alcalde de Paraíso, donde se le solicitó realizar las acciones necesarias para corregir el problema generado por la ruptura del alcantarillado pluvial ubicado al costado norte del edificio donde funcionaba el antiguo Banco Popular (ver manifestaciones rendidas bajo juramento). La Municipalidad de Paraíso se encuentra en espera de la aprobación de la autorización del Ministerio de Ambiente y Energía, en concreto de la Dirección de Aguas, para redireccionar dicho alcantarillado (ver manifestaciones rendidas bajo juramento).

IV.- Sobre la obligación de los gobiernos locales de velar por un ambiente sano y equilibrado. Este Tribunal se ha referido a la obligación del Estado de velar por el derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado a favor de todos los habitantes. En el caso específico de las municipalidades, se extrae dicha obligación a partir de lo dispuesto en el artículo 169, de la Constitución Política, pues a ellas les corresponde la “administración de los intereses y servicios locales en cada cantón”. El Código Municipal obliga a las municipalidades a velar por que al administrado se le garantice el disfrute real y efectivo del derecho a la salud y un ambiente sano. Asimismo, en reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha reconocido que la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional como a través de la normativa internacional. Se ha indicado que el ejercicio legítimo de ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, y que corresponde al Estado la protección del ambiente, según el principio precautorio que rige en materia ambiental. Este principio obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario, dentro del ámbito permitido por la ley, a efectos de impedir que se produzcan daños irreversibles al ambiente, para cuyo efecto es responsable de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido este derecho como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social. La obligación objetiva del Estado en materia de protección ambiental no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas, o bien, de personas físicas y jurídicas. De este modo, el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio así como también aquellas que vulneren el ambiente, lo cual puede hacer a través de leyes, reglamentos, acuerdos u otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos. En consecuencia, la posibilidad de exigir judicialmente, a través del recurso de amparo, un tipo específico de actividad prestacional por parte del Estado en cumplimiento de su deber de protección a la vida, salud o derecho al ambiente en beneficio de sus habitantes, está restringida a la clara verificación de un peligro inminente contra esos derechos de las personas. De lo que se desprende que la injerencia de la jurisdicción constitucional solamente es viable ante la inercia comprobada del Estado, a través de sus órganos competentes, en atender las demandas que en ejercicio de sus derechos realicen los habitantes del país. Según lo establece nuestra Constitución Política en el numeral 169, la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal. En ese sentido, este Tribunal ya ha dicho que el interés local se entiende como todo aquel de naturaleza pública que importa al cantón de manera directa e inmediata, de suerte tal que la municipalidad respectiva está, no solo facultada, sino también obligada a ocuparse de todo lo que favorezca a su cantón.

V.- Sobre el caso concreto. En este asunto, la Sala considera que se debe declarar parcialmente con lugar el recurso de amparo. Como se vio, el recurrente estima lesionado su derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pues en reiteradas ocasiones ha puesto en conocimiento de la Municipalidad de Paraíso la problemática que existe en un edificio que se ubica en el centro del cantón que fue abandonado por los inquilinos, generando un grave problema ambiental, que se agrava por el indebido encauzamiento de las aguas pluviales, residuales y negras que provienen de viviendas y negocios ubicados en ese sector de la ciudad; empero, el municipio no ha atendido la problemática ambiental. En vista de que la Alcaldesa de Paraíso omitió rendir el informe dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso de este asunto, de conformidad con el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tienen por ciertos los hechos acusados en cuanto a dicha funcionaria. Ahora bien, de los documentos presentados por el amparado se aprecia que en fecha 24 de setiembre de 2019, presentó ante la Municipalidad de Paraíso el trámite N° 185480, donde denunciaba la situación de contaminación con aguas negras y residuales en un edificio abandonado en el centro del cantón, por la falta de un debido encauzamiento de dichas aguas. Sin embargo, en virtud de la omisión en informar por parte de la Alcaldesa recurrida, la Sala debe tener por cierto que a la fecha, el problema de manejo de aguas persiste en el sector denunciado por el amparado, ello a tenor de lo dispuesto en el numeral 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por su parte, en relación con el Concejo Municipal de Paraíso, no se logra desprender responsabilidad alguna toda vez que la Presidenta Municipal explica bajo juramento que ese Concejo Municipal no ha recibido ninguna orden sanitaria girada por la Dirección del Ministerio de Salud de Paraíso en relación con los hechos conocidos en el presente recurso, producto de las inundaciones de setiembre y octubre de 2014. Además, aclara que el presente caso ha sido atendido por el área administrativa de la municipalidad, específicamente por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Así las cosas, este Tribunal tiene por acreditada la aducida lesión al derecho a un ambiente sano, ya que pese a que el recurrente ha puesto en conocimiento del gobierno local recurrido, el inadecuado manejo de aguas negras y residuales que existe en un edificio abandonado en el centro del cantón, a la fecha el municipio se ha mantenido inactivo, sin atender de manera oportuna y diligente dicha situación. Es claro que un inadecuado manejo de aguas negras y residuales pone en riesgo no solo el ambiente, sino podría traer consecuencias sobre la salud de las personas vecinas del lugar. Es por estas razones que la Sala se decanta por acoger el recurso, ya que no constan elementos probatorios suficientes en el expediente que permitan demostrar una actividad administrativa diligente y responsable en la atención de la problemática ambiental. Por el contrario, la Alcaldesa recurrida ni siquiera atendió la orden de esta Sala en informar sobre el caso que presenta el tutelado, pese a que, incluso, en el expediente de este recurso de amparo consta una constancia de llamada telefónica donde se hace ver que en fechas 11 y 12 de diciembre de 2019, se llamó en reiteradas ocasiones a las oficinas de la municipalidad recurrida para que se rindiera el informe correspondiente dentro de este proceso; sin embargo, nunca se tuvo respuesta positiva. Ergo, lo que corresponde es declarar con lugar el recurso en contra de la Municipalidad de Paraíso de Cartago, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.- Finalmente, en relación con las actuaciones del Ministerio de Salud, la Sala descarta cualquier infracción a los derechos fundamentales del recurrente. En efecto, obsérvese que según lo informado bajo juramento por el Director recurrido, no consta a la fecha denuncia interpuesta por el recurrente ante el Área Rectora de Salud de Paraíso, en relación con los hechos alegados en este amparo. Aunado a ello, aclara que a consecuencia de la tormenta suscitada el 29 de setiembre de 2014, se colapsó la alcantarilla pluvial que se ubica al costado norte de la edificación donde funcionó el antiguo Banco Popular, del cual el recurrente es el propietario, lo que originó rebalse de agua por el aumento de la escorrentía sobrepasando la capacidad de volumen de dicha alcantarilla, originando inundaciones. En lo que respecta al inmueble del antiguo Banco Popular, se notificó orden sanitaria al amparado el 23 de noviembre de 2014, en calidad de dueño del inmueble, donde se le indicó que dicho inmueble no se podrá utilizar hasta tanto demuestre por medio de un estudio técnico la estabilidad del talud colindante, además de presentar un sistema aprobado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica donde se evidencie la adecuada disposición de las aguas residuales. Sin embargo, al día de hoy, el representante legal de dicha edificación no ha presentado el sistema solicitado, por lo que el edificio no está ocupado ni en funcionamiento. La Dirección del Área Rectora de Salud de Paraíso procedió en fecha 18 de diciembre de 2014 a notificar la orden sanitaria N° ARSP-OS-129-2014 al entonces Alcalde de Paraíso, donde se le solicitó realizar las acciones necesarias para corregir el problema generado por la ruptura del alcantarillado pluvial ubicado al costado norte del edificio donde funcionaba el antiguo Banco Popular. Por último, el Director del Área Rectora de Salud recurrida explica que la Municipalidad de Paraíso se encuentra en espera de la aprobación de la autorización del Ministerio de Ambiente y Energía, en concreto de la Dirección de Aguas, para redireccionar dicho alcantarillado. Así las cosas, es claro que por parte del Ministerio de Salud sí se han llevado a cabo las acciones necesarias para atender la problemática. Incluso, se han dictado las correspondientes órdenes sanitarias de su competencia para remediar la situación; sin embargo, ni el recurrente ni el gobierno local accionado ha mostrado interés en encontrar una solución pronta al manejo de aguas en el sector afectado. Ergo, este Tribunal es del criterio que, en cuanto al Ministerio de Salud, el recurso de amparo debe ser declarado sin lugar.

VII.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente acusa que la municipalidad recurrida no ha atendido diligentemente sus denuncias que interpuso con motivo de contaminación generada en una propiedad abandonada, debido al inadecuado manejo de las aguas negras y residuales, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo contra la Municipalidad de Paraíso. Se ordena a Michaell Álvarez Quirós, en su condición de Alcalde de Paraíso, o a quien ocupe en su lugar ese cargo, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que dentro del plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda y solucione el problema de encauzamiento de las aguas negras y residuales que existe en el edificio denunciado por el recurrente ante ese gobierno local, según trámite N° 185480 de fecha 24 de setiembre de 2019. Se advierte al recurrido que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Paraíso al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese la presente resolución a Michaell Álvarez Quirós, en su condición de Alcalde de Paraíso, o a quien ocupe en su lugar ese cargo, en forma personal. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.- Fernando Castillo V.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ana María Picado B.

Anamari Garro V.

Mauricio Chacón J.

Lucila Monge P.

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    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano
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    • Constitución Política Art. 50
    • Constitución Política Art. 169
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