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Res. 01428-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/01/2020

Dismissal of amparo concerning land titling in the Pocosol sector, AlajuelitaRechazo de amparo sobre titulación de tierras en el sector Pocosol, Alajuelita

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The amparo is partially granted solely for the omission to respond to the petitioners' requests, and the municipal authorities are ordered to provide a response within five days; the principal claim for land titling is dismissed.Se declara parcialmente con lugar el amparo únicamente por la omisión de atender las gestiones formuladas por los recurrentes, y se ordena a las autoridades municipales brindar una respuesta en el plazo de cinco días; la pretensión principal de titular las tierras es desestimada.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo filed by twelve families from the Pocosol sector, in the Juan Pablo II settlement of Alajuelita, who claim the municipality has failed to transfer title to the lands they occupy. The petitioners invoke Law 7738 and the Chamber's ruling 2011-12455 to demand that the properties be conveyed. The court finds that the lands in question are not part of the original residential area of the settlement but constitute the communal area or 'resto reservado' designated for a park, which was subsequently invaded. Law 7738 and the cited ruling refer exclusively to the historical occupants of Juan Pablo II, not to the invaders of Pocosol. It is also proven that these lots do not meet the minimum urbanistic, environmental, and sanitary requirements for segregation and titling. The Chamber denies the principal claim for titling but partially grants the amparo because the Municipal Council had failed to issue a formal response to the requests made by the petitioners in 2018 and 2019, thereby violating their fundamental rights. The municipal authorities are ordered to provide a response within five days.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por doce familias del sector Pocosol, en la Urbanización Juan Pablo II de Alajuelita, que reclaman la falta de titulación de los terrenos que ocupan. Los recurrentes se amparan en la Ley 7738 y en la sentencia 2011-12455 de la misma Sala para exigir que se les transfieran los inmuebles. El tribunal determina que los terrenos en cuestión no forman parte del área original de la urbanización destinada a vivienda, sino que corresponden al área comunal o resto reservado para parque, que fue invadida posteriormente. La Ley 7738 y la sentencia aludida se refieren exclusivamente a los ocupantes históricos de la Juan Pablo II, no a los invasores del Pocosol. Además, se acredita que esos lotes no cumplen con los requisitos urbanísticos, ambientales y sanitarios mínimos para su segregación y titulación. La Sala rechaza la pretensión principal de titular las tierras, pero acoge parcialmente el amparo porque el Concejo Municipal no había dado respuesta formal a las gestiones realizadas por los recurrentes en 2018 y 2019, vulnerando así sus derechos fundamentales. Se ordena a las autoridades municipales brindar una respuesta en un plazo de cinco días.

Key excerptExtracto clave

The amparo must be dismissed, insofar as this constitutional body finds it impossible to grant the principal claim formulated by the petitioners and order the respondents to transfer title to the lands on which they are currently settled. This is for the following reasons: 1) Because the protected parties do not live strictly and properly in the habitable area of the Juan Pablo II settlement, but in the area reserved for a park, now known as Pocosol. 2) Because Law No. 7738 of December 1997, Ruling No. 2011-12455 of September 2011 issued by this Chamber, and the agreement by the respondent council in session No. 107 of May 2012 did not stipulate—as the petitioners erroneously claim—that the Pocosol sector (which was invaded in a precarious manner after the establishment of the Juan Pablo II settlement) should likewise be segregated and transferred to its inhabitants. As clearly demonstrated, the law, the constitutional vote, and the council agreement referred solely and exclusively to the titling of the properties located in the Juan Pablo II settlement, a process that, as stated under oath, is now concluded. 3) Because, as stated by the respondent mayor, the properties on which the petitioners are settled do not currently meet the minimum requirements established in the legal system for their segregation, urbanization, and subsequent titling. 4) Because there is currently no law or other normative provision obligating the respondents to donate the claimed lands to the petitioners. Under this understanding, it is clear that this Constitutional Court is incompetent to act contrary to the legal system and order, at this time and under the circumstances described above, the titling of the claimed lands in favor of the petitioners.El amparo debe ser desestimado, en el tanto este órgano constitucional se ve imposibilitado de acoger la pretensión principal formulada por los recurrentes y ordenarle a los recurridos proceder a titular a nombre de los primeros las tierras en la que actualmente se encuentran asentados. Esto, por las siguientes razones: 1) En virtud que los tutelados no viven estricta y propiamente en el área habitable de la Urbanización Juan Pablo II, sino en la zona reservada de esta última para parque y que se conoce actualmente como el sector Pocosol. 2) Por cuanto la Ley No. 7738 de diciembre de 1997, la Sentencia No. 2011-12455 de septiembre de 2011 dictada por la Sala y lo acordado por el concejo recurrido en la sesión No. 107 de mayo de 2012, no estipularon –tal y como erróneamente lo pretenden y hacen ver los tutelados–, que dicho sector Pocosol (el cual fue invadido en precario de forma posterior a la constitución del asentamiento Juan Pablo II), debía ser igualmente segregado y traspasado a sus habitantes. Según se pudo demostrar con meridiana claridad, la ley, el voto constitucional y el acuerdo del concejo, hicieron referencia única y exclusivamente a la titulación de los inmuebles ubicados en la Urbanización Juan Pablo II, proceso que, según igualmente se informó bajo juramento, se encuentra a la fecha finalizado. 3) En el tanto, según afirmó el alcalde recurrido, los inmuebles donde se encuentran asentados los recurrentes no cumplen actualmente con los requisitos mínimos establecidos en el ordenamiento jurídico para su segregación, urbanización y posterior titulación. 4) Por cuanto no existe a la fecha ninguna ley u otra disposición normativa que obligue a los recurridos a donarle a los tutelados las tierras que alegan. Bajo dicha inteligencia, es claro que este Tribunal Constitucional resulta incompetente para actuar contrario al ordenamiento jurídico y disponer, en este momento y, a tenor de las circunstancias supra descritas, la titulación de los terrenos aducidos a favor de los tutelados.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La invasión de terrenos de manera desordenada sin el cumplimiento de requisitos mínimos impide una titulación que respete el ordenamiento jurídico nacional, especialmente aquellos relativas a anchos de calle, retiros, zonas verdes y comunales, hidrantes, etc; normas que tienen su razón de ser en justificaciones técnicas que protegen a su vez derechos fundamentales como la salud, la vida y el medio ambiente."

    "The disorderly invasion of lands without meeting minimum requirements prevents a titling that respects the national legal system, especially those relating to street widths, setbacks, green and communal areas, fire hydrants, etc.; these norms are rooted in technical justifications that in turn protect fundamental rights such as health, life, and the environment."

    Informe del Alcalde de Alajuelita

  • "La invasión de terrenos de manera desordenada sin el cumplimiento de requisitos mínimos impide una titulación que respete el ordenamiento jurídico nacional, especialmente aquellos relativas a anchos de calle, retiros, zonas verdes y comunales, hidrantes, etc; normas que tienen su razón de ser en justificaciones técnicas que protegen a su vez derechos fundamentales como la salud, la vida y el medio ambiente."

    Informe del Alcalde de Alajuelita

  • "Los inmuebles donde se encuentran asentados los recurrentes no cumplen actualmente con los requisitos mínimos establecidos en el ordenamiento jurídico para su segregación, urbanización y posterior titulación."

    "The properties on which the petitioners are settled do not currently meet the minimum requirements established in the legal system for their segregation, urbanization, and subsequent titling."

    Considerando V

  • "Los inmuebles donde se encuentran asentados los recurrentes no cumplen actualmente con los requisitos mínimos establecidos en el ordenamiento jurídico para su segregación, urbanización y posterior titulación."

    Considerando V

  • "No existe a la fecha ninguna ley u otra disposición normativa que obligue a los recurridos a donarle a los tutelados las tierras que alegan."

    "There is currently no law or other normative provision obligating the respondents to donate the claimed lands to the petitioners."

    Considerando V

  • "No existe a la fecha ninguna ley u otra disposición normativa que obligue a los recurridos a donarle a los tutelados las tierras que alegan."

    Considerando V

  • "La Ley No. 7738 de diciembre de 1997, la Sentencia No. 2011-12455 de septiembre de 2011 dictada por la Sala y lo acordado por el concejo recurrido en la sesión No. 107 de mayo de 2012, no estipularon... que dicho sector Pocosol... debía ser igualmente segregado y traspasado a sus habitantes."

    "Law No. 7738 of December 1997, Ruling No. 2011-12455 of September 2011 issued by this Chamber, and the agreement by the respondent council in session No. 107 of May 2012 did not stipulate... that the Pocosol sector... should likewise be segregated and transferred to its inhabitants."

    Considerando V

  • "La Ley No. 7738 de diciembre de 1997, la Sentencia No. 2011-12455 de septiembre de 2011 dictada por la Sala y lo acordado por el concejo recurrido en la sesión No. 107 de mayo de 2012, no estipularon... que dicho sector Pocosol... debía ser igualmente segregado y traspasado a sus habitantes."

    Considerando V

Full documentDocumento completo

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-fourth of January two thousand twenty.

An amparo action filed by ANA VANESSA ARCE ACUÑA, identity card number 0111060407 and OTHERS, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELITA.

**WHEREAS:** 1.- By brief received in the Chamber on December 19, 2019, the petitioners file an amparo action and state that, since March 1983, a group of persons has occupied the farm owned by the respondent municipality, registered under title number 382398, known as Urbanización Juan Pablo II. They explain that the Legislative Assembly, on December 19, 1997, approved Law No. 7738 which authorized the Municipality of Alajuelita to donate a property to the beneficiaries of the Urbanización Juan Pablo II. They recount that the families residing in that urbanization filed an amparo action on August 11, 2009, against the respondent municipality and the INVU. They note that the Constitutional Chamber, in Ruling No. 2011-12455, granted the action and ordered the Municipality of Alajuelita, the INVU, and the Ministry of Housing to adopt and execute the pertinent actions and measures to solve their housing problem within a period of one year. They add that the respondent municipal council, in ordinary session No. 107 held on May 15, 2012, agreed to the following: "(…) To make effective Law 7738 to carry out the titling to the beneficiaries to donate the property where the Juan Pablo II is settled and that the administration study the possibility of including the 14 families of the Pocosol sector that border Juan Pablo II, so that if they are on municipal lands they can be included in the titling process (…)". They allege that, according to the site design by the topography professional Juan Carlos Giro Mora, license TA 7084, it is shown that their families are within the mentioned land and should benefit from the titling of those properties. They mention that between the years 2012 and 2013, properties could be subdivided (segregated) and titled in favor of several families. However, they state that twelve families were left without such benefit, called the Pocosol Group, and that they are the ones filing this amparo. They point out that they have relied on what is expressed in article 1 of the Municipal Code and the norms of Law No. 8680, the Special Law for the Titling of Housing in Precarious Settlements and in Unrecognized Urban Development Zones, so that the respondent municipality proceeds with the titling of the lands in favor of the referred families. They explain that with their own resources they hired a topographer to prepare a site design and locate each one of the twelve families so that, in turn, they could obtain their own cadastral plan and deed for the land. They note that the Municipal Council of Alajuelita received their families on October 9, 2018, and they requested that it authorize the municipal mayor to proceed pursuant to Law No. 7738 and what was indicated in Ruling No. 12455-2011 and title the lands in their favor. They affirm that the cited council, in session No. 94 of October 16, 2018, agreed to "(…) give approval to the petition of the residents of Pocosol (Junta Pablo II), refer and authorize Mr. Mayor Modesto Alpízar Luna to attend to the 14 families who signed the agreement (…)". They recount that in compliance with the previous agreement, they requested before the respondent mayor's office the municipal approval of the plan prepared by the cited topographer in order to proceed with the subdivision (segregación) and titling of the lands for the twelve families. They mention that in session No. 126, held on June 4, 2019, by the Municipal Council of Alajuelita, they requested in writing and in a public hearing that the mayor's office be instructed to proceed to fulfill what was agreed in the session of October 16, 2018. As a result of the foregoing, the referred council agreed: "(…) instruct the Secretariat and forward the document to the commission and to the administration and then Emilia will be giving a response and with this we consider them attended (sic) (…)". They request that the respondent mayor be ordered to approve the petition presented and proceed to title in their favor the lands located in the community of Juan Pablo II.

2.- By a resolution at 14:43 hrs. on January 6, 2020, the process is given course and reports are requested from the respondent authorities.

3.- By a memorial submitted to the Chamber on January 13, 2020, Modesto Alpízar Luna, in his capacity as Mayor of Alajuelita, renders a report. He indicates that in 1983 a group of approximately fifty families invaded and formed a precarious settlement on a real estate property owned by the Municipality of Alajuelita, registered in the Public Registry under real folio No. 382398-000, known as Juan Pablo II. He mentions that a bill was adopted that authorized the municipality to carry out the donation, subdivision (segregación), and signing of public deeds to the persons who qualified and whose names appeared in that publication. He adds that on January 30, 1998, said bill became a Law of the Republic, specifically, No. 7738. Consequently, he explains that over the years, the public deeds were signed for the beneficiaries. He mentions that the remainder reserved from Juan Pablo II for a park, in compliance with the provisions of constitutional article 50, was invaded again by the persons who erroneously claim they were awardees since the 90s and who seek to have that occupation titled. That invaded section of land is known as Pocosol. He explains that in ordinary session No. 107 of May 15, 2012, it was agreed to make effective Law No. 7738 and proceed with the titling of lands to the beneficiaries of the Urbanización Juan Pablo II. Likewise, he indicates that on that occasion it was agreed that the administration study the possibility of including the fourteen families of the Pocosol sector that borders Juan Pablo II. With respect to this agreement, he highlights the following: "(…) 1. The agreement refers to the occupants of Juan Pablo II, a process finalized to date, since all the beneficiaries have a public deed. 2. The agreement urges (DOES NOT OBLIGE TO TITLE) the Administration to study the possibility of including the 14 families of POCOSOL that border Juan Pablo II. 3. From the same municipal agreement, it is clear that the part invaded later, denominated by the Occupants as POCOSOL, BORDERS JUAN PABLO II AND IS NOT WITHIN THE SUBDIVISION (SEGREGACIÓN) AND TITLING PROCESS OF JUAN PABLO II. But rather it is the remainder reserved from Juan Pablo II. 4. It is recognized by the Municipal Council of that time that Pocosol is bordering Juan Pablo II and not part of it, validating and reiterating once more that, being outside of it, in the known Communal Area or reserved remainder, it cannot be included within the titling process since Pocosol is a subsequent occurrence (…)". He points out that Law No. 7738 authorized the municipality to donate a property. However, the strip of the property intended to be titled is what is known as the reserved remainder, which was invaded later by the petitioners. Consequently, "(…) since it is a later invasion, it falls outside the authorization granted by Law 7738 (…)". He affirms that the lots that the petitioners intend to title do not comply with the provisions of articles 86 and 88 of the National Regulation for the Control of Subdivisions (Fraccionamiento) and Urbanization. He explains that addressing the Pocosol settlement built in precarious conditions is not limited to giving the petitioners a property title, but rather requires respect for the norms established in the Urban Planning Law, the General Health Law, the Cadastre Law, the General Law of Public Roads, and the Environmental Law, among others. The application of minimum parameters and the observance of necessary logical requirements are required. He expressly adds: "(…) The disorderly invasion of lands without compliance with minimum requirements prevents a titling that respects the national legal system, especially those related to street widths, setbacks, green and communal zones, hydrants, etc.; rules that have their reason for being in technical justifications that in turn protect fundamental rights such as health, life, and the environment. In the specific case, the setback zone, which would be the future park of Juan Pablo II, is not respected, thus disobeying, on one hand, existing regulations and altering, on the other, the real possibility of titling (…)". He points out that the petitioners erroneously invoke a right that does not protect them, relying on Law No. 7738. Said law authorized the municipality to grant public deeds to the persons specifically mentioned therein and who met the legal requirements requested by other government institutions to opt for a housing voucher. It was later that the reserved remainder, which would be the park, was invaded. Therefore, the inhabitants of Juan Pablo II were left without the right to a healthy environment. He reiterates that the settlement under study lacks the regulatory requirements related to basic infrastructure that make a human settlement a habitable place, such as "(…) wastewater treatment, whether gray water, sewage, or stormwater, the streets in the sector do not exist, for which reason the intervention of emergency services in the sector is non-existent (…)". He also asserts: “(…) This problem cannot be resolved by titling at the whim, use, and practice of the occupants, without having, for example, a cadastral plan or without thinking that a settlement requires streets, sidewalks, parks, treatment plants; otherwise, this population is condemned to continue living in unhealthy conditions, which is incompatible with the solution for titling occupied public domain lands which, in this case I reiterate, would be the park of Juan Pablo II. Do we title then despite the existing overcrowding in the sector? Do we title even when they invade a reserved remainder that would be the park of the previous invasion? Do we title even when the petitioners are NOT the same ones authorized by Law 7738? Do we title even when the invasion exceeds the area suitable for urbanization? Do we title even when the shacks do not meet the minimum surface area and frontage? Do we title a municipal public domain asset when we know that the occupation legally creates no right? (…)". He requests that the filed action be dismissed.

4.- By a brief submitted to the Chamber on January 14, 2020, Elizabeth Campos Briones, in her capacity as President of the Municipal Council of Alajuelita, renders a report. She points out that the case under study has been addressed in four council sessions. She explains that in session No. 107 of May 15, 2012, a report from the Urban Rescue Commission was heard, which recommended that the council make effective the law for the titling of the beneficiaries of Juan Pablo II and study the possibility of including the fourteen families of the Pocosol sector, among other aspects. She adds that in session No. 93 held on October 9, 2018, the council received a group of untitled families from Urbanización Juan Pablo II, who requested that action be taken pursuant to the provisions of Law No. 7738. By virtue of the foregoing, she notes that the council agreed to submit the matter to a vote and it was referred to the Works and Legal Affairs Commission for its analysis. She adds that in session No. 94 held on October 16, 2018, the council heard and approved an opinion from the Government and Administration Commission related to the situation of the petitioners. That commission recommended, at that time, giving approval to the petition of the residents of Pocosol and referring and authorizing the mayor to attend to the fourteen interested families. She explains that the topic under study was addressed for the last time by the respondent council during session No. 126 of June 4, 2019. She recounts that on that occasion, the families of the Pocosol group were received, who again explained their situation regarding the land titling and requested that "(…) authorization be given: To the Municipal Mayor, so that in coordination with the 12 families located in the Juan Pablo II community and pending titling, he proceeds in accordance with Law 7738 (…)". She notes that the secretary was instructed and the transfer of the document to the commission and to the administration was ordered, and "(…) then Emilia will be giving the response and with this we consider them attended (sic) (…)". Finally, she points out that by Official Letter No. MA-AM-AJ-114-2019 of September 3, 2019, the council requested the mayor to report on the agreement that is the subject of the action.

5.- In the processing of this case, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Judge Araya García; and, **CONSIDERING:** **I.- PURPOSE OF THE ACTION.** The petitioners claim that, as of the date this amparo was filed, the authorities of the Municipality of Alajuelita – despite the provisions of Law No. 7738 and even though they meet the requirements established for that purpose – have not carried out the pertinent measures so that the lands of the Urbanización Juan Pablo II, where they currently reside, are titled in their name.

**II.- PROVEN FACTS.** Of relevance for settling this amparo action, the following are deemed accredited:

  • 1)In 1983, a group of approximately fifty families invaded and formed a precarious settlement on a real estate property owned by the Municipality of Alajuelita, registered in the Public Registry under title number 382398, known as Urbanización Juan Pablo II (see report).
  • 2)On December 19, 1997, the Legislative Assembly enacted Law No. 7738, which authorized the Municipality of Alajuelita to subdivide and donate a property to the occupants of the Urbanización Juan Pablo II who qualified as persons of scarce economic resources (see report).
  • 3)The competent authorities ordered the establishment of a communal area or reserved remainder for a park in the Urbanización Juan Pablo II (see report).
  • 4)The reserved remainder of the Urbanización Juan Pablo II for a park was later invaded by fourteen families. Said sector is called Pocosol and is not located in the habitable area of the referred urbanization (see report).
  • 5)In ordinary session No. 107 of May 15, 2012, the Municipal Council of Alajuelita agreed to the following: "(…) To make effective Law 7738 to carry out the titling to the beneficiaries to donate the property where the Juan Pablo II is settled and that the administration study the possibility of including the 14 families of the Pocosol sector that border Juan Pablo II, so that if they are on municipal lands they can be included in the titling process (…)" (see report).
  • 6)By virtue of the provisions of Law No. 7738 and what was agreed on May 15, 2012, in the mentioned ordinary session No. 107, the respondent municipal corporation, during the years 2012 and 2013, proceeded to subdivide and donate the cited properties to the beneficiaries of the Urbanización Juan Pablo II. Said process is currently finalized (see filing brief and report).
  • 7)In session No. 93 held on October 9, 2018, the Municipal Council of Alajuelita received the petitioners, who requested that action be taken pursuant to the provisions of Law No. 7738. By virtue of the foregoing, the council agreed to submit the matter to a vote, and it was referred to the Works and Legal Affairs Commission for its analysis (see report and evidence).
  • 8)In session No. 94 held on October 16, 2018, the respondent council heard and approved an opinion from the Government and Administration Commission related to the situation of the petitioners. That commission recommended, at that time, giving approval to the petition of the residents of Pocosol and referring and authorizing the mayor to attend to the fourteen interested families (see report and evidence).
  • 9)On June 4, 2019, the petitioners once again explained their situation before the Municipal Council of Alajuelita and requested that "(…) authorization be given: To the Municipal Mayor, so that in coordination with the 12 families located in the Juan Pablo II community and pending titling, he proceeds in accordance with Law 7738 (…)" (see report and evidence).
  • 10)By Official Letter No. MA-AM-AJ-114-2019 of September 3, 2019, the Council of Alajuelita requested the respondent mayor to report on the situation described by the petitioners (see report).
  • 11)The Pocosol sector where the petitioners live is not part of the lands that were to be donated pursuant to Law No. 7738 (see report).
  • 12)The properties where the petitioners live do not currently comply with the requirements established in the legal system to proceed with their subdivision (segregación), urbanization, and titling (see report).
  • 13)On December 19, 2019, twelve of the fourteen families that invaded the sector called Pocosol filed this amparo (see filing brief).

**III.- UNPROVEN FACTS.** Of relevance for settling this amparo action, the following are considered unproven:

  • 1)That the respondent authorities have addressed the measures requested by the petitioners and have communicated to them the reasons why the lands where they live cannot be transferred to them (the case file).
  • 2)That to date there exists any law or other normative provision that obliges the respondents to donate to the petitioners the lands where they live (Pocosol sector) (the case file).

**IV.- PRECEDENT OF INTEREST.** This Constitutional Tribunal, upon hearing an amparo action filed by the inhabitants of the Juan Pablo II settlement located in Alajuelita, regarding the omission of the respondent authorities to proceed to donate the lands of that site to them pursuant to the provisions of Law No. 7738, ordered in Judgment No. 2011-12455 of 15:34 hrs. of September 13, 2011, the following:

"(…) I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioners consider their right to property, to have adequate and dignified housing, and the special protection constitutionally recognized for the family to have been violated since, in their view, the respondent public authorities have omitted to comply with the provisions of Laws Nos. 7752 and 8680, regarding the subdivision (segregación) and donation of the property on which the settlement "Juan Pablo II" is located and the titling of that property in favor of its occupants.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are considered duly proven: 1) On March 30, 1983, a group of approximately 50 families invaded and took in precarious tenure the real estate property owned by the Municipality of Alajuelita, registered under the Real Folio system title No. 382398-000 (incontrovertible fact). 2) At the time this amparo process was filed, that is, August 11, 2009, the Municipality of Alajuelita had not subdivided or donated that property to the occupants of the settlement "Juan Pablo II" (incontrovertible fact). 3) The Juan Pablo II settlement does not meet the minimum urban planning, sanitary, and environmental parameters to be considered a habitable settlement (report on folio 24).

III.- UNPROVEN FACT. Of relevance for settling this matter, the following is considered unproven: SOLE.- That the respondent public entities and bodies have taken concrete and effective actions and measures to transform the settlement "Juan Pablo II" into a habitable place, to grant the property titles, and to provide adequate and dignified housing to the persons who occupy it (the case file). (…)

VIII.- THE LEGISLATIVE AUTHORIZATION TO THE MUNICIPALITY OF ALAJUELITA TO DONATE A PROPERTY TO THE OCCUPANTS OF THE URBANIZACIÓN JUAN PABLO II. Law No. 7738 of December 19, 1997, authorized the Municipality of Alajuelita to transfer and donate the property on which the settlement "Juan Pablo II" is located to those occupants who qualify as persons of scarce economic resources according to the studies prepared by the Municipal Corporation. Regarding that obligation, it is fully and suitably demonstrated that as of the time this amparo was filed, that is, August 11, 2009, nothing has been done in this regard, an omission that violates articles 50, paragraph 1, 65, and 74 of the Political Constitution by contravening the Social State clause, the greater well-being of the inhabitants and adequate distribution of wealth, and the constitutional principles of solidarity and social justice. (…)

X.- THE JUAN PABLO II SETTLEMENT. It was accredited that on March 30, 1983, a group of approximately 50 families precariously occupied the real estate property of the Municipality of Alajuelita, registered under the Real Folio system title No. 382398-000, where they established the settlement "Juan Pablo II" (incontrovertible fact). Despite more than twenty years having passed since that occupation occurred and more than two years since Law No. 8680 was enacted, the report from the Minister of Housing and Human Settlements allows for accreditation that this settlement does not meet the minimum urban planning, sanitary, and environmental parameters to be considered a socially and environmentally friendly community and therefore a habitable settlement (report on folio 24). In this sense, what was pointed out by that Minister is particularly illustrative in that the precarious settlement in question lacks the technical requirements necessary to guarantee universal accessibility, basic services, areas designated for common use and recreation, social, commercial, and productive services, and a system of lot division and housing. This, in her view, imposes an intervention that relates to urban planning, sanitary, and environmental regulations that conform to minimum parameters and the observance of indispensable logical requirements. This process necessarily entails relocations and reordering, since the area and geometry of the plots in an informal settlement do not guarantee minimum conditions of health and habitability. All the foregoing, despite the fact that the legislator has enacted laws to accelerate its solution, by which without a doubt the right to adequate and dignified housing of the petitioners was disrespected. In sum, this Tribunal finds that there is no effective execution, implementation, follow-up, and control of the policies, strategies, or plans, to achieve coordinated and rational action, aimed at effectively and efficiently confronting the housing problem claimed by the amparo beneficiaries, in such a way as to establish equitable and sustainable human settlements in which all persons have equal access to housing, open spaces, health services, education, etc., as provided by International Human Rights Law and Constitutional Law. Precisely, for all the above, a proper, timely, and coordinated public management to achieve that end is lacking, which violates the human and fundamental right to adequate and dignified housing of the petitioners and other occupants of the settlement called "Juan Pablo II". It powerfully calls this Tribunal's attention that the Minister of Housing and Human Settlements, in her report, after affirming the stewardship and political direction of the sector, states that she has no authority over the matter. Certainly, the Minister of Housing and Human Settlements refers that a series of prior reordering and relocation actions are needed to make the settlement a habitable, safe, and accessible site before granting property titles to the occupants; however, this Tribunal misses what concrete actions and measures that Ministry has coordinated, exercising its stewardship of the Housing and Human Settlements Sector, to achieve the ultimate goal of providing adequate and dignified housing to the inhabitants of the referred settlement. Under this reasoning, the Chamber considers that the claimed grievance occurred. (…)

XII.- CONCLUSION. As a corollary of the foregoing, it is necessary to partially grant the action and order the respondent public authorities to adopt and execute all the pertinent actions and measures within the sphere of their competencies, to solve, definitively, within a period of one year, the housing problem of the inhabitants of the "Juan Pablo II" settlement. For the rest, the action must be dismissed.

THEREFORE: The action is partially granted. Clara Zomer Rezler, Tomar Poblador Soto, and Agustín Mourelo García, respectively, in their respective capacities as Minister of Housing and Human Settlements, Municipal Mayor of Alajuelita, and Executive President of the INVU, or whoever replaces them, are ordered to adopt and execute all the pertinent actions and measures within the sphere of their competencies, to solve, definitively, within a period of one year, the housing problem of the inhabitants of the "Juan Pablo II" settlement. The respondents are warned that in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the offense is not more severely penalized. For the rest, the action is dismissed. The State, the National Institute of Housing and Urbanism, and the Municipality of Alajuelita are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the execution of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. Let this resolution be personally notified to Clara Zomer Rezler, Tomar Poblador Soto, and Agustín Mourelo García, respectively, in their capacity as Minister of Housing and Human Settlements, Municipal Mayor of Alajuelita, and Executive President of the INVU, or whoever replaces them. Judge Castillo adds a note (…)".

**V.- SPECIFIC CASE.** The petitioners file this amparo claiming that the authorities of the Municipality of Alajuelita, to date, have not proceeded to title in their name the lands on which they currently live and which are located in the Urbanización Juan Pablo II. According to the petitioners, the referred authorities are compelled to carry out such action, insofar as it was stipulated in Law No. 7738, they meet the required requirements, and it was expressly ordered by the Constitutional Chamber in Ruling No. 2011-12455.

In this regard, the Mayor of Alajuelita reported under oath and explained to this Chamber that in 1983 a group of approximately fifty families invaded and formed a precarious settlement on a real estate property owned by the Municipality of Alajuelita, registered in the Public Registry under real folio No. 382398-000, known as Urbanización Juan Pablo II. Likewise, that authority stated that on December 19, 1997, the Legislative Assembly enacted Law No. 7738, which authorized the Municipality of Alajuelita to subdivide and donate a property to the occupants of the Urbanización Juan Pablo II who qualified as persons of scarce economic resources. Similarly, the mayor pointed out that in said urbanization, it was ordered to establish a common area or reserved remainder for a park, in accordance with the provisions of constitutional article 50, which, however, was invaded later by approximately fourteen families, of which twelve are those filing this amparo. Said families, as reported, are located in a sector currently called Pocosol. Additionally, it is considered proven that, by virtue of the fact that the competent authorities in the matter did not proceed to comply with the provisions of Law No. 7738, the residents of the Urbanización Juan Pablo II filed an amparo action, which resulted in the issuance of Judgment No. 2011-12455 transcribed above, by which the Mayor of Alajuelita, among others, was ordered to solve, within a period of one year, the housing problem suffered by the inhabitants of the referred settlement.

Likewise, it is on record that the Municipal Council of Alajuelita, in ordinary session No. 107 of May 15, 2012, agreed to comply with the provisions of the mentioned Law No. 7738 and donate to the inhabitants of the Urbanización Juan Pablo II the properties where they lived. Similarly, on that occasion, the council agreed that the administration study the possibility of including the fourteen families of the Pocosol sector that border the mentioned urbanization in the cited titling process.

That agreement, according to the Mayor of Alajuelita, merely urged that a study be conducted on the case of the tutelados, but did not obligate the transfer of title.

It is also in the record that, in response to the prior state of affairs, the respondent municipal corporation, during the years 2012 and 2013, proceeded to sever and donate the aforementioned properties to the inhabitants of the Urbanización Juan Pablo II. This prior process, according to the Mayor of Alajuelita, is now complete.

Additionally, it should be noted that, according to said mayor, the sector known as Pocosol where the petitioners reside is not part of the lands that were to be donated as set forth in Law No. 7738. Likewise, that authority stated that the properties where the tutelados live do not currently meet the requirements established in the legal system for their severance, urbanization, and titling. Specifically, on this last point, the aforementioned mayor expressly stated the following:

""(…) the lots that the petitioners seek to have titled do not comply with the provisions of Articles 86 and 88 of the National Regulation for the Control of Subdivisions and Urbanization (Reglamento Nacional para el control de fraccionamiento y urbanización) (…) Addressing the settlement known as Pocosol, built in conditions of precariousness, is not limited to giving the petitioners a title of ownership but requires compliance with the norms established in the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), General Health Law (Ley General de Salud), Cadastre Law (Ley de Catastro), General Public Roads Law (Ley General de Caminos Públicos), Environmental Law (Ley Ambiental), among others, and consequently the application of minimum parameters and observance of necessary logical requirements. The disorganized invasion of lands without complying with minimum requirements prevents a titling process that respects the national legal system, especially those relating to street widths, setbacks (retiros), green and communal zones, fire hydrants, etc.; norms that have their reason for being in technical justifications that in turn protect fundamental rights such as health, life, and the environment. In this specific case, the setback (retiro) zone, which would in the future be the park for Juan Pablo II, is not respected, disobeying existing regulations on one hand and, on the other, altering the real possibility of titling (…) Consequently, this settlement suffers from the lack of regulatory requirements relating to basic infrastructure that would make a human settlement a habitable place, such as treatment of wastewater, whether greywater, blackwater, or stormwater; the streets in the sector do not exist, meaning emergency services' intervention in the sector is null. This problem cannot be resolved by titling according to the whims, uses, and practices of the occupants, without having, for example, a cadastral map (plano catastro) or without considering that a settlement requires streets, sidewalks, parks, treatment plants; otherwise, this population is condemned to continue living in unsanitary conditions, which is incompatible with the solution for titling occupied public domain lands that in this case, I reiterate, would be the park for Juan Pablo II (…)."" For her part, the President of the Municipal Council of Alajuelita, when rendering the report under oath, indicated that the case under study has been addressed in four sessions, the first being No. 107 of May 15, 2012, cited above, through which it was ordered to comply with what is indicated in Law No. 7738. Likewise, that authority indicated that in session No. 93 held on October 9, 2018, the council received the interested parties, who requested that it proceed in accordance with Law No. 7738, for which reason it was ordered to refer the case to the respective commission for study. Similarly, the President of the respondent council reported that in session No. 94 held on October 16, 2018, a ruling rendered by the Government and Administration Commission was heard and approved, which recommended approving the petition of the residents of Pocosol and referring and authorizing the mayor to address their situation. Additionally, the mentioned authority indicated that in session No. 126 of June 4, 2019, the families of the Pocosol sector were received again, and they presented their situation regarding land titling. By virtue of the foregoing, said authority noted, it was ordered to instruct the secretary and forward the documentation to the respective commission and to the administration. Finally, the President of the Municipal Council of Alajuelita referred that through Official Memorandum No. MA-AM-AJ-114-2019 of September 3, 2019, the council requested that the respondent mayor render an accounting of the situation presented by the petitioners.

Having reviewed this state of affairs, this Constitutional Court considers that the present amparo merits being partially granted.

The amparo must be dismissed to the extent that this constitutional body finds itself unable to grant the principal claim made by the petitioners and order the respondents to proceed to title the lands on which they are currently settled in their name. This, for the following reasons: 1) Because the tutelados do not live strictly and properly in the habitable area of the Urbanización Juan Pablo II, but rather in the latter's reserved area for a park, which is currently known as the Pocosol sector. 2) Inasmuch as Law No. 7738 of December 1997, Judgment No. 2011-12455 of September 2011 issued by this Chamber, and what was agreed by the respondent council in session No. 107 of May 2012, did not stipulate – as the tutelados erroneously claim and seek to make it appear – that said Pocosol sector (which was invaded in a precarious manner after the establishment of the Juan Pablo II settlement), was to be likewise severed and transferred to its inhabitants. As could be demonstrated with clear evidence, the law, the constitutional vote, and the council's agreement referred solely and exclusively to the titling of the properties located in the Urbanización Juan Pablo II, a process that, as was likewise reported under oath, is now complete. 3) Insofar as, according to the respondent mayor, the properties where the petitioners are settled do not currently meet the minimum requirements established in the legal system for their severance, urbanization, and subsequent titling. 4) Because there is currently no law or other normative provision that obligates the respondents to donate the lands they claim to the tutelados.

Under that reasoning, it is clear that this Constitutional Court is incompetent to act contrary to the legal system and order, at this time and in light of the circumstances described above, the titling of the alleged lands in favor of the tutelados. For this reason, the latter, if they deem it appropriate, may formulate the arguments they consider pertinent before the respondent municipal corporation itself or, alternatively, before the ordinary jurisdictional channels created for such purpose; venues where they can broadly discuss the merits of the matter and assert their claims.

Now then, despite what was said previously, this Chamber considers that the amparo must be granted on a single aspect. Specifically, because despite the several actions filed by the petitioners before the Municipal Council in October 2018 and June 2019 so that the situation regarding the titling of the lands on which they live would be resolved, and the actions concomitantly brought by said Council before the respondent Mayor so that he would rule on the matter, there is no record that a response has been provided and, in that particular, that the reasons of fact and law why, as this Chamber was informed, the properties in question cannot be transferred to them at this time were presented to the former. Lacking the reasons that support the denial of their requests, the tutelados are clearly prevented from undertaking the actions they deem pertinent to try to find a solution to the alleged situation submitted for analysis in this amparo appeal (lack of decent housing). This omission, in this Chamber's opinion, does violate the fundamental rights of the tutelados.

VI.- COROLLARY. Based on the foregoing, it is necessary to partially grant the appeal filed, with the consequences that will be detailed in the operative part of this judgment.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are advised that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the ""Regulation on the Electronic Expediente before the Judicial Branch"" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is declared partially granted, solely for the omission in addressing the actions filed by the petitioners. It is ordered that Modesto Alpízar Luna, in his capacity as Mayor, and Elizabeth Campos Briones, in her capacity as President of the Council, both of the Municipality of Alajuelita, or those who respectively occupy said positions, carry out all those actions that fall within the scope of their competencies and coordinate what is necessary so that, within a period of 5 days, counted from the notification of this judgment, a response is provided to the petitioners regarding the actions filed on October 9, 2018, and June 4, 2019, concerning the titling of lands in the sector called Pocosol. All the foregoing is ordered with the warning that, in accordance with article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a penalty of imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order from this Chamber that must be complied with or enforced and ignores it, provided that the crime is not more severely punished. The Municipality of Alajuelita is sentenced to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of a judgment from the administrative contentious jurisdiction. Let this pronouncement be notified to Modesto Alpízar Luna, in his capacity as Mayor, and to Elizabeth Campos Briones, in her capacity as President of the Council, both of the Municipality of Alajuelita, or to those who respectively occupy said positions, personally.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alejandro Delgado F.

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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *190242490007CO* Res. Nº 2020001428 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por ANA VANESSA ARCE ACUÑA, cédula de identidad 0111060407 y OTROS, contra LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 19 de diciembre de 2019, los recurrentes interponen recurso de amparo y manifiestan que, desde marzo de 1983, un grupo de personas ocupa la finca propiedad del municipio recurrido, inscrita bajo la matrícula No. 382398, conocida como Urbanización Juan Pablo II. Explican que la Asamblea Legislativa, el 19 de diciembre de 1997, aprobó la Ley No. 7738 que autorizó a la Municipalidad de Alajuelita a donar un inmueble a los beneficiarios de la Urbanización Juan Pablo II. Refieren que las familias habitantes de tal urbanización presentaron un recurso de amparo el 11 de agosto de 2009 contra el municipio recurrido y el INVU. Señalan que la Sala Constitucional, en el Voto No. 2011-12455, declaró con lugar el recurso y le ordenó a la Municipalidad de Alajuelita, al INVU y al Ministerio de Vivienda, adoptar y ejecutar las acciones y medidas pertinentes para solucionarles el problema de vivienda en el plazo de un año. Añaden que el concejo municipal recurrido, en la sesión ordinaria No. 107 celebrada el 15 de mayo de 2012, acordó lo siguiente "(…) Hacer efectiva la Ley 7738 para hacer la titulación a los beneficiarios para donar el inmueble donde está asentada la Juan Pablo II y que la administración estudie la posibilidad de incluir a las 14 familias del sector el Pocosol que limitan con Juan Pablo II, para si se encuentran en terrenos municipales se puedan incluir en el proceso de titulación (…)". Alegan que, conforme el diseño de sitio del profesional en topografía Juan Carlos Giro Mora, carne TA 7084, se demuestra que sus familias están dentro del mencionado terreno y deben verse beneficiadas con la titulación de esos inmuebles. Mencionan que entre los años 2012 y 2013, se pudo segregar y titular los inmuebles a favor de varias familias. Sin embargo, exponen que quedaron doce familias sin tal beneficio, denominadas Grupo Pocosol y que son quienes formulan el presente amparo. Apuntan que se han acogido a lo expresado en el artículo 1° del Código Municipal y las normas de la Ley No. 8680 Ley Especial para Titulación de Vivienda en Precarios y en Zonas de Desarrollo Urbano No Reconocidos, a efecto que la municipalidad recurrida proceda con el trámite de la titulación de las tierras a favor de las referidas familias. Explican que con sus propios recursos contrataron un topógrafo para que elaborara un diseño de sitio y ubicara a cada una de las doce familias a efecto, a su vez, que puedan obtener su propio plano catastro y escritura del terreno. Señalan que el Concejo Municipal de Alajuelita recibió a sus familias el 9 de octubre de 2018 y le solicitaron que autorizara al alcalde municipal para que procediera conforme la Ley No. 7738 y lo señalado en el Voto No. 12455-2011 y se titularan las tierras a su favor. Afirman que el citado concejo, en la sesión No. 94 de 16 de octubre de 2018, acordó “(…) dar visto bueno a la petitoria de los vecinos de Pocosol (Junta Pablo II), trasladar y autorizar al Sr. Alcalde Modesto Alpízar Luna, atender a las 14 familias que firmaron el acuerdo (…)”. Refieren que en cumplimiento del anterior acuerdo, solicitaron ante la alcaldía recurrida el visado municipal del plano elaborado por el citado topógrafo para así proceder con la segregación y la titulación de los terrenos para las doce familias. Mencionan que en la sesión No. 126, celebrada el 4 de junio de 2019 por el Concejo Municipal de Alajuelita, se solicitó en forma escrita y en audiencia pública que se le instruyera a la alcaldía proceder a cumplir lo acordado en la sesión de 16 de octubre de 2018. Con motivo de lo anterior, el referido concejo acordó: “(…) instruir a la Secretaría y trasladar el documento a la comisión y a la administración y luego Emilia estará dando respuesta y con este le damos con atendidos (sic) (…)”. Solicitan que se le ordene al alcalde recurrido dar visto bueno a la petitoria planteada y se proceda a titular en su favor las tierras ubicadas en la comunidad de Juan Pablo II.

2.- Por resolución de las 14:43 hrs. de 6 de enero de 2020, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.

3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 13 de enero de 2020, Modesto Alpízar Luna, en su condición de Alcalde de Alajuelita, rinde informe. Indica que en el año 1983 un grupo de aproximadamente cincuenta familias invadieron y formaron un precario en un bien inmueble propiedad de la Municipalidad de Alajuelita, inscrito en el Registro Público bajo el folio real No. 382398-000, conocido como Juan Pablo II. Menciona que se acogió un proyecto de ley que autorizó al municipio a realizar la donación, segregación y firma de las escrituras públicas a las personas que calificaban y cuyos nombres aparecieron en tal publicación. Agrega que el 30 de enero de 1998, dicho proyecto se convirtió en Ley de la República, específicamente, con el No. 7738. En consecuencia, explica que con los años se procedió con la firma de las escrituras públicas a los beneficiarios. Menciona que el resto reservado de la Juan Pablo II para parque, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 constitucional, fue invadido nuevamente por las personas que equivocadamente aducen eran adjudicatarias desde los años 90 y quienes pretenden se titule esa ocupación. Dicha sección de terreno invadida es conocida como Pocosol. Explica que en la sesión ordinaria No. 107 de 15 de mayo de 2012, se acordó hacer efectiva la Ley No. 7738 y proceder con la titulación de tierras a los beneficiarios de la Urbanización Juan Pablo II. Asimismo, indica que en tal ocasión se acordó que la administración estudiara la posibilidad de incluir a las catorce familias del sector de Pocosol que limita con la Juan Pablo II. Con respecto a este acuerdo, destaca lo siguiente: “(…) 1. El acuerdo se refiere a las personas ocupantes de la Juan Pablo II, proceso finalizado a la fecha, ya que todos los beneficiarios cuentan con escritura pública. 2. El acuerdo insta (NO OBLIGA A TITULAR) a la Administración a que estudie la posibilidad de incluir las 14 familias de POCOSOL que limita con la Juan Pablo II. 3. Del mismo acuerdo municipal se desprende que la parte invadida posteriormente denominada por los Ocupantes como POCOSOL LIMITA CON LA JUAN PABLO II Y NO ESTÁ DENTRO DEL PROCESO DE SEGREGACIÓN Y TITULACIÓN DE LA JUAN PABLO II. Sino que es resto reservado de la Juan Pablo II. 4. Se reconocer por parte del Concejo Municipal de ese momento que Pocosol es limítrofe con la Juan Pablo II y no parte de la misma, validando y reiterando una vez más que al estar fuera de esta, en la conocida Área comunal o resto reservado, no puede ser incluida dentro del proceso de titulación toda vez que Pocosol es un acaecimiento ulterior (…)”. Señala que la Ley No. 7738 autorizó a la municipalidad a donar un inmueble. Sin embargo, la franja del inmueble que se pretende titular es lo que se conoce como resto reservado, el que fue invadido posteriormente por los recurrentes. En consecuencia “(…) al ser la misma una invasión postrera queda fuera de la autorización otorgada por la Ley 7738 (…)”. Afirma que los lotes que los recurrentes pretenden titular no cumplen con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamiento y Urbanización. Explica que la atención del asentamiento Pocosol construido en condiciones de precariedad no se limita a darle a los recurrentes un título de propiedad, sino que se requiere el respeto de las normas establecidas en la Ley de Planificación Urbana, en la Ley General de Salud, en la Ley de Catastro, en Ley General de Caminos Públicos y en Ley Ambiental, entre otras. Se requiere la aplicación de parámetros mínimos y la observancia de requisitos lógicos necesarios. Agrega expresamente que “(…) La invasión de terrenos de manera desordenada sin el cumplimiento de requisitos mínimos impide una titulación que respete el ordenamiento jurídico nacional, especialmente aquellos relativas (sic) a anchos de calle, retiros, zonas verdes y comunales, hidrantes, etc; normas que tienen su razón de ser en justificaciones técnicas que protegen a su vez derechos fundamentales como la salud, la vida y el medio ambiente. En el caso en concreto, no se respeta la zona de retiro, que sería a futuro parque de la Juan Pablo II, desobedeciéndose por un lado la normativa existente y alterándose por otro, la posibilidad real de titulación (…)”. Señala que equivocadamente los recurrentes invocan un derecho que no les abriga amparados a la Ley No. 7738. Dicha ley autorizó al municipio para otorgar escrituras públicas a las personas allí mencionadas específicamente y que cumplían con los requisitos legales solicitados por otras instituciones del gobierno para optar por un bono de vivienda. Fue con posterioridad que se invadió el resto reservado, que sería el parque. Por ende, se dejó a los habitantes de la Juan Pablo II sin el derecho a un ambiente sano. Reitera que el asentamiento bajo estudio adolece de los requisitos normativos relativos a infraestructura básica que haga de un asentamiento humano un lugar habitable tales como “(…) tratamiento de aguas residuales, serán servidas, negras o pluviales, las calles en el sector no existen, por lo cual la intervención de servicios de emergencia en el sector es nula (…)”. Asevera también que (…) Este problema no puede resolverse titulando a gusto, uso y práctica de los ocupantes, sin contar por ejemplo con un plano catastro o sin pensar que un asentamiento requiere calles, aceras, parques, plantas de tratamiento, caso contrario se condena a la esta (sic) población a seguir viviendo en condiciones insalubres, lo cual es incompatible con la solución para titular terrenos demaniales ocupados que en este caso reitero, sería el parque de la Juan Pablo II. ¿Titulamos entonces pese al hacimiento existente en el sector. Titulamos aún cuando invaden un resto reservado que sería parque de la previa invasión. Titulamos aun cuando los recurrentes NO son los mismos autorizados por la Ley 7738. Titulamos aun cuando la invasión excede el área apta para urbanizar. Titulamos aun cuando los ranchos no cumplen con la superficie y frente mínimos. Titulamos un bien del demanio municipal cuando sabemos que legalmente la ocupación no crea derecho? (…)”. Solicita que se desestime el recurso planteado.

4.- Por escrito aportada a la Sala el 14 de enero de 2020, Elizabeth Campos Briones, en su condición de Presidenta del Concejo Municipal de Alajuelita, rinde informe. Señala que el caso bajo estudio ha sido tratado en cuatro sesiones del concejo. Explica que en la sesión No. 107 de 15 de mayo de 2012, se conoció un informe de la Comisión de Rescate Urbano que recomendó al concejo hacer efectiva la ley para la titulación de los beneficiarios de la Juan Pablo II y estudiar la posibilidad de incluir a las catorce familias del sector de Pocosol, entre otros aspectos. Añade que en la sesión No. 93 celebrada el 9 de octubre de 2018, el concejo recibió a un grupo de familias no tituladas de la Urbanización Juan Pablo II, el que solicitó que se procediera conforme lo dispuesto en la Ley No. 7738. En virtud de lo anterior, señala que el concejo acordó someter el asunto a votación y se trasladó a la Comisión de Obras y Asuntos Jurídicos para su análisis. Agrega que en la sesión No. 94 celebrada el 16 de octubre de 2018, el concejo conoció y aprobó dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración relacionado con la situación de los recurrentes. Dicha comisión recomendó en aquella oportunidad dar visto bueno a la petitoria de los vecinos de Pocosol y trasladar y autorizar al alcalde para atender a las catorce familias interesadas. Explica que el tema bajo estudio fue tratado por última vez por el concejo recurrido durante la sesión No. 126 de 4 de junio de 2019. Refiere que en tal ocasión se recibió a las familias del grupo Pocosol, las que nuevamente expusieron su situación con respecto a la titulación de tierras y solicitaron que “(…) se autorizara: Al Alcalde Municipal, para que en coordinación con las 12 familias ubicadas en la comunidad Juan Pablo II y pendientes de titulación, proceda de conformidad con la Ley 7738 (…)”. Apunta que se instruyó a la secretaria y se dispuso el traslado del documento a la comisión y a la administración y “(…) luego Emilia estará dando la respuesta y con este le damos con atendidos (sic) (…)”. Finalmente, señala que por Oficio No. MA-AM-AJ-114-2019 de 3 de septiembre de 2019, el concejo solicitó al alcalde rendir cuentas sobre el acuerdo motivo del recurso.

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aducen que, a la fecha de interpuesto el presente amparo, las autoridades de la Municipalidad de Alajuelita –pese a lo dispuesto en la Ley No. 7738 y aun cuando cumplen con los requisitos establecidos al efecto–, no han realizado las gestiones pertinentes para que se titulen a su nombre los terrenos de la Urbanización Juan Pablo II, donde actualmente se asientan.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

  • 1)En el año 1983 un grupo de aproximadamente cincuenta familias invadieron y formaron un precario en un bien inmueble propiedad de la Municipalidad de Alajuelita, inscrito en el Registro Público bajo la matrícula No. 382398, conocido como Urbanización Juan Pablo II (ver informe).
  • 2)El 19 de diciembre de 1997, la Asamblea Legislativa dictó la Ley No. 7738 que autorizó a la Municipalidad de Alajuelita a segregar y donar un inmueble a los ocupantes de la Urbanización Juan Pablo II que calificaran como personas de escasos recursos económicos (ver informe).
  • 3)Las autoridades competentes dispusieron la constitución de un área comunal o resto reservado para parque en la Urbanización Juan Pablo II (ver informe).
  • 4)El resto reservado de la Urbanización Juan Pablo II para parque fue invadido posteriormente por catorce familias. Dicho sector es denominado Pocosol y no se encuentra en el área habitable de la referida urbanización (ver informe).
  • 5)En la sesión ordinaria No. 107 de 15 de mayo de 2012, el Concejo Municipal de Alajuelita acordó lo siguiente: "(…) Hacer efectiva la Ley 7738 para hacer la titulación a los beneficiarios para donar el inmueble donde está asentada la Juan Pablo II y que la administración estudie la posibilidad de incluir a las 14 familias del sector el Pocosol que limitan con Juan Pablo II, para si se encuentran en terrenos municipales se puedan incluir en el proceso de titulación (…)". (ver informe).
  • 6)En virtud de lo dispuesto en la Ley No. 7738 y lo acordado el 15 de mayo de 2012 en la mencionada sesión ordinaria No. 107, la corporación municipal recurrida, durante los años 2012 y 2013, procedió a segregar y donar los citados inmuebles a los beneficiarios de la Urbanización Juan Pablo II. Dicho proceso se encuentra finalizado actualmente (ver escrito de interposición e informe).
  • 7)En la sesión No. 93 celebrada el 9 de octubre de 2018, el Concejo Municipal de Alajuelita recibió a los tutelados, quienes solicitaron que se procediera conforme lo dispuesto en la Ley No. 7738. En virtud de lo anterior, el concejo acordó someter el asunto a votación y este se trasladó a la Comisión de Obras y Asuntos Jurídicos para su análisis (ver informe y prueba).
  • 8)En la sesión No. 94 celebrada el 16 de octubre de 2018, el concejo recurrido conoció y aprobó dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración relacionado con la situación de los recurrentes. Dicha comisión recomendó en aquella oportunidad dar visto bueno a la petitoria de los vecinos de Pocosol y trasladar y autorizar al alcalde para atender a las catorce familias interesadas (ver informe y prueba).
  • 9)El 4 de junio de 2019, los tutelados expusieron nuevamente su situación ante el Concejo Municipal de Alajuelita y solicitaron que “(…) se autorizara: Al Alcalde Municipal, para que en coordinación con las 12 familias ubicadas en la comunidad Juan Pablo II y pendientes de titulación, proceda de conformidad con la Ley 7738 (…)”. (ver informe y prueba).
  • 10)Por Oficio No. MA-AM-AJ-114-2019 de 3 de septiembre de 2019, el Concejo de Alajuelita solicitó al alcalde recurrido rendir cuentas sobre la situación expuesta por los recurrentes (ver informe).
  • 11)El sector Pocosol donde habitan los recurrentes no forma parte de los terrenos que se debían donar conforme lo señalado en la Ley No. 7738 (ver informe).
  • 12)Los inmuebles donde habitan los tutelados no cumplen actualmente con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para proceder son su segregación, urbanización y titulación (ver informe).
  • 13)El 19 de diciembre de 2019, doce de las catorce familias que invadieron el sector denominado Pocosol, formularon el presente amparo (ver escrito de interposición).

III.- HECHOS NO PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por indemostrados los siguientes:

  • 1)Que las autoridades recurridas hayan atendido las gestiones formuladas por los recurrentes y le hayan comunicado los motivos por los cuales los terrenos donde habitan no pueden serles traspasados (los autos).
  • 2)Que a la fecha exista alguna ley u otra disposición normativa que obligue a los recurridos a donarle a los tutelados las tierras donde habitan (sector Pocosol) (los autos).

IV.- PRECEDENTE DE INTERÉS. Este Tribunal Constitucional, al conocer un recurso de amparo formulado por los habitantes del asentamiento Juan Pablo II ubicado en Alajuelita, ante la omisión de las autoridades recurridas de proceder a donarles los terrenos de tal sitio conforme lo dispuesto en la Ley No. 7738, dispuso en la Sentencia No. 2011-12455 de las 15:34 hrs. de 13 de septiembre de 2011 lo siguiente:

“(…) I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes estiman transgredido su derecho de propiedad, a contar con una vivienda adecuada y digna y de protección especial que se le reconoce, constitucionalmente, a la familia pues, en su criterio, las autoridades públicas recurrentes han omitido cumplir lo dispuesto en las Leyes Nos. 7752 y 8680, respecto de la segregación y donación del inmueble en el que se ubica el asentamiento “Juan Pablo II” y la titulación de ese inmueble a favor de sus ocupantes.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 30 de marzo de 1983, un grupo de, aproximadamente, 50 familias invadieron y tomaron en precario el bien inmueble propiedad de la Municipalidad de Alajuelita, inscrito bajo el sistema de Folio Real matrícula Nº 382398-000 (hecho incontrovertido). 2) Al momento en que se interpuso este proceso de amparo, sea el 11 de agosto de 2009, la Municipalidad de Alajuelita no había segregado ni donado ese inmueble a los ocupantes del asentamiento “Juan Pablo II” (hecho incontrovertido). 3) El asentamiento Juan Pablo II no satisface los parámetros urbanísticos, sanitarios y ambientales mínimos para considerarlo un asentamiento habitable (informe a folio 24).

III.- HECHO NO PROBADO. De relevancia para dirimir el presente asunto se tiene por indemostrado el siguiente: UNICO.- Que los entes y órganos públicos recurridos hayan tomados acciones y medidas concretas y efectivas para transformar el asentamiento “Juan Pablo II” en un lugar habitable, otorgar los títulos de propiedad y dotar de vivienda adecuada y digna a las personas que lo ocupan (los autos). (…)

VIII.- LA AUTORIZACIÓN LEGISLATIVA A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA PARA DONAR UN INMUEBLE A LOS OCUPANTES DE LA URBANIZACIÓN JUAN PABLO II. La Ley No. 7738 de 19 de diciembre de 1997, autorizó a la Municipalidad de Alajuelita para traspasar y donar el inmueble en el que se ubica el asentamiento “Juan Pablo II” a aquellos ocupantes, que califiquen como personas de escasos recursos económicos según los estudios elaborados por la Corporación Municipal. Respecto de esa obligación, se encuentra plena e idóneamente demostrado que al momento en que se interpuso este amparo, sea el 11 de agosto de 2009, no se ha dispuesto nada sobre el particular, omisión que violenta los ordinales 50, párrafo 1º, 65 y 74 de la Constitución Política al contrariar la cláusula del Estado Social, el mayor bienestar de los habitantes y adecuado reparto de la riqueza, y los principios constitucionales de solidaridad y justicia social. (…)

X.- EL ASENTAMIENTO JUAN PABLO II. Se acreditó que el 30 de marzo de 1983, un grupo de, aproximadamente, 50 familias ocuparon en precario el bien inmueble de la Municipalidad de Alajuelita, inscrito bajo el sistema de Folio Real matrícula No. 382398-000, donde establecieron el asentamiento “Juan Pablo II” (hecho incontrovertido). Pese que han transcurrido más de veinte años desde que se produjo esa ocupación y más de dos años desde que se promulgó la Ley Nº 8680, el informe de la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos permite acreditar que ese asentamiento no satisface los parámetros urbanísticos, sanitarios y ambientales mínimos para considerarlo una comunidad social y ambientalmente amigable y por ende un asentamiento habitable (informe a folio 24). En este sentido, es, particularmente, ilustrativo lo señalado por esa Ministra en cuanto a que el precario en cuestión adolece de las exigencias técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad universal, servicios básicos, áreas destinadas para uso común y de recreación, servicios sociales, comerciales y productivos y un sistema de lotificación y viviendas. Esto, en su criterio, impone una intervención que guarde relación con el ordenamiento urbanístico, sanitario y ambiental que se adecue a parámetros mínimos y la observancia de requisitos lógicos indispensables. Este proceso, necesariamente, supone reubicaciones y reordenamiento, por cuanto el área y la geometría de los predios en un asentamiento informal no garantizan condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad. Todo lo anterior, a pesar que el legislador, ha promulgado leyes para acelerar su solución, con lo cual sin duda se irrespetó el derecho a una vivienda adecuada y digna de los tutelados. En suma, aprecia este Tribunal que no existe una efectiva ejecución, implementación, seguimiento y control de las políticas, estrategias o planes, para lograr una actuación coordinada y racional, orientada a enfrentar, efectiva y eficientemente, el problema de vivienda que reclaman los amparados, de manera tal que se logren establecer asentamientos humanos equitativos y sostenibles en que todas las personas tengan igual acceso a vivienda, espacios abiertos, servicios de salud, educación, etc., como lo disponen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho de la Constitución. Precisamente, por todo lo anterior, se echa de menos una adecuada, oportuna y coordinada gestión pública para lograr ese fin que vulnera el derecho humano y fundamental a la vivienda adecuada y digna de los recurrentes y demás ocupantes del asentamiento denominado “Juan Pablo II”. Llama poderosamente la atención de este Tribunal que la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, en su informe, después de afirmar la rectoría y dirección política del sector, manifiesta que no tiene competencias sobre el particular. Ciertamente, la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos refiere que se precisan de una serie de acciones previas de reordenamiento y reubicación para hacer del asentamiento un sitio habitable, seguro y accesible, antes de otorgar los títulos de propiedad a los ocupantes, empero, este Tribunal echa de menos cuáles acciones y medidas concretas ha coordinado ese Ministerio, ejerciendo su rectoría del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos, para lograr el fin último de dotar de vivienda adecuada y digna a los habitantes del referido asentamiento. Bajo esta inteligencia, estima la Sala que se produjo el agravio reclamado. (…)

XII.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso y ordenar a las autoridades públicas recurridas, adoptar y ejecutar todas las acciones y medidas pertinentes dentro del ámbito de la esfera de sus competencias, para solucionar, definitivamente, en el plazo de un año, el problema de vivienda de los habitantes del asentamiento “Juan Pablo II”. En lo demás, se debe desestimar el recurso.

POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Clara Zomer Rezler, Tomar Poblador Soto y a Agustín Mourelo García, respectivamente, en sus condiciones respectivas de Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Alcalde Municipal de Alajuelita y de Presidente Ejecutivo del INVU, o a quienes los sustituyan, adoptar y ejecutar todas las acciones y medidas pertinentes dentro de la esfera de sus competencias, para solucionar, definitivamente, en el plazo de un año, el problema de vivienda de los habitantes del asentamiento “Juan Pablo II”. Se advierte a los recurridos que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se condena al Estado, al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a la Municipalidad de Alajuelita al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Clara Zomer Rezler, Tomar Poblador Soto y a Agustín Mourelo García, respectivamente, en su condición de Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Alcalde Municipal de Alajuelita y Presidente Ejecutivo del INVU, o a quienes los sustituyan, en forma personal. El Magistrado Castillo pone nota (…)”.

V.- CASO CONCRETO. Los tutelados formulan el presente amparo aduciendo que las autoridades de la Municipalidad de Alajuelita, a la fecha, no han procedido a titular a su nombre los terrenos en los cuales actualmente habitan y que se ubican en la Urbanización Juan Pablo II. Según los recurrentes, las referidas autoridades se encuentran compelidas a llevar a cabo tal actuación, en el tanto así se estipuló en la Ley No. 7738, cumplen con los requisitos exigidos y fue ordenado expresamente por la Sala Constitucional en el Voto No. 2011-12455.

Al respecto, el Alcalde de Alajuelita informó bajo juramento y explicó a esta Sala que en el año 1983 un grupo de aproximadamente cincuenta familias invadieron y formaron un precario en un bien inmueble propiedad de la Municipalidad de Alajuelita, inscrito en el Registro Público bajo el folio real No. 382398-000, conocido como Urbanización Juan Pablo II. Asimismo, tal autoridad expuso que el 19 de diciembre de 1997, la Asamblea Legislativa dictó la Ley No. 7738, que autorizó a la Municipalidad de Alajuelita a segregar y donar un inmueble a los ocupantes de la Urbanización Juan Pablo II que calificaran como personas de escasos recursos económicos. Igualmente, el alcalde señaló que en dicha urbanización se dispuso establecer un área común o resto reservado para parque, en atención a lo dispuesto en el ordinal 50 constitucional, el cual, sin embargo, fue invadido posteriormente por catorce familias aproximadamente, de las cuales doce son las que formulan el presente amparo. Dichas familias, según se informó, se ubican en un sector llamado actualmente como Pocosol. Adicionalmente, se tiene por demostrado que, en virtud que las autoridades competentes en la materia no procedieron a cumplir lo dispuesto en la Ley No. 7738, los vecinos de la Urbanización Juan Pablo II interpusieron un recurso de amparo, el cual dio como resultado el dictado de la Sentencia No. 2011-12455 arriba transita, mediante la cual se ordenó, entre otros, al Alcalde de Alajuelita, solventar en el plazo de un año el problema de vivienda sufrido por los habitantes del referido asentamiento.

Asimismo, consta que el Concejo Municipal de Alajuelita, en la sesión ordinaria No. 107 de 15 de mayo de 2012, acordó cumplir con lo dispuesto en la mencionada Ley No. 7738 y donarle a los habitantes de la Urbanización Juan Pablo II los inmuebles donde habitaban. Igualmente, en dicha ocasión, el concejo acordó que la administración estudiara la posibilidad de incluir a las catorce familias del sector Pocosol que limitan con la mencionada urbanización en el citado proceso de titulación. Dicho acuerdo, según asevera el Alcalde de Alajuelita, solamente instó a realizar un estudio sobre el caso de los tutelados, pero no obligó a la titulación.

Consta también que, en atención al anterior estado de cosas, la corporación municipal recurrida, durante los años 2012 y 2013, procedió a segregar y donar los citados inmuebles a los habitantes de la Urbanización Juan Pablo II. Proceso anterior que, según afirma el Alcalde de Alajuelita, se encuentra finalizado a la fecha.

Adicionalmente, cabe destacar que, según aseveró dicho alcalde, el sector conocido como Pocosol donde habitan los recurrentes no forma parte de los terrenos que se debían donar conforme lo señalado en la Ley No. 7738. Asimismo, tal autoridad afirmó que los inmuebles donde viven los tutelados no cumplen actualmente con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para proceder son su segregación, urbanización y titulación. Específicamente, sobre este último aspecto, el mencionado alcalde señaló expresamente lo siguiente:

“(…) los lotes que los recurrentes pretenden titular no cumplen con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Reglamento Nacional para el control de fraccionamiento y urbanización (…) La atención del asentamiento conocido como Pocosol, construido en condiciones de precariedad, no se limita a darle a los recurrentes un título de propiedad sino que se requiere el respeto a las normas establecidas en la Ley de Planificación Urbana, Ley General de Salud, Ley de Catastro, Ley General de Caminos Públicos, Ley Ambiental, entre otras y en consecuencia la aplicación de parámetros mínimos y observancia de requisitos lógicos necesarios. La invasión de terrenos de manera desordenada sin el cumplimiento de requisitos mínimos impide una titulación que respete el ordenamiento jurídico nacional, especialmente aquellos relativas a anchos de calle, retiros, zonas verdes y comunales, hidrantes, etc; normas que tienen su razón de ser en justificaciones técnicas que protegen a su vez derechos fundamentales como la salud, la vida y el medio ambiente. En el caso en concreto, no se respeta la zona de retiro, que sería a futuro parque de la Juan Pablo II, desobedeciéndose por un lado la normativa existente y alterándose por otro, la posibilidad real de titulación (…) En consecuencia, este asentamiento adolece de los requisitos normativos relativos a infraestructura básica que haga de un asentamiento humano un lugar habitable tales como tratamiento de aguas residuales, serán servidas, negras o pluviales, las calles en el sector no existen, por lo cual la intervención de servicios de emergencia en el sector es nula. Este problema no puede resolverse titulando a gusto, uso y práctica de los ocupantes, sin contar por ejemplo con un plano catastro o sin pensar que un asentamiento requiere calles, aceras, parques, plantas de tratamiento, caso contrario se condena a la esta (sic) población a seguir viviendo en condiciones insalubres, lo cual es incompatible con la solución para titular terrenos demaniales ocupados que en este caso reitero, sería el parque de la Juan Pablo II (…)”.

Por su parte, la Presidenta del Concejo Municipal de Alajuelita, al rendir el informe bajo juramento, señaló que el caso bajo estudio ha sido tratado en cuatro sesiones, siendo la primera la No. 107 de 15 de mayo de 2012 citada líneas arriba y mediante la cual se dispuso dar cumplimiento a lo indicado en la Ley No. 7738. Asimismo, tal autoridad indicó que en la sesión No. 93 celebrada el 9 de octubre de 2018, el concejo recibió a los interesados, quienes solicitaron que se procediera conforme lo dispuesto en la Ley No. 7738, por lo que se dispuso trasladar el caso a la respectiva comisión para su estudio. Igualmente, la Presidente del concejo recurrido informó que en la sesión No. 94 celebrada el 16 de octubre de 2018, se conoció y aprobó un dictamen rendido por la Comisión de Gobierno y Administración, la que recomendó dar visto bueno a la petitoria de los vecinos de Pocosol y trasladar y autorizar al alcalde para atender su situación. Adicionalmente, la mencionada autoridad indicó que en la sesión No. 126 de 4 de junio de 2019 se recibió nuevamente a las familias del sector Pocosol, las que expusieron su situación con respecto a la titulación de tierras. En virtud de lo anterior, señaló dicha autoridad, se dispuso instruir a la secretaria y trasladar la documentación a la comisión respectiva y a la administración. Finalmente, la Presidente del Concejo Municipal de Alajuelita refirió que mediante Oficio No. MA-AM-AJ-114-2019 de 3 de septiembre de 2019, el concejo le solicitó al alcalde recurrido rendir cuentas sobre la situación expuesta por los recurrentes.

Revisado tal estado de cosas, este Tribunal Constitucional estima que el presente amparo merece ser acogido parcialmente.

El amparo debe ser desestimado, en el tanto este órgano constitucional se ve imposibilitado de acoger la pretensión principal formulada por los recurrentes y ordenarle a los recurridos proceder a titular a nombre de los primeros las tierras en la que actualmente se encuentran asentados. Esto, por las siguientes razones: 1) En virtud que los tutelados no viven estricta y propiamente en el área habitable de la Urbanización Juan Pablo II, sino en la zona reservada de esta última para parque y que se conoce actualmente como el sector Pocosol. 2) Por cuanto la Ley No. 7738 de diciembre de 1997, la Sentencia No. 2011-12455 de septiembre de 2011 dictada por la Sala y lo acordado por el concejo recurrido en la sesión No. 107 de mayo de 2012, no estipularon –tal y como erróneamente lo pretenden y hacen ver los tutelados–, que dicho sector Pocosol (el cual fue invadido en precario de forma posterior a la constitución del asentamiento Juan Pablo II), debía ser igualmente segregado y traspasado a sus habitantes. Según se pudo demostrar con meridiana claridad, la ley, el voto constitucional y el acuerdo del concejo, hicieron referencia única y exclusivamente a la titulación de los inmuebles ubicados en la Urbanización Juan Pablo II, proceso que, según igualmente se informó bajo juramento, se encuentra a la fecha finalizado. 3) En el tanto, según afirmó el alcalde recurrido, los inmuebles donde se encuentran asentados los recurrentes no cumplen actualmente con los requisitos mínimos establecidos en el ordenamiento jurídico para su segregación, urbanización y posterior titulación. 4) Por cuanto no existe a la fecha ninguna ley u otra disposición normativa que obligue a los recurridos a donarle a los tutelados las tierras que alegan.

Bajo dicha inteligencia, es claro que este Tribunal Constitucional resulta incompetente para actuar contrario al ordenamiento jurídico y disponer, en este momento y, a tenor de las circunstancias supra descritas, la titulación de los terrenos aducidos a favor de los tutelados. Por tal motivo, estos últimos, si a bien lo tienen, pueden formular los alegatos que estimen pertinentes ante la propia corporación municipal recurrida o bien, ante las vías jurisdiccionales ordinarias creadas al efecto; sedes donde podrán en forma amplia discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

Ahora bien, pese a lo dicho anteriormente, esta Sala estima que el amparo debe ser acogido en virtud de un único aspecto. Específicamente, por cuanto pese a las varias gestiones formuladas por los recurrentes ante el Concejo Municipal en octubre de 2018 y junio de 2019 a efecto que se resolviera la situación referente a la titulación de las tierras en las que habitan y las gestiones planteadas concomitantemente por el citado Concejo ante el Alcalde recurrido para que se pronunciara al respecto, no consta que se haya brindado una respuesta y, en ese particular, se le hayan expuesto a los primeros los motivos de hecho y derecho por los cuales, según se informó a esta Sala, no pueden serles traspasados los inmuebles en cuestión en este momento. Al carecer los tutelados de los motivos que sustentan la denegatoria de sus solicitudes, claramente se ven impedidos de realizar las gestiones que estimen pertinentes para tratar de buscar una solución a la situación alegada y sometida a análisis en este recurso de amparo (carencia de vivienda digna). Dicha omisión, en criterio de esta Sala, sí vulnera los derechos fundamentales de los tutelados.

VI.- COROLARIO. En mérito de lo expuesto, se impone acoger parcialmente el recurso planteado, con las consecuencias que se detallarán en la parte dispositiva de la presente sentencia.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por la omisión de atender las gestiones formuladas por los recurrentes. Se le ordena a Modesto Alpízar Luna, en su condición de Alcalde y a Elizabeth Campos Briones, en su condición de Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Alajuelita, o a quienes respectivamente ocupen tales cargos, realizar todas aquellas gestiones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias y coordinar lo necesario para que, dentro del plazo de 5 días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le brinde a los recurrentes una respuesta a las gestiones planteadas el 9 de octubre de 2018 y el 4 de junio de 2019 referentes a la titulación de tierras en el sector denominado Pocosol. Todo lo anterior se dicta con la advertencia que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta día multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alajuelita, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese este pronunciamiento a Modesto Alpízar Luna, en su condición de Alcalde y a Elizabeth Campos Briones, en su condición de Presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Alajuelita, o a quienes respectivamente ocupen tales cargos, en forma personal.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alejandro Delgado F.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Land Tenure, Titling, and Refugios PrivadosTenencia, Titulación y Refugios Privados

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley No. 7738 único
    • Ley No. 8680
    • Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamiento y Urbanización Arts. 86 y 88
    • Constitución Política Art. 50
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 71

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