Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 01353-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 24/01/2020

Municipal drainage construction affecting private property and healthConstrucción municipal de desagüe que afecta propiedad privada y salud

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The amparo is granted against the Lepanto District Council, ordering monitoring of water stagnation on the petitioner's property and a definitive solution.Se declara con lugar el recurso contra el Concejo de Distrito de Lepanto, ordenándose monitoreo de estancamiento en la propiedad de la amparada y una solución definitiva.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber hears an amparo action filed by an elderly person against the District Council of Lepanto and the Municipality of Puntarenas. The petitioner claims that, without prior notice, municipal authorities built a drainage system that discharges rainwater and wastewater onto her property, creating an unhealthy swamp with mosquito larvae. The Municipality defends its action based on Article 20 of the General Law on Public Roads and the need to solve water stagnation problems affecting public health. A report from the Peninsula Health Rectorate confirms the existence of wastewater discharges onto the petitioner's property and recommends proper management measures. The Chamber concludes that the Municipality did not take sufficient measures to prevent stagnation and the resulting health and environmental risks, so it grants the amparo, ordering monitoring and a definitive solution to the problem. The Health Rectorate is also instructed to follow up and issue sanitary orders if necessary. Justices Hernández López and Salazar Alvarado issue separate notes, emphasizing that the amparo is appropriate because health and the right to a healthy environment are at risk.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por una persona adulta mayor contra el Concejo de Distrito de Lepanto y la Municipalidad de Puntarenas. La recurrente alega que, sin previo aviso, las autoridades municipales construyeron un desagüe que vierte aguas pluviales y residuales en su propiedad, generando un pantano insalubre con larvas de mosquitos. La Municipalidad defiende su actuación amparándose en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos y en la necesidad de solucionar problemas de estancamiento de aguas que afectaban la salud pública. Un informe del Área Rectora de Salud confirma la existencia de descargas de aguas residuales hacia la propiedad de la amparada y recomienda medidas de manejo adecuado. La Sala concluye que la Municipalidad no tomó medidas suficientes para evitar el estancamiento y los riesgos a la salud y al ambiente, por lo que declara con lugar el recurso, ordenando monitoreo y una solución definitiva al problema. Además, se advierte al Área de Salud dar seguimiento y emitir órdenes sanitarias si corresponde. Los magistrados Hernández López y Salazar Alvarado emiten notas separadas, destacando que el amparo es procedente porque están en riesgo la salud y el derecho a un ambiente sano.

Key excerptExtracto clave

From the facts duly proven in this case, this Chamber first warns the respondent authority that, although Article 20 of the cited legal text establishes the obligation of real property holders, under any title, to allow water from roads to flow through their lands when determined by the terrain's slope, this refers to a reasonable flow, not an excessive or abnormal one that implies flooding and deterioration or degradation of the property. This situation has not been ruled out in the present case, according to evidence provided for a better resolution by the Peninsula Health Rectorate (Jicaral) of the Ministry of Health. During the field visit conducted on November 13, 2019, to analyze the drainage situation on the petitioner's property and the facts stated in the filing, the Health Rectorate notes that although no wastewater discharge points toward the road parallel to Mrs. Nydia Barrantes' property are observed, the existence of at least three points of wastewater discharge from homes onto the affected person's property is confirmed, which pose a risk to the health of neighbors and the environment. It adds that the construction of stormwater channeling works from the neighborhood road that flow directly onto the petitioner's land is confirmed, and no wastewater is observed flowing through this channel. Based on the factual scenario described, this Chamber infers that the respondent authority did not take sufficient measures in this matter to provide a definitive solution to the water channeling problem in the community where the petitioner's property is located. Instead, it arranged to carry out some works that cause the water to flow onto the petitioner's property, without foreseeing the possibility of stagnation, with the adverse environmental and health effects this may entail; an action far from the constitutional principles of efficacy, efficiency, simplicity, and promptness in administrative organization and function, affecting the petitioner's fundamental rights.De los hechos que se tienen por debidamente demostrados en este asunto, esta Sala advierte a la autoridad recurrida en primer término que, si bien es cierto el artículo 20 del cuerpo normativo citado establece la obligación de los poseedores de bienes inmuebles, por cualquier título, de dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así ocurra por el desnivel del terreno, se trata de un flujo razonable, no de uno excesivo o anormal que implique el anegamiento y el deterioro o degradación del inmueble. Situación que en el presente caso no se ha descartado, según prueba para mejor resolver aportada a esta Sala por parte del Área Rectora de Salud Peninsular (Jicaral) del Ministerio de Salud. En la visita de campo realizada el 13 de noviembre de 2019, a fin de analizar la situación del desagüe de las aguas que discurren en la propiedad de la tutelada y a los hechos que expone en el escrito de interposición, el Área de Salud señala que si bien no se observan puntos de descarga de aguas residuales hacia la calle paralela a la propiedad de la Señora Nydia Barrantes, sí se comprueba la existencia de al menos tres puntos de descargas de aguas residuales de viviendas a la propiedad de la afectada, las cuales son un riesgo para la salud de los vecinos y el medio ambiente. Añade que se comprueba la construcción de obras de encauzamiento de las aguas pluviales del camino vecinal que desembocan directamente en el terreno de la tutelada, y en esta no se observan aguas residuales que discurren por este canal. Con base en el cuadro fáctico descrito, esta Sala infiere que la autoridad recurrida accionada no tomó en este asunto las medidas suficientes para dar una solución definitiva a la problemática de encauzamiento de las aguas en la comunidad donde se encuentra la propiedad de la recurrente. Sino que dispuso realizar algunas obras que hace que las aguas desemboquen en la propiedad de la amparada, sin prever la posibilidad de estancamiento, con los efectos contrarios al medio ambiente y a la salud que ello puede acarrear; actuación alejada de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas, afectando los derechos fundamentales de la amparada.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Se trata de un flujo razonable, no de uno excesivo o anormal que implique el anegamiento y el deterioro o degradación del inmueble."

    "It refers to a reasonable flow, not an excessive or abnormal one that implies flooding and deterioration or degradation of the property."

    Considerando IV

  • "Se trata de un flujo razonable, no de uno excesivo o anormal que implique el anegamiento y el deterioro o degradación del inmueble."

    Considerando IV

  • "La autoridad recurrida accionada no tomó en este asunto las medidas suficientes para dar una solución definitiva a la problemática de encauzamiento de las aguas en la comunidad donde se encuentra la propiedad de la recurrente."

    "The respondent authority did not take sufficient measures to provide a definitive solution to the water channeling problem in the community where the petitioner's property is located."

    Considerando IV

  • "La autoridad recurrida accionada no tomó en este asunto las medidas suficientes para dar una solución definitiva a la problemática de encauzamiento de las aguas en la comunidad donde se encuentra la propiedad de la recurrente."

    Considerando IV

  • "Se ordena a José Francisco Rodríguez Johnson, en su condición de Intendente Municipal, del Concejo del Distrito de Lepanto o a quien en su lugar ocupe este cargo que, dentro del ámbito de sus competencias, adopte las medidas necesarias y coordine con las instancias necesarias para que, al iniciar la estación lluviosa del presente año 2020, se realice un monitoreo en la propiedad de la amparada y de recurrir el problema de estancamiento de agua, proceda a adoptar las acciones que correspondan para que de manera definitiva, en un plazo razonable, se dé una solución al problema planteado por el accionante."

    "José Francisco Rodríguez Johnson, in his capacity as Municipal Intendent of the Lepanto District Council, or whoever holds this position, is ordered to take the necessary measures and coordinate with the relevant authorities so that, at the start of the rainy season of this year 2020, monitoring is carried out on the petitioner's property and, if the water stagnation problem recurs, to take the appropriate actions to definitively, within a reasonable time, provide a solution to the problem raised by the petitioner."

    Por tanto

  • "Se ordena a José Francisco Rodríguez Johnson, en su condición de Intendente Municipal, del Concejo del Distrito de Lepanto o a quien en su lugar ocupe este cargo que, dentro del ámbito de sus competencias, adopte las medidas necesarias y coordine con las instancias necesarias para que, al iniciar la estación lluviosa del presente año 2020, se realice un monitoreo en la propiedad de la amparada y de recurrir el problema de estancamiento de agua, proceda a adoptar las acciones que correspondan para que de manera definitiva, en un plazo razonable, se dé una solución al problema planteado por el accionante."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sala Constitucional Type of matter: Amparo action Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Relevance Indicators Relevant ruling Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:

Strategic Topics: Political Constitution Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:

SEWER SYSTEM.

MUNICIPALITY OF LEPANTO, BUILT A DRAIN, WHICH AFFECTS THE PRIVATE PROPERTY OF AN INDIVIDUAL. THE MUNICIPAL INTENDENT, OF THE DISTRICT COUNCIL OF LEPANTO, IS ORDERED TO ADOPT THE NECESSARY MEASURES AND COORDINATE WITH THE NECESSARY ENTITIES SO THAT, AT THE BEGINNING OF THE RAINY SEASON OF THIS YEAR 2020, MONITORING IS CARRIED OUT ON THE PROPERTY OF THE AMPARO PROTECTED PARTY AND, IF THE PROBLEM OF WATER PONDING RECURS, PROCEED TO ADOPT THE CORRESPONDING ACTIONS SO THAT, IN A DEFINITIVE MANNER, WITHIN A REASONABLE PERIOD, A SOLUTION IS PROVIDED TO THE PROBLEM RAISED BY THE CLAIMANT.

LBH05/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:

PRIVATE PROPERTY..

MUNICIPALITY OF LEPANTO, BUILT A DRAIN, WHICH AFFECTS THE PRIVATE PROPERTY OF AN INDIVIDUAL. THE MUNICIPAL INTENDENT, OF THE DISTRICT COUNCIL OF LEPANTO, IS ORDERED TO ADOPT THE NECESSARY MEASURES AND COORDINATE WITH THE NECESSARY ENTITIES SO THAT, AT THE BEGINNING OF THE RAINY SEASON OF THIS YEAR 2020, MONITORING IS CARRIED OUT ON THE PROPERTY OF THE AMPARO PROTECTED PARTY AND, IF THE PROBLEM OF WATER PONDING RECURS, PROCEED TO ADOPT THE CORRESPONDING ACTIONS SO THAT, IN A DEFINITIVE MANNER, WITHIN A REASONABLE PERIOD, A SOLUTION IS PROVIDED TO THE PROBLEM RAISED BY THE CLAIMANT.

LBH05/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

MUNICIPALITY OF LEPANTO, BUILT A DRAIN, WHICH AFFECTS THE PRIVATE PROPERTY OF AN INDIVIDUAL. THE MUNICIPAL INTENDENT, OF THE DISTRICT COUNCIL OF LEPANTO, IS ORDERED TO ADOPT THE NECESSARY MEASURES AND COORDINATE WITH THE NECESSARY ENTITIES SO THAT, AT THE BEGINNING OF THE RAINY SEASON OF THIS YEAR 2020, MONITORING IS CARRIED OUT ON THE PROPERTY OF THE AMPARO PROTECTED PARTY AND, IF THE PROBLEM OF WATER PONDING RECURS, PROCEED TO ADOPT THE CORRESPONDING ACTIONS SO THAT, IN A DEFINITIVE MANNER, WITHIN A REASONABLE PERIOD, A SOLUTION IS PROVIDED TO THE PROBLEM RAISED BY THE CLAIMANT.

LBH05/21 ... See more Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: MUNICIPALITY Subtopics:

COMPLAINT.

MUNICIPALITY OF LEPANTO, BUILT A DRAIN, WHICH AFFECTS THE PRIVATE PROPERTY OF AN INDIVIDUAL. THE MUNICIPAL INTENDENT, OF THE DISTRICT COUNCIL OF LEPANTO, IS ORDERED TO ADOPT THE NECESSARY MEASURES AND COORDINATE WITH THE NECESSARY ENTITIES SO THAT, AT THE BEGINNING OF THE RAINY SEASON OF THIS YEAR 2020, MONITORING IS CARRIED OUT ON THE PROPERTY OF THE AMPARO PROTECTED PARTY AND, IF THE PROBLEM OF WATER PONDING RECURS, PROCEED TO ADOPT THE CORRESPONDING ACTIONS SO THAT, IN A DEFINITIVE MANNER, WITHIN A REASONABLE PERIOD, A SOLUTION IS PROVIDED TO THE PROBLEM RAISED BY THE CLAIMANT.

LBH05/21 ... See more *190207520007CO* Res. No. 2020001353 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours and twenty minutes on January twenty-fourth, two thousand twenty.

An amparo action processed under expediente number 19-020752-0007-CO, filed by [Name 001], identification card [Value 001], on behalf of [Name 002], identification card [Value 002], against the Municipalidad de Puntarenas and the Concejo de Distrito de Lepanto.

Considering:

1.- By means of a writing received in the Secretariat of the Chamber on November 1, 2019, the claimant files an amparo action against the Municipalidad de Puntarenas and the Concejo de Distrito de Lepanto and states that the amparo protected party is an older adult, owner of a farm located in Los Cedros de Jicaral, Lepanto de Puntarenas, where she built her dwelling house. He indicates that on October 5, 2019, municipal officials arrived unexpectedly at an adjacent street that runs parallel to her property and, with machinery, proceeded to build a drain. At the end of this, they placed a plastic pipe that they passed through a property bordering hers, in order to discharge the waters into her property. He explains that said waters are generated in the dwellings located in front of the public street, not only rainwater (pluviales), but also greywater (servidas). Not having been previously notified about it and given the evident harm suffered, he first spoke with the officials who carried out the works, who limited themselves to answering that they had been sent for that purpose. Subsequently, he went to the Council to protest and request the removal of the works, but no official assisted him. He alleges that the waters that were discharged onto his land pond, so a kind of swamp full of mosquito larvae that transmit various diseases has formed. He complains that before the works the place was healthy, whereas now he cannot make use of his property because it is unsanitary. For the stated reasons, he comes to this Chamber in protection of his fundamental rights and requests that the action be declared with merit.

2.- The resolution at 2:19 p.m. on November 4, 2019, which grants processing to this amparo action, was duly notified to the respondent authorities on the 7th of the same month.

3. Randall Chavarría Matarrita, in his capacity as Municipal Mayor of the Cantón Central of Puntarenas, reports under oath that upon the transfer of said action, an inspection was carried out on the claimant's property and adjacent properties, whose jurisdiction does not correspond to the Municipality. He requests that the action be declared without merit.

4.- José Francisco Rodríguez Johnson, in his capacity as Municipal Intendent, of the Distrito de Lepanto, reports under oath that in the place indicated by the claimant there is a drainage problem from the normal course of rainwater, which flows in the neighborhood of El Jardín, due to works that the local government has carried out in district road maintenance tasks in previous municipal administrations where they filled the street, creating a kind of dike, which results in water ponding. Given the sanitation problems, the inhabitants of the El Jardín neighborhood came forward to explain the issues generated by the ponded waters on a lot adjacent to the public street. They add that in the vicinity is the San Pedro River, which in winter overflows due to the amount of water that falls from the seasonal rains. Because of the health problem, there are cases of dengue fever in the locality, caused by the ponding of rainwater that stagnates and generates bad odors and plagues of disease-carrying insects, as well as an acute or serious case of hepatitis A. This was made known to them and was sent to them by the female resident of said locality during the inquiry being conducted on the occasion of the report requested by this Chamber. (See medical certificate of [Name 003], identification card [Value 003], from the health area Jicaral - Islas of the C.C.S.S.) Given this situation, works were carried out that had the purpose of draining the aforementioned ponded lot, by means of the passage of a ditch built between two properties, so that this can drain normally and as has always happened in this neighborhood. The locality of Jicaral does not have a sewer system in the majority of its communities, so the rainwater generated by the heavy winter that falls in this area circulates through the streets, this being what has happened for a long time in the site. This involves the execution of road improvement works projects, in which treatment was carried out on the road that raised the level of the street, which modified the accustomed course of rainwater in the locality, generating a greater problem by not allowing its normal drainage. Because of this, new works were carried out in the El Jardín neighborhood, to lower the street level again, so that the water flow would again run as it customarily did, before the works carried out on the street. Hence, it is maintained that the rainwater, under normal circumstances, runs through a part of the farm that is in disuse by its owner, which would be what the claimant states she owns. It is not true, and is rejected as false, that said waters are being discharged onto her built dwelling house. In fact, it is known that it is a part of her property where, before this amparo action, the rainwater reached her property. Nor is structural damage being caused to the dwelling house where she lives. It concerns a tiny part of her farm, which is not being used for any specific purpose by the claimant according to what is observed in photographs. Nor is it true that it concerns black water, greywater, or soapy water; it concerns waters that are not absorbed due to soil saturation. It is important to mention that the lots from which drainage occurs and onto which the waters are thrown are lots where there are no dwelling houses. They are lots that their own owners do not entirely occupy. The photos show the construction of the ditch and the lot where the waters that these ditches convey normally run to the places where the circulating rainwater in the place customarily goes. The municipal action finds support in the provisions of numeral 20 of Law No. 5060, which is the public roads law, which reads as follows: "ARTICLE 20.- All possessors of real estate, by any title, are obligated to receive and allow to flow within their properties, the waters from the roads when so determined by the unevenness of the terrain and, when their lands are immediately next to the drainage points of a road, they must keep these drainage points clean, in perfect state of service, and free of obstacles. The Ministry or the Municipalities will order the execution of the work and will charge the work plus fifty percent (50%) surcharge, if this obligation is not fulfilled. The Ministry of Public Works and Transport and the Municipalities must coordinate with the Ministry of Agriculture the road protection measures in projects of new layouts or in the conservation works of existing ones, in regions where they may provoke or intensify erosion or divert the natural drainage of the fields." This article gives rise to the legal action of the municipal administration, which, far from wanting to generate problems with any inhabitant of that district, has sought the common welfare, which has led to taking measures on the matter, in a way that mitigates the greatest effect on the population, such as the already stated health problems from stagnant waters in unoccupied lands. It should be said that these soil saturation problems have ceased to occur, this because the imminent start of the dry season means that the torrential downpours that generate this problem no longer occur. Consequently, he requests that the action be declared without merit. They request that the action be declared without merit.

5.- By resolution at 10:11 a.m. on December 9, 2019, this Chamber requested the Área Rectora de Salud Peninsular (Jicaral) del Ministerio de Salud, to address the drainage problem of the waters that flow in the area where the ward resides and the facts stated in the filing brief.

6.- Juan Gabriel Ledezma Acevedo, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud de La Península, reports that on the date of November 13, 2019, an inspection was carried out at Barrio El Jardín in Jicaral de Puntarenas, at the property of Mrs. Barrantes, due to poor management of wastewater and channeling of rainwater from a road parallel to the affected property. During the inspection visit, a tour was made inside the affected property where it was possible to evidence that this land is used by the owners as an ornamental plant cultivation area and presence of mango and pitahaya crops. This land borders the El Jardín neighborhood and, as a result of the tour, at least three specific points from dwellings where their wastewater (greywaters) run superficially to this land, being adjacent properties, were evidenced, so poor management and a risk to the health of the inhabitants were evidenced. In relation to the channeling of rainwater to this property, the existence of a channel built of concrete was identified that crosses through the middle of two patios of dwellings in the El Jardín neighborhood with an approximate dimension of 1.00 m wide at the bottom slab and 0.23 m high (see annex 3), and that flow directly into the land of Señora [Name 002]. However, at the time of the visit, because we are in the summer season, there are no rainwater runoffs nor ponding caused by rains. Subsequently, a visit was made to the El Jardín neighborhood where it is verified that there is a local road of at least 320 m in distance, with dwellings on both sides of said road, but there is no rainwater infrastructure or sidewalks; however, it was verified that the rainwater from the main public road does not flow through this local road. But it is verified that in a sector of this road, a concrete placement work of at least 6 m long by 5 m wide was carried out in front of the channel that culminates in the property of the affected party. This road is gravel and does not have rainwater ditching; furthermore, the existence of wastewater that the dwellings discharge to this local road is not evidenced, and this is evidenced in the photographs taken. He says that after analyzing the information gathered during the inspection visit, no discharge points for wastewater towards the street parallel to the property of Señora Nydia Barrantes are observed; however, the existence of at least three wastewater discharge points from dwellings to the property of the affected party is indeed verified, which are a risk to the health of the neighbors and the environment. The construction of channeling works for rainwater from the local road towards the property of the affected party is verified; in this, no wastewater flowing through this channel is observed. For this reason, it is the opinion of this entity to recommend that a field visit be made to the identified dwellings so that, by means of a sanitary order, they proceed to carry out the adequate management of their wastewater within their property, in accordance with what is established in the current Sanitary and Environmental Legislation.

7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Delgado Faith; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE ACTION. The claimant states that on the property of the amparo protected party -an older adult-, located in Los Cedros de Jicaral, Lepanto de Puntarenas, where she built her dwelling house; on October 5, 2019, municipal officials unexpectedly came to an adjacent street that runs parallel to her property and, without prior notice, with machinery proceeded to build a drain, placed a plastic pipe that they passed through a property bordering hers, in order to discharge the waters into her property. He complains that the waters discharged onto his land pond, so a kind of swamp full of mosquito larvae that transmit various diseases has formed. However, the municipal authorities have not reversed the situation, despite the fact that the place was healthy before, whereas now he cannot make use of his property because it is unsanitary. He requests the intervention of the Chamber.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent may have omitted to refer to them as provided in the initial decree:

The property of the ward is located in the El Jardín neighborhood, in the locality of Jicaral, which does not have a sewer system in the majority of its communities. The lack of sewers causes the rainwater generated during the rainy season to fall in this area and flow through the streets (report of the Municipal Intendent, of the Distrito de Lepanto).

In the neighborhood where the ward's property is located, there is a drainage problem of the normal course of rainwater, due to ponding of stagnant water in a lot adjacent to the public street (report of the Municipal Intendent, of the Distrito de Lepanto).

The problem of water ponding has generated cases of dengue fever in the rainy season, in addition to bad odors and plagues of disease-carrying insects, as well as an acute or serious case of hepatitis A (report of the Municipal Intendent, of the Distrito de Lepanto).

Given the health risk situation, the respondent Municipality decided to carry out works aimed at draining the aforementioned ponded lot, by means of the passage of a ditch built between two properties, so that it could drain normally. To do this, the level of the street was raised, which modified the accustomed course of rainwater in the locality, generating a greater problem by not allowing its normal drainage; which it claims to do according to the provisions of article 20 of the Ley General de Caminos Públicos (report of the Municipal Intendent, of the Distrito de Lepanto).

To correct the previous error and with the aim of lowering the street level again, the respondent Municipality carried out new works in the El Jardín neighborhood, affecting a part of the ward's property and achieving that the water flow again ran as it customarily did, before the works carried out on the street (report of the Municipal Intendent, of the Distrito de Lepanto).

In an inspection carried out by the Área de Salud de La Península, for the purpose of assessing the channeling of rainwater to the claimant's property, the existence of a channel built of concrete was identified that crosses the two patios of dwellings in the El Jardín neighborhood with an approximate dimension of 1.00 m wide at the bottom slab and 0.23 m high (see annex 3), and that flows directly into the land of the ward [Name 002] (Report of the Director of the Área Rectora de Salud de La Península).

When the inspection was carried out by the Área de Salud, having been done in the summer season, there are no rainwater runoffs nor ponding caused by rains. It is verified that there is a local road of at least 320 m in distance, with dwellings on both sides of said road, but there is no rainwater infrastructure or sidewalks; however, it was verified that the rainwater from the main public road does not flow through this local road. But it is verified that in a sector of this road, a concrete placement work of at least 6 m long by 5 m wide was carried out in front of the channel that culminates in the property of the affected party. This road is gravel and does not have rainwater ditching; furthermore, the existence of wastewater that the dwellings discharge to this local road is not evidenced (Report of the Director of the Área Rectora de Salud de La Península).

In the opinion of the Área de Salud, it is appropriate to conduct a field visit to the identified dwellings so that, by means of a sanitary order, they proceed to carry out the adequate management of their wastewater within their property, in accordance with what is established in the current Sanitary and Environmental Legislation (Report of the Director of the Área Rectora de Salud de La Península).

III.- THE ROLE OF MUNICIPALITIES IN ENVIRONMENTAL MATTERS. In ruling No. 2011-012986 at 2:40 p.m. on September 27, 2011, this Court explained the main functions and powers of the municipalities in environmental matters and risk prevention. In that sense, it explained that:

"Pursuant to what has been said, the municipalities, as an integral part of the whole that is the State, have, within the scope of their competencies and obligations, a high degree of responsibility in environmental matters, whether through the direct approval of permits or licenses for which the prior fulfillment of requirements is demanded that accredit before other instances of public power the adequate Environmental management, as well as through regular inspections and channeling of risk situations to the instances with greater intervention competence. It has already been established that local governments are bound by the obligation of coordination and prevention in environmental matters within the scope of their territorial jurisdiction, from which it follows that municipalities are indeed important actors in the task of protecting the environment ("). It is for this reason that the environmental protection norms are not incompatible, from a constitutional point of view, with the faculties and competencies of the municipalities, which are obligated, by imperative of article fifty of the Political Constitution, to dedicate themselves to the protection of the environment (see, in this sense, ruling number 2006-7994, at eight hours and fifty-seven minutes on June 2, 2006)." IV.- ON THE MERITS. In the present matter, the claimant complains that the respondent authority, without prior notice, in October 2019, proceeded to build a drain by placing a plastic pipe that passes through a property bordering that of the ward, in order to discharge the waters into the property of the latter; with the drawback that they become stagnant, forming a kind of swamp full of mosquito larvae that transmit various diseases. For his part, the Intendent of the Distrito de Lepanto admits in the report rendered before this Chamber that he carried out water channeling works that affect a small part of the ward's property, which were necessary due to the lack of a sewer system in the neighborhood where the property is located and to stop the spread of diseases caused because the water flow did not run normally. He justifies the actions based on the norm provided in article 20 of the Ley General de Caminos Públicos and denies that the effects described by the amparo protected party occur or that her fundamental rights are affected. From the facts that are deemed duly proven in this matter, this Chamber first warns the respondent authority that, although article 20 of the cited normative body establishes the obligation of possessors of real estate, by any title, to allow the waters from the roads to flow within their properties when this occurs due to the unevenness of the terrain, it concerns a reasonable flow, not an excessive or abnormal one that implies flooding and the deterioration or degradation of the property. A situation that in the present case has not been ruled out, according to evidence for better deciding provided to this Chamber by the Área Rectora de Salud Peninsular (Jicaral) del Ministerio de Salud. In the field visit conducted on November 13, 2019, in order to analyze the drainage situation of the waters that flow on the ward's property and the facts stated in the filing brief, the Área de Salud points out that although wastewater discharge points to the street parallel to the property of Señora Nydia Barrantes are not observed, the existence of at least three wastewater discharge points from dwellings to the property of the affected party is indeed verified, which are a risk to the health of the neighbors and the environment. It adds that the construction of channeling works for rainwater from the local road that flow directly into the ward's land is verified, and in this, no wastewater flowing through this channel is observed. There are no rainwater runoffs or ponding from rain, which could be explained by the fact that at the time of the inspection, it is the dry season, without rain. Based on the foregoing, the Área Rectora de Salud recommends in this case that a field visit be made to the identified dwellings so that, by means of a sanitary order, they proceed to carry out the adequate management of their wastewater within their property, and achieve adequate management of wastewater within the property. That is, if they flow correctly in accordance with what the current sanitary and environmental legislation establishes. Based on the described factual picture, this Chamber infers that the respondent authority sued did not take sufficient measures in this matter to provide a definitive solution to the problem of water channeling in the community where the claimant's property is located. Rather, it arranged to carry out some works that cause the waters to flow into the amparo protected party's property, without foreseeing the possibility of ponding, with the effects contrary to the environment and health that this can entail; an action far removed from the constitutional principles of efficacy, efficiency, simplicity, and celerity of the administrative organization and function, affecting the fundamental rights of the amparo protected party. From that perspective, and although this Chamber infers that the works are carried out with the purpose of providing an outlet for the problem of the lack of a sewer system in the community where the ward lives and that the waters do not flow into her dwelling house, but into part of her property, the truth is that the Municipality cannot divert the waters into that property without greater precautions, potentially affecting the environmental balance in that area and putting her health and that of her neighbors at risk, as forecasted by the health authority in the report rendered before this Chamber. Therefore, what is appropriate is to declare the action with merit, ordering the respondent Distrito de Lepanto to take the necessary measures aimed at carrying out monitoring on the amparo protected party's property from the start of the rainy season of this year and, if the problem of water ponding alleged by the claimant recurs, to adopt the actions that correspond so that, definitively, within a reasonable period, a solution is provided to the problem raised by the claimant, which is hereby ordered. Likewise, the Área Rectora de Salud de la Península -which provided evidence for better deciding- is warned of its duty to follow up on the present matter, in order to assess whether it is appropriate to issue sanitary orders seeking adequate management of the wastewater in the locality where the ward's property is located.

V.- NOTE FROM MAGISTRATE HERNÁNDEZ LÓPEZ REGARDING THE CLAIM FOR INFRINGEMENT OF ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.

1. The historical context that at the time motivated the broad intervention of the Chamber in environmental matters has undergone considerable variation that requires this body to reconsider the conditions for its participation in securing the right of persons to a healthy and balanced environment, as has been protected in article 50 of the Political Constitution. Indeed, the current situation –characterized by a very broad legal and regulatory production that includes substantive rules, procedures, and the creation of bodies for compliance with what is ordered in the Fundamental Charter- is radically different from the previous one, in which the absence of regulations and state instances with appropriate competence imposed on the Chamber a role of protagonist, almost unique, in the defense of the aforementioned constitutional right. 2. Today, we find ourselves before a "dense fabric" of environmental regulations, which has produced two relevant phenomena: the first and most obvious is the emergence of a comprehensive legal regulation regarding activities whose incidence on the environment was little or not at all ordered, thus the creation of state bodies with powers of surveillance and control over the effects of human activity on the surroundings. The second phenomenon consists in the fact that this growing juridification –predominantly legislative and regulatory– brings with it an unavoidable entry onto the scene of both administrative justice and ordinary jurisdiction -primarily the contentious-administrative, but also the criminal.

In these provisions, in keeping with the importance of environmental law, procedural avenues and inclusive standing mechanisms have been broadly regulated, so that individuals may enforce what is established in that extensive legal order related to environmental matters. 3. In that context, it is neither legally appropriate nor functionally correct for the Constitutional Chamber to displace, or—even worse—substitute for, the ordinary judicial bodies in carrying out their task, also of constitutional rank, of ensuring the effective compliance with laws and regulations. It is legally inappropriate because in the vast majority of these cases, what is requested is that it interpret and enforce legal and regulatory provisions, thereby risking overlapping its powers with those of other jurisdictional bodies that—they, indeed—have been created to execute such tasks; and it is also functionally incorrect, because the design of its processes is ill-suited to the complexity present in numerous environmental conflicts comprising series of events and acts that are technically and legally complex. Regarding both matters, there are well-known examples in which the Chamber has thrown out a half-finished or technically incomplete resolution, or unnecessary friction and an undermining of legal certainty have been generated. 4. As part of the technical aspects I have assessed, I add the fact that this jurisdiction does not have enforcement judges for judgments, which would allow adequate follow-up of those judgments—generally complex—which sometimes entail the follow-up of remedial plans, among others, with inter-institutional coordination and follow-up spanning months and even years. 5. From that perspective, the decision to take a step aside in environmental matters by this Court should not be seen as an abandonment of environmental matters, but on the contrary, as its proper safeguarding in the instance best suited to the nature of its complexity and diversity. Likewise, it should not be seen as this instance declining its task of protecting constitutional rights imposed by the Political Constitution and its Organic Law, which, from my point of view, remains reserved in this matter for specific cases. Rather, it is an exercise of readjusting the burdens and tasks corresponding to the different state bodies, so that each of them may fully deploy its work within the sphere assigned to it, as well as an exercise of setting its own competence, as provided in Article 7 of its Organic Law. 6. It is clear that the Chamber is not proposing to abandon to other jurisdictions the work of protecting individuals' rights in environmental matters. It is well known that while every claim for infringement of legal and regulatory provisions can be redirected to the constitutional sphere, there are cases whose resolution requires nothing more than the application of constitutional law. The aim, then, is for the Chamber to become a protagonist alongside others, so that—among all and each in its own space—the entire variety of situations presented by the protection of the right to a healthy and balanced environment can be covered within a society in which there are also other equally pressing needs. Through this stance, I firmly believe that the citizen loses not an iota of protection, but there is a substantial gain in breadth, in perspective, and in respect for the balance and distribution of powers, this latter principle being of mandatory consideration, since it governs the constitutional dynamics of any liberal and democratic system such as ours.- 7. In line with the foregoing, I maintain that this Chamber must abstain from hearing claims presented before it for alleged violations of Article 50 of the Political Constitution, leaving their adjudication in the hands of the administrative justice and the contentious-administrative jurisdiction. The foregoing is affirmed with a general character, without prejudice to recognizing the existence of particular cases or groups of cases that, in my judgment, would indeed be even better safeguarded by this Chamber and must therefore be heard and resolved by it.- Within such groups of cases, and without this enunciation being able to be considered a closed and definitive list, I can point out that the Chamber must reserve hearing of situations such as, for example, claims for environmental violations that also directly endanger the health of persons, or the access to or quality of water; cases of gross and direct violations of the environment in which a manifest absence of protection by state authorities is confirmed, provided also that the nature of the claim permits it to be addressed through the remedy of amparo as a summary and special procedural institute, since I believe that the amparo should also not be “ordinaried” in order to address, even in these cited cases, matters that exceed the capacity to be adequately attended to within it. 8. In the specific case, in accordance with the proven facts, the complaint of the appealing party could eventually affect their health and that of their family. Consequently, it is clear that we are before the exceptions mentioned, and for that reason I have deemed it necessary for the Chamber to exercise its competence, to verify or rule out whether the indicated omissions violate the fundamental rights of the protected persons.

VI.- Separate Note of Judge Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the undersigned’s criterion that if intervention by the Public Administration has already occurred, its hearing and resolution falls to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to consider the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which it is alleged that the respondent authority built a drain so that wastewater from other dwellings discharges onto the protected person’s property, which has caused the formation of a swamp, full of mosquito larvae, posing a danger to the health of the appellant and their family, a threat to the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a decent level of quality of life.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, informatic, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty working days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in Session N° 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial N° 19, of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session N° 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is granted insofar as it is directed against the Concejo de Distrito de Lepanto. José Francisco Rodríguez Johnson, in his capacity as Municipal Intendant of the Concejo del Distrito de Lepanto, or whoever holds this position in his stead, is ordered that, within the scope of his powers, he adopt the necessary measures and coordinate with the necessary authorities so that, at the start of the rainy season of this year 2020, monitoring be carried out on the protected person’s property and, should the problem of water stagnation recur, he proceed to adopt the corresponding actions so that, definitively, within a reasonable period, a solution be given to the problem raised by the petitioner. All of the foregoing is issued with the warning that, in accordance with Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order from this Chamber that they must comply with or enforce and ignores it, provided the offense is not more severely penalized. The Concejo Municipal de Distrito de Lepanto is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the contentious-administrative jurisdiction. Judge Salazar Alvarado issues a separate note. Judge Hernández López issues a separate note. Juan Gabriel Ledezma Acevedo, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud de La Península, or whoever holds the position, takes note of what is indicated in Considerando IV of this judgment. Let this pronouncement be notified to José Francisco Rodríguez Johnson, in his capacity as Municipal Intendant of the Distrito de Lepanto, or whoever holds this position in his stead, in person.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *Q3IZUCW43BP061* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Marcadores

Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

ALCANTARILLADO.

MUNICIPALIDAD DE LEPANTO, CONSTRUYÓ DESAGÜE, QUE AFECTA PROPIEDAD PRIVADA DE UN PARTICULAR. SE ORDENA AL INTENDENTE MUNICIPAL, DEL CONCEJO DEL DISTRITO DE LEPANTO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y COORDINAR CON LAS INSTANCIAS NECESARIAS PARA QUE, AL INICIAR LA ESTACIÓN LLUVIOSA DEL PRESENTE AÑO 2020, SE REALICE UN MONITOREO EN LA PROPIEDAD DE LA AMPARADA Y DE RECURRIR EL PROBLEMA DE ESTANCAMIENTO DE AGUA, PROCEDA A ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA QUE DE MANERA DEFINITIVA, EN UN PLAZO RAZONABLE, SE DÉ UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO POR EL ACCIONANTE.

LBH05/21 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

PROPIEDAD PRIVADA..

MUNICIPALIDAD DE LEPANTO, CONSTRUYÓ DESAGÜE, QUE AFECTA PROPIEDAD PRIVADA DE UN PARTICULAR. SE ORDENA AL INTENDENTE MUNICIPAL, DEL CONCEJO DEL DISTRITO DE LEPANTO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y COORDINAR CON LAS INSTANCIAS NECESARIAS PARA QUE, AL INICIAR LA ESTACIÓN LLUVIOSA DEL PRESENTE AÑO 2020, SE REALICE UN MONITOREO EN LA PROPIEDAD DE LA AMPARADA Y DE RECURRIR EL PROBLEMA DE ESTANCAMIENTO DE AGUA, PROCEDA A ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA QUE DE MANERA DEFINITIVA, EN UN PLAZO RAZONABLE, SE DÉ UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO POR EL ACCIONANTE.

LBH05/21 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

MUNICIPALIDAD DE LEPANTO, CONSTRUYÓ DESAGÜE, QUE AFECTA PROPIEDAD PRIVADA DE UN PARTICULAR. SE ORDENA AL INTENDENTE MUNICIPAL, DEL CONCEJO DEL DISTRITO DE LEPANTO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y COORDINAR CON LAS INSTANCIAS NECESARIAS PARA QUE, AL INICIAR LA ESTACIÓN LLUVIOSA DEL PRESENTE AÑO 2020, SE REALICE UN MONITOREO EN LA PROPIEDAD DE LA AMPARADA Y DE RECURRIR EL PROBLEMA DE ESTANCAMIENTO DE AGUA, PROCEDA A ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA QUE DE MANERA DEFINITIVA, EN UN PLAZO RAZONABLE, SE DÉ UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO POR EL ACCIONANTE.

LBH05/21 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: MUNICIPALIDAD Subtemas:

QUEJA.

MUNICIPALIDAD DE LEPANTO, CONSTRUYÓ DESAGÜE, QUE AFECTA PROPIEDAD PRIVADA DE UN PARTICULAR. SE ORDENA AL INTENDENTE MUNICIPAL, DEL CONCEJO DEL DISTRITO DE LEPANTO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y COORDINAR CON LAS INSTANCIAS NECESARIAS PARA QUE, AL INICIAR LA ESTACIÓN LLUVIOSA DEL PRESENTE AÑO 2020, SE REALICE UN MONITOREO EN LA PROPIEDAD DE LA AMPARADA Y DE RECURRIR EL PROBLEMA DE ESTANCAMIENTO DE AGUA, PROCEDA A ADOPTAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA QUE DE MANERA DEFINITIVA, EN UN PLAZO RAZONABLE, SE DÉ UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO POR EL ACCIONANTE.

LBH05/21 ... Ver más *190207520007CO* Res. Nº 2020001353 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de enero de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-020752-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], contra la Municipalidad de Puntarenas y el Concejo de Distrito de Lepanto.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 01 de noviembre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Puntarenas y el Concejo de Distrito de Lepanto y manifiesta que la amparada es una persona adulta mayor, dueña de una finca ubicada en Los Cedros de Jicaral, Lepanto de Puntarenas, en la que construyó su casa de habitación. Señala que el 5 de octubre de 2019, funcionarios municipales llegaron sorpresivamente a una calle aledaña que corre de forma paralela a su inmueble y con maquinaria procedieron a construir un desagüe. Al final de este, colocaron un tubo de plástico que pasaron por una propiedad colindante a la suya, a fin de descargar las aguas dentro de su propiedad. Explica que dichas aguas son generadas en las viviendas localizadas frente a la calle pública, no solamente las pluviales, sino también las servidas. Al no haber sido notificado al respecto previamente y dado el evidente perjuicio sufrido, en un primer momento dialogó con los funcionarios que realizaron las obras, los cuales se limitaron a contestarle que ellos habían sido enviados para tal fin. Posteriormente, se trasladó al Concejo para protestar y pedir el retiro de las obras, pero ningún funcionario lo atendió. Alega que las aguas que se vertieron en su terreno se empozan, por lo que se ha formado una especie de pantano lleno de larvas de zancudos transmisores de varias enfermedades. Reclama que antes de las obras el lugar era sano, mientras que ahora no puede hacer uso de su propiedad porque es insalubre. Por lo expuesto, acude a esta Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- La resolución de las 14:19 horas del 04 de noviembre de 2019, que da curso a este amparo fue debidamente notificada a las autoridades recurridas el 07 del mismo mes.

3. Informa bajo juramento Randall Chavarría Matarrita, en su condición de Alcalde Municipal del Cantón Central de Puntarenas, que ante el traslado de dicho recurso, se procedió a realizar una inspección en la propiedad de la recurrente y propiedades aledañas, cuya jurisdicción no corresponde a la Municipalidad. Pide se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento José Francisco Rodríguez Johnson, en su condición de Intendente Municipal, del Distrito de Lepanto, que en el lugar indicado por el recurrente existe un problema de desagüe del curso normal de las aguas pluviales, que discurren en el barrio El Jardín, por obras que el gobierno local ha realizado en labores del mantenimiento vial del distrito en las administraciones municipales anteriores donde rellenaron la calle creando una especie de dique, que da como resultado el estancamiento de aguas. Al darse problemas de salubridad, los habitantes del barrio El Jardín, se apersonaron a exponer la problemática generada por las aguas empozadas en un lote aledaño a la calle pública. Agregan que en las proximidades está el río San Pedro, que en el invierno sufre desborde por la cantidad de agua que cae por las lluvias de la temporada. Por el problema de salud existen casos de dengue en la localidad, provocado por el estancamiento de aguas de lluvia que se empoza y que generan malos olores y plagas de insectos trasmisores de enfermedades, así como un caso agudo o de gravedad por hepatitis A. Esto según se les hizo saber y que la vecina de dicha localidad les hizo llegar ante la averiguación que se está realizando en ocasión al informe solicitado por esta Sala. (Ver certificado médico de [Nombre 003] , cédula [Valor 003] , del área de salud Jicaral - Islas de la C.C.S.S.) Ante esta situación, se realizan obras que tuvieron por objeto el desaguar el referido lote empozado, mediante el paso de una cuneta que se construye entre dos propiedades, para que esta pueda desaguar normalmente y como desde siempre ha sucedido en este barrio. La localidad de Jicaral, no cuenta con alcantarillado en la mayoría de sus comunidades, por lo que las aguas pluviales generadas por el fuerte invierno que se precipitan en esta zona, mismas que circulan por las calles, siendo esto lo que ha sucedido desde hace mucho tiempo en el sitio. Se trata de la ejecución de proyectos de obras de mejoramiento vial, en el que hizo tratamiento sobre la vía que alzaron el nivel de la calle, lo que modificó el curso acostumbrado de las aguas pluviales en la localidad, generando un mayor problema, al no permitir el desagüe normal de éstas. En razón de esto, se hicieron nuevos trabajos en el barrio el Jardín, para bajar de nuevo el nivel de la calle, y que así, el curso del agua volviese a discurrir como acostumbradamente sucedía, antes de los trabajos realizados sobre la calle. De ahí que se sostiene que las aguas pluviales, en la normalidad, discurren en una parte de la finca que está en desuso por su propietaria, que sería lo que indica ser propietaria la recurrente. No es cierto y se rechaza por ser falso que se le estén vertiendo las aguas referidas o a su casa de habitación construida. De hecho, se sabe que es una parte de su propiedad donde, antes de este recurso de amparo, las aguas pluviales, llegaban hasta su propiedad. Tampoco se le está causando un daño estructural de la casa habitación donde ella habita. Se trata de una parte minúscula de la finca de ésta, que no está siendo empleada para algún fin específico por la recurrente según se observa en fotografías. Tampoco es cierto que se trate de aguas negras, servidas o jabonosas, se trata de aguas que no son absorbidas en razón de la saturación del suelo. Importante mencionar, que los lotes de donde se desagua y de donde se arrojan las aguas son lotes donde no hay casas de habitación. Son lotes que sus mismos dueños no ocupan en su totalidad. Las fotos muestran la construcción de la cuneta y el lote donde normalmente discurren las aguas que estas cunetas conducen hasta los lugares donde acostumbran dirigirse las aguas pluviales circulantes en el lugar. La actuación municipal encuentra sustento en lo indicado en el numeral 20 de la ley No. 5060, que es la ley de caminos públicos, el cual, reza de esta manera: "ARTÍCULO 20.- Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos. El Ministerio o las Municipalidades mandaran a ejecutar el trabajo y cobrarán el trabajo más el cincuenta por ciento (50%) de recargo, si esta obligación no se cumpliere. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las Municipalidades deberán coordinar con el Ministerio de Agricultura las medidas de protección de los caminos en los proyectos de nuevos trazados o en los trabajos de conservación de los existentes, en las regiones donde los mismos puedan provocar o intensificar la erosión o desviar el desagüe natural de los campos". Este artículo, da pie a la actuación legal de la administración municipal, que lejos de querer generar problemas con algún habitante de ese distrito, ha buscado el bienestar común, el cual, ha llevado a tomar medidas sobre el asunto, de forma que se mitigara el mayor efecto sobre los pobladores, como lo es los ya enunciados problemas de salud por aguas estancadas en terrenos desocupados. Cabe decir que estos problemas de saturación de suelos, se han dejado de dar, esto pues, el inminente ingreso de la estación seca, hace que no se den más los aguaceros torrenciales que generan esta problemática. Así las cosas, pide se declare sin lugar el recurso. Piden se declare sin lugar el recurso.

5.- Por resolución de las 10:11 horas del 09 de diciembre de 2019 esta Sala pidió al Área Rectora de Salud Peninsular (Jicaral) del Ministerio de Salud, a fin de que se refiera al problema de desagüe de las aguas que discurren en la zona donde habita la tutelada y a los hechos que expone en el escrito de interposición.

6.- Informa Juan Gabriel Ledezma Acevedo, en su calidad de Director del Área Rectora de Salud de La Península que en fecha del día 13 de noviembre del 2019, se procede con la inspección al Barrio El Jardín en Jicaral de Puntarenas que a la propiedad de la señora Barrantes por mal manejo de aguas residuales y encauzamiento de aguas pluviales provenientes de una carretera paralela a la propiedad afectada. En la visita de inspección se realizó un recorrido por el interior de la propiedad afectada en donde se logró evidenciar que este terreno es utilizado por los dueños como una zona de cultivo plantas ornamentales y presencia de cultivos de mango al igual que de pitahaya. Este terreno colinda con el barrio el Jardín y producto del recorrido se evidenciaron al menos tres puntos específicos de viviendas que sus aguas residuales (grises), discurren superficialmente hasta este terreno al ser colindantes, por lo que se evidenció un mal manejo y un riesgo para la salud de los habitantes. Con relación al encauzamiento de las aguas pluviales hasta esta propiedad, se logró identificar la existencia de un canal construido en concreto que atraviesa por en medio de dos patios de viviendas del barrio el Jardín con una dimensión aproximada de 1,00 m de ancho de solera y 0,23 m de alto (ver anexo 3), y que desembocan directamente en el terreno de la Señora [Nombre 002]. Sin embargo al momento de la visita por encontrarnos en época de verano no existen escorrentías pluviales al igual que estancamiento provocadas por lluvias. Posteriormente se procedió a realizar una visita al barrio el Jardín en donde se comprueba que existe una carretera vecinal de al menos 320 m de distancia que existen viviendas a ambos lado de dicho camino pero no se cuenta con infraestructura pluvial o aceras, sin embargo se logró comprobar que las aguas pluviales provenientes de la vía pública principal no discurren por este camino vecinal. Pero se comprueba que en un sector de este camino se realizaron una obra de colocación de concreto de al menos 6 m de largo por 5 m de ancho frente al canal que culmina con la propiedad de la afectada. Este camino es de lastre y no cuenta con cuneteado pluvial además no se evidencia la existencia de aguas residuales que las viviendas dispongan a este camino vecinal y así se evidencia en las fotografías tomadas. Dice que analizada la información recabada en la visita de inspección, no se observan puntos de descarga de aguas residuales hacia la calle paralela a la propiedad de la Señora Nydia Barrantes, sin embargo si se comprueba la existencia de al menos tres puntos de descargas de aguas residuales de viviendas a la propiedad de la afectada, las cuales son un riesgo para la salud de los vecinos y el medio ambiente. Se comprueba la construcción de obras de encauzamiento de las aguas pluviales del camino vecinal hacia la propiedad de la afectada, en esta no se observan aguas residuales que discurren por este canal. Por tal razón es criterio de este proceso recomendar se realice la visita de campo a las vivienda identificadas para que mediante orden sanitaria procedan a realizar el manejo adecuado de sus aguas residuales dentro de su propiedad, acorde se establece en la Legislación sanitaria y ambientes vigentes.

7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Delgado Faith; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO . El recurrente manifiesta que en la propiedad de la amparada -persona adulta mayor-, ubicada en Los Cedros de Jicaral, Lepanto de Puntarenas, en la que construyó su casa de habitación; el 5 de octubre de 2019, funcionarios municipales llegaron sorpresivamente a una calle aledaña que corre de forma paralela a su inmueble y, sin previo aviso, con maquinaria procedieron a construir un desagüe, colocaron un tubo de plástico que pasaron por una propiedad colindante a la suya, a fin de descargar las aguas dentro de su propiedad. Reclama que las aguas que se vertieron en su terreno se empozan, por lo que se ha formado una especie de pantano lleno de larvas de zancudos transmisores de varias enfermedades. Sin embargo las autoridades municipales no han revertido la situación, pese a que antes el lugar era sano, mientras que ahora no puede hacer uso de su propiedad porque es insalubre. Solicita la intervención de la Sala.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

La propiedad de la tutelada está ubicada en el barrio El Jardín, de la localidad de Jicaral, que no cuenta con alcantarillado en la mayoría de sus comunidades. La falta de alcantarillas hace que las aguas pluviales generadas durante la época de lluvia se precipitan en esta zona y circulan por las calles (informe de Intendente Municipal, del Distrito de Lepanto).

En el barrio donde está la propiedad de la tutelada existe un problema de desagüe del curso normal de las aguas pluviales, por estancamiento de aguas empozadas en un lote aledaño a la calle pública (informe de Intendente Municipal, del Distrito de Lepanto).

El problema de estancamiento de aguas ha generado casos de dengue en época de lluvia, además de malos olores y plagas de insectos trasmisores de enfermedades, así como un caso agudo o de gravedad por hepatitis A (informe de Intendente Municipal, del Distrito de Lepanto).

Ante la situación de riesgo a la salud, la Municipalidad recurrida decidió realizar obras que tuvieran por objeto el desaguar el referido lote empozado, mediante el paso de una cuneta que se construye entre dos propiedades, para que esta pueda desaguar normalmente. Para ello se elevó el nivel de la calle, lo que modificó el curso acostumbrado de las aguas pluviales en la localidad, generando un mayor problema, al no permitir el desagüe normal de éstas; lo que afirma hace según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos (informe de Intendente Municipal, del Distrito de Lepanto).

Para corregir el yerro anterior y con el fin de bajar de nuevo el nivel de la calle, la Municipalidad recurrida hizo nuevos trabajos en el barrio el Jardín, afectando una parte de la propiedad de la tutelada y logrando que el curso del agua volviese a discurrir como acostumbradamente sucedía, antes de los trabajos realizados sobre la calle (informe de Intendente Municipal, del Distrito de Lepanto).

En inspección realizada por el Área de Salud de La Península, con el propósito de valorar el encausamiento de las aguas pluviales hasta la propiedad de la recurrente, se logró identificar la existencia de un canal construido en concreto que atraviesa los dos patios de viviendas del barrio el Jardín con una dimensión aproximada de 1,00 m de ancho de solera y 0,23 m de alto (ver anexo 3), y que desembocan directamente en el terreno de la tutelada [Nombre 002] (Informe del Director del Área Rectora de Salud de La Península).

Al realizarse la inspección por parte del Área de Salud, por haberse hecho en época de verano, no existen escorrentías pluviales ni estancamiento provocadas por lluvias. Se comprueba que existe una carretera vecinal de al menos 320 m de distancia que existen viviendas a ambos lado de dicho camino pero no se cuenta con infraestructura pluvial o aceras, sin embargo se logró comprobar que las aguas pluviales provenientes de la vía pública principal no discurren por este camino vecinal. Pero se comprueba que en un sector de este camino se realizaron una obra de colocación de concreto de al menos 6 m de largo por 5 m de ancho frente al canal que culmina con la propiedad de la afectada. Este camino es de lastre y no cuenta con cuneteado pluvial además no se evidencia la existencia de aguas residuales que las viviendas dispongan a este camino vecinal (Informe del Director del Área Rectora de Salud de La Península).

En criterio del Área de Salud, es oportuno realizar la visita de campo a las viviendas identificadas para que mediante orden sanitaria, procedan a realizar el manejo adecuado de sus aguas residuales dentro de su propiedad, acorde se establece en la Legislación sanitaria y ambientes vigentes (Informe del Director del Área Rectora de Salud de La Península).

III.- EL PAPEL DE LAS MUNICIPALIDADES EN MATERIA AMBIENTAL . En sentencia No. 2011-012986 de las 14:40 horas del 27 de septiembre de 2011, este Tribunal explicó las principales funciones y potestades de las municipalidades en materia ambiental y prevención del riesgo. En ese sentido, explicó que:

"De conformidad con lo dicho, las municipalidades, como parte integrante del todo que es el Estado, tienen dentro del ámbito de sus competencias y obligaciones una alta dosis de responsabilidad en materia ambiental, sea mediante la aprobación directa de permisos o licencias para las cuales se exija el previo cumplimiento de requisitos que acrediten ante otras instancias del poder público el adecuado manejo Ambiental, como mediante inspecciones regulares y canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención. Ha quedado establecido ya que a los gobiernos locales les alcanza la obligación de coordinación y prevención en materia ambiental dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, de donde resulta que ciertamente las municipalidades son actores importantes en la tarea de protección al ambiente ("). Es por lo anterior que las normas tutelares del ambiente no son incompatibles, desde el punto de vista constitucional, con las facultades y competencias de las municipalidades, las que están obligadas, por imperativo del artículo cincuenta de la Constitución Política, a prodigarse en la protección del ambiente (ver, en este sentido, sentencia número 2006-7994, de las ocho horas cincuenta y siete minutos del 2 de junio de 2006)".

IV.- SOBRE EL FONDO. En el presente asunto, el recurrente reclama que la autoridad recurrida, sin aviso previo, en octubre de 2019, procedió a construir un desagüe mediante la colocación de un tubo de plástico que pasa por una propiedad colindante a la de la tutelada, a fin de descargar las aguas dentro de la propiedad de esta; con el inconveniente que las mismas se estancan, formando una especie de pantano lleno de larvas de zancudos transmisores de varias enfermedades. Por su parte, el Intendente del Distrito de Lepanto admite en el informe rendido ante esta Sala que realizó obras de canalización de aguas que afectan una pequeña parte de la propiedad de la tutelada, las que eran necesarias debido a la falta de alcantarillado en el vecindario donde está ubicada la propiedad y para detener la propagación de enfermedades provocadas porque el curso del agua no discurría con normalidad. Justifica lo actuado en la norma dispuesta en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos y niega que se produzcan los efectos que describe la amparada o que se vean afectados sus derechos fundamentales. De los hechos que se tienen por debidamente demostrados en este asunto, esta Sala advierte a la autoridad recurrida en primer término que, si bien es cierto el artículo 20 del cuerpo normativo citado establece la obligación de los poseedores de bienes inmuebles, por cualquier título, de dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así ocurra por el desnivel del terreno, se trata de un flujo razonable, no de uno excesivo o anormal que implique el anegamiento y el deterioro o degradación del inmueble. Situación que en el presente caso no se ha descartado, según prueba para mejor resolver aportada a esta Sala por parte del Área Rectora de Salud Peninsular (Jicaral) del Ministerio de Salud. En la visita de campo realizada el 13 de noviembre de 2019, a fin de analizar la situación del desagüe de las aguas que discurren en la propiedad de la tutelada y a los hechos que expone en el escrito de interposición, el Área de Salud señala que si bien no se observan puntos de descarga de aguas residuales hacia la calle paralela a la propiedad de la Señora Nydia Barrantes, sí se comprueba la existencia de al menos tres puntos de descargas de aguas residuales de viviendas a la propiedad de la afectada, las cuales son un riesgo para la salud de los vecinos y el medio ambiente. Añade que se comprueba la construcción de obras de encauzamiento de las aguas pluviales del camino vecinal que desembocan directamente en el terreno de la tutelada, y en esta no se observan aguas residuales que discurren por este canal. No hay escorrentías pluviales ni estancamiento por lluvia, lo que podría explicarse en que al momento de hacerse la inspección, se está en la época seca, sin lluvias. Con base en lo anterior, el Área Rectora de Salud recomienda en este caso que se realice la visita de campo a las viviendas identificadas para que, mediante orden sanitaria se proceda a realizar el manejo adecuado de sus aguas residuales dentro de su propiedad, y lograr que se dé un manejo adecuado de las aguas residuales dentro de la propiedad. Esto es si discurren correctamente acorde con lo que establece la legislación sanitaria y ambiental vigente. Con base en el cuadro fáctico descrito, esta Sala infiere que la autoridad recurrida accionada no tomó en este asunto las medidas suficientes para dar una solución definitiva a la problemática de encauzamiento de las aguas en la comunidad donde se encuentra la propiedad de la recurrente. Sino que dispuso realizar algunas obras que hace que las aguas desemboquen en la propiedad de la amparada, sin prever la posibilidad de estancamiento, con los efectos contrarios al medio ambiente y a la salud que ello puede acarrear; actuación alejada de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas, afectando los derechos fundamentales de la amparada. Bajo esa perspectiva, y aunque esta Sala colige que las obras se realizan con el fin de dar una salida al problema de falta de alcantarillado en la comunidad donde habita la tutelada y que las aguas no desembocan en la casa de habitación de esta, pero sí en parte de su propiedad, lo cierto es que no puede la Municipalidad desviar las aguas en esa propiedad sin mayores precauciones, pudiendo afectar el equilibrio ambiental en esa zona y poniendo en riesgo su salud y la de los vecinos, tal como lo pronostica la autoridad de salud, en el informe rendido ante esta Sala. Por ello, lo procedente es declarar con lugar el recurso, ordenando al Distrito de Lepanto recurrido, tomar las medidas necesarias encaminadas a realizar un monitoreo en la propiedad de la amparada desde el inicio de la estación lluviosa del presente año y de recurrir el problema de estancamiento de agua alegado por el recurrente, adopte las acciones que correspondan para que de manera definitiva, en un plazo razonable se dé una solución al problema planteado por el accionante, lo que en efecto se hace. Asimismo, se advierte al Área Rectora de Salud de la Península -que aportó prueba para mejor resolver- su deber de dar seguimiento al presente asunto, con el fin de valorar si procede emitir órdenes sanitarias que procuren un manejo adecuado de las aguas residuales en la localidad donde se ubica la propiedad de la tutelada.

V.- NOTA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional. 2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental. 3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica. 4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remédiales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años. 5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica. 6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo. 8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados, el reclamo de la parte recurrente, podría eventualmente incidir en su salud y la de la su familia. En consecuencia, es claro que estamos ante las excepciones que mencionan y por esa razón he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas.

VI.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que la autoridad recurrida construyó un desagüe para que las aguas servidas de otras viviendas desfoguen en la propiedad del amparado, lo que ha provocado la formación de un pantano, lleno de larvas de zancudos, que provoca un peligro para la salud del recurrente y su familias, una amenaza al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso en cuanto se dirige contra el Concejo de Distrito de Lepanto. Se ordena a José Francisco Rodríguez Johnson, en su condición de Intendente Municipal, del Concejo del Distrito de Lepanto o a quien en su lugar ocupe este cargo que, dentro del ámbito de sus competencias, adopte las medidas necesarias y coordine con las instancias necesarias para que, al iniciar la estación lluviosa del presente año 2020, se realice un monitoreo en la propiedad de la amparada y de recurrir el problema de estancamiento de agua, proceda a adoptar las acciones que correspondan para que de manera definitiva, en un plazo razonable, se dé una solución al problema planteado por el accionante. Todo lo anterior se dicta con la advertencia de que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta día multa a quien reciba una orden de esta Sala que deba cumplir o hacer cumplir y la inobserve, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Hernández López pone nota. Tome nota Juan Gabriel Ledezma Acevedo, en su calidad de Director del Área Rectora de Salud de La Península o quien ocupe el cargo, de lo indicado en el Considerando IV de esta sentencia. Notifíquese este pronunciamiento a José Francisco Rodríguez Johnson, en su condición de Intendente Municipal, del Distrito de Lepanto o a quien en su lugar ocupe este cargo, en forma personal.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Alejandro Delgado F.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *Q3IZUCW43BP061* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Constitución Política Art. 50
    • Ley General de Caminos Públicos, Ley 5060 Art. 20

    Spanish key termsTérminos clave en español

    News & Updates Noticias y Actualizaciones

    All articles → Todos los artículos →

    Weekly Dispatch Boletín Semanal

    Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

    ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

    One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

    Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
    Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

    Stay Informed Mantente Informado

    Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

    Email Updates Actualizaciones por Correo

    Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

    Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

    WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

    Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

    Join Channel Unirse al Canal
    Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
    🙏