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Res. 00855-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/01/2020
OutcomeResultado
The Chamber denied the amparo, finding that the project had the necessary permits and environmental viability, and that challenges to the administrative acts must be brought before the contentious-administrative jurisdiction.La Sala declaró sin lugar el recurso de amparo por considerar que el proyecto contaba con los permisos y la viabilidad ambiental correspondientes, y que la discusión sobre la legalidad de los actos administrativos debe plantearse en sede contencioso-administrativa.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber dismissed an amparo action filed by a neighbor and a rural aqueduct association (ASADA) against ICE and MINAE, concerning authorized tree felling for the construction of the South Ring 230 kV Transmission Line. The plaintiffs claimed that cutting down an oak forest would affect water springs used by the communities of La Garita de Copalchí and Higuito de Desamparados. The Court found that the project has environmental viability from SETENA and logging permits granted by SINAC, both for the Copalchí Montaña del Águila farm and for the area near the “El Santuario” spring. Field inspections showed that the water intakes identified by the plaintiff are outside the protection zone under Article 33 of the Forestry Law, or that cutting occurred more than 10 meters away and was covered by permits and a national convenience decree. The majority held that any challenge to the administrative acts must be brought before the contentious-administrative jurisdiction, not through amparo. Justice Rueda Leal dissented, considering it premature to dismiss without requesting reports from SETENA and SENARA. Justice Salazar Alvarado added a note stating he would review the merits when rights to a healthy environment are at stake, but concurred that this case concerns the legality of administrative acts.La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo presentado por una vecina y una ASADA contra el ICE y el MINAE, por la tala de árboles autorizada para la construcción de la Línea de Transmisión Anillo Sur 230 kV. La recurrente alegaba que la tala de un bosque de robles afectaría nacientes de agua que abastecen a la comunidad de La Garita de Copalchí y a Higuito de Desamparados. El Tribunal constató que el proyecto cuenta con viabilidad ambiental otorgada por SETENA y permisos de corta emitidos por el SINAC, tanto para la finca de Copalchí Montaña del Águila como para el sector de la naciente “El Santuario”. Además, las inspecciones de campo determinaron que las captaciones de agua señaladas por la recurrente se encuentran fuera del área de protección del artículo 33 de la Ley Forestal, o bien la corta se realizó a más de 10 metros de distancia y amparada en permisos y en el decreto de conveniencia nacional. La mayoría consideró que cualquier disconformidad con los actos administrativos debe ventilarse en sede contencioso-administrativa, no en amparo. El voto salvado del Magistrado Rueda Leal estimó prematuro desestimar el recurso sin haber solicitado informes a SETENA y SENARA. El Magistrado Salazar Alvarado puso nota para señalar que sí entra al fondo cuando están en juego derechos a un ambiente sano, pero coincidió en que en este caso la cuestión es de legalidad de actos administrativos.
Key excerptExtracto clave
IV.- Regarding springs ONE and TWO. From the proven facts it follows that the Instituto Costarricense de Electricidad obtained the necessary authorizations to carry out the contested tree felling, and indeed, the project in question has environmental viability granted by the National Technical Environmental Secretariat (SETENA), which includes mitigation measures. Note also that, in an inspection conducted on November 8, 2019, following a complaint filed by María Díaz Alvarado on June 11, 2019, the Subregional Office of Cartago of the Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas confirmed that: a) no trees had been cut down, and b) the trees located in the ICE right-of-way are outside the protection areas of any public domain watercourses mentioned by the petitioner. Any disagreement the petitioner may have regarding the legal basis of the administrative acts issued must be raised before the Administration itself, or before the contentious-administrative jurisdiction. Under these considerations, the amparo action must be dismissed. V.- Regarding the “El Santuario” spring. (...) Víctor Manuel Solís Padilla neither alleged nor demonstrated that he had previously reported the alleged irregularities to the competent bodies of the National System of Conservation Areas or to SETENA before coming to this Court; therefore, the amparo action is inadmissible. This Constitutional Chamber is not an instance for processing complaints. VI.- Furthermore, it must be taken into account that in their reports, both the Director of the South Ring Transmission Line Project (...) made it clear that they have the authorizations issued by the Subregional Offices of Cartago and San José, both of the Central Conservation Area of SINAC, as well as the environmental viability granted by SETENA. We reiterate that it is not for this Court to determine the compatibility of these administrative acts with the infra-constitutional legal system. That undoubtedly exceeds both the summary nature of the amparo remedy and the jurisdiction of this Chamber, as defined by law and the Political Constitution itself.IV.- Sobre las nacientes UNO y DOS. De la relación de hechos probados se desprende que el Instituto Costarricense de Electricidad obtuvo las autorizaciones necesarias para efectuar la tala de árboles que se reclama, e inclusive, el proyecto en cuestión cuenta con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en el cual se previeron medidas de mitigación. Nótese además que, en una inspección efectuada el 8 de noviembre de 2019, ante una denuncia presentada por la María Díaz Alvarado el 11 de junio de 2019, la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación constató que: a) no se habían cortado árboles y, b) los árboles ubicados en la servidumbre de paso del ICE, se encuentran fuera de las área de protección de los posibles cauces de dominio público mencionados por la recurrente. Cualquier inconformidad que la recurrente tenga respecto del fundamento legal de los actos administrativos emitidos, debe plantearla ante la propia Administración, o bien, en la sede jurisdiccional contencioso – administrativa. Bajo este orden de consideraciones, el recurso de amparo debe ser desestimado. V.- Sobre la naciente “El Santuario”. (...) Víctor Manuel Solís Padilla no alegó y mucho menos demostró haber denunciado de previo a acudir ante este Tribunal, las supuestas anomalías, ante las instancias competentes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación o bien la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el recurso de amparo deviene improcedente. Esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias. VI.- A mayor abundamiento debe tomarse en cuenta que en sus informes tanto el Director del Proyecto (...) fueron claros al señalar que se cuentan con las autorizaciones emitidas por las Oficinas Subregionales de Cartago y San José, ambas del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así como con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Se insiste que no corresponde a este Tribunal determinar la compatibilidad de estos actos administrativos, con el ordenamiento jurídico infraconstitucional. Eso sin duda alguna excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo como la competencia de esta Sala, definida por la Ley y la propia Constitución Política.
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"Cualquier inconformidad que la recurrente tenga respecto del fundamento legal de los actos administrativos emitidos, debe plantearla ante la propia Administración, o bien, en la sede jurisdiccional contencioso – administrativa."
"Any disagreement the petitioner may have regarding the legal basis of the administrative acts issued must be raised before the Administration itself, or before the contentious-administrative jurisdiction."
Considerando IV
"Cualquier inconformidad que la recurrente tenga respecto del fundamento legal de los actos administrativos emitidos, debe plantearla ante la propia Administración, o bien, en la sede jurisdiccional contencioso – administrativa."
Considerando IV
"Esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias."
"This Constitutional Chamber is not an instance for processing complaints."
Considerando V
"Esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias."
Considerando V
"Se insiste que no corresponde a este Tribunal determinar la compatibilidad de estos actos administrativos, con el ordenamiento jurídico infraconstitucional. Eso sin duda alguna excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo como la competencia de esta Sala, definida por la Ley y la propia Constitución Política."
"We reiterate that it is not for this Court to determine the compatibility of these administrative acts with the infra-constitutional legal system. That undoubtedly exceeds both the summary nature of the amparo remedy and the jurisdiction of this Chamber, as defined by law and the Political Constitution itself."
Considerando VI
"Se insiste que no corresponde a este Tribunal determinar la compatibilidad de estos actos administrativos, con el ordenamiento jurídico infraconstitucional. Eso sin duda alguna excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo como la competencia de esta Sala, definida por la Ley y la propia Constitución Política."
Considerando VI
"De existir posibles efectos del proyecto sobre la disponibilidad de agua de la naciente y el caudal futuro principalmente en verano, no son competencia del SINAC poder determinarlos, estos debieron ser valorados por las instituciones atinentes y contemplados de ser necesario, en el estudio de impacto ambiental que se realizó para dicho proyecto el cual fue aprobado y emitida una viabilidad ambiental por la SETENA."
"If there are possible effects of the project on the spring's water availability and future flow, especially in summer, SINAC is not competent to determine them; these should have been assessed by the relevant institutions and included, if necessary, in the environmental impact study carried out for the project, which was approved and granted environmental viability by SETENA."
Voto salvado Magistrado Rueda Leal, Considerando VIII
"De existir posibles efectos del proyecto sobre la disponibilidad de agua de la naciente y el caudal futuro principalmente en verano, no son competencia del SINAC poder determinarlos, estos debieron ser valorados por las instituciones atinentes y contemplados de ser necesario, en el estudio de impacto ambiental que se realizó para dicho proyecto el cual fue aprobado y emitida una viabilidad ambiental por la SETENA."
Voto salvado Magistrado Rueda Leal, Considerando VIII
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on the seventeenth of January of two thousand twenty.
Appeal for constitutional relief (Recurso de amparo) filed by MARÍA DÍAZ ALVARADO, identity card number 0105970014, against EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD AND EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
Whereas:
Drafted by Magistrate Araya García; and,
Considering:
I.Object of the appeal. The petitioner, who resides in La Garita de Copalchí, pointed out that the Instituto Costarricense de Electricidad, is implementing in the zone the project called "Línea de Transmisión Anillo Sur 230 KV". She argued that near her house they installed Tower No. 29, which will imply cutting down an entire oak forest (located on finca No. 32091 owned by Henry Rojas Picado) that protects the water springs (nacientes) used by the neighbors of the place to supply themselves. She fears losing access to the water resource.
The Instituto Costarricense de Electricidad implements the Línea de Transmisión Anillo Sur 230 KV project, with the purpose of reinforcing the existing infrastructure of the transmission network of the Mercado Eléctrico Regional (MER) (see the report of the Project Director, added to the digital case file). Through resolutions Nos. 1601-2007-SETENA of July 27, 2007 and No. 2379-2010- SETENA of 09:45 hours on October 4, 2010, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, granted environmental viability to the project (see the report of the Project Director, as well as the evidence provided, added to the digital case file). Since the year 2018, the Instituto Costarricense de Electricidad has managed before the Cartago Subregional Office of the Área de Conservación Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, the timber harvesting permits for the enabling of the easement (servidumbre de paso) for the Línea de Transmisión Anillo Sur 230 KV project (see the report of the Minster of Ambiente y Energía, added to the digital case file). By means of resolution No.
VC-VC06-PCE-CN-013-2019 of April 10, 2019, the Cartago Subregional Office of the Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy granted the Instituto Costarricense de Electricidad a permit to cut 66 trees on the property registered under folio real No. 3 – 32091 – 000, owned by Copalchí Montaña del Águila Limitada (see the Project Director’s report, as well as the evidence provided, added to the digital case file). As part of the project’s Environmental Management Plan, the Instituto Costarricense de Electricidad has carried out reforestation as a replacement of 10 to 1 for trees cut in forested areas; additionally, the conductor stringing process, “(…) is being carried out using a helicopter, which projected a significant reduction in tree cutting. For the entire line considering all identified land uses (…) the cutting of approximately 6,500 trees will be avoided.
For the particular case of the total forest cover within the project easements (servidumbre), it amounts to 16.9 hectares, for an approximate total of 4,732 trees within that cover, of which only 1,912 (40%) were considered within the cutting process, leaving 2,820 trees uncut in the forest (…) As part of this applied mitigation measure, at the specific site located in the span between tower 28 and 29 (the case cited by the appellant), there are 2.1 hectares of forest cover, of which, due to the use of the helicopter, only 0.4 hectares must be cut, representing 19% of the forest cover within the span (…)” (see the Project Director’s report, added to the digital case file). On June 11, 2019, María Díaz Alvarado filed a complaint through the Integrated System for Processing and Attention of Environmental Complaints (SITADA): “(…) With the Southern Ring 230 kV Transmission Line project, whose environmental viability was granted through resolution No. 2379 – 2010 – SETENA, there will be logging of a centenary oak forest and in whose easement (servidumbre) there is a spring (naciente) that provides water to the community of La Garita de Copalchí.
The cutting of trees in that easement would leave us without water and we have nowhere to supply ourselves. We need a review of the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) there are aspects without assessment (…)” (see the evidence provided by the Minister of Environment and Energy, added to the digital case file). On November 8, 2019, the Cartago Subregional Office of the Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas conducted an inspection on the farm registered under folio real No. 3 – 32091 – 000, owned by Copalchí Montaña del Águila Limitada, verifying that no trees had been cut (see the report of the Minister of Environment and Energy, added to the digital case file). On November 8, 2019, and in response to a complaint filed by the appellant, the Cartago Subregional Office of the Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas visited the two water intakes that the appellant claims are in danger due to the planned tree felling: intake “one” has coordinates CRTM05: 497352.3; 1086584.8, and intake “two,” coordinates CRTM05: 497101; 1086543: “(…) According to this information, Intake One is located approximately more than 150 m to the northeast of the easement (servidumbre), and Intake Two is located approximately 76 m from tree number 62, which is located within the ICE easement (servidumbre) and has authorization to be harvested, bearing northwest.
Based on the foregoing, assuming that Intake ONE is a spring (naciente) (the MINAE Water Directorate being the entity authorized to confirm such assumption), the access easement (Servidumbre de paso) and the trees to be cut are outside the protection area established by Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575. Intake Two, which is in a river channel (like Intake ONE depending on what the MINAE Water Directorate determines), is estimated not to be affected by the protection area established by Article 33 (…) the trees located in the ICE access easement (servidumbre de paso) are outside the protection areas of the possible public domain waterways mentioned by Mrs. María Díaz (…)” (see the report of the Minister of Environment and Energy, added to the digital case file). As indicated by Víctor Manuel Solís Padilla, General Proxy of the Managing Association of the Rural Aqueduct of Higuito de San Miguel de Desamparados, “(…) the location of the spring (naciente) called “El Santuario” is at coordinates latitude 202.676 and latitude 533.227 at an altitude of 565 meters above sea level.
Reviewing the database managed by ICE and taking this location into account, the project works do not affect this particular site. (…)” (see the second report of the Project Director, added to the digital case file). On November 27, 2019, the Instituto Costarricense de Electricidad conducted a joint visit “(…) to a water intake site, which, according to information provided by community representatives, is named “El Santuario” (…) Regarding this particular site, ICE carried out tree cutting for the easement (servidumbre) of the span between towers 26 and 28. As a result of the field visit conducted on November 27, it was confirmed that the cutting line is located approximately 10.3 meters from the spring (naciente) indicated by the community representatives. For this procedure and respecting current legislation, on November 6, 2018, ICE formally submitted a tree cutting permit application to the Central Conservation Area, San José Subregional Office.
On December 21, 2018, through Resolution No. VC – VC02-PCE-CN-893-2018, the San José subregional office resolved the request submitted by ICE, under the protection of Articles 34 and 19 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575 and the decree of national convenience No. 38450 – MINAE, where its Article 2 excepts the Southern Ring Transmission Project from the restriction on cutting within protection areas (…)” (see the second report of the Project Director, added to the digital case file). According to what was indicated by the San José Subregional Office of the Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas “(…) the appellant [sic] is correct in stating that the project is being developed within the one-hundred-meter radius protection area of a possible spring (naciente) [El Santuario], a protection area established under Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) number 7575; the foregoing was corroborated through an on-site inspection by officials of the Cartago Subregional Office (…) It is important to clarify, however, that the cutting of trees in this section of the project has its respective permit granted through resolution VC – VC02-PCE-CN-893-2018 (…) said permit is issued under the provisions of Article 19 of the Forestry Law (Ley Forestal) (…) Article 34 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575 (…) as well as Executive Decree 38863-MINAE Articles 11, 16 and 17, related to the type of permit and the requirements necessary for its approval.
Therefore, based on the foregoing, ICE complies with current regulations (…) it is true that the tree cutting is located within the one-hundred-meter protection radius according to Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575 but as detailed in the first section, it has the respective cutting permit (…)” (see the second report of the Minister of Environment and Energy, added to the digital case file).
III.Fact not proven. Of importance for resolving this matter, the following fact is deemed not demonstrated: Sole.- That Víctor Manuel Solís Padilla, General Proxy of the Managing Association of the Rural Aqueduct of Higuito de San Miguel de Desamparados, filed, prior to appearing before this Court, a complaint before the competent bodies of the National System of Conservation Areas or the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), for the alleged impact on the spring (naciente) known as “El Santuario” by the project “Southern Ring 230 KV Transmission Line.”
IV.Regarding springs (nacientes) ONE and TWO. From the list of proven facts, it is clear that the Instituto Costarricense de Electricidad obtained the necessary authorizations to carry out the tree felling being complained of, and even, the project in question has the environmental viability granted by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), in which mitigation measures were provided for. Note also that, in an inspection carried out on November 8, 2019, in response to a complaint filed by María Díaz Alvarado on June 11, 2019, the Cartago Subregional Office of the Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas verified that: a) no trees had been cut and, b) the trees located in the ICE access easement (servidumbre de paso) are outside the protection areas of the possible public domain waterways mentioned by the appellant. Any disagreement the appellant may have regarding the legal basis of the administrative acts issued must be raised before the Administration itself, or before the contentious-administrative jurisdictional venue. Under this line of considerations, the recurso de amparo must be dismissed.
V.Regarding the spring (naciente) “El Santuario.” Through the brief added to the digital case file at 3:09 p.m. on November 26, 2019, Víctor Manuel Solís Padilla, General Proxy of the Managing Association of the Rural Aqueduct of Higuito de San Miguel de Desamparados, filed a request for active coadjuvancy, alluding to the impact on the spring (naciente) known as “El Santuario” from the development, by ICE, of the project “Southern Ring 230 KV Transmission Line.” More than an active coadjuvancy, it is an expansion of the original recurso de amparo. However, considering that Víctor Manuel Solís Padilla did not allege, much less demonstrate, having previously reported the alleged irregularities, before resorting to this Court, to the competent bodies of the National System of Conservation Areas or the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), the recurso de amparo becomes inadmissible. This Constitutional Chamber is not a complaint-processing body.
VI.For further abundance, it must be taken into account that in their reports, both the Director of the Southern Ring 230KV Transmission Line Project of the Instituto Costarricense de Electricidad and the Minister of Environment and Energy were clear in stating that they have the authorizations issued by the Cartago and San José Subregional Offices, both of the Central Conservation Area of the National System of Conservation Areas, as well as the environmental viability granted by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental). It is reiterated that it is not for this Court to determine the compatibility of these administrative acts with the infra-constitutional legal system. That undoubtedly exceeds both the summary nature of the recurso de amparo and the competence of this Chamber, defined by the Law and the Political Constitution itself.
VIII.Dissenting vote of Judge Rueda Leal. Unlike the majority, I consider it premature to deem the alleged violation of the protected person’s rights as not demonstrated and to discard the alleged environmental harm and impact on the springs (nacientes), merely by having granted a hearing to the respondents, given that, as the Minister of Environment himself stated in his report: “If there are possible effects of the project on the water availability of the spring (naciente) and the future flow, mainly in summer, it is not within SINAC’s competence to determine them; these should have been assessed by the pertinent institutions and contemplated, if necessary, in the environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) that was conducted for said project, which was approved and an environmental viability issued by SETENA.” However, SETENA is not a party in this recurso, nor is SENARA, despite being the institution whose purposes are to investigate, protect, and promote the use of the country's water resources, both surface and underground.
As matters stand, and seeing that what was reported by the project director is insufficient to resolve the stated grievance, I consider it essential to request a report from such agencies in this regard; however, this was not requested by the majority. Consequently, I dissent and order the continuation of the processing of this recurso, so that a hearing may be granted to SETENA and SENARA regarding the alleged environmental risk to the nearby springs (nacientes) in the area in question, with the purpose of having more elements to resolve the sub iudice.
IX.Note from Judge Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the undersigned’s criterion that if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, in which it is alleged that the Instituto Costarricense de Electricidad is executing in the area the project called “Southern Ring 230 KV Transmission Line,” which will involve logging an entire oak forest that protects the water springs (nacientes) used by the local residents to supply themselves, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
X.Documentation provided to the case file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulations on Electronic Case Files before the Judiciary," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore:
The recurso is declared without merit. Judge Rueda Leal dissents. Judge Salazar Alvarado makes a note.
Fernando Castillo V.
President Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.
*IE7HWGL1E4A61* 1 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 22:50:36.
*190206310007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecisiete de enero de dos mil veinte .
Recurso de amparo interpuesto por MARÍA DÍAZ ALVARADO, cédula de identidad 0105970014, contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTICIDAD Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. La recurrente, quien reside en la Garita de Copalchí, señaló que el Instituto Costarricense de Electricidad, ejecuta en la zona el proyecto denominado “Línea de Transmisión Anillo Sur 230 KV”. Adujo que cerca de su casa instalaron la torre No. 29, lo que implicará talar todo un bosque de roble (ubicado en la finca No. 32091 propiedad de Henry Rojas Picado) que protege las nacientes de agua que utilizan los vecinos del lugar para abastecerse. Teme perder acceso al recurso hídrico.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
El Instituto Costarricense de Electricidad ejecuta el proyecto Línea de Transmisión Anillo Sur 230 KV, con el propósito de reforzar la infraestructura existente de la red de transmisión del Mercado Eléctrico Regional (MER) (ver el informe del Director del Proyecto, agregado al expediente digital). Mediante las resoluciones Nos. 1601-2007-SETENA de 27 de julio de 2007 y la No. 2379-2010- SETENA de las 09:45 horas de 4 de octubre de 2010, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, le otorgó la viabilidad ambiental al proyecto (ver el informe del Director del Proyecto, así como la prueba aportada, agregados al expediente digital). Desde el año 2018, el Instituto Costarricense de Electricidad ha gestionado ante la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, los permisos de aprovechamiento maderable para la habilitación de la servidumbre de paso del proyecto Línea de Transmisión Anillo Sur 230 KV (ver el informe del Ministro de Ambiente y Energía, agregado al expediente digital).
Por medio de la resolución No. VC-VC06-PCE-CN-013-2019 de 10 de abril de 2019, la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, le otorgó al Instituto Costarricense de Electricidad, el permiso de corta de 66 árboles en el inmueble folio real No. 3 – 32091 – 000, propiedad de Copalchí Montaña del Águila Limitada (ver el informe del Director del Proyecto, así como la prueba aportada, agregados al expediente digital). Como parte del Plan de Gestión Ambiental del proyecto, el Instituto Costarricense de Electricidad ha realizado la reforestación a manera de reposición de 10 a 1 de los árboles cortados en área de bosque; adicionalmente, el proceso de tendido de los conductores, “(…) se realiza utilizando un helicóptero con lo cual se proyectó un reducción significativa en la corta de árboles. Para toda la línea contemplando todos los usos de suelo identificados (…) se evitará la corta de 6500 árboles aproximadamente.
Para el caso particular de la cobertura total de bosque dentro de servidumbres del proyecto, la misma es de 16,9 hectáreas, para un total aproximada de 4.732 árboles dentro esa cobertura, de los cuales se consideraron dentro del proceso de corta únicamente 1.912 (40%), dejando de cortar 2.820 árboles en bosque (…) Como parte de esta medida de mitigación aplicada, en el sitio específico ubicado en el vano entre la torre 28 y 29 (caso citado por la recurrente) existen 2.1 hectáreas de cobertura forestal, de las cuales por la utilización del helicóptero se deben de cortar únicamente 0.4 hectáreas, lo que representa el 19% de la cobertura forestal dentro del vano (…)” (ver el informe del Director del Proyecto, agregado al expediente digital). El 11 de junio de 2019, María Díaz Alvarado presentó una denuncia por medio del Sistema Integrado para Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA): “(…) Con el proyecto Línea de transmisión anillo sur 230 kV, cuya viabilidad ambiental se dio por medio de la resolución N° 2379 – 2010 – SETENA, se estará haciendo una tala de un bosque centenario de roble y en cuya servidumbre se encuentra una naciente que provee de agua a la comunidad de La Garita de Copalchí.
La corta de los árboles en esa servidumbre nos dejaría sin agua y no tenemos en donde abastecernos. Necesitamos que hagan una revisión del estudio de impacto ambiental hay aspectos sin valorar (…)” (ver la prueba aportada por el Ministro de Ambiente y Energía, agregado al expediente digital). El 8 de noviembre de 2019, la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, llevó a cabo una inspección en la finca folio real No. 3 – 32091 – 000, propiedad de Copalchí Montaña del Águila Limitada, lográndose verificar que no se había cortado árboles (ver el informe del Ministro de Ambiente y Energía, agregado al expediente digital). El 8 de noviembre de 2019, y ante una denuncia planteada por la recurrente, la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, visitó las dos captaciones de agua que la recurrente asegura están en peligro por la tala de árboles planificada: la captación “uno” tiene las coordenadas CRTM05: 497352.3; 1086584.8, y la captación “dos”, las coordenadas CRTM05: 497101; 1086543: “(…) De acuerdo con esta información, la captación Uno, se localiza a más de 150 m aproximadamente, al Noreste de la servidumbre, y la captación Dos, está a 76 m aproximadamente del árbol número 62 que se ubica en la servidumbre del ICE y posee autorización para ser aprovechado, con rumbo Noroeste.
Con fundamento en lo anterior, asumiendo que la captación UNO es una naciente (siendo la Dirección de Agua del Minae el ente autorizado para confirmar dicha suposición), la Servidumbre de paso y los árboles a cortar, están fuera del área de protección que establece el artículo 33 de la Ley Forestal 7575. La captación Dos, que es en cauce de río (al igual de la captación UNO dependiendo de lo que determine la Dirección de Aguas del MINAE) se estima no se verían afectada por el área de protección que establece el artículo 33 (…) los árboles ubicados en la servidumbre de paso del ICE se encuentran fuera de las áreas de protección de los posibles cauces de dominio público mencionado por la señora María Díaz (…)” (ver el informe del Ministro de Ambiente y Energía, agregado al expediente digital). Conforme a lo señalado por Víctor Manuel Solís Padilla, Apoderado Generalísimo de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Higuito de San Miguel de Desamparados, “(…) la ubicación de la naciente denominada “El Santuario”, se ubica en las coordenadas latitud 202.676 y latitud 533.227 a una altitud de 565 msnm.
Revisando la base de datos que maneja el ICE y tomando en cuenta esta ubicación, las obras del proyecto no afectan este sitio en particular. (…)” (ver el segundo informe del Director del Proyecto, agregado al expediente digital). El 27 de noviembre de 2019, el Instituto Costarricense de Electricidad llevó a cabo una visita conjunta “(…) a un sitio de toma de agua, el cual, según información brindada por los representantes comunales, recibe el nombre de “El Santuario” (…) Con respecto a este sitio en particular, el ICE realizó corta de árboles para la servidumbre del vano entre las torres 26 y 28. Producto de la visita de campo realizada el 27 de noviembre, se comprobó que la línea de corta se ubica a unos 10,3 metros de la naciente señalada por los representantes comunales. Para este proceder y respetando la legislación vigente, el ICE el día 06 de noviembre del 2018, presentó formal solicitud de permiso de corta de árboles en el Área de Conservación Central, Oficina Subregional San José.
El día 21 de diciembre del 2018, mediante Resolución N° VC – VC02-PCE-CN-893-2018 la oficina subregional San José resuelve la solicitud planteada por el ICE, amparado en los artículos 34 y 19, de la ley forestal 7575 y el decreto de conveniencia nacional N°38450 – MINAE, donde en su artículo 2° exceptúa al Proyecto de Transmisión Anillo Sur de la restricción de corta dentro de las áreas de protección (…)” (ver el segundo informe del Director del Proyecto, agregado al expediente digital). De acuerdo con lo señalado por la Oficina Subregional de San José del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación “(…)el recurrente (sic) lleva razón en indicar que el proyecto se desarrolla dentro del radio de los cien metros de área de protección de una posible naciente [El Santuario], área de protección que se establece (sic) el artículo 33 de la Ley Forestal número 7575, lo anterior se corroboró mediante una inspección al sitio por parte de funcionarios de la Oficina Subregional Cartago (…) Es importante aclarar que, sin embargo la corta de los árboles en éste tramo del proyecto cuenta con su respectivo permiso otorgado mediante resolución VC – VC02-PCE-CN-893-2018 (…) dicho permiso se emite al amparo de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Forestal (…) el artículo 34 de la Ley Forestal 7575 (…) así como el Decreto Ejecutivo 38863-MINAE artículos 11, 16 y 17, relacionados con el tipo de permiso y los requisitos necesarios para su aprobación.
Donde por lo expuesto, el ICE cumple con la normativa vigente (…) es cierto que la corta de los árboles se localiza dentro del radio de protección de los cien metros según el artículo 33 de la ley Forestal 7575 pero como se detalló en el apartado primero cuenta con el respectivo permiso de corta (…)” (ver el segundo informe del Ministro de Ambiente y Energía, agregado al expediente digital).
III.Hecho no probado. De importancia para resolver el presente asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho: Único.- Que Víctor Manuel Solís Padilla, Apoderado Generalísimo de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Higuito de San Miguel de Desamparados, haya presentado de previo a apersonarse ante este Tribunal, una denuncia ante las instancias competentes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación o bien la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, por la supuesta afectación de la naciente conocida como “El Santuario”, por el proyecto “Línea de Transmisión Anillo Sur 230 KV”.
IV.Sobre las nacientes UNO y DOS. De la relación de hechos probados se desprende que el Instituto Costarricense de Electricidad obtuvo las autorizaciones necesarias para efectuar la tala de árboles que se reclama, e inclusive, el proyecto en cuestión cuenta con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en el cual se previeron medidas de mitigación. Nótese además que, en una inspección efectuada el 8 de noviembre de 2019, ante una denuncia presentada por la María Díaz Alvarado el 11 de junio de 2019, la Oficina Subregional de Cartago del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación constató que: a) no se habían cortado árboles y, b) los árboles ubicados en la servidumbre de paso del ICE, se encuentran fuera de las área de protección de los posibles cauces de dominio público mencionados por la recurrente. Cualquier inconformidad que la recurrente tenga respecto del fundamento legal de los actos administrativos emitidos, debe plantearla ante la propia Administración, o bien, en la sede jurisdiccional contencioso – administrativa. Bajo este orden de consideraciones, el recurso de amparo debe ser desestimado.
V.Sobre la naciente “El Santuario”. Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 15:09 horas de 26 de noviembre de 2019, Víctor Manuel Solís Padilla, Apoderado Generalísimo de la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Higuito de San Miguel de Desamparados, presentó una solicitud de coadyuvancia activa, aludiendo a la afectación de la naciente conocida como “El Santuario” con el desarrollo, por parte del ICE, del proyecto “Línea de Transmisión Anillo Sur 230 KV”. Más que tratarse de una coadyuvancia activa, es una ampliación del recurso de amparo original. Sin embargo, atendiendo a que Víctor Manuel Solís Padilla no alegó y mucho menos demostró haber denunciado de previo a acudir ante este Tribunal, las supuestas anomalías, ante las instancias competentes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación o bien la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el recurso de amparo deviene improcedente. Esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias.
VI.A mayor abundamiento debe tomarse en cuenta que en sus informes tanto el Director del Proyecto Línea de Transmisión Anillo Sur 230KV del Instituto Costarricense de Electricidad, como el Ministro de Ambiente y Energía, fueron claros al señalar que se cuentan con las autorizaciones emitidas por las Oficinas Subregionales de Cartago y San José, ambas del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así como con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Se insiste que no corresponde a este Tribunal determinar la compatibilidad de estos actos administrativos, con el ordenamiento jurídico infraconstitucional. Eso sin duda alguna excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo como la competencia de esta Sala, definida por la Ley y la propia Constitución Política.
VIII.Voto salvado del Magistrado Rueda Leal. A diferencia de la mayoría, considero prematuro que se tenga como no demostrada la acusada violación de los derechos del amparado y descartar la acusada vulneración al ambiente y la afectación de las nacientes, con solo haber conferido audiencia a los recurridos, toda vez que, tal como lo refirió el propio Ministro de Ambiente en su informe: “De existir posibles efectos del proyecto sobre la disponibilidad de agua de la naciente y el caudal futuro principalmente en verano, no son competencia del SINAC poder determinarlos, estos debieron ser valorados por las instituciones atinentes y contemplados de ser necesario, en el estudio de impacto ambiental que se realizó para dicho proyecto el cual fue aprobado y emitida una viabilidad ambiental por la SETENA”. Sin embargo, SETENA no es parte en este recurso, ni tampoco SENARA, a pesar de ser la institución, cuyos fines son investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos.
Así las cosas y visto que para resolver el referido agravio es insuficiente lo informado por el director del proyecto, estimo indispensable el solicitarle un informe a tales dependencias al respecto; empero, esto no fue requerido por la mayoría. Por consiguiente, salvo el voto y dispongo continuar la tramitación de este recurso, a fin de que se confiera audiencia a SETENA y a SENARA sobre el acusado riesgo ambiental para las nacientes cercanas en el área en cuestión, con el propósito de tener mayores elementos para resolver el sub iudice.
IX.Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que el Instituto Costarricense de Electricidad, ejecuta en la zona el proyecto denominado “Línea de Transmisión Anillo Sur 230 KV”, lo que implicará talar todo un bosque de roble que protege las nacientes de agua que utilizan los vecinos del lugar para abastecerse, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
X.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda Leal salva el voto. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Alejandro Delgado F.
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