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Res. 00404-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/01/2020
OutcomeResultado
The Chamber denies the amparo, upholding AyA's refusal to grant potable water availability due to urban planning non-compliance, without the prior error benefiting other lots creating any right.La Sala declara sin lugar el recurso de amparo, confirmando la negativa del AyA a otorgar disponibilidad de agua potable por incumplimiento urbanístico, sin que el error previo en favor de otros lotes genere derecho.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denies an amparo filed by an elderly plaintiff against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) for refusing to provide potable water availability for his property in the El Río residential project, Liberia. The plaintiff argued discrimination because neighboring properties in similar conditions did have service. The Chamber determines that the denial was based on non-compliance with urban planning technical and legal regulations: block F, originally a single lot, was subdivided without proper approval and without submitting a survey plan. AyA explained that the requested additional service exceeded what was initially granted and that there was no water supply problem, but rather a procedural obstacle. Although it was proven that service was provided by mistake to other lots in the same situation, the Chamber concludes that the error does not create a right. It emphasizes that while there is a fundamental right to water, access is conditional upon compliance with legal and technical requirements, which are not reviewable in amparo proceedings, but rather through administrative or ordinary judicial channels.La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo interpuesto por un adulto mayor contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por negarle la disponibilidad de agua potable para su propiedad en el proyecto residencial El Río, Liberia. El recurrente alegó que se le discriminó porque otras propiedades vecinas en condiciones similares sí contaban con el servicio. La Sala determina que la negativa se fundamentó en el incumplimiento de la normativa técnica y legal urbanística: el bloque F, originalmente un solo lote, fue fraccionado sin la debida aprobación y sin presentar un plano de agrimensura. El AyA explicó que el servicio adicional solicitado excedía lo otorgado inicialmente y que no existía problema hídrico, sino un obstáculo de tramitología. Aunque se acreditó que por error se brindó el servicio a otros lotes en igual situación, la Sala concluye que el error no genera derecho. Subraya que si bien existe un derecho fundamental al agua, su acceso está condicionado al cumplimiento de requisitos legales y técnicos, los cuales no son controlables en sede de amparo, sino en la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria.
Key excerptExtracto clave
IV.- ON THE DENIAL OF WATER AVAILABILITY REQUESTED BY THE PLAINTIFF: In this case, it is proven that, through administrative file [Valor 003] of September 3, 2018, the plaintiff applied to the Cantonal Unit of Liberia for availability of potable water and/or sanitary sewerage for the property registered under Folio Real 5-20306-100, cadastral plan G-1676344-2013. Subsequently, through Regional Engineering report GSP-RCHO-2019-03332 of November 9, 2018, the respondent concluded: "Thus, and considering the technical conditions of the Capulín area, there is no technical problem for providing the service for property 5-167644-2013, the denial of this application is due to a legal-technical issue of the El Río Residential Project, since it is now requesting more services than were initially granted." Afterward, the respondent issued the Certificate of Availability of Aqueduct and Sewerage Services DISPO-RCH-OCL-2018-1064, which states that "THERE IS NO AVAILABILITY OF POTABLE WATER IN FRONT OF THE PROPERTY, THERE IS NO AVAILABILITY OF SEWERAGE IN FRONT OF THE PROPERTY" of the protected party. Therefore, the plaintiff filed an appeal for revocation with subsidiary appeal, as well as a review, which were rejected. In this regard, the respondent explains that the El Río residential project was originally conceived as block F, that is, as a single lot, which was later subdivided into several lots, so the basis for not granting service availability lies in non-compliance with technical and legal regulations, meaning the interested party must process the modification of the project with the competent organizations and submit a survey plan. V.- REGARDING WATER AVAILABILITY GRANTED TO A PROPERTY IN THE SAME CONDITION AS THE PROTECTED PARTY: On the other hand, the plaintiff claims that his property borders another lot in the same condition; however, the latter does have water availability. Therefore, he considers the right to equality violated. In this regard, the respondent argues that, due to an error by that institution, the properties with cadastral plan G-1674640-2013, Folio Real 5-201303-000, and cadastral plan G-1674638-2013, Folio Real 5-201305-000 (which is in the same condition as the plaintiff's property) have potable water and sanitary sewerage service, with service NIS-543-4851...IV.- SOBRE LA DENEGATORIA DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA SOLICITADA POR EL RECURRENTE: En el sub lite, se tiene por demostrado que, mediante expediente administrativo [Valor 003] del 3 de setiembre de 2018, el recurrente solicitó ante la Unidad Cantonal de Liberia la disponibilidad de servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario para la finca folio real 5-20306-100, plano catastro G-1676344-2013. Luego, a través del informe de Ingeniería Regional GSP-RCHO-2019-03332 del 9 de noviembre de 2018, el recurrido concluyó: "Así las cosas y considerando las condiciones técnicas que posee la zona de Capullín no existe problema técnica (sic) para la prestación del servicio para la propiedad 5-167644-2013, la negación de esta solicitud se da por un tema técnico legal del Proyecto Residencial del Río, ya que el día de hoy solicita más servicios que lo (sic) que se otorgaron inicialmente". Después, el recurrido emitió la Constancia de Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado DISPO-RCH-OCL-2018-1064, la cual indica que "NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRENTE A LA PROPIEDAD, NO HAY DISPOONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA PROPIEDAD" del tutelado. Por ello, el recurrente interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, así como uno de revisión, los cuales fueron rechazados. Al respecto, el recurrido explica que el proyecto residencial El Río, desde sus inicios, fue concebido como bloque F, es decir, como un solo lote, el cual fue modificado posteriormente en varios lotes, por lo que el fundamento para no otorgar la disponibilidad de servicio radica en el incumplimiento de la normativa técnica y legal, de modo que es necesario que el interesado tramite ante las organizaciones competentes la modificación del proyecto como corresponde y presente un plano de agrimesura. V.- RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE AGUA OTORGADA A UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EL DEL AMPARADO: Por otro lado, el petente acusa que su propiedad colinda con otro lote que se encuentra en sus mismas condiciones; empero, este sí cuenta con la disponibilidad de agua. Por ello, estima vulnerado el derecho a la igualdad. Al respecto, el accionado aduce que, en virtud de un error por parte de esa institución, las fincas plano catastrado G-1674640-2013, folio real 5-201303-000, y plano catastro G-1674638-2013, folio real 5-201305-000 (que se encuentra en la misma condición que la finca del recurrente), cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, con servicio NIS-543-4851...
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"Así las cosas y considerando las condiciones técnicas que posee la zona de Capullín no existe problema técnica (sic) para la prestación del servicio para la propiedad 5-167644-2013, la negación de esta solicitud se da por un tema técnico legal del Proyecto Residencial del Río, ya que el día de hoy solicita más servicios que lo (sic) que se otorgaron inicialmente."
"Thus, and considering the technical conditions of the Capulín area, there is no technical problem for providing the service for property 5-167644-2013, the denial of this application is due to a legal-technical issue of the El Río Residential Project, since it is now requesting more services than were initially granted."
Considerando IV
"Así las cosas y considerando las condiciones técnicas que posee la zona de Capullín no existe problema técnica (sic) para la prestación del servicio para la propiedad 5-167644-2013, la negación de esta solicitud se da por un tema técnico legal del Proyecto Residencial del Río, ya que el día de hoy solicita más servicios que lo (sic) que se otorgaron inicialmente."
Considerando IV
"el error en que incurrió la autoridad recurrida no puede generar el derecho que ahora reclama el promovente, perpetuándose con ello la irregularidad explicada por la propia autoridad recurrida."
"the error incurred by the respondent authority cannot generate the right now claimed by the petitioner, thereby perpetuating the irregularity explained by the respondent authority itself."
Considerando V
"el error en que incurrió la autoridad recurrida no puede generar el derecho que ahora reclama el promovente, perpetuándose con ello la irregularidad explicada por la propia autoridad recurrida."
Considerando V
"este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento."
"this fundamental right character does not imply unrestricted access to water services, since the administration may establish general requirements that must be met by each applicant to assess their particular request."
Considerando III
"este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento."
Considerando III
Full documentDocumento completo
**Recourse for amparo filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.** **Whereas:** 1.- By written brief received in the Secretariat of the Chamber at 4:39 p.m. on December 3, 2019, the petitioner files a recurso de amparo against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. He alleges that he is an older adult, owner of the property registered in the National Registry, Real Folio No. 201306-000, cadastral map No. 5-1676344-2013 located in the province of Guanacaste, canton Liberia, Urbanización Del Río. He indicates that he has processed the availability of drinking water, but has not succeeded in having the service granted, with different rejection arguments being adduced. He states that on September 4, 2018, with a view to building his dwelling house, he filed a request for drinking water availability before the Liberia Local Office of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). However, since they did not resolve it, he filed a "Recurso de Amparo de Legalidad" (Amparo of Legality) which was processed in case file No. [Value 002]. As a result of the availability request No. DISPO-RCH-OCL-2018-1064, based on the basic studies and technical report contained in official communication No. GSP RCHO-2018-03332, it was concluded that given the technical conditions of the Capulín area, there was no technical problem for providing the service, but rather that the denial was due to a technical-legal issue of the Proyecto Residencial El Río, since more services were being requested than those initially granted. Faced with the rejection of the availability request, he filed a motion for revocation with subsidiary appeal against the administrative act. However, said revocation was rejected by resolution No. GSP-RCH-CL-2019-001 of February 6, 2019, indicating that the denial of water availability was not a water resource or hydraulic issue of the Liberia system, but rather an issue of legal compliance in urban planning matters and administrative procedure, because block F had been constituted as a single lot, so the interested party had to submit a survey map approved by AyA, which contemplated the additional subdivision that was desired in block F, in order to generate a technical criterion for development. He states that by resolution No. GG-2019-074 of February 7, 2019, the General Management indicated that the institution would be acting wrongly by granting water availability, if the interested party did not complete the required procedure. Given what was ordered, he filed a recurso de revisión (motion for review), which was denied through official communication No. GSP-RCH-CL-2019-00771, based on Article 353, subsection 1 of the Ley General de Administración Pública. He claims that, despite the foregoing, his property adjoins property No. 201305-000, which has water availability (NIS 5467364) and belongs to block F. He argues that granting water availability to properties No. 201305-000, No. 201303-000, both located in block F, while his was rejected, violates his fundamental rights. He requests that the recurso be granted and that everything done by the respondent in arbitrarily rejecting the cited availability be annulled, or alternatively, that its granting be ordered.
2.- By resolution of the Chamber at 5:51 p.m. on December 6, 2019, the amparo was admitted and a report was requested from the Regional Director Chorotega and the Head of the Liberia Cantonal Office, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).
3. By written brief added to the digital case file at 3:55 p.m. on December 13, 2019, Eliécer Robles Vargas and Wander Cubero Hurtado report under oath, in their respective order General Director and Cantonal Head of Liberia, both of the Chorotega Regional Directorate of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. They indicate that, according to the archives of the Liberia Cantonal Office, through administrative case file [Value 003] of September 3, 2018, the petitioner requested before the Liberia Cantonal Unit the availability of drinking water and/or sanitary sewer services for the property, real folio 5-20306-100, cadastral map G-1676344-2013, providing all the documentary requirements indicated in the Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA. Furthermore, on October 24, 2018, through the field inspection carried out by the Technical Head of Water Systems of the Liberia Cantonal Unit, it was determined that there is a pipeline in front of the property; however, the criterion of the Regional Engineering Directorate was requested, in order to evaluate the propriety of granting availabilities in block F of Residencial El Río; subsequently, through the Regional Engineering report GSP-RCHO-2019-03332 of November 9, 2018, it was concluded: "Thus, and considering the technical conditions of the Capulín area, there is no technical problem for providing the service for property 5-167644-2013; the denial of this request is due to a technical-legal issue of the Proyecto Residencial del Río, since today more services are requested than were initially granted." They add that, in light of the criterion issued by the Regional Engineering Directorate on November 12, 2019, the Certificate of Availability of Aqueduct and Sewer Services DISPO-RCH-OCL-2018-1064 was issued, which indicates that "THERE IS NO DRINKING WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY, THERE IS NO SEWER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY" for the property with real folio 5-20306-000, cadastral map G-1676344-2013. Subsequently, on November 19, 2018, the motion for revocation with subsidiary appeal filed by the petitioner against the aforementioned certificate was received at the Liberia Cantonal Unit, which was denied and transferred to the hierarchical superior so that the appeal could be resolved. Then, by resolution GG-2019-074, the appeal was denied and the administrative channel was considered exhausted. Subsequently, the petitioner filed a recurso de revisión (motion for review) before the Liberia Cantonal Unit, and through communication GSP-RCH-CL-2019-00771, he was informed that it was inadmissible pursuant to Article 335, subsection 1 of the Ley General de la Administración Pública. On the other hand, they argue that, according to report 2019-01047, in the information verified in the records existing at the Liberia Cantonal Unit, it was found that, indeed, the properties with cadastral map G-1674640-2013, real folio 5-201303-000 and cadastral map G-1674638-2013, real folio 5-201305-000, have drinking water and sanitary sewer service, with service NIS-543-4851 (installed on May 30, 2014) and NIS-546-7364 (installed on April 27, 2016); however, it is clear that they did not previously have water availability, failing to comply with the regulations, so it was an error by this institute, since the aforementioned properties are in the same condition as the petitioner's. They add that, in any case, an error does not create a right for third parties, as established in the Civil Code, Article 17. They cite judgment 2019-021948. They add that, according to report GSP-RCHO-2019-00266 of January 2019, the additional services can be guaranteed provided that current technical and legal regulations are met, this because "the issue is not that of the property with cadastral map 5-116465-2007, real folio 5-135960-000 or block F, but rather of the property with cadastral map 5-1674644-2013 that currently does not have water availability and is irregularly subdivided with the number real folio 5-201306-000; this is because availability is an indispensable requirement for the subdivision of a property, which generates non-compliance with the Ley Constitutiva de AyA." They emphasize that the Certificate of Aqueduct and Sewer Availability is a requirement that municipalities, INVU, and other competent entities require prior to the approval of the corresponding subdivision (fraccionamiento) and construction permits, as its purpose is to determine, prior to the approval of a cadastral or construction plan, the existing reality at the respective historical moment in terms of water capacity, hydraulic collection capacity, and environmental conditions offered by AyA's systems in a given area, as well as the vulnerability that may compromise other projects, among others. They emphasize that the project, from its inception, was conceived as block F, that is, as a single lot, which was subsequently modified into 15 lots, so the basis for not granting service availability lies in non-compliance with technical and legal regulations, and not in water capacity, so it is necessary for the interested party to process the project modification with the competent organizations as appropriate and submit a survey (agrimensura) map. They cite judgment 2016-015830. They underline that there is a technical and legal impossibility to install the drinking water service, until the project modification is carried out before the competent entities for its review and approval. They request that the recurso be denied.
4.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.
Drafted by Judge Rueda Leal; and, **Considering:** I.- PURPOSE OF THE RECOURSE. The petitioner accuses the respondent authority of denying him water availability on his property, by virtue of a technical-legal issue of the Proyecto Residencial El Río, having been told that it was not a water resource or hydraulic problem of the Liberia system, but rather one of legal compliance in urban planning matters and administrative procedure, because block F had been constituted as a single lot, so the interested party had to submit a survey map approved by AyA, which contemplated the additional subdivision (fraccionamiento) that was desired in that block, in order to generate a technical criterion for development. He claims to have exercised his defense and to be dissatisfied with the resolution. He adds that his property adjoins another lot that is in the same conditions as his; however, that one does have water availability. He considers his fundamental rights violated.
II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent authority has omitted to refer to them, as provided in the initial order:
Through administrative case file [Value 003] of September 3, 2018, the petitioner requested before the Liberia Cantonal Unit the availability of drinking water and/or sanitary sewer services for the property, real folio 5-20306-100, cadastral map G-1676344-2013 (see report rendered).
Through the Regional Engineering report GSP-RCHO-2019-03332 of November 9, 2018, the respondent concluded: "Thus, and considering the technical conditions of the Capulín area, there is no technical problem for providing the service for property 5-167644-2013; the denial of this request is due to a technical-legal issue of the Proyecto Residencial del Río, since today more services are requested than were initially granted" (see report rendered and evidence provided):
In light of the criterion issued by the Regional Engineering Directorate, the respondent issued the Certificate of Availability of Aqueduct and Sewer Services DISPO-RCH-OCL-2018-1064, which indicates that "THERE IS NO DRINKING WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY, THERE IS NO SEWER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY" of the petitioner (see report rendered and evidence provided).
The petitioner filed a motion for revocation with subsidiary appeal, as well as a motion for review, which were rejected (uncontroverted fact).
The Proyecto Residencial El Río, from its inception, was conceived as block F, that is, as a single lot, which was subsequently modified into several lots. Based on that, the respondent denied the petitioner's service availability based on non-compliance with technical and legal regulations; furthermore, it indicated that he had to complete a procedure before the competent organizations for the project modification, as well as submit a survey (agrimensura) map (see report rendered and evidence provided).
The Certificate of Aqueduct and Sewer Availability is a requirement that municipalities, INVU, and other competent entities require prior to the approval of the corresponding subdivision (fraccionamiento) and construction permits, as its purpose is to determine, prior to the approval of a cadastral or construction plan, the existing reality at the respective historical moment in terms of water capacity, hydraulic collection capacity, and environmental conditions offered by AyA's systems in a given area, as well as the vulnerability that may compromise other projects, among others (see report rendered).
By virtue of an error by the respondent, the properties with cadastral map G-1674640-2013, real folio 5-201303-000, and cadastral map G-1674638-2013, real folio 5-201305-000 (which is in the same condition as the petitioner's property), have drinking water and sanitary sewer service, with service NIS-543-4851 (installed on May 30, 2014) and NIS-546-7364 (installed on April 27, 2016) (see report rendered).
III.- REGARDING COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS TO ACCESS DRINKING WATER SERVICE. The Chamber's jurisprudence has recognized the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility of accessing, under equal conditions, drinking water services, since this is essential for human life and health. However, this fundamental right nature does not imply unrestricted access to water services, since the administration may establish general requirements that must necessarily be met by each applicant to assess their particular request. Thus, in Judgment No. 2006-1898 of 9:53 a.m. on February 17, 2006, this Court ordered the following:
"(...) The petitioner alleges (...) that despite the requests and efforts made, the respondent Institute has refused to provide them with drinking water service, arguing that it is a precarious settlement (precario) and that its inhabitants do not have a segregation plan establishing that they are owners of the properties. In this regard, it is accredited in the record, based on the report rendered under oath by the respondent authority, that there is an impossibility to install household drinking water services in the community where the petitioner lives for two specific reasons: the lack of adequate infrastructure and the failure to submit applications meeting the legal requirements by the interested parties (...). This Chamber, in judgment No. 2004-12185 of 1:31 p.m. on October 29, 2004, in a case similar to the present one, indicated that it was not possible to compel the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to circumvent the provisions of its Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes or the Ley General de Agua Potable. Hence, as long as the petitioner does not meet the conditions and requirements set forth therein, even though drinking water service must be within the reach of every person because it is an essential service, it cannot be provided to him regularly. Given the existence of these two objective reasons for which it is not possible to supply regular drinking water service to the claimant: his failure to meet the requirements for a new service connection, starting with the submission of the application and the existence of adequate infrastructure in the area, there is no reason whatsoever to understand that the denial of regular service provision by the respondent Institute is due to the fact that the petitioner and his neighbors do not have property titles over the properties they possess. (...)".
Likewise, in vote No. 2018-3907 of 9:30 a.m. on March 9, 2018, the Chamber stated:
"(...) IV.- REGARDING COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS TO APPROVE A DRINKING WATER AVAILABILITY. In this regard, this Court has repeatedly recognized that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the administrative associations of aqueducts and sewers, and the municipalities that provide drinking water supply service, prior to approving or rejecting the drinking water availability requests formulated to them, are fully capable of demanding compliance with the requirements established in the legal system, and of weighing legal and technical reasons.
V.- Regarding the specific case. From the reports rendered under oath by the respondent authorities, and the documentation provided to the case file, it is clear that on January 14, 2013, the petitioner filed an application for a water availability procedure before the Guácimo Cantonal Office, Huetar Region, of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for a property she owns, located in África de Guácimo. On May 13, 2013, the Engineering Department, through official communication No. RHAOM-2013-0886, picked up by the petitioner on June 6, 2013, indicated, regarding the request for service availability and pipeline extension on lands with an easement (servidumbre) of way, the requirements for said procedure. Subsequently, on May 19, 2015, the petitioner sent a communication to AyA's Engineering Department requesting a Water Capacity letter. By Official Communication No. SB-GSP-RHAOMSAP-2015-1492, of July 10, 2015, AyA's Engineering Department again indicated to the petitioner the requirements to grant her the water capacity letter, related to the extension of a branch line in an easement (servidumbre) of way; however, as of the date the report is rendered, the petitioner has not complied with the indications. From the above, it is concluded that in the present case there is no injury to the petitioner's fundamental rights, since from the field inspection carried out by the ICAA, the absence of drinking water infrastructure in front of the petitioner's property was accredited, and the need to carry out a branch line extension in an easement (servidumbre) of way. It is evident then that the ICAA cannot provide the service requested by the petitioner because technically it is not feasible and, therefore, it is not possible to grant her request in the terms she intends. Thus, the Chamber considers that there has been no arbitrary denial by the ICAA to provide the applicant with drinking water service availability as she requests, but rather that what has actually occurred is that there is a technical and material impossibility due to the non-existence on the site of the necessary infrastructure to access what is requested by the petitioner, which is already known to her. It should be recalled that, on this matter, this Chamber has recognized in multiple judgments what it has called technical or material impossibility, which is the lack of infrastructure, and has stated that when there is technical impossibility to connect the requested service, no fundamental right of the administered parties is violated because the omission in the provision of the service is due to the lack of technical elements necessary for the installation of the service and not to arbitrary action by the Administration (see in that sense, among others, judgments 2007-03355, 2007-010341, and 2017-011477). Consequently, the appropriate course is to deny the recurso, as is hereby ordered (...) ". (The highlighting is not part of the original).
It is understood, then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados or before the respective ASADAS, the provision of the service must also be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of a material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable to provide it.
IV.- REGARDING THE DENIAL OF THE WATER AVAILABILITY REQUESTED BY THE PETITIONER. In the case at hand, it has been proven that, through administrative case file [Value 003] of September 3, 2018, the petitioner requested before the Liberia Cantonal Unit the availability of drinking water and/or sanitary sewer services for the property, real folio 5-20306-100, cadastral map G-1676344-2013. Then, through the Regional Engineering report GSP-RCHO-2019-03332 of November 9, 2018, the respondent concluded: "Thus, and considering the technical conditions of the Capulín area, there is no technical problem for providing the service for property 5-167644-2013; the denial of this request is due to a technical-legal issue of the Proyecto Residencial del Río, since today more services are requested than were initially granted." Afterwards, the respondent issued the Certificate of Availability of Aqueduct and Sewer Services DISPO-RCH-OCL-2018-1064, which indicates that "THERE IS NO DRINKING WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY, THERE IS NO SEWER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY" of the petitioner. Therefore, the petitioner filed a motion for revocation with subsidiary appeal, as well as a motion for review, which were rejected.
In this regard, the respondent explains that the Proyecto Residencial El Río, from its inception, was conceived as block F, that is, as a single lot, which was subsequently modified into several lots, so the basis for not granting service availability lies in non-compliance with technical and legal regulations, meaning it is necessary for the interested party to process the project modification with the competent organizations as appropriate and submit a survey (agrimensura) map. Furthermore, the respondent states that the Certificate of Aqueduct and Sewer Availability is a requirement that municipalities, INVU, and other competent entities require prior to the approval of the corresponding subdivision (fraccionamiento) and construction permits, as its purpose is to determine, prior to the approval of a cadastral or construction plan, the existing reality at the respective historical moment in terms of water capacity, hydraulic collection capacity, and environmental conditions offered by AyA's systems in a given area, as well as the vulnerability that may compromise other projects, among others.
From this perspective, as stated in the aforementioned judgment, this Court has ordered that the legal and technical requirements for the provision of a public service cannot be disregarded (see judgment in a similar sense 2009-003825 of 4:49 p.m. on March 10, 2009). Likewise, the Chamber is not a controller of the legality of the Administration's actions, so it is not within its purview to review the propriety of what was resolved by the respondent, regarding whether, by virtue of the urban planning, technical, and legal conditions of the petitioner's lot, the aforementioned availability should be granted or not. Hence, the disagreement that the moving party may have with such denial should not be analyzed or resolved in this venue, but rather before the respondent authority itself or through the competent legality channel, so that it may be resolved according to law.
V.- REGARDING THE WATER AVAILABILITY GRANTED TO A PROPERTY THAT IS IN THE SAME CONDITIONS AS THE PETITIONER'S. On the other hand, the claimant accuses that his property adjoins another lot that is in the same conditions as his; however, that one does have water availability. Therefore, he considers the right to equality violated.
In this regard, the respondent argues that, by virtue of an error on the part of that institution, the properties with cadastral map G-1674640-2013, real folio 5-201303-000, and cadastral map G-1674638-2013, real folio 5-201305-000 (which is in the same condition as the petitioner's property), have drinking water and sanitary sewer service, with service NIS-543-4851 (installed on May 30, 2014) and NIS-546-7364 (installed on April 27, 2016).
Thus, it is appropriate to cite judgment 2019-021948 of 9:45 a.m. on November 8, 2019, in which a similar case was heard and the following was ordered:
"V.- REGARDING THE INSTALLATION OF DRINKING WATER SERVICE IN A PROPERTY NEIGHBORING THE PETITIONER'S. On the other hand, the petitioner accuses that the authorities of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados did provide drinking water service to a neighbor whose property is in similar conditions to hers, which, in her opinion, affects the principle of equality.
On this matter, this Chamber considered the petitioner's statement as accredited. This is because the respondent authorities, in the report rendered under oath, acknowledged that an error was certainly made in providing drinking water service in the property neighboring the petitioner's, insofar as the technical and legal criterion established for this purpose was disregarded.
Now then, despite the foregoing, this constitutional body does not deem it appropriate to grant the petitioner's claim and, in that respect—relying on the aforementioned irregularity—, order the installation of a drinking water service in a place that, as has been extensively explained, does not currently meet the previously established technical and legal requirements.
In this Court's opinion, the error incurred by the respondent administration cannot generate the right now claimed by the petitioner, thereby perpetuating the irregularity explained by the respondent authorities themselves. Thus, as also indicated in the previous considering, the petitioner must formulate the arguments she deems pertinent, on this particular aspect, before the already mentioned instances.
Thus, what is appropriate is to dismiss the amparo regarding this grievance as well." (the underlining belongs to the original).
The cited considerations are applicable to the case at hand, as this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgment, nor grounds that would lead it to assess the situation presented differently.
Therefore, even though the petitioner's statement regarding the granting of availability to another property in the same conditions as his has been considered accredited, the fact is that the error incurred by the respondent authority cannot generate the right now claimed by the moving party, thereby perpetuating the irregularity explained by the respondent authority itself. By virtue of the foregoing, the moving party must present his claims on this matter before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or else, through the ordinary jurisdictional channel.
Hence, the recurso is denied.
VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
**Therefore:** The recurso is denied.
Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 meters south of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Catedral District, González Lahmann neighborhood, calles 19 & 21, avenidas 8 & 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 22:50:04.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *190230910007CO* Res. Nº 2020000404 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veinte .
Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:39 horas del 3 de diciembre de 2019, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Alega que es adulto mayor, propietario del inmueble inscrito en el Registro Nacional, Folio Real No. 201306- 000, plano catastrado No. 5-1676344-2013 ubicado en la provincia de Guanacaste, cantón Liberia, Urbanización Del Río. Indica que ha gestionado la disponibilidad de agua potable, pero no ha logrado que se le conceda el servicio aduciendo diferentes argumentos de rechazo. Expone que el 4 de setiembre de 2018, con miras a construir su casa de habitación, presentó una solicitud de disponibilidad de agua potable ante la Oficina Local de Liberia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Sin embargo, como no resolvían formuló un "Amparo de Legalidad" que se tramitó en el expediente No. [Valor 002]. Producto de la solicitud de disponibilidad No. DISPO-RCH-OCL-2018-1064, con base en los estudios básicos e informe técnico que consta en el oficio No. GSP RCHO-2018-03332, se concluyó que dadas las condiciones técnicas que posee la zona del Capulín, no existía problema técnico para la prestación del servicio, sino que la negación se daba por un tema técnico legal del proyecto Residencial El Río, ya que se solicitaban más servicios de los que inicialmente se otorgaron. Ante el rechazo de la solicitud de disponibilidad, planteó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra del acto administrativo. Empero, tal revocatoria fue rechazada mediante resolución No. GSP-RCH-CL-2019-001 de 6 de febrero 2019, indicando que la negación de la disponibilidad de agua no era un tema hídrico ni hidráulico del sistema de Liberia, sino de cumplimiento legal en materia urbanística y de tramitología, debido a que el bloque F había sido constituido como un solo lote, por lo que el interesado debía presentar un plano de agrimensura aprobado por parte de A y A, en el cual se contemplara el fraccionamiento adicional que se deseaba realizar en el bloque F, con el fin de generar un criterio técnico para el desarrollo. Manifiesta que por resolución No. GG-2019-074 de 7 de febrero de 2019, la Gerencia General indicó que mal haría la institución otorgando una disponibilidad de agua, si el interesado no hizo el trámite que debía. Ante lo dispuesto, interpuso un recurso de revisión, que fue denegado mediante el oficio No. GSP-RCH-CL-2019- 00771, con base en el artículo 353 inciso 1 de la Ley General de Administración Pública. Reclama que, pese a lo expuesto, su propiedad colinda con el inmueble No. 201305-000, el cual cuenta con disponibilidad de agua (Nis 5467364) y pertenece al bloque F. Discute que el conceder la disponibilidad de agua a las propiedades No. 201305- 000, No. 201303-000, ambas ubicadas en el bloque F, mientras que la suya fue rechazada, lesiona sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y se anule todo lo actuado por el recurrido al rechazar arbitrariamente la disponibilidad citada, o bien, se ordene la procedencia de la misma. 2.- Mediante resolución de la Sala de las 17:51 horas del 6 de diciembre de 2019, se dio curso al amparo y se solicitó informe al Director Regional Chorotega y el Jefe de la Oficina Cantonal de Liberia, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). 3. Por escrito incorporado al expediente digital a las 15:55 horas del 13 de diciembre de 2019, informan bajo juramento Eliécer Robles Vargas y Wander Cubero Hurtado, por su orden Director General y Jefe Cantonal de Liberia, ambos de la Dirección Regional Chorotega del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Indican que, según los archivos de la Oficina Cantonal de Liberia, mediante expediente administrativo [Valor 003] del 3 de setiembre de 2018, el tutelado solicitó ante la Unidad Cantonal de Liberia la disponibilidad de servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario para la finca folio real 5-20306-100, plano catastro G-1676344-2013, aportando todos los requisitos documentales indicados en el Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA. Además, el 24 de octubre de 2018, por medio de la inspección de campo realizada por el Jefe Técnico de Sistemas de Agua de la Unidad Cantonal de Liberia, se determinó que existe tubería al frente de la propiedad; sin embargo, se solicitó el criterio de la Dirección de Ingeniería Regional, con el fin de evaluar la procedencia de otorgar disponibilidades en el bloque F del Residencial El Río; seguidamente, a través del informe de Ingeniería Regional GSP-RCHO-2019-03332 del 9 de noviembre de 2018, se concluyó: “Así las cosas y considerando las condiciones técnicas que posee la zona de Capullín no existe problema técnica (sic) para la prestación del servicio para la propiedad 5-167644-2013, la negación de esta solicitud se da por un tema técnico legal del Proyecto Residencial del Río, ya que el día de hoy solicita más servicios que lo (sic) que se otorgaron inicialmente”. Adicionan que, a la luz del criterio emitido por la Dirección de Ingeniería Regional el 12 de noviembre de 2019, se emitió la Constancia de Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado DISPO-RCH-OCL-2018-1064, la cual indica que “NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRENTE A LA PROPIEDAD, NO HAY DISPOONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA PROPIEDAD” para la finca a folio real 5-20306-000, plano catastro G-1676344-2013. Posteriormente, el 19 de noviembre de 2018 se recibió en la Unidad Cantonal de Liberia el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el amparado contra la constancia supracitada, el cual fue declarado sin lugar y trasladado al superior jerárquico a fin de que resolviera la apelación. Luego, mediante resolución GG-2019-074 se declaró sin lugar el recurso de apelación y se dio por agotada la vía administrativa. Seguidamente, el recurrente interpuso a la Unidad Cantonal de Liberia un recurso de revisión y, mediante nota GSP-RCH-CL-2019-00771, se le respondió que era improcedente conforme al artículo 335, inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública. Por otro lado, aducen que, según el informe 2019-01047, en la información verificada en los registros existentes en la Unidad Cantonal de Liberia se encontró que, efectivamente, las fincas plano catastrado G-1674640-2013, folio real 5-201303-000 y plano catastro G-1674638-2013, folio real 5-201305-000, cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, con servicio NIS-543-4851 (instalado el 30 de mayo de 2014) y el NIS-546-7364 (instalado el 27 de abril de 2016); sin embargo, es claro que no contaban con disponibilidad de agua previamente, incumpliendo con la normativa, por lo que fue un error de este instituto, puesto que las propiedades supra indicadas se encuentran en la misma condición que la del recurrente. Agregan que, en todo caso, el error no crea derecho a terceros, conforme a lo establecido en el Código Civil, artículo 17. Cita la sentencia 2019-021948. Añaden que, de acuerdo con el informe GSP-RCHO-2019-00266 de enero de 2019, los servicios adicionales se pueden garantizar siempre que se cumpla con la normativa técnica y legal vigente, esto por cuanto “el asunto no es el de la propiedad plano catastrado 5-116465-2007 folio real 5-135960-000 o bloque F, si no más bien de la propiedad plano catastrado 5-1674644-2013 que actualmente no cuenta con disponibilidad de agua y se encuentra fraccionada de manera irregular con el número folio real 5-201306-000 es por cuanto al disponibilidad es un requisito indispensable para el fraccionamiento de una propiedad, lo que genera incumplimiento en la Ley Constitutiva de AyA”. Destacan que la Constancia de Disponibilidad de Acueducto y Alcantarillado es un requisito que las municipalidades, INVU y demás entidades competentes requieren de manera previa para la aprobación de los permisos de fraccionamiento y construcción correspondientes, pues su fin es determinar, con anterioridad a la aprobación de un plano catastral o de construcción, la realidad existente en el momento histórico respectivo en cuanto a la capacidad hídrica, hidráulica de recolección y condiciones de carácter ambiental que ofrecen los sistemas de AyA en una zona determinada, así como la vulnerabilidad que pueda comprometer otros proyecto, entre otros. Enfatizan que el proyecto, desde sus inicios, fue concebido como bloque F, es decir, como un solo lote, el cual fue modificado posteriormente en 15 lotes, por lo que el fundamento para no otorgar la disponibilidad de servicio, radica en el incumplimiento de la normativa técnica y legal, y no en la capacidad hídrica, de modo que es necesario que el interesado tramite ante las organizaciones competentes la modificación del proyecto como corresponde y presente un plano de agrimesura. Cita la sentencia 2016-015830. Subrayan que se tiene imposibilidad técnica y legal para instalar el servicio de agua potable, hasta que se efectúe la modificación del proyecto ante los entes competentes, para su revisión y aprobación. Solicitan que se declare sin lugar el recurso. 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acusa que la autoridad recurrida le denegó la disponibilidad de agua en su propiedad, en virtud de un tema técnico legal del proyecto residencial El Río, al indicársele que no se trataba de un problema hídrico ni hidráulico del sistema de Liberia, sino del cumplimiento legal en materia urbanística y de tramitología, debido a que el bloque F había sido constituido como un solo lote, por lo que el interesado debía presentar un plano de agrimensura aprobado por parte del AyA, en el cual se contemplara el fraccionamiento adicional que se deseaba realizar en ese bloque, con el fin de generar un criterio técnico para el desarrollo. Aduce haber ejercido su defensa y encontrarse disconforme con lo resuelto. Agrega que su propiedad colinda con otro lote que se encuentra en sus mismas condiciones; empero, este sí cuenta con la disponibilidad de agua. Estima vulnerados sus derechos fundamentales. II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: Mediante expediente administrativo [Valor 003] del 3 de setiembre de 2018, el recurrente solicitó ante la Unidad Cantonal de Liberia la disponibilidad de servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario para la finca folio real 5-20306-100, plano catastro G-1676344-2013 (ver informe rendido). A través del informe de Ingeniería Regional GSP-RCHO-2019-03332 del 9 de noviembre de 2018, el recurrido concluyó: “Así las cosas y considerando las condiciones técnicas que posee la zona de Capullín no existe problema técnica (sic) para la prestación del servicio para la propiedad 5-167644-2013, la negación de esta solicitud se da por un tema técnico legal del Proyecto Residencial del Río, ya que el día de hoy solicita más servicios que lo (sic) que se otorgaron inicialmente” (ver informe rendido y prueba aportada): A la luz del criterio emitido por la Dirección de Ingeniería Regional, el recurrido emitió la Constancia de Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado DISPO-RCH-OCL-2018-1064, la cual indica que “NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRENTE A LA PROPIEDAD, NO HAY DISPOONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA PROPIEDAD” del tutelado (ver informe rendido y prueba aportada). El recurrente interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, así como uno de revisión, los cuales fueron rechazados (hecho incontrovertido). El proyecto residencial El Río, desde sus inicios, fue concebido como bloque F, es decir, como un solo lote, el cual fue modificado posteriormente en varios lotes. A partir de ello, el recurrido le denegó al tutelado la disponibilidad del servicio con base en un incumplimiento de la normativa técnica y legal; además, le indicó que debía efectuar un trámite ante las organizaciones competentes para la modificación del proyecto, así como presentar un plano de agrimesura (ver informe rendido y prueba aportada). La Constancia de Disponibilidad de Acueducto y Alcantarillado es un requisito que las municipalidades, INVU y demás entidades competentes requieren de manera previa para la aprobación de los permisos de fraccionamiento y construcción correspondientes, pues su fin es determinar, con anterioridad a la aprobación de un plano catastral o de construcción, la realidad existente en el momento histórico respectivo en cuanto a la capacidad hídrica, hidráulica de recolección y condiciones de carácter ambiental que ofrecen los sistemas de AyA en una zona determinada, así como la vulnerabilidad que pueda comprometer otros proyecto, entre otros (ver informe rendido). En virtud de un error del recurrido, las fincas plano catastrado G-1674640-2013, folio real 5-201303-000, y plano catastro G-1674638-2013, folio real 5-201305-000 (que se encuentra en la misma condición que la finca del recurrente), cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, con servicio NIS-543-4851 (instalado el 30 de mayo de 2014) y el NIS-546-7364 (instalado el 27 de abril de 2016) (ver informe rendido).
III.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA ACCEDER AL SERVICIO DE AGUA POTABLE. La jurisprudencia de la Sala ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que esta resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento. Así, en la Sentencia No 2006-1898 de las 09:53 hrs. de 17 de febrero de 2006, este Tribunal dispuso lo siguiente: “(…) El recurrente alega (…) que pese a las solicitudes y esfuerzos hechos, el Instituto recurrido se ha negado a brindarles el servicio de agua potable aduciendo que se trata de un precario y que sus habitantes no cuentan con un plano de segregación que establezca que son propietarios de los inmuebles. Al respecto, se encuentra acreditado en autos, con base en el informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, que existe una imposibilidad para instalar servicios de agua potable domiciliaria en la comunidad que habita el recurrente por dos motivos específicos: la falta de una infraestructura adecuada y de presentación de solicitudes con cumplimiento de requisitos legales por parte de los interesados (...). Esta Sala, en la sentencia No. 2004-12185 de las 13:31 horas del 29 de octubre del 2004, en un caso similar al presente, señaló que no era posible obligar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a eludir lo dispuesto en su Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes ni en la Ley General de Agua Potable. De ahí que, en el tanto el amparado, no reúna las condiciones y requisitos ahí exigidos, aunque el servicio de agua potable debe estar al alcance de toda persona por tratarse de un servicio esencial, no se le puede proveer de manera regular. Dada la existencia de esos dos motivos objetivos por los cuales no es posible suministrar un servicio de agua potable regular al accionante: su falta de cumplimiento de requerimientos para la conexión de un servicio nuevo, empezando, por la presentación de la solicitud y la existencia de una infraestructura adecuada en la zona, no existe motivo alguno para entender que la denegatoria de la prestación del servicio regular por parte del Instituto recurrido se deba al hecho que el amparado y sus vecinos no cuentan con títulos de propiedad sobre los inmuebles que poseen. (…)”.
Asimismo, en el voto No. 2018-3907 de las 09:30 horas del 9 de marzo de 2018, la Sala señaló: “(…) IV.- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA APROBAR UNA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE. Al respecto, este Tribunal ha reconocido reiteradamente que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados y las municipalidades que prestan el servicio de suministro de agua potable, de previo a aprobar o rechazar las solicitudes de disponibilidad de agua potable que les sean formuladas, están en plena capacidad de exigir el cumplimiento de requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, y ponderar razones de orden legal y técnico. V.- Sobre el caso concreto. De los informes rendidos bajo fe de juramento por las autoridades recurridas, y la documentación aportada al expediente, se desprende que el 14 de enero de 2013, la amparada presentó una solicitud de trámite de disponibilidad de agua ante la Oficina Cantonal de Guácimo Región Huetar, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en un inmueble de su propiedad, ubicado en África de Guácimo. El 13 de mayo de 2013, el Departamento de Ingeniería, mediante oficio N° RHAOM-2013-0886, retirado por la amparada el 6 de junio de 2013 indicó, respecto a la solicitud de disponibilidad de servicios y extensión de tubería en terrenos con servidumbre de paso, los requisitos para dicho trámite. Posteriormente, la amparada, el 19 de mayo de 2015 envió al Departamento de Ingeniería del AyA una nota solicitando una carta de Capacidad Hídrica. Por Oficio N° SB-GSP-RHAOMSAP-2015-1492, de 10 de julio de 2015 el Departamento de Ingeniería del AyA indicó a la amparada nuevamente los requisitos para otorgarle la carta de capacidad hídrica, relacionados con la extensión de ramal en servidumbre de paso, sin embargo a la fecha que se rinde el informe la amparada no ha cumplido con lo indicado. De lo anterior se concluye que en el presente caso no existe lesión a los derechos fundamentales de la amparada, pues de la inspección de campo realizada por el ICAA se acreditó la ausencia de infraestructura de agua potable frente a la propiedad de la amparada, y la necesidad de efectuar una extensión de ramal en servidumbre de paso. Es evidente entonces que el ICAA no puede brindar el servicio solicitado por el recurrente porque técnicamente no le es factible y, por ende, no es posible acoger su solicitud en los términos en que lo pretende. Así las cosas, considera la Sala que no se ha dado una negativa arbitraria del ICAA para brindarle disponibilidad del servicio de agua potable a la gestionante como lo solicita, sino que, lo que en realidad ha ocurrido, es que existe una imposibilidad técnica y material debido a la inexistencia en el sitio de la infraestructura necesaria para acceder a lo peticionado por la recurrente, lo cual ya es de su conocimiento. Recuérdese que, sobre el particular, esta Sala ha reconocido en múltiples sentencias lo que ha llamado la imposibilidad técnica o material, que es la falta de infraestructura, y se ha manifestado en el sentido de que cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se vulnera derecho fundamental alguno de los administrados porque la omisión en la prestación del servicio obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración (ver en ese sentido, entre otras, sentencias 2007-03355, 2007-010341, y 2017-011477). En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se ordena (…)”. (El destacado no forma parte del original). Se entiende, entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados o ante las respectivas ASADAS, la prestación del servicio también debe sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen brindarlo. IV.- SOBRE LA DENEGATORIA DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA SOLICITADA POR EL RECURRENTE: En el sub lite, se tiene por demostrado que, mediante expediente administrativo [Valor 003] del 3 de setiembre de 2018, el recurrente solicitó ante la Unidad Cantonal de Liberia la disponibilidad de servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario para la finca folio real 5-20306-100, plano catastro G-1676344-2013. Luego, a través del informe de Ingeniería Regional GSP-RCHO-2019-03332 del 9 de noviembre de 2018, el recurrido concluyó: “ Así las cosas y considerando las condiciones técnicas que posee la zona de Capullín no existe problema técnica (sic) para la prestación del servicio para la propiedad 5-167644-2013, la negación de esta solicitud se da por un tema técnico legal del Proyecto Residencial del Río, ya que el día de hoy solicita más servicios que lo (sic) que se otorgaron inicialmente”. Después, el recurrido emitió la Constancia de Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado DISPO-RCH-OCL-2018-1064, la cual indica que “NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE FRENTE A LA PROPIEDAD, NO HAY DISPOONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA PROPIEDAD” del tutelado. Por ello, el recurrente interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, así como uno de revisión, los cuales fueron rechazados. Al respecto, el recurrido explica que el proyecto residencial El Río, desde sus inicios, fue concebido como bloque F, es decir, como un solo lote, el cual fue modificado posteriormente en varios lotes, por lo que el fundamento para no otorgar la disponibilidad de servicio radica en el incumplimiento de la normativa técnica y legal, de modo que es necesario que el interesado tramite ante las organizaciones competentes la modificación del proyecto como corresponde y presente un plano de agrimesura. Además, el accionado afirma que la Constancia de Disponibilidad de Acueducto y Alcantarillado es un requisito que las municipalidades, INVU y demás entidades competentes requieren de manera previa para la aprobación de los permisos de fraccionamiento y construcción correspondientes, pues su fin es determinar, con anterioridad a la aprobación de un plano catastral o de construcción, la realidad existente en el momento histórico respectivo en cuanto a la capacidad hídrica, hidráulica de recolección y condiciones de carácter ambiental que ofrecen los sistemas de AyA en una zona determinada, así como la vulnerabilidad que pueda comprometer otros proyectos, entre otros. Desde este panorama, tal y como se expuso en la sentencia supracitada, este Tribunal ha dispuesto que no pueden inobservarse los requisitos legales y técnicos para la dotación de un servicio público (ver sentencia en sentido similar 2009-003825 de las 16:49 horas del 10 de marzo de 2009). Asimismo, la Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones de la Administración, de modo que no le compete revisar la procedencia de lo resuelto por el recurrido, respecto a si, en virtud de las condiciones urbanísticas, técnicas y legales del lote del tutelado, se le debe otorgar o no la disponibilidad aludida. Ergo, la disconformidad que tenga la parte promovente con tal denegatoria, no corresponde ser analizada ni resuelta en esta sede, sino ante la propia autoridad recurrida o en la vía de legalidad competente, a efectos de que se resuelva conforme a derecho. V.- RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE AGUA OTORGADA A UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EL DEL AMPARADO: Por otro lado, el petente acusa que su propiedad colinda con otro lote que se encuentra en sus mismas condiciones; empero, este sí cuenta con la disponibilidad de agua. Por ello, estima vulnerado el derecho a la igualdad. Al respecto, el accionado aduce que, en virtud de un error por parte de esa institución, las fincas plano catastrado G-1674640-2013, folio real 5-201303-000, y plano catastro G-1674638-2013, folio real 5-201305-000 (que se encuentra en la misma condición que la finca del recurrente), cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, con servicio NIS-543-4851 (instalado el 30 de mayo de 2014) y el NIS-546-7364 (instalado el 27 de abril de 2016). Así las cosas, conviene citar la sentencia 2019-021948 de las 9:45 horas del 8 de noviembre de 2019, en la cual se conoció un caso semejante y se dispuso lo siguiente: “V.- SOBRE LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN UN INMUEBLE VECINO AL DE LA TUTELADA. De otra parte, la amparada acusa que las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sí le suministraron el servicio de agua potable a una vecina cuya propiedad se encuentra en similares condiciones a la suya, lo cual, en su criterio, afecta el principio de igualdad. Sobre el particular, esta Sala tuvo por acreditado el dicho de la recurrente. Esto, por cuanto las autoridades recurridas, en el informe rendido bajo juramento, reconocieron que ciertamente se cometió un error al brindar el servicio de agua potable en la propiedad vecina a la de la tutelada, en el tanto se irrespetó el criterio técnico y legal establecido al efecto Ahora bien, pese a lo señalado supra, este órgano constitucional no estima procedente acoger la pretensión de la recurrente y, en ese particular –amparándose en la referida irregularidad–, ordenar la instalación de un servicio de agua potable en un sitio que, tal y como se explicó ampliamente, no cumple actualmente con los requisitos técnicos y legales previamente establecidos. En criterio de este Tribunal, el error en que incurrió la administración recurrida no puede generar el derecho que ahora reclama la tutelada, perpetuándose con ello la irregularidad explicada por las propias autoridades recurridas. De este modo, tal y como también se indicó en el considerando anterior, la tutelada deberá formular los alegatos que estime pertinentes, sobre este aspecto en particular, ante las instancias ya mencionadas. Así las cosas, lo que procede es desestimar el amparo en lo que a este agravio igualmente se refiere”. (el subrayado pertenece al original).
Las consideraciones citadas son aplicables al sub lite, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Por ende, aun cuando se haya tenido por acreditado el dicho del tutelado respecto al otorgamiento de disponibilidad a otra finca que se encuentra en las misma condiciones que la suya, lo cierto es que el error en que incurrió la autoridad recurrida no puede generar el derecho que ahora reclama el promovente, perpetuándose con ello la irregularidad explicada por la propia autoridad recurrida. En mérito de lo anterior, el promovente deberá exponer sus reclamos sobre este tema ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o bien, ante la vía jurisdiccional ordinaria. Ergo, se declara sin lugar el recurso. VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
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