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Res. 00336-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/01/2020
OutcomeResultado
The amparo petition is granted, as the final resolution of the environmental proceeding was issued by the TAA during the amparo proceedings, satisfying the petitioner's claim.Se declara con lugar el recurso de amparo, ya que la resolución final del procedimiento ambiental fue dictada por el TAA durante la tramitación del amparo, satisfaciendo la pretensión del recurrente.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber heard an amparo petition filed by Karl Villalobos Hoffmann against the Environmental Administrative Tribunal (TAA). The petitioner alleged a violation of Articles 27 and 50 of the Political Constitution, claiming that an environmental complaint filed by the Municipality of La Unión in September 2011 against the company Poza del Sol E. y W. S.A. had not been resolved after eight years of proceedings. The complaint concerned the impact on the setback area and the course of the La Unión River, due to an unauthorized construction of a wall or retaining wall that undermined neighboring properties. During the proceedings, hearings were held in 2015, reaching a conciliation agreement that was not fulfilled, but the final act was not issued. The Chamber noted that, in environmental matters, there is popular action under Article 105 of the Biodiversity Law, so the petitioner had standing, despite not being a direct party to the case. After being notified of the amparo, the TAA issued final resolution No. 1849-2019 on October 15, 2019, thus satisfying the petitioner's claim. The amparo was granted, but the majority of the Chamber decided not to award costs, damages, or losses, applying Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law, with a dissenting vote by Judge Hernández López, who argued that automatic condemnation was appropriate under Articles 50 and 51 of the same law.La Sala Constitucional conoció un recurso de amparo presentado por Karl Villalobos Hoffmann contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). El recurrente alegó una violación a los artículos 27 y 50 de la Constitución Política, señalando que una denuncia ambiental presentada por la Municipalidad de La Unión en setiembre de 2011 contra la sociedad Poza del Sol E. y W. S.A. no había sido resuelta tras ocho años de tramitación. Se indicó que la denuncia concernía a la afectación del área de retiro y el cauce del río La Unión, debido a una construcción de tapia o muro sin permiso, que socavaba propiedades colindantes. Durante el procedimiento, se celebraron audiencias en 2015, llegándose a un acuerdo conciliatorio que no fue cumplido, pero el acto final no se dictó. La Sala destacó que, en materia ambiental, existe acción popular conforme al artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, por lo que el recurrente estaba legitimado, a pesar de no ser parte directa en el expediente. Tras ser notificado del amparo, el TAA emitió la resolución final N° 1849-2019 el 15 de octubre de 2019, con lo que la pretensión del recurrente quedó satisfecha. Se declaró con lugar el recurso, pero la mayoría de la Sala decidió no condenar en costas, daños y perjuicios, aplicando el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con un voto salvado de la magistrada Hernández López, quien sostuvo que procedía la condenatoria automática conforme a los artículos 50 y 51 de la misma ley.
Key excerptExtracto clave
First, it must be analyzed that although the petitioner is not a party to the file whose delay is complained of, in accordance with Article 105 of the Biodiversity Law, in environmental matters there exists what is called a popular action. According to that provision, "Every person has standing in administrative or judicial proceedings to defend and protect biodiversity." [...] Consequently, we proceed to analyze the administrative delay attributed to the Environmental Administrative Tribunal regarding the complaint filed by the Municipality of La Unión. In this regard, it is proven that the complaint filed by the municipal authorities was submitted in September 2011, and despite the passage of 8 years, at the time this amparo was filed, the respondent authorities of the Environmental Administrative Tribunal had not yet issued a final resolution. However, after being notified of this recourse, on October 15, 2019, they issued resolution No. 1849-2019, which was already notified to the parties and even challenged by the respondent party. Consequently, the recourse is granted, but since as of one thirty in the afternoon on October 15, 2019, a final resolution was issued through resolution No. 1849-2019, and the petitioner is notified of the final resolution, the petitioner's claim has been satisfied. Therefore, it is granted in accordance with Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law.Primeramente debe analizarse que aunque el recurrente no es parte del expediente cuya demora se denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, en materia ambiental existe lo que se denomina una acción popular. Según ese ordinal, “Toda persona está legitimada en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad”. [...] En consecuencia, se procede analizar la mora administrativa y el retraso acusado por parte del Tribunal Ambiental Administrativo en relación con la denuncia planteada por la Municipalidad de La Unión. Ahora, al respecto se acredita que la denuncia planteada por las autoridades municipales fue presentada en setiembre del año 2011, y pese al transcurso de 8 años, al momento de presentado el amparo que nos ocupa, las autoridades recurridas del Tribunal Ambiental Administrativo, aún no habían dictado resolución final. Sin embargo, luego de notificados de este recurso, sea el quince de octubre del año 2019 dictaron la resolución N° 1849-2019, la cual ya fue notificada a las partes e incluso fue impugnada por la parte denunciada. En consecuencia, se dispone acoger el recurso, sin embargo como a las trece horas con dos minutos del quince de octubre del año 2019, se dictó resolución final mediante resolución N° 1849-2019 se le notifica a la parte actora la resolución final, la pretensión del recurrente ya ha sido satisfecha. En virtud de ello, se acoge de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Pull quotesCitas destacadas
"en materia ambiental existe lo que se denomina una acción popular. Según ese ordinal, “Toda persona está legitimada en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad”."
"in environmental matters there exists what is called a popular action. According to that provision, "Every person has standing in administrative or judicial proceedings to defend and protect biodiversity.""
Considerando IV
"en materia ambiental existe lo que se denomina una acción popular. Según ese ordinal, “Toda persona está legitimada en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad”."
Considerando IV
"al momento de presentado el amparo que nos ocupa, las autoridades recurridas del Tribunal Ambiental Administrativo, aún no habían dictado resolución final. Sin embargo, luego de notificados de este recurso, sea el quince de octubre del año 2019 dictaron la resolución N° 1849-2019"
"at the time this amparo was filed, the respondent authorities of the Environmental Administrative Tribunal had not yet issued a final resolution. However, after being notified of this recourse, on October 15, 2019, they issued resolution No. 1849-2019"
Considerando IV
"al momento de presentado el amparo que nos ocupa, las autoridades recurridas del Tribunal Ambiental Administrativo, aún no habían dictado resolución final. Sin embargo, luego de notificados de este recurso, sea el quince de octubre del año 2019 dictaron la resolución N° 1849-2019"
Considerando IV
"la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”."
"the granting must be without special condemnation of costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to state that the recourse is granted when, while the amparo is pending, the grievance is resolved, it is no less true that the same final paragraph specifies that the granting is "solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.""
Considerando V
"la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”."
Considerando V
"la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”."
"the Law in its Article 51 orders the Chamber that "any decision granting the recourse shall condemn in abstracto to the payment of damages and losses caused and to the payment of the costs of the recourse...""
Considerando VI (voto salvado)
"la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”."
Considerando VI (voto salvado)
Full documentDocumento completo
*190183090007CO* Res. Nº 2020000336 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the tenth of January, two thousand and twenty.
An amparo action filed by Karl Villalobos Hoffmann, identity card number 0108610473, against the Administrative Environmental Tribunal.
Resulting:
1.- By document received at the Secretariat of the Constitutional Chamber on October 1st of this year, the petitioner files an amparo action and states that on October 21, 2011, the municipal corporation of La Unión filed a complaint for environmental damages before the respondent Tribunal, against the company Poza del Sol E. Y W. S.A., corresponding to case file No. 348-03-TAA. He argues that it was reported to that body that this company carried out actions that undermined the properties of the adjoining landowners and also built a boundary wall or retaining wall without a construction permit, all of which affected the setback area and the channel of the La Unión River, located 100 meters east of the ICE Towers, on the national highway, in the first district of the canton of La Unión. He adds that in response to said complaint, that Tribunal convened an ordinary administrative procedure hearing for February 17, 2015, a proceeding at which the interested parties were present. He states that on that occasion, a conciliation agreement was reached consisting of the respondent's commitment to submit a mitigation plan and to make the corresponding payment for the economic valuation of the environmental damage. In turn, the continuation of the hearing was scheduled for March 23 of that same year, at which the proposal from the respondent company would be heard. He comments that at the time and date set for that purpose, only Jaime Vargas Guillén appeared in his capacity as complainant and officials from the municipal corporation, but no representative of the respondent company. He adds that given this situation, the respondent Tribunal decided to proceed with the hearing and took the statement of Vargas Guillén, and according to the minutes of the appearance, the issuance of the final act remained pending. He claims that despite more than four years having elapsed since the last hearing was held, the respondent authority has not issued the intended final act. For the foregoing reasons, he considers that the facts subject to this action violate the provisions of articles 27 and 50 of the Political Constitution, and therefore requests that the action be granted, with the legal consequences that this implies.
2.- Marice Navarro Montoya, in her capacity as President of the Administrative Environmental Tribunal, reports under oath that on September 1, 2011, a document was received from Ms. Zaida Jiménez Zúniga, by which she formally files an environmental complaint against Erick Quesada Arce for the alleged diversion of a body of water called Quebrada Yurro or Unión, located in La Unión de Tres Ríos in the Province of Cartago. Subsequently, the complaint was processed, and on March 27, 2015, a document was received from Mr. Eric Quesada Arce by which he provides the Reforestation Plan and the receipt for the payment of the Economic Valuation of Environmental Damage for analysis and for the Conciliation proposal to be accepted. She currently indicates that the complaint is in the process of collecting signatures and the subsequent notification of the resolution of the Final Act of this ordinary Administrative procedure. She adds that in the case file kept by the Environmental Tribunal, the petitioner, Mr. Karl Villalobos Hoffmann, is not a party to it, which is why the final resolution will not be notified to him. She requests that the action be dismissed.
3.- By document dated December 4 of this year, Marice Navarro Montoya, in her capacity as President of the Administrative Environmental Tribunal and as the person in charge of Administrative Case Files 03, appears and attaches a copy of Resolution No. 1849-2019 from thirteen hours and two minutes on October fifteenth, two thousand and nineteen, which corresponds to the Final Act.
4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.
Drafted by Judge Esquivel Rodríguez; and,
Considering:
I.- Clarification. Before analyzing the merits of the matter - for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure - it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the pertinent administrative appeals. Precisely, in the sub lite, an exception case is raised, as this involves environmental proceedings that allegedly have not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.
II.- Object of the action.- The petitioner alleges that the Municipality of La Unión filed a proceeding before the Administrative Environmental Tribunal for environmental damages against the company Poza del Sol E. y W. S.A., corresponding to case file No. 348-03-TAA. However, despite the fact that 8 years have elapsed, to date the procedure in question has not been resolved.
III.- Proven facts.- Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven: a) on September 1, 2011, a document was received from Ms. Zaida Jiménez Zúniga, a municipal official, by which she formally files an environmental complaint against Erick Quesada Arce for the alleged diversion of a body of water called Quebrada Yurro or Unión, located in La Unión de Tres Ríos in the Province of Cartago (report rendered under oath); b) the complaint was assigned case file number 348-11-03-TAA (report rendered under oath); c) on October 11 of this year, the authorities of the Administrative Environmental Tribunal were notified of this action (notification certificate); d) in said case file, a final resolution was issued through Resolution No. 1849-2019 of thirteen hours and two minutes on October fifteenth, two thousand and nineteen (report rendered under oath); e) in the case file kept by the Environmental Tribunal, the petitioner, Mr. Karl Villalobos Hoffmann, is not a party to it, which is why the final resolution will not be notified to him (report rendered under oath); f) against Resolution No. 1849-2019 of thirteen hours and two minutes on October fifteenth, two thousand and nineteen, Mr. Erick Quesada Arce filed an appeal for reconsideration (report rendered under oath).
IV.- On the merits.- First, it must be analyzed that although the petitioner is not a party to the case file whose delay is being reported, in accordance with the provisions of article 105 of the Biodiversity Law, in environmental matters there exists what is called a popular action. According to that provision, “Any person has standing in administrative or judicial proceedings, in defense and protection of biodiversity”. (See, in that sense, judgment 2018-001185). Consequently, we proceed to analyze the administrative delay and the delay alleged against the Administrative Environmental Tribunal in relation to the complaint filed by the Municipality of La Unión. Now, in this regard, it is proven that the complaint filed by the municipal authorities was presented in September 2011, and despite the passage of 8 years, at the time this amparo was filed, the respondent authorities of the Administrative Environmental Tribunal had not yet issued a final resolution. However, after being notified of this action, on October fifteenth, two thousand and nineteen, they issued Resolution No. 1849-2019, which has already been notified to the parties and was even challenged by the respondent party. Consequently, it is decided to grant the action; however, since at thirteen hours and two minutes on October fifteenth, two thousand and nineteen, a final resolution was issued through Resolution No. 1849-2019, the petitioner's claim has already been satisfied. By virtue of this, it is granted in accordance with the provisions of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.
V.- Regarding the condemnation for costs, damages, and losses in accordance with article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that reverses, halts, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”), the granting must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is ordered “solely for the purposes of compensation and costs, if they are applicable”. It is emphasized that the Law states “if they are applicable,” which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in recognizing it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to an impact on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the enforcement of judgment,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs apply is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law or, as applicable, International or Community Law and, furthermore, in order, the General Law of Public Administration and the Contentious-Administrative Procedure Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious-Administrative Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of harm. Based on the foregoing, it is the majority opinion to resolve this action without condemnation for costs, damages, and losses.
VI.- Dissenting vote of Judge Hernández López, regarding the economic consequences derived from granting this action. I agree with the majority of the Chamber on the decision taken regarding the existence of an injury to fundamental rights in this case, which has been corrected on the occasion of the Chamber's intervention; however, I differ from their decision regarding the issue of the economic consequences of said declaration.
The constitutional jurisdiction in charge of this Court in matters of amparo and habeas corpus - the jurisdiction of liberty as it is called - is special because its purpose is not that of the traditional judge who settles a conflict between two parties facing a legal dispute. Its subject matter is of public order, and its objective is to provide judicial protection to individuals in the exercise of their fundamental rights in such a way that their enjoyment is not disturbed by acts of those who, de facto or de jure, carry out concrete exercises of authority capable of violating them.
That protective vocation of the constitutional jurisdiction is materialized in a procedural design that is also peculiar, swift, and free, where the respondent public authority is simply required to render "a report" on what has been done in the reported case (articles 43, 44, 45, and 46 of the LJC). So, technically, it is not a litigation, and accordingly, the Constitutional Chamber is granted broad powers to guide the course of the amparo or habeas corpus process, both regarding the possibility of requesting information from other authorities about what happened and regarding the broad handling of evidence that may serve to clarify what happened. Such a procedural framework of the jurisdiction of liberty, where there are no two antagonistic parties opposed such that what one gains the other loses, requires us to depart from the solutions that for these latter matters have been provided for in procedural systems such as civil, contentious, or labor.
In what is now relevant, the Law of Constitutional Jurisdiction regulates in its articles 46 and following, three concrete aspects of the exercise of the jurisdictional function of protecting fundamental rights, under the charge of the Chamber: a) the first aspect is that concerning the declaration that must be made of the existence or non-existence of the violation (articles 46 and 47 LJC); b) the second carefully regulates the powers that the Court enjoys to reverse the legal effects of the infringement of fundamental rights and restore, in the most effective way, their exercise (articles 49 and 50 LJC); c) the third aspect (article 51 LJC) provides rules on the economic consequences of such amparo and habeas corpus proceedings, in such a way that – upon verification of an injury by the Chamber – there is a restoration of the enjoyment of such rights and, furthermore, effective compensation for the damages and costs caused, as part of the right to effective justice regarding the reparation of the harmful consequences generated by the infringing authorities, which are not only for the purposes of effective judicial protection of the claimant, but also for a dissuasive purpose so that the State does not incur in the future in the actions that gave rise to the granting of the action, a topic regulated in article 50 of the Law of Constitutional Jurisdiction.
In this last aspect, the Law, in its article 51, orders the Chamber that “any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action…”. This is the general system that regulates the issues of the compensation scope, for the cases that the majority identifies as “the natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”; in such cases, among which the one now being decided is counted, the Chamber has verified the grievance, and hence the need for a condemnation for costs, damages, and losses, which is supported on the aforementioned concept of effective protection of the rights of individuals and on the notion that the Administration must be held responsible for the damages and costs caused by its unconstitutional actions. This conclusion is not changed in any way by the fact that, upon hearing and resolving the amparo, “the effects of the claimed act may have ceased” (article 50), since such a case forms an integral part of the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses, as it is understood that the process has ended normally and the violation has been verified.
Within this simple and clear general framework - and devoid of deficiencies or gaps - the provision of article 52 of the Law fits perfectly as an exception case, applicable only in cases where the Chamber has not heard, nor ruled on, the merits of the claim, that is - as the majority says - in those situations of “abnormal termination of the process”. But the conditions and scope for decreeing that form of conclusion are precisely delimited by the legislator; firstly, the factual requirements for the application of this rule are clearly described, such that the Chamber must verify: 1) that the amparo is in progress; 2) that there is an administrative or judicial resolution (which must be understood in its strictly formal sense); and 3) that such resolution unquestionably orders the reversal, halting, or suspension of the challenged action. These are extremely narrowly defined concepts, whose scope of application must also be interpreted restrictively, not only in consideration of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but because the consequences of applying such an exception indisputably generate a diminution in the fundamental right of individuals to achieve effective judicial protection against the damages suffered due to the injury to their constitutional rights. In conclusion, only in such limited cases and after the Court has confirmed all of the foregoing, in light of a restrictive reading of its scope, would we be faced with the need to set aside the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses, and to exercise - as judges - our legal discretion to decide whether the payment of such items is ordered or not.
In this case, the foregoing exercise obliges us to conclude the inapplicability of article 52 of the LJC, since, on one hand, the Court has ruled on the merits of the matter, has recognized with its declaration an injury to fundamental rights, and has determined who its author was; this in no way resembles an “abnormal termination of the process”. On the other hand, the requirements of the recently cited article 52 are not met either, as there is no formally issued “administrative or judicial resolution” in which the act that originates the violation of constitutional rights is expressly reversed, halted, or suspended; for all these reasons, it is appropriate to apply the provisions of articles 50 and 51 of the LJC and to order - as a consequence of having verified the violation - the condemnation for damages, losses, and costs caused, as the economic consequences of the process.
But even if we were to set aside the automatic condemnation for damages, losses, and costs, disregarding the previous reasoning, the truth is that the proven facts of this case have led the Chamber to declare the existence of an impact on the exercise of the protected person's fundamental rights, which, being a harmful action, carries with it a presumption of the emergence of economic damages and losses - the concrete determination of which is not the Chamber's task -, and there is no merit whatsoever in the case file that persuades us to exempt the respondent authority from covering the effective reparation of the harmful consequences of its acts, according to the general principle expressly provided for in the law.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not collected within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Therefore:
The action is granted, based on the provisions of article 52, paragraph 1, of the Law of Constitutional Jurisdiction, without special condemnation for costs, damages, and losses. Judge Hernández López partially dissents and orders condemnation for damages, losses, and costs in accordance with articles 50 and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction.
Fernando Castillo V. President Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Digitally Signed Document -- Verification code -- *XHRAKBFWF6U61* CASE FILE No. 19-018309-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters for vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 22:48:45.
Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *190183090007CO* Res. Nº 2020000336 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veinte .
Recurso de amparo interpuesto por Karl Villalobos Hoffmann, cédula de identidad 0108610473, contra el Tribunal Ambiental Administrativo.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala Constitucional el 1 de octubre del año en curso, el recurrente presenta recurso de amparo y manifiesta que el 21 de octubre de 2011 la corporación municipal de La Unión, presentó una denuncia por daños ambientales ante el Tribunal recurrido, en contra de la sociedad Poza del Sol E. Y W. S.A., que corresponde al expediente N° 348-03-TAA. Aduce que se denunció ante esa instancia que esa sociedad afectó acciones que socavaron las propiedades de los colindantes y además realizó una construcción de tapia o muro de retención, sin permiso constructivo, todo lo cual, afectó el área de retiro y el cauce del río La Unión, situado 100 metros este de las Torres del ICE, sobre carretera nacional, en el distrito primero del cantón de La Unión. Añade que atendiendo dicha denuncia, ese Tribunal convocó a una audiencia del procedimiento administrativo ordinario para el 17 de febrero de 2015, diligencia en la que estuvieron presentes las partes interesadas. Manifiesta que en esa oportunidad se llegó a un acuerdo conciliatorio que consistió en el compromiso del denunciado de presentar el plan de mitigación y la realización del pago correspondiente en la valoración económica del daño ambiental. A su vez se señaló para la continuación de la audiencia el 23 de marzo de ese mismo año, en la que se conocería la propuesta de la sociedad denunciada. Comenta que al ser la hora y fecha señalada al efecto, tan solo se presentó Jaime Vargas Guillén en su condición de denunciante y funcionarios de la corporación municipal, pero ningún representante de la sociedad denunciada. Añade que ante esta situación el Tribunal recurrido, decidió darle trámite a la audiencia y procedió a tomar la declaración de Vargas Guillén y de acuerdo con el acta de la comparecencia, quedó pendiente la emisión del acto final. Reclama que a pesar de haber transcurrido más de 4 años desde la celebración de la última audiencia, la autoridad recurrida no ha dictado el pretendido acto final. Por lo expuesto considera que con los hechos objeto de este recurso, se violenta lo dispuesto en los artículos 27 y 50 de la Constitución Política, por lo que solicita que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales que esto implique.
2.- Informa bajo juramento Marice Navarro Montoya, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, que el día 1° de setiembre del año 2011 se recibe escrito de la señora Zaida Jiménez Zúniga, mediante la cual interpone formal denuncia de carácter ambiental en contra de Erick Quesada Arce por supuesta desviación de un cuerpo de agua denominada Quebrada Yurro o Unión, ubicada en La Unión de Tres Ríos de la Provincia de Cartago. Posteriormente se dio el trámite a la denuncia y el día 27 de marzo del año 2015 se recibió escrito del señor Eric Quesada Arce mediante el cual aporta el Plan de Reforestación y el recibo del dinero de la Valoración Económica de Daño Ambiental para que se analice y se acoja la propuesta de Conciliación. Actualmente indica que la denuncia se encuentra en recolección de firmas y posterior notificación la solución del Acto Final del presente procedimiento Ordinario Administrativo. Agrega que en el expediente que lleva el Tribunal Ambiental el recurrente, sea el señor Karl Villalobos Hoffmann, no figura como parte en el mismo, razón por la cual no le será notificada la resolución final. Solicita se desestime el recurso.
3.- Mediante escrito fechado 4 de diciembre del año en curso, Marice Navarro Montoya, en su condición de Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo y como encargada de los Expedientes Administrativos 03, se apersona y adjunta copia de la Resolución N° 1849-2019 de las trece horas con dos minutos del quince de octubre del año 2019, la cual corresponde al Acto Final.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,
Considerando:
I.- Aclaración. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia Nº 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante gestiones de índole ambiental que, presuntamente, no han sido resueltas en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.- Objeto del recurso.- Alega el recurrente que la Municipalidad de La Unión, planteó una gestión ante el Tribunal Ambiental Administrativo por daños ambientales ante el Tribunal recurrido, en contra de la sociedad Poza del Sol E. y W. S.A., que corresponde al expediente N° 348-03-TAA. Sin embargo, pese a que han transcurrido 8 años, a la fecha no se ha resuelto el procedimiento en cuestión.
III.- Hechos probados.- De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: a) el día 1° de setiembre del año 2011 se recibe escrito de la señora Zaida Jiménez Zúniga, funcionaria municipal mediante la cual interpone formal denuncia de carácter ambiental en contra de salir Erick Quesada Arce por supuesta desviación de un cuerpo de agua denominada Quebrada Yurro o Unión, ubicada en La Unión de Tres Ríos de la Provincia de Cartago (informe rendido bajo juramento); b) la denuncia le fue asignado el número de expediente 348-11-03-TAA (informe rendido bajo juramento); c) el 11 de octubre del año en curso las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo fueron notificadas del presente recurso (acta de notificación); d) en dicho expediente se dictó resolución final mediante resolución N° 1849-2019 de las trece horas con dos minutos del quince de octubre del año 2019 (informe rendido bajo juramento); e) en el expediente que lleva el Tribunal Ambiental el recurrente, sea el señor Karl Villalobos Hoffmann, no figura como parte en el mismo, razón por la cual no le será notificada la resolución final (informe rendido bajo juramento); f) contra la resolución N° 1849-2019 de las trece horas con dos minutos del quince de octubre del año 2019, el señor Erick Quesada Arce interponer recurso de revocatoria (informe rendido bajo juramento).
IV.- Sobre el fondo.- Primeramente debe analizarse que aunque el recurrente no es parte del expediente cuya demora se denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad, en materia ambiental existe lo que se denomina una acción popular. Según ese ordinal, “Toda persona está legitimada en sede administrativa o jurisdiccional, en defensa y protección de la biodiversidad”. ( Ver en ese sentido sentencia 2018-001185). En consecuencia, se procede analizar la mora administrativa y el retraso acusado por parte del Tribunal Ambiental Administrativo en relación con la denuncia planteada por la Municipalidad de La Unión. Ahora, al respecto se acredita que la denuncia planteada por las autoridades municipales fue presentada en setiembre del año 2011, y pese al transcurso de 8 años, al momento de presentado el amparo que nos ocupa, las autoridades recurridas del Tribunal Ambiental Administrativo, aún no habían dictado resolución final. Sin embargo, luego de notificados de este recurso, sea el quince de octubre del año 2019 dictaron la resolución N° 1849-2019, la cual ya fue notificada a las partes e incluso fue impugnada por la parte denunciada. En consecuencia, se dispone acoger el recurso, sin embargo como a las trece horas con dos minutos del quince de octubre del año 2019, se dictó resolución final mediante resolución N° 1849-2019 se le notifica a la parte actora la resolución final, la pretensión del recurrente ya ha sido satisfecha. En virtud de ello, se acoge de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
V.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- Voto salvado de la Magistrada Hernández López, sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala; no obstante, me separo de su decisión en relación con el tema de las consecuencias económicas de dicha declaratoria.
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su materia es de orden público, y su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera tal que no se perturbe su disfrute por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido. Tal marco procesal de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral.
En lo que ahora interesa, la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula en sus artículos 46 y siguientes, tres aspectos concretos del ejercicio de la función jurisdiccional de protección de derechos fundamentales, a cargo de la Sala: a) el primer aspecto es el atinente a la declaración que debe hacerse de la existencia o inexistencia de la violación (artículos 46 y 47 LJC); b) el segundo, regula de forma cuidadosa las potestades de las que goza el Tribunal para revertir los efectos jurídicos de la infracción a los derechos fundamentales y restaurar, de la forma más efectiva, su ejercicio (artículos 49 y 50 LJC); c) el tercer aspecto, (artículo 51 LJC) dispone reglas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, de manera tal que –ante la constatación de una lesión parte de la Sala-exista una restauración del disfrute de tales derechos y, además, una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras, las cuales no son sólo para efectos de la tutela judicial efectiva de la parte accionante, sino también con un fin disuasorio para que el Estado, no incurra en el futuro en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50 de la ley de la Jurisdicción Constitucional.
En este último aspecto, la Ley en su artículo 51 ordena a la Sala que “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Este es el sistema general que regula los temas del ámbito indemnizatorio, para los casos que la mayoría identifica como “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerados los derechos fundamentales…”; en tales casos, dentro de los que se cuenta el que ahora se decide, la Sala ha tenido por comprobado el agravio y de allí la necesidad de una condenatoria en costas daños y perjuicios, que se apoya en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. No cambia en nada esta conclusión por el hecho de que al conocer y resolver el amparo, “hubieren cesado los efectos del acto reclamado” (artículo 50) pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, por entenderse que el proceso ha terminado de forma normal y se ha constatado la violación.
Dentro de este marco general sencillo y claro -y carente de minusvalías o vacíos- la disposición del artículo 52 de la Ley encaja perfectamente como un caso de excepción, aplicable únicamente en los casos en que la Sala no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, es decir -como lo dice la mayoría- en aquellas situaciones de “terminación anormal del proceso”. Pero las condiciones y alcances para decretar esa forma de conclusión están delimitados como suma precisión por parte del legislador; en primer lugar, los presupuestos de hecho para la aplicación de esta norma, están claramente descritos, de modo que la Sala debe comprobar: 1) que el amparo está en curso; 2) que exista una resolución administrativa o judicial (que debe entenderse en su sentido estrictamente formal); y 3) que en tal resolución se disponga incuestionablemente la revocación, la detención o la suspensión de la actuación impugnada. Se trata de conceptos sumamente acotados, cuyo ámbito de aplicación debe además ser interpretado restringidamente, no solo en atención a la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino porque las consecuencias de aplicar tal excepción generan indiscutiblemente una disminución en el derecho fundamental de las personas a lograr una efectiva tutela judicial frente a los daños recibidos con la lesión a sus derechos constitucionales. En conclusión, únicamente en tales limitados casos y luego de confirmado por el Tribunal todo lo anterior, a la luz de una lectura restrictiva de sus alcances, estaríamos ante la necesidad de dejar de lado el sistema general de condenatoria automática en costas daños y perjuicios, y ejercitar -como jueces- nuestra discreción jurídica para decidir si se ordena el pago de tales extremos o no.
En este caso, el ejercicio anterior obliga a concluir la inaplicabilidad del artículo 52 de LJC, pues, por una parte, el Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, ha reconocido con su declaración una lesión a derechos fundamentales y determinado quién ha sido su autor; en nada se asemeja lo anterior una “terminación anormal del proceso”. Por otra parte, tampoco se verifican los requisitos del artículo 52 recién citado, ya que no existe una “resolución administrativa o judicial” formalmente emitida y en la cual, de manera expresa se revoque, detenga o suspenda el acto que origina la violación de derechos constitucionales; Por todo ello, es procedente aplicar lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la LJC y disponer -como consecuencia de haberse comprobado la violación- la condenatoria en daños, perjuicios y costas causados, en calidad de consecuencias económicas del proceso.
Pero incluso, aún si dejásemos de lado la condena automática en daños, perjuicios y costas, despreciando los razonamientos anteriores, lo cierto es que los hechos probados de este caso han llevado a la Sala a declarar la existencia de una afectación en el ejercicio de los derechos fundamentales del amparado, que, como acción dañosa que es, lleva aparejada una presunción de surgimiento de daños y perjuicios económicos -cuya determinación concreta no le toca a la Sala-, y no se aprecia en el expediente mérito alguno que convenza para exonerar a la autoridad recurrida de cubrir la efectiva reparación de las consecuencias dañinas de sus actos, según el principio general dispuesto expresamente en la ley.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *XHRAKBFWF6U61*
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