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Res. 00417-2020 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/01/2020
OutcomeResultado
The amparo is granted, and the Mayor of San José is ordered to clean and secure the vacant lot within one month, notify the complainant, and prevent recurrence, under penalty of disobedience.Se declara con lugar el recurso y se ordena al Alcalde de San José limpiar y asegurar el lote baldío en un mes, notificar al denunciante y prevenir la repetición del problema, bajo apercibimiento de desobediencia.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by a resident of Catedral district against the Municipality of San José for failing to maintain a vacant lot near his home, which, after a prior court-ordered cleanup, has again become overgrown and infested with rats and insects, threatening his family’s health and safety. The municipality acknowledges complying with the earlier order but has not secured permanent upkeep by the owner, merely conducting inspections without effective action. The Chamber reiterates that municipal inaction violates the constitutional principles of efficacy, efficiency, simplicity, and speed in administrative functions, and that the Ministry of Health’s powers do not relieve the local government of its duties. It grants the amparo, ordering the mayor to clean and secure the lot within one month, notify the complainant, and prevent recurrence, under penalty of disobedience. The municipality is ordered to pay costs, damages, and losses, to be assessed in an administrative court proceeding. A dissenting vote questions the Chamber’s jurisdiction over administrative omissions not directly endangering life or mobility of disabled persons.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo interpuesto por un vecino del distrito Catedral contra la Municipalidad de San José, por la falta de mantenimiento de un lote baldío cercano a su casa, que tras una limpieza previa ordenada por la misma Sala, ha vuelto a generar plagas de ratas e insectos, afectando la salubridad y seguridad de la familia del recurrente. La municipalidad reconoce haber acatado la orden anterior, pero no ha logrado que el propietario asuma de forma permanente el cuidado del predio, limitándose a inspecciones sin adoptar medidas efectivas. El tribunal reitera que la omisión municipal viola los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la función administrativa, y que las competencias del Ministerio de Salud no eximen al gobierno local de atender los asuntos de su jurisdicción. Declara con lugar el recurso y ordena al alcalde tomar las medidas necesarias para limpiar y asegurar el lote en un mes, notificar al denunciante y evitar que la situación se repita, bajo apercibimiento de desobediencia. Se condena a la municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios, liquidables en ejecución de sentencia contencioso administrativa. Se incluye un voto salvado sobre la competencia de la Sala para conocer de omisiones administrativas que no afecten directamente la vida o la movilidad de personas con discapacidad.
Key excerptExtracto clave
In this case, from the report given by the respondent authority and the evidence on file, it appears that although the lot was cleaned as ordered in Resolution No. 2019-005160 at 2:20 p.m. on March 22, 2019, and the case was closed, the same problems have reappeared—an unkempt lot with grass up to two meters high—without the respondent authority having been able to get the property owner to take care of his property. It has merely carried out some inspections (August 5 and December 17, both in 2019) by officials of the Technical Environmental Management Inspection Department of the Municipality of San José, which confirm the problem, but there is no indication that effective measures have been taken to give an effective solution to the problem reported by the complainant. This omission runs counter to the constitutional principles of efficacy, efficiency, simplicity, and speed of administrative organization and function, affecting the fundamental rights of the petitioner.En el sub examine, del informe rendido por parte de la autoridad recurrida, así como de la prueba aportada en autos, se desprende que, pese a que se limpio el lote en atención a lo ordenado en la resolución No. 2019-005160 de las catorce horas veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, y se dio por finalizado el caso; nuevamente se presentan los mismos problemas planteados –lote descuidado, con el zacate de hasta dos metros de altura; sin que la autoridad recurrida haya logrado que el propietario del inmueble asuma el cuido de su propiedad. Se limita a realizar algunas inspecciones (05 de agosto y del 17 de diciembre, ambos de 2019) por parte de funcionarios del Departamento de Inspección Técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San José, en las que se constata el problema apuntado, sin que se desprenda que se hayan tomado medidas efectivas que den una solución efectiva a la problemática denunciada por el recurrente. La omisión apuntada es contraria a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas, afectando los derechos fundamentales del amparado.
Pull quotesCitas destacadas
"La omisión apuntada es contraria a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas, afectando los derechos fundamentales del amparado."
"This omission runs counter to the constitutional principles of efficacy, efficiency, simplicity, and speed of administrative organization and function, affecting the fundamental rights of the petitioner."
Considerando IV
"La omisión apuntada es contraria a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas, afectando los derechos fundamentales del amparado."
Considerando IV
"Se aclara al Alcalde recurrido que las atribuciones que tenga el Ministerio de Salud, no releva a la Municipalidad de San José, de atender oportunamente los asuntos locales sometidos a su conocimiento."
"The respondent Mayor is advised that the powers the Ministry of Health may have do not relieve the Municipality of San José from duly attending to local matters brought to its attention."
Considerando IV
"Se aclara al Alcalde recurrido que las atribuciones que tenga el Ministerio de Salud, no releva a la Municipalidad de San José, de atender oportunamente los asuntos locales sometidos a su conocimiento."
Considerando IV
"Se advierte que de no acatar la orden dicha, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."
"It is warned that failure to obey this order may incur the crime of disobedience, and pursuant to article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or have it complied with, shall be sentenced to three months to two years in prison or twenty to sixty days’ fine, unless the conduct is more severely punished."
Por tanto
"Se advierte que de no acatar la orden dicha, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado."
Por tanto
"En el caso de las omisiones del Estado en la construcción de infraestructura vial, aceras, puentes, alcantarillas, lastreo de carreteras, para mencionar algunos ejemplos, estimo que la competencia y tutela de los derechos de los administrados le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, de allí que la pretensión contenida en este amparo debe ser reclamado en la jurisdicción contencioso administrativa."
"In the case of State omissions in the construction of road infrastructure, sidewalks, bridges, sewers, road graveling, to mention some examples, I consider that jurisdiction and protection of citizens’ rights correspond to the administrative court, hence the claim in this amparo must be filed in the administrative jurisdiction."
Voto salvado de la Magistrada Hernández López
"En el caso de las omisiones del Estado en la construcción de infraestructura vial, aceras, puentes, alcantarillas, lastreo de carreteras, para mencionar algunos ejemplos, estimo que la competencia y tutela de los derechos de los administrados le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, de allí que la pretensión contenida en este amparo debe ser reclamado en la jurisdicción contencioso administrativa."
Voto salvado de la Magistrada Hernández López
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: January 10, 2020, at 09:20 Case File: 19-023195-0007-CO Type of matter: Amparo action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Ruling with protected data, in accordance with current regulations *190231950007CO* Res. No. 2020000417 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the tenth of January two thousand twenty.
Amparo action processed in case file No. 19-023195-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ. Whereas: 1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 11:46 hours on December 6, 2019, the petitioner files an amparo action and states that he has filed several complaints before the respondent municipality, including one on February 14, 2019, concerning the condition of a vacant lot (lote baldío) located north of his residence, between Calle 5 and 7, Avenida 22, diagonally across from Restaurante Huaraches. He argues that although it is true the municipality cleared the weeds (maleza) from said lot as a result of an order issued by this Chamber (Case File No. [Value 002]), said weeds have grown back and brought with them infestations (plagas) of rats and insects, which represents a danger to his family, which consists of children, young people, and elderly adults. He points out that the municipality always makes the same claim, that they cannot find the owner of the lot and that they cannot clean it. He considers his fundamental rights violated, and therefore requests that the action be granted. 2.- The resolution of 11:46 hours on December 6, 2019, which admits this amparo action, was duly notified to the respondent authorities on December 13 and 19, 2019. 3.- By brief incorporated into the digital case file on December 19, 2019, Johnny Araya Monge, in his capacity as Mayor of San José, and Royeé Álvarez Cartín, in his capacity as Head of the Construction Permits Section, report under oath that, in compliance with resolution No. 2019005160 contained in electronic case file [Value 003], by brief received by the Chamber on April 26, 2019, the respondent authority renders a compliance report, stating that the cleaning order for the property (predio) was complied with and due notification was given to the interested party, as recorded in note No. DSA-0391-2019. They point out that the filing brief also accuses a lack of action on the part of the Ministry of Health, but it is not named as a respondent in this proceeding. They point out that the Department of Environmental Services (Departamento de Servicios Ambientales), via official letter DSA-1138-2019, expressly states the following: “Given the foregoing, inspection photographs are attached along with a report made by collaborator Guillermo Madrigal, which indicates that the corresponding study will be conducted to identify the owner of the property (inmueble), followed by notification for the proper cleaning of the property (predio).” It indicates that the Department of Urban Inspection does not exist within the organizational chart of that municipality; currently, the Office of Urban Inspection operates, attached to the Construction Permits Section, and that the competent unit for addressing problems related to the environment would be the Department of Environmental Services, which has a body of inspectors to address the respective complaints. It adds that it is not observed that the Ministry of Health has been requested to report on the facts set forth by the petitioner. It requests that the action be dismissed. 4.- In the substantiation of this proceeding, the prescriptions of law have been observed.
Drafted by Judge Delgado Faith; and,
Considering:
I.- PURPOSE OF THE ACTION. The petitioner alleges that he has filed several complaints before the respondent municipality, including one on February 14, 2019, concerning the condition of a vacant lot (lote baldío) located north of his residence, between Calle 5 and 7, Avenida 22, diagonally across from Restaurante Huaraches. He argues that although it is true the municipality cleared the weeds (maleza) from said lot as a result of an order issued by this Chamber, according to resolution No. 2019005160, said weeds have grown back and brought with them infestations (plagas) of rats and insects, which represents a danger to his family, which consists of children, young people, and elderly adults. He points out that the municipality claims they cannot find the owner of the lot and that they cannot clean it. II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been so accredited or because the respondent authority omitted to refer to them, as provided in the initial order:
By resolution No. 2019005160 of 14:20 hours on March 22, 2019, the Chamber ordered the respondent Municipality of San José: “The action is granted. Johnny Araya Monge, in his capacity as Mayor of the Municipality of San José, or whoever holds that position, is ordered to take the necessary measures so that within the period of ONE MONTH, counted from the notification of this ruling, the problem generated in the cited vacant lot (lote baldío) is resolved and the necessary actions for its cleaning and security are carried out; and furthermore, the complainant is to be notified of the result of his proceeding. It is warned that failure to comply with said order could result in the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of San José is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Notify this resolution personally to Johnny Araya Monge, in his capacity as Mayor of the Municipality of San José, or to whoever holds that position, in person. Judge Rueda dissents and dismisses the action. Judge Salazar Alvarado adds a note.” (Case File [Value 003]) On October 10, 2019, the petitioner, a resident of the Catedral District, again reported to the Municipality of San José the lack of maintenance of a vacant lot (lote baldío) located near his residence, as it is a source of infestations (plagas) of rats and insects (acknowledgment of receipt, attached to the filing brief, folio 05).
By official letter No. ALCALDIA-00846-2019 of March 28, 2019, the mayor sends a letter to the Manager of Service Provision and the Head of the Department of Environmental Services to enforce what was ordered in resolution No. 2019005160 and to render a compliance report within the 15 business days following notification (report of the respondent authority, folio 25).
By official letter SPC-OInsp-297-2019 of April 1, 2019, the case was referred to the Department of Environmental Services to enforce what was ordered in resolution No. 2019005160 (see evidence provided).
By official letter DSA-0395-2019 of April 23, 2019, the Department of Environmental Services followed up on what was ordered in resolution No. 2019005160, and the cleaning of the land and the publication in the Official Gazette La Gaceta of the notifications addressed to the property owner (inmueble) were carried out (see evidence provided).
By inspection report of August 5, 2019, signed by Sebastián M Chanto Solís, from the Department of Technical Inspection of Environmental Management of the Municipality of San José, it is indicated that the owner of lot 300 West of the Maternidad Carit is a corporation (sociedad anónima) (filing brief, folio 07).
By inspection report of December 17, 2019, signed by inspector Guillermo Madrigal, from the Department of Environmental Services of the Municipality of San José, verification was carried out at the Catedral location in front of Restaurante Huaraches, of an “overgrown, closed” lot, for which the case was reopened and states that “the case will be reopened and will proceed as appropriate.” (Report of the respondent authority, folio 13).
By official letter DSA-1138-2019 of December 17, 2019, the Head of the Department of Environmental Services informs the Legal Department that the corresponding study will be conducted to identify the owner of the property (inmueble) and notification will be made for the proper cleaning of the property (predio) (see evidence provided).
The Municipality of San José has not definitively solved the problem reported by the petitioner.
III.- RELEVANT PRECEDENT. Regarding the claims raised by the petitioner, who accuses a lack of maintenance in a vacant lot (lote baldío), it is necessary to indicate that this Court recently referred to the lack of maintenance of the vacant lot located in the Catedral District, from the Hospital de las Mujeres Adolfo Carit, approximately 300 meters east, Avenida 22, Calle 7 and 5, or in front of Restaurante Huaraches, described by the petitioner. Thus, by Judgment No. 2019-005160, of fourteen hours twenty minutes on March twenty-second, two thousand nineteen, the following was ordered: “VI.- ON THE MERITS. It is evident from the record that on September 3, 2018, the petitioner filed a complaint before the Municipality of San José regarding a vacant lot (lote baldío) located on the north side of his residence, because he argues it is neglected, with grass (zacate) two meters high, is a hideout for criminals and animals, and even faces a risk of catching fire, a situation that would affect his home. Now then, under oath, the respondent municipal authority reported that in September 2018, the Department of Environmental Services proceeded to conduct a field visit to the lot in question, which is located in the Catedral District, from the Hospital de las Mujeres Adolfo Carit, approximately 300 meters east, Avenida 22, Calle 7 and 5, or in front of Restaurante Huaraches, in order to proceed with the corresponding notifications. Likewise, it is verified that in that same month – September 2018 – inspectors Mario Alfaro and Guillermo Madrigal spoke with the petitioner and explained the process for notifying the owners of private properties. On the other hand, it is also established that given the impossibility of locating the owner of the lot in question, the respective notifications were issued in the Official Gazette La Gaceta, editions 204, 205, and 206 of November 7, 2018. Given this scenario, this Chamber considers that the irregularities detected on the property have been known since September 2018; however, at this time, the problems raised persist – a neglected lot, with grass (zacate) up to two meters high, a hideout for criminals and animals, a potential fire risk – conditions that have been conducive to fostering crime and unsanitary conditions. In another vein, there is no evidence that the respondent Municipality has taken sufficient measures to address and resolve the problem reported by the petitioner since September 3, 2018, therefore, an action is observed that is removed from the constitutional principles of efficacy, efficiency, simplicity, and speed of administrative organization and function, affecting the fundamental rights of the protected party. Under this perspective, and even though this Chamber infers that some actions have been taken aimed at ensuring the persons responsible for the land in question comply with the law, the appropriate course is to grant the action, ordering the Municipality of San José to take the necessary measures so that the complaints raised by the claimant are definitively addressed and resolved.” IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub examine, from the report rendered by the respondent authority, as well as from the evidence provided in the record, it is clear that, despite the lot having been cleaned in compliance with what was ordered in resolution No. 2019-005160 of fourteen hours twenty minutes on March twenty-second, two thousand nineteen, and the case having been closed; the same problems raised reappear – a neglected lot, with grass (zacate) up to two meters high; without the respondent authority having managed to make the property owner (inmueble) assume the care of his property. It limits itself to carrying out some inspections (August 5 and December 17, both in 2019) by officials of the Department of Technical Inspection of Environmental Management of the Municipality of San José, in which the noted problem is verified, without it being evident that effective measures have been taken to provide an effective solution to the problem reported by the petitioner. The noted omission is contrary to the constitutional principles of efficacy, efficiency, simplicity, and speed of administrative organization and function, affecting the fundamental rights of the protected party. Finally, it is clarified to the respondent Mayor that the powers that the Ministry of Health may have do not relieve the Municipality of San José from timely attending to the local matters submitted for its consideration. Thus, in the same sense as the previously cited judgment, given that sufficient efforts have not been made to make the lot owner assume his responsibility and provide a solution to the environmental problems that afflict not only the petitioner but also the neighbors of that community, this amparo proceeding must be granted in the terms indicated in the operative part of this ruling.
V.- DISSENTING VOTE OF JUDGE HERNANDEZ LOPEZ. - The Political Constitution establishes different ways of protecting the rights of individuals, for which it has created different instances and levels of protection. Among them, it created the Constitutional Jurisdiction in its Article 10, as a specialized instance, whose purpose is defined in its regulatory law, to “guarantee the supremacy of the norms and constitutional principles and of the International or Community Law in force in the Republic, their uniform interpretation and application, as well as the fundamental rights and freedoms enshrined in the Constitution or in the international instruments on human rights in force in Costa Rica,” (Article 1 LJC). On the other hand, it had previously created the ordinary jurisdiction (Article 153), the labor jurisdiction (Article 70), and also established, in its Article 49, the existence of a contentious-administrative jurisdiction which it defined with particular clarity its purpose as, “to guarantee the legality of the administrative function of the State, its institutions, and any other public law entity.” Practically since its creation, the determination of criteria that allow for the appropriate distribution of different types of claims has been a priority issue for this Chamber, taking for granted that the principle of constitutional supremacy does not necessarily entail recognizing an all-encompassing competence to the body designated to protect it. - On the contrary, an appropriate distribution of tasks, adhering to the constitutional text, aims to understand that the constitutional jurisdiction must hear – according to the purpose of its creation – those aspects that violate, by action or omission, fundamental rights and constitutional supremacy, which are capable of being heard in a very summary process of a special nature and urgency such as the amparo as a procedural institute.
The inactivity of the administration, as a pathology capable of affecting the rights of individuals, depending on its effects and circumstances, may be discussed in one venue or another, according to its degree of direct impact on the fundamental rights regulated in the Political Constitution or the international human rights treaties in force, and the constitutional jurisdiction cannot, nor should it, become a single instance that diminishes the other forms of judicial protection created by the constituent and the legislator. Hence, not every omission or inactivity of the State per se must be protected in the constitutional venue. In the case of omissions by the State in the construction of road infrastructure, sidewalks, bridges, sewers, road graveling, to mention some examples, I believe that the competence and protection of the rights of the administered parties corresponds to the contentious-administrative jurisdiction, hence the claim contained in this amparo action must be claimed in the contentious-administrative jurisdiction. The only admissible exceptions in this venue would be when it is demonstrated in the case file that people's lives are in danger, or in the case of persons with disabilities, when there is a direct and concrete injury that impedes the mobility of a person with a disability. Given that it has not been demonstrated in this case that we are before any of these scenarios, I believe the case should not have been admitted.
VI.- Note from Judge Rueda Leal. I note that I do not dissent as I did in judgment No. 2019005160 of 14:20 hours on March 22, 2019, since in this case, as a new element, a problem of rat and insect infestations (plagas) was alleged, which I consider is indeed a situation susceptible to being analyzed in this jurisdiction as it involves a potential public health problem.
VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, should they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this ruling. Otherwise, any material not collected within this period shall be destroyed, according to the provisions of the “Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial),” approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The action is granted. Johnny Araya Monge, in his capacity as Mayor of the Municipality of San José, or whoever holds that position, is ordered to take the necessary measures so that within the period of ONE MONTH, counted from the notification of this ruling, the problem generated in the cited vacant lot (lote baldío) is resolved and the necessary actions for its cleaning and security are carried out; and furthermore, the complainant is to be notified of the result of his proceeding. Likewise, he is ordered to take the necessary measures to prevent the described situation from recurring. It is warned that failure to comply with said order could result in the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo action, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of San José is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Judge Hernández López dissents and dismisses the action outright. Judge Rueda Leal adds a note. Notify this resolution personally to Johnny Araya Monge, in his capacity as Mayor of the Municipality of San José, or to whoever holds that position, in person.
Fernando Castillo V. President Paul Rueda L. Nancy Hernández L.
Jorge Araya G. Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B. Alejandro Delgado F.
Digitally Signed Document -- Verification code -- *3LDL3EFCAZY61* CASE FILE No. 19-023195-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.South of the Perpetuo Socorro Church). Reception of matters for vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, calles 19 and 21, avenidas 8 and 6 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 22:48:08.
Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *190231950007CO* Res. Nº 2020000417 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de enero de dos mil veinte .
Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 19-023195-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:46 horas del 06 de diciembre de 2019, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que, ha presentado varias denuncias ante la municipalidad recurrida, entre ellas una el pasado 14 de febrero de 2019, por el estado de un lote baldío ubicado al norte de su casa de habitación, entre calle 5 y 7, avenida 22, diagonal al Restaurante Huaraches. Aduce que si bien es cierto, la municipalidad limpió la maleza de dicho lote, como consecuencia de una orden dada por esta Sala (Expediente No. [Valor 002]), dicha maleza ha vuelto a crecer y trajo consigo plagas de ratas e insectos, lo que representa un peligro para su familia que la conforma niños, jóvenes y adultos mayores. Señala que la municipalidad alega siempre lo mismo, que no encuentran al dueño del lote y que no pueden limpiarlo. Considera violentados sus derechos fundamentales por lo que solicita se declare con lugar el recurso. 2.-La resolución de las 11:46 horas del 06 de diciembre de 2019 que da curso a este amparo fue debidamente notificada a las autoridades recurridas los días 13 y 19 de diciembre de 2019. 3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de diciembre de 2019, informa bajo juramento Johnny Araya Monge, en su condición de Alcalde de San José, y Royeé Álvarez Cartín, en su condición de Jefe de la Sección de Permisos de Construcción, que , en acatamiento a la resolución No. 2019005160 que consta en el expediente electrónico [Valor 003], mediante escrito recibido por la Sala el 26 de abril de 2019, la autoridad recurrida rinde informe de cumplimiento, donde manifiesta que se dio cumplimiento a la orden de limpieza del predio y la debida notificación al interesado, según consta en nota No. DSA-0391-2019. Señala que, en el escrito de interposición también se acusa la falta de actuación por parte del Ministerio de Salud, pero no se observa como parte recurrida en este proceso. Señala que el Departamento de Servicios Ambientales, mediante oficio DSA-1138-2019 indica expresamente lo siguiente: “Dado lo anterior se adjuntan fotografías de inspección más informe realizado por el colaborador Guillermo Madrigal, donde se indica que se hará el estudio correspondiente al dueño del inmueble, seguido de la notificación para la debida limpieza del predio”. Indica que el Departamento de Inspección Urbana no existe dentro del organigrama de ese municipio, actualmente funciona la Oficina de Inspección Urbana adherida a la Sección de Permisos de Construcción y que la dependencia competente para atender los problemas relacionados con el ambiente sería el Departamento de Servicios Ambientales, quienes cuentan con un cuerpo de inspectores para atender las denuncias respectivas. Añade que no se observa que se haya pedido al Ministerio de Salud informe sobre los hechos expuestos por la parte recurrente. Pide se declare sin lugar el recurso. 4.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Delgado Faith; y,
Considerando:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que ha presentado varias denuncias ante la municipalidad recurrida, entre ellas una el pasado 14 de febrero de 2019, por el estado de un lote baldío ubicado al norte de su casa de habitación, entre calle 5 y 7, avenida 22, diagonal al Restaurante Huaraches. Aduce que si bien es cierto, la municipalidad limpió la maleza de dicho lote, como consecuencia de una orden dada por esta Sala, según la resolución la resolución No. 2019005160, dicha maleza ha vuelto a crecer y trajo consigo plagas de ratas e insectos, lo que representa un peligro para su familia que la conforma niños, jóvenes y adultos mayores. Señala que la municipalidad alega que no encuentran al dueño del lote y que no pueden limpiarlo. II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
Por resolución Nº 2019005160 de las 14:20 horas del 22 de marzo de 2019 la Sala ordenó a la Municipalidad de San José aquí recurrida:” Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Johnny Araya Monge, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San José, o a quien ocupe ese cargo, que tome las medidas necesarias para que dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva el problema generado en el lote baldío de cita y se realicen las actuaciones necesarias para su limpieza y seguridad; y además, se notifique al denunciante el resultado de su gestión. Se advierte que de no acatar la orden dicha, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución de forma personal a Johnny Araya Monge, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San José, o a quien ocupe ese cargo en forma personal. El Magistrado Rueda salva el voto y declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.” (Expediente [Valor 003] ) El 10 de octubre de 2019, el recurrente, vecino del distrito Catedral, denunció nuevamente ante la Municipalidad de San José, la falta de mantenimiento de un lote baldío que se ubica cerca de su casa de habitación, pues es un foco de plagas de ratas e insectos (acuse de recibido, adjunto a escrito de interposición, folio 05).
Mediante oficio No. ALCALDIA-00846-2019 del 28 de marzo de 2019, el alcalde remite un oficio al Gerente de Provisión de Servicios y al Jefe del Departamento de Servicios Ambientales para hacer cumplir lo ordenado en la resolución No. 2019005160 y rindan un informe de cumplimiento en los 15 días hábiles siguientes a la notificación (informe de autoridad recurrida, folio 25).
Mediante oficio SPC-OInsp-297-2019 del 01 de abril de 2019, se trasladó la atención del caso al Departamento de Servicios Ambientales para hacer cumplir lo ordenado en la resolución No. 2019005160 (ver prueba aportada).
Mediante oficio DSA-0395-2019 del 23 de abril de 2019, el Departamento de Servicios Ambientales dio seguimiento a lo ordenado en la resolución No. 2019005160, y se realizó la limpieza del terreno y la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de las notificaciones dirigidas al propietario del inmueble (ver prueba aportada).
Mediante informe de inspección de 05 de agosto de 2019, suscrito por Sebastián M Chanto Solís, del Departamento de Inspección Técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San José se indica que la propietaria del lote 300 Oeste de la Maternidad Carit, es una sociedad anónima (escrito de interposición, folio 07) Mediante informe de inspección del 17 de diciembre de 2019, suscrito por el inspector Guillermo Madrigal, del Departamento de Servicios Ambientales de la Municipalidad de San José, se verificó en la ubicación Catedral frente al Restaurante Huaraches, un lote “enmontado cerrado”, por lo que se abrió nuevamente el caso y dice que se “abrirá nuevamente el caso y se procederá como corresponda.” (Informe de autoridad recurrida, folio 13).
Mediante oficio DSA-1138-2019 del 17 de diciembre de 2019, el Jefe del Departamento de Servicios Ambientales le informa a la Dirección Jurídica que se hará el estudio correspondiente para identificar el propietario del inmueble y se hará la notificación para la debida limpieza del predio (ver prueba aportada).
La Municipalidad de San José no ha solucionado de forma definitiva, la problemática denunciada por el recurrente.
III.- PRECEDENTE DE RELEVANCIA. Respecto a los reclamos planteados por el recurrente, quien acusa la falta de mantenimiento en un lote baldío, es menester indicar que recientemente este Tribunal se refirió a la falta del mantenimiento del lote baldío ubicado en el Distrito Catedral, del Hospital de las Mujeres Adolfo Carit, aproximadamente 300 metros al este, avenida 22, calle 7 y 5 o al frente de Restaurante Huaraches, que describe el recurrente. Así, mediante la Sentencia No. 2019-005160, de las catorce horas veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se dispuso lo siguiente: “VI.- SOBRE EL FONDO. De los autos se desprende que el 03 de setiembre de 2018, el recurrente interpuso una denuncia ante la Municipalidad de San José, referente a un lote baldío situado al costado norte de su casa de habitación, pues aduce, está en descuido, con el zacate de dos metros de altura, es guarida de delincuentes y animales, e incluso, sufre riesgo de incendiarse, situación que afectaría su vivienda. Ahora bien, bajo juramento, la autoridad municipal recurrida informó, que en el mes de setiembre de 2018 el Departamento de Servicios Ambientales, procedió a realizar una visita de campo en lote en cuestión, el cual se ubica en el Distrito Catedral, del Hospital de las Mujeres Adolfo Carit, aproximadamente 300 metros al este, avenida 22, calle 7 y 5 o al Frente de Restaurante Huaraches, a fin de proceder a realizar las notificaciones correspondientes. Asimismo, se constata que en ese mismo mes –setiembre de 2018- los inspectores Mario Alfaro y Guillermo Madrigal, conversaron con el recurrente y le explicaron el proceso para notificar a los propietarios de los predios privados. Por otro lado, también se tiene que ante la imposibilidad de localizar al propietario del lote en cuestión, se procedió a emitir las respectivas notificaciones en el Diario Oficial la Gaceta, ediciones 204, 205 y, 206 de 7 de noviembre de 2018. Ante este panorama, toma en cuenta esta Sala que las irregularidades detectadas en el predio son conocidas desde el mes de setiembre de 2018; sin embargo, a este momento, subsisten los problemas planteados –lote descuidado, con el zacate de hasta dos metros de altura, guarida de delincuentes y animales, eventual riesgo de incendio-, condiciones que han sido propicias para fomentar la delincuencia y la insalubridad. En otro orden de ideas, no consta que la Municipalidad accionada haya tomado las medidas suficientes para tratar y resolver la problemática denunciada por el recurrente desde el 03 de setiembre de 2018, por lo que se observa una actuación alejada de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas, afectando los derechos fundamentales del amparado. Bajo esa perspectiva, y aunque esta Sala colige que se han realizado algunos actos tendientes a que los responsables del terreno en cuestión se adecúen a Derecho, lo procedente es declarar con lugar el recurso, ordenando a la Municipalidad de San José, tomar las medidas necesarias para que de manera definitiva, se atiendan y resuelvan las quejas planteadas por el accionante.” IV.-SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, del informe rendido por parte de la autoridad recurrida, así como de la prueba aportada en autos, se desprende que, pese a que se limpio el lote en atención a lo ordenado en la resolución No. 2019-005160 de las catorce horas veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve, y se dio por finalizado el caso; nuevamente se presentan los mismos problemas planteados –lote descuidado, con el zacate de hasta dos metros de altura; sin que la autoridad recurrida haya logrado que el propietario del inmueble asuma el cuido de su propiedad. Se limita a realizar algunas inspecciones (05 de agosto y del 17 de diciembre, ambos de 2019) por parte de funcionarios del Departamento de Inspección Técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San José, en las que se constata el problema apuntado, sin que se desprenda que se hayan tomado medidas efectivas que den una solución efectiva a la problemática denunciada por el recurrente. La omisión apuntada es contraria a los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad de la organización y función administrativas, afectando los derechos fundamentales del amparado. Por último se aclara al Alcalde recurrido que las atribuciones que tenga el Ministerio de Salud, no releva a la Municipalidad de San José, de atender oportunamente los asuntos locales sometidos a su conocimiento. Así las cosas, en el mismo sentido que la sentencia anteriormente citada, dado que no se han hecho los esfuerzos suficientes para que el propietario del lote asuma su responsabilidad y se dé una solución a la problemática ambiental que aqueja, no sólo al recurrente sino a los vecinos de esa comunidad, debe estimarse el presente proceso de amparo en los términos indicados en la parte dispositiva de esta sentencia.
V.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNANDEZ LÓPEZ .- La Constitución Política establece distintas formas de tutelar los derechos de las personas, para lo cual ha creado distintas instancias y niveles de protección. Entre ellos, creó la Jurisdicción Constitucional en su artículo 10, como una instancia especializada, cuyo objeto está definido en su ley regulatoria, para “garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”, ( artículo 1 LJC). Por otra parte, ya había creado anteriormente la jurisdicción ordinaria (artículo 153), la jurisdicción laboral (artículo 70) y estableció igualmente, en su artículo 49, la existencia de una jurisdicción contencioso administrativa a la que definió con particular claridad su objeto de, “de garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.” Prácticamente desde su creación, ha sido un tema prioritario para esta Sala, la determinación de criterios que permitan distribuir de manera apropiada los distintos tipos de reclamos, dando por hecho que el principio de supremacía constitucional no conlleva necesariamente reconocer una competencia omnímoda al órgano designado para protegerla.- Por el contrario un reparto apropiado de labores, que se apegue al texto constitucional apunta a entender que la jurisdicción constitucional debe conocer -según el propósito de su creación-, aquellos aspectos que violen por acción u omisión derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal.
La inactividad de la administración, como patología capaz de afectar los derechos de las personas, dependiendo de sus efectos y circunstancias, podrá ser discutida en una u otra sede, según su grado de afectación directa a los derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos vigentes y la jurisdicción constitucional no puede, ni debe constituirse en una instancia única que demerite las otras formas de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador. De allí que no toda omisión o inactividad del Estado per se, deba ser tutelada en sede constitucional. En el caso de las omisiones del Estado en la construcción de infraestructura vial, aceras, puentes, alcantarillas, lastreo de carreteras, para mencionar algunos ejemplos, estimo que la competencia y tutela de los derechos de los administrados le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, de allí que la pretensión contenida en este amparo debe ser reclamado en la jurisdicción contencioso administrativa. Las únicas excepciones admisibles en esta vía, sería cuando se demuestre en el expediente que está en peligro la vida de las personas, o en el caso de las personas con discapacidad, que existe una lesión directa y concreta que impide la movilidad a una persona con discapacidad. No habiéndose demostrado en el caso que estamos ante alguno de estos supuestos, estimo que el caso no debió ser admitido.
VI.- Nota del Magistrado Rueda Leal. Advierto que no salvo el voto tal y como lo hice en la sentencia n.º 2019005160 de las 14:20 horas de 22 de marzo de 2019, ya que en este caso, como elemento nuevo, se alegó un problema de plagas de ratas e insectos, lo cual considero que sí es una situación susceptible de ser analizada en esta jurisdicción al tratarse de un eventual problema de salud pública.
VII.-DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Johnny Araya Monge, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San José, o a quien ocupe ese cargo, que tome las medidas necesarias para que dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva el problema generado en el lote baldío de cita y se realicen las actuaciones necesarias para su limpieza y seguridad; y además, se notifique al denunciante el resultado de su gestión. Asimismo, se le ordena tomar las medidas necesarias para evitar que la situación que se describe vuelva a ocurrir. Se advierte que de no acatar la orden dicha, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López salva el voto y rechaza de plano el recurso. El Magistrado Rueda Leal pone nota. Notifíquese esta resolución de forma personal a Johnny Araya Monge, en su condición de Alcalde de la Municipalidad de San José, o a quien ocupe ese cargo en forma personal.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Alejandro Delgado F.
Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *3LDL3EFCAZY61*
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