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Res. 12745-2019 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/07/2019
OutcomeResultado
The Chamber denied the challenge, concluding that Law No. 9223 neither impaired ecological balance nor breached wetland or mangrove obligations, and did not require Indigenous consultation under ILO Convention 169.La Sala rechazó la acción y concluyó que la Ley n.º 9223 no menoscabó el equilibrio ecológico, incumplió obligaciones sobre humedales o manglares ni requería consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denied the challenge to Law No. 9223, which redefined the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge to recognize the rights of residents of Costa Rica’s Southern Caribbean region. It found that the technical report included in the legislative process adequately fulfilled its purpose and supported the conclusion that the change would not materially harm ecological balance or the right to a healthy environment. The exclusion sought to adapt the legal regime to settlements and territorial conditions predating the refuge without releasing the affected lands from environmental, forestry, coastal-zone, and biodiversity protections. The Chamber also held that consultation under Article 6 of ILO Convention 169 was unnecessary because the measure did not regulate Indigenous peoples in their collective capacity. It further rejected claims that Costa Rica’s international obligations concerning mangroves and wetlands had been violated because those areas remained protected, and it reiterated the State’s duty to address illegal occupation and construction.La Sala Constitucional declaró sin lugar la acción contra la Ley n.º 9223, que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo para reconocer derechos de habitantes del Caribe Sur. Consideró que el informe técnico incorporado al procedimiento legislativo cumplió adecuadamente su finalidad y permitió concluir que la modificación no afectaría de manera relevante el equilibrio ecológico ni el derecho a un ambiente sano. La exclusión procuró ajustar el régimen jurídico a asentamientos y condiciones territoriales anteriores a la creación del refugio, sin liberar los terrenos de la legislación ambiental, forestal, costera y de biodiversidad. La Sala también estimó innecesaria la consulta prevista en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT porque la medida no regulaba a los pueblos indígenas en cuanto colectividad. Asimismo, descartó una infracción de las obligaciones internacionales sobre manglares y humedales, cuyas áreas continuaban protegidas, y recordó el deber estatal de actuar contra ocupaciones y construcciones ilegales.
Key excerptExtracto clave
26.- In summary—and this is crucial to the decision reached here—in view of the legal uncertainty and harm to the legitimate rights of the inhabitants of the Southern Caribbean region, which originated with the issuance of the first decree creating the Refuge and which could effectively be perpetuated by a declaration that the disputed law is unconstitutional, we find that the technical report adequately fulfills its own specific purpose and supports the conclusion that the law’s innovations will not materially affect ecological balance and, consequently, the right to a healthy environment held by everyone in our country. The report clearly indicates that, given the particular circumstances surrounding the refuge’s creation and the way it has operated in practice, reformulating the legal structure of the area’s environmental protection regime does not materially affect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. Instead, as the Chamber held in judgment No. 2016-000811 cited above, the legislative measure appropriately advances the constitutional rights of the inhabitants, which are equally relevant and worthy of consideration and assessment in the constitutional review of this legislative decision. 30. In light of all the foregoing, there has been no constitutional violation of the right contained in Article 50 of the Political Constitution, because the challenged Law’s provisions have not impaired ecological balance, nor does the Law violate the international obligations accepted by our country concerning wetlands and mangrove areas. Likewise, given the scope of the challenged legal provisions, the consultation process contained in Article 6 of ILO Convention 169 was not formally required. On the contrary, the State retains all its powers concerning environmental protection and the defense of public property and must, in our view, act consistently by taking the necessary measures to recover lands that are illegally occupied within protected areas, as provided by law.26.- En resumen -y esto resulta ser clave para la decisión que aquí se toma-, frente a la inseguridad jurídica y el daño en los legítimos derechos de los habitantes del Caribe Sur, que se originó desde el momento mismo de la emisión del primer decreto de creación del Refugio y que prácticamente podrían perpetuarse con una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley discutida, estimados que el informe técnico cumple de forma adecuada su finalidad propia y específica y permite entender que las innovaciones de la ley no afectarán de forma relevante el equilibrio ecológico y por ende el derecho a un ambiente sano del que son titulares las personas en nuestro país. Dicho informe es claro en señalar que, dadas las circunstancias particulares de creación del refugio y la forma en que este ha venido operando en la realidad, el replanteamiento de la forma jurídica en el régimen de protección ambiental de la zona, no conlleva afectaciones relevantes para el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en cambio, como sostuvo la Sala en la sentencia número 2016-000811 arriba citada, la medida legislativa se aviene apropiadamente con el desarrollo de derechos constitucionales de los habitantes, igualmente relevantes y dignos de consideración y valoración al hacer el análisis constitucional de esta decisión legislativa. 30. En virtud de todo lo expuesto, no se ha configurado ninguna lesión constitucional al derecho contenido en el artículo 50 de la Constitución Política, pues el equilibro ecológico no ha sufrido menoscabo con las disposiciones de la Ley impugnada, la cual tampoco infringe las obligaciones internacionales aceptadas por nuestro país en el tema de los humedales y zonas de manglar. Asimismo, con vista del alcance de las disposiciones legales impugnadas, no resultaba exigible formalmente el proceso de consulta contenido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Al contrario, el Estado mantiene intactas sus potestades en el ámbito de protección ambiental y defensa de los bienes públicos y debe, según nuestro criterio, actuar de manera consistente tomando las acciones necesarias para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en las zonas protegidas conforme lo indica la ley.
Pull quotesCitas destacadas
"La situación ampliamente expuesta de las poblaciones y el desarrollo urbano de las áreas del Caribe Sur, radicadas mucho tiempo antes de la declaratoria del Refugio y lesionadas por ésta última en sus derechos, hace que no pueda hablarse de una lesión a los principios constitucionales precautorio y de no regresión en materia ambiental."
"The extensively described circumstances of the populations and urban development in the Southern Caribbean areas, established long before the Refuge was declared and whose rights were harmed by that declaration, mean that no violation of the constitutional precautionary and environmental non-regression principles can be found."
Considerando 27
"La situación ampliamente expuesta de las poblaciones y el desarrollo urbano de las áreas del Caribe Sur, radicadas mucho tiempo antes de la declaratoria del Refugio y lesionadas por ésta última en sus derechos, hace que no pueda hablarse de una lesión a los principios constitucionales precautorio y de no regresión en materia ambiental."
Considerando 27
"Justamente a la inversa, tales terrenos, incluyendo los terrenos excluidos por la ley impugnada, que contienen áreas de bosque, nacientes o quebradas; o bien abarcados por la zona marítimo-terrestre, e incluso las demás tierras habitadas que conforman las zonas excluidas, están y seguirán estando sometidas a las reglas protectoras del ambiente que existen en la Ley Forestal, la Ley Orgánica del Ambiente, o la Ley sobre protección a la Biodiversidad solo para mencionar unas cuantas."
"Quite the contrary, those lands—including lands excluded by the challenged law that contain forest areas, springs, or streams; lands within the maritime-terrestrial zone; and even the other inhabited lands comprising the excluded areas—are and will remain subject to the environmental safeguards established in the Forestry Law, the Organic Environmental Law, and the Biodiversity Law, to name only a few."
Considerando 27
"Justamente a la inversa, tales terrenos, incluyendo los terrenos excluidos por la ley impugnada, que contienen áreas de bosque, nacientes o quebradas; o bien abarcados por la zona marítimo-terrestre, e incluso las demás tierras habitadas que conforman las zonas excluidas, están y seguirán estando sometidas a las reglas protectoras del ambiente que existen en la Ley Forestal, la Ley Orgánica del Ambiente, o la Ley sobre protección a la Biodiversidad solo para mencionar unas cuantas."
Considerando 27
"Por esa razón no existía ninguna obligación de que la Asamblea cumpliera con ese requisito establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y por ello en este punto también la acción debe ser declarada sin lugar."
"For that reason, the Legislative Assembly had no obligation to comply with the requirement established in Article 6 of ILO Convention 169, and the action must therefore also be denied on this point."
Considerando 28
"Por esa razón no existía ninguna obligación de que la Asamblea cumpliera con ese requisito establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y por ello en este punto también la acción debe ser declarada sin lugar."
Considerando 28
"Tales afirmaciones resultan ampliamente suficientes para descartar alguna puesta en peligro de las obligaciones de Costa Rica, derivadas de los convenios sobre humedales de los que nuestro país es parte."
"Those statements are amply sufficient to rule out any threat to Costa Rica’s obligations arising from the wetland conventions to which our country is a party."
Considerando 29
"Tales afirmaciones resultan ampliamente suficientes para descartar alguna puesta en peligro de las obligaciones de Costa Rica, derivadas de los convenios sobre humedales de los que nuestro país es parte."
Considerando 29
Full documentDocumento completo
*140191740007CO* Decision No. 2019-012745 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve ten on diez de julio de dos mil diecinueve.
Action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) filed by MARCO LEVI VIRGO, in his capacity as President vested with the powers of a Generalissimo Attorney-in-Fact (Apoderado Generalísimo) of the ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA ECOLOGIA, seeking a declaration that LEY NÚMERO 9223 DEL 10 DE MARZO DE 2014 is unconstitutional, on the grounds that it is contrary to Articles 7, 11, and 50 of the Political Constitution, Article 6 of ILO Convention 169, and the pro natura, precautionary, and environmental non-regression principles. The representative of the Office of the Attorney General of the Republic and the representative of Conservation Areas (SINAC) also participated in the proceedings.
WHEREAS:
This follows from what this Chamber has held on previous occasions, in decisions numbers 2012-13367 and 2009-1056. Taking the foregoing position as a reference, there can be no doubt that all provisions reducing protected areas without the support of technical studies or any compensation are unconstitutional.” However, unconstitutionality due to a violation of this principle would not necessarily be remedied by annulling the law. If classified as unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión), it would be sufficient for the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to order in its judgment that the portion or portions compensating for the area removed be added to the Refuge, which could even be done through regulations. That principle is set forth in Article 4, paragraph 2, of the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention), approved by Ley No. 7224 of April 7, 1991, effective as of May 8 of that year, which the petitioner also considers to have been violated: “Where a Contracting Party, because of urgent national interests, deletes or restricts the boundaries of a wetland included in the ‘List,’ it should, as far as possible, compensate for any loss of wetland resources and, in particular, create additional nature reserves for waterfowl and for the protection, either in the same area or elsewhere, of an adequate portion of their former habitat.” According to the map on folio 1513 and the information stated in item 4 of folio 1514, the area excluded from the Refuge does not include wetlands listed under Ramsar; however, the report also states that the entire Refuge is designated as a Ramsar Site of international importance.
Furthermore, the area known as the Humedal Arrecife Coralino or Pastos Marinos y Arrecifes (zone 10) is contiguous to a portion of the excluded area, approximately between vertical geographic coordinates 646 and 648, and because Article 2 of the Convention provides that the boundaries of wetlands included in the List “may incorporate riparian and coastal zones adjacent to the wetlands,” there could be an overlap. Both matters could be clarified at any hearing convened by the Constitutional Court, so that they may be considered should the Chamber order compensation for the areas under the terms set forth above. Other constitutional violations. The petitioner alleges a violation of ILO Convention No. 169, specifically Article 6 thereof, which establishes the obligation to consult the peoples concerned whenever legislative measures that may directly affect them are contemplated. She argues that the “Kekoldi people” are being seriously affected by the implementation of Ley No. 9223 and should have been consulted, as should the Afro-descendant population—while questioning whether the persons or peoples consulted were truly representative of these groups—as well as the Consejos Regionales Ambientales.
However, the arguments regarding unconstitutionality lack specificity: With respect to the “Kekoldi people,” the nature of the alleged impact is not explained and is not apparent, since the Reserva Indígena Bribrí de Këköldi neither overlaps with nor is contiguous to the sector excluded from the Refuge, as shown in the composite map prepared by the Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y Registro, a copy of which is attached. Nor is the nature of the alleged impact on Afro-descendant peoples described, or the reason why the Asociaciones de Desarrollo Integral consulted (folios 1693 and 1694) are not considered representative. For its part, the Consejo Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe reviewed the bill and approved the technical report supporting it (folios 1390, 1392, 1393, 1693, and 1694). Finally, a violation of the principle of inviolability (principio de intangibilidad) of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) is alleged based on the relationship between Ley No. 9223 and Ley No. 9221, Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial.
However, Ley No. 9223, which is the subject of this action, contains no provision relating to the Maritime-Terrestrial Zone and therefore none capable of violating that principle: CONCLUSIONS 1. It falls within the exclusive authority of the Constitutional Chamber to determine whether the technical report is sufficient to justify the reduction of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, as well as to assess whether the principle of reasonableness and proportionality (principio de razonabilidad y proporcionalidad) has been satisfied. 2. There is unconstitutionality by omission for failure to compensate for the area removed. 3. No violation of Article 6 of ILO Convention No. 169 was demonstrated. 4. Nor has a violation of the principle of inviolability of the Maritime-Terrestrial Zone been established.
“With the enactment of Ley N° 9223, the necessary legal framework was established for this municipality, at Municipal Council session N° 187 of March 14, 2015, to appoint the Municipal Commission for Planning and Territorial Organization (Ordenamiento Territorial) of the Cantón de Talamanca” (see folio 313).
18.207), which emphasizes that “practically all components of human well-being, understood in relation to the services provided by ecosystems (security, health, good social relations, freedom of choice and action), have been harmed in these communities by erroneous government interpretations,” the SINAC study concludes that, for this reason, “it is considered that bill 18.207 largely corrects the situation and restores the effective relevance of ecosystem services (servicios de los ecosistemas) in relation to the needs and rights of the surrounding communities within a concept of sustainable development (desarrollo sostenible) of the area’s ecosystem” (see folio 568). Likewise, according to the intervenors (coadyuvantes), the various aspects arising from the enactment of Ley No. 9223 have been technically studied, namely: 1. Regarding demographic behavior and land tenure (tenencia de la tierra), Chapter IX of the SINAC study may be consulted (appearing at folios 1458 to 1459 of the legislative record); 2.
Chapter X of the SINAC study (appearing at folios 1460 to 1471 of the legislative record) addresses the services available in the area in question, which is classified as an urban settlement area; 3. Regarding garbage collection services provided by the Municipalidad de Talamanca, point 5 of Chapter X of the SINAC study may be consulted, as may the information regarding the recycling service operated by a nongovernmental organization. 4. Point 9 of Chapter X of the SINAC study addresses the provision of drinking water and the treatment of wastewater (aguas servidas) by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA); additionally, see Anexo 1 of the SINAC study (appearing at folios 1482 to 1522 of the legislative record). b. On the other hand, the petitioner argues that “the issue of climate change is not addressed,” nor are its consequences, such as the rise in sea level and changes to the marine ecosystem area, for example (see folio 570).
The intervenors respond that this assertion “is incorrect and the claim is absurd.” They support their rebuttal on the basis of Chapter V of the SINAC study (appearing at folios 1411 to 1428 of the legislative record), which examined the vulnerability of marine-coastal resources and the issue of climate change. Likewise, regarding the availability of drinking water and its potential reduction due to the infiltration of seawater into the area’s aquifer, the SINAC study contains information provided by the ICAA (see folios 1500 to 1501 of the legislative record). c. The petitioner alleges that the so-called “study” submitted by SINAC during the legislative consideration of bill no. 18.207 “provides a compilation of documents describing the refuge’s various natural resources,” as well as “a historical account of the different groups that have inhabited the region,” and that “at no point does it address the implications of modifying the boundaries” (see folio 570).
The intervenors state that the “compilation of documents,” as the petitioner calls it, “constitutes precisely the required analysis both of the basis and of the purpose of the bill.” They add that page 7 of the SINAC Technical Report (see folio 1400 of the legislative record) “sets forth what the regulations require of the Technical Report and, therefore, its exact correspondence with the points covered in the Study prepared by SINAC.” d. According to the petitioner, the SINAC technical report does not address the following elements necessary to determine whether modifying the boundaries of the Refugio is advisable: i. climate change; ii. water resource management (gestión del recurso hídrico); iii. solid-waste management (gestión de desechos sólidos); iv. land-use planning (planificación territorial); v. population growth; and vi. natural-resource management (gestión de recursos naturales).
In this regard, reference may be made to the points already explained by the intervenors in point a) of section IX of the intervention brief (appearing at folios 566 to 570). e. The petitioner alleges that the SINAC study does not explain the reasons why, in his view, the first article of Ley No. 9223 “proposes a new distribution of boundaries” that “leaves a substantial portion of the protected maritime zone unprotected,” resulting in a total of 13 km2 without protection, according to the petitioner. The intervenors refer to Chapter XI of the SINAC study (appearing at folio 1476 of the legislative record), which states that “the total number of square kilometers left without protection is not 13km2 but 4,06km2”; moreover, this was expressly stated in the SINAC study itself (appearing at folio 1439 of the legislative record). Finally, on the basis of the SINAC study, the intervenors state that “once the boundaries proposed by bill 18.207 are applied, there would be no change whatsoever to the foundational values set forth in Decreto No. 16614-MAG” (see folio 573). f. Based on the opinion expressed in official letter CON-005-2014 of the Comisión Especial de Redacción, the petitioner asserts that “on this occasion as well, there is no specific study of the reduction of the area described in article 1 of the Bill or of the impact of removing it from protected status (desafectación)” (see folio 574).
He further adds that: i. the study is “an unavoidable and essential requirement for approval of the legislative measure reducing the protected area”; ii. “it must be a technical study—that is, one consistent with the sciences and techniques whose subject matter is the environment and ecosystems—”; iii. the study must be specific and concern the area being reduced and its context; iv. “the purpose of the study is to provide scientific justification for the measure”; and v. the study must satisfy the substantive requirements of article 50 of the Constitution and demonstrate how the right to a healthy and ecologically balanced environment continues to be fulfilled. The intervenors respond that “it is not true that the order issued by the Sala Constitucional in its Voto No. 2012-13367 was not complied with, specifically as regards the technical study. Every single point that the petitioner claims was not addressed in the second technical study that served as the basis for the enactment of Ley No. 9223 was fully addressed when that study was prepared” (see folio 575).
Finally, the intervenors state that “Ley No. 9223 complied with all those requirements”; accordingly, they reject those assertions “as unfounded” and refer to the SINAC Technical Report, appearing at folios 1394 to 1569 of the legislative record. 6. Finally, regarding the alleged violation of international treaties and conventions, as well as the principle of non-regression (principio de no regresión) and the compensation rules (reglas de compensación), the intervenors state that their central argument is that “Ley No. 9223 does not concern a reduction of an ASP [Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida)], but rather the correction of an original error in the declaration of an ASP,” which, in fact, “has led to the violation of fundamental human rights” (see folio 577). This, coupled with the fact that, because “there is no record concerning the creation of the ASP, there is no evidence that an on-site topographic delimitation of the area to be declared was performed, much less a land-tenure study, which in itself marks the beginning of the chain of violations,” means that “it is clear that correcting the original error, which is the objective of Ley No. 9223, does not violate the international treaties or principle cited by the petitioner”; still less can one “speak of regression or of the need for compensation,” because the purpose of Ley No. 9223 was “to clarify a situation that was affected from the outset by irregularities that led to evident illegalities” (see folio 578). 7.
On the other hand, the petitioner states that the native and indigenous peoples, including Afro-Caribbean and Indigenous peoples, were not consulted in accordance with ILO Convention No. 169, and that such consultation was replaced by consultation with organizations that did not represent them (see folio 579). In this regard, the intervenors state that consultation did take place: in this case, the proposal was presented to the Consejo Local del RNVS-GM at an ordinary session held on 7 de diciembre del 2012 and was unanimously accepted. That resolution recommended submitting the proposal to the Consejo Regional del Área de Conservación Amistad-Caribe and the Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Likewise, the proposal was presented to the Asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, held in the community of Manzanillo on 25 de noviembre del 2012, where it was unanimously approved (see folios 579 and 580).
In addition, according to the intervenors, the matter of consulting the communities was addressed in the SINAC Technical Report, appearing at folio 1473 of the legislative record for bill No. 18.207. In addition to the foregoing, the intervenors state that “the project was submitted for consideration to the members of the Asociación Corredor Biológico Talamanca-Caribe, in which the Indigenous peoples of the area are represented, and the project received the corresponding approval.” The intervenors therefore rejected the petitioner’s argument. Finally, on this point, they state that “in Costa Rica, ILO Convention 169 does not apply to ‘Afro-Caribbeans’” (see folio 580). Regarding the alleged failure to consult the Consejos Regionales Ambientales, in accordance with article 6 et seq. of the Ley Orgánica del Ambiente, the intervenors note that official letter SINAC-ACLAC-CORAC-045 of 19 de julio del 2013 “records the consultation with the Consejo Regional Ambiental del Área de Conservación la Amistad Caribe” (see folios 1391 to 1393 of the legislative record). 8.
On the other hand, the petitioner alleges that article 4, subsection 2) of the RAMSAR Convention was violated. In this regard, the intervenors argue that Anexo 1 of the SINAC Technical Report (appearing at folios 1482 to 1522 of the legislative record) describes each of the Refugio’s RAMSAR wetlands. That Report concludes that “bill 18.207 does not affect any of the wetlands designated by the country at the Gandoca-Manzanillo site” (see folios 581-582).
Justice Cruz Castro authors the decision, except for Considerando VII, which is authored by Justice Castillo Víquez; and,
WHEREAS:
The petitioner challenges the law known as “Recognition of the Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean,” No. 9223 of 20 de marzo del 2014, on the ground that it is contrary to Articles 7, 11, and 50 of the Political Constitution, Article 6 of ILO Convention 169, and the pro natura, precautionary, and environmental non-regression principles. The petitioner contends that this Law is unconstitutional because it reduces the area of Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, excluding from its boundaries a coastal strip extending approximately from the mouth of río Cocles to the mouth of río Rojo or Willy Creek. The portion excluded from the Refuge averaged 250 meters between Ruta Nacional No. 256 and the beach, while in Cocles, over a distance of 500 meters, the Refuge occupied only the 50 meters of the Public Zone. In the sector between quebrada Ernesto and río Rojo, the excluded strip may extend at certain points as much as 500 meters inland from the Zona Marítimo Terrestre. All of this was done without satisfying the requirements for compensation and technical studies. Specifically:
PROCEDURAL DEFECTS:
Procedural defect due to the technical insufficiency of the study: in decision no.2012-13367, which resolved the constitutional consultation (consulta de constitucionalidad) concerning the bill that gave rise to the challenged law, this Chamber found it unconstitutional for the bill to be based on an incomplete study (because it did not technically and scientifically determine the actual environmental impact); although the interested parties subsequently prepared a new study, it suffers from the same defects previously identified by the Chamber. This was confirmed by the Departamento de Servicios Técnicos through official letter CON-005-2014 of 18 de febrero del 2014.
Violation of ILO Convention No. 169, specifically Article 6 thereof, which establishes the obligation to consult the peoples concerned when their lands and cultural interests could be affected by the enactment of legislation. This is the case with the Kekoldi people, a group that is being seriously affected by this law. This requirement was entirely disregarded and replaced with consultations involving organizations that were not necessarily representative of these groups. Additionally, the bill should have been submitted for consultation to the Consejos Regionales Ambientales, pursuant to Art.6 of the Ley Orgánica del Ambiente.
SUBSTANTIVE DEFECTS Violation of the constitutional principle of compensation: when situations arise such as that presented by the challenged law, which seeks to recognize the rights of a community by excising part of a protected area (as is the case with Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), the compensation rule must apply immediately, but it was not applied in this case. This rule was recently recognized and applied by this Chamber in decision no.2014-12887 at 14:30 on 08 de agosto del 2014, which establishes, as an additional requirement for removing protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas) from the public domain, the State’s obligation to compensate for the eliminated area with another area of at least equal size. Moreover, the replacement land must necessarily be adjacent to the protected area and ecologically equivalent.
Violation of Article 7 of the Constitution: the principle of lifetime tenure or non-regression (irreductibilidad o no regresión) is grounded in the Convention on Biological Diversity and the Washington Convention (Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere), which prohibit reducing the area of protected wilderness areas unless 3 requirements are met: enactment by law, support from technical studies, and territorial compensation for the eliminated area. In this case, two of these requirements are lacking. There is also a violation of the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention), because Costa Rica included Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo in the list of wetlands of international importance, encompassing the entire protected wilderness area, including the coastal zone, which was removed from the public domain by this challenged law.
Violation of the principle of inviolability (intangibilidad) of the Zona Marítimo Terrestre, because the urban areas segregated from Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo will fall under the jurisdiction of Municipalidad de Talamanca and are areas located within the maritime-terrestrial zone that may be granted as concessions (concesiones), pursuant to Ley No. 9221, Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial, which is being challenged in a separate constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad).
The petitioner has sufficient standing (legitimación) to seek a declaration that the challenged provisions are unconstitutional, without needing a prior proceeding on which to base this action. This is because he appears in defense of an interest concerning the national community as a whole, namely, the right to the environment. The petitioner therefore has full standing to bring this action directly under paragraph 2° of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. This is likewise a matter whose constitutionality may properly be reviewed in this proceeding. Moreover, the petitioner complied with the requirements established in sections 78 and 79 of the governing procedural law (Ley de rito). In conclusion, this action is admissible, and the subject matter and merits of the case must therefore be addressed immediately.
To facilitate the study of the challenged regulations, the following recitals will analyze the arguments presented by the petitioner, beginning with a recital that provides a general explanation of this Chamber’s precedents regarding the reduction of protected areas.
IV.Regarding this Chamber’s precedents concerning the reduction of protected areas, and specifically the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.- The case law of this Sala Constitucional has extensively addressed the requirements for reducing a protected wildlife area (área silvestre protegida), in accordance with the fundamental right to the environment. Furthermore, this Chamber has also ruled specifically on the reduction of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. The following is a summary:
1. Constitutional requirements for reducing a protected wildlife area (statutory reservation and technical studies): In support of Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente (“the surface area of protected wildlife areas, which constitute the natural heritage of the State, regardless of their management category, may be reduced only by a Law of the Republic, after conducting the technical studies that justify such a measure”), there has been a consistent line of case law holding that two essential requirements must be met to reduce a protected wildlife area: “by means of a law and after conducting sufficient technical studies that justify the measure.” (Sala Constitucional, votos números 13367-2012 y 010158-2013. Similarly, judgments numbers 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 and 14772-2010, among others). As stated in the aforementioned 1998 decision:
“(…) once a particular area has been declared a protected zone (zona protectora) by an act of the State, the State cannot simply remove its protected status (desafectación), in whole or in part, in order to protect other interests—public or private—to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with Article 50 of the Constitution. The fact that a provision, whatever its rank, has declared a particular area to be a protected zone does not make that area immutable, such that its size could never be reduced by subsequent legislation. It must be borne in mind, however, that the declaration and delimitation of a protected zone, in compliance with Article 50 of the Constitution, entails the protection of the fundamental right to the environment and, therefore, any reduction in its size must not impair that right, a matter that must be determined in each individual case.
The fact that a subsequent law reduces the size of a protected zone, a forest reserve, a National Park, or any other site of environmental interest is not necessarily unconstitutional, provided that the reduction is justified insofar as it does not violate the right to the environment. It may be that, due to various circumstances, a particular site has lost, at least in part, the environmental significance that originally led to its protection, which, following the appropriate studies, would justify its modification or reduction, all pursuant to the constitutional principle of reasonableness…” (voto No. 7294-1998).
Specifically regarding the statutory reservation (reserva legal) in this area, voto No.14772-2010 stated:
“(…) the public purpose of public-domain property (bien del demanio público) cannot be modified without a legislative act; that is, the reduction of the area of a protected zone is subject to the safeguard afforded by the principle of statutory reservation (principio de reserva de ley). Although, pursuant to Article 36 of the Ley Orgánica del Ambiente, the Poder Ejecutivo is authorized to establish Áreas Silvestre Protegidas upon compliance with the requirements set forth in that provision—as the Parque Nacional Corcovado was established through Decretos Ejecutivos No. 5357-A del 24 de octubre de 1975 y 1148-A del 5 de febrero de 1980—its modification may be carried out only in accordance with Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, following technical and scientific studies and by means of a legislative act.” (emphasis not in the original).
Likewise, judgment no.1056-2009 indicated that a reduction is possible only by law:
“when the boundaries of the protected zones belonging to the State’s forest heritage are expanded, this may be done by regulation; but when they are reduced, this may be done only by law, provided, of course, that there is a prior assessment justifying the measure.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1056-2009) This was applied when the Chamber declared unconstitutional the regulatory provision (Decreto Ejecutivo Nº 32753-MINAE) through which the Poder Ejecutivo reduced the territory of the Refugio Gandoca-Manzanillo, removing the Refugio’s urban area from the protected area and protection regime, as detailed below.
Furthermore, the studies must be conducted beforehand and must be sufficient, necessary, and individualized—as indicated in the following section. The same 1998 decision stated:
“According to the foregoing, mutatis mutandi, if, for the creation of a protected wildlife area, the Asamblea Legislativa established by law compliance with specific requirements in order to determine whether the designation in question was justified, it is logical that certain requirements—such as conducting technical environmental studies—must also be met for the partial or total removal of that designation, in order to determine that such removal does not violate Article 50 of the Constitution. In this regard, we may speak of degrees of removal from protected status. Thus, not every removal of protected status from a protected zone is unconstitutional, insofar as it does not impair or threaten the right to the environment. Consequently, to reduce any protected wildlife area, the Asamblea Legislativa must do so on the basis of sufficient and necessary technical studies to determine that the environment will neither be harmed nor placed at risk and, therefore, that Article 50 of the Constitution will not be violated.
The principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, requires that provisions enacted in this area be duly supported by rigorous technical studies, even if no other legal provision expressly required it. In the opinion of this Tribunal Constitucinal, the requirement contained in Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente No. 7554—that, before reducing a protected wildlife area by formal legislation, technical studies justifying the measure must first be conducted—is nothing more than the practical embodiment of the principle of reasonableness in matters of environmental protection.” (emphasis not in the original).
2. Technical study as a scientific and individualized analysis:
The Chamber has addressed the sufficiency of the technical study, holding in several decisions that such a study must constitute a scientific and individualized analysis. It stated:
“the requirement for technical studies is not a mere formality, but rather a substantive requirement; that is, a scientific and individualized analysis must substantively demonstrate the extent of the environmental impact of the corresponding measure, provide recommendations aimed at mitigating its negative environmental impact, and demonstrate how that measure entails development that meets the needs of the present without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs.” (Voto No. 13367-2012. See also No. 10158-2013).
It follows that the technical study required by Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, which embodies the constitutional principle of reasonableness in matters of environmental protection, requires a technical analysis involving an individualized assessment, which must address at least the following matters:
The extent of the environmental impact of the corresponding measure; Recommendations aimed at mitigating the negative environmental impact; A demonstration of how the adopted measure entails development that meets the needs of the present without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs.
In summary, that prior study must demonstrate that the removal from protected status is consistent with the constitutional protection of the right to the environment, because, as stated in voto no. 18702-2010, “areas of this nature cannot be indiscriminately granted title, since this would run counter to the very environmental conservation policies pursued by the State pursuant to the mandates established by the Constitución Política and the Convenios Internacionales it has signed.” 3. Exclusion, by decree, of urban areas from the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo resulted in reduced environmental protection:
In its voto No. 1056-2009, this Sala Constitucional held that excluding urban areas from the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo—particularly by means of a decree—resulted in reduced protection of the right to the environment:
“Furthermore, the right to the environment is violated because reducing a wildlife refuge clearly not only diminishes the possibility of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo area, but also deprives the area’s natural resources of protection by leaving the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo open to unrestricted exploitation. Evidently, property does not receive the same protection when it constitutes forest property (propiedad forestal). It should be recalled that this type of property is distinct, with its own characteristics and particularities and a special regime, because it is conceived primarily for conservation, not for production or for participation in commerce among persons. All lands considered national reserves are immediately dedicated to the purposes of forestry regulations, which establish a special regime applicable to all forest resources. Thus, by excluding the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo from forest property, the challenged decree violates the right to the environment, because those areas would fall outside the specific limits of forest property, which are intended to promote conservation rather than the exploitation of the property and its natural resources.” (emphasis not in the original).
4. Technical study in the bill that gave rise to the challenged Law, deemed insufficient: In voto No. 2012-13367, issued to resolve the optional legislative consultation (consulta legislativa facultativa) conducted during the consideration of this same Law, the technical study incorporated into the case file at that time was analyzed and deemed insufficient to justify the reduction:
“VII. Regarding the technical study submitted by the Área de Conservación La Amistad Caribe, Regional Directorate of MINAET. The legislative record contains, at folios 952 through 981 of volume four, the document entitled “Technical Opinion of the Área de Conservación Amistad Caribe, SINAC-MINAET, regarding bill 18.207,” prepared by the Área de Conservación La Amistad Caribe, Regional Directorate, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones, in 2012. The document is structured into 6 chapters, as follows: “Chapter I. Background on the Establishment of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Chapter II. The 1985 Decree Establishing the Refuge, No. 16614-MAG. Chapter III. Decrees Subsequent to the Decree Establishing the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Chapter IV. Relevance and Fragility of Ecosystems and Zoning for Consolidation, Management, and Oversight.
Chapter V. Characterization of the Area Whose Boundaries Are Corrected by Bill No. 18.207. Chapter VI. Recommendations and Conclusions.” The first three chapters summarize and describe what already exists (the historical background related to the establishment of the Refuge and a summary of the regulations in force). Regarding Chapter IV, the document’s introductory summary describes its content as follows: “it describes the work undertaken by MINAET to provide the protected wildlife area (área silvestre protegida, ASP) with a robust instrument that would ensure its consolidation and proper management and oversight. This instrument is known as a management plan (Plan de Manejo) and its corresponding zoning regulations (Reglamento de Zonificación), which were adopted and declared mandatory by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) in 1996.” The same introductory summary also states the following regarding Chapter V: “Chapter V presents the results of a current characterization of the area of the Refuge that bill, File No. 18.207, proposes to correct, conducted by a professional team from SINAC/ACLAC in accordance with the guidelines currently required by law for such purposes.” Chapter IV, as already stated, explains the management plan governing the Refuge.
It describes the 15 zones into which the Refuge is currently divided, locates the RAMSAR wetlands on maps, and, without providing further data on the relationships between human settlements and the Refuge’s other inland or marine zones, concludes that: “Zone 1, Cocles-Manzanillo Coastal Plain, corresponds to the area of human settlements predating the declaration of the ASP and does not itself constitute the RNVS-GM’s core area or principal conservation objective.” Chapter V spans 5 pages, from 22 to 26, folios 973 through 977 of the Legislative File, Volume 3. Page 22 of the document explains the study’s methodology; the following 3 folios include maps with a brief explanation at the bottom; and folio 977 includes a table showing the results of the characterization of the Cocles-Manzanillo coastal plain (Zone 1). The chapter shows that MINAET conducted a sampling study of the zone to identify the various forested areas or forest populations and measured the forested and urban areas within Zone 1.
Nevertheless, this Chamber finds that the petitioners are correct in asserting that the study does not satisfy the requirements of Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, Article 50 of the Constitution, and International Environmental Law. Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente is a protective provision that establishes a safeguard for protected wildlife areas and for the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in Article 50 of the Constitution. First, it may be inferred from this provision that the technical study specified therein is an indispensable and essential prerequisite for approving a legislative measure that reduces a protected area, as evidenced by the phrases “may only” and “after”; failure to comply with this requirement entails a declaration that the measure is invalid. Second, it must be a technical study—that is, one conducted in accordance with the sciences and techniques whose objects of study are the environment and ecosystems—for the purpose of determining the measure’s impact on them.
Third, the study must be specific and address the area subject to reduction and its context, in order to assess the impact and issue recommendations to avert risks, prevent negative or adverse effects, or propose the corresponding mitigation, conservation, or remediation measures. Fourth, the purpose of the study is to provide scientific justification for the measure. Finally, the study must conform to the substantive requirements of Article 50 of the Constitution and must demonstrate how the measure being adopted continues to satisfy the right to a healthy and ecologically balanced environment within the framework of a sustainable development policy. The petitioners are correct in warning that the Study fails to analyze and address the impact that removing protected status (desafectación) from the zone would have on the Refuge’s marine and inland zones, given that the zone serves as the link between them and affects the balance of the entire Refuge.
Nor does it examine the impact on the biological corridor, aquifers, and wildlife; determine the ecological value of the zone whose protected status is to be removed within the protected wildlife area as a whole; much less propose measures or recommendations aimed at reducing any negative impact on the Refuge in general. It does not analyze the impact on the RAMSAR wetlands so as to comply with Costa Rica’s international obligations and avoid any State liability for failure to comply with the relevant international instruments. In short, although the study submitted is related to the subject matter, it is manifestly incomplete because the substantive requirements arising from the very subject it is intended to protect have not been satisfied. Indeed, the technical study in question fails to demonstrate how, despite the reduction, the Refuge continues to be preserved in a healthy and ecologically balanced condition.
Furthermore, any regression in levels of protection must be fully justified. The study must establish, on the basis of substantiated scientific criteria, that removing the zone’s protected status is environmentally viable within the framework of a sustainable development policy; otherwise, it constitutes a breach of the principle of non-regression or irreversibility of protection, as explained supra, and a substantive violation of the principle prohibiting the singular derogation of legal rules (principio de inderogabilidad singular de las normas). Accordingly, the lack of scientific evidence warrants ruling pursuant to the precautionary principle (principio precautorio). This Chamber also finds that the petitioners are correct in asserting that the management plan, the zoning regulations, and the studies underlying them (Folios 578-759 and 788 of the file) do not possess the characteristics required by law and derived from the Constitution that, according to the Chamber, the technical study must have.
First, the purpose of those studies was not to justify reducing the protected area; on the contrary, they sought to provide the information necessary to implement a comprehensive management plan for the entire Refuge, including the area whose protected status is intended to be removed; in other words, they fail to serve the purpose established in Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente. Second, these do not constitute a study specifically addressing the reduction of the area described in Article 1 of the Bill and the impact of removing its protected status. The various technical reports, dating from 1995 and 1996, examined the entire Refuge for purposes of the management plan; consequently, they neither address nor assess the impact of the reduction, nor do they issue recommendations to avert risks or prevent any negative or adverse effects it might cause. Finally, it is important to emphasize that there is no evidence that any experts were consulted or that prominent professionals from the various disciplines related to environmental matters appeared at a hearing and could, through their qualified opinions, have filled the gaps in the technical study submitted by the Área de Conservación La Amistad Caribe of the Regional Directorate of MINAET.” (emphasis not in the original) That inadequacy arose because the study failed to analyze and address the impact that removing the zone’s protected status would have on the Refuge’s marine and inland zones.
It also failed to examine the impact, determine the zone’s ecological value, or establish measures or recommendations to reduce the negative impact on the Refuge. The Chamber therefore determined that the study submitted was manifestly incomplete.
V.Examination of the allegations that the challenged Law is unconstitutional.- The petitioner challenges Law N°9223, “Recognition of the Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean,” because it reduces the area of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo without complying with a sufficient technical study, without establishing compensatory measures, without consulting the Kekoldi indigenous people, in breach of the principle of inviolability (principio de intangibilidad) of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) (by allowing concessions in that zone), and in violation of the RAMSAR Convention on Wetlands. In this regard, the Procuraduría General de la República states that it falls exclusively within the jurisdiction of the Sala Constitucional to determine whether the technical report is sufficient to justify the reduction of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
It then sets out in its report certain doubts and inconsistencies identified in that technical report. It also considers the failure to compensate for the removed area to be unconstitutional. On the other hand, it states that no violation of Art.6 of ILO Convention 169 or of the principle of inviolability of the maritime-terrestrial zone was demonstrated. The Director of SINAC states that the law does have technical support and that there are insufficient grounds for finding compensatory measures necessary, because the urban areas and neighboring communities described have always been just that: historic human settlements whose legitimate rights, as an Afro-descendant community and as coastal communities of the Southern Caribbean, the aforementioned law allows to be recognized. Thus, there is nothing to compensate for because, under Law No. 9223, the areas neighboring this Refuge have always been just that—neighboring and urban areas that did not form part of the Refuge under its establishing Decree.
He further states that the area of the Refuge does not affect any of the wetlands designated by the country within the Gandoca-Manzanillo site. The intervening parties, for their part, all argue in favor of the law. They state that Law No. 9223 is not a law intended to reduce a protected area (área protegida), but rather to correct a historical error that violated the rights of communities established there before the Refuge was declared. They likewise state that the conservation targets (objetos de conservación) and representativeness of the Refuge are not affected by the proposed reduction. They assert that the technical-report requirement was satisfied and that there is nothing to compensate for because the areas neighboring this Refuge have always been just that—neighboring and urban areas that did not form part of the Refuge under its establishing Decree. Finally, according to the evidence obtained for a better determination of the matter (prueba para mejor resolver), which this Chamber requested from the Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, the technical report does indicate that the Refuge’s area is being reduced, but there are inconsistencies between the cartography and the report. It also underscores several omissions (regarding data and impact assessment) and identifies several inconsistencies.
Taking all the foregoing allegations and arguments into account, the Court will now examine whether there is in fact a reduction of the Refugio Nacional de Vida Silvestre and the extent of that reduction (recital VI (considerando VI)), for purposes of determining the technical support for such reduction. It will then examine the petitioner’s remaining allegations (recital VII (considerando VII)).
VI.THE REDUCTION OF THE REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO, ITS BACKGROUND, AND THE NUMBER OF HECTARES BY WHICH IT IS REDUCED.- The first point that must be established is that the challenged Law, n°9223, entitled “Recognition of the Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean,” contains a single article redefining the boundaries of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. By redefining those boundaries, it actually reduces the area of that Refuge. This Refuge was created by Executive Decree no.16614-MAG of 29 October 1985. After its creation, Articles 3, 4, 5, and 7 of Decree number 34043-MINAE, published in La Gaceta number 202 of 22 October 2007, sought to reduce the Refuge’s area. As mentioned above, that latter Decree was challenged in an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad), which was decided by decision number 2009-001056 at 14:59 on 28 January 2009. The action was upheld and those articles were annulled because they violated the principle of statutory reservation (principio de reserva legal) and the right to a healthy environment (derecho al ambiente). The decision stated:
“Thus, by reducing the boundaries of the Refugio Nacional de Vida Silvestre de Gandoca-Manzanillo, the challenged Decree violates the principle of statutory reservation because such boundaries may be reduced only by means of a law duly justified for that purpose. In addition, it violates the right to a healthy environment because reducing a wildlife refuge clearly not only diminishes the opportunities to enjoy this right in the Gandoca-Manzanillo area, but also leaves the area’s natural resources unprotected by exposing the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo to unrestricted exploitation. Property clearly does not receive the same protection when it constitutes forest property (propiedad forestal). (…) Thus, by excluding the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo from forest property, the challenged Decree violates the right to a healthy environment because such areas would fall outside the boundaries applicable to forest property, which are intended to promote conservation rather than the exploitation of the property and its natural resources.” (emphasis not in the original).
After the reduction of the Refuge by decree had been declared unconstitutional, bill 18.207 was introduced in the Asamblea Legislativa on 21 July 2011 to redefine the boundaries of the Refuge. The bill was approved on first reading on 30 August 2012. It was referred to the Sala Constitucional for optional constitutional review (consulta facultativa), which was resolved by decision number 12-013367 of 21 September 2012. The bill under review was found unconstitutional for violating Article 50 because the reduction of the area of the Refuge in question was based on an incomplete study that did not determine the environmental impact technically and scientifically. As transcribed above, that decision stated:
“VII. The technical study submitted by the Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional del MINAET. The legislative record contains, at folios 952 through 981 of volume four, the document entitled ‘Technical Opinion of the Área de Conservación Amistad Caribe, SINAC-MINAET, regarding bill 18.207,’ prepared by the Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones, in 2012. (…) The parties requesting review are correct in observing that the Study fails to analyze and address the impact that removing the zone’s protected status (desafectación) would have on the Refuge’s marine and continental zones, given that the zone connects them and affects the balance of the entire Refuge. Nor does it examine the impact on the biological corridor (corredor biológico), aquifers, and wildlife, determine the ecological value of the zone whose protected status would be removed within the protected wilderness area (área silvestre protegida) as a whole, or, still less, propose measures or recommendations aimed at mitigating any negative impact on the Refuge generally.
It does not analyze the impact on the RAMSAR wetlands in order to comply with Costa Rica’s international obligations and avoid any liability of the State for failure to comply with the relevant international instruments. In summary, although the submitted study relates to the subject matter, it is manifestly incomplete because the substantive requirements arising from the very subject matter it is intended to protect have not been satisfied. Indeed, the technical study in question fails to demonstrate how, despite the reduction, the Refuge continues to remain healthy and ecologically balanced. Moreover, any regression in the levels of protection must be fully justified. The study must provide scientifically supported justification that the removal of protected status is a viable measure from an environmental perspective within the framework of a sustainable development policy (política de desarrollo sostenible); otherwise, it constitutes a violation of the principle of non-regression or irreversibility of protection (principio de no regresividad o irreversibilidad de la protección), in the terms explained above, and a substantive violation of the principle prohibiting individual derogation from legal rules (principio de inderogabilidad singular de las normas).
Accordingly, the lack of scientific evidence warrants ruling in accordance with the precautionary principle (principio precautorio)…” (emphasis not in the original) Subsequently, on 20 August 2013, the Comisión de Agropecuarios approved a motion requesting SINAC to prepare the corresponding environmental technical report, which was submitted that same year under the title “Bill Recognizing the Rights of the Inhabitants of the Southern Caribbean, File n°18.207.” The bill was then approved and entered into force as Law n°9223 on 08 April 2014. That is the Law challenged in this action. It follows from all the foregoing that the challenged Law redefines—and reduces—the boundaries of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Having established that the Law under review, by redefining the boundaries of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, actually reduces the area of the Refuge, the question arises whether the Law clearly states HOW LARGE that reduction is. The answer is no: the Law does not clearly state how much of the Refuge’s area is being removed. Therefore, because the Law does not specify the size of the reduction, this Chamber turns to the aforementioned “Technical Report.” According to that report:
-The reduction encompasses a total area of 406.52 hectares, of which 205.97 hectares consist of forest cover (cobertura de bosque) (folio 24 of the report), including 17 hectares within the maritime-terrestrial zone, according to the report of the Procuraduría.
This leads us to conclude, consistently with the position expressed by the Procuraduría General de la República at the hearing, that approximately half of the total area being removed is forest. In this regard, in the requested evidence, the Procuraduría General de la República reports that there is an evident lack of technical support to justify removing the protected status of the forested area.
VII.ADDITIONAL ARGUMENTS IN FAVOR OF PROTECTING THE REFUGIO NACIONAL DEL VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO (Drafted by Justice Castillo V.)
The Sala Constitucional has not expressly recognized the principle of non-regression in environmental matters (principio de no regresión en materia ambiental) in its case law. Nevertheless, it referred to this principle in a recent decision. The High Court stated:
“(…) the principle of progressive realization of human rights (principio de progresividad de los derechos humanos) has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these provisions, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent permitted by its capabilities and development, the levels of protection afforded to human rights, with particular consideration for those rights that, like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), require multiple affirmative actions by the State for their protection and full enjoyment by all rights holders.
The principle of non-regression (principio de no regresividad), or irreversibility of benefits or protection already attained, derives from the principle of progressive realization of human rights and the principle of non-retroactivity of rules (principio de irretroactividad de las normas) to the detriment of acquired rights (derechos adquiridos) and consolidated legal situations (situaciones jurídicas consolidadas), enshrined in Article 34 of the Constitution. This principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is required not to adopt measures or policies, or approve legal provisions, that worsen, without reasonable and proportionate justification, the level of protection of rights attained up to that point. This principle does not entail absolute irreversibility, because all States experience national circumstances of an economic, political, or social nature, or caused by natural events, that adversely affect the achievements attained up to that point and require the new level of protection to be reconsidered and lowered.
In such cases, Constitutional Law and the principles under examination require that any reduction in levels of protection be justified in light of the constitutional standards of reasonableness and proportionality, the requirements of ecological balance and a healthy environment, and the general welfare of the population. In this regard, the Sala Constitucional has stated in its case law, concerning the right to health: ‘…under the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, measures that diminish the protection of fundamental rights are prohibited. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of broadening access to medicines, it cannot—and much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restrictive under the pretext of protecting trade.’ (Judgment of the Sala Constitucional Nº 9469-07). Regarding the right to the environment, it stated: ‘The foregoing constitutes an evolving interpretation of environmental protection in accordance with Constitutional Law, which does not permit regression to its detriment.’ (Judgment of the Sala Constitucional Nº 18702-10).
Consequently, in applying these two principles, the Sala Constitucional has established that it is constitutionally valid to expand the physical extent of protected areas (áreas de protección) by executive decree (principle of progressive realization); however, any reduction may occur only by law and after completion of a technical study consistent with the principles of reasonableness and proportionality, the requirements of ecological balance and a healthy environment, and the general welfare of the population, which serves to justify the measure. A right is only as effective as its guarantees; therefore, these principles are violated when the technical study fails to satisfy the applicable constitutional and technical requirements. If such a guarantee is violated, so too is the fundamental right protected by that guarantee, and it is to that extent that the reduction of protected areas would be unconstitutional.
‘The right to the environment is violated because reducing a wildlife refuge (refugio de vida silvestre) clearly not only diminishes the possibility of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo area, but also deprives the area’s natural resources of protection by leaving the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo open to unrestricted exploitation. Clearly, property does not receive the same protection when it constitutes forest property (propiedad forestal). It should be recalled that this type of property is a distinct form of property with its own characteristics and particularities and a special legal regime, because it is intended primarily for conservation, not for production or commerce among persons. All lands regarded as national reserves immediately become subject to the purposes of forestry legislation, which establishes a special legal regime applicable to all forest resources.
Accordingly, by excluding the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo from forest property, the challenged decree violates the right to the environment, because those areas would fall outside the limitations inherent to forest property, which are directed toward conservation rather than exploitation of the property and its natural resources.’ (Judgment of the Sala Constitucional Nº 1056-2009)” Based on the foregoing, a protected area (área protegida) may be reduced only if this is done by Law, if technical and scientific studies rule out environmental damage, and if the excluded area is offset by another area of equal size or to the extent possible.
In this specific case, however, the Procuraduría General de la República questions the fact that the technical report underlying the challenged Law does not adequately justify the ordered exclusion of 406,32 hectares from the Llanura Costera Cocles-Manzanillo. Nor does it explain why the exclusion was not limited to the urban blocks, but also encompassed 188 hectares with forest cover (cobertura de bosque), which are excluded from the Patrimonio Natural del Estado and do not form part of the Zona Marítimo Terrestre. In the report submitted through official letter number SINAC-DE-0286 of 7 de marzo de 2019, the Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación explains that the 188 hectares mentioned by the Procuraduría General de la República do not constitute a contiguous forest, but rather forest-type structures, most of which are located on private property. In this regard, the explanation provided by the Executive Director is insufficient to dispel the objection raised by the Procuraduría General de la República, because a review of the legislative record (expediente legislativo) and the evidence entered into the case record does not conclusively demonstrate that the aforementioned area is in fact composed of privately owned land, since, if that were the case, there would be no reason for that land to be subject to removal from public-domain status (desafectación).
It should be recalled that the only land that could be removed from public-domain status is land classified as public-domain property (bienes de dominio público); consequently, there is a logical contradiction in maintaining that these are privately owned properties that must be removed from public-domain status, as the respondent authority asserts in its report. The foregoing reasoning is reinforced by the provisions of Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, Ley n.° 7554 de 4 octubre de 1995, which provides as follows:
“Article 37.- Powers of the Executive Branch. When establishing protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), regardless of their management category, the Executive Branch, through the Ministerio del Ambiente y Energía, is authorized to include within their boundaries any privately owned properties, or portions thereof, necessary to fulfill the objectives set forth in this law and to implement them in accordance with the applicable management plan (plan de manejo), or to create statutory easements (servidumbres legales) for ecological protection and compliance with this law.
In the case of national parks, biological reserves, or state-owned national wildlife refuges, the land shall be acquired through purchase, expropriation, or both procedures, subject to prior compensation. In the case of forest reserves, protection zones, mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or portions thereof may also be purchased or expropriated, unless, at the owner’s request, they are voluntarily made subject to the forestry regime (régimen forestal). That submission shall be recorded in the Registro Público de la Propiedad as an encumbrance (afectación) on the property, which shall remain in effect for the period established in the management plan.
Privately owned properties affected pursuant to this Article because they are located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, or protection zones shall be included within state-protected areas only from the time they have been paid for or legally expropriated, except when they are voluntarily made subject to the Régimen Forestal. In the case of forest reserves, protection zones, and wildlife refuges, if payment or expropriation has not been completed, and while it is being completed, the areas shall be subject to an environmental land-use plan (plan de ordenamiento ambiental) that includes an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), and thereafter to a plan for the management, recovery, and restoration of resources.” (The preceding paragraph was thus amended by Article 72, subsection c) of the Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, which in turn was amended by Article 114 of the Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998) (The highlighting and boldface do not appear in the original).
One need not be an especially perceptive observer to conclude that, under the legislation currently in force, private properties—if any—are not part of the refuge; it is therefore contradictory to remove privately owned areas from public-domain status. If that were the case, we would therefore be dealing with an irrational Law.
Thus, although there is a technical report supporting the enactment of the Law, the fact remains that the study does not establish that removing the land from protected status (desafectación) will not cause environmental harm—apart from matters concerning the urban blocks (cuadrantes urbanos). From a logical perspective consistent with Constitutional Law (Derecho de la Constitución) (values, principles, and rules), the appropriate course would have been to remove from protected status only the land comprising the communities located in the area—original communities or other population settlements—or, potentially, to exclude other areas of the public domain (dominio público), provided that it was established that no environmental harm would be caused and that the corresponding compensation was provided. In that regard, as stated above, there is no clarity concerning the lands containing forest—whether they form part of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) or are privately owned lands subject to the restrictions established by the environmental legal system (ordenamiento jurídico ambiental), in which case their removal from protected status was unnecessary—that the Law removed from such status.
It must be one or the other: if these are privately owned properties subject to the environmental restrictions established by legislation, their removal from protected status is superfluous; if they are public-domain property, their removal from protected status is insufficient because there is no certainty that the environment will not deteriorate and the corresponding compensation for the area is not provided. Given this reasonable doubt, the in dubio pro natura principle must be applied, and the 188 hectares must therefore be deemed part of the refuge—public-domain property (bien demanial)—making their exclusion without the corresponding compensation improper. All of the foregoing is unquestionably contrary to what this Chamber has established in its case law, and the challenged statutory provision is therefore unconstitutional. Nevertheless, the foregoing conclusion must be qualified in the sense that, if there are privately owned lands within those 188 hectares, the property rights of their owners cannot be infringed under constitutional provision 45 and Article 21 of the American Convention on Human Rights.
Furthermore, the 188 hectares form part of the wildlife refuge’s central core, which is linked to a fundamental right recognized in favor of those who comprise the Costa Rican Nation—those who were, are, and will be—as well as all other inhabitants; consequently, this constitutes an extremely serious impact on the environment, particularly because, in this case, the challenged Law does not provide the corresponding area compensation and lacks, as explained supra, the technical studies required to reduce the aforementioned refuge.
Furthermore, it must be clarified that, according to the information contained in both the legislative and judicial case files (expedientes), not all of the challenged statutory provisions are contrary to Constitutional Law, because excluding from the refuge the urban blocks—original communities or persons who were even present there before the refuge was created—is indeed appropriate; thus, it would make no sense to declare all of the provisions unconstitutional. Instead, to achieve a fair balance between environmental protection and people’s socioeconomic needs, the appropriate course is to grant the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) that was filed, invalidating the provision solely insofar as it concerns the territories within the forested area—188 hectares—as stated by the Procuraduría General de la República in its reports and, consequently, ordering SINAC to delimit the aforementioned area. If it is determined that they are public-domain properties—not private-domain properties—the SINAC, jointly with the Abogado de Estado, must bring the corresponding legal actions in defense of the public patrimony. As regards any property rights—should such rights be established—the competent authorities must impose the corresponding public-interest restrictions (limitaciones de interés social) on the properties for the sake of protecting the environment.
VIII.REGARDING THE UNNECESSARY ANALYSIS OF THE REMAINING CLAIMS.- Since all of the foregoing provides sufficient grounds for finding the challenged Law unconstitutional due to the lack of technical support, and because the identified procedural defect (vicio de forma) has been established, there is no need to address the remaining claims in detail, particularly since they concern matters that were not properly substantiated in the application initiating this action. The remaining claims assert that the Law is unconstitutional because Indigenous peoples should have been consulted and because the Law contains provisions affecting wetlands and the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre). The Procuraduría General de la República states in its report that the action does not explain how Indigenous peoples are affected, and such an impact is not evident because the Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi neither overlaps with nor adjoins the sector excluded from the Refuge.
Likewise, no evidence was submitted that the Law per se affected wetlands or violated the principle of the maritime-terrestrial zone’s inviolability (principio de intangibilidad). The Procuraduría states that the challenged Law contains no provision concerning the Zona Marítimo Terrestre; therefore, it cannot violate the principle of the maritime-terrestrial zone’s inviolability, nor may it be interpreted as having removed from the special legal regime protecting the maritime-terrestrial zone, among other properties, those lands excluded from the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo by Ley n°9223 that are located within the two-hundred-meter-wide strip along the coastline, measured horizontally from the ordinary high-tide line, as well as areas occupied by mangroves and estuaries (public zone), and the adjoining one-hundred-and-fifty-meter strip (restricted zone). Therefore, without prejudging the merits of these claims, the examination of these claims in this action must be dismissed because the foregoing unconstitutionality has already been established.
IX.Conclusions.- 1) Regarding the arguments concerning the lack of technical support and compensatory measures (medidas de compensación), it is established that Ley n°9223, “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur,” entailed a reduction of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo based on an insufficient technical study concerning the forested area and, moreover, did not provide for compensatory measures. This constitutes a violation of the right to the environment and of the principles of reasonableness, proportionality, objectification, and precaution (principios de razonabilidad, proporcionalidad, objetivación y precautorio); accordingly, the action must be granted as stated in the operative portion (parte dispositiva) of this decision. 2) The arguments concerning the lack of consultation with Indigenous peoples and impacts on wetlands and the maritime-terrestrial zone are not analyzed because unconstitutionality based on the procedure has already been established; furthermore, it was neither substantiated nor demonstrated that the Law should have been submitted for consultation with Indigenous peoples or that the provisions per se entail an impact on wetlands or the maritime-terrestrial zone.
X.NOTE BY JUSTICE CRUZ CASTRO.- I enter this note because I consider that the insufficiency of the technical report in this case extends beyond the lack of substantiation concerning the forested area; there was also no proper technical support for removing the urban area from protected status. Political needs, and the urgency they impose, sometimes also influence technical judgment. It is the eternal tension between the politician and the scientist, recalling the title of a work by Max Weber. The inconsistencies I perceive are detailed below:
The claim regarding the insufficiency of the technical studies supporting the reduction in the area of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo through Ley “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014, will therefore be examined. To that end, several questions that should have been answered in the technical report are considered (1), followed by the positions of each of the parties called upon to address the matter (2), and, finally, the aspects of the report that I consider insufficiently substantiated (3).
-Does it analyze and address the impact of the area to be removed from protected status on the Refuge’s marine and terrestrial zones?
-Does it examine the impact on the biological corridor (corredor biológico), aquifers, and wildlife?
-Does it determine the ecological value of the area to be removed from protected status within the protected wilderness area as a whole?
-Does it propose measures or recommendations aimed at reducing any adverse impact on the Refuge as a whole?
-Does it analyze the impact on RAMSAR wetlands in order to comply with Costa Rica’s international obligations and avoid any State liability for failure to comply with the applicable international instruments?
-Does it demonstrate how, despite the reduction, the Refuge continues to be preserved in a healthy and ecologically balanced condition?
-Does it provide technical justification for removing land from protected status in order to recognize the rights of coastal residents of the Caribe Sur in those urban areas they had inhabited since before the Refuge was declared? In other words, was the report’s technical justification for removing the urban hectares from protected status based on a reliable census of the residents who were present before the Refuge was declared in 1985?
-What technical justification does the report provide for removing the 205.97 hectares of forest cover (cobertura boscosa) from protected status?
To determine whether the report answers such questions, it is therefore essential to examine in detail the aforementioned “Technical Report” (Informe Técnico) prepared by the Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) in 2013, entitled “Proyecto de ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur Expediente n°18.207.” It is also necessary to examine what SINAC, the PGR, and the UNA report in this regard (in the requested evidence), as well as the report of the Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. These questions may appear complex, but they are not, because the importance of the matter being protected warrants careful analysis, without purporting to rely on cryptic arguments.
(…) The technical study submitted by SINAC at the request of the Asamblea Legislativa constitutes the technical justification supporting the removal of protected status (desafectación) adopted by the legislators in the law challenged in this action.” For its part, the Procuraduría General de la República states the following: Regarding the opinion added to the legislative record after this judgment, appearing at folios 1394 et seq., several observations should be made to verify the existence of a technical and scientific basis and to assess whether the principle of reasonableness and proportionality has been satisfied. It sets out the following observations in detail:
—The removal of protected status from 205 ha of forest was not justified: There is neither reasonableness nor proportionality, since only the removal of protected status from the urban area of 233.41 hectares is justified, leaving the removal of protected status from the remaining 205 hectares of forest without technical support.
—Not all of the area removed from protected status is ZMT: It cannot be true that the lands removed from protected status would remain subject to the restrictions of the Ley de Zona Marítimo Terrestre, because the portion excluded from the Refuge under Ley No. 9223 is not limited to the Zona Marítimo Terrestre; rather, a strip that may extend at some points up to 500 meters inland from the Zona Marítimo Terrestre was also removed from protected status.
—Impact on the two mangrove stands is not analyzed: The impact on the two mangrove patches identified within the area removed from the Refuge is neither analyzed nor ruled out, although they are described as being “in a critical state of conservation,” and the report states that “no growth in terms of cover has been demonstrated throughout the period since the Refuge was established, but it has been maintained” (folio 1411).
—Mangroves are not included in the Patrimonio Natural del Estado: In determining the Patrimonio Natural del Estado, the areas meeting the definition of forest under the Ley Forestal were identified (point 4 of folio 1557); however, mangroves, which also form part of the Patrimonio Natural del Estado regardless of their extent, were not included (article 13 of the Ley Forestal and Manual para la clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los recursos naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, Decreto No. 36786-MINAET del 12 de agosto del 2011, article IV.u).
—The basis for concluding that the reef areas adjacent to the excluded area will not be affected is not demonstrated: The various types of coral reefs found in areas adjacent to zone 1 of the RNVS-GM are diverse, well-developed ecosystems containing species unique to the country’s Caribbean region; they are currently highly fragile and undergoing a recovery process. Nevertheless, the report states that the boundary modification does not affect them, without making clear how that conclusion was reached. The same applies to the seagrass beds located in zone 10, adjacent to the excluded area—an ecosystem associated with sea turtles—whose principal cause of decline is said to be “anthropogenic activities, such as sedimentation caused by deforestation and the excessive discharge of nutrients into coastal waters” (folio 1436). In addition, it is stated that “A management plan (plan de manejo) for forests adjacent to the coast would prevent new sediment from entering the reefs” (folio 1421), but the report does not consider whether SINAC will be able to implement such planning once the lands are outside the Refuge.
According to the map at folio 1513 and point 4 of folio 1514, the area excluded from the Refuge does not contain wetlands included on the Ramsar List; however, the report also states that the entire Refuge is designated as a Ramsar Site of international importance. Moreover, the area known as Humedal Arrecife Coralino or Pastos Marinos y Arrecifes (zone 10) is adjacent to a portion of the excluded area, approximately between vertical geographic coordinates 646 and 648, and because Article 2 of the Convention provides that the boundaries of wetlands included on the list “may incorporate riparian and coastal zones adjacent to the wetlands,” there may be an overlap.
—Areas facing potential threats cannot be included in a Management Plan once they cease to form part of the Refuge: Regarding the Zona Marítimo Terrestre Cocles Manzanillo (excluded), the annexes state that “care must be taken…with the carrying capacity of the beaches” and identify the primary potential threats to this area as “the development of traditional high-impact tourism projects.” They further state that the establishment of a Management Plan by MINAE beginning in 1996 “made it possible to neutralize” those potential threats, that beach-access roads were regulated, with no new roads permitted after the plan took effect, and that the extraction of sand from the beaches was also prohibited (folios 1499 and 1500). However, no consideration is given to the fact that SINAC will be unable to implement such planning once the lands are outside the Refuge.
—Deficiencies in the land-tenure maps. REGARDING THE FORESTED AREA: There is a land-tenure (tenencia de la tierra) study for the area removed from protected status. However, it is incomplete, as no information is available for some properties. For the area with forest cover (cobertura boscosa), cadastral and registry information is available for approximately 40 properties, as well as cadastral information for 10 unregistered parcels for which no information beyond the cadastral records was found. It is unknown whether they are currently occupied by the persons identified in Anexo 8 or under what title those persons occupy them, because a cadastral plan does not prove possession of land. No information is available for 4 parcels in forested areas. Four judicial proceedings involving the Procuraduría were identified in the forested sectors removed from protected status by Ley n°9223. In those proceedings to establish possessory title (informaciones posesorias), the Procuraduría requested denial because adverse possession (usucapión) predating the creation of the Refuge had not been proven.
REGARDING THE URBAN AREA: It is not possible to determine clearly which persons hold the legitimate rights of the Afro-descendant community comprising the coastal inhabitants of the Caribe Sur. In the opinion of that advisory body, it would be inconsistent with the Constitution to interpret the exclusion of the lands from the Refuge as also removing them from every other special legal regime, such as that governing the zona marítimo terrestre, because removal of protected status does not occur by implication. The list appearing at folios 1566 through 1569 of the legislative record, described as a census on page 65 of the SINAC report, does not reliably identify the residents who were present before 1985, nor is its coverage of the area ultimately excluded by Ley n°9223 clear. We do not have the information necessary to determine whether the occupation by persons who settled there after the Refuge was declared is lawful or unlawful.
As can be seen, these are fundamental concerns that must not remain unanswered and obscured in uncertainty.
Regarding these observations, SINAC’s response following the hearing is as follows:
—Regarding the exclusion of 188 ha with forest cover, it states that the technical report did establish the characteristics of the area that would be affected. It states that this is not a compact block of 188 ha severed from the Refuge, but rather land distributed throughout the affected area and its communities. Regarding this justification, I consider that the PGR’s observation remains valid: there is NO adequate technical response—and therefore no reasonable basis—for including those hectares within the area removed from protected status or excluded from the Refuge. The reasons for removing those hectares of forest from protected status are not provided, particularly when, as stated above, the rationale for the removal is to return urban areas to the residents.
—A technical report is not tasked with conducting a study of the legal status or origin of the possessions. With respect to this argument, the PGR’s observation remains valid. If the law is based on the “recognition of the legitimate rights of the inhabitants and coastal communities of the Southern Caribbean” (see Article 1 of the challenged Law), as is also stated in the explanatory statement: “The purpose of the bill is to recognize the legitimate rights of the Afro-descendant community and the coastal inhabitants of the Southern Caribbean,” it is logical to assume that there should have been a census identifying the nature and number of those “legitimate rights.” Thus, in this specific case, it was indeed necessary and indispensable for the technical report to address the determination of what those legitimate rights were, in order to prevent, for example, the removal from protected status (desafectación) of areas that did NOT correspond to legitimate rights.
In this regard, it does not go unnoticed that there may have been some reasonable basis for removing from protected status the urban areas occupied before 1985 (the year in which the Refuge was created); however, the challenged Law not only removes areas beyond those urban areas from protected status, but, because there is no clarity regarding the urban areas removed from protected status, it cannot be established with certainty that they were actually occupied before 1985 and by original inhabitants of the area. Authorizations removing areas from protected status should not be created for the benefit of persons whose identities have not been clearly established so as to determine that they are original inhabitants. This forms part of the technical requirements applicable to the report. See Annex 3 of the technical report (folios 1559 and 1566), concerning land tenure (tenencia de la tierra) within and outside the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), which lists foreign possessors, possessors that are commercial companies, and possessors whose possession dates back less than 30 years (that is, after 1985, from which it is understood that they entered the Refuge’s properties after its creation).
A legitimate claim cannot be based on such imprecision and laxity. It is clear that in many cases these are not original inhabitants whose possession predates the creation of the Refuge in 1985; thus, the Law would remove hectares of a Refuge from protected status in order to “protect” unlawful possessions, which is plainly unconstitutional. Moreover, the Law is not fulfilling the purposes stated in the explanatory statement—vindicating the original possessors—because there is manifest uncertainty regarding the persons who benefit from the Law. See also the conclusive statement in the Office of the Attorney General’s report, indicating that the land-tenure list appearing at folios 1566 to 1569 of the legislative file, described as a census on page 65 of the SINAC report, does not reliably identify the inhabitants who were present before 1985, and that the extent to which it covers the area ultimately excluded by Ley n°9223 is unclear; moreover, there is insufficient information to determine whether the occupation by persons who settled there after the Refuge was declared is legitimate or illegitimate. The legitimacy and relevance of identifying the original inhabitants is a central issue in removing from protected status an area dedicated to environmental protection.
—The information provided in the technical report is sufficient to support the conclusion that the coral-reef resource is not being affected by the boundaries established by the Law. The principal mangrove ecosystem protected by the declaration establishing the Refuge covers 200 ha, is located in Laguna Gandoca, and falls under the PNE and RAMSAR Wetland categories. It is located many kilometers southeast of the area affected by Ley 9223. On this point, the PGR’s observation remains valid: merely stating that a study is sufficient plainly does not make it so; it must be extensively supported and justified, and that is precisely what the technical report in question lacks.
Furthermore, the observations made by the Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional must be added. Regarding the technical report, it states that there are inconsistencies between the cartography and the report concerning the extent of the reduction of the Refuge; there are insufficient data to assess biodiversity; the area removed from protected status included both the Maritime-Terrestrial Zone and inland areas; the technical report is inconsistent with the information obtained through the spatial analysis conducted using the layers provided by SINAC; the technical report does not assess the impact on the environment and ecosystems; and separating the land area adjacent to the protected marine area is likely to eliminate the buffer zone (zona de amortiguamiento) for marine-coastal ecosystems. This separation could have a negative effect on the ecosystems, especially coral ecosystems, because of their biological fragility. These are highly reasonable and evident doubts, and we are well aware that, where doubt exists, the protective principle (principio de tutela) must prevail.
Likewise, the Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa stated the following in official letter CON-005-2014-J dated 18 de febrero del 2014, that is, before the challenged Law was enacted:
“… this Advisory Office considers that, on this occasion as well, there is no specific study addressing the reduction of the area described in Article 1 of the Bill and the impact of removing it from protected status; therefore, it does not satisfy the requirements of Article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, Article 50 of the Constitution, and International Environmental Law.” (folio 1781 of the legislative file).
It is clear from all the foregoing that, although there was technical support, none of the questions raised by this Chamber in the aforementioned voto 2009-001056 were answered, nor were essential matters addressed that would allow the report to be considered a sufficient and admissible technical opinion, as explained below. In view of all the inconsistencies identified by the PGR and the UNA in the report used to support the challenged Law, I conclude that the technical study submitted in support of the challenged Law is indeed insufficient. In summary, the following may be emphasized:
—The impact of the area to be removed from protected status on the Refuge’s marine and inland areas is not analyzed: The impact on the biological corridor (corredor biológico), aquifers, and wildlife is not examined. The ecological value of the area to be removed from protected status within the entirety of the protected wildlife area (área silvestre protegida) is not determined. The impact on RAMSAR wetlands is not analyzed for purposes of complying with Costa Rica’s international obligations and avoiding any State liability for failure to comply with the relevant international instruments. It is not demonstrated how, despite the reduction, the Refuge continues to be preserved in a healthy and ecologically balanced condition. Moreover, as the PGR states in its report, the impact on the two mangrove patches identified in the area removed from the Refuge is neither analyzed nor ruled out, even though those patches are described as being “in a critical state of conservation.” According to the map at folio 1513 and the statement in paragraph 4 of folio 1514, the area excluded from the Refuge does not include wetlands entered on the Ramsar List; however, the report also states that the entire Refuge is designated as a Ramsar Site of international importance.
In addition, the area known as Humedal Arrecife Coralino or Pastos Marinos y Arrecifes (zone 10) adjoins a portion of the excluded area, approximately between vertical geographic coordinates 646 and 648, and because Article 2 of the Convention provides that the boundaries of wetlands included on the List “may encompass riparian and coastal zones adjacent to the wetlands,” there may be an overlap.
—The impact of the legislative measure on the Refuge’s conservation targets (objetos de conservación) is not individually assessed: Folio 18 mentions the conservation targets (mangroves, swamps, forests, reefs, etc.), but it does not specifically state how those targets would be affected by the reduction of the Refuge. As the PGR states in its report, there is no evidence showing how the conclusion was reached that the reef areas adjoining the excluded area would not be affected. The different types of coral reefs present in the areas adjacent to zone 1 of RNVS-GM are diverse, well-developed ecosystems containing species unique to the country’s Caribbean region; they are currently highly fragile and undergoing a recovery process. Nevertheless, the report states that the modification of the boundaries does not affect them, but it is unclear how that conclusion was reached. The same applies to the seagrass beds located in zone 10, adjacent to the excluded area, an ecosystem associated with sea turtles. And, as the UNA states in its report, separating the land area adjacent to the protected marine area is likely to eliminate the buffer zone for marine-coastal ecosystems, and this separation could have a negative effect on the ecosystems, especially coral ecosystems, because of their biological fragility.
—There are no compensatory measures (medidas de compensación): The technical report does not specify recommendations for avoiding risks, anticipating negative or adverse effects, or adopting mitigation, conservation, or remediation measures (medidas de mitigación, conservación o reparación). It proposes no measures or recommendations aimed at reducing any negative impact on the Refuge as a whole. The study is not specific because it neither assesses the impact nor provides recommendations for avoiding risks, preventing negative or adverse effects, or proposing the corresponding mitigation, conservation, or remediation measures.
—There is a complete lack of justification for removing the forested area from protected status: If the bill that gave rise to the challenged Law states that its purpose is to restore rights to the occupants of urban areas created before the Refuge was established in 1985, there is no justification for removing a forested area—and therefore a non-urbanized area—from protected status. As the PGR states in the requested report, there is no technical support for removing the remaining 205 hectares of forest from protected status. Approximately 40 properties were identified in the forest-cover (cobertura boscosa) sectors of the area removed from protected status, as were at least 14 parcels for which there is no record of registration. For the area with forest cover, cadastral and registry information exists for approximately 40 properties, and cadastral information exists for 10 unregistered parcels for which no information beyond the cadastral records was found.
It is unknown whether they are currently occupied by the persons identified in Anexo 8 or under what title they occupy them, because a “plano castrado” does not establish possession of land. No information is available for 4 parcels in forested areas. In the forested sectors removed from protected status by Ley n°9223, 4 judicial proceedings in which the Office of the Attorney General participated were identified. In those possessory title proceedings (informaciones posesorias), the Office of the Attorney General requested that the applications be denied because adverse possession (usucapión) predating the creation of the Refuge had not been proven.
-Lack of justification for the removal of the urban area from protected status (desafectación del área urbana): it is evident that, in order to comply with the statement of reasons for the bill that gave rise to the challenged law, it should first have been determined who holds “the legitimate rights of the Afro-descendant community who are coastal inhabitants of the Southern Caribbean.” However, as the Procuraduría General de la República (PGR) stated in the requested report, the documentation available in the legislative record does not make it possible to determine clearly who holds the legitimate rights of the Afro-descendant community who are coastal inhabitants of the Southern Caribbean. This is because the lists of unregistered land and registered properties contain the names of commercial establishments or legal entities whose owners or partners are unknown. Accordingly, no reliable census of land tenure (tenencia de la tierra) was produced that would clearly establish who holds the legitimate rights of the Afro-descendant community and others who were coastal inhabitants of the Southern Caribbean before 1985, the date on which the Refuge was created.
The PGR adds that it continues to have the same doubts raised regarding the statement in the report: “Of the 406.21 hectares that the Bill proposes to remove from protected status, 233.41 hectares correspond to the surveyed properties. The latter are equivalent to 34.34% of Zone 2,” because no additional information or explanation has been provided in this regard. Furthermore, there is no evidentiary support for the information contained in the list appearing on pages 1559 to 1569 of the legislative record, which SINAC characterized as a census. There is no indication whether the length of occupancy recorded on pages 1566 to 1569 was based on the occupants’ own statements or on duly documented objective evidence. Regarding this list, report SINAC-DE-0286 of March 7, 2019 merely states: “It is acknowledged that the failure to clarify that the census provided by the community organizations, appearing on pages 1558 to 1569, constituted only a partial reference source regarding tenure and length of occupancy, causes confusion and could justify the observations and questions.” Those questions have not been answered.
The statement on page 65 of the Report that “49% of the population was established before the Refuge was declared in 1985” permits the “a contrario sensu” interpretation that the remaining 51% settled there after the Refuge was declared. However, we do not have the information needed to determine whether that 51% may be characterized as unlawful occupants or whether they held any title or administrative authorization legitimizing their occupation of the land. This adds uncertainty regarding the surface area covered by the list described as a census and the report transmitted through official letter SINAC-DE-1972, in relation to the area ultimately excluded from the Refuge. When a removal from protected status benefits a group of citizens, they must be clearly identified, because such removal is not justified on the basis of factual situations that do not conform to the law’s own stated justification, namely, to vindicate the rights of the original inhabitants who were present before the Refuge was declared in 1985.
-The reduction measure is not scientifically justified, nor is it shown how the measure adopted continues to safeguard the right to a healthy and ecologically balanced environment within the framework of a sustainable development policy. It is merely stated that the areas removed from protected status were urban areas, but it has already been shown that forest area was also removed, that there was no reliable census of those urban areas, and that the impact of removing those urban areas from protected status was not analyzed. It is not enough to assert that because they are urban areas, their removal would have no impact. Indeed, it is evident that, even if they are urban areas, their proximity to the remainder of the Refuge means that the Refuge is affected.
Consequently, that technical basis contains numerous gaps, omissions, doubts, and observations that render it insufficient to justify the reduction of those 406.52 hectares of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
In summary, although the submitted study relates to the subject matter, it is manifestly incomplete, since it does not satisfy the substantive requirements arising from the very subject it seeks to protect. Many doubts, gaps, and omissions remain, to the detriment of the right to the environment. Based on the arguments set forth, the lack of scientific evidence supporting the challenged law, which seeks to reduce the area of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, justifies resolving the matter in accordance with the precautionary principle (principio precautorio) and holding, on this occasion as well, that the reduction in question is unconstitutional. That unconstitutionality is confirmed by the absence of compensatory measures (medidas de compensación), as explained below. The reduction of a protected area (área protegida), or of any other area dedicated to environmental protection, requires a technical study free of omissions, unresolved questions, or inconsistencies such as those I have mentioned.
The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, object, or evidence contained on any additional electronic, computerized, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, such items must be retrieved from the Court within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as pursuant to the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
POR TANTO:
Acting President Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Hubert Fernández A.
DISSENTING OPINION OF JUSTICE HERNÁNDEZ LÓPEZ AND JUSTICES SALAZAR ALVARADO AND ARAYA GARCÍA, AUTHORED BY THE FIRST-NAMED:
We depart from the decision reached by the majority of the Court and would dismiss the action, for the reasons explained below, based on the following considerations: the subject of the action is Ley number 9223, through which the Asamblea Legislativa redefined the territorial boundaries of an area subject to the management category (categoría de manejo) known as a “wildlife refuge (refugio de vida silvestre).” In doing so, it excluded certain urban areas and neighboring lands in the Southern Caribbean region from that category, which has primarily prompted a claim alleging infringement of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Nevertheless, the historical status of the region’s urban settlements, acknowledged by the State in the decree that created the Refuge itself, the particular features of all State action concerning the specific area—including this Court’s prior interventions—and the technical findings and criteria on which the legislative decision was based support, in our view, the constitutional legitimacy of the legislature’s balancing of the various constitutional rights in conflict.
Nor does the measure violate the provisions of ILO Convention 169 or the obligations contained in the international rules in force in Costa Rica concerning the protection of mangrove areas; and, from that perspective, nothing prevents the competent State authorities from fulfilling their authority and duty to take the necessary actions to recover lands that are unlawfully occupied within the protected area, in accordance with our legal system. The reasons for this conclusion are as follows:
A. Relevant factual considerations.
1. The various documents submitted both in this judicial proceeding and, at the time, in the legislative proceeding have established that in 1985, through Decreto Ejecutivo número 16614-MAG del 20 de octubre de 1985 (hereinafter solely Decreto 16614), the authorities of the Executive Branch decreed the creation of what is now known as Refugio de Vida Salvaje Gandoca Manzanillo (hereinafter RVS-GM or simply “the Refuge”) and demarcated its boundaries.
“Article 18.- National wildlife refuges (refugios nacionales de fauna silvestre) are those declared as such by the Executive Branch for the protection and study of wild flora and fauna, particularly those endangered by extinction.
The Executive Branch is hereby authorized to establish, within forest reserves (reservas forestales) and on privately owned land, areas classified as national wildlife refuges, which, for purposes of wildlife conservation, shall be administered by the Departamento de Vida Silvestre de la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
The Executive Branch shall exempt land subject to this regime from land tax.
The Executive Branch, through the Ministerio de Agricultura y Ganadería, is hereby authorized to expropriate privately owned land that, because of the importance of the fauna and flora located there, possesses the necessary and suitable conditions for the establishment of national wildlife refuges.”
“Article 5°—The Dirección General de Catastro Nacional is authorized to conduct the cadastral mapping survey (levantamiento de la cartografía catastral) and the ex officio registration of the individual plans required to carry out the titling project within the Refuge area and that of the neighboring communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo and Puerto Viejo.” (emphasis not in the original) “Article 6°- Areas that, according to studies conducted by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, fall within the urban zones of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo shall not be subject to the regulations of this Decree.” (emphasis not in the original)
-Decreto 23069-MINAE del año 1994 issued rules governing visits for turtle watching and, in passing, repealed article 6 of the original decree. Nevertheless, it left in force article 5, which authorized a cadastral survey for “titling” purposes.
-Subsequently, Decreto número 29019-MINAE de 2000 extensively amended the aforementioned decree (23069) with regard to visitation and use and therefore, at the end of its text, generally repealed Decreto 23069.
-In 2005, Decreto Ejecutivo 32753 was issued, justified on the ground that it was necessary to regulate once again the issue of titling in the Refuge area, as well as the exclusion of its urban areas, based on the understanding that—as a consequence of the ratifications and repeals contained in the two decrees cited above—the original exclusion had been reinstated, namely, the exclusion ordered by article 6 of Decreto 16614. It added that the reinstated exclusion was deemed to constitute a reduction contrary to Ley Orgánica del Ambiente because it had not been supported by technical studies; accordingly, a “ratification” of the original decree (16614) was issued, but without the original articles 5 and 6 (transcribed above).
“VII.- Regarding the unconstitutionality of articles 3°, 4°, 5° and 7° of Decreto n°34043-MINAE.- As explained, when article 6º of Decreto Ejecutivo, N° 16614-MAG was repealed (through article 2° of Decreto Ejecutivo no. 32753 del 16 de mayo del 2005), the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo were included within the boundaries of Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. However, through article 3° of the challenged Decree, which reinstated the repealed article 6º, the urban areas of those communities were once again excluded from the boundaries of the Refuge, resulting in its reduction. This situation violates not only the principle of statutory reservation (principio de reserva legal), but also the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment.”
“(…)
As indicated, efforts to scientifically identify the natural resources of the newly created Refuge, both marine and terrestrial, began after the declaration. Numerous government institutions (Mirenem, MAG, IDA, IGN, GAR, INVU, UCR, UNA), as well as national and international nongovernmental organizations (UICN, Jessie Smith Noyes Foundation, WWF, ASDI, Cooperación Holandesa, CRS, TNC, ANAI, CATIE, ICFID-Cidesa, Asacode, CBTC, among others), contributed their findings to “training and proposals for alternatives to achieve the intended sustainable development.” All the technical and scientific studies produced through this process confirmed the complete compatibility between the location and intended use of the preexisting human-settlement areas and those containing the natural resources to be protected. (annexes 11 to 13) (underlining not in the original) This unique process, hardly equaled in any other protected wilderness area (área silvestre protegida) in the country, culminated in planning or a Management Plan (Plan de Manejo), in accordance with the terms required by law, administered by Minae pursuant to Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre el Gobierno de la República y el BID (Proyecto ATN/JF-3917-CR).
Minae opened an international competition, which was won by Programa de Estudios Ambientales (ProAmbi) de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. This organization conducted the most thorough and detailed assessment ever performed in the country for a protected wilderness area, carried out over nearly two years by a large team of renowned scientists from Universidad de Costa Rica. This assessment also included the participation and cooperation of all technicians and specialists from Área de Conservación Amistad Caribe/Minae. (annexes 14 to 16) (emphasis not in the original) The corresponding regulations were formally enacted through Decreto Ejecutivo N.º 34946-Minaet, published in Alcance N.º 55 a La Gaceta N.º 248,de 23 de diciembre de 2008, after the Management Plan had been reviewed and approved by Consejo Nacional de Áreas de Conservación (Conac), Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (Corac) and Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), as provided by Ley de Biodiversidad N.º 7788, particularly articles 25, 30 and 22, paragraph 1º.
(annex 17) (emphasis not in the original) Like all the preceding studies and assessments, those conducted by Universidad de Costa Rica endorsed and respected the original status of the communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo and Puerto Viejo as neighboring the Refuge. Accordingly, given the continued existence of the error in defining the boundaries (article 1º of Decreto N.º 16614-MAG) with respect to the human settlements of Manzanillo, typically urban planning and land use with a strong environmental component were established (uses: residential, urban residential, recreational residential, tourist hotel, special hotel, commercial, urban commercial, institutional, etc.), recognizing their rights and anticipating the eventual, necessary, and imminent correction of the error. The remaining 14 zones into which the Refuge was divided were planned based on the careful management and sustainable use of marine and terrestrial natural resources. (Anexo 18)” (emphasis not in the original)
B. On the merits of the case.
B-1 The appropriate approach to resolving the claim concerning the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.
“II. On the right to a healthy and ecologically balanced environment. (…)(T)he individual is part of the Environment and is integrated into it; consequently, protecting the individual entails preserving the context essential to human life, while conduct that has negative effects on it poses a danger to human existence itself and diminishes or deprives everyone of the ‘greatest well-being.’ In this regard, the Constitutional Chamber has stated that ‘human beings do not exist in an autarkic manner; rather, their well-being is directly related to the nature surrounding them. This interdependence between human beings and nature encompasses aspects that go beyond the mere preservation of resources to ensure the economic development of human society. In reality, the “nature-human being” interaction constitutes a unitary phenomenon, a single process of reciprocal influence in which each acts upon the other while both simultaneously depend on one another for their own survival.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 2012-004620).
The ‘environment’ that is the subject of the fundamental right is not the sum or juxtaposition of resources; rather, it refers to interrelationships and balances, to the idea of a system. Ecology as a science teaches us that nature must be conceived as a system. Nature consists of the relationships between organisms and the outside world in the struggle for their existence. In a particular place there is a biocenosis (common life) or community of life involving a certain number of species and individuals that influence one another. (…) Thus, within the community there is a certain order that produces a beneficial result for each species because it generates the maximum productivity and stability of the whole. Like every system, it is characterized not only by the interaction among its elements but also because it produces an overall or general result relating to the entire system: its own existence, which is what we may call dynamic equilibrium, encompassed within the concept of ‘equilibrium’ required by the Constitution…”
“A.- All of the foregoing provides an opportunity to reconsider the issue in light of the new solutions to social problems that became more than evident during the hearing conducted by this Chamber, particularly because, given the nature of the provision, administrative rights in rem (derechos reales administrativos) may be granted with implications for land-use planning law (Derecho urbanístico) and environmental law (Derecho ambiental), thereby involving certain matters that have occupied this Court. Moreover, this is a law intended to resolve a social problem faced daily by the inhabitants of the maritime-terrestrial zone, which places pressure on natural resources and necessarily requires a balancing of the fundamental rights at stake and an adaptation of the institutional apparatus. (…).” “B.- On ex post constitutional review (control a posteriori de constitucionalidad).- (…) The issue that this Constitutional Court must resolve is whether such effects on the public area necessarily entail an insurmountable unconstitutionality, now interpreted in light of the State’s compelling need to exercise oversight over land-use planning policies that provide a solution to the problems caused by the concentration of people in de facto population centers, and in light of the right to decent housing established in constitutional articles 50, 51 and 65, as well as article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, article 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, article 27 of the Convention on the Rights of the Child, and article 8 of the Declaration on the Right to Development.” “C.- Land-use planning (ordenamiento territorial) as a guarantee of the protection of the environment and human beings.- …(W)e must recognize that urban planning law (Derecho urbanístico) can hardly be conceived today as separate from the criteria for protecting the environment, because beyond the purpose of creating better relationships between nature and the inhabitants of a place by establishing standards of hygiene and public health, or improving city blocks, the principal aim is to achieve environmental sustainability as a particular community develops.
But what happens when, in middle- to low-income countries, particularly in certain coastal areas, there are marginalized communities or communities excluded from the benefits of our country’s development, where residents settled many years ago because the area provides them with scarce means of subsistence? This Chamber is not unaware of the problems residents face in seeking solutions to their lack of adequate housing, together with reducing the costs of building it, or of the inappropriate use of the natural growth of housing along public streets or, in this case, within the public area where they carry out their principal livelihood activity, etc. Thus, reality makes it necessary to devise regulations that seek to reconcile environmental law (Derecho ambiental) with various economic, social, and cultural rights (…). This Chamber does not overlook the fact that the change in legal regime entails, for persons who have been occupying the public area of the maritime-terrestrial zone (zona pública de la zona marítimo terrestre), the informal exercise of their economic, social, and cultural rights, and also affects persons who could be impacted within the restricted area (área restringida).” “In this manner, the legislature seeks to establish the conditions necessary to ensure, through urban-planning regulations (regulaciones urbanísticas), a measure of legal certainty and the positive effects pursued by urban planning law in response to an existing factual situation, since despite the current regime, it operates more to the benefit of uncontrolled urban growth because there are regulatory gaps that the State has been unable to resolve, but which require a solution because fundamental rights are involved.
Here, an absolutist position is set against a relative one, under which we consider that protective mechanisms exist that could be implemented through urban planning (planificación urbana). In the Chamber’s opinion, in seeking an appropriate balance in this delicate matter, the various legal disciplines draw upon science and technology—whether environmental and urban planning law, or public and administrative law—to provide a solution to a longstanding social problem.
“(…) Indeed, environmental law is not sufficient to provide a comprehensive solution. (…) If a social situation has in fact arisen that the State has been unable to resolve for more than fifty years, the solution lies not in prohibition, but in the use of legal mechanisms that rationalize the use of those assets through a comprehensive solution. (…) That is precisely the issue the challenged legislation seeks to address, since granting the request to annul the challenged provision would deepen the problems noted above, especially for those residents who are socially vulnerable because of their poverty and who have extremely precarious means of subsistence, and who live in constant fear that they may be evicted from their homes at any time. On the contrary, residents now have an instrument with which to pressure their municipal authorities to regularize those situations that concern them.” “The central issue in this constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) lies in the change to the legal regime governing what Ley 6043 traditionally referred to as the public area of the maritime-terrestrial zone, replacing it with an exceptional regime established by Ley No. 9221, under which the legislature recognizes that this public-domain property (bien demanial) serves a social purpose, thereby permitting legal recognition of the status of certain settlements historically established along the coasts; it should be noted that these are not the individual circumstances of residents, but rather that the legislation embodies a collective dimension….” “D.- The Social State governed by the rule of law (Estado social de Derecho) clause .
There can be no doubt that the State of Costa Rica is a Social State governed by the rule of law, even though this is not expressly stated in the Political Constitution. Indeed, this necessary conclusion follows from the logical and necessary relationship between the first paragraph of Article 50 and Article 74. There is therefore a constitutional mandate requiring the State to pursue the greatest possible well-being for all inhabitants of the Republic by organizing and promoting production and the most appropriate distribution of wealth. Furthermore, pursuant to Article 74 and international human rights instruments, the State is obligated to guarantee the population’s economic, social, and cultural rights, as well as other rights arising from the Christian principle of social justice and established by law, through the provision of a series of basic services. In this regard, the Constitutional Chamber has emphasized in its case law that Costa Rica is a Social State governed by the rule of law. (…)
“Accordingly, because fundamental rights are at stake—the right to the environment, the right to adequate housing (derecho a la vivienda digna), and the right to a dignified means of subsistence that enables persons to meet their own basic needs and those of their families—this Court must, by way of exception, balance (ponderación) those fundamental rights.” “The right to adequate housing.- In deciding this action, consideration must be given to the natural and logical tendency of human beings to settle in a place that provides proximity to the activities around which their lives revolve, such as sources of employment or activities constituting their principal means of subsistence, which subsequently manifest themselves in various forms of social cohesion and territorial settlement (consisting of cities, whether legally recognized or existing in fact). At this point, it is important to refer to the State’s guiding and pioneering role in policies concerning this matter. In Judgment No. 2011-13436, issued at fifteen hours thirteen minutes on cinco de octubre de dos mil once, this Chamber stated the following regarding this issue:
“The State must coordinate efforts so that persons may exercise the right to adequate housing under lawful, secure, peaceful, and equal conditions. This right is, of course, a relative right that will depend on social and individual circumstances; the constitutional provision is primarily programmatic in content, although it must conform to the principle of progressive realization of social rights (progresividad de los derechos sociales). In general, the State must be a responsible facilitator of social change in this area, which must not be understood solely in terms of an essential minimum level; it must also provide legal mechanisms enabling all persons to obtain adequate housing, whether rented or purchased, through assistance and loan programs for qualifying persons at preferential rates, or under free-market conditions allowing them to possess or acquire housing suited to their personal circumstances.
The obligation of a fully responsible State does not end with assistance programs addressing the most basic level of need among the most vulnerable; rather, it must develop a broader, nondiscriminatory policy that responds to housing demand or to projected housing needs in general.” “Now, when Article 65 of the Constitution provides that ‘ The State shall promote the construction of affordable housing and shall create family patrimony for workers,’ it refers to that first level of the right to adequate housing; nevertheless, we must acknowledge that this right is not exhausted by that provision itself because, according to the Chamber’s interpretation in conjunction with other provisions of the Political Constitution and international human rights instruments, it encompasses other forms whose scope extends beyond mere property-law formalities (…) Articles 50 and 51 of the Constitution would also permit the State to promote the general welfare, especially for the dispossessed or persons in disadvantaged situations, or where the family is entitled to the State’s special protection.
To these we add Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Article 27 of the Convention on the Rights of the Child, and Article 8 of the Declaration on the Right to Development. (…)” “The foregoing legal framework provides the normative structure for understanding that the right to adequate housing is not confined solely to the sphere of property and civil law, but also has a dimension relating to the personality and dignity of human beings that must be protected by the State. We cannot fail to note that the legislation seeks to resolve a fundamental problem that has existed for decades (and indeed predates the enactment of Ley 6043), while safeguarding the human right to adequate housing, which must be accompanied by stable State policies in order to give effect not only to the constitutional provision (art. 65), but also to the other internationally regulated human rights provisions and the declarations cited above.
The human right to housing is a third-generation right (derecho de tercera generación), grounded in human solidarity, which is facilitated by the State if it provides the conditions necessary for its enjoyment; (…) For the reasons stated above, we must conclude that the right to adequate housing may be derived from the relationship among Articles 50, 51, and 65 of the Political Constitution; this right provides a space for the development of the human person within a private sphere, affording both dignity and continuity to the family unit through its more or less prolonged use. It should be noted that this does not involve protection of an individual right, but rather of a collective right, such as that regulated by urban planning law, which addresses existing factual and territorial social cohesion while taking into account the fundamental-right content at issue.” “For this reason, this Constitutional Court recognizes that the effects of this Chamber’s interpretation regarding the public area, by generally maintaining its inviolability—without exceptions—would create an immutable rule in the face of the real needs of our country’s coastal population and condemn the law to stagnation, which has serious consequences for the lives of many citizens, especially those of humbler origins who live in poverty and depend on activities related to the sea.
The case raises issues of social justice that may be addressed from the apex of the legal system and that must be weighed; it also creates a need for this Court, through a more appropriate balancing, even while taking the abundant case law into account, to consider the protection of certain rights, particularly social rights, if the examination supports the conclusion that there would be a benefit to the populations concerned, particularly those who are disadvantaged and vulnerable.” The foregoing quotation contains an easily discernible common thread: the need for the Chamber to balance rights, state action, and particularly legislative action when seeking to solve problems that for decades have affected the legitimate constitutional rights of residents of neglected areas of our country.
22. And it was the State itself, as this very Court has described, that subsequently abandoned that position in favor of one far less attentive to the circumstances of the urban areas and their inhabitants, deciding to add them to the refuge without any study or technical justification, much less any determination of the specific contribution that the urban areas would make to the RVS-GM Refuge in terms of environmental protection, and without defining—much less respecting—the legal status of those who occupied land in that area as possessors, as required by Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, which directly implements Article 45 of the Constitution and was already in force when the urban areas were most recently included in 2005, as the Chamber itself stated at the time:
“VI (…) However, the Executive Branch subsequently issued DE-32753-MINAE of 16 de mayo del 2005, which expressly repealed Article 6 of DE-16614; the urban areas of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo once again became part of Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, a situation that remains in effect to date” (judgment 2009-1056)
B-2 Regarding the claim alleging failure to consult Indigenous peoples.
28. Another claim alleges noncompliance with Article 6 of ILO Convention 169, which establishes the legal requirement to consult Indigenous peoples when proposed State actions may affect their legitimate rights. In this case, we agree with the observation of the Procuraduría General that the challenged legislation does not present the particular conditions that the case law of this Sala has established to make the consultation process (proceso de consulta) mandatory. Indeed, the majority of this Sala has understood the requirement under Article 6 of ILO Convention 169 to be an effective mechanism for securing the participation and views of Indigenous peoples in cases in which the State intends to adopt measures affecting them as a distinct group and in their capacity as members of that community. Matters such as land-tenure rules in Indigenous territories, authorizations to exploit resources on lands granted to them, the conditions governing their education, and the regulation of their forms of organization are subjects traditionally recognized as requiring consultation.
In this case, however, the legislative decisions are not intended to shape the legal status of Indigenous populations as such, but only that of Indigenous persons who may happen—along with many other non-Indigenous persons—to reside within the territory included in or excluded through the establishment of the boundaries of the RVS-GM Refuge. For that reason, the Asamblea was under no obligation to comply with the requirement established in Article 6 of ILO Convention 169, and the action must therefore also be dismissed on this point.
B-3 Regarding the claim alleging violation of Article 7 of the Constitution through disregard of Costa Rica’s obligations concerning wetlands protected by the Refuge.
Corollary.
30. In light of all the foregoing, no constitutional violation of the right enshrined in Article 50 of the Political Constitution has been established, because the ecological balance has not been impaired by the provisions of the challenged Ley, which also does not infringe the international obligations accepted by our country concerning wetlands and mangrove areas. Likewise, given the scope of the challenged statutory provisions, the consultation process set forth in Article 6 of ILO Convention 169 was not formally required. On the contrary, the State retains all its powers in the area of environmental protection and the safeguarding of public property and must, in our view, act consistently by taking the measures necessary to recover lands that are unlawfully occupied within protected areas, as provided by law.
Nancy Hernández L.
Luis F. Salazar A. Jorge Araya G.
*140191740007CO* Res. No. 2019-012745 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y diez minutos del diez de julio de dos mil diecinueve.
Acción de inconstitucionalidad promovida por MARCO LEVI VIRGO, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo de la ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA ECOLOGIA, para que se declare inconstitucional la LEY NÚMERO 9223 DEL 10 DE MARZO DE 2014, por estimarla contraria a los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como a los principios pro natura, precautorio y de no regresión en materia ambiental. Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República y el representante de Áreas de Conservación (SINAC).
RESULTANDO:
artículo 1:«Área aproximada 9.449 Ha»” (ver folio 376). Aunado a lo anterior, el coadyuvante hace cita del Informe del SINAC, precitado, indicando que una vez aplicados los límites propuestos por el proyecto del ley No. 18.207, y considerando el Decreto Ejecutivo No. 34043, no se estaría produciendo ninguna variante respecto a los valores de creación consignados en el Decreto No. 16614-MAG, pues el área total del refugio quedaría en 10.452.12 hectáreas (ver folio 376).
Redacta el Magistrado Cruz Castro, excepto el considerando VII que lo redacta el Magistrado Castillo Víquez.; y,
CONSIDERANDO:
I.Objeto de la impugnación.- El accionante impugna la ley denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014, por estimarla contraria a los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como a los principios pro natura, precautorio y de no regresión en materia ambiental. Estima el accionante que tal Ley es inconstitucional en virtud de que reduce la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, excluye de sus límites una franja costera que se extiende aproximadamente entre la desembocadura del río Cocles y la desembocadura del río Rojo o Willy Creek. La porción excluida del Refugio ocupaba un promedio de 250 metros entre la Ruta Nacional No. 256 y la playa, siendo que en Cocles, por espacio de 500 metros, el Refugio ocupaba solamente los 50 metros de la Zona Pública. En el sector entre la quebrada Ernesto y el río Rojo, la franja excluida puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre. Todo ello sin cumplir son los requisitos de compensación y estudios técnicos. En concreto:
VICIOS DE FORMA:
Vicio de forma por insuficiencia técnica del estudio: en el voto no.2012-13367 donde se resolvió la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley que dio origen a la ley impugnada, esta Sala consideró inconstitucional que el proyecto se sustentara en un estudio incompleto (porque no determina técnica y científicamente el impacto real sobre el ambiente) y aunque luego los interesados hacen un nuevo estudio, este adolece de los mismos vicios anteriormente señalados por la Sala. Lo cual es ratificado por el Departamento de Servicios Técnicos mediante oficio CON-005-2014 del 18 de febrero del 2014.
Violación al Convenio No. 169 de la OIT, específicamente su artículo 6, que contiene la obligación de consultar a los pueblos interesados cuando sus tierras y sus intereses culturales pudieran verse afectados por la promulgación de alguna normativa. Como lo es el pueblo Kekoldi, grupo que se está viendo seriamente afectado con esta ley. Este requisito se incumplió completamente sustituyéndose por consultas a organizaciones no necesariamente representativas de estos grupos. Adicionalmente el proyecto debía ser consultado a los Consejos Regionales Ambientales, según art.6 de la Ley Orgánica del Ambiente.
VICIOS DE FONDO Violación al principio constitucional de compensación: cuando se presentan situaciones como la ley impugnada que trata de reconocer derechos a una comunidad, cercenando parte de una zona protegida (como lo es el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) lo que debe operar en forma inmediata es la regla de compensación, la cual no se dio en este caso. Esta regla ha sido recientemente reconocido y aplicado por esta Sala mediante el voto no.2014-12887 de las 14:30 horas del 08 de agosto del 2014, donde se establece como requisito adicional para la desafectación de áreas silvestres protegidas la obligación estatal de compensación del área suprimida con otra de al menos igual tamaño. Además, habría que agregarle que el terreno debe ser necesariamente adyacente al área protegida y ecológicamente equivalente.
Violación del artículo 7 Constitucional: el principio de irreductibilidad o no regresión tiene sustento en el Convenio de Diversidad Biológica y el Convenio de Washington (Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América), que prohíben la reducción de la superficie de áreas silvestres protegidas, salvo que se cumplan 3 requisitos: mediante ley, sustento en estudios técnicos y la compensación territorial del área suprimida. En este caso se adolece de dos de estos requisitos. Violación además de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención RAMSAR) pues el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo fue incluido por Costa Rica dentro de la lista de humedales de importancia internacional, abarcando la totalidad del área silvestre protegida, incluyendo la zona costera, la cual se desafectó mediante esta ley impugnada.
Violación del principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre por cuanto las zonas urbanas que fueron segregadas del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo pasarán a jurisdicción de la Municipalidad de Talamanca, y son zonas que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre y podrán ser dadas en concesión, conforme la Ley No. 9221, Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial, la cual está siendo impugnada mediante otra acción de inconstitucionalidad.
II.La legitimación del accionante en este caso.- El actor ostenta legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sin que para ello resulte necesario que cuenten con un asunto previo que les sirva de base a esta acción. Lo anterior porque acude en defensa de un interés que atañe a la colectividad nacional en su conjunto, como lo es el derecho al ambiente. Por lo que el actor se encuentra perfectamente legitimado para accionar en forma directa, a la luz de lo que dispone el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo, se trata de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía. Además, el actor cumplió los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo del asunto.
III.Sobre la metodología de análisis de la acción.- Para facilitar el estudio de la normativa impugnada, en los considerandos siguientes se analizarán los argumentos expuestos por el accionante, iniciando con un considerando que zonas protegidas.
IV.Sobre los antecedentes de esta Sala en cuanto a la reducción de zonas protegidas, y en concreto sobre el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.- La jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha sido amplia en cuanto a los requisitos para poder reducir un área silvestre protegida, conforme al derecho fundamental al ambiente. Además, también esta Sala se ha pronunciado en específico sobre la reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Así se tiene la siguiente síntesis:
1. Requisitos constitucionales para la reducción de área silvestre protegida (reserva legal y estudios técnicos): En apoyo del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente (“la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”), ha habido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que para la reducción de un área silvestre protegida deben cumplirse dos requisitos esenciales: “por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida.” (Sala Constitucional, votos números 13367-2012 y 010158-2013. En similar sentido, las sentencias números 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 y 14772-2010, entre otras). Tal como se dijo en la resolución mencionada de 1998:
“(…)una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea, haya declarado como zona protectora una determianda área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto.
No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sitio de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio haya perdido, al menos en parte, el interés ambiental que, en su momento, provocó, lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en aplicación del principio de razonabilidad constitucional…” (voto No. 7294-1998).
Concretamente sobre la reserva legal en esta materia, en el voto No.14772-2010 se dijo:
“(…) no se puede modificar el destino público de un bien del demanio público sin un acto legislativo, es decir, la reducción de área de una zona protegida se encuentra bajo la garantía que proporciona el principio de reserva de ley. Si bien, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para constituir las Áreas Silvestre Protegidas mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en esa norma, así, el Parque Nacional Corcovado se constituyó mediante los Decretos Ejecutivos No. 5357-A del 24 de octubre de 1975 y 1148-A del 5 de febrero de 1980, su modificación solo podrá hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, previo estudios técnicos y científicos, y mediante un acto legislativo.” (resaltado no corresponde al original).
Asimismo, en sentencia no.1056-2009 se indicó que la reducción únicamente es posible vía legal:
“cuando de la ampliación de los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado se trata es posible hacerlo vía reglamento, pero cuando de su reducción se trata, únicamente se puede hacer vía legal , claro está, siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la medida.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1056-2009) Lo cual fue aplicado cuando la Sala declaró inconstitucional la norma reglamentaria (Decreto Ejecutivo Nº 32753-MINAE) mediante la cual el Poder Ejecutivo disminuyó el territorio del Refugio Gandoca-Manzanillo, sustrayendo del área y del régimen de protección, la zona urbana del Refugio. Según se detalla más adelante.
Además, en cuanto a los estudios, estos deben ser previos, suficientes, necesarios e individualizados –como se indica en el apartado siguiente-. Así se dijo en esa misma resolución de 1998:
“De acuerdo con lo citado, mutatis mutandi, si para la creación de un área silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de una ley, estableció el cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin de determinar si la afectación en cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios técnicos ambientales- para determinar que con la desafectación no se transgrede el contenido del artículo 50 constitucional. En este sentido, podemos hablar de niveles de desafectación. Así, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste. De allí que, para reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido del artículo 50 constitucional.
El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios , aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente. A juicio de este Tribunal Constitucinal, la exigencia que contiene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, en el sentido de que para reducir un área silvestre protegida por ley formal deben realizarse, de previo, los estudios técnicos que justifiquen la medida, no es sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente.” (resaltado no corresponde al original).
2. Estudio técnico como un análisis científico e individualizado: La Sala se ha referido a la suficiencia del estudio técnico, cuando mediante varias resoluciones ha establecido que dicho estudio debe ser un análisis científico e individualizado. Así se dijo lo siguiente:
“el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado , el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.” (Voto No. 13367-2012. Véase además el No. 10158-2013).
De lo cual se desprende que, el estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y que es la objetivación del principio constitucional de razonabilidad en materia de protección al ambiente, requiere de un análisis técnico que implica un análisis individualizado, el cual debe contener como mínimo las siguientes medidas:
El grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente; Las recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en el ambiente; La demostración de cómo la medida que se toma, implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.
En síntesis, dicho estudio previo debe demostrar que la desafectación es conforme con la protección constitucional al derecho al ambiente, pues como se dijo en el voto no. 18702-2010 “no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito".
3. Exclusión, vía decreto, de áreas urbanas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo conllevó una desprotección al ambiente: Esta Sala Constitucional estableció en su voto No. 1056-2009 que la exclusión de áreas urbanas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, más aún, realizada por medio de un decreto, conllevaba desprotección del derecho al ambiente:
“Además, se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. Sobre este tipo de propiedad recuérdese que es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial, pues se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres. Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal, la cual establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales. De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales.” (resaltado no corresponde al original).
4. Estudio técnico en el proyecto de ley que dio origen a la Ley impugnada, considerado insuficiente: En el voto No. 2012-13367, dictado para resolver la consulta legislativa facultativa en el trámite de esta misma Ley, se analizó el estudio técnico incorporado al expediente en ese momento, considerándolo insuficiente para justificar la reducción:
“VII. Sobre el estudio técnico presentado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional del MINAET. En el expediente legislativo consta visible a folios 952 al 981 del tomo cuarto, el documento titulado “Criterio Técnico del Área de Conservación Amistad Caribe, SINAC-MINAET, respecto al proyecto de ley 18.207”, elaborado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones, de 2012. El documento se estructura en 6 capítulos, de la siguiente manera: “Capítulo I. Antecedentes de la Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Capítulo II. El Decreto de Creación del Refugio Nº 16614-MAG de 1985. Capítulo III. Decretos posteriores al Decreto de Creación del refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Capítulo IV. Relevancia Fragilidad de Ecosistemas y la Zonificación para la Consolidación Manejo y Control.
Capítulo V. Caracterización del área cuyos límites rectifica el proyecto de ley No. 18.207. Capítulo VI. Recomendaciones y Conclusiones.” Los primeros tres capítulos son resumen y descripción de lo que existe (Antecedentes históricos relacionados con la creación del Refugio y resumen de la reglamentación vigente). Respecto del IV capítulo, el resumen introductorio del documento describe su contenido de la siguiente manera: “indica la labor desarrollada por el MINAET para dotar al ASP con un sólido instrumento que garantizara su consolidación y adecuados manejo y control. Este instrumento se conoce como un Plan de Manejo y su correspondiente Reglamento de Zonificación, los cuales fueron adoptados y declarados de aplicación obligatoria por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) desde 1996.” También en el mismo resumen introductorio se lee respecto del capítulo V: “El Capítulo V presenta los resultados de una caracterización actual del área del Refugio que el proyecto de ley, Expediente No. 18.207, propone rectificar, realizada por un equipo profesional del SINAC/ACLAC, siguiendo los lineamientos vigentes que para tales efectos exige la ley.” El capítulo IV, como ya se dijo, explica el Plan de Manejo que rige el Refugio.
En él se describen las 15 zonas en que fue dividido el refugio en su estado actual, se ubica en mapas los humedades RAMSAR y, sin mayores datos sobre las relaciones entre los asentamientos humanos con las demás zonas continentales o marinas del Refugio, se concluye que: “la Zona 1. Llanura Costera Cocles-Manzanillo, corresponde al área de los asentamientos humanos preexistentes a la declaración del ASP, y no representa en sí misma el núcleo u objeto de conservación principal del RNVS-GM.” El capítulo V se desarrolla en 5 páginas, de la 22 a la 26, folios 973 al 977 del Expediente Legislativo, Tomo 3. En la página 22 del documento, se explica la metodología del estudio, en los siguientes 3 folios se incluyen mapas con una pequeña explicación al pie y en el folio 977 se incluye un cuadro sobre los resultados de la caracterización de la llanura costera Cocles-Manzanillo (Zona 1). El capítulo evidencia que el MINAET ha realizado un estudio de muestreo de la zona, para identificar las diferentes áreas boscosas o población forestal y tiene medido dentro de la zona 1, el área boscosa y la urbana.
Sin embargo, esta Sala considera que llevan razón los consultantes en el sentido de que el estudio no satisface los requerimientos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 50 constitucional, y el Derecho Internacional Ambiental. El artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente es una norma protectora, establece una garantía a favor de las áreas silvestres protegidas y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 constitucional. De la norma se infiere, en primer lugar, que el estudio técnico indicado en la norma es un requisito ineludible y esencial para la aprobación de la medida legislativa reductora del área de protección, lo que se desprende de la frase “sólo podrá” y “después”, cuyo incumplimiento trae aparejada la declaratoria de invalidez de la medida. En segundo lugar, se trata de un estudio técnico -esto es, conforme con las ciencias y las técnicas que tienen por objeto de estudio del ambiente y los ecosistemas- a fin de determinar el impacto de la medida legislativa en los mismos.
En tercer lugar, el estudio debe ser específico y versar sobre el área de reducción y su contexto, a fin de evaluar el impacto y emitir las recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos o bien plantear las medidas de mitigación, conservación o reparación correspondientes. En cuarto lugar, el estudio tiene por finalidad justificar científicamente la medida. Finalmente, el estudio tiene que ajustarse a las exigencias sustanciales del artículo 50 constitucional y tiene que demostrar cómo la medida que se toma, continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el marco de política de desarrollo sostenible. Llevan razón los consultantes al advertir que el Estudio omite analizar y pronunciarse sobre el impacto de la zona por desafectar en la zonas marinas y continentales del Refugio, dado que la misma constituye su enlace e incide en el equilibrio en la totalidad del Refugio.
Tampoco examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre, ni determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida, ni mucho menos plantea medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general. No se analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia. En síntesis, el estudio presentado, si bien relacionado con el tema, es manifiestamente incompleto puesto que las exigencias sustanciales derivadas de la propia materia que tutela, no se ven satisfechas. En efecto, el estudio técnico en cuestión omite demostrar cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado.
Por otro lado, la regresividad en los niveles de protección debe estar plenamente justificada. El estudio tiene que justificar con criterio científico sustentado que la desafectación es una medida viable desde la perspectiva ambiental en el marco de una política de desarrollo sostenible, de lo contrario deviene en una transgresión del principio de no regresividad o irreversibilidad de la protección en los términos explicados supra y una violación material del principio de inderogabilidad singular de las normas. Así las cosas, la falta de evidencia científica justifica fallar conforme al principio precautorio. Asimismo, considera esta Sala que llevan razón las y los consultantes cuando afirman que el Plan de Manejo, el Reglamento de Zonificación y los estudios que les dieron origen (Folios 578-759 y 788 del expediente) no satisfacen las características exigidas por la Ley y derivadas de la Constitución que, según la Sala, debe tener el estudio técnico.
En primer término, la finalidad de tales estudios no era justificar la reducción del área de protección; por el contrario, buscaban suministrar la información necesaria para implementar un plan de manejo integral de todo el refugio, incluyendo el área que se pretende desafectar; en otras palabras incumplen la finalidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. En segundo término, no estamos en presencia de un estudio específico sobre el tema de la reducción del área descrita en el artículo 1 del Proyecto y el impacto de la desafectación. Los diferentes informes técnicos, que datan de 1995 y 1996, tenían por objeto de estudio la totalidad del Refugio con miras al Plan de Manejo; razón por la cual no se pronuncian ni evalúan el impacto de la reducción, ni emiten recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos que la misma pudiere ocasionar. Finalmente es importante destacar que no se observa consulta alguna a expertos, ni se reciben en audiencia profesionales destacados de las diferentes disciplinas relacionadas con la temática ambiental, que pudieran haber llenado, mediante sus calificadas opiniones, los vacíos del estudio técnico presentado por el Área de Conservación La Amistad Caribe de la Dirección Regional del MINAET.” (resaltado no corresponde al original) Dicha insuficiencia obedecía a que, el estudio omitía analizar y pronunciarse sobre el impacto de la zona por desafectar en la zonas marinas y continentales del Refugio.
Además, porque tampoco examinaba el impacto, ni determinaba el valor ecológico de la zona ni establecía medidas o recomendaciones para disminuir el impacto negativo sobre el Refugio. Así la Sala determinó que el estudio presentado era manifiestamente incompleto.
V.Sobre el examen de los alegatos de inconstitucionalidad de la Ley impugnada.- El accionante impugna la ley N°9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” por cuanto se reduce el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, sin cumplir con un estudio técnico suficiente, sin establecer medidas de compensación, sin consultarse al pueblo indígena Kekoldi, violentando el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre (al permitir la concesión en esa zona) y en violación de la Convención RAMSAR sobre humedales. En cuanto a ellos la Procuraduría General de la República indica que resulta de resorte exclusivo de la Sala Constitucional constatar la suficiencia del informe técnico para justificar la reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Luego, informe técnico. También considera que hay inconstitucionalidad por la omisión de compensar el área suprimida.
Por otro lado, indica que no se demostró lesión al art.6 del Convenio 169 de la OIT, ni al principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre. El Director del SINAC indica que sí hay respaldo técnico a la ley, y no existen razones suficientes para considerar la necesidad de medidas de compensación pues las áreas urbanas y las comunidades aledañas descritas siempre fueron tales, asentamientos humanos históricos a los cuales la mencionada ley permite reconocer los legítimos derechos de la comunidad Afrodescendiente y de los poblados costeros del Caribe Sur. Así que, no hay nada que compensar puesto que a tenor de la Ley No. 9223 las zonas aledañas a este Refugio siempre fueron eso, zonas aledañas y zonas urbanas que no formaban parte del Refugio, según su Decreto de creación. Además indica que, el área del Refugio no afecta ninguno de los humedales comprometidos por el país en el sitio Gandoca-Manzanillo.
Por su parte, los coadyuvantes, todos se pronuncian a favor de la ley. Indican que, la Ley No. 9223 no es una ley para reducir un área protegida, sino para corregir un error histórico que violentó los derechos de las comunidades asentadas históricamente de previo a la declaración del Refugio. Asimismo indican que, los objetos de conservación y la representatividad del Refugio no se ven afectadas con la reducción planteada. Que se cumplió con el informe técnico, y que no hay nada que compensar puesto que las zonas aledañas a este Refugio siempre fueron eso, zonas aledañas y zonas urbanas que no formaban parte del Refugio, según su Decreto de creación. Finalmente, según la prueba para mejor resolver, solicitada por esta Sala, a la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, se indica sobre el informe técnico que hay reducción del área del refugio, pero hay inconsistencias entre la cartografía y el informe. Además subraya varias omisiones (en cuanto a datos y evaluación del impacto), puntualiza varias inconsistencias.
Tomando en cuenta todos los anteriores alegatos y argumentos, se procede a continuación examinar si en efecto hay una reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre y cuánto es la reducción (considerando VI) a efectos de determinar el respaldo técnico de tal reducción. Para posteriormente examinar el resto de alegatos del accionante (considerando VII).
VI.SOBRE LA REDUCCION DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO Y SUS ANTECEDENTES Y SOBRE LA CANTIDAD DE HECTAREAS QUE SE REDUCE.- Lo primero que debe quedar establecido es que, la ley impugnada, n°9223, denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, contiene un único artículo que redefine los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Al redefinir dichos límites, lo que hace, en realidad, es reducir el área de dicho Refugio. Este refugio fue creado mediante decreto ejecutivo no.16614-MAG del 29 de octubre de 1985. Luego de su creación, mediante los artículos 3, 4, 5 y 7 del Decreto número 34043-MINAE publicado en La Gaceta número 202 del 22 de octubre de 2007 se pretendió reducir el área del refugio. Este último decreto fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, según se mencionó supra, que fue resuelta mediante el voto número 2009-001056 de las 14:59 horas del 28 de enero del 2009, declarándose con lugar la acción y procediéndose a anular dichos artículos, por cuanto, se violentó el principio de reserva legal y el derecho al ambiente. Así se dijo:
“De esta forma, al proceder el decreto impugnado a reducir los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Gandoca-Manzanillo viola el principio de reserva legal pues la reducción de tales límites sólo puede operar mediante una ley debidamente justificada al efecto. Además, se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. (…) De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales.” (resaltado no corresponde al original).
Luego de haberse declarado inconstitucional la reducción del Refugio realizada vía decreto, el día 21 de julio del 2011 fue presentado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 18.207, para redefinir los límites del Refugio. Dicho proyecto fue aprobado en primer debate el 30 de agosto del 2012. Es enviado a la Sala Constitucional en consulta facultativa, la cual es resuelta mediante el voto número 12-013367 del 21 de setiembre del 2012, encontrándose inconstitucional el proyecto de ley consultado, por violación del artículo 50 debido a que la reducción del área del Refugio en cuestión se sustentó en un estudio incompleto al no determinar técnica y científicamente el impacto en el ambiente. Tal como se transcribió supra, dicho voto indicó lo siguiente:
“VII. Sobre el estudio técnico presentado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional del MINAET. En el expediente legislativo consta visible a folios 952 al 981 del tomo cuarto, el documento titulado “Criterio Técnico del Área de Conservación Amistad Caribe, SINAC-MINAET, respecto al proyecto de ley 18.207”, elaborado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones, de 2012. (…) Llevan razón los consultantes al advertir que el Estudio omite analizar y pronunciarse sobre el impacto de la zona por desafectar en la zonas marinas y continentales del Refugio, dado que la misma constituye su enlace e incide en el equilibrio en la totalidad del Refugio. Tampoco examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre, ni determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida, ni mucho menos plantea medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general.
No se analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia. En síntesis, el estudio presentado, si bien relacionado con el tema, es manifiestamente incompleto puesto que las exigencias sustanciales derivadas de la propia materia que tutela, no se ven satisfechas. En efecto, el estudio técnico en cuestión omite demostrar cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado. Por otro lado, la regresividad en los niveles de protección debe estar plenamente justificada. El estudio tiene que justificar con criterio científico sustentado que la desafectación es una medida viable desde la perspectiva ambiental en el marco de una política de desarrollo sostenible, de lo contrario deviene en una transgresión del principio de no regresividad o irreversibilidad de la protección en los términos explicados supra y una violación material del principio de inderogabilidad singular de las normas.
Así las cosas, la falta de evidencia científica justifica fallar conforme al principio precautorio...” (resaltado no corresponde al original) Posteriormente, la Comisión de Agropecuarios aprobó moción el 20 de agosto del 2013 para solicitar al SINAC la elaboración del informe técnico ambiental correspondiente, el cual se presentó, en ese mismo año, denominado “Proyecto de ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur como ley el 08 de abril del 2014, ley n°9223. Ley impugnada en esta acción. De todo lo anterior se entiende que, la ley impugnada, redefine (reduce) los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Ahora bien, quedando establecido que la ley que se analiza, al redefinir los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo que hace en realidad es una reducción del área del refugio, conviene preguntarse si la ley es clara al indicar CUANTO es esa reducción? La respuesta es no, la ley no es clara al indicar cuánto es el área que se reduce del Refugio. Para saber entonces, cuánto es el área que se reduce, como la ley no lo indica, esta Sala acude al “Informe técnico” mencionado. Según dicho informe, se tiene que:
-La reducción implica un área total de 406.52 hectáreas, de las cuales 205.97 hectáreas corresponden a cobertura de bosque (folio 24 del informe), siendo que de ellas 17 hectáreas están dentro de la zona marítimo terrestre, según el informe de la Procuraduría.
Lo cual nos lleva a entender, en el mismo sentido en que lo expresó la Procuraduría General de la República en la vista, que de la totalidad del área que se reduce, aproximadamente la mitad es bosque. Al respecto, en la prueba solicitada, la Procuraduría General de la República informa que, resulta evidente la falta de sustento técnico para fundamentar la desafectación de la zona boscosa.
VII.ARGUMENTOS ADICIONALES A FAVOR DE LA PROTECCIÓN DEL REFUGIO NACIONAL DEL VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO (Redacta Magistrado Castillo V.)
La Sala Constitucional no ha reconocido de manera expresa el principio de no regresión en materia ambiental en su jurisprudencia. Sin embargo, en un fallo reciente hizo mención a este principio. El alto Tribunal manifestó que:
“(…) principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada.
El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud:‘…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales.
Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio’. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: ‘Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.’ (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10). En consecuencia, en aplicación de estos dos principios, la Sala Constitucional ha establecido que es constitucionalmente válido ampliar por decreto ejecutivo la extensión física de las áreas de protección (principio de progresividad); sin embargo, la reducción solo se puede dar por ley y previa realización de un estudio técnico ajustado a los principios razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población, que sirva para justificar la medida.
El derecho vale lo que valen sus garantías, por ello se produce una violación de estos principios cuando el estudio técnico incumple las exigencias constitucionales y técnicas requeridas. Si tal garantía resulta transgredida, también lo será el derecho fundamental que la garantía protege y es en esa medida, que la reducción de las áreas protegidas sería inconstitucional.
‘Se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. Sobre este tipo de propiedad recuérdese que es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial, pues se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres. Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal, la cual establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales.
De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales’. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1056-2009)” Con base en lo anterior, un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante Ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño o en la medida de lo posible.
Ahora bien, en el caso específico, la Procuraduría General de la República cuestiona que en el informe técnico que sirvió de fundamento a la Ley impugnada, no se justifica adecuadamente la exclusión de 406,32 hectáreas de la Llanura Costera Cocles-Manzanillo que se ordena. Asimismo, no se explica las razones por las que no se excluyeron únicamente los cuadrantes urbanos, sino, además, 188 hectáreas con cobertura de bosque, que quedan excluidas del Patrimonio Natural del Estado, ni forman parte de la Zona Marítimo Terrestre. En el informe remitido mediante oficio número SINAC-DE-0286 del 7 de marzo de 2019, la directora ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación explica que las 188 hectáreas que menciona la Procuraduría General de la República no constituyen un boque compacto, sino estructuras forestales de tipo bosque que, en su mayoría, se encuentran en propiedad privada. Sobre el particular, la explicación que da la directora ejecutiva resulta insuficiente para descartar la objeción externada por la Procuraduría General de la República, pues del estudio del fehacientemente que el área antes mencionada efectivamente esté conformada por terrenos de naturaleza privada, ya que, de ser así, no habría razón alguna para que dichos terrenos fueran sometidos a una desafectación.
Así, cabe recordar que los únicos terrenos que podrían ser desafectados son aquellos que son catalogados como bienes de dominio público, de ahí que hay una contradicción lógica cuando se sostiene que se trata de inmuebles de naturaleza privada que deben ser desafectados, tal y como lo afirma la autoridad recurrida en su informe. El anterior razonamiento se refuerza con base en lo que preceptúa el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley n.° 7554 de 4 octubre de 1995, cuando dispone lo siguiente:
“Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo. Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley.
Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo.
Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos”.
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998) (Lo resaltado y en negritas no corresponde al original).
No hay que ser un observador muy agudo para concluir que, con base en la normativa legal vigente, las propiedades privadas no son parte del refugio -si las hubiese-, de ahí que resulta un contrasentido el desafectar áreas que son privadas. Estaríamos, pues, ante la existencia de una Ley irracional, si ese fuese el caso.
Ergo, si bien hay un informe técnico que justifica la promulgación de la Ley, lo cierto es que dicho estudio no logra descartar que la desafectación de los terrenos no vaya a provocar un daño al medio ambiente -lo no referente a los cuadrantes urbanos-. Desde una perspectiva lógica y acorde con el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), lo procedente era disponer únicamente la desafectación de los terrenos que conforman los pueblos que se ubican en la zona -pueblos originarios u otros asentamientos de población- o, eventualmente, excluir otras áreas de dominio público, siempre y cuando se acreditara que no se provocaría una afectación al medio ambiente y se diera la respectiva compensación. En ese sentido, tal y como se externó líneas atrás, no hay claridad sobre los terrenos que contienen bosque -si son parte del Patrimonio Natural del Estado o terrenos privados afectos a las limitaciones que prevé el ordenamiento jurídico ambiental, en cuyo caso era innecesaria la desafectación-, y que la Ley desafectó.
O una de dos: si trata de bienes privados sujetos a las limitaciones ambientales previstas por la legislación, la desafectación está demás; si se trata de un bien dominio público, la desafectación es insuficiente, porque no hay certeza sobre el no deterioro del ambiente y no se da la respectiva compensación del área. Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in dubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como parte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión sin la respectiva compensación. Todo lo anterior, sin lugar a duda, resulta contrario de lo previsto por esta Sala en su jurisprudencia, de ahí que la norma legal impugnada resulte inconstitucional. Empero, la anterior conclusión debe matizarse, en el sentido de que, si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, no es posible, a tenor de lo dispuesto en el numeral 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vulnerar el derecho de propiedad de sus propietarios.
Más aún, las 188 hectáreas forman parte del núcleo central de refugio de vida silvestre, el que está vinculado a un derecho fundamental reconocido a favor de quienes conforman la Nación costarricense -los que fueron, somos y serán-, así como los demás habitantes, por lo que estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio técnicos para realizar la reducción del citado refugio.
Por otra parte, hay que aclarar que, de conformidad con la información que consta en el expediente, tanto legislativo como el judicial, no toda la normativa legal que se impugna es contraria al Derecho de la Constitución, toda vez que sí resulta procedente la exclusión del refugio de los cuadrantes urbanos -pueblos originarios o personas que incluso estaban ahí antes de que se creara el refugio-, por lo que no tendría sentido hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de toda la normativa. Más bien, y para lograr un justo equilibrio entre la protección del ambiente y las necesidades socioeconómicas de las personas, lo procedente es declarar la acción de inconstitucionalidad incoada, anulando de la norma únicamente en lo referente a los territorios comprendidos en la zona boscosa -188 hectáreas-, según lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes y, por consiguiente, ordenar al SINAC que proceda a delimitar el área antes mencionada.
En el caso que se determine de que se trata de bienes de dominio público -no bienes de dominio privado-, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. En lo que atañe a los derechos de propiedad- si se llegasen a determinar- lo que corresponde es que las autoridades competentes impongan a las propiedades las limitaciones de interés social correspondientes en aras de la protección al ambiente.
VIII.SOBRE EL INNECESARIO ANÁLISIS DEL RESTO DE ALEGATOS.- Siendo todo lo anterior razones suficientes para considerar la inconstitucionalidad de ley impugnada, por la falta de sustento técnico, y encontrarse el vicio de forma señalado, carece de interés referirse en detalle al resto de alegatos, máxime que estos están referidos a aspectos que no fueron debidamente fundamentados en el escrito de interposición de esta acción. El resto de alegatos están referidos a que, la ley es inconstitucional porque se debía consultar a los pueblos indígenas, la ley contiene normas que afectan humedales y la zona marítimo terrestre. La Procuraduría General de la República indica en su informe que no se detalla en la acción, en qué consiste la afectación los pueblos indígenas, la cual no resulta evidente por cuanto, la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi no se traslapa ni está contigua al sector excluido del Refugio.
Asimismo, no se presentó prueba de que la ley per se afectara humedales o violara el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre. Indica la Procuraduría que la ley impugnada no contempla ninguna disposición relativa a la Zona Marítimo Terrestre, por lo tanto, no se puede quebrantar el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre, ni tampoco se puede interpretar que, los terrenos excluidos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo por la Ley n°9223 que se encuentren ubicados en la franja de doscientos metros de ancho a lo largo del litoral, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria, así como las áreas ocupadas por los manglares y esteros (zona pública), y la franja de ciento cincuenta metros contigua a éstos (zona restringida), entre otros bienes, quedaron desafectados del régimen especial que cobija la zona marítimo terrestre.
Por ello, sin que se prejuzgue sobre el fondo de lo planteado, en cuanto a estos alegatos, procede desestimar el examen de estos alegatos en esta acción por cuanto, ya se determinó la inconstitucionalidad anterior.
IX.Conclusiones.- 1) En cuanto a los argumentos de falta de sustento técnico y de medidas de compensación, se constata que la Ley n°9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” implicó una reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, con base en un estudio técnico insuficiente respecto de la zona boscosa, y que además, no contempló medidas de compensación. Lo cual se traduce en una violación al derecho al ambiente, a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, objetivación, precautorio, correspondiendo la declaratoria con lugar, tal como se indica en la parte dispositiva de esta resolución. 2) En cuanto a los argumentos de falta de consulta a pueblo indígena, afectación de humedales y de zona marítimo terrestre, no se analizan por cuanto, ya se determinó la inconstitucionalidad por el procedimiento, además, no se fundamentó ni acreditó que la ley debiera ser consultada a pueblos indígenas, o que la normativa per se implique una afectación a humedales o zona marítimo terrestre.
X.NOTA DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO.- Consigno la presente nota porque considero que la insuficiencia del informe técnico, en este caso, va más allá de la falta de fundamentación del área boscosa, sino que tampoco hubo el debido respaldo técnico para la desafectación del área urbana. A veces las necesidades políticas, las urgencias que imponen, inciden también en el criterio técnico. Es la eterna tensión ente el político y el científico, recordando el título de una obra de Max Weber. Las inconsistencias que aprecio, las detallo a continuación:
Así se procede al examen del alegato sobre la insuficiencia de los estudios técnicos que sustentaron la reducción de la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, por medio de la Ley “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014. Ante ello, se tiene a la vista varias preguntas que debieron haber sido respondidas en el informe técnico (1), las posiciones de cada uno de los sujetos que han sido llamados a pronunciarse al respecto (2), para finalmente puntualizar los aspectos del informe que considero como insuficientemente fundamentados (3).
-¿Analiza y se pronuncia sobre el impacto de la zona por desafectar en las zonas marinas y continentales del Refugio?
-¿Examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre?
-¿Determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida?
-¿Plantea medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general?
-¿Analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia?.
-¿Demuestra cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado?
-¿Justifica técnicamente la desafectación para el reconocimiento de los derechos de pobladores costeros del Caribe Sur en aquellas áreas urbanas que venían habitando desde antes de la declaratoria del Refugio? Es decir, ¿La justificación técnica del informe para la desafectación de las hectáreas urbanas se fundamentó en un censo fehaciente de los pobladores con anterioridad a la declaratoria del Refugio en 1985?
-¿Cuál es la justificación técnica que da el informe para la desafectación de las 205.97 hectáreas de cobertura boscosa?
Para ver si el informe responde a tales preguntas resulta entonces indispensable tener a la vista con detalle el mencionado “Informe Técnico” elaborado por el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) en el año 2013, denominado “Proyecto de ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur Expediente n°18.207”. Y además, tener a la vista lo que al respecto informa el SINAC, la PGR y la UNA (en la prueba solicitada), e incluso, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Parecen interrogantes complejos, pero no lo son, porque la relevancia del tema que se tutela, amerita un cuidadoso análisis, sin pretender fundarse en argumentos crípticos.
(…) El estudio técnico aportado por el SINAC a solicitud de la Asamblea Legislativa constituye la justificación técnica que dio soporte a la desafectación adoptada por los diputados en la ley objeto de esta acción.” Por su parte, la Procuraduría General de la República, indica lo siguiente: En relación con el criterio aportado al expediente legislativo con posterioridad a esta sentencia, incorporado en sus folios 1394 y siguientes, cabe hacer algunas observaciones para constatar la existencia del fundamento técnico y científico, así como valorar si se cumple el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Indica con detalle las siguientes observaciones:
-No se justificó la desafectación de 205 ha de bosque : No razonabilidad ni proporcionalidad pues solo se justifica desafectar el área urbana de 233.41 hectáreas, quedando sin sustento técnico la desafectación del resto, 205 hectáreas de bosque.
-No toda el área desafectada es ZMT : No puede ser cierto que los terrenos desafectados quedarían bajo las restricciones de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, puesto que, la porción excluida del Refugio en la Ley No. 9223 no es solamente Zona Marítimo Terrestre, sino que se desafectó una franja que puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre.
-No se analiza impacto en los dos parques de mangle: No se analiza ni descarta el impacto sobre los dos parches de mangle que se identificaron en la zona sustraída del Refugio, los cuales se califican como “en estado crítico de conservación”, indicándose que “no se ha evidenciado un crecimiento en términos de cobertura a lo largo del establecimiento del refugio, pero se ha mantenido” (folio 1411).
-No se incluyen manglares en el Patrimonio Natural del Estado: En la determinación del Patrimonio Natural del Estado, se identificaron las áreas que cumplen la definición de bosque de la Ley Forestal (punto 4 del folio 1557), sin embargo no se incluyeron los manglares, que también forman parte del Patrimonio Natural del Estado, sea cual sea su extensión (artículo 13 de la Ley Forestal y Manual para la clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los recursos naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, Decreto No. 36786-MINAET del 12 de agosto del 2011, artículo IV.u).
-No se evidencia cómo se concluye que las zonas de arrecife contigua a la zona excluida no serán afectados: Los diferentes tipos de arrecifes de coral presentes en las zonas adyacentes a la zona 1 del RNVS-GM, son ecosistemas diversos, bien desarrollados, con especies únicas en el Caribe del país, con alto grado de fragilidad actual y que en el presente se encuentran en un proceso de recuperación. Sin embargo, se indica en el informe que la modificación de los límites no los afecta, pero no queda claro cómo llegaron a esa conclusión. Igual sucede respecto de los pastos marinos, que se ubican en la zona 10, contigua a la zona excluida, ecosistema asociado a las tortugas marinas, y cuya principal causa de disminución se dice que “son las actividades antropogénicas, como la sedimentación causada por la deforestación y la excesiva descarga de nutrientes en las aguas costeras” (folio 1436). Además, se afirma que “Un plan de manejo de los bosques aledaños a la costa evitaría la entrada de nuevos sedimentos a los arrecifes” (folio 1421), pero no se considera que dicha planificación podrá implementarse por el SINAC cuando los terrenos estén fuera del Refugio.
Según el mapa del folio 1513 y lo indicado en el punto 4 del folio 1514, la zona excluida del Refugio no comprende humedales inscritos en la lista Ramsar, sin embargo, en el informe también se indica que todo el Refugio está calificado como Sitio Ramsar de importancia internacional; además, el denominado Humedal Arrecife Coralino o Pastos Marinos y Arrecifes (zona 10) está contiguo a una porción del área excluida, entre las coordenadas geográficas verticales 646 y 648, aproximadamente, y como la Convención en su artículo 2 dispone que los límites de los humedales incluidos en la lista “podrán comprender las zonas de las orillas o de las costas adyacentes a la zona húmeda”, podría haber un traslape.
-Áreas con amenazas potenciales no podrán ser incluidas en Plan de Manejo una vez que dejen de formar parte del Refugio: En los anexos se transcribe, en relación con la Zona Marítimo Terrestre Cocles Manzanillo (excluida), que “hay que tener cuidado…con la capacidad de carga de las playas” y se identifica como amenazas potenciales principales para esta área: “el desarrollo de proyectos turísticos tradicionales de gran impacto”, indicando que el establecimiento de un Plan de Manejo por parte del MINAE a partir de 1996, “permitió neutralizar” esas amenazas potenciales, que los caminos de acceso a la playa fueron regulados, no permitiéndose nuevos desde su vigencia, y que también se prohibió la extracción de arena de las playas (folios 1499 y 1500). Sin embargo, no se toma en cuenta que tal planificación no podrá implementarse por el SINAC cuando los terrenos estén fuera del Refugio.
-Falencias de los mapas sobre tenencia de la tierra. SOBRE LA ZONA BOSCOSA: existe un estudio de tenencia de la tierra del área desafectada. Sin embargo, no está completo, hay terrenos de los cuales no se dispone información. Del área con cobertura boscosa hay información catastral-registral de aproximadamente 40 fincas, e información catastral de 10 terrenos sin inscribir, de los cuales no se encontró información adicional a la catastral. Se desconoce si actualmente están siendo ocupados por las personas identificadas en el Anexo 8, o bajo qué título ocupan, debido a que un plano castrado no demuestra la posesión de un terreno. De 4 terrenos en áreas boscosas no hay información disponible. En los sectores boscosos desafectados por la Ley n°9223 se identificaron 4 procesos judiciales en los cuales la Procuraduría ha participado. En esas informaciones posesorias la Procuraduría solicitó la improbación por no haberse demostrado la usucapión previa a la creación del Refugio.
SOBRE LA ZONA URBANA: no se puede determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur. En criterio de ese órgano asesor no sería conforme a la Constitución interpretar que los terrenos excluidos del Refugio quedaron desafectados de cualquier otro régimen especial como el de la zona marítimo terrestre, dado que no opera una desafectación implícita. La lista de folios 1566 a 1569 del expediente legislativo, calificada como censo en la página 65 del informe del SINAC, no es fidedigna en identificar a los pobladores con anterioridad a 1985 y o queda clara su cobertura respecto del área finalmente excluida por la Ley n°9223. No contamos con la información para calificar la legítima o ilegítima la ocupación de la población establecida con posterioridad a la declaratoria del Refugio.
Como se aprecia, son cuestionamientos medulares, que no deben quedar en una nebulosa carente de respuesta.
Respecto de tales observaciones, la respuesta del SINAC, luego de la vista realizada, es la siguiente:
-Sobre la exclusión de 188 ha con cobertura de bosque, indica que el informe técnico sí procedió a establecer las características de la zona que se vería afectada. Que no se trata de un bloque compacto de 188 has cercenado al refugio, sino que se distribuyen a lo largo de la zona afectada y sus comunidades. Sobre esta justificación, considero que subsiste la observación de la PGR, en el sentido de que NO hay una buena respuesta técnica, y por tanto, razonabilidad, para haber incluido esas hectáreas dentro de la desafectación o exclusión del Refugio. No se cuando se indica, según se dijo, que la razón de ser de la desafectación es devolver áreas urbanas a los pobladores.
-Que no compete a un informe técnico hacer un estudio sobre el estatus de la legalidad de las posesiones ni sobre su origen. Respecto de este argumento, subsiste la observación de la PGR. Si la ley se sustenta en el “reconocimiento de los legítimos derechos de los habitantes y de los poblados costeros del Caribe Sur” (ver artículo 1 de la Ley impugnada), tal como además se indica en la exposición de motivos: “El objeto del proyecto de ley es reconocer los legítimos derechos de la comunidad Afrodescendiente y de los pobladores costeros del Caribe Sur.”, resulta lógico suponer que debió haber un censo de cuáles y cuántos eran esos “legítimos derechos”. Así que, en este caso concreto, sí resultaba necesario e indispensable que el informe técnico se refiriera a la determinación de cuáles eran esos legítimos derechos, con el fin de evitar, que se hayan desafectado áreas que NO correspondían a legítimos derechos, por ejemplo.
En este sentido, no pasa desapercibido que pudiera haber cierta razonabilidad en desafectar las zonas urbanas ocupadas antes de 1985 (fecha en la cual se creó el Refugio), sin embargo, la ley impugnada no sólo desafecta más allá de esas áreas urbanas, sino que, al no tener claridad sobre las zonas urbanas desafectadas, no se puede tener certeza de que estas hayan sido ocupadas, ciertamente, con anterioridad a 1985 y por pobladores originarios de la zona. No se trata de crear autorizaciones que desafecten respecto de personas sobre las que no existe una clara identificación que permita establecer con son pobladores originarios. Es parte de la exigencia técnica del informe. Véase el anexo 3 del informe técnico (folio 1559 y 1566) referido a la tenencia de la tierra, dentro y fuera de la Zona Marítimo Terrestre, donde se observan: nombres de poseedores extranjeros, poseedores que son sociedades comerciales, poseedores con posesiones menores a los 30 años (es decir, después de 1985, con lo cual se entiende que ingresaron a las propiedades del Refugio con posterioridad a su creación).
En función de una legítima reivindicación, no puede existir tanta imprecisión y laxitud. Es claro que en muchos casos no se trata de pobladores originarios, con posesiones anteriores a la creación del Refugio en 1985, así que la Ley estaría desafectando hectáreas de un Refugio para “tutelar” posesiones ilegales, lo cual es abiertamente inconstitucional. Con lo cual, además, la ley no está cumpliendo los fines que se propuso en la exposición de motivos, de reivindicar a los poseedores originarios, pues hay una manifiesta imprecisión en las personas que se benefician con la ley. Véase además lo concluyente del informe de la Procuraduría cuando indica que la lista sobre tenencia de la tierra de folios 1566 a 1569 del expediente legislativo, calificada como censo en la página 65 del informe del SINAC, no es fidedigna en identificar a los pobladores con anterioridad a 1985 y no queda clara su cobertura respecto del área finalmente excluida por la Ley n°9223; además, no cuentan con la información para calificar la legítima o ilegítima la ocupación de la población establecida con posterioridad a la declaratoria del Refugio. La legitimidad y pertinencia de la identidad de los pobladores originales, es un tema nuclear en esta desafectación de una zona dedicada a la tutela del ambiente.
-La información ofrecida por el informe técnico es suficiente para respaldar la conclusión de que el recurso arrecifes de coral no se está afectando por la delimitación de la ley. El principal ecosistema de mangle que protegió la declaración del Refugio tiene una extensión de 200 ha, está ubicado en la Laguna Gandoca, bajo las categorías de PNE y de Humedal RAMSAR. Se ubica a muchos kilómetros al sureste de la zona afectada por la Ley 9223. Sobre este punto, subsiste la observación de la PGR, en el sentido que, decir que un estudio es suficiente, evidentemente no basta, para que en efecto lo sea, debe ser amplio en sustento y justificaciones y estas son precisamente de las que carece el informe técnico en cuestión.
A mayor abundamiento, deben agregarse las observaciones realizadas por la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, cuando indica, sobre el informe técnico que: hay inconsistencias entre la cartografía y el informe en cuanto al área de reducción del Refugio, no hay datos suficientes para valorar la biodiversidad, el área desafectada incluyó tanto zona marítimo terrestre como tierra adentro, el informe técnico no es consistente con la información obtenida a partir del análisis espacial realizado con las capas que el SINAC aporta, el informe técnico no evalúa el impacto en el ambiente y los ecosistemas, con la desagregación del área terrestre contigua al área marina protegida, es probable que se elimine la zona de amortiguamiento para los ecosistemas marino-costeros. Esta desagregación tendría un potencial efecto negativo sobre los ecosistemas, especialmente para los coralinos debido a su fragilidad biológica. Son dudas muy razonables y evidentes, y bien sabemos que en la duda, se impone el principio de tutela.
Asimismo, lo que indica el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, mediante oficio CON-005-2014-J del 18 de febrero del 2014, es decir, con anterioridad a la aprobación de la ley impugnada. Allí indica: “… esta Asesoría considera que tampoco en esta ocasión se está en presencia de un estudio específico sobre el tema de la reducción del área descrita en el artículo 1 del Proyecto y el impacto de la desafectación, por lo tanto, no satisface los requerimientos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 50 constitucional y el Derecho Internacional Ambiental.” (folio 1781 del expediente legislativo).
-No se analiza el impacto de la zona por desafectar en las zonas marinas y continentales del Refugio: No se examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre. No se determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida. No se analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia. No se demuestra cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado. Además, tal como lo indica la PGR en su informe, no se analiza ni descarta el impacto sobre los dos parches de mangle que se identificaron en la zona sustraída del Refugio, los cuales se califican como “en estado crítico de conservación”.
Según el mapa del folio 1513 y lo indicado en el punto 4 del folio 1514, la zona excluida del Refugio no comprende humedales inscritos en la lista Ramsar, sin embargo, en el informe también se indica que todo el Refugio está calificado como Sitio Ramsar de importancia internacional; además, el denominado Humedal Arrecife Coralino o Pastos Marinos y Arrecifes (zona 10) está contiguo a una porción del área excluida, entre las coordenadas geográficas verticales 646 y 648, aproximadamente, y como la Convención en su artículo 2 dispone que los límites de los humedales incluidos en la lista “podrán comprender las zonas de las orillas o de las costas adyacentes a la zona húmeda”, podría haber un traslape.
-No se individualiza el impacto de la medida legislativa en el Refugio respecto de los objetos de conservación: En el folio 18 se mencionan los objetos de conservación (manglares, pantanos, bosques, arrecifes, etc) pero no se indica en concreto como tales objetos serían afectados con la reducción del Refugio. Tal como lo indica la PGR en su informe, no se evidencia cómo se concluye que las zonas de arrecife contiguo a la zona excluida no serán afectadas. Los diferentes tipos de arrecifes de coral presentes en las zonas adyacentes a la zona 1 del RNVS-GM, son ecosistemas diversos, bien desarrollados, con especies únicas en el Caribe del país, con alto grado de fragilidad actual y que en el presente se encuentran en un proceso de recuperación. Sin embargo, se indica en el informe que la modificación de los límites no los afecta, pero no queda claro cómo llegaron a esa conclusión. Igual sucede respecto de los pastos marinos, que se ubican en la zona 10, contigua a la zona excluida, ecosistema asociado a las tortugas marinas.
Y tal como lo indica la UNA en su informe, con la desagregación del área terrestre contigua al área marina protegida es probable que se elimine la zona de amortiguamiento para los ecosistemas marino-costeros, siendo que esta desagregación tendría un potencial efecto negativo sobre los ecosistemas, especialmente para los coralinos debido a su fragilidad biológica.
-No hay ninguna medida de compensación: El informe técnico no especifica recomendaciones para evitar riesgos, prever efectos negativos o adversos, o las medidas de mitigación, conservación o reparación. No se plantean medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general. El estudio no es específico pues no evalúa el impacto ni emite las recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos o bien plantear las medidas de mitigación, conservación o reparación correspondientes.
-Falta total de fundamentación sobre la desafectación del área boscosa: si el proyecto de ley que dio origen a la ley cuestionada indica que se pretende restituir a los ocupantes de las zonas urbanas, creadas con anterioridad a la creación del Refugio en 1985, no se justifica que se haya desafectado zona boscosa (y por tanto no urbanizada). Tal como lo indica la PGR en el informe solicitado, queda sin sustento técnico la desafectación del resto, 205 hectáreas de bosque. Siendo que, en los sectores del área desafectada con cobertura boscosa se identificaron cerca de 40 fincas, y al menos 14 terrenos sin constancia de estar inscritos. Del área con cobertura boscosa hay información catastral-registral de aproximadamente 40 fincas, e información catastral de 10 terrenos sin inscribir, de los cuales no se encontró información adicional a la catastral. Se desconoce si actualmente están siendo ocupados por las personas identificadas en el Anexo 8, o bajo qué título ocupan, debido a que un plano castrado no demuestra la posesión de un terreno.
De 4 terrenos en áreas boscosas no hay información disponible. En los sectores boscosos desafectados por la Ley n°9223 se identificaron 4 procesos judiciales en los cuales la Procuraduría ha participado. En esas informaciones posesorias la Procuraduría solicitó la improbación por no haberse demostrado la usucapión previa a la creación del Refugio.
-Falta de fundamentación sobre la desafectación del área urbana: resulta evidente que, para poder cumplir con lo indicado en la exposición de motivos del proyecto de ley que dio origen a la ley cuestionada, debía haberse determinado de previo quiénes son las personas que ostentan “los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur”. Sin embargo, tal como lo indicó la PGR en el informe solicitado, en la documentación disponible en el expediente legislativo no se puede determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur. Lo anterior, por cuanto en los listados de terrenos sin inscribir y de fincas inscritas aparecen los nombres de establecimientos comerciales o personas jurídicas de los cuales se desconoce quiénes son los propietarios o los socios.
Así que, tampoco se logró fundamentar en un censo fidedigno sobre la tenencia de la tierra para en efecto determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente y otros, que son pobladores costeros del Caribe Sur con anterioridad a 1985, fecha de creación del Refugio. Agrega la PGR que conserva las mismas dudas planteadas sobre la frase del informe: “De las 406.21 has que el Proyecto de Ley propone desafectar, 233.41 hectáreas, corresponde a las propiedades censadas. Estas últimas equivalen al 34.34% de la Zona 2”, debido a que no se ha aportado información adicional ni explicación al respecto. Por otra parte, no hay sustento probatorio de la información consignada en la lista de folios 1559 a 1569 del expediente legislativo, calificada como censo por el SINAC. No hay constancia de si el tiempo de ocupación consignado en los folios 1566 a 1569 proviene del dicho de los mismos ocupantes, o de elementos objetivos debidamente documentados.
Respecto de esta lista, en el informe SINAC-DE-0286 del 7 de marzo del 2019 únicamente se afirma que: “Se admite que el no haber aclarado que el censo aportado por las organizaciones comunales, que aparece a folios 1558 a 1569, constituía solamente un insumo de referencia parcial sobre tenencia y antigüedad, llama a confusión y podría justificar las observaciones e interrogantes.” Las interrogantes no han sido aclaradas. La afirmación contenida en la página 65 del Informe en el sentido de que “el 49% de la población está establecida antes de la declaratoria del Refugio en 1985” admite la interpretación “a contrario sensu” de que el 51% restante se estableció después de la declaratoria del Refugio. Sin embargo, no contamos con la información para determinar si ese 51% puede calificarse como ocupantes ilegítimos, o contaron con algún título o autorización administrativa que legitimara la ocupación de las tierras.
Lo anterior agrega incerteza sobre la superficie a la cual se refiere la lista denominada censo y el informe remitido por el oficio SINAC-DE-1972 en relación con el área que finalmente fue excluida del Refugio. Ante una desafectación que favorece a un grupo de ciudadanos, éstos deben identificarse claramente, porque no se justifica la desafectación frente a situaciones de hecho que no se ajustan a la propia justificación de la ley, que es reivindicar a los pobladores originales antes de la declaratoria de Refugio de 1985.
-No se justifica científicamente la medida de reducción, ni se demuestra cómo la medida que se toma continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el marco de una política de desarrollo sostenible. Únicamente se indica que lo desafectado eran zonas urbanas, pero ya se evidenció que también se desafectó área de bosque, que no hubo un censo fidedigno de esas áreas urbanas, y que tampoco se analizó el impacto de la desafectación de esas áreas urbanas. No basta con indicar que por ser áreas urbanas, no habría impacto alguno con la desafectación. Pues resulta evidente que, aunque sean áreas urbanas, al estar contiguas al resto del Refugio, se produce un impacto sobre él.
Con lo cual, tal sustento técnico plantea muchos vacíos, omisiones, dudas y observaciones, que lo hacen insuficiente para justificar la reducción de esas 406.52 hectáreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
En síntesis, el estudio presentado, si bien se vincula con el tema, es manifiestamente incompleto, puesto que las exigencias sustanciales derivadas de la propia materia que tutela, no se ven satisfechas. Quedando muchas dudas, vacíos y omisiones, en detrimento del derecho al ambiente. Conforme a los argumentos expuestos, la falta de evidencia científica de la ley impugnada, que pretende reducir el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, justifica que se resuelva conforme al principio precautorio y se tenga, igualmente en esta ocasión, que la reducción en cuestión, resulta inconstitucional. Inconstitucionalidad que se ratifica con la ausencia de medidas de compensación, según se explica a continuación. La reducción de un área protegida o cualquier otra zona dedicada a la tutela del ambiente, requiere un estudio técnico que no contenga omisiones, interrogantes o inconsistencias, tal como las que he mencionado.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Presidente a.i Fernando Cruz C. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Hubert Fernández A.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ Y LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y ARAYA GARCÍA CON REDACCION DE LA PRIMERA:
Nos separamos de la decisión tomada por la mayoría del Tribunal y declaramos sin lugar la acción planteada con la explicación que se dirá, todo con fundamento en las siguientes consideraciones: el objeto de la acción es la ley número 9223 mediante la que la Asamblea Legislativa, redefinió los límites territoriales de un territorio sometido a la categoría de manejo denominada “refugio de vida Silvestre”. Con ello dejó por fuera de tal categoría a determinadas zonas urbanas y tierras aledañas en la zona de Caribe Sur, lo cual ha originado fundamentalmente un reclamo por lesión al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, la condición histórica de los asentamientos urbanos en la región, reconocida por el Estado desde en el propio decreto de creación, las particularidades de todo el actuar estatal en relación con la zona específica -incluyendo las intervenciones anteriores de este Tribunal- y las conclusiones y criterios técnicos, en los que se ha apoyado la decisión legislativa, permiten sostener, desde nuestra perspectiva, la legitimidad constitucional del balance realizado por el legislador respecto de los distintos derechos constitucionales en conflicto.
No se incumple tampoco con lo estatuido en el Convenio 169 de la OIT ni las obligaciones contenidas en la normativa internacional vigente en Costa Rica sobre la protección de las zonas de manglares y -desde esa perspectiva- nada obsta para que las autoridades estatales competentes, cumplan con su poder-deber, y ejecuten las acciones necesarias para para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en la zona protegida, de conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento. Las razones para esta conclusión son las siguientes:
A. Aspectos fácticos relevantes.
1. De los diferentes documentos aportados tanto a este expediente judicial como, en su momento, al expediente legislativo, ha quedado demostrado que para el año 1985, mediante decreto Ejecutivo número 16614-MAG del 20 de octubre de 1985, (en adelante solamente Decreto 16614) las autoridades del Poder Ejecutivo, decretaron la creación de lo que hoy se conoce como Refugio de Vida Salvaje Gandoca Manzanillo, (en adelante RVS-GM o simplemente “el refugio”) y delimitaron sus linderos.
“Artículo 18.- Son refugios nacionales de fauna silvestre los que el Poder Ejecutivo declare como tales, para la protección y la investigación de la flora y la fauna silvestre, en especial de aquella en vías de extinción.
Queda autorizado el Poder Ejecutivo para establecer, dentro de las reservas forestales y en terrenos particulares, áreas bajo la clasificación de refugios nacionales de fauna silvestre, las que, para efectos de conservación de la fauna silvestre, quedarán bajo la administración del Departamento de Vida Silvestre de la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El Poder Ejecutivo exonerará del impuesto territorial los terrenos sometidos a este régimen.
El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, queda autorizado para ellos, muestren las condiciones necesarias e idóneas para el establecimiento de los refugios nacionales de fauna silvestre.”
“Artículo 5°—La Dirección General de Catastro Nacional está autorizada para realizar el levantamiento de la cartografía catastral y el registro de oficio de los planos individuales necesarios para desarrollar el proyecto de titulación dentro del área del Refugio y el de las comunidades aledañas de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo.” (el destacado no es del original) “Artículo 6°- Las áreas que, de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, estén comprendidos dentro de las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, no estarán sometidas a las regulaciones del presente Decreto.” (el destacado no es del original)
-el Decreto 23069-MINAE del año 1994, emite reglas para ordenar la visitación para el avistamiento de tortugas y de paso, deroga el artículo 6 del decreto original, Empero deja vigente el numeral 5 que autorizaba a que se hiciera levantamiento catastral para efectos de “titulación” -posteriormente, el Decreto número 29019-MINAE de 2000 reforma ampliamente el decreto antes dicho (23069) en el tema de la visitación y explotación y por ello al final de su texto -de manera general- deroga el decreto 23069.
-para el año 2005 se emite el Decreto Ejecutivo 32753- que se justifica señalando que debe entrar a regular de nuevo la cuestión de la titulación en la zona del Refugio, así como la exclusión de las áreas urbanas de éste, por entender que -consecuencia las ratificaciones y derogatorias recogidas en los dos decretos antes citados se ha reactivado la exclusión original contenida, es decir la ordenada en el artículo 6 del Decreto 16614. Agrega que, la exclusión reactivada se estima una reducción contraria a la ley Orgánica del Ambiente porque no se hizo con estudios técnicos, por lo que se emite una “ratificación” del decreto original (16614) pero quitándole los artículos 5 y 6 originales. (arriba transcritos)
“VII.- Sobre la inconstitucionalidad de los artículos 3°, 4°, 5° y 7° del Decreto n°34043-MINAE.- Tal como se expuso, al derogarse artículo 6º del Decreto Ejecutivo, N° 16614-MAG (mediante el artículo 2° del Decreto Ejecutivo no. 32753 del 16 de mayo del 2005) se incluyeran las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Sin embargo, mediante el artículo 3° del Decreto impugnado, que vuelve a traer a la vida jurídica el derogado artículo 6º, las áreas urbanas de dichas comunidades quedaban nuevamente excluidas de los límites del Refugio, lo que implicó su reducción. Esta situación, no sólo violenta el principio de reserva legal sino el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”
“(…)
Como se indicó, los esfuerzos para la determinación científica de los recursos naturales del recién creado Refugio, tanto los marinos, como los continentales, se llevan a cabo a partir de la declaración. Numerosas instituciones de Gobierno (Mirenem, MAG, IDA, IGN, GAR, INVU, UCR, UNA), así como organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales (UICN, Jessie Smith Noyes Foundation, WWF, ASDI, Cooperación Holandesa, CRS, TNC, ANAI, CATIE, ICFID-Cidesa, Asacode, CBTC, entre otras), viertes sus resultados en “capacitación y propuestas de alternativas para el desarrollo sostenible pretendido”. Todos los estudios técnicos y científicos de este proceso, confirmaron la perfecta compatibilidad entre la ubicación y vocación de las áreas de asentamientos humanos preexistentes y aquellas de los recursos naturales a proteger. (anexos 11 a 13) (el subrayado no es del original) Este singular proceso, difícilmente igualado en ninguna otra área silvestre protegida del país, culmina con una planificación o Plan de Manejo, de acuerdo con los términos exigidos por la Ley, gestionado por el Minae al amparo del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre el Gobierno de la República y el BID (Proyecto ATN/JF-3917-CR).
El Minae abre un concurso internacional que es ganado por el Programa de Estudios Ambientales (ProAmbi) de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Esta organización efectúa el diagnóstico más profundo y detallado realizado hasta el momento en el país para un área silvestre protegida, ejecutado por un numeroso equipo de reconocidos científicos de la Universidad de Costa Rica, durante cerca de dos años. Este diagnóstico también contó con la participación y colaboración de todos los técnicos y especialistas del Área de Conservación Amistad Caribe/Minae. (anexos 14 a 16) (el destacado no es del original) La reglamentación correspondiente se oficializa mediante el Decreto Ejecutivo N.º 34946-Minaet, publicado en el Alcance N.º 55 a La Gaceta N.º 248,de 23 de diciembre de 2008, después de que el Plan de Manejo es conocido y aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (Conac), el Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (Corac) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), según lo dispone la Ley de Biodiversidad N.º 7788, particularmente en sus artículos 25, 30 y 22, párrafo 1º.
(anexo 17) (el destacado no es del original) Al igual que todos los estudios y diagnósticos anteriores, los realizados por la Universidad de Costa Rica avalaron y respetaron la condición de origen de que las comunidades de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo estaban consideradas como aledañas al Refugio. Por ello, ante la persistencia del error en la definición de los límites (artículo 1º del Decreto N.º 16614-MAG), respecto a los asentamientos humanos de Manzanillo, se dio una planificación y uso típicamente urbanos con alto contenido ambiental (usos: residencial, residencial urbano, residencial recreativo, hotelera turística, hotelera especial, comercial, comercial urbana, institucional, etc.), reconociendo sus derechos y previendo la eventual, necesaria e inminente corrección del error. Las restantes 14 zonas en que fue dividido el Refugio son planificadas con base en el cuidadoso manejo y uso sostenible de los recursos naturales marinos y terrestres. (Anexo 18)” (el destacado no es del original)
B. Sobre el fondo del caso.
B-1 El enfoque apropiado para la resolución del reclamo relativo a la lesión al derecho a un ambiento sano y ecológicamente equilibrado.
“II. Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…)(L)a persona forma parte del Ambiente, lo integra, de allí que su protección, supone la conservación del contexto esencial para la vida humana y por el contrario, una conducta con efectos negativos sobre él, supone un peligro para la propia existencia humana y una reducción o pérdida del “mayor bienestar” de todos. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado que “el ser humano no se desenvuelve de manera autárquica, sino que su bienestar guarda inmediata relación con la naturaleza que le rodea. Esa interdependencia entre el ser humano y la naturaleza comprende aspectos que exceden la mera preservación de recursos para garantizar el desarrollo económico de la sociedad humana. En realidad, la interacción “naturaleza-ser humano” conforma un fenómeno unitario, un proceso único de influencia recíproca, en el que uno actúa sobre el otro y simultáneamente ambos necesitan uno del otro para su propia supervivencia.” (Sentencia de la Sala Constitucional No. 2012-004620).
El “ambiente” objeto del derecho fundamental, no es la suma o yuxtaposición de recursos, más bien se refiere a las interrelaciones y equilibrios, a la idea de sistema. La ecología como ciencia nos enseña que la naturaleza debe ser concebida como un sistema. La naturaleza consiste en las relaciones de los organismos con el mundo exterior en la lucha por su existencia. En lugar determinado se da una biocenosis (vida común) o comunidad de vida, que involucra un cierto número de especies e individuos que se influyen mutuamente. (…) Así que en la comunidad se da un cierto orden que trae un resultado beneficioso para cada especie, porque genera la productividad y estabilidad máxima del conjunto. Como todo sistema se caracteriza no solo por la interacción entre sus elementos, sino también porque produce un resultado global o general relativo a todo el sistema: su propia existencia, que es lo que podemos llamar equilibrio dinámico, comprendido dentro del concepto de “equilibrio” que exige la Constitución…”
“A.- Todo lo anterior, ofrece la oportunidad de replantear el tema, a la luz de las nuevas soluciones a las problemáticas sociales que quedaron más que evidenciados en la vista que realizó esta Sala, especialmente cuando por la naturaleza de la norma, se pueden otorgar derechos reales administrativos con implicaciones sobre el Derecho urbanístico y ambiental, lo que involucra algunos temas que han ocupado a este Tribunal. Además, estamos ante una ley para solucionar una problemática social que a diario viven los pobladores de la zona marítimo terrestre, la que ejerce presión sobre los recursos naturales, y que requiere, necesariamente, de una ponderación de los derechos fundamentales en juego y de una adaptación del aparato institucional. (…).” “B.- Sobre el control a posteriori de constitucionalidad.- (…) El punto que debe dilucidar este Tribunal Constitucional radica en determinar si tales efectos sobre el área pública necesariamente implican una inconstitucionalidad insalvable, esta vez interpretado a la luz de la necesidad imperiosa del Estado de ejercer una tutela sobre las políticas de un ordenamiento territorial, que de solución a los problemas de aglomeración de las personas en núcleos de población de hecho, y del derecho a una vivienda digna contenido en los artículos 50, 51 y 65 constitucionales, así como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el numeral 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el numeral 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 8 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.” “C.- El ordenamiento territorial como garantía de defensa del ambiente y del ser humano.- …(T)enemos que reconocer que el Derecho urbanístico difícilmente puede concebirse hoy en día desvinculado de los criterios de defensa del medio ambiente, pues más allá de la finalidad de crear mejores relaciones entre la naturaleza y los habitantes de un lugar, al establecer normas de higiene y de la salubridad pública, o mejoramiento de los cuadrantes de una ciudad, se busca, sobre todo, una sostenibilidad ambiental mientras se desenvuelve una determinada comunidad.
¿Pero qué sucede cuando en países de ingreso medio a bajo, especialmente en algunas áreas costeras yacen comunidades marginales o excluidas de los beneficios del desarrollo de nuestro país, donde el habitante que se asienta ahí lo ha hecho desde muchos años y porque le aporta medios escasos para subsistir? No desconoce esta Sala los problemas que trae para los pobladores la búsqueda de soluciones a sus problemas de falta de vivienda digna, junto a un abaratamiento de los costos para poder edificarla, así como la de utilizar inconvenientemente las formas de crecimiento vegetativo de viviendas a lo largo de las calles públicas o, en este caso, dentro de la zona pública donde ejercen la actividad principal de vida, etc. De ahí que la realidad obliga a diseñar una normativa que intenta conciliar el Derecho ambiental con varios derechos económicos, sociales y culturales (…). No olvida esta Sala que el cambio de régimen implica para aquellas personas que han venido ocupando el área pública de la zona marítimo terrestre el ejercicio informal de sus derechos económicos, sociales y culturales, y también para las personas que podrían ser afectadas dentro del área restringida.” “De este modo, el legislador procura las condiciones para asegurar mediante las regulaciones urbanísticas una determinada estabilidad jurídica y los efectos positivos que procura el Derecho urbanístico, ante una situación de hecho, toda vez que a pesar del régimen actual, éste actúa más en beneficio del crecimiento urbano incontrolado pues hay vacíos normativos que el Estado no ha podido solucionar, pero que demanda de una solución al estar involucrados derechos fundamentales.
En el caso, se debate entre una tesis absolutista frente a otra relativa en la que consideramos que existen recursos de protección que lograrían producirse por medio de la planificación urbana. En opinión de la Sala, al procurar un balance adecuado en esta delicada materia, las diferentes disciplinas jurídicas se nutren de la ciencia y la técnica, sea del derecho ambiental y urbanístico, como también del Derecho público y administrativo, para dar una solución a una problemática social muy antigua.
“(…) En efecto, el Derecho ambiental no es suficiente para dar una solución integral. (…) Si de hecho se ha producido una situación social que el Estado no ha podido resolver en más de cincuenta años, la solución no reside en la prohibición, sino en la utilización de los mecanismos legales que racionalicen el uso de esos bienes a través de una solución integral. (…) Precisamente, ese es el tema que se intenta abordar con la legislación que se impugna, pues acceder a la pretensión de anular la norma impugnada profundizaría los problemas apuntados arriba, en especial de aquellos pobladores que se encuentran en un estado de vulnerabilidad social, dada su condición de pobreza y que cuentan con medios de subsistencia muy precarios, los cuales viven en una permanente zozobra de que en cualquier momento pueden ser desalojados de sus viviendas. Por el contrario, los pobladores ahora tienen un instrumento para presionar a sus autoridades municipales para regularizar aquellas situaciones de su interés.” “El punto medular de la presente acción de inconstitucionalidad radica en el cambio de régimen jurídico de lo que tradicionalmente la Ley 6043 denominaba como área pública de la zona marítimo-terrestre, hacia un régimen de excepción, que establece la Ley No. 9221, donde el legislador reconoce a este bien demanial un cometido social, que permite reconocer jurídicamente el estatus a ciertos asentamientos históricamente establecidos en los litorales; véase que no se trata de situaciones individuales de habitantes, sino que hay un sentido de colectividad en la legislación….” “D.- La cláusula del Estado social de Derecho .
No hay duda alguna que el Estado de Costa Rica es un Estado social de Derecho, aunque no se diga de forma expresa en la Constitución Política. En efecto, de la relación lógica y necesaria entre el párrafo primero del numeral 50 y 74 se extrae esta conclusión necesaria. Hay, pues, un mandato constitucional hacia el Estado de que debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes de la República, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Además, de conformidad con el numeral 74 y con los instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estado está en la obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a la población, así como otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley, a través de la prestación de una serie de servicios básicos. En esta dirección, Sala Constitucional ha enfatizado, en su jurisprudencia, que Costa Rica es un Estado social de Derecho. (…)
“Así las cosas, este Tribunal debe, por la vía de excepción, al estar en juego derechos fundamentales –el derecho al ambiente, el derecho a la vivienda digna y el derecho a un medio de subsistencia digno que le garantice a la persona el satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, de realizar una ponderación entre esos derechos fundamentales.” “El derecho a la vivienda digna.- Debe tomarse en consideración para resolver la presente acción, la tendencia natural y lógica del ser humano de asentarse en un lugar que le proporcione cercanía con aquellas actividades sobre las que gira su vida, como las fuentes de trabajo o aquellas que son su medio principal para subsistir, las que luego se manifiestan en las diferentes formas de cohesión social y en el asentamiento territorial (constituidas por las ciudades, sean jurídicamente reconocidas o de hecho). En este punto, es importante hacer referencia al rol orientador y precursor del Estado de políticas en esta materia. Por sentencia No. 2011-13436 de las quince horas trece minutos del cinco de octubre de dos mil once, esta Sala señaló, respecto de este tema, lo siguiente:
“El Estado debe conjuntar esfuerzos para que las personas puedan acceder al derecho a una vivienda adecuada, en condiciones de legalidad, seguridad, de paz y de igualdad. Este derecho, por supuesto, es un derecho relativo que dependerá de las condiciones sociales e individuales; la norma constitucional se refiere a un contenido más que todo programático, aunque debe estar conforme a la progresividad de los derechos sociales. En general, el Estado debe ser un facilitador responsable del cambio social en esta materia, lo cual no solo debe ser entendido en un nivel esencial mínimo, sino también debe proporcionar los mecanismos jurídicos para que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna, sea ésta arrendada o adquirida, mediante los programas asistenciales y de créditos a personas que califiquen con tasas preferenciales, o en condiciones de un mercado libre para poseer o adquirir una vivienda acorde con sus condiciones personales.
La obligación de un Estado plenamente responsable no cesa con programas asistenciales para un primer nivel de necesidad dirigida a los más vulnerables, sino que debe desarrollar una política más general, no discriminatoria que responda a una demanda de vivienda o a una proyección de la necesidad de la vivienda en general” “Ahora bien, cuando el artículo 65 constitucional establece que “ El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador”, se refiere a ese primer nivel del derecho a una vivienda digna; pero debemos admitir que éste no se agota en sí mismo, porque de conformidad con la interpretación de la Sala junto a otros numerales de la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos, comprende otras modalidades con un sentido más amplio que las meras formalidades patrimoniales (…) Los artículos 50 y 51 constitucionales además permitirían al Estado ser promotor del bienestar general, especialmente a favor de los desposeídos o personas en situaciones de desventaja, o donde la familia tiene derecho a la protección especial del Estado.
A esto agregamos los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el numeral 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el numeral 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 8 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. (…)” “La normativa anterior, proporciona el entramado normativo para entender que el derecho a una vivienda digna no estaría reservado solo a la esfera patrimonial y civil, sino que también tiene una dimensión en la personalidad y dignidad del ser humano que debe ser tutelado por el Estado. No podemos dejar de advertir que la legislación persigue solucionar un problema fundamental que por décadas ha venido existiendo (incluso que se viene arrastrando desde antes de la promulgación de la Ley 6043), pero que rescata el derecho humano a la vivienda digna, que debe ir de la mano de políticas estables del Estado para hacer efectivo no solo la norma constitucional (art. 65), sino las otras disposiciones sobre derechos humanos regulados internacionalmente y las declaraciones señaladas arriba.
El derecho humano a la vivienda es un derecho de tercera generación, de solidaridad humana, que es facilitado por el Estado sí otorga las condiciones para su disfrute; (…) Por las razones dichas arriba, debemos concluir que de la relación de los artículos 50, 51 y 65 de la Constitución Política se puede extraer el derecho a una vivienda digna, que otorga un espacio de desenvolvimiento de la persona humana dentro de un ámbito íntimo, que le provee tanto dignidad como permanencia a la unidad familiar con su uso más o menos prolongado. Véase, que no se trata de una tutela de un derecho individual, sino de un derecho colectivo, como es el que regula el Derecho urbanístico, que se ocuparía de la cohesión social de hecho y territorial existente, teniendo en cuenta este contenido de derecho fundamental.
“Por ello, este Tribunal Constitucional reconoce que los efectos de la interpretación de esta Sala sobre el área pública de sostener su intangibilidad en forma general –sin excepciones- crearía una norma pétrea frente a las necesidades reales de la población costera de nuestro país, y condena a la inmovilidad del derecho, lo que tiene serias consecuencias en la vida de muchos ciudadanos, especialmente aquellos de origen más humilde, que viven en pobreza y de las actividades relacionados con el mar. En el caso emanan temas de justicia social que pueden responderse desde la cúspide del ordenamiento jurídico, que deben ponderarse, como también se produce una necesidad de que este Tribunal bajo una mejor ponderación, aún teniendo en cuenta la copiosa jurisprudencia, tome en consideración el resguardo de determinados derechos, especialmente los sociales, si del examen se puede concluir un beneficio para las poblaciones, particularmente a aquellas en desventaja y vulnerabilidad.” La cita anterior contiene de manera fácilmente apreciable un hilo conductor y es la necesidad de que la Sala haga una ponderación de derechos, la actividad estatal y particularmente la legislativa cuando se trata de solucionar problemas que por décadas han afectado los legítimos derechos constitucionales de habitantes de zonas relegadas en nuestro país.
22. Y fue el mismo Estado según lo describe este propio Tribunal el que luego, abandonó esa posición por una mucho más desatenta con la situación de las zonas urbanas y sus habitantes, a las que decidió sumar al refugio a través sin ningún estudio ni justificación técnica y menos aún sin determinar el aporte específico que -en materia de protección medioambiental- darían las zonas urbanas al Refugio RVS-GM, y sin definir, y menos aún, respetar el estatus jurídico de los quienes ocupaban en calidad de poseedores las tierras en dicha zona, tal como lo exigía el artículo 37 la Ley Orgánica del Ambiente, misma que desarrolla directamente el artículo 45 Constitucional y estaba ya vigente cuando se hizo la última inclusión de zonas urbanas en el año 2005, según lo afirmó en su momento la propia Sala:
“VI (…) Sin embargo, posteriormente el Poder Ejecutivo emitió el DE-32753-MINAE de 16 de mayo del 2005, el cual derogó expresamente el artículo 6 del DE-16614 ; nuevamente las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo pasan a formar parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, situación que se mantiene a la fecha” (sentencia 2009-1056)
B-2 En relación con el reclamo por falta de consulta a los pueblos indígenas.
28. En otro de los reclamos planteados se alega la inobservancia de lo previsto por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que establece la necesidad jurídica de una consulta a los pueblos indígenas cuando se planteen acciones estatales que puedan llegar a afectarles en sus legítimos derechos. En este caso, coincidimos con la observación de la Procuraduría General, en el sentido de que la legislación que se cuestiona no presenta las condiciones particulares que la jurisprudencia de esta Sala ha fijado para hacer exigible el proceso de consulta. En efecto, la mayoría de esta Sala, ha entendido que la exigencia del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT es un mecanismo eficaz para lograr la participación y la toma de criterio de los pueblos originarios, en los casos en que el Estado pretenda tomar disposiciones que los afecten como grupo distinguible y en su calidad de integrantes de esa colectividad.
Materias como reglas de tenencia de la tierra en zonas indígenas, autorizaciones de explotación de recursos en las tierras otorgadas a ellos, las condiciones para su educación y para ordenar sus formas de organización, son temas tradicionalmente reconocidos como objeto de necesaria consulta. Sin embargo, en este caso, las decisiones legislativas no van dirigidas a moldear la situación jurídica de poblaciones indígenas en cuanto tales, sino solamente de aquellos indígenas que eventualmente –y junto con muchos otras personas no indígenas- puedan resultar ser habitantes del territorio abarcado o excluido por la fijación de límites para el refugio RVS-GM: Por esa razón no existía ninguna obligación de que la Asamblea cumpliera con ese requisito establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y por ello en este punto también la acción debe ser declarada sin lugar.
B-3 En relación con el reclamo por violación al artículo 7 constitucional al desatenderse las obligaciones de Costa Rica en relación con humedales protegidos por el Refugio.
Corolario.
30. En virtud de todo lo expuesto, no se ha configurado ninguna lesión constitucional al derecho contenido en el artículo 50 de la Constitución Política, pues el equilibro ecológico no ha sufrido menoscabo con las disposiciones de la Ley impugnada, la cual tampoco infringe las obligaciones internacionales aceptadas por nuestro país en el tema de los humedales y zonas de manglar. Asimismo, con vista del alcance de las disposiciones legales impugnadas, no resultaba exigible formalmente el proceso de consulta contenido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Al contrario, el Estado mantiene intactas sus potestades en el ámbito de protección ambiental y defensa de los bienes públicos y debe, según nuestro criterio, actuar de manera consistente tomando las acciones necesarias para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en las zonas protegidas conforme lo indica la ley.
Nancy Hernández L.
Luis F. Salazar A. Jorge Araya G.
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