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Res. 12745-2019 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 10/07/2019
OutcomeResultado
Law 9223 is declared unconstitutional only as it declassifies 188 hectares of forest from the Gandoca-Manzanillo Refuge due to lack of technical studies and compensation; exclusion of urban quadrants is upheld.Se declara inconstitucional la Ley 9223 únicamente en cuanto desafecta 188 hectáreas de bosque del Refugio Gandoca-Manzanillo por falta de estudios técnicos y compensación; se mantiene la exclusión de cuadrantes urbanos.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber declared Law No. 9223 'Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean' unconstitutional, as it reduced the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge by 406.52 hectares. The Court found that the technical study by SINAC supporting the reduction was insufficient to justify excluding 188 hectares of forest cover, as it failed to adequately assess the impact on marine-coastal ecosystems, RAMSAR wetlands, and coral reefs, and did not demonstrate that the Refuge would remain healthy and ecologically balanced. Furthermore, the law did not provide for compensation of the removed area, violating the principles of reasonableness, proportionality, objectivization and precaution, as well as the right to a healthy environment under Article 50 of the Constitution. The Court annulled only the exclusion of the 188 hectares of forest, upholding the exclusion of urban areas, and ordered SINAC to delimit that area and, if it consists of public domain land, to take legal action for its recovery.La Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley No. 9223 'Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur', que reducía el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en 406.52 hectáreas. La Sala determinó que el estudio técnico del SINAC que sustentó la reducción era insuficiente para justificar la exclusión de 188 hectáreas con cobertura boscosa, ya que no evaluaba adecuadamente el impacto en los ecosistemas marino-costeros, humedales RAMSAR ni arrecifes de coral, y no demostraba que el Refugio continuaría conservándose sano y ecológicamente equilibrado. Además, la ley no contempló medidas de compensación del área suprimida, violando los principios de razonabilidad, proporcionalidad, objetivación y precautorio, así como el derecho a un ambiente sano del artículo 50 constitucional. La Sala anuló únicamente la desafectación de las 188 hectáreas de bosque, manteniendo la exclusión de los cuadrantes urbanos, y ordenó al SINAC delimitar esa área y, si se trata de bienes demaniales, ejercer las acciones legales para su recuperación.
Key excerptExtracto clave
… although there is a technical report that justifies the enactment of the Law, the truth is that said study fails to rule out that the removal of the lands will not cause harm to the environment – with respect to the non-urban areas. From a logical perspective consistent with the Law of the Constitution (values, principles and norms), the appropriate course was to order only the removal of the lands that make up the towns located in the area – original towns or other population settlements – or, eventually, to exclude other public domain areas, provided it was demonstrated that no environmental impact would occur and the corresponding compensation was provided. In that sense, as stated above, there is no clarity as to the lands containing forest – whether they are part of the State Natural Heritage or private lands subject to the limitations provided by environmental law, in which case the removal is unnecessary – and which the Law removed. One of two things: if they are private assets subject to environmental limitations under the law, the removal is superfluous; if they are public domain assets, the removal is insufficient, because there is no certainty of no environmental deterioration and there is no compensation for the area. Faced with this reasonable doubt, the appropriate course is to apply the in dubio pro natura principle, wherefore the 188 hectares must be considered part of the refuge – public domain assets – and their exclusion is improper without the corresponding compensation. All of the above, without a doubt, is contrary to what this Chamber has provided in its jurisprudence, hence the challenged legal norm is unconstitutional. However, the foregoing conclusion must be qualified, in the sense that, if there are private lands within those 188 hectares, it is not possible, under the terms of Article 45 of the Constitution and Article 21 of the American Convention on Human Rights, to violate the property rights of their owners.… si bien hay un informe técnico que justifica la promulgación de la Ley, lo cierto es que dicho estudio no logra descartar que la desafectación de los terrenos no vaya a provocar un daño al medio ambiente -lo no referente a los cuadrantes urbanos-. Desde una perspectiva lógica y acorde con el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), lo procedente era disponer únicamente la desafectación de los terrenos que conforman los pueblos que se ubican en la zona -pueblos originarios u otros asentamientos de población- o, eventualmente, excluir otras áreas de dominio público, siempre y cuando se acreditara que no se provocaría una afectación al medio ambiente y se diera la respectiva compensación. En ese sentido, tal y como se externó líneas atrás, no hay claridad sobre los terrenos que contienen bosque -si son parte del Patrimonio Natural del Estado o terrenos privados afectos a las limitaciones que prevé el ordenamiento jurídico ambiental, en cuyo caso era innecesaria la desafectación-, y que la Ley desafectó. O una de dos: si trata de bienes privados sujetos a las limitaciones ambientales previstas por la legislación, la desafectación está demás; si se trata de un bien dominio público, la desafectación es insuficiente, porque no hay certeza sobre el no deterioro del ambiente y no se da la respectiva compensación del área. Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in dubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como parte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión sin la respectiva compensación. Todo lo anterior, sin lugar a duda, resulta contrario de lo previsto por esta Sala en su jurisprudencia, de ahí que la norma legal impugnada resulte inconstitucional. Empero, la anterior conclusión debe matizarse, en el sentido de que, si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, no es posible, a tenor de lo dispuesto en el numeral 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vulnerar el derecho de propiedad de sus propietarios.
Pull quotesCitas destacadas
"Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in dubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como parte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión sin la respectiva compensación."
"Faced with this reasonable doubt, the appropriate course is to apply the in dubio pro natura principle, wherefore the 188 hectares must be considered part of the refuge – public domain assets – and their exclusion is improper without the corresponding compensation."
Considerando VII
"Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in dubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como parte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión sin la respectiva compensación."
Considerando VII
"Un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante Ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño o en la medida de lo posible."
"A protected area can only be reduced if done by Law, if there are technical and scientific studies that rule out environmental damage, and if compensation is provided for the removed area with another area of equal size or to the extent possible."
Considerando VII
"Un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante Ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño o en la medida de lo posible."
Considerando VII
"el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente."
"the requirement of technical studies is not a mere formality, but rather a material requirement, that is, it must be materially demonstrated, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the measure on the environment."
Considerando IV
"el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
I.The petitioner challenges the law entitled “Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean” (Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur), No. 9223 of March 20, 2014, considering it contrary to Articles 7, 11, and 50 of the Political Constitution, Article 6 of ILO Convention 169, as well as the pro natura, precautionary, and non-regression principles in environmental matters. The petitioner considers said Law to be unconstitutional because it reduces the area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), excluding from its boundaries a coastal strip extending approximately between the mouth of the Cocles River and the mouth of the Rojo River or Willy Creek. The excluded portion of the Refuge occupied an average of 250 meters between National Route No. 256 and the beach, with the exception that in Cocles, for a stretch of 500 meters, the Refuge occupied only the 50 meters of the Public Zone (Zona Pública). In the sector between the Ernesto stream (quebrada Ernesto) and the Rojo River, the excluded strip may measure up to 500 meters inland from the Maritime Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) at some points. All of this without fulfilling the compensation requirements and technical studies…
…VII. Although there is a technical report justifying the enactment of the Law, the fact is that said study does not succeed in ruling out that the removal (desafectación) of the lands will not cause environmental damage — with the exception of the urban quadrants. From a logical perspective consistent with Constitutional Law (values, principles, and rules), the appropriate course of action was to provide only for the removal of the lands that make up the towns located in the area — original peoples or other population settlements — or, eventually, to exclude other public domain areas, provided that it was proven that no environmental impact would be caused and the corresponding compensation was provided. In this sense, as stated above, there is no clarity regarding the lands containing forest — whether they are part of the State’s Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) or private lands subject to the limitations provided by the environmental legal order, in which case the removal was unnecessary — and which the Law removed.
It is one or the other: if they are private property subject to the environmental limitations provided by legislation, the removal is superfluous; if they are public domain property (bien dominio público), the removal is insufficient, because there is no certainty about the non-deterioration of the environment and the corresponding compensation for the area is not provided. Given this reasonable doubt, the applicable principle is in dubio pro natura, and therefore the 188 hectares must be considered part of the refuge — public domain property (bien demanial) — making their exclusion without corresponding compensation improper. All of the foregoing, without a doubt, is contrary to what this Chamber has established in its jurisprudence; hence, the challenged legal norm is unconstitutional. However, the foregoing conclusion must be nuanced, in the sense that, if there are private lands within those 188 hectares, it is not possible, pursuant to the provisions of constitutional article 45 and Article 21 of the American Convention on Human Rights, to violate the property rights of their owners.
Moreover, the 188 hectares form part of the core area of the wildlife refuge, which is linked to a fundamental right recognized in favor of those who make up the Costa Rican Nation — those who were, those of us who are, and those who will be — as well as other inhabitants, and therefore we are in the presence of an extremely serious environmental impact (afectación gravísima al ambiente); especially since, in this case, the challenged Law does not provide the corresponding area compensation and lacks, as explained supra, the technical studies required to carry out the reduction of the aforementioned refuge.
On the other hand, it must be clarified that, according to the information in the record, both legislative and judicial, not all of the legal provisions challenged are contrary to Constitutional Law, since the exclusion from the refuge of the urban quadrants — original peoples or persons who were even there before the refuge was created — is indeed appropriate, so it would be meaningless to declare the unconstitutionality of the entire body of rules. Rather, in order to achieve a fair balance between environmental protection and the socioeconomic needs of the people, the appropriate course is to grant the action of unconstitutionality filed, annulling the norm only with respect to the territories comprised in the forested area — 188 hectares — as stated by the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) in its reports, and consequently, order SINAC to proceed to demarcate the aforementioned area. In the event it is determined that these are public domain property — not privately owned property — SINAC, jointly with the State Attorney, must exercise the corresponding legal actions in defense of the public patrimony. Regarding property rights — if determined — the competent authorities must impose the corresponding social interest limitations on the properties for the sake of environmental protection…
…IX.- Conclusions.- 1) Regarding the arguments of lack of technical support and compensation measures, it is verified that Law No. 9223 “Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean” entailed a reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, based on an insufficient technical study regarding the forested area, and which, moreover, did not provide for compensation measures. This translates into a violation of the right to the environment, and the principles of reasonableness (razonabilidad), proportionality (proporcionalidad), objectification (objetivación), and precaution (precautorio), making a finding for the petitioner appropriate, as indicated in the operative part of this resolution. 2) Regarding the arguments of lack of consultation with the indigenous population, impact on wetlands (humedales), and the Maritime Terrestrial Zone (zona marítimo terrestre), they are not analyzed because the unconstitutionality has already been determined on procedural grounds; furthermore, it was not substantiated or proven that the law should have been consulted with indigenous peoples, or that the norm per se implies an impact on wetlands or the Maritime Terrestrial Zone…
It falls within the exclusive purview of the Constitutional Chamber to verify the sufficiency of the technical report to justify the reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, as well as to assess whether the principle of reasonableness and proportionality is fulfilled. 2. There is unconstitutionality due to the omission to compensate for the eliminated area. 3. A violation of Article 6 of ILO Convention No. 169 was not demonstrated. 4. Nor is a breach of the principle of intangibility of the Maritime Terrestrial Zone established.
Unless coordinates 642602 and 1064611 are eliminated and the approximate coordinates 642017 and 1062894 are indicated” (see folios 416 and 417 // see folio 205 regarding the original copy of the SINAC Report). Thus, the second Report of the Regional Director of ACLAC indicated, regarding the above, that concerning the first observation of Report SINAC-DE-131 “there is no error whatsoever, the text of Law 9223 is correct” (see folio 417). As for the second observation, he points out, it is due to interpretation, so he proceeded to give his opinion, indicating that Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG “describes the route (derrotero) without the use of coordinates,” a description that was used by the Asamblea Legislativa during “a good part of the legislative process of Law 9223” (see folio 417). Report SINAC/ACLAC-DR-060 adds that “when sending the Technical Report of SINAC [official communication SINAC-DE-131] (…) the routes were adapted to the CRTM 05 system.
When performing the conversion, and in a totally unnecessary manner, a coordinate (highlighted in bold) was introduced in that descriptive paragraph (…)” (see folio 418). This report continues indicating that “as Ing. Masís rightly points out in his report, the above does not introduce any error in the boundaries of the Refuge, nor in the official maps generated as a result of the approval of the Law in question. However, it results in an omission in their description.” Thus, the coadjuvants reaffirm that what the Regional Director of ACLAC indicated regarding the first observation “has no basis whatsoever” because according to the text of the Law, there is no way to close the polygon between the points with coordinate 646571 and 1064574 and with coordinate 646504 and 1064634; therefore, they conclude, “the text of Law 9223 is correct” (see folio 418). In relation to the second observation, they maintain that “it was clearly established that the delimitation of the National Refuge in that sector is not altered in any way, since it has maintained the same description since the decree creating it was issued (…)” (see folios 418 and 419).
Finally, it was “when converting the routes (derroteros) from the Lambert system they were in [,] to Costa Rica Transversal Mercator [,] recently required when, by error or any other reason, the phrase «… up to 100 meters after the bridge over the Ernesto ravine, where it takes a line parallel to said ravine 100 meters upstream to its spring (naciente)…» had the unnecessary extension added: «at coordinate 642602 and 1064611»” (see folio 419). Therefore, “it is of simple solution by SINAC, as it consists of eliminating the unnecessarily added phrase, following the procedures that the country's legislation and regulations offer for such purposes” (see folio 419)
Recalling that Law 9223 is the sixth attempt by the Public Powers to establish the correct and definitive boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. 49.- By means of a brief filed on June 12, 2019, representatives of the Manzanillo Integral Development Association and others request the prompt resolution of this action. 50.- The procedures have complied with the prescriptions of law. Drafted by Magistrate Cruz Castro, except for considerando VII which is drafted by Magistrate Castillo Víquez.; and,
WHEREAS:
I.Object of the challenge.- The petitioner challenges the law entitled “Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean,” No. 9223 of March 20, 2014, considering it contrary to Articles 7, 11 and 50 of the Political Constitution, Article 6 of ILO Convention 169, as well as the pro natura, precautionary, and non-regression principles in environmental matters. The petitioner considers that said Law is unconstitutional by virtue of the fact that it reduces the area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, excluding from its boundaries a coastal strip that extends approximately between the mouth of the Cocles River and the mouth of the Rojo River or Willy Creek. The portion excluded from the Refuge occupied an average of 250 meters between National Route No. 256 and the beach, given that in Cocles, for a space of 500 meters, the Refuge occupied only the 50 meters of the Public Zone. In the sector between the Ernesto stream and the Rojo River, the excluded strip can measure in some points up to 500 meters inland from the Maritime-Terrestrial Zone. All of this without complying with the compensation requirements and technical studies. Specifically:
FORMAL DEFECTS:
Formal defect due to technical insufficiency of the study: in vote no. 2012-13367 where the constitutional consultation of the draft law that gave rise to the challenged law was resolved, this Chamber considered it unconstitutional for the draft to be based on an incomplete study (because it does not technically and scientifically determine the real impact on the environment) and although later the interested parties made a new study, it suffers from the same defects previously pointed out by the Chamber. This is ratified by the Department of Technical Services through official communication CON-005-2014 of February 18, 2014. Violation of ILO Convention No. 169, specifically its Article 6, which contains the obligation to consult the interested peoples when their lands and cultural interests could be affected by the enactment of any regulation. As is the case with the Kekoldi people, a group that is being seriously affected by this law. This requirement was completely breached and substituted by consultations with organizations not necessarily representative of these groups. Additionally, the draft should have been submitted for consultation to the Regional Environmental Councils, according to Art. 6 of the Environmental Organic Law.
SUBSTANTIVE DEFECTS Violation of the constitutional principle of compensation: when situations arise like the challenged law that attempts to recognize rights of a community, cutting off part of a protected area (such as the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge), the compensation rule should immediately operate, which did not occur in this case. This rule has been recently recognized and applied by this Chamber through vote no. 2014-12887 of 2:30 p.m. on August 8, 2014, where it establishes as an additional requirement for the removal of protected status from protected wild areas (desafectación de áreas silvestres protegidas) the state's obligation to compensate the suppressed area with another of at least equal size. In addition, it must be added that the land must necessarily be adjacent to the protected area and ecologically equivalent. Violation of Article 7 of the Constitution: the principle of lifetime tenure (irreductibilidad) or non-regression is based on the Convention on Biological Diversity and the Washington Convention (Convention on the Protection of the Flora, Fauna, and Natural Scenic Beauties of the Countries of America), which prohibit the reduction of the surface area of protected wild areas, unless 3 requirements are met: by law, supported by technical studies, and territorial compensation of the suppressed area.
In this case, two of these requirements are lacking. Violation also of the Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (RAMSAR Convention) because the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge was included by Costa Rica on the list of wetlands of international importance, encompassing the entirety of the protected wild area, including the coastal zone, which was removed from protected status by this challenged law. Violation of the principle of intangibility of the Maritime-Terrestrial Zone because the urban areas that were segregated from the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge will pass to the jurisdiction of the Municipality of Talamanca, and are areas located within the maritime-terrestrial zone and may be granted in concession, pursuant to Law No. 9221, Framework Law for the declaration of a littoral urban zone and its regime of territorial use and development, which is being challenged through another unconstitutionality action.
II.The standing of the petitioner in this case.- The petitioner holds sufficient standing to claim the unconstitutionality of the challenged norms, without it being necessary for them to have a prior matter that serves as a basis for this action. The foregoing because they act in defense of an interest that concerns the national community as a whole, such as the right to the environment. Therefore, the petitioner is perfectly entitled to bring a direct action, in light of the provisions of paragraph 2 of Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Likewise, this is a matter whose constitutionality it is appropriate to review through this avenue. Furthermore, the petitioner met the requirements stipulated in numerals 78 and 79 of the Law of procedure. In conclusion, the present action is admissible, and therefore, it must proceed immediately to discuss the subject matter and the merits of the case.
III.- On the methodology of analysis of the action.- To facilitate the study of the challenged regulations, the arguments set forth by the petitioner will be analyzed in the following considerandos, beginning with a considerando that explains in a general manner the precedents of this Chamber regarding the reduction of protected areas. IV.- On the precedents of this Chamber regarding the reduction of protected areas, and specifically regarding the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.- The jurisprudence of this Constitutional Chamber has been extensive regarding the requirements for being able to reduce a protected wild area, in accordance with the fundamental right to the environment. Furthermore, this Chamber has also ruled specifically on the reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. Thus, the following synthesis is had:
1. Constitutional requirements for the reduction of a protected wild area (legal reservation and technical studies): In support of Article 38 of the Environmental Organic Law (“the surface area of protected wild areas, natural heritage of the State, whatever their management category, may only be reduced by Law of the Republic, after carrying out the technical studies that justify this measure”), there has been a solid jurisprudential line, in the sense that for the reduction of a protected wild area, two essential requirements must be met: “by means of law and prior completion of sufficient technical studies that justify the measure.” (Constitutional Chamber, votes numbers 13367-2012 and 010158-2013. In similar sense, judgments numbers 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 and 14772-2010, among others). As stated in the aforementioned resolution of 1998:
“(…)once a specific area has been declared a protected zone by an act of the State, the State cannot simply remove its protected status, in whole or in part, to protect other interests —public or private— to the detriment of the enjoyment of a healthy environment, in accordance with the provisions of Article 50 of the Constitution. Now, the fact that a norm, of whatever rank, has declared a specific area a protected zone does not imply the constitution of a petrified zone, in the sense that its area cannot in any way be reduced by a later regulation. However, it must be borne in mind that the declaration and delimitation of a protected zone, in compliance with the provisions of Article 50 of the Constitution, implies a defense of the fundamental right to the environment and, therefore, the reduction of area must not imply a detriment to that right, a situation that must be established in each specific case.
It is not necessarily unconstitutional for a later law to reduce the area of a protected zone, a forest reserve, a National Park, or any other site of environmental interest, provided this is justified insofar as it does not entail a violation of the right to the environment. It could be that, for various circumstances, a specific site has lost, at least in part, the environmental interest that, at the time, prompted it, which, once the relevant studies have been conducted, would justify its modification or reduction, all in application of the principle of constitutional reasonableness…” (vote No. 7294-1998).
Specifically regarding the legal reservation in this matter, in vote No. 14772-2010 it was stated:
“(…) the public purpose of a public domain asset cannot be modified without a legislative act, that is, the reduction of the area of a protected zone is under the guarantee provided by the principle of legal reservation. Although, pursuant to Article 36 of the Environmental Organic Law, the Executive Branch is authorized to constitute Protected Wild Areas through compliance with the requirements established in that norm, thus, Corcovado National Park was constituted through Executive Decrees No. 5357-A of October 24, 1975 and 1148-A of February 5, 1980, its modification can only be made in accordance with the provisions of Article 38 of the Environmental Organic Law, after technical and scientific studies, and by means of a legislative act.” (highlighting does not correspond to the original).
Likewise, in judgment no. 1056-2009 it was indicated that reduction is only possible via law:
“when it comes to the expansion of the boundaries of protective zones of the forest heritage of the State, it is possible to do it via regulation, but when it comes to their reduction, it can only be done via law, of course, provided there is a prior criterion that justifies the measure.” (Judgment of the Constitutional Chamber No. 1056-2009) This was applied when the Chamber declared unconstitutional the regulatory norm (Executive Decree No. 32753-MINAE) by means of which the Executive Branch diminished the territory of the Gandoca-Manzanillo Refuge, subtracting the urban area of the Refuge from the area and from the protection regime. As detailed further below.
Furthermore, regarding the studies, these must be prior, sufficient, necessary, and individualized —as indicated in the following section—. Thus, it was stated in that same 1998 resolution: “In accordance with the cited, mutatis mutandi, if for the creation of a protected wild area the Legislative Assembly, through a law, established the fulfillment of specific requirements, in order to determine whether the measure in question is justified, it is logical that, for its total or partial removal of protected status, certain requirements must also be met —such as the conduct of environmental technical studies— to determine that with the removal of protected status, the content of Article 50 of the Constitution is not transgressed. In this sense, we can speak of levels of removal of protected status. Thus, not every removal of protected status from a protected zone is unconstitutional, as long as it entails impairment to the right to the environment or a threat to it.
Hence, in order to reduce any protected wild area, the Legislative Assembly must do so based on sufficient and necessary technical studies to determine that no damage will be caused to the environment or that it will not be endangered and, therefore, that the content of Article 50 of the Constitution is not violated. The principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that the norms issued with respect to this matter be duly substantiated by serious technical studies, even when no other legal norm existed that expressly so established. In the judgment of this Constitutional Court, the requirement contained in Article 38 of the Environmental Organic Law No. 7554, in the sense that to reduce a protected wild area by formal law, the technical studies justifying the measure must be carried out beforehand, is nothing other than the objectification of the principle of reasonableness in matters of environmental protection.” (highlighting does not correspond to the original).
2. Technical study as a scientific and individualized analysis: The Chamber has referred to the sufficiency of the technical study, when through various resolutions it has established that said study must be a scientific and individualized analysis. Thus, the following was stated:
“the requirement of technical studies is not a mere formality, but rather it is a material requirement, that is, it must be materially demonstrated, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, propose recommendations aimed at lessening the negative impact on it, and demonstrate how such a measure implies development that meets the needs of the present without endangering the capacity of future generations to meet their own needs.” (Vote No. 13367-2012. See also No. 10158-2013).
From which it is understood that the technical study required by Article 38 of the Environmental Organic Law and which is the objectification of the constitutional principle of reasonableness in matters of environmental protection, requires a technical analysis that entails an individualized analysis, which must contain at least the following elements:
The degree of impact of the corresponding measure on the environment; The recommendations aimed at lessening the negative impact on the environment; The demonstration of how the measure taken implies development that meets the needs of the present without endangering the capacity of future generations to meet their own needs.
In summary, said prior study must demonstrate that the removal of protected status is in accordance with the constitutional protection of the right to the environment, since as stated in vote no. 18702-2010 “it cannot be permitted that areas of this nature be titled in an indiscriminate manner, since this would go against the very conservationist policies of the environment that the State has endeavored to implement by virtue of the duties ordered by the Political Constitution and the International Conventions it has signed." 3. Exclusion, via decree, of urban areas from the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge entailed a lack of protection for the environment: This Constitutional Chamber established in its vote No. 1056-2009 that the exclusion of urban areas from the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, even more so, carried out by means of a decree, entailed a lack of protection of the right to the environment:
“Furthermore, the right to the environment is violated since the reduction of a wildlife refuge clearly not only diminishes the possibilities of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo area but also leaves the natural resources of the area unprotected by leaving the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo open to free exploitation without any restrictions. Evidently, the protection received by property is not the same when it concerns forest property. Regarding this type of property, it should be remembered that it is a different type of property with its own characteristics and particularities and a special regime, since it is fundamentally conceived for conservation, not for production nor to be part of the commerce of men. All lands considered national reserves are immediately affected for the purposes of forestry regulations, which establish a special regime applicable to all forest resources. In this way, by proceeding with the challenged decree to exclude the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo and Puerto Viejo from forest property, it violates the right to the environment since such areas would fall outside the proper boundaries of forest property, which tend towards conservation rather than the exploitation of the property and its natural resources.” (highlighting does not correspond to the original).
4. Technical study in the draft law that gave rise to the challenged Law, considered insufficient: In vote No. 2012-13367, issued to resolve the optional legislative consultation during the processing of this same Law, the technical study incorporated into the file at that time was analyzed, considering it insufficient to justify the reduction:
“VII. On the technical study presented by the La Amistad Caribe Conservation Area, MINAET Regional Directorate. In the legislative file, visible at folios 952 to 981 of volume four, is the document titled “Technical Criterion of the La Amistad Caribe Conservation Area, SINAC-MINAET, regarding draft law 18.207”, prepared by the La Amistad Caribe Conservation Area, Regional Directorate, Ministry of the Environment, Energy and Telecommunications, of 2012. The document is structured into 6 chapters, as follows: “Chapter I. Background of the Creation of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. Chapter II. The Decree Creating the Refuge No. 16614-MAG of 1985. Chapter III. Decrees subsequent to the Creation Decree of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. Chapter IV. Relevance, Fragility of Ecosystems, and Zoning for Consolidation, Management, and Control. Chapter V. Characterization of the area whose boundaries are rectified by draft law No. 18.207.
Chapter VI. Recommendations and Conclusions.” The first three chapters are a summary and description of what exists (Historical background related to the creation of the Refuge and summary of the current regulations). Regarding Chapter IV, the introductory summary of the document describes its content as follows: “indicates the work carried out by MINAET to provide the ASP with a solid instrument that would guarantee its consolidation and adequate management and control. This instrument is known as a Management Plan and its corresponding Zoning Regulation, which were adopted and declared of mandatory application by the National System of Conservation Areas (SINAC) since 1996.” Also in the same introductory summary, it reads regarding Chapter V: “Chapter V presents the results of a current characterization of the area of the Refuge that draft law, File No. 18.207, proposes to rectify, carried out by a professional team from SINAC/ACLAC, following the current guidelines that the law requires for such purposes.” Chapter IV, as already stated, explains the Management Plan governing the Refuge.
It describes the 15 zones into which the refuge was divided in its current state, locates the RAMSAR wetlands on maps and, without further data on the relationships between human settlements and the other continental or marine zones of the Refuge, concludes that: “Zone 1. Cocles-Manzanillo Coastal Plain corresponds to the area of human settlements pre-existing the declaration of the Protected Wild Area (ASP), and does not in itself represent the core or main conservation object of the RNVS-GM.” Chapter V is developed over 5 pages, from 22 to 26, folios 973 to 977 of the Legislative File, Volume 3. On page 22 of the document, the methodology of the study is explained; in the following 3 folios, maps with a small explanation at the foot are included, and in folio 977, a table on the results of the characterization of the Cocles-Manzanillo coastal plain (Zone 1) is included. The chapter shows that MINAET has carried out a sampling study of the area, to identify the different forest cover (cobertura boscosa) areas or forest population and has measured, within zone 1, the forested area and the urban area.
However, this Chamber considers that the consultants are correct in the sense that the study does not satisfy the requirements of Article 38 of the Environmental Organic Law, Article 50 of the Constitution, and International Environmental Law. Article 38 of the Environmental Organic Law is a protective norm; it establishes a guarantee in favor of protected wild areas and the right to a healthy and ecologically balanced environment recognized in Article 50 of the Constitution. From the norm, it is inferred, in the first place, that the technical study indicated in the norm is an unavoidable and essential requirement for the approval of the legislative measure reducing the protection area, which is deduced from the phrase “may only” and “after”, the breach of which entails the declaration of invalidity of the measure. In the second place, it involves a technical study —that is, consistent with the sciences and techniques whose object of study is the environment and ecosystems— in order to determine the impact of the legislative measure on them.
In the third place, the study must be specific and address the area of reduction and its context, in order to evaluate the impact and issue recommendations to avoid risks, prevent negative or adverse effects, or else propose the corresponding mitigation, conservation, or repair measures. In the fourth place, the purpose of the study is to scientifically justify the measure. Finally, the study must adhere to the substantial requirements of Article 50 of the Constitution and must demonstrate how the measure taken continues to satisfy the right to a healthy and ecologically balanced environment within the framework of a sustainable development policy. The consultants are correct in warning that the Study omits analyzing and pronouncing on the impact of the area to be removed from protected status on the marine and continental zones of the Refuge, given that the same constitutes its link and affects the balance of the entire Refuge.
Neither does it examine the impact on the biological corridor on the aquifers and wildlife, nor does it determine the ecological value of the area to be removed from protected status within the entirety of the protected wild area, nor does it much less propose measures or recommendations aimed at reducing any negative impact on the Refuge in general. The impact on the RAMSAR wetlands is not analyzed in order to fulfill the international obligations acquired by Costa Rica and avoid any State responsibility for non-compliance with international instruments on the subject. In summary, the study presented, although related to the topic, is manifestly incomplete since the substantial requirements derived from the very matter it safeguards are not satisfied. Indeed, the technical study in question omits demonstrating how, despite the reduction, the Refuge continues to be healthy and ecologically balanced.
On the other hand, the regressiveness in protection levels must be fully justified. The study must justify, with supported scientific criteria, that the removal of protected status is a viable measure from the environmental perspective within the framework of a sustainable development policy, otherwise it becomes a transgression of the principle of non-regression or irreversibility of protection in the terms explained supra and a material violation of the principle of singular non-derogability of norms. This being the case, the lack of scientific evidence justifies ruling according to the precautionary principle. Likewise, this Chamber considers that the consultants are correct when they affirm that the Management Plan, the Zoning Regulation, and the studies that gave rise to them (Folios 578-759 and 788 of the file) do not satisfy the characteristics required by the Law and derived from the Constitution that, according to the Chamber, the technical study must have.
In the first place, the purpose of such studies was not to justify the reduction of the protection area; on the contrary, they sought to provide the necessary information to implement a comprehensive management plan for the entire refuge, including the area intended to be removed from protected status; in other words, they fail to meet the purpose established in Article 38 of the Environmental Organic Law. In the second place, we are not in the presence of a specific study on the issue of reducing the area described in Article 1 of the Draft and the impact of the removal of protected status. The different technical reports, dating from 1995 and 1996, had as their object of study the entirety of the Refuge with a view to the Management Plan; for which reason they do not pronounce on or evaluate the impact of the reduction, nor do they issue recommendations to avoid risks, or prevent negative or adverse effects that it could cause.
Finally, it is important to highlight that no consultation of experts is observed, nor are distinguished professionals from the different disciplines related to environmental matters received in audience, who could have filled, through their qualified opinions, the gaps in the technical study presented by the La Amistad Caribe Conservation Area of the MINAET Regional Directorate.” (highlighting does not correspond to the original) Said insufficiency was due to the fact that the study omitted analyzing and pronouncing on the impact of the area to be removed from protected status on the marine and continental zones of the Refuge. Furthermore, because it also did not examine the impact, nor did it determine the ecological value of the zone, nor did it establish measures or recommendations to diminish the negative impact on the Refuge. Thus, the Chamber determined that the study presented was manifestly incomplete.
V.- On the examination of the claims of unconstitutionality of the challenged Law.- The petitioner challenges Law No. 9223 “Recognition of the rights of the inhabitants of the South Caribbean” because the area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge is reduced, without complying with a sufficient technical study, without establishing compensation measures, without consulting the Kekoldi indigenous people, violating the principle of intangibility of the maritime-terrestrial zone (by allowing concession in that zone) and in violation of the RAMSAR Convention on wetlands. Regarding these, the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) indicates that it is the exclusive domain of the Constitutional Chamber to verify the sufficiency of the technical report to justify the reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. Then, in its report, it sets forth some doubts and inconsistencies detected in said technical report.
It also considers that there is unconstitutionality for the omission of compensating the suppressed area. On the other hand, it indicates that injury to Art. 6 of ILO Convention 169 was not demonstrated, nor to the principle of intangibility of the maritime-terrestrial zone. The Director of SINAC indicates that there is indeed technical support for the law, and there are no sufficient reasons to consider the need for compensation measures because the urban areas and the surrounding communities described have always been such, historical human settlements to which the aforementioned law allows the recognition of the legitimate rights of the Afro-descendant community and the coastal towns of the South Caribbean. So, there is nothing to compensate since, according to Law No. 9223, the areas surrounding this Refuge have always been that, surrounding areas and urban zones that were not part of the Refuge, according to its creation Decree.
Furthermore, they indicate that the area of the Refuge does not affect any of the wetlands committed to by the country at the Gandoca-Manzanillo site. For their part, the intervening parties all pronounce in favor of the law. They indicate that Law No. 9223 is not a law to reduce a protected area, but to correct a historical error that violated the rights of the communities historically settled prior to the declaration of the Refuge. They also indicate that the conservation objects and the representativeness of the Refuge are not affected by the reduction proposed. That the technical report was complied with, and that there is nothing to compensate since the areas surrounding this Refuge have always been that, surrounding areas and urban zones that were not part of the Refuge, according to its creation Decree. Finally, according to the evidence for better resolving, requested by this Chamber, from the School of Environmental Sciences of the National University, it is indicated regarding the technical report that there is a reduction of the area of the refuge, but there are inconsistencies between the cartography and the report. Furthermore, it highlights several omissions (in terms of data and impact evaluation), and points out several inconsistencies.
Taking into account all the preceding claims and arguments, we proceed below to examine whether there is indeed a reduction of the National Wildlife Refuge and how much the reduction is (considerando VI) in order to determine the technical support for such a reduction.
To subsequently examine the remainder of the petitioner's arguments (considerando VII).
VI.REGARDING THE REDUCTION OF THE GANDOCA-MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE AND ITS BACKGROUND, AND THE NUMBER OF HECTARES BEING REDUCED.- The first thing that must be established is that the challenged law, No. 9223, titled "Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean," contains a single article that redefines the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. By redefining these boundaries, what it actually does is reduce the area of said Refuge. This refuge was created by Executive Decree No. 16614-MAG of October 29, 1985. After its creation, Articles 3, 4, 5, and 7 of Decree Number 34043-MINAE, published in La Gaceta Number 202 of October 22, 2007, attempted to reduce the refuge's area. This latter decree was the subject of an unconstitutionality action, as mentioned supra, which was resolved by vote number 2009-001056 at 2:59 p.m. on January 28, 2009, finding the action admissible and proceeding to annul said articles, because the principle of legal reserve and the right to the environment were violated. It was stated as follows:
"Thus, in proceeding to reduce the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, the challenged decree violates the principle of legal reserve, since the reduction of such boundaries can only be carried out by means of a law duly justified for that purpose. Furthermore, the right to the environment is violated because the reduction of a wildlife refuge clearly not only diminishes the possibilities of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo area but also leaves the natural resources of the area unprotected by leaving the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo to free exploitation without any restrictions. Evidently, the protection received by property is not the same when dealing with forest property (propiedad forestal). (...) Thus, in proceeding with the challenged decree to exclude the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo from the forest property, it violates the right to the environment, since such areas would remain outside the limits inherent to forest property, which tend toward conservation and not the exploitation of the property and its natural resources." (Emphasis does not correspond to the original).
After the reduction of the Refuge via decree was declared unconstitutional, on July 21, 2011, legislative bill 18.207 was presented to the Legislative Assembly to redefine the Refuge's boundaries. Said bill was approved in the first debate on August 30, 2012. It was sent to the Constitutional Chamber for an optional consultation, which was resolved by vote number 12-013367 of September 21, 2012, finding the consulted bill unconstitutional for violating Article 50, because the reduction of the area of the Refuge in question was based on an incomplete study that did not technically and scientifically determine the impact on the environment. As transcribed supra, said vote indicated the following:
"VII. Regarding the technical study presented by the La Amistad Caribe Conservation Area, Regional Directorate of MINAET. Visible in the legislative file at folios 952 to 981 of volume four is the document titled "Technical Criterion of the Amistad Caribe Conservation Area, SINAC-MINAET, regarding bill 18.207," prepared by the La Amistad Caribe Conservation Area, Regional Directorate, Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, of 2012. (...) The consultants are right in noting that the Study omits analyzing and pronouncing on the impact of the area to be released (desafectar) on the marine and continental zones of the Refuge, given that it constitutes their link and affects the equilibrium of the entire Refuge. Nor does it examine the impact on the biological corridor, on aquifers and wildlife, nor does it determine the ecological value of the area to be released within the totality of the protected wild area, much less does it propose measures or recommendations aimed at diminishing any negative impact on the Refuge in general.
The impact on the RAMSAR wetlands is not analyzed in order to comply with the international obligations acquired by Costa Rica and to avoid any State responsibility for non-compliance with international instruments on the matter. In summary, the presented study, although related to the topic, is manifestly incomplete, since the substantive requirements derived from the very matter it protects are not satisfied. Indeed, the technical study in question omits to demonstrate how, despite the reduction, the Refuge continues to be conserved in a healthy and ecologically balanced state. On the other hand, the regressiveness in the levels of protection must be fully justified. The study must justify, with supported scientific criteria, that the release is a viable measure from the environmental perspective within the framework of a sustainable development policy; otherwise, it becomes a transgression of the principle of non-regression or irreversibility of protection in the terms explained supra and a material violation of the principle of singular non-derogability of norms.
This being the case, the lack of scientific evidence justifies ruling in accordance with the precautionary principle..." (Emphasis does not correspond to the original) Subsequently, the Agricultural Commission approved a motion on August 20, 2013, to request SINAC to prepare the corresponding environmental technical report, which was submitted in that same year, titled "Bill for the recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean File No. 18.207". Thus, the bill was approved and came into force as law on April 8, 2014, Law No. 9223 – the law challenged in this action. From all the foregoing, it is understood that the challenged law redefines (reduces) the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.
Now then, having established that the law under analysis, by redefining the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, actually constitutes a reduction of the refuge's area, it is pertinent to ask whether the law is clear in indicating HOW MUCH that reduction is. The answer is no, the law is not clear in indicating how much area is being reduced from the Refuge. Therefore, to know how much area is being reduced, since the law does not indicate it, this Chamber turns to the aforementioned "Technical Report". According to said report, the following is found:
-The reduction involves a total area of 406.52 hectares, of which 205.97 hectares correspond to forest cover (cobertura de bosque) (folio 24 of the report), and of these, 17 hectares are within the maritime terrestrial zone, according to the report from the Procuraduría General de la República.
Which leads us to understand, in the same sense expressed by the Procuraduría General de la República in the hearing, that of the total area being reduced, approximately half is forest. In this regard, in the evidence requested, the Procuraduría General de la República reports that the lack of technical support to justify the release of the forested area is evident.
VII.ADDITIONAL ARGUMENTS IN FAVOR OF THE PROTECTION OF THE GANDOCA-MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE (Drafted by Justice Castillo V.)
The Constitutional Chamber has not expressly recognized the principle of non-regression in environmental matters in its jurisprudence. However, in a recent ruling, it made mention of this principle. The High Court stated:
"(...) the principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration for those, like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), which require multiple positive State actions for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, enshrined in numeral 34 of the Magna Carta, the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility, as all States experience national situations, of an economic, political, social nature, or caused by nature, that negatively impact the achievements reached until then and force a downward reassessment of the new level of protection. In such cases, the Law of the Constitution and the principles under examination compel justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, for the reduction in levels of protection. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: '…in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness regarding access to medicines, it cannot—much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting trade.' (Ruling of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: 'The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with the Law of the Constitution, which does not admit regression to its detriment.' (Ruling of the Constitutional Chamber No. 18702-10). Consequently, in application of these two principles, the Constitutional Chamber has established that it is constitutionally valid to expand, by executive decree, the physical extension of protected areas (principle of progressivity); however, reduction can only occur by law and after conducting a technical study adjusted to the principles of reasonableness and proportionality, the requirements of ecological equilibrium and a healthy environment, and the general welfare of the population, which serves to justify the measure. A right is worth what its guarantees are worth; therefore, a violation of these principles occurs when the technical study fails to meet the required constitutional and technical requirements. If such a guarantee is transgressed, so too will be the fundamental right that the guarantee protects, and it is to that extent that the reduction of protected areas would be unconstitutional.
'The right to the environment is violated because the reduction of a wildlife refuge clearly not only diminishes the possibilities of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo area but also leaves the natural resources of the area unprotected by leaving the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo to free exploitation without any restrictions. Evidently, the protection received by property is not the same when dealing with forest property. Regarding this type of property, it should be remembered that it is a different type of property with its own characteristics and peculiarities and a special regime, as it is fundamentally conceived for conservation, not for production or to be part of human commerce. All lands considered national reserves are immediately affected for the purposes of forestry regulations, which establish a special regime applicable to all forest resources.
Thus, in proceeding with the challenged decree to exclude the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo from the forest property, it violates the right to the environment, since such areas would remain outside the limits inherent to forest property, which tend toward conservation and not the exploitation of the property and its natural resources.' (Ruling of the Constitutional Chamber No. 1056-2009)" Based on the foregoing, a protected area can only be reduced if it is done by Law, if there are technical and scientific studies that rule out environmental damage, and if compensation is provided for the suppressed area with another of equal size or to the greatest extent possible.
Now then, in the specific case, the Procuraduría General de la República questions that the technical report that served as the basis for the challenged Law does not adequately justify the exclusion of 406.32 hectares from the Cocles-Manzanillo Coastal Plain that it orders. Likewise, it does not explain the reasons why not only the urban quadrants were excluded, but also 188 hectares with forest cover, which are excluded from the State's Natural Heritage and do not form part of the Maritime Terrestrial Zone. In the report submitted via official letter number SINAC-DE-0286 of March 7, 2019, the executive director of the National System of Conservation Areas explains that the 188 hectares mentioned by the Procuraduría General de la República do not constitute a compact forest, but rather forest-type forest structures that, for the most part, are located on private property. In this regard, the explanation given by the executive director is insufficient to dispel the objection raised by the Procuraduría General de la República, since from the study of the legislative file and the evidence provided in the proceedings, it cannot be reliably demonstrated that the aforementioned area is indeed made up of private lands, because if that were the case, there would be no reason whatsoever for those lands to be subjected to a release (desafectación).
Thus, it should be remembered that the only lands that can be released are those classified as public domain assets, hence there is a logical contradiction when it is maintained that these are private properties that must be released, as stated by the respondent authority in its report. The foregoing reasoning is reinforced based on what is set forth in Article 37 of the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of October 4, 1995, which provides the following:
"Article 37.- Powers of the Executive Branch. When establishing protected wild areas, regardless of their management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, is empowered to include, within their boundaries, properties or parts of private properties necessary to fulfill the objectives set forth in this law and to implement them in accordance with the respective management plan, or to create legal easements (servidumbres) for ecological protection and the fulfillment of this law.
When dealing with national parks, biological reserves, or state-owned national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, following prior compensation. In the cases of forest reserves, protected areas (zonas protectoras), mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or parts thereof may also be purchased or expropriated, unless, at the owner's request, they voluntarily submit to the forest regime. This submission shall be registered in the Public Property Registry as an encumbrance on the property, which shall be maintained during the time established in the management plan.
Private properties encumbered according to the provisions of this article, by being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protected areas, shall be included within the state-protected areas only from the moment they have been legally paid for or expropriated, except when they voluntarily submit to the Forest Regime. In the case of forest reserves, protected areas, and wildlife refuges, and if payment or expropriation has not been carried out and while it is being carried out, the areas shall be subjected to an environmental planning plan that includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and subsequently, to the plan for management, recovery, and restoration of resources." (The preceding paragraph thus reformed by Article 72, subsection c) of the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996, which in turn was reformed by Article 114 of the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998) (Emphasis and boldface do not correspond to the original).
One does not need to be a very keen observer to conclude that, based on current legal regulations, private properties—if any exist—are not part of the refuge, hence releasing areas that are private is a contradiction. We would thus be in the presence of an irrational Law, if that were the case.
Ergo, although there is a technical report that justifies the promulgation of the Law, the truth is that said study fails to rule out that the release of the lands—specifically, the non-urban quadrants—will not cause environmental damage. From a logical perspective and in accordance with the Law of the Constitution (values, principles, and norms), what was appropriate was to order only the release of the lands that make up the towns located in the area—original towns or other population settlements—or, eventually, to exclude other public domain areas, provided it was proven that no environmental impact would be caused and the respective compensation was provided. In that sense, as stated earlier, there is no clarity regarding the lands containing forest—whether they are part of the State's Natural Heritage or private lands subject to the limitations provided by the environmental legal system, in which case the release was unnecessary—which the Law released.
One of two things: if they are private assets subject to the environmental limitations provided by legislation, the release is superfluous; if they are public domain assets, the release is insufficient because there is no certainty about the non-deterioration of the environment and the respective compensation for the area is not provided. Faced with this reasonable doubt, what applies is the in dubio pro natura principle, whereby the 188 hectares must be considered part of the refuge—a public domain asset—making their exclusion without the respective compensation improper. All of the foregoing, without a doubt, is contrary to what has been established by this Chamber in its jurisprudence, hence the challenged legal norm is unconstitutional. However, the preceding conclusion must be nuanced in the sense that, if there are private lands within those 188 hectares, it is not possible, according to the provisions of constitutional numeral 45 and Article 21 of the American Convention on Human Rights, to violate the property rights of their owners.
Furthermore, the 188 hectares form part of the core area of the wildlife refuge, which is linked to a fundamental right recognized in favor of those who make up the Costa Rican Nation—those who were, are, and will be—as well as the other inhabitants; thus, we are in the presence of an extremely serious impact on the environment, especially since in this case, the challenged Law does not provide the respective area compensation and lacks, as explained supra, technical studies to carry out the reduction of said refuge.
On the other hand, it must be clarified that, according to the information contained in the file, both legislative and judicial, not all the challenged legal norm is contrary to the Law of the Constitution, given that the exclusion of the urban quadrants from the refuge—original towns or persons who were even there before the refuge was created—is appropriate, so it would not make sense to declare the entire norm unconstitutional. Rather, to achieve a fair balance between environmental protection and the socioeconomic needs of the people, the appropriate course is to partially uphold the filed unconstitutionality action, annulling the norm only with respect to the territories comprising the forested area—188 hectares—as stated by the Procuraduría General de la República in its reports, and consequently, order SINAC to demarcate the aforementioned area. In the event it is determined that these are public domain assets—not privately owned assets—SINAC, together with the State Attorney, must pursue the corresponding legal actions in defense of public patrimony. Regarding property rights—if they are determined—the competent authorities must impose the corresponding social interest limitations on the properties for the sake of environmental protection.
VIII.ON THE UNNECESSARY ANALYSIS OF THE REMAINING ARGUMENTS.- The foregoing being sufficient reasons to consider the challenged law unconstitutional due to lack of technical support, and given the procedural defect noted, it is of no interest to refer in detail to the remaining arguments, especially since these refer to aspects that were not properly substantiated in the brief filing this action. The remaining arguments refer to the fact that the law is unconstitutional because indigenous peoples should have been consulted, and the law contains norms that affect wetlands and the maritime terrestrial zone. The Procuraduría General de la República indicates in its report that the action does not detail what the impact on indigenous peoples consists of, which is not evident because the Bribrí Indigenous Reserve of Kekoldi does not overlap with nor is it contiguous to the excluded sector of the Refuge.
Likewise, no evidence was presented that the law per se affected wetlands or violated the principle of intangibility of the maritime terrestrial zone. The Procuraduría General de la República indicates that the challenged law does not contemplate any provision relating to the Maritime Terrestrial Zone; therefore, the principle of intangibility of the maritime terrestrial zone cannot be breached, nor can it be interpreted that the lands excluded from the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge by Law No. 9223 that are located within the two-hundred-meter-wide strip along the coastline, measured horizontally from the ordinary high tide line, as well as the areas occupied by mangroves and estuaries (public zone), and the one-hundred-fifty-meter strip contiguous to these (restricted zone), among other assets, were released from the special regime that protects the maritime terrestrial zone.
Therefore, without prejudging the merits of what was raised regarding these arguments, it is appropriate to dismiss the examination of these arguments in this action, as the unconstitutionality mentioned above has already been determined. IX.- Conclusions.- 1) Regarding the arguments of lack of technical support and compensation measures, it is verified that Law No. 9223 "Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean" entailed a reduction of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, based on an insufficient technical study regarding the forested area, and that it also did not contemplate compensation measures. This translates into a violation of the right to the environment, and the principles of reasonableness, proportionality, objectification, and precaution, with the declaration of admissibility being appropriate, as indicated in the operative part of this resolution. 2) Regarding the arguments of lack of consultation with indigenous peoples, impact on wetlands, and the maritime terrestrial zone, they are not analyzed because the unconstitutionality on procedural grounds has already been determined; furthermore, it was neither substantiated nor proven that the law had to be consulted with indigenous peoples, or that the norm per se implies an impact on wetlands or the maritime terrestrial zone.
X.NOTE FROM JUSTICE CRUZ CASTRO.- I record this note because I consider that the insufficiency of the technical report, in this case, goes beyond the lack of substantiation for the forested area; rather, there was also no proper technical support for the release of the urban area. Sometimes political needs, the urgencies they impose, also influence technical criteria. It is the eternal tension between the politician and the scientist, recalling the title of a work by Max Weber. The inconsistencies I observe are detailed below:
Thus, I proceed to examine the argument concerning the insufficiency of the technical studies that supported the reduction of the surface area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, through Law "Recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean," No. 9223 of March 20, 2014. In view of this, several questions are at hand that should have been answered in the technical report (1), the positions of each of the subjects who have been called upon to rule on this matter (2), to finally pinpoint the aspects of the report that I consider insufficiently substantiated (3).
-Does it analyze and discuss the impact of the area to be released on the marine and continental zones of the Refuge? -Does it examine the impact on the biological corridor on aquifers and wildlife? -Does it determine the ecological value of the area to be released within the totality of the protected wild area? -Does it propose measures or recommendations aimed at diminishing any negative impact on the Refuge in general? -Does it analyze the impact on the RAMSAR wetlands in order to comply with the international obligations acquired by Costa Rica and to avoid any State responsibility for non-compliance with international instruments on the matter? -Does it demonstrate how, despite the reduction, the Refuge continues to be conserved in a healthy and ecologically balanced state? -Does it technically justify the release for the recognition of the rights of coastal inhabitants of the Southern Caribbean in those urban areas they had been inhabiting since before the Refuge declaration? That is, was the report's technical justification for the release of the urban hectares based on a reliable census of the inhabitants prior to the 1985 Refuge declaration? -What is the technical justification given by the report for the release of the 205.97 hectares of forest cover?
To see if the report answers these questions, it is therefore indispensable to examine in detail the aforementioned "Technical Report" prepared by the National System of Conservation Areas (SINAC) in 2013, titled "Bill for the recognition of the rights of the inhabitants of the Southern Caribbean File No. 18.207." And additionally, to examine what SINAC, the PGR, and the UNA (in the evidence requested) report in this regard, as well as the Department of Technical Services of the Legislative Assembly.
These seem like complex questions, but they are not, because the relevance of the matter being protected warrants a careful analysis, without seeking to rely on cryptic arguments.
Said report is found at folios 1390 to 1569 of the legislative file of Law No. 9223. (…) The technical study provided by SINAC at the request of the Legislative Assembly constitutes the technical justification that supported the de-designation adopted by the deputies in the law subject to this action.” For its part, the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) indicates the following: In relation to the opinion provided to the legislative file after this judgment, incorporated in its folios 1394 and following, some observations should be made to verify the existence of the technical and scientific basis, as well as to assess whether the principle of reasonableness and proportionality is met. It indicates in detail the following observations:
- The de-designation of 205 ha of forest was not justified: No reasonableness or proportionality because only the de-designation of the urban area of 233.41 hectares is justified, leaving the de-designation of the rest, 205 hectares of forest, without technical support.
- Not all the de-designated area is ZMT: It cannot be true that the de-designated lands would remain under the restrictions of the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de Zona Marítimo Terrestre), since the portion excluded from the Refuge in Law No. 9223 is not only the Maritime-Terrestrial Zone, but a strip that in some points can measure up to 500 meters inland from the Maritime-Terrestrial Zone was de-designated.
- Impact on the two mangrove patches is not analyzed: The impact on the two mangrove patches identified in the area subtracted from the Refuge, which are classified as "in a critical state of conservation," is neither analyzed nor ruled out, indicating that "no growth in terms of cover has been evidenced throughout the establishment of the refuge, but it has been maintained" (folio 1411).
- Mangroves are not included in the State Natural Heritage: In the determination of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), the areas that meet the definition of forest under the Forestry Law (Ley Forestal) were identified (point 4 of folio 1557); however, mangroves were not included, which also form part of the State Natural Heritage, whatever their extension (article 13 of the Forestry Law and Manual for the classification of lands dedicated to the conservation of natural resources within the Maritime-Terrestrial Zone in Costa Rica, Decreto No. 36786-MINAET of August 12, 2011, article IV.u).
- It is not evidenced how the conclusion is reached that the reef zones adjacent to the excluded zone will not be affected: The different types of coral reefs present in the areas adjacent to zone 1 of the RNVS-GM are diverse, well-developed ecosystems, with unique species in the country's Caribbean, with a high degree of current fragility and that are currently in a recovery process. However, the report indicates that the modification of the boundaries does not affect them, but it is not clear how they reached that conclusion. The same occurs regarding seagrasses, which are located in zone 10, adjacent to the excluded zone, an ecosystem associated with sea turtles, and whose main cause of decline is said to be "anthropogenic activities, such as sedimentation caused by deforestation and the excessive discharge of nutrients into coastal waters" (folio 1436). Furthermore, it is stated that "A management plan for the forests bordering the coast would prevent the entry of new sediments into the reefs" (folio 1421), but it is not considered that such planning may be implemented by SINAC when the lands are outside the Refuge.
According to the map on folio 1513 and what is indicated in point 4 of folio 1514, the zone excluded from the Refuge does not include wetlands inscribed on the Ramsar list; however, the report also indicates that the entire Refuge is classified as a Ramsar Site of international importance; additionally, the so-called Coral Reef Wetland or Seagrasses and Reefs (zone 10) is adjacent to a portion of the excluded area, between the geographical vertical coordinates 646 and 648, approximately, and as the Convention in its article 2 provides that the boundaries of the wetlands included in the list "may incorporate riparian and coastal zones adjacent to the wetland," there could be an overlap.
- Areas with potential threats will not be able to be included in the Management Plan once they cease to be part of the Refuge: In the annexes, it is transcribed, in relation to the Cocles Manzanillo Maritime-Terrestrial Zone (excluded), that "care must be taken… with the carrying capacity of the beaches" and it identifies as the main potential threats for this area: "the development of high-impact traditional tourism projects," indicating that the establishment of a Management Plan by MINAE starting in 1996 "allowed neutralizing" these potential threats, that the access roads to the beach were regulated, not allowing new ones since its validity, and that the extraction of sand from the beaches was also prohibited (folios 1499 and 1500). However, it is not taken into account that such planning cannot be implemented by SINAC when the lands are outside the Refuge.
- Shortcomings of the land-tenure maps. ON THE FORESTED ZONE: there is a land-tenure study of the de-designated area. However, it is not complete; there are lands for which no information is available. For the area with forest cover (cobertura boscosa), there is cadastral-registry information for approximately 40 farms, and cadastral information for 10 unregistered lands, for which no information additional to the cadastral information was found. It is unknown whether they are currently being occupied by the persons identified in Annex 8, or under what title they occupy them, because a cadastral plan does not demonstrate the possession of land. For 4 lands in forested areas, no information is available. In the forested sectors de-designated by Law No. 9223, 4 judicial proceedings were identified in which the Attorney General's Office has participated. In those possessory information proceedings, the Attorney General's Office requested the disapprobation because the adverse possession (usucapión) prior to the creation of the Refuge had not been demonstrated.
ON THE URBAN ZONE: it cannot be clearly determined who are the persons holding the legitimate rights of the Afro-descendant community who are coastal inhabitants of the South Caribbean. In the opinion of that advisory body, it would not be in accordance with the Constitution to interpret that the lands excluded from the Refuge were de-designated from any other special regime such as that of the maritime-terrestrial zone, given that an implicit de-designation does not operate. The list on folios 1566 to 1569 of the legislative file, qualified as a census on page 65 of the SINAC report, is not reliable in identifying the inhabitants prior to 1985 and its coverage regarding the area finally excluded by Law No. 9223 is not clear. We do not have the information to qualify as legitimate or illegitimate the occupation of the population established after the declaration of the Refuge.
As can be seen, these are core questions, which should not remain in a nebulous void without an answer.
Regarding such observations, SINAC’s response, after the on-site inspection (vista) carried out, is the following:
- On the exclusion of 188 ha with forest cover, it indicates that the technical report did proceed to establish the characteristics of the area that would be affected. That it is not a compact block of 188 ha cut from the refuge, but rather they are distributed along the affected area and its communities. Regarding this justification, I consider that the PGR's observation subsists, in the sense that there is NO good technical response, and therefore, reasonableness, for having included those hectares within the de-designation or exclusion from the Refuge. The reasons for the de-designation of such hectares of forest are not set forth, especially when it is indicated, as stated, that the reason for the de-designation is to return urban areas to the inhabitants.
- That it is not the responsibility of a technical report to conduct a study on the status of the legality of the possessions or on their origin. Regarding this argument, the PGR's observation subsists. If the law is based on the "recognition of the legitimate rights of the inhabitants and coastal towns of the South Caribbean" (see article 1 of the challenged Law), as is also indicated in the statement of reasons: "The purpose of the bill is to recognize the legitimate rights of the Afro-descendant community and the coastal inhabitants of the South Caribbean," it is logical to assume that there should have been a census of which and how many those "legitimate rights" were. So, in this specific case, it was indeed necessary and indispensable for the technical report to refer to the determination of what those legitimate rights were, in order to avoid, for example, that areas that did NOT correspond to legitimate rights were de-designated.
In this sense, it does not go unnoticed that there might be some reasonableness in de-designating the urban areas occupied before 1985 (the date on which the Refuge was created); however, the challenged law not only de-designates beyond those urban areas, but also, by not having clarity on the de-designated urban areas, it is not possible to have certainty that these were indeed occupied prior to 1985 and by original inhabitants of the area. It is not about creating authorizations that de-designate with respect to persons for whom there is no clear identification to establish that they are original inhabitants. It is part of the technical requirement of the report. See annex 3 of the technical report (folio 1559 and 1566) referring to land tenure, within and outside the Maritime-Terrestrial Zone, where the following are observed: names of foreign possessors, possessors that are commercial companies, possessors with possessions of less than 30 years (that is, after 1985, whereby it is understood that they entered the properties of the Refuge after its creation).
In light of a legitimate reivindication, there cannot be so much imprecision and laxity. It is clear that in many cases it is not a matter of original inhabitants, with possessions prior to the creation of the Refuge in 1985, so the Law would be de-designating hectares of a Refuge to "protect" illegal possessions, which is openly unconstitutional. Whereby, furthermore, the law is not fulfilling the purposes it set out in the statement of reasons, to reivindicate the original possessors, as there is manifest imprecision in the persons who benefit from the law. See also the conclusiveness of the Attorney General's report when it indicates that the list on land tenure on folios 1566 to 1569 of the legislative file, qualified as a census on page 65 of the SINAC report, is not reliable in identifying the inhabitants prior to 1985 and its coverage regarding the area finally excluded by Law No. 9223 is not clear; moreover, they do not have the information to qualify as legitimate or illegitimate the occupation of the population established after the declaration of the Refuge. The legitimacy and pertinence of the identity of the original inhabitants is a core issue in this de-designation of an area dedicated to the protection of the environment.
- The information provided by the technical report is sufficient to support the conclusion that the coral-reef resource is not being affected by the delimitation of the law. The main mangrove ecosystem that the declaration of the Refuge protected has an extension of 200 ha, it is located in the Gandoca Lagoon, under the categories of PNE and RAMSAR Wetland. It is located many kilometers southeast of the area affected by Law 9223. On this point, the PGR's observation subsists, in the sense that saying that a study is sufficient is evidently not enough; for it to indeed be so, it must be broad in support and justifications, and these are precisely what the technical report in question lacks.
Additionally, the observations made by the School of Environmental Sciences of the National University (Universidad Nacional, UNA) must be added, when it indicates, regarding the technical report, that: there are inconsistencies between the cartography and the report regarding the reduction area of the Refuge, there are not enough data to assess biodiversity, the de-designated area included both maritime-terrestrial zone and inland areas, the technical report is not consistent with the information obtained from the spatial analysis carried out with the layers that SINAC provides, the technical report does not evaluate the impact on the environment and ecosystems, with the disaggregation of the terrestrial area adjacent to the protected marine area, it is probable that the buffer zone for the marine-coastal ecosystems will be eliminated. This disaggregation would have a potential negative effect on the ecosystems, especially on the coral ones due to their biological fragility. These are very reasonable and evident doubts, and we well know that in doubt, the principle of protection applies.
Likewise, what the Department of Technical Services of the Legislative Assembly indicates, through official letter CON-005-2014-J of February 18, 2014, that is, prior to the approval of the challenged law. There it indicates: “… this Advisory Office considers that on this occasion as well, we are not in the presence of a specific study on the issue of the reduction of the area described in article 1 of the Bill and the impact of the de-designation; therefore, it does not satisfy the requirements of article 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), article 50 of the Constitution, and International Environmental Law.” (folio 1781 of the legislative file).
- The impact of the area to be de-designated on the marine and continental zones of the Refuge is not analyzed: The impact on the biological corridor, on the aquifers, and on wildlife is not examined. The ecological value of the area to be de-designated within the totality of the protected wildlife area is not determined. The impact on the RAMSAR wetlands is not analyzed in order to fulfill the international obligations acquired by Costa Rica and avoid any State responsibility for non-compliance with international instruments on the matter. It is not demonstrated how, despite the reduction, the Refuge continues to be conserved healthy and ecologically balanced. Furthermore, as the PGR indicates in its report, the impact on the two mangrove patches identified in the area subtracted from the Refuge, which are classified as "in a critical state of conservation," is neither analyzed nor ruled out.
According to the map on folio 1513 and what is indicated in point 4 of folio 1514, the zone excluded from the Refuge does not include wetlands inscribed on the Ramsar list; however, the report also indicates that the entire Refuge is classified as a Ramsar Site of international importance; additionally, the so-called Coral Reef Wetland or Seagrasses and Reefs (zone 10) is adjacent to a portion of the excluded area, between the geographical vertical coordinates 646 and 648, approximately, and as the Convention in its article 2 provides that the boundaries of the wetlands included in the list "may incorporate riparian and coastal zones adjacent to the wetland," there could be an overlap.
- The impact of the legislative measure on the Refuge with respect to the conservation objects is not individualized: On folio 18, the conservation objects are mentioned (mangroves, swamps, forests, reefs, etc.) but it is not specifically indicated how such objects would be affected by the reduction of the Refuge. As the PGR indicates in its report, it is not evidenced how the conclusion is reached that the reef zones adjacent to the excluded zone will not be affected. The different types of coral reefs present in the areas adjacent to zone 1 of the RNVS-GM are diverse, well-developed ecosystems, with unique species in the country's Caribbean, with a high degree of current fragility and that are currently in a recovery process. However, the report indicates that the modification of the boundaries does not affect them, but it is not clear how they reached that conclusion. The same occurs regarding seagrasses, which are located in zone 10, adjacent to the excluded zone, an ecosystem associated with sea turtles. And as UNA indicates in its report, with the disaggregation of the terrestrial area adjacent to the protected marine area, it is probable that the buffer zone for the marine-coastal ecosystems will be eliminated, and this disaggregation would have a potential negative effect on the ecosystems, especially on the coral ones due to their biological fragility.
- There is no compensation measure: The technical report does not specify recommendations to avoid risks, foresee negative or adverse effects, or mitigation, conservation, or repair measures. No measures or recommendations aimed at reducing any negative impact on the Refuge in general are proposed. The study is not specific because it does not evaluate the impact nor issue the recommendations to avoid risks, prevent negative or adverse effects, or propose the corresponding mitigation, conservation, or repair measures.
- Total lack of substantiation on the de-designation of the forested area: if the bill that gave rise to the questioned law indicates that it intends to restore to the occupants of the urban areas, created prior to the creation of the Refuge in 1985, it is not justified that a forested area (and therefore not urbanized) was de-designated. As the PGR indicates in the requested report, the de-designation of the rest, 205 hectares of forest, remains without technical support. Whereas, in the sectors of the de-designated area with forest cover, nearly 40 farms were identified, and at least 14 lands without proof of being registered. For the area with forest cover, there is cadastral-registry information for approximately 40 farms, and cadastral information for 10 unregistered lands, for which no information additional to the cadastral information was found. It is unknown whether they are currently being occupied by the persons identified in Annex 8, or under what title they occupy them, because a cadastral plan does not demonstrate the possession of land.
For 4 lands in forested areas, no information is available. In the forested sectors de-designated by Law No. 9223, 4 judicial proceedings were identified in which the Attorney General's Office has participated. In those possessory information proceedings, the Attorney General's Office requested the disapprobation because the adverse possession prior to the creation of the Refuge had not been demonstrated.
- Lack of substantiation on the de-designation of the urban area: it is evident that, in order to comply with what is indicated in the statement of reasons of the bill that gave rise to the questioned law, it should have been previously determined who are the persons holding "the legitimate rights of the Afro-descendant community who are coastal inhabitants of the South Caribbean." However, as the PGR indicated in the requested report, in the documentation available in the legislative file, it cannot be clearly determined who are the persons holding the legitimate rights of the Afro-descendant community who are coastal inhabitants of the South Caribbean. The foregoing, inasmuch as in the listings of unregistered lands and registered farms, the names of commercial establishments or legal entities appear, of which it is unknown who the owners or partners are. So, it was also not possible to base it on a reliable census on land tenure in order to indeed determine clearly who are the persons holding the legitimate rights of the Afro-descendant community and others, who are coastal inhabitants of the South Caribbean prior to 1985, the date of creation of the Refuge.
The PGR adds that it maintains the same doubts raised about the phrase in the report: "Of the 406.21 ha that the Bill proposes to de-designate, 233.41 hectares correspond to the censused properties. The latter are equivalent to 34.34% of Zone 2," because no additional information or explanation has been provided in this regard. On the other hand, there is no probative support for the information recorded in the list on folios 1559 to 1569 of the legislative file, qualified as a census by SINAC. There is no proof of whether the occupation time recorded on folios 1566 to 1569 comes from the say-so of the occupants themselves, or from duly documented objective elements. Regarding this list, in report SINAC-DE-0286 of March 7, 2019, it is only stated that: "It is admitted that not having clarified that the census provided by the community organizations, which appears at folios 1558 to 1569, constituted only a partial reference input on tenure and antiquity, leads to confusion and could justify the observations and questions." The questions have not been clarified.
The statement contained on page 65 of the Report in the sense that "49% of the population is established before the declaration of the Refuge in 1985" admits the "a contrario sensu" interpretation that the remaining 51% was established after the declaration of the Refuge. However, we do not have the information to determine whether that 51% can be classified as illegitimate occupants, or whether they had some title or administrative authorization that legitimized the occupation of the lands. The foregoing adds uncertainty about the surface area to which the list called a census refers and the report sent by official letter SINAC-DE-1972 in relation to the area that was finally excluded from the Refuge. Faced with a de-designation that favors a group of citizens, these must be clearly identified, because the de-designation is not justified in the face of de facto situations that do not conform to the very justification of the law, which is to reivindicate the original inhabitants before the declaration of the Refuge of 1985.
- The reduction measure is not scientifically justified, nor is it demonstrated how the measure taken continues to satisfy the right to a healthy and ecologically balanced environment within the framework of a sustainable development policy. It is only indicated that what was de-designated were urban areas, but it was already shown that a forest area was also de-designated, that there was no reliable census of those urban areas, and that the impact of the de-designation of those urban areas was not analyzed either. It is not enough to indicate that because they are urban areas, there would be no impact from the de-designation. For it is evident that, even if they are urban areas, by being adjacent to the rest of the Refuge, an impact on it is produced.
Whereby, such technical support raises many gaps, omissions, doubts, and observations, which make it insufficient to justify the reduction of those 406.52 hectares of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.
In summary, the study presented, although linked to the issue, is manifestly incomplete, since the substantial requirements derived from the very matter it protects are not satisfied. Leaving many doubts, gaps, and omissions, to the detriment of the right to the environment. According to the arguments set forth, the lack of scientific evidence of the challenged law, which seeks to reduce the area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, justifies that it be resolved in accordance with the precautionary principle and that it be held, likewise on this occasion, that the reduction in question is unconstitutional. Unconstitutionality that is confirmed by the absence of compensation measures, as explained below. The reduction of a protected area or any other zone dedicated to environmental protection requires a technical study that does not contain omissions, questions, or inconsistencies, such as those I have mentioned.
The parties are forewarned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
POR TANTO:
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Hubert Fernández A.
DISSENTING VOTE OF JUDGE HERNÁNDEZ LÓPEZ AND JUDGES SALAZAR ALVARADO AND ARAYA GARCÍA, WITH THE FIRST DRAFTING:
We dissent from the decision taken by the majority of the Court and declare the action filed without merit, with the explanation that will follow, all based on the following considerations: the object of the action is Law number 9223, through which the Legislative Assembly redefined the territorial boundaries of a territory subject to the management category called "wildlife refuge" (refugio de vida Silvestre). By doing so, it left certain urban areas and adjacent lands in the South Caribbean zone outside of this category, which has primarily given rise to a claim for injury to the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. However, the historical condition of the urban settlements in the region, recognized by the State since the very creation decree, the particularities of all state actions related to the specific zone—including previous interventions by this Court—and the technical conclusions and criteria upon which the legislative decision was based, allow us to sustain, from our perspective, the constitutional legitimacy of the balance struck by the legislator regarding the various conflicting constitutional rights.
Nor is there any breach of what is established in ILO Convention 169 or the obligations contained in the international regulations in force in Costa Rica on the protection of mangrove zones, and—from that perspective—nothing prevents the competent state authorities from fulfilling their power-duty and executing the necessary actions to reclaim lands that are illegally occupied in the protected zone, in accordance with what is established in our legal system. The reasons for this conclusion are as follows:
A. Relevant factual aspects.
1. From the various documents provided both to this judicial file and, at the time, to the legislative file, it has been demonstrated that in 1985, through Executive Decree number 16614-MAG of October 20, 1985, (hereinafter only Decree 16614), the authorities of the Executive Branch decreed the creation of what is now known as the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Salvaje Gandoca Manzanillo, hereinafter RVS-GM or simply "the refuge") and delimited its boundaries.
"Article 18.- National wildlife refuges (refugios nacionales de fauna silvestre) are those that the Executive Branch declares as such, for the protection and research of wild flora and fauna, especially those on the way to extinction.
The Executive Branch is authorized to establish, within forest reserves and on private lands, areas under the classification of national wildlife refuges, which, for the purposes of wildlife conservation, shall be under the administration of the Wildlife Department (Departamento de Vida Silvestre) of the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal) of the Ministry of Agriculture and Livestock.
The Executive Branch shall exempt lands subject to this regime from territorial tax.
The Executive Branch, through the Ministry of Agriculture and Livestock, is authorized to expropriate those private lands that, due to the importance of the fauna and flora contained therein, show the necessary and suitable conditions for the establishment of national wildlife refuges."
"Article 5°—The National Cadastre Directorate (Dirección General de Catastro Nacional) is authorized to carry out the cadastral mapping survey and the official registration of the individual plans necessary to develop the titling project within the Refuge area and that of the adjacent communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo, and Puerto Viejo." (emphasis not in original) "Article 6°- The areas that, according to the studies carried out by the National Institute of Housing and Urban Development (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), are comprised within the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo, shall not be subject to the regulations of this Decree." (emphasis not in original)
-Decree 23069-MINAE of the year 1994, issued rules to regulate visitation for turtle watching and, in passing, repealed Article 6 of the original decree. However, it kept Article 5 in force, which authorized the cadastral survey for "titling" purposes.
-subsequently, Decree number 29019-MINAE of 2000 extensively reformed the aforementioned decree (23069) on the subject of visitation and exploitation, and therefore, at the end of its text, it generally repealed Decree 23069.
-in the year 2005, Executive Decree 32753 was issued, justified by stating that it must again regulate the issue of titling in the Refuge zone, as well as the exclusion of its urban areas, understanding that—as a consequence of the ratifications and repeals contained in the two aforementioned decrees—the original exclusion contained in Article 6 of Decree 16614 had been reactivated. It adds that the reactivated exclusion was deemed a reduction contrary to the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) because it was done without technical studies, and therefore a "ratification" of the original decree (16614) was issued, but removing the original Articles 5 and 6 (transcribed above).
"VII.- On the unconstitutionality of Articles 3°, 4°, 5°, and 7° of Decree No. 34043-MINAE.- As stated, when Article 6º of Executive Decree No. 16614-MAG was repealed (through Article 2° of Executive Decree No. 32753 of May 16, 2005), the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo were included within the limits of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo). However, through Article 3° of the challenged Decree, which brings the repealed Article 6º back to legal life, the urban areas of said communities were again excluded from the Refuge limits, which implied its reduction. This situation not only violates the principle of legal reserve but also the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment."
"(…)
As indicated, the efforts for the scientific determination of the natural resources of the newly created Refuge, both marine and continental, were carried out starting from the declaration. Numerous Government institutions (Mirenem, MAG, IDA, IGN, GAR, INVU, UCR, UNA), as well as non-governmental organizations, national and international (IUCN, Jessie Smith Noyes Foundation, WWF, ASDI, Dutch Cooperation, CRS, TNC, ANAI, CATIE, ICFID-Cidesa, Asacode, CBTC, among others), poured their results into 'training and proposals for alternatives for the intended sustainable development.' All the technical and scientific studies of this process confirmed the perfect compatibility between the location and vocation of the pre-existing human settlement areas and those of the natural resources to be protected. (Annexes 11 to 13) (underlining not in original) This unique process, hardly matched in any other protected wilderness area (área silvestre protegida) in the country, culminates in a planning document or Management Plan (Plan de Manejo), in accordance with the terms required by Law, managed by MINAE under the Non-Reimbursable Technical Cooperation Agreement between the Government of the Republic and the IDB (Project ATN/JF-3917-CR).
MINAE opened an international competition that was won by the Environmental Studies Program (Programa de Estudios Ambientales, ProAmbi) of the School of Biology of the University of Costa Rica. This organization carried out the most profound and detailed diagnosis conducted to date in the country for a protected wilderness area, executed by a large team of renowned scientists from the University of Costa Rica over nearly two years. This diagnosis also had the participation and collaboration of all the technicians and specialists of the Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación Amistad Caribe)/MINAE. (Annexes 14 to 16) (emphasis not in original) The corresponding regulations were formalized through Executive Decree No. 34946-Minaet, published in Supplement (Alcance) No. 55 to La Gaceta No. 248, of December 23, 2008, after the Management Plan was known and approved by the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación, Conac), the Regional Council of the Amistad Caribe Conservation Area (Corac), and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Sinac), as provided for in the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad) No. 7788, particularly in its Articles 25, 30, and 22, first paragraph.
(Annex 17) (emphasis not in original) Like all previous studies and diagnoses, those carried out by the University of Costa Rica endorsed and respected the original condition that the communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo, and Puerto Viejo were considered adjacent to the Refuge. Therefore, given the persistence of the error in the definition of boundaries (Article 1º of Decree No. 16614-MAG) regarding the human settlements of Manzanillo, a typically urban planning and use with high environmental content was established (uses: residential, urban residential, recreational residential, tourist hotel, special hotel, commercial, urban commercial, institutional, etc.), recognizing their rights and anticipating the eventual, necessary, and imminent correction of the error. The remaining 14 zones into which the Refuge was divided are planned based on the careful management and sustainable use of marine and terrestrial natural resources. (Annex 18)" (emphasis not in original)
B. On the merits of the case.
B-1 The appropriate approach for resolving the claim regarding the injury to the right to a healthy and ecologically balanced environment.
"II. On the right to a healthy and ecologically balanced environment. (…) The person forms part of the Environment, integrates it, from which its protection entails the conservation of the essential context for human life and, conversely, conduct with negative effects on it entails a danger for human existence itself and a reduction or loss of the 'greatest well-being' of all. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed that 'the human being does not develop in an autarkic manner, but rather their well-being is immediately related to the nature that surrounds them. This interdependence between the human being and nature encompasses aspects that exceed the mere preservation of resources to guarantee the economic development of human society. In reality, the "nature-human being" interaction forms a unitary phenomenon, a unique process of reciprocal influence, in which one acts on the other and simultaneously both need each other for their own survival.' (Judgment of the Constitutional Chamber No. 2012-004620).
The 'environment' that is the object of the fundamental right is not the sum or juxtaposition of resources; rather, it refers to interrelationships and balances, to the idea of a system. Ecology as a science teaches us that nature must be conceived as a system. Nature consists of the relationships of organisms with the outside world in the struggle for existence. In a given place, a biocenosis (common life) or community of life occurs, involving a certain number of species and individuals that mutually influence each other. (…) Thus, within the community, a certain order arises which brings a beneficial result for each species, because it generates the maximum productivity and stability of the whole. Like any system, it is characterized not only by the interaction among its elements but also because it produces a global or general result relative to the entire system: its own existence, which is what we can call dynamic equilibrium, comprised within the concept of 'equilibrium' that the Constitution demands..."
"A.- All of the above offers the opportunity to rethink the issue, in light of new solutions to social problems that were more than evidenced in the inspection carried out by this Chamber, especially when, due to the nature of the norm, administrative real rights can be granted with implications for Urban and Environmental law, which involves some issues that have occupied this Tribunal. Furthermore, we are facing a law to solve a social problem that the inhabitants of the maritime-terrestrial zone experience daily, which exerts pressure on natural resources, and which necessarily requires a weighing of the fundamental rights at stake and an adaptation of the institutional apparatus. (…)." "B.- On a posteriori constitutional review.- (…) The point that this Constitutional Court must elucidate lies in determining whether such effects on the public area necessarily imply an insurmountable unconstitutionality, this time interpreted in light of the State's imperative need to exercise guardianship over the policies of territorial planning, which provides a solution to the problems of agglomeration of people in de facto population centers, and the right to decent housing contained in Articles 50, 51, and 65 of the Constitution, as well as Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Article 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Article 27 of the Convention on the Rights of the Child, and Article 8 of the Declaration on the Right to Development." "C.- Territorial planning as a guarantee of defense of the environment and the human being.- …(W)e must recognize that Urban Planning Law today can hardly be conceived as disconnected from the criteria of environmental defense, because beyond the purpose of creating better relations between nature and the inhabitants of a place, by establishing rules of hygiene and public health, or improvement of the quadrants of a city, what is sought, above all, is environmental sustainability while a given community develops.
But what happens when, in lower-middle-income countries, especially in some coastal areas, lie marginalized communities or communities excluded from the benefits of our country's development, where the inhabitant who settles there has done so for many years and because it provides them scarce means to subsist? This Chamber does not ignore the problems that the search for solutions to their lack of decent housing brings for the inhabitants, together with a reduction in costs to be able to build it, as well as the inconvenient use of vegetative growth forms of housing along public streets or, in this case, within the public zone where they carry out their main life activity, etc. Hence, reality forces the design of regulations that attempt to reconcile Environmental Law with various economic, social, and cultural rights (…). This Chamber does not forget that the change of regime implies, for those persons who have been occupying the public area of the maritime-terrestrial zone, the informal exercise of their economic, social, and cultural rights, and also for persons who could be affected within the restricted area." "In this way, the legislator seeks the conditions to ensure, through urban regulations, a certain legal stability and the positive effects sought by Urban Planning Law, in the face of a de facto situation, given that despite the current regime, it acts more for the benefit of uncontrolled urban growth because there are regulatory gaps that the State has not been able to solve, but which demand a solution as fundamental rights are involved.
In the case, it is debated between an absolutist thesis versus a relative one in which we consider that there are protection resources that could be achieved through urban planning. In the opinion of the Chamber, by seeking an adequate balance in this delicate matter, the different legal disciplines are nourished by science and technique, whether environmental and urban planning law, as well as public and administrative law, to provide a solution to a very old social problem." "(…) Indeed, Environmental Law is not sufficient to provide an integral solution. (…) If, in fact, a social situation has arisen that the State has been unable to resolve for more than fifty years, the solution does not lie in prohibition, but in the use of legal mechanisms that rationalize the use of those assets through an integral solution. (…) Precisely, that is the issue that is being attempted to be addressed with the legislation being challenged, because granting the petition to annul the challenged norm would deepen the problems pointed out above, especially for those inhabitants who are in a state of social vulnerability, given their condition of poverty and who have very precarious means of subsistence, who live in permanent anxiety that at any moment they may be evicted from their homes.
On the contrary, the inhabitants now have an instrument to pressure their municipal authorities to regularize those situations of their interest." "The core point of the present action of unconstitutionality lies in the change of the legal regime of what Law 6043 traditionally called the public area of the maritime-terrestrial zone, towards an exception regime established by Law No. 9221, where the legislator recognizes a social purpose for this public domain asset (bien demanial), which allows legally recognizing the status of certain settlements historically established on the coastlines; note that this is not about individual situations of inhabitants, but that there is a sense of collectivity in the legislation…." "D.- The clause of the social State of Law. There is no doubt that the State of Costa Rica is a social State of Law, even though it is not expressly stated in the Political Constitution.
Indeed, from the logical and necessary relationship between the first paragraph of Article 50 and Article 74, this necessary conclusion is drawn. There is, then, a constitutional mandate to the State that it must strive for the greatest well-being for all inhabitants of the Republic, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Furthermore, in accordance with Article 74 and with international human rights instruments, the State is under the obligation to guarantee the economic, social, and cultural rights of the population, as well as others derived from the Christian principle of social justice and as indicated by law, through the provision of a series of basic services. In this direction, the Constitutional Chamber has emphasized, in its jurisprudence, that Costa Rica is a social State of Law." “Thus, this Court must, by way of exception, since fundamental rights are at stake—the right to the environment, the right to decent housing, and the right to a dignified means of subsistence that guarantees the person the satisfaction of their basic needs and those of their family—carry out a balancing of those fundamental rights.” “The right to decent housing.- To resolve this action, one must take into consideration the natural and logical tendency of human beings to settle in a place that provides proximity to the activities around which their lives revolve, such as sources of work or those that are their principal means of subsistence, which later manifest in various forms of social cohesion and territorial settlement (constituted by cities, whether legally recognized or de facto).
On this point, it is important to refer to the guiding and pioneering role of the State in policies on this matter. In judgment No. 2011-13436 of fifteen hours thirteen minutes on October fifth, two thousand eleven, this Chamber stated, regarding this topic, the following:
“The State must combine efforts so that people can access the right to adequate housing, under conditions of legality, security, peace, and equality. This right, of course, is a relative right that will depend on social and individual conditions; the constitutional norm refers to a content that is more programmatic in nature, although it must be in accordance with the progressivity of social rights. In general, the State must be a responsible facilitator of social change in this matter, which must not only be understood at a minimum essential level, but must also provide the legal mechanisms so that all people can access decent housing, whether rented or acquired, through assistance and credit programs for qualifying persons at preferential rates, or under free-market conditions to own or acquire a home in accordance with their personal conditions. The obligation of a fully responsible State does not cease with assistance programs for a first level of need directed at the most vulnerable, but must develop a more general, non-discriminatory policy that responds to a demand for housing or a projection of the general need for housing” “Now, when article 65 of the Constitution establishes that ‘The State shall promote the construction of affordable housing (viviendas populares) and shall create the worker’s family patrimony (patrimonio familiar del trabajador),’ it refers to that first level of the right to decent housing; but we must admit that this is not exhausted in itself, because in accordance with the Chamber’s interpretation together with other articles of the Political Constitution and international human rights instruments, it encompasses other modalities with a broader meaning than mere patrimonial formalities (…) Articles 50 and 51 of the Constitution would also allow the State to be a promoter of general well-being, especially in favor of the dispossessed or persons in disadvantaged situations, or where the family has the right to special protection from the State.
To this we add articles 25 of the Universal Declaration of Human Rights, article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, article 14 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, article 27 of the Convention on the Rights of the Child, and article 8 of the Declaration on the Right to Development. (…)” “The foregoing regulations provide the normative framework to understand that the right to decent housing would not be reserved only to the patrimonial and civil sphere, but also has a dimension in the personality and dignity of the human being that must be protected by the State. We cannot fail to note that the legislation seeks to solve a fundamental problem that has existed for decades (even one that has been dragging on since before the enactment of Law 6043), but which rescues the human right to decent housing, which must go hand in hand with stable State policies to make effective not only the constitutional norm (Art. 65), but also the other provisions on human rights regulated internationally and the declarations indicated above.
The human right to housing is a third-generation right of human solidarity, which is facilitated by the State if it provides the conditions for its enjoyment; (…) For the reasons stated above, we must conclude that from the relationship of articles 50, 51, and 65 of the Political Constitution, the right to decent housing can be extracted, which grants a space for the development of the human person within an intimate sphere, which provides both dignity and permanence to the family unit with its more or less prolonged use. See that this is not about protecting an individual right, but a collective right, such as that regulated by Urban Planning Law, which would deal with the existing de facto and territorial social cohesion, taking into account this fundamental rights content.
“Therefore, this Constitutional Court recognizes that the effects of this Chamber’s interpretation regarding the public area of upholding its intangibility in a general way—without exceptions—would create a set-in-stone norm (norma pétrea) against the real needs of the coastal population of our country, and condemns the law to immobility, which has serious consequences in the lives of many citizens, especially those of more humble origin, who live in poverty and from activities related to the sea. In this case, issues of social justice emanate that can be addressed from the pinnacle of the legal system, which must be weighed, just as a need arises for this Court under a better balancing, even keeping in mind the copious case law, to take into consideration the safeguarding of certain rights, especially social ones, if from the examination a benefit for the populations can be concluded, particularly those in disadvantage and vulnerability.” The foregoing quote contains an easily discernible common thread, which is the need for the Chamber to carry out a balancing of rights, state activity, and particularly legislative activity when it comes to solving problems that for decades have affected the legitimate constitutional rights of inhabitants of neglected areas in our country.
22. And it was the same State, as described by this Court itself, that later abandoned that position for one much more inattentive to the situation of the urban areas and their inhabitants, which it decided to add to the refuge without any study or technical justification and even less without determining the specific contribution that—in terms of environmental protection—the urban areas would provide to the RVS-GM Refuge, and without defining, much less respecting, the legal status of those who occupied the lands in said area as possessors, as required by article 37 of the Organic Law on the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), which directly develops article 45 of the Constitution and was already in force when the last inclusion of urban areas was made in the year 2005, as stated at the time by the Chamber itself:
“VI (…) However, subsequently the Executive Branch issued DE-32753-MINAE of May 16, 2005, which expressly repealed article 6 of DE-16614; once again the urban areas of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo become part of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), a situation that continues to this day” (judgment 2009-1056)
B-2 Regarding the claim for lack of consultation with indigenous peoples.
28. In another of the claims raised, it is alleged that the provisions of article 6 of ILO Convention 169 were not observed, which establishes the legal need for consultation with indigenous peoples when state actions that may affect their legitimate rights are proposed. In this case, we coincide with the observation of the Procuraduría General, in the sense that the legislation being questioned does not present the particular conditions that the case law of this Chamber has established for making the consultation process mandatory. Indeed, the majority of this Chamber has understood that the requirement of article 6 of ILO Convention 169 is an effective mechanism for achieving participation and the taking into account of the criteria of original peoples, in cases where the State intends to take measures that affect them as a distinguishable group and in their capacity as members of that community.
Matters such as land tenure rules in indigenous zones, authorizations for resource exploitation on lands granted to them, conditions for their education, and for ordering their forms of organization, are topics traditionally recognized as objects of necessary consultation. However, in this case, the legislative decisions are not directed at shaping the legal situation of indigenous populations as such, but only of those indigenous individuals who eventually—and together with many other non-indigenous persons—may turn out to be inhabitants of the territory encompassed or excluded by the boundary setting for the RVS-GM Refuge: For that reason, there was no obligation for the Assembly to comply with that requirement established in article 6 of ILO Convention 169, and therefore on this point the action must also be declared without merit.
B-3 Regarding the claim for violation of article 7 of the Constitution by disregarding Costa Rica's obligations in relation to wetlands protected by the Refuge.
Corollary.
30. By virtue of all the foregoing, no constitutional injury to the right contained in article 50 of the Political Constitution has been configured, because the ecological balance has not suffered detriment from the provisions of the impugned Law, which also does not infringe upon the international obligations accepted by our country on the topic of wetlands and mangrove areas. Likewise, in view of the scope of the impugned legal provisions, the consultation process contained in article 6 of ILO Convention 169 was not formally enforceable. On the contrary, the State maintains its powers intact in the area of environmental protection and defense of public goods and must, in our opinion, act consistently by taking the necessary actions to reclaim lands that are illegally occupied in the protected zones as indicated by the law.
Nancy Hernández L.
Luis F. Salazar A. Jorge Araya G.
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Control constitucional: Sentencia estimatoria Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia clave Sentencias Relacionadas Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: PROPIEDAD Subtemas:
NO APLICA.
Tema: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Subtemas:
NO APLICA.
012745-19. PROPIEDAD. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LOS HABITANTES DEL CARIBE SUR. Ley No. 9223 de 10 de marzo de 2014. Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Cariber Sur “I… El accionante impugna la ley denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014, por estimarla contraria a los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como a los principios pro natura, precautorio y de no regresión en materia ambiental. Estima el accionante que tal Ley es inconstitucional en virtud de que reduce la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, excluye de sus límites una franja costera que se extiende aproximadamente entre la desembocadura del río Cocles y la desembocadura del río Rojo o Willy Creek. La porción excluida del Refugio ocupaba un promedio de 250 metros entre la Ruta Nacional No. 256 y la playa, siendo que en Cocles, por espacio de 500 metros, el Refugio ocupaba solamente los 50 metros de la Zona Pública.
En el sector entre la quebrada Ernesto y el río Rojo, la franja excluida puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre. Todo ello sin cumplir son los requisitos de compensación y estudios técnicos…” “…VII si bien hay un informe técnico que justifica la promulgación de la Ley, lo cierto es que dicho estudio no logra descartar que la desafectación de los terrenos no vaya a provocar un daño al medio ambiente -lo no referente a los cuadrantes urbanos-. Desde una perspectiva lógica y acorde con el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), lo procedente era disponer únicamente la desafectación de los terrenos que conforman los pueblos que se ubican en la zona -pueblos originarios u otros asentamientos de población- o, eventualmente, excluir otras áreas de dominio público, siempre y cuando se acreditara que no se provocaría una afectación al medio ambiente y se diera la respectiva compensación.
En ese sentido, tal y como se externó líneas atrás, no hay claridad sobre los terrenos que contienen bosque -si son parte del Patrimonio Natural del Estado o terrenos privados afectos a las limitaciones que prevé el ordenamiento jurídico ambiental, en cuyo caso era innecesaria la desafectación-, y que la Ley desafectó. O una de dos: si trata de bienes privados sujetos a las limitaciones ambientales previstas por la legislación, la desafectación está demás; si se trata de un bien dominio público, la desafectación es insuficiente, porque no hay certeza sobre el no deterioro del ambiente y no se da la respectiva compensación del área. Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in dubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como parte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión sin la respectiva compensación.
Todo lo anterior, sin lugar a duda, resulta contrario de lo previsto por esta Sala en su jurisprudencia, de ahí que la norma legal impugnada resulte inconstitucional. Empero, la anterior conclusión debe matizarse, en el sentido de que, si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, no es posible, a tenor de lo dispuesto en el numeral 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vulnerar el derecho de propiedad de sus propietarios. Más aún, las 188 hectáreas forman parte del núcleo central de refugio de vida silvestre, el que está vinculado a un derecho fundamental reconocido a favor de quienes conforman la Nación costarricense -los que fueron, somos y serán-, así como los demás habitantes, por lo que estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio técnicos para realizar la reducción del citado refugio.
Por otra parte, hay que aclarar que, de conformidad con la información que consta en el expediente, tanto legislativo como el judicial, no toda la normativa legal que se impugna es contraria al Derecho de la Constitución, toda vez que sí resulta procedente la exclusión del refugio de los cuadrantes urbanos -pueblos originarios o personas que incluso estaban ahí antes de que se creara el refugio-, por lo que no tendría sentido hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de toda la normativa. Más bien, y para lograr un justo equilibrio entre la protección del ambiente y las necesidades socioeconómicas de las personas, lo procedente es declarar la acción de inconstitucionalidad incoada, anulando de la norma únicamente en lo referente a los territorios comprendidos en la zona boscosa -188 hectáreas-, según lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes y, por consiguiente, ordenar al SINAC que proceda a delimitar el área antes mencionada.
En el caso que se determine de que se trata de bienes de dominio público -no bienes de dominio privado-, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. En lo que atañe a los derechos de propiedad- si se llegasen a determinar- lo que corresponde es que las autoridades competentes impongan a las propiedades las limitaciones de interés social correspondientes en aras de la protección al ambiente…” “…IX.- Conclusiones.- 1) En cuanto a los argumentos de falta de sustento técnico y de medidas de compensación, se constata que la Ley n°9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” implicó una reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, con base en un estudio técnico insuficiente respecto de la zona boscosa, y que además, no contempló medidas de compensación. Lo cual se traduce en una violación al derecho al ambiente, a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, objetivación, precautorio, correspondiendo la declaratoria con lugar, tal como se indica en la parte dispositiva de esta resolución. 2) En cuanto a los argumentos de falta de consulta a pueblo indígena, afectación de humedales y de zona marítimo terrestre, no se analizan por cuanto, ya se determinó la inconstitucionalidad por el procedimiento, además, no se fundamentó ni acreditó que la ley debiera ser consultada a pueblos indígenas, o que la normativa per se implique una afectación a humedales o zona marítimo terrestre…” ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 045- Propiedad privada Subtemas:
NO APLICA.
ARTICULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “…sin lugar a duda, resulta contrario de lo previsto por esta Sala en su jurisprudencia, de ahí que la norma legal impugnada resulte inconstitucional. Empero, la anterior conclusión debe matizarse, en el sentido de que, si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, no es posible, a tenor de lo dispuesto en el numeral 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vulnerar el derecho de propiedad de sus propietarios. Más aún, las 188 hectáreas forman parte del núcleo central de refugio de vida silvestre, el que está vinculado a un derecho fundamental reconocido a favor de quienes conforman la Nación costarricense -los que fueron, somos y serán-, así como los demás habitantes, por lo que estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio técnicos para realizar la reducción del citado refugio…” Sentencia 012745-19 ... Ver más Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas:
NO APLICA.
012745-19. PROPIEDAD. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LOS HABITANTES DEL CARIBE SUR. GANDOCA - MANZANILLO ... Ver más *140191740007CO* Res. No. 2019-012745 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas y diez minutos del diez de julio de dos mil diecinueve.
Acción de inconstitucionalidad promovida por MARCO LEVI VIRGO, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo de la ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LA ECOLOGIA, para que se declare inconstitucional la LEY NÚMERO 9223 DEL 10 DE MARZO DE 2014, por estimarla contraria a los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como a los principios pro natura, precautorio y de no regresión en materia ambiental. Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República y el representante de Áreas de Conservación (SINAC). RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:07 horas del 11 de diciembre del 2014, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de declare inconstitucional la LEY NÚMERO 9223 DEL 10 DE MARZO DE 2014, por estimarla contraria a los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como a los principios pro natura, precautorio y de no regresión en materia ambiental.
La norma se impugna en cuanto reduce parte de una zona protegida del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, para reconocer derechos a una comunidad, sin que se presente el requisito constitucional de compensación del área suprimida, lo cual es contrario al principio precautorio y de no regresión en materia ambiental. Además, pese a lo indicado por la Sala en la sentencia número 2012-13367 -oportunidad en la que se consultó sobre la constitucionalidad del proyecto de ley- la Ley 9223 se emitió sin contar con los estudios técnicos que determinen técnica y científicamente el impacto real sobre el ambiente, lo que constituye un vicio en el procedimiento legislativo, pues se omite cualquier estudio técnico comprobable que determine la razonabilidad e idoneidad de las nuevas medidas que se le dan a la zona protegida y a la que queda fuera de ella. Alega que la norma impugnada contraviene el principio de irreductibilidad o de no regresión contendido en los instrumentos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica y el Convenio de Washington, que exige que la reducción, segregación, exclusión y todo tipo de desafectación territorial o espacial de áreas protegidas califica como un acto excepcional y reforzado, que debe cumplir con una serie de requisitos técnicos y legales que tienen como fin impedir todo tipo de regresión en esta materia.
Esos requisitos derivan del Artículo III de la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, conocida como el Convenio de Washington, así como en la normativa interna. Asimismo, reclama que otro vicio esencial del procedimiento legislativo de la Ley 9223, es la omisión de consulta a los pueblos indígenas, cuando sus tierras o sus intereses culturales pudieran verse afectados por la promulgación de alguna normativa, lo que vulnera el Convenio 169 de la OIT. En su criterio, el proyecto de ley debió haberse consultado directamente a los pueblos y pobladores nativos y autóctonos de la zona, con antecedentes centenarios de vida en esas zonas, como lo es la población afrodescendientes y los pobladores indígenas de la zona. Ese requisito se sustituyó por consultas a organizaciones no necesariamente representativas de esos grupos.
El proyecto también debía ser consultado a los Consejos Regionales Ambientales, los cuales tampoco fueron consultados. Finalmente, el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo había sido incluido por Costa Rica dentro de la lista de humedales de importancia internacional con base en la Convención RAMSAR, esa protección abarca la totalidad de dicha área, incluyendo la zona costera, la cual se desafectó con la ley 9223, lo que además, resulta violatorio de los compromisos asumidos por Costa Rica en esos convenios internacionales en materia ambiental. 2.- A efecto de fundamentar la legitimación que ostentan para promover esta acción de inconstitucionalidad, señalan que proviene de la defensa de intereses difusos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley que rige a esta jurisdicción, por tratarse de un tema de carácter ambiental. 3.- Por resolución de las 11:23 horas del 17 de diciembre del 2014, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la Procuraduría General de la República y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 4.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 15, 16 y 17 del Boletín Judicial, de los días 22, 23 y 26 de enero del 2015. 5.- La Procuraduría General de la República rindió su informe.
Señala que: La ley denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014, reduce la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, según se aprecia en los mapas previo (de setiembre del 2012) y posterior a esa Ley (de marzo del 2014), elaborados por el ingeniero José Masís Segura, administrador de ese Refugio, cuya copia se adjunta. Según se constata de la comparación de ambos mapas, y de la delimitación del Refugio antes y después de la Ley No. 9223, esta excluye de sus límites una franja costera que se extiende aproximadamente entre la desembocadura del río Cocles y la desembocadura del río Rojo o Willy Creek, parte de la Zona 1: Llanura Costera Cocles-Manzanillo, según la zonificación del Refugio (Decreto No. 34946-MINAET del 6 de noviembre del 2008). Según consta en el expediente legislativo No. 18207, en la porción comprendida entre el río Cocles y la quebrada Ernesto, por espacio de 4.65 kilómetros, la porción excluida del Refugio ocupaba un promedio de 250 metros entre la Ruta Nacional No. 256 y la playa, siendo que en Cocles, por espacio de 500 metros, el Refugio ocupaba solamente los 50 metros de la Zona Pública (folios 1516 y 1517).
En el sector entre la quebrada Ernesto y el rio Rojo, la franja excluida puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre. Ha habido una sólida línea jurisprudencial, en apoyo del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, en el sentido de que para la reducción de un área silvestre protegida deben cumplirse dos requisitos esenciales: “por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida.” (Sala Constitucional, votos números 13367-2012 y 010158-2013. En similar sentido, las sentencias números 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009 y 14772-2010, entre otras). La Sala se ha referido a la “suficiencia” del estudio técnico: “el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.” (Voto No. 13367-2012).
“la Sala ha indicado que el estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente requiere de un análisis técnico que implica un análisis individualizado, el cual debe contener como mínimo las siguientes medidas: 1. El grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente; 2. Las recomendaciones para reducir el impacto ambiental; 3. La demostración de cómo la medida que se toma, continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el marco de la política de desarrollo sostenible.” (Voto No. 10158-2013). La misma Opinión Jurídica de la Procuraduría No. O.J.-040-2012 del 19 de julio del 2012, emitida por consulta legislativa en la tramitación del proyecto que culminó en la Ley No. 9223, la aprobación del proyecto de ley, sin que conste en la discusión legislativa un criterio técnico suficiente, conllevaría eventuales vicios de inconstitucionalidad que podrían llevar a su declaratoria de nulidad por el Tribunal Constitucional.
Esta misma Sala estableció en su voto No. 1056-2009 que la exclusión de áreas urbanas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo conllevaba desprotección del derecho al ambiente. El voto No. 13367-2012, dictado por consulta legislativa facultativa en el trámite de esta misma Ley, analizó el estudio técnico incorporado al expediente en ese momento, considerándolo insuficiente para justificarla. En relación con el criterio aportado al expediente legislativo con posterioridad a esta sentencia, incorporado en sus folios 1394 y siguientes, la PGR hace algunas observaciones: • Parte de la justificación de la razonabilidad y proporcionalidad de la Ley radica en la ocupación efectiva de la totalidad del área excluida, que fundamenta esa sustracción del Refugio, según la exposición de motivos del proyecto de Ley. Sin embargo, en el estudio se afirma que “De las 406.32 has que el Proyecto de Ley propone desafectar, 233.41 hectáreas, corresponde a las propiedades censadas.
Estas últimas equivalen al 34.34 % de la Zona 1”. • El estudio presupone que, como consecuencia de la exclusión, la administración de los terrenos recaería en la municipalidad, bajo las restricciones de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, salvo aquellos sectores que califiquen como Patrimonio Natural del Estado: “Es importante señalar que el área que se pretende segregar del Refugio Mixto de Vida Silvestre sigue siendo administrada por el Estado, lo que varía es el órgano administrador de la misma” (conclusión 2., folio 1476). Sin embargo, la porción excluida del Refugio en la Ley No. 9223 no es solamente Zona Marítimo Terrestre, sino que se desafectó una franja que puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre. • No se analiza ni descarta el impacto sobre los dos parches de mangle que se identificaron en la zona sustraída del Refugio, los cuales se califican como “en estado crítico de conservación”, indicándose que “no se ha evidenciado un crecimiento en términos de cobertura a lo largo del establecimiento del refugio, pero se ha mantenido” (folio 1411). • En la determinación del Patrimonio Natural del Estado, se identificaron las áreas que cumplen la definición de bosque de la Ley Forestal (punto 4 del folio 1557), sin embargo no se incluyeron los manglares, que también forman parte del Patrimonio Natural del Estado, sea cual sea su extensión (artículo 13 de la Ley Forestal y Manual para la clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los recursos naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, Decreto No. 36786-MINAET del 12 de agosto del 2011, artículo IV.u). • Los arrecifes coralinos contiguos a la zona excluida[2], se califican como en “estado crítico”[3], indicando que “como parte de las medidas de conservación aplicadas en los últimos años se ha observado que en la zona De Punta Cocles los arrecifes vienen teniendo una recuperación”[4] y que “Entre Punta Cocles y Punta Uva, este coral viene recuperándose”[5].
Se concluye que: “Los diferentes tipos de arrecifes de coral presentes en las zonas adyacentes a la zona 1 del RNVS-GM, son ecosistemas diversos, bien desarrollados, con especies únicas en el Caribe del país, con alto grado de fragilidad actual y que en el presente se encuentran en un proceso de recuperación.” (Folio 1473), y que la modificación de los límites no los afecta (folio 1522). Sin embargo, no queda claro cómo llegaron a esa segunda conclusión, contenida en el anexo 1. La zona de arrecifes contigua a la porción de Manzanillo excluida del Refugio, entre las coordenadas geográficas verticales 646 y 648, fue inscrita como humedal de importancia internacional (humedal Ramsar), según consta en el mapa del folio 1513, y en el folio 1515 se reitera: “El proyecto de ley 18.207 no afecta ninguno de los humedales comprometidos por el país en el sitio Gandoca-Manzanillo, como ha sido reiteradamente establecido y documentado en este estudio”, sin embargo, debe decirse, nuevamente, que no se evidencia cómo llegaron a esa conclusión.
Nótese que el estudio identifica como la “amenaza antropológica más importante” para estos ecosistemas, la “gran cantidad de sedimentos en suspensión y resuspendidos, los cuales van sepultando los corales, dando como consecuencia bajas tasas de crecimiento, dichos sedimentos terrígenos provienen de los territorios deforestados, las plantaciones de banano y la alteración de la costa”(folio 1433), se describen además “severamente dañadas las comunidades de arrecifes costrosos y pinnaculares (columnares), debido principalmente a la sedimentación y contaminación provocadas por el mal uso de la tierra y la deforestación” (folio 1502). En la misma línea, se indica: “Algunos de los arrecifes costeros someros están siendo afectados por sedimentos terrígenos producto probablemente de la deforestación de la zona costera y de las cuencas de los riachuelos del área” (folio 1421). “Se ha demostrado que alteraciones a los bosques costeros y aún de bosques de tierra adentro, pero conectados a los arrecifes por los ríos y corrientes marinas, tienen un efecto sobre los arrecifes…
Estos bosques actúan como trampas que impiden el acceso directo de sedimentos y agroquímicos a los ambientes marinos… Es por esto que se deben proteger los bosques costeros y ribereños del Refugio Gandoca-Manzanillo.” (Folio 1423). Igual sucede respecto de los pastos marinos, que se ubican en la zona 10, contigua a la zona excluida, según el mapa adjunto, ecosistema asociado a las tortugas marinas, y cuya principal causa de disminución se dice que “son las actividades antropogénicas, como la sedimentación causada por la deforestación y la excesiva descarga de nutrientes en las aguas costeras” (folio 1436). Además, se afirma que “Un plan de manejo de los bosques aledaños a la costa evitaría la entrada de nuevos sedimentos a los arrecifes” (folio 1421), pero no se considera que dicha planificación no podrá implementarse por el SINAC cuando los terrenos estén fuera del Refugio. Nótese que el estudio indica que: “el área que abarca el proyecto de Ley 18.207 posee una superficie de 406.52 hectáreas con una cobertura de bosque de 205.97 ha” (folio 1417), de las cuales, únicamente 17.31 hectáreas fueron calificadas como Patrimonio Natural del Estado (mapa No. 7 en folio 976 y folios 1556 y 1557), sobre las cuales el SINAC conservará la administración. • En los anexos se transcribe, en relación con la Zona Marítimo Terrestre Cocles Manzanillo (excluida), que “hay que tener cuidado…con la capacidad de carga de las playas” y se identifica como amenazas potenciales principales para esta área: “el desarrollo de proyectos turísticos tradicionales de gran impacto”, indicando que el establecimiento de un Plan de Manejo por parte del MINAE a partir de 1996, “permitió neutralizar” esas amenazas potenciales, que los caminos de acceso a la playa fueron regulados, no permitiéndose nuevos desde su vigencia, y que también se prohibió la extracción de arena de las playas (folios 1499 y 1500).
Sin embargo, no se toma en cuenta que tal planificación no podrá implementarse por el SINAC cuando los terrenos estén fuera del Refugio. Violación al principio constitucional de compensación La accionante manifiesta: “cuando se presentan situaciones como la de la Ley No. 9223 donde se trata de reconocer derechos a una comunidad, y para ello es necesario cercenar parte de una zona protegida, como lo es el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo que debe operar en forma inmediata es regla o requisito constitucional de compensación. Situación que en el caso que nos ocupa no se dio.” Al respecto se refiere al voto No. 12887-2014, el cual dispone: “Un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño. Así se desprende de lo que esta Sala ha resuelto en anteriores oportunidades, en los votos números 2012-13367 y 2009-1056.
Adoptando como referencia la postura anterior, no cabe duda que todos aquellas normas en los cuales hay reducción de las áreas protegidas sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación alguna, son inconstitucionales.” Sin embargo, una inconstitucionalidad por violación a este principio, no se resuelve necesariamente con la anulación de la Ley, si se califica como una inconstitucionalidad por omisión, bastaría que la Sala Constitucional dispusiera en sentencia adicionar al Refugio la porción o porciones que compensen el área suprimida, lo cual podría hacerse incluso por vía reglamentaria. Ese principio se recoge en el artículo 4, inciso 2, de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención de Ramsar) aprobada mediante Ley No. 7224 de 7 de abril de 1991, vigente a partir del 8 de mayo de ese año, que la accionante también estima quebrantado: “Cuando una parte contratante, por motivos urgentes de interés nacional, retire o reduzca una zona húmeda inscrita en la "Lista", deberá compensar, en la medida de lo posible, cualquier pérdida de recursos en los humedales y, en especial, deberá crear nuevas reservas naturales para las aves acuáticas y para la protección, en la misma región o en otro sitio, de una parte adecuada de su hábitat anterior.” Según el mapa del folio 1513 y lo indicado en el punto 4 del folio 1514, la zona excluida del Refugio no comprende humedales inscritos en la lista Ramsar, sin embargo, en el informe también se indica que todo el Refugio está calificado como Sitio Ramsar de importancia internacional; además, el denominado Humedal Arrecife Coralino o Pastos Marinos y Arrecifes (zona 10) está contiguo a una porción del área excluida, entre las coordenadas geográficas verticales 646 y 648, aproximadamente, y como la Convención en su artículo 2 dispone que los límites de los humedales incluidos en la lista “podrán comprender las zonas de las orillas o de las costas adyacentes a la zona húmeda”, podría haber un traslape.
Ambos aspectos podrían ser aclarados en la eventual vista que el Tribunal Constitucional convoque, para que sean valorados en caso de que la Sala disponga la compensación de las áreas, en los términos arriba expuestos. Otras violaciones de carácter constitucional La accionante arguye violación al Convenio No. 169 de la OIT, específicamente su artículo 6, que contiene la obligación de consultar a los pueblos interesados cuando se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, alegando que el “pueblo de los Kekoldi” se está viendo seriamente afectado con la implementación de la Ley No. 9223 y que se les debió consultar, al igual que a la población afrodescendiente −cuestionando si se hizo a personas o pueblos realmente representativos de estos grupos− así como a los Consejos Regionales Ambientales. Sin embargo, no hay concreción de los argumentos de inconstitucionalidad: Respecto del “pueblo de los Kekoldi”, no se detalla en qué consiste la afectación, la cual no resulta evidente, pues la Reserva Indígena Bribrí de Këköldi no se traslapa ni está contigua al sector excluido del Refugio, como consta en el montaje cartográfico elaborado por la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y Registro cuya copia se adjunta.
Tampoco se describe en qué consiste la alegada afectación a los pueblos afrodescendientes, ni por qué razón las Asociaciones de Desarrollo Integral consultadas (folios 1693 y 1694) no se consideran representativas. Por su parte, el Consejo Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe conoció el proyecto y aprobó el informe técnico que lo sustenta (folios 1390, 1392, 1393, 1693 y 1694). Finalmente, se alega quebranto del principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre por la relación de la Ley No. 9223 con la Ley No. 9221, Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial. Sin embargo, la Ley No. 9223, objeto de esta acción, no contempla ninguna disposición relativa a la Zona Marítimo Terrestre, y por lo tanto susceptible de quebrantar ese principio: CONCLUSIONES 1. Resulta del resorte exclusivo de la Sala Constitucional constatar la suficiencia del informe técnico para justificar la reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, así como valorar si se cumple el principio de razonabilidad y proporcionalidad. 2.
Hay inconstitucionalidad por omisión de compensar el área suprimida. 3. No se demostró la lesión al artículo 6 del Convenio No. 169 de la OIT. 4. Tampoco se constata el quebranto al principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre. 6.- Rinde su informe JULIO JURADO FERNANDEZ, en su calidad de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) mediante oficio SINAC-DE-131 del 19 de enero del 2015 y señala respecto de objeto de la presente acción: a) El principio de no regresión en materia ambiental o el principio de irreductibilidad encuentra asidero normativo-legal en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554, que prevé: “la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”.
Agrega que fue el propio legislador que estableció la posibilidad de reducir las Áreas Silvestres Protegidas, pero que esta posibilidad tiene límites por lo que le está vedado al Estado “adoptar medidas y políticas, o aprobar o modificar normas que empeoren, sin justificación razonable ni proporcionada, los derechos alcanzados con anterioridad” (ver folio 200), esto último derivado del principio de progresividad de los Derechos Humanos y del principio de objetivación de la tutela ambiental. En este sentido, cobra especial relevancia el principio de objetivación de la tutela ambiental puesto que exige la acreditación mediante estudios técnicos y científicos de la “toma de decisiones en materia ambiental, ya sea en relación con los actos administrativos individuales o de disposiciones de carácter general” (ver folio 200). Aunado a lo anterior, señala el SINAC en su Informe que como parte de la tramitación del Proyecto del Ley No. 18.207 (actual Ley No. 9223) se solicitó al SINAC “la elaboración y presentación del informe técnico requerido, de conformidad con lo indicado por la Sala Constitucional en la resolución No. 2012-13367” (ver folio 201).
El Informe técnico requerido al SINAC por medio de la resolución No. 13367 del 21 de setiembre del 2012 de la Sala Constitucional “fue elaborado por personal especializado” del SINAC “utilizando criterios científicos, serios, exhaustivos comprensivos, a fin de determinar el impacto de la medida legislativa sobre los objetivos de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM)”. Concluye el SINAC en el oficio fechado 19 de enero del 2015 que “según el análisis de los aspectos indicados y de otros adicionales el RNVS-GM continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado”, con todo, sostiene que “se rechaza el argumento que faltó sustento técnico para la emisión de la Ley”. Asimismo, se reitera por parte del SINAC que este estudio técnico “constituye a justificación técnica que dio soporte a la desafectación adoptada por los diputados en la ley objeto de esta acción” (ver folio 202); b) respecto al alegato del accionante en cuanto al incumplimiento de realizar la consulta a los pueblos indígenas conforme al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, lo cual según el accionante es contrario al artículo sétimo de la Constitución Política, el SINAC señaló que tal alegato “no es cierto” puesto que “el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo no contempla áreas o sitios que correspondan al territorios indígenas” (ver folio 201).
En relación con esto último se adjunta un mapa en el Informe del SINAC donde se hace constar lo anterior, el cual es visible a folios 272 y 273 del expediente digital; c) el alegado incumplimiento de la consulta a los Consejos Regionales Ambientales según artículo 6 y siguientes de la Ley Orgánica del Ambiente fue rechazado por parte del SINAC, puesto que se desprende del expediente legislativo que el Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe en la reunión del 12 de julio de 2013, en la sesión No. 001-2013 acordó: “1. Aprobar el informe técnico presentado e instruir al Secretario Ejecutivo del CORAC-ACLAC para que lo remita al CONAC para su conocimiento. 2. Que el Informe Técnico sea remitido a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, para que sirva de sustento técnico al Proyecto de Ley 18207 “Ley de Reconocimiento de los Legítimos Derechos de los Habitantes del Caribe Sur” (ver folios 235 a 244 respecto al informe rendido por el SINAC a la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales y folio 277) ; d) en relación con el alegado incumplimiento de la obligación preceptuada en el artículo 4, inciso 1) de la Convención sobre Humedales Internacionales como Hábitat Aves Acuáticas, Ley No. 7224, el SINAC señaló que “no se dio el incumplimiento alegado” lo cual puede evidenciarse puesto que la propuesta de proyecto de ley No. 18.207 “no afecta a ninguno de los humedales comprometidos por el país en el sitio Gandoca-Manzanillo”, según consta en el informé técnico presentado por el SINAC visible a folios 1513 a 1515 del expediente legislativo; e) en cuanto a la redefinición de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, establecida por la Ley No. 9223, el Informe SINAC-DE-131 indica que “según el texto de Ley [Ley No. 9223] no existe manera de cerrar el polígono entre los puntos con la coordenada 646571 y 1064574 y con la coordenada 646504 y 1064634, aproximadamente y según la hoja cartográfica”.
Misma conclusión a la que arribó el Informe precitado en relación con la parte oeste del Refugio, salvo que “se elimine la coordenada 642602 y 1064611 y se indique la coordenada 642017 y 1062894” (ver folio 205); f) sintéticamente, concluye el SINAC en su Informe que: i) no se incumplió el requisito de informe técnico requerido por el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, puesto que el informe presentado por el SINAC a la Asamblea Legislativa constituye el soporte para la desafectación efectuada por la Ley objeto de esta acción; ii) no se violentó el requisito de consulta y aprobación del informe técnico por parte del Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe; iii) la consulta a los pueblos indígenas no es necesaria por cuanto dentro los límites del Refugio no se ubican territorios pertenecientes a estos pueblos y que resulten afectados por la Ley No. 9223; iv) el área del Refugio no afecta ninguno de los humedales comprometidos por el país en el sitio Gandoca-Manzanillo. 7.- Mediante resolución de las 09:46 horas del 02 de marzo del 2015 se tuvieron por contestadas las audiencias conferidas a la Procuraduría General de la República y al Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
Además, se tuvieron como codayuvantes a MELVIN CORDERO CORDERO en su condición DE ALCALDE MUNICIPAL DE TALAMANCA, PABLO BUSTAMANTE CERDAS en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MANZANILLO DE TALAMANCA, JOHNNY LEON GUIDO en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, SEBASTIÁN HERNÁNDEZ BALMA en su condición de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE CORREDOR BIOLÓGICO TALAMANCA CARIBE, EMILY JEANNE YOSELL WOLF, LUIS FERNANDO ARIAS MOLINA, Y ADAM CHRISTOPHER SOSA VALVERDE y DEMÁS VECINOS DE LAS COMUNIDADES DEL CARIBE SUR -antes citados- cuya firma consta en el escrito de las 15:10 del 12 de febrero del 2015, se apersonaron el 11 y 12 de febrero del 2015 y solicitan ser tenidos como coadyuvantes por considerar que les asiste un interés legítimo, por tratarse de la defensa de un interés difuso al ambiente.
En el caso de los gestionantes ALFONSO HANSELL HANSELL, DELROY HANSELL HANSELL, JORGE MOLINA POLANCO y AURORA GAMEZ ESCOBAR, lo procedente es rechazar sus gestiones de coadyuvancia, ya que por resolución de las 11:30 horas del 16 de febrero del 2015, se les previno cumplir con el requisito de autenticación del escrito en el que solicitan se le tenga como coadyuvante, incluyendo agregar y cancelar el timbre de doscientos cincuenta colones del Colegio de Abogados y aportar la personería jurídica vigente de la CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DEL CARIBE SUR y de la SOCIEDAD ODIO Y GAMEZ S.A. -en el caso de los dos últimos-, sin que vencido el plazo, los gestionantes hayan aportado documento o escrito alguno en atención a lo prevenido.
CONSIDERANDO:
I.Objeto de la impugnación.- El accionante impugna la ley denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014, por estimarla contraria a los artículos 7, 11 y 50 de la Constitución Política, al Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, así como a los principios pro natura, precautorio y de no regresión en materia ambiental. Estima el accionante que tal Ley es inconstitucional en virtud de que reduce la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, excluye de sus límites una franja costera que se extiende aproximadamente entre la desembocadura del río Cocles y la desembocadura del río Rojo o Willy Creek. La porción excluida del Refugio ocupaba un promedio de 250 metros entre la Ruta Nacional No. 256 y la playa, siendo que en Cocles, por espacio de 500 metros, el Refugio ocupaba solamente los 50 metros de la Zona Pública. En el sector entre la quebrada Ernesto y el río Rojo, la franja excluida puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre. Todo ello sin cumplir son los requisitos de compensación y estudios técnicos. En concreto:
VICIOS DE FORMA: Vicio de forma por insuficiencia técnica del estudio: en el voto no.2012-13367 donde se resolvió la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley que dio origen a la ley impugnada, esta Sala consideró inconstitucional que el proyecto se sustentara en un estudio incompleto (porque no determina técnica y científicamente el impacto real sobre el ambiente) y aunque luego los interesados hacen un nuevo estudio, este adolece de los mismos vicios anteriormente señalados por la Sala. Lo cual es ratificado por el Departamento de Servicios Técnicos mediante oficio CON-005-2014 del 18 de febrero del 2014. Violación al Convenio No. 169 de la OIT, específicamente su artículo 6, que contiene la obligación de consultar a los pueblos interesados cuando sus tierras y sus intereses culturales pudieran verse afectados por la promulgación de alguna normativa. Como lo es el pueblo Kekoldi, grupo que se está viendo seriamente afectado con esta ley. Este requisito se incumplió completamente sustituyéndose por consultas a organizaciones no necesariamente representativas de estos grupos. Adicionalmente el proyecto debía ser consultado a los Consejos Regionales Ambientales, según art.6 de la Ley Orgánica del Ambiente.
VICIOS DE FONDO Violación al principio constitucional de compensación: cuando se presentan situaciones como la ley impugnada que trata de reconocer derechos a una comunidad, cercenando parte de una zona protegida (como lo es el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) lo que debe operar en forma inmediata es la regla de compensación, la cual no se dio en este caso. Esta regla ha sido recientemente reconocido y aplicado por esta Sala mediante el voto no.2014-12887 de las 14:30 horas del 08 de agosto del 2014, donde se establece como requisito adicional para la desafectación de áreas silvestres protegidas la obligación estatal de compensación del área suprimida con otra de al menos igual tamaño. Además, habría que agregarle que el terreno debe ser necesariamente adyacente al área protegida y ecológicamente equivalente. Violación del artículo 7 Constitucional: el principio de irreductibilidad o no regresión tiene sustento en el Convenio de Diversidad Biológica y el Convenio de Washington (Convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América), que prohíben la reducción de la superficie de áreas silvestres protegidas, salvo que se cumplan 3 requisitos: mediante ley, sustento en estudios técnicos y la compensación territorial del área suprimida.
En este caso se adolece de dos de estos requisitos. Violación además de la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención RAMSAR) pues el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo fue incluido por Costa Rica dentro de la lista de humedales de importancia internacional, abarcando la totalidad del área silvestre protegida, incluyendo la zona costera, la cual se desafectó mediante esta ley impugnada. Violación del principio de intangibilidad de la Zona Marítimo Terrestre por cuanto las zonas urbanas que fueron segregadas del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo pasarán a jurisdicción de la Municipalidad de Talamanca, y son zonas que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre y podrán ser dadas en concesión, conforme la Ley No. 9221, Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento territorial, la cual está siendo impugnada mediante otra acción de inconstitucionalidad.
II.- La legitimación del accionante en este caso.- El actor ostenta legitimación suficiente para demandar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, sin que para ello resulte necesario que cuenten con un asunto previo que les sirva de base a esta acción. Lo anterior porque acude en defensa de un interés que atañe a la colectividad nacional en su conjunto, como lo es el derecho al ambiente. Por lo que el actor se encuentra perfectamente legitimado para accionar en forma directa, a la luz de lo que dispone el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Asimismo, se trata de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía. Además, el actor cumplió los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de rito. En conclusión, la presente acción es admisible, por lo que debe entrarse de inmediato a discutir el objeto y el fondo del asunto.
III.- Sobre la metodología de análisis de la acción.- Para facilitar el estudio de la normativa impugnada, en los considerandos siguientes se analizarán los argumentos expuestos por el accionante, iniciando con un considerando que explica de manera general los antecedentes de esta Sala sobre la reducción de zonas protegidas. IV.- Sobre los antecedentes de esta Sala en cuanto a la reducción de zonas protegidas, y en concreto sobre el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.- La jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha sido amplia en cuanto a los requisitos para poder reducir un área silvestre protegida, conforme al derecho fundamental al ambiente. Además, también esta Sala se ha pronunciado en específico sobre la reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Así se tiene la siguiente síntesis:
1. Requisitos constitucionales para la reducción de área silvestre protegida (reserva legal y estudios técnicos): En apoyo del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente (“la superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”), ha habido una sólida línea jurisprudencial, en el sentido de que para la reducción de un área silvestre protegida deben cumplirse dos requisitos esenciales: “por medio de ley y previa realización de estudios técnicos suficientes que justifiquen la medida.” (Sala Constitucional, votos números 13367-2012 y 010158-2013. En similar sentido, las sentencias números 7294-1998, 11155-2007, 1056-2009, 18702-2010 y 14772-2010, entre otras). Tal como se dijo en la resolución mencionada de 1998:
“(…)una vez declarada una determinada área como zona protectora por un acto del Estado, no puede éste, simplemente, desafectarlo en todo o en parte, para proteger otros intereses -públicos o privados- en menoscabo del disfrute de un ambiente sano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 constitucional. Ahora bien, el hecho de que una norma, del rango que sea, haya declarado como zona protectora una determianda área, no implica la constitución de una zona pétrea, en el sentido de que, de manera alguna, su cabida pueda ser reducida por una normativa posterior. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 50 constitucional, implica una defensa del derecho fundamental al ambiente y, por ello, la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto.
No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un Parque Nacional o cualesquiera otros sitio de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. Podría ser que, por diversas circunstancias, un determinado sitio haya perdido, al menos en parte, el interés ambiental que, en su momento, provocó, lo que, hechos los estudios del caso, justificaría su modificación o reducción, todo en aplicación del principio de razonabilidad constitucional…” (voto No. 7294-1998).
Concretamente sobre la reserva legal en esta materia, en el voto No.14772-2010 se dijo:
“(…) no se puede modificar el destino público de un bien del demanio público sin un acto legislativo, es decir, la reducción de área de una zona protegida se encuentra bajo la garantía que proporciona el principio de reserva de ley. Si bien, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente, el Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para constituir las Áreas Silvestre Protegidas mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en esa norma, así, el Parque Nacional Corcovado se constituyó mediante los Decretos Ejecutivos No. 5357-A del 24 de octubre de 1975 y 1148-A del 5 de febrero de 1980, su modificación solo podrá hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, previo estudios técnicos y científicos, y mediante un acto legislativo.” (resaltado no corresponde al original).
Asimismo, en sentencia no.1056-2009 se indicó que la reducción únicamente es posible vía legal:
“cuando de la ampliación de los límites de las zonas protectoras del patrimonio forestal del Estado se trata es posible hacerlo vía reglamento, pero cuando de su reducción se trata, únicamente se puede hacer vía legal , claro está, siempre y cuando exista un criterio previo que justifique la medida.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1056-2009) Lo cual fue aplicado cuando la Sala declaró inconstitucional la norma reglamentaria (Decreto Ejecutivo Nº 32753-MINAE) mediante la cual el Poder Ejecutivo disminuyó el territorio del Refugio Gandoca-Manzanillo, sustrayendo del área y del régimen de protección, la zona urbana del Refugio. Según se detalla más adelante.
Además, en cuanto a los estudios, estos deben ser previos, suficientes, necesarios e individualizados –como se indica en el apartado siguiente-. Así se dijo en esa misma resolución de 1998: “De acuerdo con lo citado, mutatis mutandi, si para la creación de un área silvestre protectora la Asamblea Legislativa, por medio de una ley, estableció el cumplimiento de unos requisitos específicos, a fin de determinar si la afectación en cuestión es justificada, lo lógico es que, para su desafectación parcial o total, también se deban cumplir determinados requisitos -como la realización de estudios técnicos ambientales- para determinar que con la desafectación no se transgrede el contenido del artículo 50 constitucional. En este sentido, podemos hablar de niveles de desafectación. Así, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a éste.
De allí que, para reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se le pondrá en peligro y, por ende, que no se vulnera el contenido del artículo 50 constitucional. El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios , aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente. A juicio de este Tribunal Constitucinal, la exigencia que contiene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, en el sentido de que para reducir un área silvestre protegida por ley formal deben realizarse, de previo, los estudios técnicos que justifiquen la medida, no es sino la objetivación del principio de razonabilidad en materia de protección al ambiente.” (resaltado no corresponde al original).
2. Estudio técnico como un análisis científico e individualizado: La Sala se ha referido a la suficiencia del estudio técnico, cuando mediante varias resoluciones ha establecido que dicho estudio debe ser un análisis científico e individualizado. Así se dijo lo siguiente:
“el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado , el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.” (Voto No. 13367-2012. Véase además el No. 10158-2013).
De lo cual se desprende que, el estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y que es la objetivación del principio constitucional de razonabilidad en materia de protección al ambiente, requiere de un análisis técnico que implica un análisis individualizado, el cual debe contener como mínimo las siguientes medidas: El grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente; Las recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en el ambiente; La demostración de cómo la medida que se toma, implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.
En síntesis, dicho estudio previo debe demostrar que la desafectación es conforme con la protección constitucional al derecho al ambiente, pues como se dijo en el voto no. 18702-2010 “no se puede permitir que se titulen áreas de esta naturaleza en forma indiscriminada, ya que esto iría contra las mismas políticas conservacionistas del ambiente que ha procurado el Estado en virtud de los cometidos ordenados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales que ha suscrito".
3. Exclusión, vía decreto, de áreas urbanas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo conllevó una desprotección al ambiente: Esta Sala Constitucional estableció en su voto No. 1056-2009 que la exclusión de áreas urbanas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, más aún, realizada por medio de un decreto, conllevaba desprotección del derecho al ambiente:
“Además, se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. Sobre este tipo de propiedad recuérdese que es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial, pues se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres. Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal, la cual establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales. De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales.” (resaltado no corresponde al original).
4. Estudio técnico en el proyecto de ley que dio origen a la Ley impugnada, considerado insuficiente: En el voto No. 2012-13367, dictado para resolver la consulta legislativa facultativa en el trámite de esta misma Ley, se analizó el estudio técnico incorporado al expediente en ese momento, considerándolo insuficiente para justificar la reducción:
“VII. Sobre el estudio técnico presentado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional del MINAET. En el expediente legislativo consta visible a folios 952 al 981 del tomo cuarto, el documento titulado “Criterio Técnico del Área de Conservación Amistad Caribe, SINAC-MINAET, respecto al proyecto de ley 18.207”, elaborado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones, de 2012. El documento se estructura en 6 capítulos, de la siguiente manera: “Capítulo I. Antecedentes de la Creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Capítulo II. El Decreto de Creación del Refugio Nº 16614-MAG de 1985. Capítulo III. Decretos posteriores al Decreto de Creación del refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Capítulo IV. Relevancia Fragilidad de Ecosistemas y la Zonificación para la Consolidación Manejo y Control.
Capítulo V. Caracterización del área cuyos límites rectifica el proyecto de ley No. 18.207. Capítulo VI. Recomendaciones y Conclusiones.” Los primeros tres capítulos son resumen y descripción de lo que existe (Antecedentes históricos relacionados con la creación del Refugio y resumen de la reglamentación vigente). Respecto del IV capítulo, el resumen introductorio del documento describe su contenido de la siguiente manera: “indica la labor desarrollada por el MINAET para dotar al ASP con un sólido instrumento que garantizara su consolidación y adecuados manejo y control. Este instrumento se conoce como un Plan de Manejo y su correspondiente Reglamento de Zonificación, los cuales fueron adoptados y declarados de aplicación obligatoria por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) desde 1996.” También en el mismo resumen introductorio se lee respecto del capítulo V: “El Capítulo V presenta los resultados de una caracterización actual del área del Refugio que el proyecto de ley, Expediente No. 18.207, propone rectificar, realizada por un equipo profesional del SINAC/ACLAC, siguiendo los lineamientos vigentes que para tales efectos exige la ley.” El capítulo IV, como ya se dijo, explica el Plan de Manejo que rige el Refugio.
En él se describen las 15 zonas en que fue dividido el refugio en su estado actual, se ubica en mapas los humedades RAMSAR y, sin mayores datos sobre las relaciones entre los asentamientos humanos con las demás zonas continentales o marinas del Refugio, se concluye que: “la Zona 1. Llanura Costera Cocles-Manzanillo, corresponde al área de los asentamientos humanos preexistentes a la declaración del ASP, y no representa en sí misma el núcleo u objeto de conservación principal del RNVS-GM.” El capítulo V se desarrolla en 5 páginas, de la 22 a la 26, folios 973 al 977 del Expediente Legislativo, Tomo 3. En la página 22 del documento, se explica la metodología del estudio, en los siguientes 3 folios se incluyen mapas con una pequeña explicación al pie y en el folio 977 se incluye un cuadro sobre los resultados de la caracterización de la llanura costera Cocles-Manzanillo (Zona 1). El capítulo evidencia que el MINAET ha realizado un estudio de muestreo de la zona, para identificar las diferentes áreas boscosas o población forestal y tiene medido dentro de la zona 1, el área boscosa y la urbana.
Sin embargo, esta Sala considera que llevan razón los consultantes en el sentido de que el estudio no satisface los requerimientos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 50 constitucional, y el Derecho Internacional Ambiental. El artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente es una norma protectora, establece una garantía a favor de las áreas silvestres protegidas y del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado reconocido en el artículo 50 constitucional. De la norma se infiere, en primer lugar, que el estudio técnico indicado en la norma es un requisito ineludible y esencial para la aprobación de la medida legislativa reductora del área de protección, lo que se desprende de la frase “sólo podrá” y “después”, cuyo incumplimiento trae aparejada la declaratoria de invalidez de la medida. En segundo lugar, se trata de un estudio técnico -esto es, conforme con las ciencias y las técnicas que tienen por objeto de estudio del ambiente y los ecosistemas- a fin de determinar el impacto de la medida legislativa en los mismos.
En tercer lugar, el estudio debe ser específico y versar sobre el área de reducción y su contexto, a fin de evaluar el impacto y emitir las recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos o bien plantear las medidas de mitigación, conservación o reparación correspondientes. En cuarto lugar, el estudio tiene por finalidad justificar científicamente la medida. Finalmente, el estudio tiene que ajustarse a las exigencias sustanciales del artículo 50 constitucional y tiene que demostrar cómo la medida que se toma, continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el marco de política de desarrollo sostenible. Llevan razón los consultantes al advertir que el Estudio omite analizar y pronunciarse sobre el impacto de la zona por desafectar en la zonas marinas y continentales del Refugio, dado que la misma constituye su enlace e incide en el equilibrio en la totalidad del Refugio.
Tampoco examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre, ni determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida, ni mucho menos plantea medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general. No se analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia. En síntesis, el estudio presentado, si bien relacionado con el tema, es manifiestamente incompleto puesto que las exigencias sustanciales derivadas de la propia materia que tutela, no se ven satisfechas. En efecto, el estudio técnico en cuestión omite demostrar cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado.
Por otro lado, la regresividad en los niveles de protección debe estar plenamente justificada. El estudio tiene que justificar con criterio científico sustentado que la desafectación es una medida viable desde la perspectiva ambiental en el marco de una política de desarrollo sostenible, de lo contrario deviene en una transgresión del principio de no regresividad o irreversibilidad de la protección en los términos explicados supra y una violación material del principio de inderogabilidad singular de las normas. Así las cosas, la falta de evidencia científica justifica fallar conforme al principio precautorio. Asimismo, considera esta Sala que llevan razón las y los consultantes cuando afirman que el Plan de Manejo, el Reglamento de Zonificación y los estudios que les dieron origen (Folios 578-759 y 788 del expediente) no satisfacen las características exigidas por la Ley y derivadas de la Constitución que, según la Sala, debe tener el estudio técnico.
En primer término, la finalidad de tales estudios no era justificar la reducción del área de protección; por el contrario, buscaban suministrar la información necesaria para implementar un plan de manejo integral de todo el refugio, incluyendo el área que se pretende desafectar; en otras palabras incumplen la finalidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente. En segundo término, no estamos en presencia de un estudio específico sobre el tema de la reducción del área descrita en el artículo 1 del Proyecto y el impacto de la desafectación. Los diferentes informes técnicos, que datan de 1995 y 1996, tenían por objeto de estudio la totalidad del Refugio con miras al Plan de Manejo; razón por la cual no se pronuncian ni evalúan el impacto de la reducción, ni emiten recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos que la misma pudiere ocasionar. Finalmente es importante destacar que no se observa consulta alguna a expertos, ni se reciben en audiencia profesionales destacados de las diferentes disciplinas relacionadas con la temática ambiental, que pudieran haber llenado, mediante sus calificadas opiniones, los vacíos del estudio técnico presentado por el Área de Conservación La Amistad Caribe de la Dirección Regional del MINAET.” (resaltado no corresponde al original) Dicha insuficiencia obedecía a que, el estudio omitía analizar y pronunciarse sobre el impacto de la zona por desafectar en la zonas marinas y continentales del Refugio.
Además, porque tampoco examinaba el impacto, ni determinaba el valor ecológico de la zona ni establecía medidas o recomendaciones para disminuir el impacto negativo sobre el Refugio. Así la Sala determinó que el estudio presentado era manifiestamente incompleto. V.- Sobre el examen de los alegatos de inconstitucionalidad de la Ley impugnada.- El accionante impugna la ley N°9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” por cuanto se reduce el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, sin cumplir con un estudio técnico suficiente, sin establecer medidas de compensación, sin consultarse al pueblo indígena Kekoldi, violentando el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre (al permitir la concesión en esa zona) y en violación de la Convención RAMSAR sobre humedales. En cuanto a ellos la Procuraduría General de la República indica que resulta de resorte exclusivo de la Sala Constitucional constatar la suficiencia del informe técnico para justificar la reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Luego, expone en su informe algunas dudas e inconsistencias detectadas en dicho informe técnico. También considera que hay inconstitucionalidad por la omisión de compensar el área suprimida. Por otro lado, indica que no se demostró lesión al art.6 del Convenio 169 de la OIT, ni al principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre. El Director del SINAC indica que sí hay respaldo técnico a la ley, y no existen razones suficientes para considerar la necesidad de medidas de compensación pues las áreas urbanas y las comunidades aledañas descritas siempre fueron tales, asentamientos humanos históricos a los cuales la mencionada ley permite reconocer los legítimos derechos de la comunidad Afrodescendiente y de los poblados costeros del Caribe Sur. Así que, no hay nada que compensar puesto que a tenor de la Ley No. 9223 las zonas aledañas a este Refugio siempre fueron eso, zonas aledañas y zonas urbanas que no formaban parte del Refugio, según su Decreto de creación.
Además indica que, el área del Refugio no afecta ninguno de los humedales comprometidos por el país en el sitio Gandoca-Manzanillo. Por su parte, los coadyuvantes, todos se pronuncian a favor de la ley. Indican que, la Ley No. 9223 no es una ley para reducir un área protegida, sino para corregir un error histórico que violentó los derechos de las comunidades asentadas históricamente de previo a la declaración del Refugio. Asimismo indican que, los objetos de conservación y la representatividad del Refugio no se ven afectadas con la reducción planteada. Que se cumplió con el informe técnico, y que no hay nada que compensar puesto que las zonas aledañas a este Refugio siempre fueron eso, zonas aledañas y zonas urbanas que no formaban parte del Refugio, según su Decreto de creación. Finalmente, según la prueba para mejor resolver, solicitada por esta Sala, a la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, se indica sobre el informe técnico que hay reducción del área del refugio, pero hay inconsistencias entre la cartografía y el informe. Además subraya varias omisiones (en cuanto a datos y evaluación del impacto), puntualiza varias inconsistencias.
Tomando en cuenta todos los anteriores alegatos y argumentos, se procede a continuación examinar si en efecto hay una reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre y cuánto es la reducción (considerando VI) a efectos de determinar el respaldo técnico de tal reducción. Para posteriormente examinar el resto de alegatos del accionante (considerando VII).
VI.SOBRE LA REDUCCION DEL REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO Y SUS ANTECEDENTES Y SOBRE LA CANTIDAD DE HECTAREAS QUE SE REDUCE.- Lo primero que debe quedar establecido es que, la ley impugnada, n°9223, denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, contiene un único artículo que redefine los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Al redefinir dichos límites, lo que hace, en realidad, es reducir el área de dicho Refugio. Este refugio fue creado mediante decreto ejecutivo no.16614-MAG del 29 de octubre de 1985. Luego de su creación, mediante los artículos 3, 4, 5 y 7 del Decreto número 34043-MINAE publicado en La Gaceta número 202 del 22 de octubre de 2007 se pretendió reducir el área del refugio. Este último decreto fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, según se mencionó supra, que fue resuelta mediante el voto número 2009-001056 de las 14:59 horas del 28 de enero del 2009, declarándose con lugar la acción y procediéndose a anular dichos artículos, por cuanto, se violentó el principio de reserva legal y el derecho al ambiente. Así se dijo:
“De esta forma, al proceder el decreto impugnado a reducir los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Gandoca-Manzanillo viola el principio de reserva legal pues la reducción de tales límites sólo puede operar mediante una ley debidamente justificada al efecto. Además, se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. (…) De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales.” (resaltado no corresponde al original).
Luego de haberse declarado inconstitucional la reducción del Refugio realizada vía decreto, el día 21 de julio del 2011 fue presentado a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 18.207, para redefinir los límites del Refugio. Dicho proyecto fue aprobado en primer debate el 30 de agosto del 2012. Es enviado a la Sala Constitucional en consulta facultativa, la cual es resuelta mediante el voto número 12-013367 del 21 de setiembre del 2012, encontrándose inconstitucional el proyecto de ley consultado, por violación del artículo 50 debido a que la reducción del área del Refugio en cuestión se sustentó en un estudio incompleto al no determinar técnica y científicamente el impacto en el ambiente. Tal como se transcribió supra, dicho voto indicó lo siguiente:
“VII. Sobre el estudio técnico presentado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional del MINAET. En el expediente legislativo consta visible a folios 952 al 981 del tomo cuarto, el documento titulado “Criterio Técnico del Área de Conservación Amistad Caribe, SINAC-MINAET, respecto al proyecto de ley 18.207”, elaborado por el Área de Conservación La Amistad Caribe, Dirección Regional, Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciones, de 2012. (…) Llevan razón los consultantes al advertir que el Estudio omite analizar y pronunciarse sobre el impacto de la zona por desafectar en la zonas marinas y continentales del Refugio, dado que la misma constituye su enlace e incide en el equilibrio en la totalidad del Refugio. Tampoco examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre, ni determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida, ni mucho menos plantea medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general.
No se analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia. En síntesis, el estudio presentado, si bien relacionado con el tema, es manifiestamente incompleto puesto que las exigencias sustanciales derivadas de la propia materia que tutela, no se ven satisfechas. En efecto, el estudio técnico en cuestión omite demostrar cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado. Por otro lado, la regresividad en los niveles de protección debe estar plenamente justificada. El estudio tiene que justificar con criterio científico sustentado que la desafectación es una medida viable desde la perspectiva ambiental en el marco de una política de desarrollo sostenible, de lo contrario deviene en una transgresión del principio de no regresividad o irreversibilidad de la protección en los términos explicados supra y una violación material del principio de inderogabilidad singular de las normas.
Así las cosas, la falta de evidencia científica justifica fallar conforme al principio precautorio...” (resaltado no corresponde al original) Posteriormente, la Comisión de Agropecuarios aprobó moción el 20 de agosto del 2013 para solicitar al SINAC la elaboración del informe técnico ambiental correspondiente, el cual se presentó, en ese mismo año, denominado “Proyecto de ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur Expediente n°18.207”. Así entonces, el proyecto fue aprobado y entró a regir como ley el 08 de abril del 2014, ley n°9223. Ley impugnada en esta acción. De todo lo anterior se entiende que, la ley impugnada, redefine (reduce) los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Ahora bien, quedando establecido que la ley que se analiza, al redefinir los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, lo que hace en realidad es una reducción del área del refugio, conviene preguntarse si la ley es clara al indicar CUANTO es esa reducción? La respuesta es no, la ley no es clara al indicar cuánto es el área que se reduce del Refugio. Para saber entonces, cuánto es el área que se reduce, como la ley no lo indica, esta Sala acude al “Informe técnico” mencionado. Según dicho informe, se tiene que:
-La reducción implica un área total de 406.52 hectáreas, de las cuales 205.97 hectáreas corresponden a cobertura de bosque (folio 24 del informe), siendo que de ellas 17 hectáreas están dentro de la zona marítimo terrestre, según el informe de la Procuraduría.
Lo cual nos lleva a entender, en el mismo sentido en que lo expresó la Procuraduría General de la República en la vista, que de la totalidad del área que se reduce, aproximadamente la mitad es bosque. Al respecto, en la prueba solicitada, la Procuraduría General de la República informa que, resulta evidente la falta de sustento técnico para fundamentar la desafectación de la zona boscosa.
VII.ARGUMENTOS ADICIONALES A FAVOR DE LA PROTECCIÓN DEL REFUGIO NACIONAL DEL VIDA SILVESTRE GANDOCA-MANZANILLO (Redacta Magistrado Castillo V.)
La Sala Constitucional no ha reconocido de manera expresa el principio de no regresión en materia ambiental en su jurisprudencia. Sin embargo, en un fallo reciente hizo mención a este principio. El alto Tribunal manifestó que:
“(…) principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada.
El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud:‘…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales.
Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio’. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: ‘Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.’ (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10). En consecuencia, en aplicación de estos dos principios, la Sala Constitucional ha establecido que es constitucionalmente válido ampliar por decreto ejecutivo la extensión física de las áreas de protección (principio de progresividad); sin embargo, la reducción solo se puede dar por ley y previa realización de un estudio técnico ajustado a los principios razonabilidad y proporcionalidad, a las exigencias de equilibrio ecológico y de un ambiente sano, y al bienestar general de la población, que sirva para justificar la medida.
El derecho vale lo que valen sus garantías, por ello se produce una violación de estos principios cuando el estudio técnico incumple las exigencias constitucionales y técnicas requeridas. Si tal garantía resulta transgredida, también lo será el derecho fundamental que la garantía protege y es en esa medida, que la reducción de las áreas protegidas sería inconstitucional.
‘Se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. Sobre este tipo de propiedad recuérdese que es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial, pues se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres. Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal, la cual establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales.
De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales’. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1056-2009)” Con base en lo anterior, un área protegida solo se puede reducir si se hace mediante Ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se da una compensación del área suprimida con otra de igual tamaño o en la medida de lo posible.
Ahora bien, en el caso específico, la Procuraduría General de la República cuestiona que en el informe técnico que sirvió de fundamento a la Ley impugnada, no se justifica adecuadamente la exclusión de 406,32 hectáreas de la Llanura Costera Cocles-Manzanillo que se ordena. Asimismo, no se explica las razones por las que no se excluyeron únicamente los cuadrantes urbanos, sino, además, 188 hectáreas con cobertura de bosque, que quedan excluidas del Patrimonio Natural del Estado, ni forman parte de la Zona Marítimo Terrestre. En el informe remitido mediante oficio número SINAC-DE-0286 del 7 de marzo de 2019, la directora ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación explica que las 188 hectáreas que menciona la Procuraduría General de la República no constituyen un boque compacto, sino estructuras forestales de tipo bosque que, en su mayoría, se encuentran en propiedad privada. Sobre el particular, la explicación que da la directora ejecutiva resulta insuficiente para descartar la objeción externada por la Procuraduría General de la República, pues del estudio del expediente legislativo y la prueba aportada a los autos, no logra demostrarse fehacientemente que el área antes mencionada efectivamente esté conformada por terrenos de naturaleza privada, ya que, de ser así, no habría razón alguna para que dichos terrenos fueran sometidos a una desafectación.
Así, cabe recordar que los únicos terrenos que podrían ser desafectados son aquellos que son catalogados como bienes de dominio público, de ahí que hay una contradicción lógica cuando se sostiene que se trata de inmuebles de naturaleza privada que deben ser desafectados, tal y como lo afirma la autoridad recurrida en su informe. El anterior razonamiento se refuerza con base en lo que preceptúa el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley n.° 7554 de 4 octubre de 1995, cuando dispone lo siguiente:
“Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo. Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley.
Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo.
Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos”. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998) (Lo resaltado y en negritas no corresponde al original).
No hay que ser un observador muy agudo para concluir que, con base en la normativa legal vigente, las propiedades privadas no son parte del refugio -si las hubiese-, de ahí que resulta un contrasentido el desafectar áreas que son privadas. Estaríamos, pues, ante la existencia de una Ley irracional, si ese fuese el caso.
Ergo, si bien hay un informe técnico que justifica la promulgación de la Ley, lo cierto es que dicho estudio no logra descartar que la desafectación de los terrenos no vaya a provocar un daño al medio ambiente -lo no referente a los cuadrantes urbanos-. Desde una perspectiva lógica y acorde con el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), lo procedente era disponer únicamente la desafectación de los terrenos que conforman los pueblos que se ubican en la zona -pueblos originarios u otros asentamientos de población- o, eventualmente, excluir otras áreas de dominio público, siempre y cuando se acreditara que no se provocaría una afectación al medio ambiente y se diera la respectiva compensación. En ese sentido, tal y como se externó líneas atrás, no hay claridad sobre los terrenos que contienen bosque -si son parte del Patrimonio Natural del Estado o terrenos privados afectos a las limitaciones que prevé el ordenamiento jurídico ambiental, en cuyo caso era innecesaria la desafectación-, y que la Ley desafectó.
O una de dos: si trata de bienes privados sujetos a las limitaciones ambientales previstas por la legislación, la desafectación está demás; si se trata de un bien dominio público, la desafectación es insuficiente, porque no hay certeza sobre el no deterioro del ambiente y no se da la respectiva compensación del área. Ante esta duda razonable, lo que corresponde es aplicar el principio de in dubio pro natura, por lo que debe de considerarse a las 188 hectáreas como parte del refugio -bien demanial-, por lo que resulta improcedente su exclusión sin la respectiva compensación. Todo lo anterior, sin lugar a duda, resulta contrario de lo previsto por esta Sala en su jurisprudencia, de ahí que la norma legal impugnada resulte inconstitucional. Empero, la anterior conclusión debe matizarse, en el sentido de que, si hay terrenos privados dentro de esas 188 hectáreas, no es posible, a tenor de lo dispuesto en el numeral 45 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vulnerar el derecho de propiedad de sus propietarios.
Más aún, las 188 hectáreas forman parte del núcleo central de refugio de vida silvestre, el que está vinculado a un derecho fundamental reconocido a favor de quienes conforman la Nación costarricense -los que fueron, somos y serán-, así como los demás habitantes, por lo que estamos en presencia de una afectación gravísima al ambiente; máxime que este caso la Ley impugnada no hace la respectiva compensación de área y carece, como se explicó supra, de estudio técnicos para realizar la reducción del citado refugio.
Por otra parte, hay que aclarar que, de conformidad con la información que consta en el expediente, tanto legislativo como el judicial, no toda la normativa legal que se impugna es contraria al Derecho de la Constitución, toda vez que sí resulta procedente la exclusión del refugio de los cuadrantes urbanos -pueblos originarios o personas que incluso estaban ahí antes de que se creara el refugio-, por lo que no tendría sentido hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de toda la normativa. Más bien, y para lograr un justo equilibrio entre la protección del ambiente y las necesidades socioeconómicas de las personas, lo procedente es declarar la acción de inconstitucionalidad incoada, anulando de la norma únicamente en lo referente a los territorios comprendidos en la zona boscosa -188 hectáreas-, según lo dispuesto por la Procuraduría General de la República en sus informes y, por consiguiente, ordenar al SINAC que proceda a delimitar el área antes mencionada.
En el caso que se determine de que se trata de bienes de dominio público -no bienes de dominio privado-, el SINAC, en conjunto con el Abogado de Estado, deberá ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. En lo que atañe a los derechos de propiedad- si se llegasen a determinar- lo que corresponde es que las autoridades competentes impongan a las propiedades las limitaciones de interés social correspondientes en aras de la protección al ambiente.
VIII.SOBRE EL INNECESARIO ANÁLISIS DEL RESTO DE ALEGATOS.- Siendo todo lo anterior razones suficientes para considerar la inconstitucionalidad de ley impugnada, por la falta de sustento técnico, y encontrarse el vicio de forma señalado, carece de interés referirse en detalle al resto de alegatos, máxime que estos están referidos a aspectos que no fueron debidamente fundamentados en el escrito de interposición de esta acción. El resto de alegatos están referidos a que, la ley es inconstitucional porque se debía consultar a los pueblos indígenas, la ley contiene normas que afectan humedales y la zona marítimo terrestre. La Procuraduría General de la República indica en su informe que no se detalla en la acción, en qué consiste la afectación los pueblos indígenas, la cual no resulta evidente por cuanto, la Reserva Indígena Bribrí de Kekoldi no se traslapa ni está contigua al sector excluido del Refugio.
Asimismo, no se presentó prueba de que la ley per se afectara humedales o violara el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre. Indica la Procuraduría que la ley impugnada no contempla ninguna disposición relativa a la Zona Marítimo Terrestre, por lo tanto, no se puede quebrantar el principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre, ni tampoco se puede interpretar que, los terrenos excluidos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo por la Ley n°9223 que se encuentren ubicados en la franja de doscientos metros de ancho a lo largo del litoral, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria, así como las áreas ocupadas por los manglares y esteros (zona pública), y la franja de ciento cincuenta metros contigua a éstos (zona restringida), entre otros bienes, quedaron desafectados del régimen especial que cobija la zona marítimo terrestre.
Por ello, sin que se prejuzgue sobre el fondo de lo planteado, en cuanto a estos alegatos, procede desestimar el examen de estos alegatos en esta acción por cuanto, ya se determinó la inconstitucionalidad anterior. IX.- Conclusiones.- 1) En cuanto a los argumentos de falta de sustento técnico y de medidas de compensación, se constata que la Ley n°9223 “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur” implicó una reducción del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, con base en un estudio técnico insuficiente respecto de la zona boscosa, y que además, no contempló medidas de compensación. Lo cual se traduce en una violación al derecho al ambiente, a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, objetivación, precautorio, correspondiendo la declaratoria con lugar, tal como se indica en la parte dispositiva de esta resolución. 2) En cuanto a los argumentos de falta de consulta a pueblo indígena, afectación de humedales y de zona marítimo terrestre, no se analizan por cuanto, ya se determinó la inconstitucionalidad por el procedimiento, además, no se fundamentó ni acreditó que la ley debiera ser consultada a pueblos indígenas, o que la normativa per se implique una afectación a humedales o zona marítimo terrestre.
X.NOTA DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO.- Consigno la presente nota porque considero que la insuficiencia del informe técnico, en este caso, va más allá de la falta de fundamentación del área boscosa, sino que tampoco hubo el debido respaldo técnico para la desafectación del área urbana. A veces las necesidades políticas, las urgencias que imponen, inciden también en el criterio técnico. Es la eterna tensión ente el político y el científico, recordando el título de una obra de Max Weber. Las inconsistencias que aprecio, las detallo a continuación:
Así se procede al examen del alegato sobre la insuficiencia de los estudios técnicos que sustentaron la reducción de la superficie del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, por medio de la Ley “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, No. 9223 de 20 de marzo del 2014. Ante ello, se tiene a la vista varias preguntas que debieron haber sido respondidas en el informe técnico (1), las posiciones de cada uno de los sujetos que han sido llamados a pronunciarse al respecto (2), para finalmente puntualizar los aspectos del informe que considero como insuficientemente fundamentados (3).
-¿Analiza y se pronuncia sobre el impacto de la zona por desafectar en las zonas marinas y continentales del Refugio?
-¿Examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre?
-¿Determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida?
-¿Plantea medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general?
-¿Analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia?.
-¿Demuestra cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado?
-¿Justifica técnicamente la desafectación para el reconocimiento de los derechos de pobladores costeros del Caribe Sur en aquellas áreas urbanas que venían habitando desde antes de la declaratoria del Refugio? Es decir, ¿La justificación técnica del informe para la desafectación de las hectáreas urbanas se fundamentó en un censo fehaciente de los pobladores con anterioridad a la declaratoria del Refugio en 1985?
-¿Cuál es la justificación técnica que da el informe para la desafectación de las 205.97 hectáreas de cobertura boscosa?
Para ver si el informe responde a tales preguntas resulta entonces indispensable tener a la vista con detalle el mencionado “Informe Técnico” elaborado por el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC) en el año 2013, denominado “Proyecto de ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur Expediente n°18.207”. Y además, tener a la vista lo que al respecto informa el SINAC, la PGR y la UNA (en la prueba solicitada), e incluso, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Parecen interrogantes complejos, pero no lo son, porque la relevancia del tema que se tutela, amerita un cuidadoso análisis, sin pretender fundarse en argumentos crípticos.
(…) El estudio técnico aportado por el SINAC a solicitud de la Asamblea Legislativa constituye la justificación técnica que dio soporte a la desafectación adoptada por los diputados en la ley objeto de esta acción.” Por su parte, la Procuraduría General de la República, indica lo siguiente: En relación con el criterio aportado al expediente legislativo con posterioridad a esta sentencia, incorporado en sus folios 1394 y siguientes, cabe hacer algunas observaciones para constatar la existencia del fundamento técnico y científico, así como valorar si se cumple el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Indica con detalle las siguientes observaciones:
-No se justificó la desafectación de 205 ha de bosque : No razonabilidad ni proporcionalidad pues solo se justifica desafectar el área urbana de 233.41 hectáreas, quedando sin sustento técnico la desafectación del resto, 205 hectáreas de bosque.
-No toda el área desafectada es ZMT : No puede ser cierto que los terrenos desafectados quedarían bajo las restricciones de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, puesto que, la porción excluida del Refugio en la Ley No. 9223 no es solamente Zona Marítimo Terrestre, sino que se desafectó una franja que puede medir en algunos puntos hasta 500 metros tierra adentro a partir de la Zona Marítimo Terrestre.
-No se analiza impacto en los dos parques de mangle: No se analiza ni descarta el impacto sobre los dos parches de mangle que se identificaron en la zona sustraída del Refugio, los cuales se califican como “en estado crítico de conservación”, indicándose que “no se ha evidenciado un crecimiento en términos de cobertura a lo largo del establecimiento del refugio, pero se ha mantenido” (folio 1411).
-No se incluyen manglares en el Patrimonio Natural del Estado: En la determinación del Patrimonio Natural del Estado, se identificaron las áreas que cumplen la definición de bosque de la Ley Forestal (punto 4 del folio 1557), sin embargo no se incluyeron los manglares, que también forman parte del Patrimonio Natural del Estado, sea cual sea su extensión (artículo 13 de la Ley Forestal y Manual para la clasificación de tierras dedicadas a la conservación de los recursos naturales dentro de la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica, Decreto No. 36786-MINAET del 12 de agosto del 2011, artículo IV.u).
-No se evidencia cómo se concluye que las zonas de arrecife contigua a la zona excluida no serán afectados: Los diferentes tipos de arrecifes de coral presentes en las zonas adyacentes a la zona 1 del RNVS-GM, son ecosistemas diversos, bien desarrollados, con especies únicas en el Caribe del país, con alto grado de fragilidad actual y que en el presente se encuentran en un proceso de recuperación. Sin embargo, se indica en el informe que la modificación de los límites no los afecta, pero no queda claro cómo llegaron a esa conclusión. Igual sucede respecto de los pastos marinos, que se ubican en la zona 10, contigua a la zona excluida, ecosistema asociado a las tortugas marinas, y cuya principal causa de disminución se dice que “son las actividades antropogénicas, como la sedimentación causada por la deforestación y la excesiva descarga de nutrientes en las aguas costeras” (folio 1436). Además, se afirma que “Un plan de manejo de los bosques aledaños a la costa evitaría la entrada de nuevos sedimentos a los arrecifes” (folio 1421), pero no se considera que dicha planificación podrá implementarse por el SINAC cuando los terrenos estén fuera del Refugio.
Según el mapa del folio 1513 y lo indicado en el punto 4 del folio 1514, la zona excluida del Refugio no comprende humedales inscritos en la lista Ramsar, sin embargo, en el informe también se indica que todo el Refugio está calificado como Sitio Ramsar de importancia internacional; además, el denominado Humedal Arrecife Coralino o Pastos Marinos y Arrecifes (zona 10) está contiguo a una porción del área excluida, entre las coordenadas geográficas verticales 646 y 648, aproximadamente, y como la Convención en su artículo 2 dispone que los límites de los humedales incluidos en la lista “podrán comprender las zonas de las orillas o de las costas adyacentes a la zona húmeda”, podría haber un traslape.
-Áreas con amenazas potenciales no podrán ser incluidas en Plan de Manejo una vez que dejen de formar parte del Refugio: En los anexos se transcribe, en relación con la Zona Marítimo Terrestre Cocles Manzanillo (excluida), que “hay que tener cuidado…con la capacidad de carga de las playas” y se identifica como amenazas potenciales principales para esta área: “el desarrollo de proyectos turísticos tradicionales de gran impacto”, indicando que el establecimiento de un Plan de Manejo por parte del MINAE a partir de 1996, “permitió neutralizar” esas amenazas potenciales, que los caminos de acceso a la playa fueron regulados, no permitiéndose nuevos desde su vigencia, y que también se prohibió la extracción de arena de las playas (folios 1499 y 1500). Sin embargo, no se toma en cuenta que tal planificación no podrá implementarse por el SINAC cuando los terrenos estén fuera del Refugio.
-Falencias de los mapas sobre tenencia de la tierra. SOBRE LA ZONA BOSCOSA: existe un estudio de tenencia de la tierra del área desafectada. Sin embargo, no está completo, hay terrenos de los cuales no se dispone información. Del área con cobertura boscosa hay información catastral-registral de aproximadamente 40 fincas, e información catastral de 10 terrenos sin inscribir, de los cuales no se encontró información adicional a la catastral. Se desconoce si actualmente están siendo ocupados por las personas identificadas en el Anexo 8, o bajo qué título ocupan, debido a que un plano castrado no demuestra la posesión de un terreno. De 4 terrenos en áreas boscosas no hay información disponible. En los sectores boscosos desafectados por la Ley n°9223 se identificaron 4 procesos judiciales en los cuales la Procuraduría ha participado. En esas informaciones posesorias la Procuraduría solicitó la improbación por no haberse demostrado la usucapión previa a la creación del Refugio.
SOBRE LA ZONA URBANA: no se puede determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur. En criterio de ese órgano asesor no sería conforme a la Constitución interpretar que los terrenos excluidos del Refugio quedaron desafectados de cualquier otro régimen especial como el de la zona marítimo terrestre, dado que no opera una desafectación implícita. La lista de folios 1566 a 1569 del expediente legislativo, calificada como censo en la página 65 del informe del SINAC, no es fidedigna en identificar a los pobladores con anterioridad a 1985 y o queda clara su cobertura respecto del área finalmente excluida por la Ley n°9223. No contamos con la información para calificar la legítima o ilegítima la ocupación de la población establecida con posterioridad a la declaratoria del Refugio.
Como se aprecia, son cuestionamientos medulares, que no deben quedar en una nebulosa carente de respuesta.
Respecto de tales observaciones, la respuesta del SINAC, luego de la vista realizada, es la siguiente:
-Sobre la exclusión de 188 ha con cobertura de bosque, indica que el informe técnico sí procedió a establecer las características de la zona que se vería afectada. Que no se trata de un bloque compacto de 188 has cercenado al refugio, sino que se distribuyen a lo largo de la zona afectada y sus comunidades. Sobre esta justificación, considero que subsiste la observación de la PGR, en el sentido de que NO hay una buena respuesta técnica, y por tanto, razonabilidad, para haber incluido esas hectáreas dentro de la desafectación o exclusión del Refugio. No se exponen los motivos de la desafectación de tales hectáreas de bosque, máxime cuando se indica, según se dijo, que la razón de ser de la desafectación es devolver áreas urbanas a los pobladores.
-Que no compete a un informe técnico hacer un estudio sobre el estatus de la legalidad de las posesiones ni sobre su origen. Respecto de este argumento, subsiste la observación de la PGR. Si la ley se sustenta en el “reconocimiento de los legítimos derechos de los habitantes y de los poblados costeros del Caribe Sur” (ver artículo 1 de la Ley impugnada), tal como además se indica en la exposición de motivos: “El objeto del proyecto de ley es reconocer los legítimos derechos de la comunidad Afrodescendiente y de los pobladores costeros del Caribe Sur.”, resulta lógico suponer que debió haber un censo de cuáles y cuántos eran esos “legítimos derechos”. Así que, en este caso concreto, sí resultaba necesario e indispensable que el informe técnico se refiriera a la determinación de cuáles eran esos legítimos derechos, con el fin de evitar, que se hayan desafectado áreas que NO correspondían a legítimos derechos, por ejemplo.
En este sentido, no pasa desapercibido que pudiera haber cierta razonabilidad en desafectar las zonas urbanas ocupadas antes de 1985 (fecha en la cual se creó el Refugio), sin embargo, la ley impugnada no sólo desafecta más allá de esas áreas urbanas, sino que, al no tener claridad sobre las zonas urbanas desafectadas, no se puede tener certeza de que estas hayan sido ocupadas, ciertamente, con anterioridad a 1985 y por pobladores originarios de la zona. No se trata de crear autorizaciones que desafecten respecto de personas sobre las que no existe una clara identificación que permita establecer con son pobladores originarios. Es parte de la exigencia técnica del informe. Véase el anexo 3 del informe técnico (folio 1559 y 1566) referido a la tenencia de la tierra, dentro y fuera de la Zona Marítimo Terrestre, donde se observan: nombres de poseedores extranjeros, poseedores que son sociedades comerciales, poseedores con posesiones menores a los 30 años (es decir, después de 1985, con lo cual se entiende que ingresaron a las propiedades del Refugio con posterioridad a su creación).
En función de una legítima reivindicación, no puede existir tanta imprecisión y laxitud. Es claro que en muchos casos no se trata de pobladores originarios, con posesiones anteriores a la creación del Refugio en 1985, así que la Ley estaría desafectando hectáreas de un Refugio para “tutelar” posesiones ilegales, lo cual es abiertamente inconstitucional. Con lo cual, además, la ley no está cumpliendo los fines que se propuso en la exposición de motivos, de reivindicar a los poseedores originarios, pues hay una manifiesta imprecisión en las personas que se benefician con la ley. Véase además lo concluyente del informe de la Procuraduría cuando indica que la lista sobre tenencia de la tierra de folios 1566 a 1569 del expediente legislativo, calificada como censo en la página 65 del informe del SINAC, no es fidedigna en identificar a los pobladores con anterioridad a 1985 y no queda clara su cobertura respecto del área finalmente excluida por la Ley n°9223; además, no cuentan con la información para calificar la legítima o ilegítima la ocupación de la población establecida con posterioridad a la declaratoria del Refugio. La legitimidad y pertinencia de la identidad de los pobladores originales, es un tema nuclear en esta desafectación de una zona dedicada a la tutela del ambiente.
-La información ofrecida por el informe técnico es suficiente para respaldar la conclusión de que el recurso arrecifes de coral no se está afectando por la delimitación de la ley. El principal ecosistema de mangle que protegió la declaración del Refugio tiene una extensión de 200 ha, está ubicado en la Laguna Gandoca, bajo las categorías de PNE y de Humedal RAMSAR. Se ubica a muchos kilómetros al sureste de la zona afectada por la Ley 9223. Sobre este punto, subsiste la observación de la PGR, en el sentido que, decir que un estudio es suficiente, evidentemente no basta, para que en efecto lo sea, debe ser amplio en sustento y justificaciones y estas son precisamente de las que carece el informe técnico en cuestión.
A mayor abundamiento, deben agregarse las observaciones realizadas por la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, cuando indica, sobre el informe técnico que: hay inconsistencias entre la cartografía y el informe en cuanto al área de reducción del Refugio, no hay datos suficientes para valorar la biodiversidad, el área desafectada incluyó tanto zona marítimo terrestre como tierra adentro, el informe técnico no es consistente con la información obtenida a partir del análisis espacial realizado con las capas que el SINAC aporta, el informe técnico no evalúa el impacto en el ambiente y los ecosistemas, con la desagregación del área terrestre contigua al área marina protegida, es probable que se elimine la zona de amortiguamiento para los ecosistemas marino-costeros. Esta desagregación tendría un potencial efecto negativo sobre los ecosistemas, especialmente para los coralinos debido a su fragilidad biológica. Son dudas muy razonables y evidentes, y bien sabemos que en la duda, se impone el principio de tutela.
Asimismo, lo que indica el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, mediante oficio CON-005-2014-J del 18 de febrero del 2014, es decir, con anterioridad a la aprobación de la ley impugnada. Allí indica: “… esta Asesoría considera que tampoco en esta ocasión se está en presencia de un estudio específico sobre el tema de la reducción del área descrita en el artículo 1 del Proyecto y el impacto de la desafectación, por lo tanto, no satisface los requerimientos del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 50 constitucional y el Derecho Internacional Ambiental.” (folio 1781 del expediente legislativo).
-No se analiza el impacto de la zona por desafectar en las zonas marinas y continentales del Refugio: No se examina el impacto en el corredor biológico sobre los acuíferos y la vida silvestre. No se determina el valor ecológico de la zona por desafectar dentro de la totalidad del área silvestre protegida. No se analiza el impacto en los humedales RAMSAR a fin de cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por Costa Rica y evitar cualquier responsabilidad del Estado por incumplimiento de los instrumentos internacionales sobre la materia. No se demuestra cómo, a pesar de la reducción, el Refugio continúa conservándose sano y ecológicamente equilibrado. Además, tal como lo indica la PGR en su informe, no se analiza ni descarta el impacto sobre los dos parches de mangle que se identificaron en la zona sustraída del Refugio, los cuales se califican como “en estado crítico de conservación”.
Según el mapa del folio 1513 y lo indicado en el punto 4 del folio 1514, la zona excluida del Refugio no comprende humedales inscritos en la lista Ramsar, sin embargo, en el informe también se indica que todo el Refugio está calificado como Sitio Ramsar de importancia internacional; además, el denominado Humedal Arrecife Coralino o Pastos Marinos y Arrecifes (zona 10) está contiguo a una porción del área excluida, entre las coordenadas geográficas verticales 646 y 648, aproximadamente, y como la Convención en su artículo 2 dispone que los límites de los humedales incluidos en la lista “podrán comprender las zonas de las orillas o de las costas adyacentes a la zona húmeda”, podría haber un traslape.
-No se individualiza el impacto de la medida legislativa en el Refugio respecto de los objetos de conservación: En el folio 18 se mencionan los objetos de conservación (manglares, pantanos, bosques, arrecifes, etc) pero no se indica en concreto como tales objetos serían afectados con la reducción del Refugio. Tal como lo indica la PGR en su informe, no se evidencia cómo se concluye que las zonas de arrecife contiguo a la zona excluida no serán afectadas. Los diferentes tipos de arrecifes de coral presentes en las zonas adyacentes a la zona 1 del RNVS-GM, son ecosistemas diversos, bien desarrollados, con especies únicas en el Caribe del país, con alto grado de fragilidad actual y que en el presente se encuentran en un proceso de recuperación. Sin embargo, se indica en el informe que la modificación de los límites no los afecta, pero no queda claro cómo llegaron a esa conclusión. Igual sucede respecto de los pastos marinos, que se ubican en la zona 10, contigua a la zona excluida, ecosistema asociado a las tortugas marinas.
Y tal como lo indica la UNA en su informe, con la desagregación del área terrestre contigua al área marina protegida es probable que se elimine la zona de amortiguamiento para los ecosistemas marino-costeros, siendo que esta desagregación tendría un potencial efecto negativo sobre los ecosistemas, especialmente para los coralinos debido a su fragilidad biológica.
-No hay ninguna medida de compensación: El informe técnico no especifica recomendaciones para evitar riesgos, prever efectos negativos o adversos, o las medidas de mitigación, conservación o reparación. No se plantean medidas o recomendaciones orientadas a disminuir cualquier impacto negativo sobre el Refugio en general. El estudio no es específico pues no evalúa el impacto ni emite las recomendaciones para evitar riesgos, prevenir efectos negativos o adversos o bien plantear las medidas de mitigación, conservación o reparación correspondientes.
-Falta total de fundamentación sobre la desafectación del área boscosa: si el proyecto de ley que dio origen a la ley cuestionada indica que se pretende restituir a los ocupantes de las zonas urbanas, creadas con anterioridad a la creación del Refugio en 1985, no se justifica que se haya desafectado zona boscosa (y por tanto no urbanizada). Tal como lo indica la PGR en el informe solicitado, queda sin sustento técnico la desafectación del resto, 205 hectáreas de bosque. Siendo que, en los sectores del área desafectada con cobertura boscosa se identificaron cerca de 40 fincas, y al menos 14 terrenos sin constancia de estar inscritos. Del área con cobertura boscosa hay información catastral-registral de aproximadamente 40 fincas, e información catastral de 10 terrenos sin inscribir, de los cuales no se encontró información adicional a la catastral. Se desconoce si actualmente están siendo ocupados por las personas identificadas en el Anexo 8, o bajo qué título ocupan, debido a que un plano castrado no demuestra la posesión de un terreno.
De 4 terrenos en áreas boscosas no hay información disponible. En los sectores boscosos desafectados por la Ley n°9223 se identificaron 4 procesos judiciales en los cuales la Procuraduría ha participado. En esas informaciones posesorias la Procuraduría solicitó la improbación por no haberse demostrado la usucapión previa a la creación del Refugio.
-Falta de fundamentación sobre la desafectación del área urbana: resulta evidente que, para poder cumplir con lo indicado en la exposición de motivos del proyecto de ley que dio origen a la ley cuestionada, debía haberse determinado de previo quiénes son las personas que ostentan “los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur”. Sin embargo, tal como lo indicó la PGR en el informe solicitado, en la documentación disponible en el expediente legislativo no se puede determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente que son pobladores costeros del Caribe Sur. Lo anterior, por cuanto en los listados de terrenos sin inscribir y de fincas inscritas aparecen los nombres de establecimientos comerciales o personas jurídicas de los cuales se desconoce quiénes son los propietarios o los socios.
Así que, tampoco se logró fundamentar en un censo fidedigno sobre la tenencia de la tierra para en efecto determinar con claridad quiénes son las personas que ostentan los legítimos derechos de la comunidad afrodescendiente y otros, que son pobladores costeros del Caribe Sur con anterioridad a 1985, fecha de creación del Refugio. Agrega la PGR que conserva las mismas dudas planteadas sobre la frase del informe: “De las 406.21 has que el Proyecto de Ley propone desafectar, 233.41 hectáreas, corresponde a las propiedades censadas. Estas últimas equivalen al 34.34% de la Zona 2”, debido a que no se ha aportado información adicional ni explicación al respecto. Por otra parte, no hay sustento probatorio de la información consignada en la lista de folios 1559 a 1569 del expediente legislativo, calificada como censo por el SINAC. No hay constancia de si el tiempo de ocupación consignado en los folios 1566 a 1569 proviene del dicho de los mismos ocupantes, o de elementos objetivos debidamente documentados.
Respecto de esta lista, en el informe SINAC-DE-0286 del 7 de marzo del 2019 únicamente se afirma que: “Se admite que el no haber aclarado que el censo aportado por las organizaciones comunales, que aparece a folios 1558 a 1569, constituía solamente un insumo de referencia parcial sobre tenencia y antigüedad, llama a confusión y podría justificar las observaciones e interrogantes.” Las interrogantes no han sido aclaradas. La afirmación contenida en la página 65 del Informe en el sentido de que “el 49% de la población está establecida antes de la declaratoria del Refugio en 1985” admite la interpretación “a contrario sensu” de que el 51% restante se estableció después de la declaratoria del Refugio. Sin embargo, no contamos con la información para determinar si ese 51% puede calificarse como ocupantes ilegítimos, o contaron con algún título o autorización administrativa que legitimara la ocupación de las tierras.
Lo anterior agrega incerteza sobre la superficie a la cual se refiere la lista denominada censo y el informe remitido por el oficio SINAC-DE-1972 en relación con el área que finalmente fue excluida del Refugio. Ante una desafectación que favorece a un grupo de ciudadanos, éstos deben identificarse claramente, porque no se justifica la desafectación frente a situaciones de hecho que no se ajustan a la propia justificación de la ley, que es reivindicar a los pobladores originales antes de la declaratoria de Refugio de 1985.
-No se justifica científicamente la medida de reducción, ni se demuestra cómo la medida que se toma continúa satisfaciendo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el marco de una política de desarrollo sostenible. Únicamente se indica que lo desafectado eran zonas urbanas, pero ya se evidenció que también se desafectó área de bosque, que no hubo un censo fidedigno de esas áreas urbanas, y que tampoco se analizó el impacto de la desafectación de esas áreas urbanas. No basta con indicar que por ser áreas urbanas, no habría impacto alguno con la desafectación. Pues resulta evidente que, aunque sean áreas urbanas, al estar contiguas al resto del Refugio, se produce un impacto sobre él.
Con lo cual, tal sustento técnico plantea muchos vacíos, omisiones, dudas y observaciones, que lo hacen insuficiente para justificar la reducción de esas 406.52 hectáreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
En síntesis, el estudio presentado, si bien se vincula con el tema, es manifiestamente incompleto, puesto que las exigencias sustanciales derivadas de la propia materia que tutela, no se ven satisfechas. Quedando muchas dudas, vacíos y omisiones, en detrimento del derecho al ambiente. Conforme a los argumentos expuestos, la falta de evidencia científica de la ley impugnada, que pretende reducir el área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, justifica que se resuelva conforme al principio precautorio y se tenga, igualmente en esta ocasión, que la reducción en cuestión, resulta inconstitucional. Inconstitucionalidad que se ratifica con la ausencia de medidas de compensación, según se explica a continuación. La reducción de un área protegida o cualquier otra zona dedicada a la tutela del ambiente, requiere un estudio técnico que no contenga omisiones, interrogantes o inconsistencias, tal como las que he mencionado.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Nancy Hernández L. Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G. Hubert Fernández A.
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ Y LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y ARAYA GARCÍA CON REDACCION DE LA PRIMERA:
Nos separamos de la decisión tomada por la mayoría del Tribunal y declaramos sin lugar la acción planteada con la explicación que se dirá, todo con fundamento en las siguientes consideraciones: el objeto de la acción es la ley número 9223 mediante la que la Asamblea Legislativa, redefinió los límites territoriales de un territorio sometido a la categoría de manejo denominada “refugio de vida Silvestre”. Con ello dejó por fuera de tal categoría a determinadas zonas urbanas y tierras aledañas en la zona de Caribe Sur, lo cual ha originado fundamentalmente un reclamo por lesión al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, la condición histórica de los asentamientos urbanos en la región, reconocida por el Estado desde en el propio decreto de creación, las particularidades de todo el actuar estatal en relación con la zona específica -incluyendo las intervenciones anteriores de este Tribunal- y las conclusiones y criterios técnicos, en los que se ha apoyado la decisión legislativa, permiten sostener, desde nuestra perspectiva, la legitimidad constitucional del balance realizado por el legislador respecto de los distintos derechos constitucionales en conflicto.
No se incumple tampoco con lo estatuido en el Convenio 169 de la OIT ni las obligaciones contenidas en la normativa internacional vigente en Costa Rica sobre la protección de las zonas de manglares y -desde esa perspectiva- nada obsta para que las autoridades estatales competentes, cumplan con su poder-deber, y ejecuten las acciones necesarias para para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en la zona protegida, de conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento. Las razones para esta conclusión son las siguientes:
A. Aspectos fácticos relevantes.
1. De los diferentes documentos aportados tanto a este expediente judicial como, en su momento, al expediente legislativo, ha quedado demostrado que para el año 1985, mediante decreto Ejecutivo número 16614-MAG del 20 de octubre de 1985, (en adelante solamente Decreto 16614) las autoridades del Poder Ejecutivo, decretaron la creación de lo que hoy se conoce como Refugio de Vida Salvaje Gandoca Manzanillo, (en adelante RVS-GM o simplemente “el refugio”) y delimitaron sus linderos.
“Artículo 18.- Son refugios nacionales de fauna silvestre los que el Poder Ejecutivo declare como tales, para la protección y la investigación de la flora y la fauna silvestre, en especial de aquella en vías de extinción.
Queda autorizado el Poder Ejecutivo para establecer, dentro de las reservas forestales y en terrenos particulares, áreas bajo la clasificación de refugios nacionales de fauna silvestre, las que, para efectos de conservación de la fauna silvestre, quedarán bajo la administración del Departamento de Vida Silvestre de la Dirección General Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
El Poder Ejecutivo exonerará del impuesto territorial los terrenos sometidos a este régimen.
El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, queda autorizado para expropiar aquellos terrenos de particulares que, por la importancia de la fauna y la flora contenidas en ellos, muestren las condiciones necesarias e idóneas para el establecimiento de los refugios nacionales de fauna silvestre.”
“Artículo 5°—La Dirección General de Catastro Nacional está autorizada para realizar el levantamiento de la cartografía catastral y el registro de oficio de los planos individuales necesarios para desarrollar el proyecto de titulación dentro del área del Refugio y el de las comunidades aledañas de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo.” (el destacado no es del original) “Artículo 6°- Las áreas que, de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, estén comprendidos dentro de las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, no estarán sometidas a las regulaciones del presente Decreto.” (el destacado no es del original)
-el Decreto 23069-MINAE del año 1994, emite reglas para ordenar la visitación para el avistamiento de tortugas y de paso, deroga el artículo 6 del decreto original, Empero deja vigente el numeral 5 que autorizaba a que se hiciera levantamiento catastral para efectos de “titulación” -posteriormente, el Decreto número 29019-MINAE de 2000 reforma ampliamente el decreto antes dicho (23069) en el tema de la visitación y explotación y por ello al final de su texto -de manera general- deroga el decreto 23069.
-para el año 2005 se emite el Decreto Ejecutivo 32753- que se justifica señalando que debe entrar a regular de nuevo la cuestión de la titulación en la zona del Refugio, así como la exclusión de las áreas urbanas de éste, por entender que -consecuencia las ratificaciones y derogatorias recogidas en los dos decretos antes citados se ha reactivado la exclusión original contenida, es decir la ordenada en el artículo 6 del Decreto 16614. Agrega que, la exclusión reactivada se estima una reducción contraria a la ley Orgánica del Ambiente porque no se hizo con estudios técnicos, por lo que se emite una “ratificación” del decreto original (16614) pero quitándole los artículos 5 y 6 originales. (arriba transcritos)
“VII.- Sobre la inconstitucionalidad de los artículos 3°, 4°, 5° y 7° del Decreto n°34043-MINAE.- Tal como se expuso, al derogarse artículo 6º del Decreto Ejecutivo, N° 16614-MAG (mediante el artículo 2° del Decreto Ejecutivo no. 32753 del 16 de mayo del 2005) se incluyeran las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Sin embargo, mediante el artículo 3° del Decreto impugnado, que vuelve a traer a la vida jurídica el derogado artículo 6º, las áreas urbanas de dichas comunidades quedaban nuevamente excluidas de los límites del Refugio, lo que implicó su reducción. Esta situación, no sólo violenta el principio de reserva legal sino el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”
“(…)
Como se indicó, los esfuerzos para la determinación científica de los recursos naturales del recién creado Refugio, tanto los marinos, como los continentales, se llevan a cabo a partir de la declaración. Numerosas instituciones de Gobierno (Mirenem, MAG, IDA, IGN, GAR, INVU, UCR, UNA), así como organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales (UICN, Jessie Smith Noyes Foundation, WWF, ASDI, Cooperación Holandesa, CRS, TNC, ANAI, CATIE, ICFID-Cidesa, Asacode, CBTC, entre otras), viertes sus resultados en “capacitación y propuestas de alternativas para el desarrollo sostenible pretendido”. Todos los estudios técnicos y científicos de este proceso, confirmaron la perfecta compatibilidad entre la ubicación y vocación de las áreas de asentamientos humanos preexistentes y aquellas de los recursos naturales a proteger. (anexos 11 a 13) (el subrayado no es del original) Este singular proceso, difícilmente igualado en ninguna otra área silvestre protegida del país, culmina con una planificación o Plan de Manejo, de acuerdo con los términos exigidos por la Ley, gestionado por el Minae al amparo del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre el Gobierno de la República y el BID (Proyecto ATN/JF-3917-CR).
El Minae abre un concurso internacional que es ganado por el Programa de Estudios Ambientales (ProAmbi) de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Esta organización efectúa el diagnóstico más profundo y detallado realizado hasta el momento en el país para un área silvestre protegida, ejecutado por un numeroso equipo de reconocidos científicos de la Universidad de Costa Rica, durante cerca de dos años. Este diagnóstico también contó con la participación y colaboración de todos los técnicos y especialistas del Área de Conservación Amistad Caribe/Minae. (anexos 14 a 16) (el destacado no es del original) La reglamentación correspondiente se oficializa mediante el Decreto Ejecutivo N.º 34946-Minaet, publicado en el Alcance N.º 55 a La Gaceta N.º 248,de 23 de diciembre de 2008, después de que el Plan de Manejo es conocido y aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (Conac), el Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (Corac) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), según lo dispone la Ley de Biodiversidad N.º 7788, particularmente en sus artículos 25, 30 y 22, párrafo 1º.
(anexo 17) (el destacado no es del original) Al igual que todos los estudios y diagnósticos anteriores, los realizados por la Universidad de Costa Rica avalaron y respetaron la condición de origen de que las comunidades de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo estaban consideradas como aledañas al Refugio. Por ello, ante la persistencia del error en la definición de los límites (artículo 1º del Decreto N.º 16614-MAG), respecto a los asentamientos humanos de Manzanillo, se dio una planificación y uso típicamente urbanos con alto contenido ambiental (usos: residencial, residencial urbano, residencial recreativo, hotelera turística, hotelera especial, comercial, comercial urbana, institucional, etc.), reconociendo sus derechos y previendo la eventual, necesaria e inminente corrección del error. Las restantes 14 zonas en que fue dividido el Refugio son planificadas con base en el cuidadoso manejo y uso sostenible de los recursos naturales marinos y terrestres. (Anexo 18)” (el destacado no es del original)
B. Sobre el fondo del caso.
B-1 El enfoque apropiado para la resolución del reclamo relativo a la lesión al derecho a un ambiento sano y ecológicamente equilibrado.
“II. Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. (…)(L)a persona forma parte del Ambiente, lo integra, de allí que su protección, supone la conservación del contexto esencial para la vida humana y por el contrario, una conducta con efectos negativos sobre él, supone un peligro para la propia existencia humana y una reducción o pérdida del “mayor bienestar” de todos. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado que “el ser humano no se desenvuelve de manera autárquica, sino que su bienestar guarda inmediata relación con la naturaleza que le rodea. Esa interdependencia entre el ser humano y la naturaleza comprende aspectos que exceden la mera preservación de recursos para garantizar el desarrollo económico de la sociedad humana. En realidad, la interacción “naturaleza-ser humano” conforma un fenómeno unitario, un proceso único de influencia recíproca, en el que uno actúa sobre el otro y simultáneamente ambos necesitan uno del otro para su propia supervivencia.” (Sentencia de la Sala Constitucional No. 2012-004620).
El “ambiente” objeto del derecho fundamental, no es la suma o yuxtaposición de recursos, más bien se refiere a las interrelaciones y equilibrios, a la idea de sistema. La ecología como ciencia nos enseña que la naturaleza debe ser concebida como un sistema. La naturaleza consiste en las relaciones de los organismos con el mundo exterior en la lucha por su existencia. En lugar determinado se da una biocenosis (vida común) o comunidad de vida, que involucra un cierto número de especies e individuos que se influyen mutuamente. (…) Así que en la comunidad se da un cierto orden que trae un resultado beneficioso para cada especie, porque genera la productividad y estabilidad máxima del conjunto. Como todo sistema se caracteriza no solo por la interacción entre sus elementos, sino también porque produce un resultado global o general relativo a todo el sistema: su propia existencia, que es lo que podemos llamar equilibrio dinámico, comprendido dentro del concepto de “equilibrio” que exige la Constitución…”
“A.- Todo lo anterior, ofrece la oportunidad de replantear el tema, a la luz de las nuevas soluciones a las problemáticas sociales que quedaron más que evidenciados en la vista que realizó esta Sala, especialmente cuando por la naturaleza de la norma, se pueden otorgar derechos reales administrativos con implicaciones sobre el Derecho urbanístico y ambiental, lo que involucra algunos temas que han ocupado a este Tribunal. Además, estamos ante una ley para solucionar una problemática social que a diario viven los pobladores de la zona marítimo terrestre, la que ejerce presión sobre los recursos naturales, y que requiere, necesariamente, de una ponderación de los derechos fundamentales en juego y de una adaptación del aparato institucional. (…).” “B.- Sobre el control a posteriori de constitucionalidad.- (…) El punto que debe dilucidar este Tribunal Constitucional radica en determinar si tales efectos sobre el área pública necesariamente implican una inconstitucionalidad insalvable, esta vez interpretado a la luz de la necesidad imperiosa del Estado de ejercer una tutela sobre las políticas de un ordenamiento territorial, que de solución a los problemas de aglomeración de las personas en núcleos de población de hecho, y del derecho a una vivienda digna contenido en los artículos 50, 51 y 65 constitucionales, así como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el numeral 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el numeral 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 8 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.” “C.- El ordenamiento territorial como garantía de defensa del ambiente y del ser humano.- …(T)enemos que reconocer que el Derecho urbanístico difícilmente puede concebirse hoy en día desvinculado de los criterios de defensa del medio ambiente, pues más allá de la finalidad de crear mejores relaciones entre la naturaleza y los habitantes de un lugar, al establecer normas de higiene y de la salubridad pública, o mejoramiento de los cuadrantes de una ciudad, se busca, sobre todo, una sostenibilidad ambiental mientras se desenvuelve una determinada comunidad.
¿Pero qué sucede cuando en países de ingreso medio a bajo, especialmente en algunas áreas costeras yacen comunidades marginales o excluidas de los beneficios del desarrollo de nuestro país, donde el habitante que se asienta ahí lo ha hecho desde muchos años y porque le aporta medios escasos para subsistir? No desconoce esta Sala los problemas que trae para los pobladores la búsqueda de soluciones a sus problemas de falta de vivienda digna, junto a un abaratamiento de los costos para poder edificarla, así como la de utilizar inconvenientemente las formas de crecimiento vegetativo de viviendas a lo largo de las calles públicas o, en este caso, dentro de la zona pública donde ejercen la actividad principal de vida, etc. De ahí que la realidad obliga a diseñar una normativa que intenta conciliar el Derecho ambiental con varios derechos económicos, sociales y culturales (…). No olvida esta Sala que el cambio de régimen implica para aquellas personas que han venido ocupando el área pública de la zona marítimo terrestre el ejercicio informal de sus derechos económicos, sociales y culturales, y también para las personas que podrían ser afectadas dentro del área restringida.” “De este modo, el legislador procura las condiciones para asegurar mediante las regulaciones urbanísticas una determinada estabilidad jurídica y los efectos positivos que procura el Derecho urbanístico, ante una situación de hecho, toda vez que a pesar del régimen actual, éste actúa más en beneficio del crecimiento urbano incontrolado pues hay vacíos normativos que el Estado no ha podido solucionar, pero que demanda de una solución al estar involucrados derechos fundamentales.
En el caso, se debate entre una tesis absolutista frente a otra relativa en la que consideramos que existen recursos de protección que lograrían producirse por medio de la planificación urbana. En opinión de la Sala, al procurar un balance adecuado en esta delicada materia, las diferentes disciplinas jurídicas se nutren de la ciencia y la técnica, sea del derecho ambiental y urbanístico, como también del Derecho público y administrativo, para dar una solución a una problemática social muy antigua.
“(…) En efecto, el Derecho ambiental no es suficiente para dar una solución integral. (…) Si de hecho se ha producido una situación social que el Estado no ha podido resolver en más de cincuenta años, la solución no reside en la prohibición, sino en la utilización de los mecanismos legales que racionalicen el uso de esos bienes a través de una solución integral. (…) Precisamente, ese es el tema que se intenta abordar con la legislación que se impugna, pues acceder a la pretensión de anular la norma impugnada profundizaría los problemas apuntados arriba, en especial de aquellos pobladores que se encuentran en un estado de vulnerabilidad social, dada su condición de pobreza y que cuentan con medios de subsistencia muy precarios, los cuales viven en una permanente zozobra de que en cualquier momento pueden ser desalojados de sus viviendas. Por el contrario, los pobladores ahora tienen un instrumento para presionar a sus autoridades municipales para regularizar aquellas situaciones de su interés.” “El punto medular de la presente acción de inconstitucionalidad radica en el cambio de régimen jurídico de lo que tradicionalmente la Ley 6043 denominaba como área pública de la zona marítimo-terrestre, hacia un régimen de excepción, que establece la Ley No. 9221, donde el legislador reconoce a este bien demanial un cometido social, que permite reconocer jurídicamente el estatus a ciertos asentamientos históricamente establecidos en los litorales; véase que no se trata de situaciones individuales de habitantes, sino que hay un sentido de colectividad en la legislación….” “D.- La cláusula del Estado social de Derecho .
No hay duda alguna que el Estado de Costa Rica es un Estado social de Derecho, aunque no se diga de forma expresa en la Constitución Política. En efecto, de la relación lógica y necesaria entre el párrafo primero del numeral 50 y 74 se extrae esta conclusión necesaria. Hay, pues, un mandato constitucional hacia el Estado de que debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes de la República, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Además, de conformidad con el numeral 74 y con los instrumentos internacionales de derechos humanos, el Estado está en la obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a la población, así como otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley, a través de la prestación de una serie de servicios básicos. En esta dirección, Sala Constitucional ha enfatizado, en su jurisprudencia, que Costa Rica es un Estado social de Derecho.
(…) “Así las cosas, este Tribunal debe, por la vía de excepción, al estar en juego derechos fundamentales –el derecho al ambiente, el derecho a la vivienda digna y el derecho a un medio de subsistencia digno que le garantice a la persona el satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, de realizar una ponderación entre esos derechos fundamentales.” “El derecho a la vivienda digna.- Debe tomarse en consideración para resolver la presente acción, la tendencia natural y lógica del ser humano de asentarse en un lugar que le proporcione cercanía con aquellas actividades sobre las que gira su vida, como las fuentes de trabajo o aquellas que son su medio principal para subsistir, las que luego se manifiestan en las diferentes formas de cohesión social y en el asentamiento territorial (constituidas por las ciudades, sean jurídicamente reconocidas o de hecho). En este punto, es importante hacer referencia al rol orientador y precursor del Estado de políticas en esta materia. Por sentencia No. 2011-13436 de las quince horas trece minutos del cinco de octubre de dos mil once, esta Sala señaló, respecto de este tema, lo siguiente:
“El Estado debe conjuntar esfuerzos para que las personas puedan acceder al derecho a una vivienda adecuada, en condiciones de legalidad, seguridad, de paz y de igualdad. Este derecho, por supuesto, es un derecho relativo que dependerá de las condiciones sociales e individuales; la norma constitucional se refiere a un contenido más que todo programático, aunque debe estar conforme a la progresividad de los derechos sociales. En general, el Estado debe ser un facilitador responsable del cambio social en esta materia, lo cual no solo debe ser entendido en un nivel esencial mínimo, sino también debe proporcionar los mecanismos jurídicos para que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna, sea ésta arrendada o adquirida, mediante los programas asistenciales y de créditos a personas que califiquen con tasas preferenciales, o en condiciones de un mercado libre para poseer o adquirir una vivienda acorde con sus condiciones personales.
La obligación de un Estado plenamente responsable no cesa con programas asistenciales para un primer nivel de necesidad dirigida a los más vulnerables, sino que debe desarrollar una política más general, no discriminatoria que responda a una demanda de vivienda o a una proyección de la necesidad de la vivienda en general” “Ahora bien, cuando el artículo 65 constitucional establece que “ El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador”, se refiere a ese primer nivel del derecho a una vivienda digna; pero debemos admitir que éste no se agota en sí mismo, porque de conformidad con la interpretación de la Sala junto a otros numerales de la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos, comprende otras modalidades con un sentido más amplio que las meras formalidades patrimoniales (…) Los artículos 50 y 51 constitucionales además permitirían al Estado ser promotor del bienestar general, especialmente a favor de los desposeídos o personas en situaciones de desventaja, o donde la familia tiene derecho a la protección especial del Estado.
A esto agregamos los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el numeral 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el numeral 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el 8 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. (…)” “La normativa anterior, proporciona el entramado normativo para entender que el derecho a una vivienda digna no estaría reservado solo a la esfera patrimonial y civil, sino que también tiene una dimensión en la personalidad y dignidad del ser humano que debe ser tutelado por el Estado. No podemos dejar de advertir que la legislación persigue solucionar un problema fundamental que por décadas ha venido existiendo (incluso que se viene arrastrando desde antes de la promulgación de la Ley 6043), pero que rescata el derecho humano a la vivienda digna, que debe ir de la mano de políticas estables del Estado para hacer efectivo no solo la norma constitucional (art. 65), sino las otras disposiciones sobre derechos humanos regulados internacionalmente y las declaraciones señaladas arriba.
El derecho humano a la vivienda es un derecho de tercera generación, de solidaridad humana, que es facilitado por el Estado sí otorga las condiciones para su disfrute; (…) Por las razones dichas arriba, debemos concluir que de la relación de los artículos 50, 51 y 65 de la Constitución Política se puede extraer el derecho a una vivienda digna, que otorga un espacio de desenvolvimiento de la persona humana dentro de un ámbito íntimo, que le provee tanto dignidad como permanencia a la unidad familiar con su uso más o menos prolongado. Véase, que no se trata de una tutela de un derecho individual, sino de un derecho colectivo, como es el que regula el Derecho urbanístico, que se ocuparía de la cohesión social de hecho y territorial existente, teniendo en cuenta este contenido de derecho fundamental.
“Por ello, este Tribunal Constitucional reconoce que los efectos de la interpretación de esta Sala sobre el área pública de sostener su intangibilidad en forma general –sin excepciones- crearía una norma pétrea frente a las necesidades reales de la población costera de nuestro país, y condena a la inmovilidad del derecho, lo que tiene serias consecuencias en la vida de muchos ciudadanos, especialmente aquellos de origen más humilde, que viven en pobreza y de las actividades relacionados con el mar. En el caso emanan temas de justicia social que pueden responderse desde la cúspide del ordenamiento jurídico, que deben ponderarse, como también se produce una necesidad de que este Tribunal bajo una mejor ponderación, aún teniendo en cuenta la copiosa jurisprudencia, tome en consideración el resguardo de determinados derechos, especialmente los sociales, si del examen se puede concluir un beneficio para las poblaciones, particularmente a aquellas en desventaja y vulnerabilidad.” La cita anterior contiene de manera fácilmente apreciable un hilo conductor y es la necesidad de que la Sala haga una ponderación de derechos, la actividad estatal y particularmente la legislativa cuando se trata de solucionar problemas que por décadas han afectado los legítimos derechos constitucionales de habitantes de zonas relegadas en nuestro país.
22. Y fue el mismo Estado según lo describe este propio Tribunal el que luego, abandonó esa posición por una mucho más desatenta con la situación de las zonas urbanas y sus habitantes, a las que decidió sumar al refugio a través sin ningún estudio ni justificación técnica y menos aún sin determinar el aporte específico que -en materia de protección medioambiental- darían las zonas urbanas al Refugio RVS-GM, y sin definir, y menos aún, respetar el estatus jurídico de los quienes ocupaban en calidad de poseedores las tierras en dicha zona, tal como lo exigía el artículo 37 la Ley Orgánica del Ambiente, misma que desarrolla directamente el artículo 45 Constitucional y estaba ya vigente cuando se hizo la última inclusión de zonas urbanas en el año 2005, según lo afirmó en su momento la propia Sala:
“VI (…) Sin embargo, posteriormente el Poder Ejecutivo emitió el DE-32753-MINAE de 16 de mayo del 2005, el cual derogó expresamente el artículo 6 del DE-16614 ; nuevamente las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo pasan a formar parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, situación que se mantiene a la fecha” (sentencia 2009-1056)
B-2 En relación con el reclamo por falta de consulta a los pueblos indígenas.
28. En otro de los reclamos planteados se alega la inobservancia de lo previsto por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que establece la necesidad jurídica de una consulta a los pueblos indígenas cuando se planteen acciones estatales que puedan llegar a afectarles en sus legítimos derechos. En este caso, coincidimos con la observación de la Procuraduría General, en el sentido de que la legislación que se cuestiona no presenta las condiciones particulares que la jurisprudencia de esta Sala ha fijado para hacer exigible el proceso de consulta. En efecto, la mayoría de esta Sala, ha entendido que la exigencia del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT es un mecanismo eficaz para lograr la participación y la toma de criterio de los pueblos originarios, en los casos en que el Estado pretenda tomar disposiciones que los afecten como grupo distinguible y en su calidad de integrantes de esa colectividad.
Materias como reglas de tenencia de la tierra en zonas indígenas, autorizaciones de explotación de recursos en las tierras otorgadas a ellos, las condiciones para su educación y para ordenar sus formas de organización, son temas tradicionalmente reconocidos como objeto de necesaria consulta. Sin embargo, en este caso, las decisiones legislativas no van dirigidas a moldear la situación jurídica de poblaciones indígenas en cuanto tales, sino solamente de aquellos indígenas que eventualmente –y junto con muchos otras personas no indígenas- puedan resultar ser habitantes del territorio abarcado o excluido por la fijación de límites para el refugio RVS-GM: Por esa razón no existía ninguna obligación de que la Asamblea cumpliera con ese requisito establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y por ello en este punto también la acción debe ser declarada sin lugar.
B-3 En relación con el reclamo por violación al artículo 7 constitucional al desatenderse las obligaciones de Costa Rica en relación con humedales protegidos por el Refugio.
Corolario.
30. En virtud de todo lo expuesto, no se ha configurado ninguna lesión constitucional al derecho contenido en el artículo 50 de la Constitución Política, pues el equilibro ecológico no ha sufrido menoscabo con las disposiciones de la Ley impugnada, la cual tampoco infringe las obligaciones internacionales aceptadas por nuestro país en el tema de los humedales y zonas de manglar. Asimismo, con vista del alcance de las disposiciones legales impugnadas, no resultaba exigible formalmente el proceso de consulta contenido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Al contrario, el Estado mantiene intactas sus potestades en el ámbito de protección ambiental y defensa de los bienes públicos y debe, según nuestro criterio, actuar de manera consistente tomando las acciones necesarias para reivindicar las tierras que se encuentren ilegalmente ocupadas en las zonas protegidas conforme lo indica la ley.
Nancy Hernández L.
Luis F. Salazar A. Jorge Araya G.
Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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