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Res. 12485-2018 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/08/2018

Municipal Duty to Answer Flood-Risk ComplaintDeber municipal de responder denuncia sobre riesgo de inundación

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber ordered the Municipality of Carrillo to report the status of the complaint within eight days and resolve it definitively within a reasonable period, denied the remainder of the petition, and reminded INDER and the CNE of their duty to assist.La Sala ordenó a la Municipalidad de Carrillo informar en ocho días el estado de la denuncia y resolverla definitivamente en un plazo razonable, rechazó el amparo en lo demás y recordó al INDER y a la CNE su deber de colaborar.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber partially granted the amparo against the Municipality of Carrillo because of its unjustified delay in addressing a complaint filed by residents of Paso Tempisque after Tropical Storm Nate. The residents alleged that modifications, roads, and drainage works on El Guaco farm, owned by INDER, had worsened the flooding. Although the Municipality had acted as an intermediary and promoted interdisciplinary committees, it failed to demonstrate either a solution or written notice to the complainants concerning the status of the proceeding, thereby violating the constitutional right to prompt and effective administrative justice under Article 41. The Chamber ordered the Municipality to inform the affected residents within eight days and take appropriate measures to resolve the matter definitively within a reasonable period. It denied the remainder of the petition but reminded INDER and the CNE that they must assist the Municipality in determining whether anomalies in the works could increase the danger faced by the community.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo contra la Municipalidad de Carrillo por la dilación injustificada en atender una denuncia presentada por vecinos de Paso Tempisque después de la tormenta Nate. Los afectados atribuían el agravamiento de las inundaciones a modificaciones, caminos y obras de canalización realizadas en la finca El Guaco, propiedad del INDER. Aunque la Municipalidad había intermediado y promovido comisiones interdisciplinarias, no acreditó una solución ni comunicó por escrito el estado del trámite, lo que vulneró el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida del artículo 41 constitucional. La Sala ordenó informar a los afectados en ocho días y adoptar las medidas pertinentes para resolver definitivamente el asunto dentro de un plazo razonable. Rechazó el recurso en lo demás, pero recordó al INDER y a la CNE su deber de colaborar con la Municipalidad para determinar si las obras presentan anomalías capaces de aumentar el peligro para la comunidad.

Key excerptExtracto clave

Based on the foregoing, this Chamber finds that there has indeed been an undue delay or unjustified postponement that violates the fundamental right enshrined in Article 41 of the Political Constitution, because, when the petition was filed, the protected parties had not been informed in writing of the result of their efforts or the status of the case. From this perspective, the appropriate course is to grant the petition solely against the Municipality of Carrillo, as hereby ordered. VIII.—The authorities of the Rural Development Institute and the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, Risk Investigation and Analysis must bear in mind that they are also required to address and assist with the actions undertaken by the Municipality of Carrillo following the requests filed by residents of the area, who state that they suffered harm from Tropical Storm Nate, so that, if necessary, it may be determined whether any anomaly exists in the works carried out on El Guaco Farm that could increase the danger to residents of the Paso Tempisque area. The petition is partially granted solely against the Municipality of Carrillo. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez and Roberto Canales Canales, respectively Mayor and President of the Municipal Council of Carrillo, both of the Municipality of Carrillo, or whoever holds those offices in their place, are ordered to issue the necessary instructions so that, within EIGHT DAYS from notice of this judgment, the affected persons are informed in writing of the status of their complaint and, thereafter, the necessary and appropriate measures are taken to ensure that the case is finally resolved within a reasonable period.Con base en lo anterior, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 41, de la Constitución Política, toda vez que, al momento de interposición del recurso, los amparados no han sido informados por escrito del resultado de sus gestiones y del estado del caso. Desde este panorama, lo procedente es acoger el recuso, únicamente, contra la Municipalidad de Carrillo, como en efecto se dispone. VIII.- Deben tener presente las autoridades Instituto de Desarrollo Rural y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo, que están conminados también a atender y colaborar con las gestiones realizadas por la Municipalidad de Carrillo, a raíz de las gestiones presentadas por los vecinos de la zona que, indican, sufrieron afectaciones a raíz del paso de la tormenta Nate, ello, a fin que, de ser necesario, se detecte si en efecto existe alguna anomalía en las obras gestadas en la Finca El Guaco, que pudieran potenciar peligro para los habitantes del sector de Paso Tempisque. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, contra la Municipalidad de Carrillo. Se ordena a Carlos Gerardo Cantillo Álvarez y Roberto Canales Canales, por su orden, Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Carrillo, ambos de la Municipalidad de Carrillo, o a quienes ocupen esos cargos en su lugar, que giren las instrucciones necesarias para en el plazo de OCHO DÍAS contado a partir de la notificación de esta sentencia, informen por escrito a los afectados del estado de su denuncia y, luego, tomen las medidas necesarias que resulten pertinentes para que el caso se resuelva de manera definitiva dentro de un plazo razonable de tiempo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado."

    "Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing to report acts that infringe that right and to seek reparation for the harm caused."

    Considerando VI

  • "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado."

    Considerando VI

  • "Interpretando armónicamente ambas normas, se puede derivar el principio precautorio, según el cual, el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario -dentro del ámbito permitido por la ley- a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente."

    "Reading both provisions harmoniously gives rise to the precautionary principle, under which the State must take every necessary measure—within the scope permitted by law—to prevent irreversible environmental harm."

    Considerando VI

  • "Interpretando armónicamente ambas normas, se puede derivar el principio precautorio, según el cual, el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario -dentro del ámbito permitido por la ley- a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente."

    Considerando VI

  • "Se condena a la Municipalidad de Carrillo al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."

    "The Municipality of Carrillo is ordered to pay the costs and compensate the damages and losses caused by the facts underlying this ruling, with the amount to be determined during enforcement proceedings before the administrative court."

    Por tanto

  • "Se condena a la Municipalidad de Carrillo al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo."

    Por tanto

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Sections

Procedural marks

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty on tres de agosto de dos mil dieciocho.

Writ of amparo (recurso de amparo) filed by ANA IBIS ANTONIA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA, identity card 05-0127-0290, on behalf of the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PASO TEMPISQUE, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO, and LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO (CNE).

FINDINGS OF FACT:

  1. 1In a written submission received by the Secretariat of the Chamber on 28 de mayo de 2018, the petitioner files a writ of amparo and states that she is an older adult and serves as the judicial and extrajudicial representative of the Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque. She states that on 4 de octubre de 2017, as a result of Tropical Storm Nate, the residents of Paso Tempisque suffered flooding, which caused them substantial property losses. However, she alleges that the disaster was exacerbated by a retaining wall (muro de contención) built on the Guaco property, which belongs to INDER. She notes that the works carried out on that property do not have the corresponding permits (see official letter No. MC-IM-164-2018 from the Departamento de Desarrollo Territorial of the respondent municipality); consequently, no consideration was given to the fact that the communities of Paso Tempisque and Palmira would be affected by flooding because the aforementioned wall forms a type of levee (dique) that worsens the flooding.She states that the residents are extremely concerned because, with the arrival of the rainy season, they could once again be affected. She explains that, regarding the situation described, on 25 de octubre de 2017, the corresponding complaint was filed with the Office of the Mayor and the Secretariat of the Council, both of the Municipalidad de Carrillo Guanacaste, as well as with the Comisión Nacional de Emergencias. Nevertheless, despite the time elapsed and the actions taken by the residents of both communities, the problem has still not been resolved. She considers that her fundamental rights and those of the other residents are being violated.
  2. 2By order issued at 09:57 on 4 de junio de 2018, the petitioner was directed to clarify (prevención) whether she had filed complaints with the respondent authorities concerning the situation described in this writ.
  3. 3In a written submission received by the Secretariat of the Chamber at 10:15 on 13 de junio de 2018, the petitioner complied with the Chamber’s direction.
  4. 4By order of the Presidency issued at 08:45 on 14 de julio de 2018, the present amparo proceeding was admitted, and reports were requested from the Director of the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Oficina Subregional de Santa Cruz; the Mayor and the President of the Concejo Municipal, both of the Municipalidad de Carrillo; and the President of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo (CNE).
  5. 5In a written submission added to the digital case file on 21 de julio de 2018, Eduardo Mora Castro, in his capacity as Head of the Legal Advisory Unit of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, states under oath that, pursuant to Ley No. 8488, article 4, risk management (gestión de riesgo) is understood as a “(...) process through which the vulnerability (vulnerabilidad) of the population, human settlements, infrastructure, lifelines, activities producing goods and services, and the environment is positively reversed. It is a sustainable and preventive model that incorporates effective disaster-prevention and mitigation criteria into territorial, sectoral, and socioeconomic planning, as well as emergency preparedness, response, and recovery,” and must be viewed as a “continuous process of analysis, decision-making planning, and implementation of actions to identify, prevent, and reduce the possibility that a potentially destructive event (hazard [amenaza]) may cause harm or serious disruption to people’s lives, the socioeconomic fabric, livelihoods, and territorial ecosystems, as well as to establish the tools needed to respond appropriately if an impact nevertheless occurs, with the aim of enabling efficient recovery after a disaster without rebuilding vulnerability.” He states that risk management encompasses different spheres of intervention, ranging from the national, regional, and sectoral levels to the local, community, and household levels.He adds that it also requires the existence and operation of organizational and institutional systems and structures representing those spheres, and that their agreed differentiated roles and their collective bodies for the social representation of the various actors and interests involved in creating, reducing, anticipating, and controlling risk must be properly defined within established coordination arrangements. He states that management of this risk is the principal basis of the Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, understood as the comprehensive, organized, coordinated, and harmonious integration of the bodies, structures, functional relationships, methods, procedures, and resources of all State institutions, while seeking the participation of the entire private sector and organized civil society. He clarifies that its purpose is to promote and implement public-policy guidelines enabling both the Costa Rican State and the various sectors of national activity to incorporate the concept of risk management as a cross-cutting element of planning and development practices.He states that the following may be inferred from the foregoing: a) Risk cuts across the activities of all public and private entities; b) Its management must be a public policy of the Costa Rican State; c) This policy is embodied in the Plan Nacional de Gestión de Riesgo; d) that document, prepared by the Comisión, is the act that gives tangible form to that public policy and must be consulted on a mandatory basis by the State bodies and entities responsible for planning tasks, which, when preparing their respective plans, shall take into account the guidance set forth in that Plan. Likewise, when preparing urban-development plans, programs, and projects, the risk-prevention and mitigation component must be considered, all in accordance with article 8 of Ley No. 8488. He states that the Comisión performs a governing role in risk prevention and a coordinating role in emergency response or, put differently, that under the principle of legality, the Comisión is responsible for directing, guiding, and steering risk prevention in Costa Rica and for coordinating State institutions in emergencies.He states that Ley No. 8488 also conceives of risk management as “...a cross-cutting element of the work of the Costa Rican State; it brings together public instruments, programs, and resources through ordinary and extraordinary institutional and sectoral actions aimed at preventing disasters and responding to emergencies in all their phases. Every national development policy must incorporate both the elements necessary for an adequate assessment of risk and susceptibility to disaster impacts, and the management pillars that allow such risk to be controlled.” He explains that, pursuant to articles 3, 8, 25 and 26 of the same law, all State institutions, principally including the Municipalities, are under a mandatory duty to prevent disasters and that, in particular, local governments must incorporate prevention as a component of urban-development projects, taking the concepts of risk and disaster into account in their programs, including the ordinary management measures within their purview that are timely and appropriate to prevent such risks from materializing, while promoting a culture aimed at reducing them.He clarifies that, likewise, all public institutions must coordinate their prevention programs and activities with the CNE, treating them as a public-policy process that must operate permanently and continuously, using a systemic approach and in accordance with the Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Article 27 additionally establishes the obligation to include, in the budget of each public institution, an allocation of resources for disaster-risk control, treating prevention as a concept consistent with the development practices being promoted and carried out. He maintains that the importance of municipalities’ shared responsibility and local commitment to risk management lies in the fact that emergencies and potential disasters may occur within their territories; consequently, response, and above all prevention, must form part of their day-to-day activities. He argues that even “large” disasters affecting the national territory are in fact the aggregate of hazards and vulnerabilities that occur simultaneously, locally, and in a highly dynamic manner within municipal territory as a result of the interconnection of physical, social, economic, and political relationships.He asserts that one of the State’s duties is to prevent the realization of risks that could affect it or its population and that it must therefore undertake preventive work intended to ensure that persons and property do not suffer harm as a result of a harmful event: protection is provided to prevent harm to people’s lives or health or to their property. He clarifies that an emergency cannot be avoided, but its effects can be mitigated, which requires preventive work, because a failure to anticipate—that is, failure to foresee that a given situation may occur and failure to act to prevent it—creates a risk to people’s lives, health, and safety and to their property. He further explains that although no Public Administration can prevent a public calamity from occurring, it may nevertheless be held liable for failing to anticipate the consequences that such a calamity may cause. He states that the foregoing means that the legal system requires every public body, but particularly the Comisión, to act before an emergency arises and not merely to act, but fundamentally to plan and take measures to prevent harm to persons and property if the emergency does arise.He maintains that it is the municipal government’s duty, through planning and the exercise of police power (potestad de policía), to ensure that urban development (desarrollo urbanístico) complies with safety, public-health, and environmental-sustainability criteria. The foregoing is intended to safeguard citizens’ rights. Accordingly, as follows directly from article 169 of the Constitución Política, the Código Municipal, the Ley de Planificación Urbana, the Ley de Construcciones, and related regulations, the municipalities bear absolute and exclusive responsibility for land-use planning (ordenar el territorio) within their jurisdiction. This unavoidable duty has been elaborated upon in various opinions of the Procuraduría General de la República, including C-093- 2007 del 27 de marzo de 2007, C-020-2009 del 29 de enero de 2009, C-118-2009 del 4 de mayo de 2009, C-155-2009 del 01 de junio de 2009, C-091-2010 del 03 de mayo de 2010, among others.The Sala Constitucional has affirmed this responsibility in decisions numbered 2153-93, 5305-93, 6706-93,4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485,2002-01220,2002- 05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 and 2005-07516, among many others. In this regard, he states, jurist Eduardo Ortiz Ortiz, quoted in Dictamen C-032-98 del 25 de febrero de 1998 of the Procuraduría General de la República, has observed: “The municipalities’ authority to issue urban-development plans derives from the law, because it encompasses a subject matter constitutionally reserved to the law, but it also has a constitutional basis because it is a local matter. This means that the law may delegate such authority only to the Municipality and that a law providing otherwise and empowering, for example, the Executive Branch would be unconstitutional because it would violate municipal autonomy.” In addition, the Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda has issued judgments consistent with the position of the Procuraduría General, such as resolución No. 128-2008 de las 10:30 minutos del 7 de marzo de 2008, among many others, emphasizing local governments’ absolute responsibility for land-use planning.Likewise, Acuerdo No. 0443 del 30 de noviembre del 2011 of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, adopted at Sesión Extraordinaria No.10-11, held on 9 de noviembre de 2011 and published in the Gaceta No. 230 del 30 de noviembre del 2011, entitled: “Recommends that mayors proceed immediately to evict the occupants of areas known to be at risk and in imminent danger and demolish the buildings located therein,” states verbatim: “a. Recommend to all Mayors in the country: i. That, in accordance with the duties and powers imposed upon them by the Constitución Política in articles 50 and 169, the Código Municipal, the Ley de Planificación Urbana, the Ley de Construcciones, the Ley Orgánica del Ambiente, article 33 of the Ley Forestal, related regulations, the Ley General de Salud, and the extensive case law on the subject, they proceed immediately to evict the occupants of areas known to be at risk and in imminent danger, as well as to demolish the buildings located therein, and monitor them to ensure that they are not reoccupied by human settlements, applying the procedural sequence cited in Considerando IV, which is drawn from resolución No. 12485-2010 of the Sala Constitucional.

That, given the binding nature conferred upon them by the Sala Constitucional, they immediately implement the recommendations that the technical experts of the CNE and the academic institutions have repeatedly provided to them over many years, of which they are aware, concerning concrete and timely actions to safeguard human life in areas of recognized risk and imminent danger. The studies and technical recommendations historically issued in each case shall be available to the municipalities at the offices of the CNE. The Internal Audit Offices and the Municipal Councils shall ensure compliance with these provisions. Disobedience shall be deemed a breach of official duties (incumplimiento de deberes) and shall be brought by the Internal Audit Offices to the attention of the corresponding authority (...) d. Formally communicate this Agreement to all Mayors, both male and female, and to the Defensorio de los Habitantes. e. Publish this Agreement and the national summary map of natural hazards (available on the website, www.cne.go.cr) in the official gazette and in a newspaper with nationwide circulation.” At this point, it is necessary to recall that, because the administration of the canton’s local interests and services falls under the jurisdiction of the Local Government pursuant to a constitutional mandate, and, in this specific case, the Municipalidad de Moravia, as a state legal entity with its own assets and legal personality (Article 2 of the Código Municipal), has full legal capacity to execute all acts and contracts necessary to fulfill its purposes.

It asserts that the CNE is the governing public institution responsible for coordinating efforts to prevent situations of imminent risk and to mitigate and respond to emergency situations; it is a maximally decentralized body (órgano de desconcentración máxima) attached to the Presidencia de la República, with instrumental legal personality (personería jurídica instrumental) for managing and administering its budget and investing its resources, and with its own assets and budget. Its actions must be guided by the principles established by Law No. 8488 in Article 3, including a state of necessity and urgency (estado de necesidad y urgencia), understood as a situation of danger to a legally protected interest that can be safeguarded only by infringing another legally protected interest, causing the least possible harm to the latter and subject to subsequently rendering the accounts required by economic, legal, and fiscal oversight laws; protection of life, based on the principle that persons within the national territory must have their lives, physical integrity, property, and environment protected against disasters or hazardous events that may occur; and, finally, prevention, meaning advance action intended to reduce vulnerability, as well as measures taken to prevent or mitigate the impacts of hazardous events or disasters. By their very nature, these actions or measures are in the public interest and are mandatory.

It explains that, as part of its extraordinary powers, Law No. 8488 authorizes the CNE to address local and minor emergencies through the mechanism known as “Initial Impacts” (“Primeros Impactos”), since the final paragraph of Article 15 states: “(...) Except as provided in the preceding subsections, the Commission shall address, without an emergency declaration by the Poder Ejecutivo, local and minor emergencies which, because of the high frequency with which they occur and the serious effects they cause in communities, require the provision of an initial-impact humanitarian service, consisting of the delivery of blankets, food, and sleeping mats and, if necessary, the purchase of materials to restore basic services and make shelters operational, as well as the procurement of a maximum of one hundred machine-hours to clean the most severely affected area of the zone.” It states that the final paragraph of Article 15 refers to an initial-impact humanitarian service.

The Law uses the term “initial impact” to refer to the first phase of the response to a declared emergency. Indeed, Article 30 of the Law, which divides that response into the response, rehabilitation, and, finally, reconstruction phases, establishes that the response phase immediately follows the occurrence of the event. This phase includes urgent initial-impact measures aimed at safeguarding life, vital public-service infrastructure, property, and the environment. It also includes mitigation works intended to protect the population, infrastructure, and the environment. Article 4 defines response as the actions taken immediately following an emergency; they seek to bring a situation under control in order to safeguard works and lives, prevent further damage, and stabilize the area of the region directly impacted by the emergency. Accordingly, without an emergency declaration, the Commission may address local and minor emergencies, for which purpose it may procure a maximum of 100 machine-hours to clean the affected area.

Likewise, Article 30(a) of the same law establishes that the response phase, which is an operational phase occurring immediately after the event, includes urgent initial-impact measures aimed at safeguarding life, vital public-service infrastructure, and the production of vital goods and services through warning, alarm, evacuation, and relocation actions, among others.

It explains that the Exceptional Regime (Régimen de Excepción) arises from a Declaration of a State of Emergency (Declaratoria de Estado de Emergencia), which is issued by the Poder Ejecutivo, as provided in Article 29 of Law No. 8488. The Declaration of Emergency allows exceptional treatment notwithstanding budgetary rigidity, pursuant to Article 180 of the Constitución Política, so that the Government may swiftly obtain sufficient financial, material, or other resources to assist the persons, property, and services affected or at risk, as required during the various stages of the emergency established by Article 30 of the aforementioned law. To use the Exceptional Regime, there must be a causal nexus (nexo de causalidad) between the event giving rise to the state of necessity and urgency and the damage actually caused.

Once a State of Emergency has been declared, the emergency response is carried out in three phases, as established by Article 30 of the aforementioned law. These consist of a response phase aimed at implementing urgent measures to protect life, vital public-service infrastructure, and the production of vital goods and services; a rehabilitation phase involving stabilization of the affected region through actions aimed at temporarily restoring vital water, transportation, telecommunications, health, commercial, electricity, and other services; and, finally, a reconstruction phase intended to restore the normal operation of affected public services, including the reconstruction and replacement of damaged public and social-interest infrastructure, as well as the implementation of land-use regulation measures (medidas de regulación del uso del suelo) intended to prevent subsequent damage.

Once the Poder Ejecutivo has issued the decree declaring the state of emergency, the Commission, through its Dirección Ejecutiva and in consultation with its Presidency, shall immediately convene the Institutions having jurisdiction, as well as any others it deems necessary because they are located within the area affected by the emergency, to prepare the General Emergency Plan (Plan General de la Emergencia), an instrument that will permit the rational, efficient, and systematic planning and channeling of the actions to be undertaken, the necessary supervision, and the allocation of the required resources. For this purpose, it states, within a maximum period of 2 months, the convened institutions must submit an official report on the damage suffered within their respective areas of jurisdiction, including an estimate of the costs and needs to be covered. This damage report must unequivocally establish a cause-and-effect relationship. The General Emergency Plan shall be prepared on the basis of the submitted reports and any other supporting documentation provided by the Commission.

The General Emergency Plan is the planning instrument that establishes the causal relationship between the event that occurred, the actions taken, and the investment made to address the emergency. It consists of a description of the causal event, an assessment of the damage, and an estimate of the resulting losses, broken down by canton and sector; it also includes a delineation of the actions to be performed by each institution, including the Commission itself, as well as details of the amount of investment required during each phase of the emergency response, from the response phase through reconstruction of the affected area. It states that all institutions are required by this Law to contribute the necessary information and technical support for preparing the General Emergency Plan. The drafting of this Plan, as well as the responsibilities relating to its subsequent implementation, shall take priority over the ordinary duties of each individual institution for as long as the state of emergency remains in effect.

To carry out the actions, works, and contracts, the Commission shall designate as Executing Units (Unidades Ejecutoras) those public institutions having jurisdiction in the area where the actions are to be undertaken, provided that they have a structure sufficient to meet the commitments. The designation of Executing Units permits the allocation of emergency resources, which entails the use and management of those resources in accordance with the applicable procedures. In this regard, it must be taken into account that the second paragraph of Article 51 of the Law provides that the procurement of goods and services financed with resources from the Fund for declared emergency response shall be governed by the principles of the Ley de la Contratación Administrativa, the provisions of the Reglamento Interno de la Proveeduría institucional, and any specific provisions issued for such procurement.

In this regard, it emphasizes that “(...) the CNE was never notified of the note dated 24 de octubre de 2017, contrary to the appellant’s assertion, since ONE NEED ONLY EXAMINE THE COPY SUBMITTED BY THE DISSATISFIED PARTY AS PART OF HER BODY OF EVIDENCE TO DETERMINE THAT THE NOTES WERE RECEIVED BY THE MAYOR’S OFFICE AND BY THE SECRETARIAT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF CARRILLO. AND NOT BY THE CNE. NOR BY THE RISK RESEARCH AND ANALYSIS UNIT. In other words, nowhere in the appellant’s petition was there any indication, emphasis, or proof of a communication RECEIVED BY THE CNE; that argument cannot be accepted or in any way constitute a violation of her fundamental protections concerning the right of petition and prompt resolution. In other words, the right of petition is the ‘right to request and obtain a response, not the right to obtain what was not requested.’” Based on the foregoing, it concludes that there can be no doubt that the petitioner’s arguments against the CNE are extremely limited and lack any legal basis upon which relief could be granted by the judicial authority, as they are based on an assessment having no evidentiary value whatsoever and which undermines the standing of the CNE by attributing to it a failure that has not been demonstrated or substantiated.

From that perspective, and taking into account that the party bringing the action “simply says nothing and demonstrates nothing regarding the case under review .” It further notes that, it having been established that the Commission has not violated the protection of the petitioner’s right to petition (derecho de petición) and to receive a prompt response, and given that the institutional guiding principles of that Administration are transparency and good faith and, above all, respect for the public interest and protection of human life as the most important legally protected interest (bien jurídico) to be safeguarded by the Costa Rican State, as well as the physical integrity of all citizens, as part of its institutional duties it has prepared 2 technical reports through the Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE concerning risk assessments in the area, namely: “Technical Report IAR-INF-0730-2015, entitled ‘Risk Assessment of Land in Palmira de Carrillo, Guanacaste, as Part of the Process for Possible Acquisition by INDER’”; and “Technical Report DPM-INF-1109-2008, entitled ‘Regulations on Land Use (uso del suelo) Due to Flooding in the Central District of Carrillo, Guanacaste, Costa Rica.’” Those reports were prepared pursuant to its governing authority over the Risk Management Policy (Política de Gestión del Riesgo), as explained supra, so that coordinating bodies or the various requesting public institutions may carry out their risk- and hazard-prevention duties within the scope of their authority. It requests that the appeal be denied.

  1. 6In a written submission added to the case file (expediente) by email on 28 June 2018, Ana Patricia Viales Ortega, in her capacity as Head of the Santa Cruz Territorial Development Office of the Instituto de Desarrollo Rural, states under oath that, regarding the matter at issue, the El Guaco property is indeed owned by INDER and has been registered in the Guanacaste Registry District under property registration number 5-184539-000 since 8 February 2016. The property was acquired with the retaining wall (muro de contención) mentioned by the appellant already in place, and the structure was not built by the institution. She states that she has no direct knowledge that this wall intensified flooding in the Paso Tempisque area because, prior to the purchase of the property, Julio Madrigal Mora, M.Sc., Geologist with the CNE Risk Research and Analysis Unit, stated the following in section 2 of official letter IAR-INF-1073-2015: “The property has a system of levees (bordos) and channels (canales) designed not only to meet the water needs of the project, but also to serve as mitigation works (obras de mitigación) in the event of flooding or overflow; INDER shall ensure that they are kept in good working condition.” She reports that, on this basis, the report was submitted to the INDER Board of Directors prior to the purchase of the property for the corresponding approval.She adds that section 4 of the same report also states: “The Municipalidad de Carrillo has already carried out mitigation works in the channels of the surrounding rivers, including the corresponding dredging; likewise, INDER shall ensure that special care and monitoring are maintained with respect to the levees and channels on that property.” She indicates that official letter No. MC-IM-164-2018 from the Territorial Development Department of the Municipalidad de Carrillo certifies that the Construction Section of that Department has no record of a construction permit for fills (rellenos) in the channel of the Río Las Palmas, adjoining the El Guaco property in Paso Tempisque. However, the works performed on the property owned by INDER consisted of the construction of roads in the rural settlement, where culvert crossings (pasos de alcantarilla), together with their respective headwalls and concrete boxes for channeling water, were constructed, and the internal roads were also graded as a preventive measure against flooding.She clarifies that this work was carried out through the INDER Settlement Infrastructure and Design Area under Abbreviated Bidding Procedure (Licitación Abreviada) 2016LA-000024-02N. She adds that the work was accepted, as stipulated in the tender specifications (cartel), on 22 June 2017; accordingly, she asserts that the appellant’s allegations do not correspond to the works performed by the institution. She states that on 19 March 2018, the Municipal Council Secretariat, through official letter MC-ALC-264-2018, summoned INDER to a meeting on 6 April 2018 in the meeting room to analyze the issue raised by the Asociación de Desarrollo del Paso Tempisque concerning flooding caused by Tropical Storm Nate. For that purpose, she states, a Special Commission was established comprising representatives of the Concejo Municipal, Alcaldía, and residents of the Paso Tempisque community. She indicates that, in response, INDER attended the meeting and explained that, pursuant to a recommendation by the CNE (official letter IAR-INF-1073-2015), the institution maintains the dikes (diques) built by the former owner, Alfonso Rojas.She adds that technical report IAR-INF-0730-2015, concerning the risk assessment (valoración de riesgo) of land in Palmira de Carrillo, Guanacaste, as part of the process for the possible acquisition of the El Guaco property by INDER, includes the following recommendations issued by the CNE: “Item B) The preparation of a comprehensive hydrological model for the entire watershed or micro-watershed (cuenca o microcuenca), establishing the history of the area, probable maximum flood flows, maps of the area potentially subject to flooding, or construction-regulation maps, mitigation works if necessary, or ruling out overflow into the project area, given its vulnerability to this type of hazard; under item D) The Municipalidad de Carrillo must carry out mitigation works along the channels to reduce the flooding problem and hazard in vulnerable areas. Under item F) Any irregularity concerning construction techniques or failure to follow the recommendations described herein SHALL REMAIN THE SOLE RESPONSIBILITY of the institutions granting the permits, the engineer responsible for the work, and the respective Municipalidad for failing to request the corresponding reports, inspections, and corrective measures.Thus, this work is not the responsibility of INDER alone; it requires interinstitutional coordination, and the local government and the CNE set the standards as the institutions responsible for regulating risk management (gestión del riesgo). As stated in the second factual allegation, INDER has sought to comply with the recommendations in order to mitigate possible flood damage.” She argues that the appellant’s assertions are unfounded because no violation detrimental to the protected parties has occurred. This is demonstrated by the fact that INDER, together with other institutions, has taken action in accordance with the CNE’s recommendations, which acknowledge that the property has a system designed not only to meet the water needs of the project but also to provide mitigation works useful in the event of flooding or overflow; INDER shall ensure that those works are kept in good working condition, in compliance with Article 50 of the Constitución Política.She states that, through the investments made by the institution since the El Guaco property was acquired in February 2016, it has sought to comply with the recommendations, even though the retaining wall in question had been built before the property was acquired. Accordingly, measures have been taken that are not solely the responsibility of the Instituto de Desarrollo Rural but instead require interinstitutional coordination with the local government and the CNE. She clarifies that, since acquiring the property in 2016, INDER has at no time failed to comply with the recommendations issued by the CNE. It has also been shown that the consequences which, according to the appellant, were intensified by the retaining wall built on the INDER property cannot be attributed to the institution because INDER did not undertake the construction of that wall. Therefore, as far as the Instituto de Desarrollo Rural is concerned, the applicable legal framework has been observed since the time it formally acquired rights over the property.She adds that, in fulfillment of the social function of property (función social de la propiedad) and in recognition of the restrictions applicable to it, INDER has sought to perform the recommended maintenance so that the residents of the community may also improve their living conditions and quality of life, which have been affected by the circumstances they have endured during rainy periods and floods over the years, including before INDER acquired the property. She requests that the appeal be dismissed.
  2. 7In a written submission incorporated into the electronic case file by fax on July 10, 2018, Carlos Gerardo Cantillo Álvarez and Roberto Canales Canales, respectively the Mayor and President of the Municipal Council, both of the Municipalidad de Carrillo, state under oath that, regarding the matters challenged, the events caused by Tropical Storm Nate occurred not only in the community of Paso Tempisque but, due to the particular nature and force of this natural phenomenon, flooding occurred in parts of the canton that had never flooded before. They clarify that the appellant’s allegation that the disaster was exacerbated by a retaining wall (muro de contención) built on Finca El Guaco must be rejected because no technical or scientific evidence proves it. They state that the natural phenomenon was of such magnitude that it caused property damage throughout much of the national territory and that it is difficult to prove that a wall such as the one identified by the amparo petitioner (amparada) was the cause.They clarify that these are subjective assessments or assumptions that, to date, lack any technical or scientific support, as demonstrated by the fact that a technical report from the CNE is still pending in order to establish or rule out a causal link (nexo causal) between the construction of that wall and the increase in the aforementioned flooding. They state that, through official letter MC-IM-164-2018, engineer Maureen Brenes Acuña, Head of the Department of Territorial Development, certified that the reported works did not have a building permit (permiso de construcción) and could not obtain one, simply because the Municipalidad de Carrillo itself had filed a complaint with the Tribunal Ambiental Administrativo in 2007 against Claudio Alfonso Rojas Marín (former owner of Finca el Guaco), specifically regarding the work performed within that property, and because the nature of that work and the possible damage caused place the matter within that Tribunal’s jurisdiction to hear and decide.They clarify that the complaint is being processed under expediente 88-07-01-TAA. They maintain that it is entirely false that the Mayor’s Office and the Municipal Council failed to act within the scope of their authority; indeed, as a result of the complaint filed by the appellant in October 2017, the Concejo Municipal de Carrillo adopted Resolution 3, subsection 11, issued at Ordinary Session No. 44-2017, held on October 31, 2017—that is, less than one week after the complaint was filed—expressing support for the residents of Paso Tempisque and Palmira in light of the problems they were experiencing. They add that, through official letter MC-VAM-079-017, the Mayor’s Office requested that the Comisión Nacional de Emergencias conduct a study of the situation reported and described by the residents of those communities. They indicate that, through official letter MC-ALC-1745-2017 dated December 5, 2017, the Mayor’s Office and the Road Management Technical Unit of the Municipal Corporation submitted a report to the Comisión Nacional de Emergencias on the damage caused by Tropical Storm Nate in the Cantón de Carrillo, which included the Distrito de Palmira and the impacts it suffered.They further state that, through Resolution No. 2, subsection 2, issued at Ordinary Session No. 50-2017, the Municipal Council agreed to grant a hearing (audiencia) to Ana Ibis Hernández Castañeda and the other residents who had requested one, to be held on January 18, 2018. They affirm that the request for a hearing before the Municipal Council was also submitted by Elmer Cortés Camacho, who was granted authorization for the aforementioned date. They explain that, through Resolution 2, subsection 1, issued at Ordinary Session No. 51-2017, held on December 6, the Municipal Council appointed council members Robert Miranda, Freddy Gómez, Roberto Canales, and Manuel Víctor to a committee tasked with conducting an inspection at Finca el Guaco concerning the residents’ expressed concerns about the repercussions of Tropical Storm Nate. They note that, at Extraordinary Session No. 01-2018, held on January 18 of the current year, Ana Ibis Hernández Castañeda and Elmer Cortés Camacho, respectively President of the Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque and a member of the Pro Comité de Desastre Natural, were heard, and a new committee comprising members of the Municipal Council and residents of Paso Tempisque was formed to continue addressing the reported problem.They add that, through official letter MC-ALC-264-2018, First Deputy Mayor Isabel Francina Uribe Villagra asked the Municipal Council to convene a meeting with representatives of Inder and members of the affected communities to analyze the matter and jointly seek solutions. They state that, through Resolution No. 03, subsection 5, part 1, issued at Ordinary Session 17-2018, held on April 24, 2018, the Municipal Council agreed to request that the CNE provide the report on the inspection it conducted at Finca el Guaco accompanied by the Municipal Mayor. They affirm that, at that same session, it was agreed that the Special Committee would include one representative from Inder, one from MINAET, and 2 representatives from UZADIS, to coordinate the corresponding inspection process and permits for an inventory of dead trees in the channel of the Río Las Palmas. They clarify that, through Resolution No. 03, subsection 5, parts 2-3, issued at Ordinary Session No. 17-2018, held on April 24, 2018, the Municipal Council agreed to request that MINAET conduct an inventory and issue the respective permits to remove fallen trees from the channel of the Río Las Palmas, from the bridge at Comunidad to the Puente de Chalaco.They state that part 2-4 of that same municipal resolution provided that the CNE be asked to clear the channel of that river. They add that the Mayor’s Office and the Municipal Council have worked tirelessly and closely with representatives of the Comunidades de Palmira y Paso Tempisque to resolve the matter. They maintain that they have taken the actions available to them within the scope of their authority, establishing channels of communication with other State institutions such as Inder, MINAET, and CNE, as well as with private entities such as UZADIS and the Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque. They clarify that the pertinent resolutions have been adopted and MINAET and the CNE have been asked to assist with inventories and cleanup activities in an area of responsibility more properly belonging to those institutions than to the Municipal Corporation. They affirm that committees have likewise been formed, inspections conducted, and technical and legal advice provided to address, in the best possible manner, the petition submitted by the residents of Palmira and Paso Tempisque.They state that the Municipalidad de Carrillo has acted with complete diligence, in strict adherence to the scope of its authority, and has addressed the complaint filed by the appellant. They request that the amparo petition (recurso de amparo) be denied.
  3. 8The statutory requirements have been observed in the proceedings conducted.

Opinion drafted by Justice Araya Garcia; and,

CONSIDERING:

I.Preliminary matter. Before analyzing the merits of the case—in relation to the alleged violation of the right to prompt and proper proceedings (derecho a un procedimiento pronto y cumplido)—it must be clarified that, beginning with Judgment No. 2008-02545 at 08:55 on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa), with certain exceptions, those matters involving a dispute as to whether the public administration has complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings (procedimientos administrativos especiales), either to conclude an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—through a final administrative act (acto final), or to hear the applicable administrative appeals (recursos administrativos). Specifically, the case at bar presents an exceptional situation because it involves an environmental petition (gestión ambiental) that allegedly has neither been decided nor addressed within a reasonable period. That point having been clarified, the Court proceeds to decide the specific situation raised in this amparo proceeding.

II.Subject matter of the petition. The appellant, an older adult who serves as the representative of the Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque, states that on October 4, 2017, as a result of Tropical Storm Nate, the residents of Paso Tempisque suffered flooding that caused them property losses. She alleges that the disaster was exacerbated by a retaining wall built on Finca del Guaco, which is owned by Inder. She asserts that, on October 25, 2017, the corresponding complaint was filed with the Municipalidad de Carrillo and the CNE; nevertheless, despite the time elapsed and the steps taken by the residents of the affected communities, the problem has not yet been resolved. Accordingly, she considers that fundamental rights (derechos fundamentales) have been infringed and requests that the wall, section, or fill (relleno) on Finca El Guaco be demolished.

III. Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter

Since 2007, the Municipalidad de Carrillo has maintained a complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo against Claudio Alfonso Rojas Marín (former owner of Finca el Guaco) concerning work performed within that property; the complaint is being processed under expediente 88-07-01-TAA (case file).

Prior to purchasing the El Guaco property, INDER relied on the study by MSC. Julio Madrigal Mora, a geologist with the CNE Risk Research and Analysis Unit, who stated the following in section 2 of official letter IAR-INF-1073-2015 of 2015, concerning the risk assessment (valoración de riesgo) of land in Palmira de Carrillo as part of the process for the possible acquisition of the property by INDER: “(...) the property has a system of embankments (bordos) and channels designed not only to meet the water needs of the project, but also to serve as mitigation works (obras de mitigación) against potential rises in water levels or overflows, which INDER shall ensure are maintained in good working condition.” That report was submitted to the INDER Board of Directors prior to the purchase of the property for its corresponding approval. Likewise, on the basis of that document, INDER maintains the dikes (diques) that were built by the property’s previous owner and, furthermore, “point B) The preparation of a comprehensive hydrological model of the entire watershed or micro-watershed, establishing the history of the area, maximum probable floods, maps of the area potentially subject to flooding, or construction regulation maps, mitigation works if necessary, or ruling out overflow in the project area, due to its vulnerability to this type of hazard; under point D) The Municipalidad de Carrillo must carry out mitigation works along the watercourses (cauces) to reduce the flooding problem and hazard in vulnerable areas.

Under point F) Any irregularity concerning construction techniques or failure to follow the recommendations described herein SHALL REMAIN THE SOLE RESPONSIBILITY of the institutions granting the permits, the engineer responsible for the works, and the respective Municipalidad for failing to request the corresponding reports, inspections, and corrections. Thus, this task does not fall solely to INDER; it requires interinstitutional coordination, and the local government and CNE set the guidelines as the institutions responsible for risk management (gestión del riesgo), and, as stated in the second fact, INDER has attempted to comply with the recommendations in order to mitigate potential flood damage” (case record (autos)).

The El Guaco property is owned by INDER and has been recorded in the Guanacaste Property Registry District under registration number 5-184539-000 since 8 de febrero del 2016; it was acquired with a retaining wall (muro de contención) built by the property’s previous owner (case record).

The work performed by INDER on the aforementioned property consisted of constructing roads in the rural settlement (asentamiento campesino), where culvert crossings (pasos de alcantarilla) were built with their respective headwalls and concrete boxes to channel the water; the internal roads were also graded as a preventive measure against flooding events. The work was carried out through INDER’s Settlement Infrastructure and Design Area, pursuant to Abbreviated Tender 2016LA-000024-02N, and the work was accepted on 22 de junio 2017. Official letter No. MC-IM-164-2018 from the Territorial Development Department of the Municipalidad de Carrillo certifies that the Construction Section of the Territorial Development Department has no record of a construction permit for fills (rellenos) in the channel of Río Las Palmas adjacent to Finca El Guaco, Paso Tempisque (case record).

The natural phenomenon Nate, which occurred in octubre de 2017, caused property damage throughout a large part of the national territory (case record).

On 25 de octubre de 2017, the residents of Paso Tempisque submitted a letter dated 24 de octubre to the Comisión Nacional de Emergencias, through the Office of the Municipal Council Secretary and the Mayor, both of the Municipalidad de Carrillo, describing the problems they experienced from the effects of tropical storm Nate, which, in their opinion, were caused because “(...) the new occupants have made certain alterations to the contours of their land, such as fills using ballast material and, in certain areas, the reconstruction of internal roads on this property, for which they used large quantities of material to raise the roads substantially, leading us to wonder whether these are actually walls disguised as roads, since on the day of the event these roads (walls) did not have adequate drainage to release the amount of water that accumulated there, creating a veritable dam in that sector that ultimately caused Río Palmas to flow directly into the Paso Tempisque area” (case record).

As a result of the complaint filed by the affected persons, the Concejo Municipal de Carrillo adopted resolution 3, subsection 11, issued at Ordinary Session No. 44-2017, held on 31 de octubre del 2017, resolving to express its support for the residents of Paso Tempisque and Palmira concerning the problems they were experiencing. The Municipal Mayor’s Office, through official letter MC-VAM-079-017, requested that the Comisión Nacional de Emergencias conduct a study of the situation reported and described by the residents of those communities (case record).

Through official letter MC-ALC-1745-2017 of 5 de diciembre del 2017, the Municipal Mayor’s Office and the Road Management Technical Unit of the Municipal Corporation submitted a report to the Comisión Nacional de Emergencias on the damage caused by tropical storm Nate in the Cantón de Carrillo, which included the Distrito de Palmira and the effects suffered there (case record).

By resolution No. 2, subsection 2, issued at Ordinary Session No. 50-2017 of 5 de diciembre de 2018, the Concejo Municipal resolved to grant a hearing to Ms. Ana Ibis Hernández Castañeda and the other requesting residents on 18 de enero del año 2018 (case record).

Through resolution 2, subsection 1, issued at Ordinary Session No. 51-2017, held on 6 de diciembre de 2017, the Concejo Municipal appointed council members Robert Miranda, Freddy Gómez, Roberto Canales, and Manuel Víctor to a committee tasked with conducting an inspection at Finca el Guaco in connection with the concerns expressed by residents regarding the repercussions of tropical storm Nate (case record).

At Extraordinary Session number 01-2018, held on 18 de enero de 2018, Ana Ibis Hernández Castañeda and Elmer Cortés Camacho, respectively President of the Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque and a member of the Pro Comité de Desastre Natural, were heard, at which time a new committee was formed with members of the Concejo Municipal and residents of Paso Tempisque to continue addressing the reported problems (case record).

Through official letter MC-ALC-264-2018 of 19 de marzo de 2018, First Deputy Mayor Isabel Francina Uribe Villagra requested that the Concejo Municipal hold a meeting with INDER officials and members of the affected communities to analyze the reported problems and seek joint solutions; the foregoing was undertaken at INDER’s initiative. A Special Committee was formed comprising representatives of the Concejo Municipal, the Mayor’s Office, and residents of the community of Paso Tempisque (case record).

By resolution No. 03, subsection 5, part 1, issued at Ordinary Session No. 17-2018, held on 24 de abril del 2018, the Concejo Municipal resolved to request that the Comisión Nacional de Emergencias send the report on the inspection it conducted at Finca el Guaco in the company of the Municipal Mayor. At that same session, it was resolved to add to the Special Committee one representative of INDER, one from MINAET, and 2 representatives of UZADIS, in order to coordinate the corresponding inspection and permit procedures for an inventory of dead trees in the channel of Río Las Palmas (case record).

By resolution No. 03, subsection 5, parts 2-3, issued at Ordinary Session No. 17-2018, held on 24 de abril del 2018, the Concejo Municipal resolved to request that MINAET conduct an inventory and grant the respective permits to remove fallen trees from the channel of Río Las Palmas, from the bridge at Comunidad to the Puente de Chalaco. Part 2-4 of that same municipal resolution provided that CNE be requested to clear the river channel (case record).

On 15 de mayo de 2018, the Comisión Especial del Guaco reported to the Concejo Municipal on the problems described by the residents of Paso Tempisque, during which the matters to be raised by the petitioner in the amparo action (recurso de amparo) to be filed were analyzed. Likewise, upon reviewing the CNE report of 2015, they resolved to request a technical study indicating whether the dikes constructed on the property had contributed to the flooding of 4 de octubre de 2017 (case record).

The Municipalidad and the Concejo Municipal have worked with representatives of the Comunidades de Palmira y Paso Tempisque to resolve the problems affecting them; they have taken the actions falling within the scope of their authority and established channels of communication with other State institutions, such as INDER, MINAET, and CNE, as well as with private entities such as UZADIS and the Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque (case record).

CNE has prepared 2 technical reports through its Risk Research and Analysis Unit concerning risk assessments in the area, namely: “Technical Report IAR-INF-0730-2015, entitled ‘Risk Assessment of Land in Palmira de Carrillo, Guanacaste, as Part of the Process for Possible Acquisition by INDER’”; and “Technical Report DPM-INF-1109-2008, entitled ‘Land-Use Regulations (regulaciones en el uso del suelo) Due to Flooding in the Central District of Carrillo, Guanacaste, Costa Rica.’” These reports were prepared pursuant to the Risk Management Policy (Política de Gestión del Riesgo), so that coordinating bodies or the various requesting public institutions could perform their risk and hazard prevention duties within the scope of their authority (see report submitted under oath and evidence added to the case file (expediente)).

IV.Unproven facts. Of relevance to the resolution of this matter, it was not proven that: 1) The wall alleged by the petitioner, or the work performed by INDER in 2017, had intensified the flooding in the Paso Tempisque area when tropical storm Nate passed through. 2) The affected persons and residents of the area had processed or filed any complaint with CNE regarding the problems they experienced as a result of the flooding caused by tropical storm Nate. 3) The respondent Municipalidad had provided the persons affected by the storm’s devastation and the signatories to the complaint with a written response to the complaint filed in octubre de 2017.

V.On the right to prompt and effective justice. In light of Article 41 of the Constitution, the Administration has an obligation to guarantee citizens prompt and effective justice, without denial thereof. In the sphere of administrative justice (justicia administrativa), this entails its obligation to decide diligently and expeditiously on claims filed by persons subject to the Administration (administrados), so that its decision addresses the claims asserted, and to notify the interested parties of the decision, all within a reasonable period. Thus, the “reasonableness” of the duration of administrative action is determined on a case-by-case basis according to various factors, such as the technical complexity of the administrative matter, the extent of the evidence to be received, or the degree to which the challenged act affects the person or the environment. It follows that there is no strict right to have time limits constitutionalized, but rather a right to constitutional review (control de constitucionalidad) of those actions of the Administration for which there are insufficient grounds to justify the time taken to resolve any type of administrative matter.

VI.Regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73 and 89 of the Constitution), as well as under international law. In this regard, in judgment No. 3705-93 at 15:00 hours on 30 de julio de 1993, this Court stated: “(...) Environmental quality is one measure of that quality of life; other equally important measures are health, food, work, housing, education, etc. More important, however, is understanding that although human beings have the right to use the environment for their own development, they also have a duty to protect and preserve it for present and future generations. This is not particularly novel, because it is merely the application to this field of the principle of ‘injury,’ already consolidated in ordinary law, under which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and beneficial enjoyment of the right itself.” The State likewise has an obligation to protect the environment, expressly set forth in the second paragraph of Article 50 of the Political Constitution, which provides: “Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Accordingly, every person has standing to report acts that violate that right and to seek reparation for the harm caused.” This provision is supplemented by the terms of Article 11 of the “Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights.” When both provisions are interpreted harmoniously, the precautionary principle (principio precautorio) may be derived, according to which the State must take all necessary measures—within the scope permitted by law—to prevent irreversible environmental harm. In connection with the foregoing, in judgment No.180-98 at 16:24 hours on 13 de enero de 1998, this Chamber reasoned: “(...) the State not only has the unavoidable responsibility to ensure that the health of every person comprising the national community is not harmed by third parties in relation to these rights, but must also assume responsibility for creating favorable social conditions so that every person may enjoy health, with that right understood as a state of physical, psychological (or mental), and social well-being.”

VII.Concerning the specific case. In this case, the record shows that Finca El Guaco is indeed owned by Inder and was acquired with a retaining wall constructed by the property’s former owner. Subsequently, in 2017, Inder performed a series of works on the aforementioned property involving the construction of roads in the rural settlement, where culvert crossings with their respective headwalls and concrete boxes were built to channel water; gravel was also laid on the internal roads. This work was carried out through the Área de Infraestructura y Diseño de Asentamientos del lnder, pursuant to Licitación Abreviada 2016LA-000024-02N. The record also shows that, following the natural phenomenon Nate, which occurred in octubre de 2017, the affected residents of Paso Tempisque submitted, on 25 de octubre de 2017, a letter dated 24 de octubre solely to the Secretaría del Concejo Municipal and the Alcalde, both of the Municipalidad de Carrillo.

In that letter, they described the problems they had suffered as a result of Tropical Storm Nate, which, in their view, were caused because “(...) the new occupants have made certain modifications to the terrain of their land, such as gravel fills and, in certain areas, the remodeling of internal roads on this property, for which they used large quantities of material to raise the roads substantially. This leads us to wonder whether these are actually walls disguised as roads, since on the day of the event these streets (walls) lacked adequate drainage to release the volume of water that accumulated there, creating a veritable dam in that area, which ultimately caused the Río Palmas to flow directly into the Paso Tempisque area.” Now, the reports submitted under oath and the evidence added to the case file show that, although the Municipalidad de Carrillo, in response to the aforementioned complaint, has mediated in an effort to find a solution for those affected by the storm, and interdisciplinary committees have even been formed to address these problems, the fact remains that it was not established that those joint efforts had resulted in a solution or that the Municipalidad de Carrillo had informed the signatories of the 2017 complaint in writing of the progress made or the status of the proceeding.

As established in the case file, although progress must be made jointly by the respondent authorities, the matter alleged to remain pending was submitted to the Concejo Municipal and the Alcalde Municipal de Carrillo. Based on the foregoing, this Chamber finds that there has indeed been an undue delay or unjustified postponement that violates the fundamental right enshrined in Article 41 of the Political Constitution, since, when the amparo proceeding (recurso de amparo) was filed, the protected parties had not been informed in writing of the outcome of their requests or the status of the case. Under these circumstances, the proper course is to grant the amparo solely against the Municipalidad de Carrillo, as hereby ordered.

VIII.The authorities of the Instituto de Desarrollo Rural and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo must bear in mind that they are likewise required to address and assist with the actions undertaken by the Municipalidad de Carrillo as a result of the requests submitted by residents of the area who state that they suffered harm from Tropical Storm Nate, so that, if necessary, it may be determined whether there is in fact any defect in the works carried out at Finca El Guaco that could pose a danger to the residents of the Paso Tempisque area.

IX. SEPARATE OPINION OF JUSTICE HERNÁNDEZ LÓPEZ

I have consistently dissented in cases seeking to remedy, through an amparo proceeding, mere administrative inaction in the exercise of administrative powers and authority, on the ground that such matters may be litigated through ordinary legality proceedings (vía de legalidad ordinaria), because I consider that the Chamber is not, and should not become, a single or omnipresent forum that diminishes the other avenues of judicial protection created for that purpose by the constituent authority and the legislature. I have clarified, however, that I do consider cases of administrative inaction concerning the matters indicated to be eligible for protection in these proceedings when such inaction directly impairs the exercise of fundamental rights governed by the Political Constitution or international human rights treaties, provided that they are amenable to determination in a highly expedited proceeding of the special nature and urgency of amparo as a procedural mechanism. That is the situation in this proceeding, in which an intense impairment of the protected persons’ right to personal integrity and their right to property has been established. I have therefore considered it necessary for the Chamber to exercise its jurisdiction to determine or rule out whether the alleged omissions violate the fundamental rights of the protected persons, as asserted in the filing.

X.Documentation submitted to the case file. The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced through new technologies, those materials must be collected from the court office within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period shall be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, Article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as pursuant to the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

The application is declared partially granted solely against the Municipalidad de Carrillo. Carlos Gerardo Cantillo Álvarez and Roberto Canales Canales, Mayor and President of the Concejo Municipal de Carrillo, respectively, both of the Municipalidad de Carrillo, or whoever holds those offices in their stead, are ordered to issue the necessary instructions so that, within EIGHT DAYS from service of this judgment, the affected parties are informed in writing of the status of their complaint and, thereafter, the necessary appropriate measures are taken to ensure that the case is finally resolved within a reasonable period of time. They are warned that failure to comply with this order could constitute the offense of disobedience and that, pursuant to Article 71 of the Ley la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo), which that person is required to comply with or enforce, and fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years or fined twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.

The Municipalidad de Carrillo is ordered to pay the legal costs (costas), damages, and losses caused by the acts underlying this ruling, which shall be assessed in judgment-enforcement proceedings (ejecución de sentencia) before the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción de lo contencioso administrativo). This decision shall be served personally upon the respondent authorities. In all other respects, the application is denied. The authorities of the Instituto de Desarrollo Rural and the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo shall take note of the statements set forth in Considerando VIII of this judgment. Justice Hernández López adds a separate note.

Fernando Castillo V.

Acting President Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Hubert Fernández A.

Lucila Monge P.

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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del tres de agosto de dos mil dieciocho .

Recurso de amparo interpuesto por ANA IBIS ANTONIA HERNÁNDEZ CASTAÑEDA, cédula de identidad 05-0127-0290, en representación de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PASO TEMPISQUE, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO Y LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO (CNE).

RESULTANDO:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 28 de mayo de 2018, la recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que es una persona adulta mayor y, funge como representante judicial y extrajudicial de la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque. Refiere que el 4 de octubre de 2017, a raíz de la tormenta Nate, los vecinos de Paso Tempisque sufrieron inundaciones, lo cual, les provocó muchas pérdidas materiales. Sin embargo, acusa que dicho desastre fue potenciado por un muro de contención que se construyó en la finca del Guaco, la cual, es propiedad del Inder. Apunta que las obras efectuadas en dicho inmueble, no cuentan con los permisos respectivos (ver oficio No. MC-IM-164-2018 del Departamento de Desarrollo Territorial de la municipalidad recurrida), razón por la cual, no se tomó en cuenta que las comunidades Paso Tempisque y Palmira, iban a ser afectadas por las inundaciones, en razón que el muro señalado forma una especie de dique que las acrecienta.Señala que los vecinos tienen mucho temor, ya que, con la llegada de las lluvias, podrían verse, nuevamente, afectados. Explica que sobre la situación descrita, el 25 de octubre de 2017, se presentó la respectiva denuncia ante el despacho del Alcalde y la Secretaría del Concejo, ambos de la Municipalidad de Carrillo Guanacaste, así como, en la Comisión Nacional de Emergencias. No obstante, a pesar del tiempo transcurrido y de las gestiones realizadas por los vecinos de ambas comunidades, la problemática aún no ha sido resuelta. Considera que sus derechos fundamentales y los de los demás vecinos, están siendo violentados.
  2. 2Por resolución de las 09:57 horas del 4 de junio de 2018, se previno a la recurrente indicar si ha presentado ante las autoridades recurridas, denuncias sobre la situación descrita en este recurso.
  3. 3Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:15 de 13 de junio de 2018, la recurrente cumplió la prevención realizada por la Sala.
  4. 4Por resolución de Presidencia de las 08:45 horas de 14 de julio de 2018, se le dio curso al presente amparo y se solicitó informe al Director del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) Oficina Subregional de Santa Cruz; al Alcalde y al Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Carrillo y, al Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo (CNE).
  5. 5Por escrito incorporado al expediente digital el 21 de julio de 2018, informa bajo juramento Eduardo Mora Castro, en su condición de Jefe de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que según la Ley No. 8488, artículo 4, se entiende a la gestión de riesgo como un "(...) proceso mediante el cual se revierten positivamente las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como la preparación, atención y recuperación ante las emergencias " y, debe verse como un "proceso continuo de análisis, planificación de la toma de decisiones y ejecución de acciones para identificar, prevenir y reducir las posibilidades de que un evento potencialmente destructivo (amenaza) cause daño o perturbación grave en la vida de las personas, el tejido socioeconómico, los medios de subsistencia y los ecosistemas de los territorios, así como establecer las herramientas para responder de forma adecuada, en caso de que de todas formas se materialice un impacto, con el objetivo de permitir una recuperación eficiente, sin reconstruir la vulnerabilidad, después de un desastre ".Afirma que la gestión de riesgo presenta ámbitos distintos de intervención, desde lo nacional, regional y sectorial, hasta lo local, comunitario y familiar. Agrega que, además, requiere la existencia y el funcionamiento de sistemas y estructuras organizacionales e institucionales que representan esos ámbitos y que reúnan, bajo modalidades de coordinación establecidas, sus papeles diferenciados acordados, sus instancias colectivas de representación social de los diferentes actores e intereses que participan en la construcción del riesgo y en su reducción, previsión y control, deben ser definidas adecuadamente. Señala que la gestión de este riesgo es la base principal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo entendido como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica, de los órganos, las estructuras, las relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo el sector privado y la sociedad civil organizada.Aclara que su propósito es la promoción y ejecución de los lineamientos de la política pública que permiten tanto al Estado Costarricense como a los distintos sectores de la actividad nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de la planificación y de las prácticas del desarrollo. Señala que de lo anterior, se deduce lo siguiente: a) Que el riesgo es transversal al quehacer de todas las actividades tanto públicas como privadas; b) Que la gestión de éste debe ser una política pública del Estado Costarricense; c) Que esta política queda plasmada en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo; d) documento elaborado por Comisión, acto que materializa esa política pública y debe ser consultado de forma obligatoria por los órganos y entes del Estado responsables de las tareas de planificación, quienes a la hora de elaborar los respectivos planes tomarán en cuenta las orientaciones señaladas en dicho Plan.De igual forma al elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, se deberá considerar el componente de prevención y mitigación del riesgo, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley No. 8488. Refiere que la Comisión cumple con una función rectora en prevención de riesgos y coordinadora cuando de atender emergencias se trate, o dicho de otra forma, a la Comisión por principio de legalidad, le corresponde dirigir, orientar, encaminar la prevención del riesgo en Costa Rica y ser la coordinadora de las instituciones estatales cuando de emergencias se trate. Señala que la Ley No. 8488 también concibe la gestión del riesgo como "...un eje transversal de la labor del Estado costarricense; articula los instrumentos, los programas y los recursos públicos en acciones ordinarias y extraordinarias, institucionales y sectoriales, orientadas a evitar la ocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases.Toda política de desarrollo del país debe incorporar tanto los elementos necesarios para un diagnóstico adecuado del riesgo y de la susceptibilidad al impacto de los desastres, así como los ejes de gestión que permitan su control". Expone que, con base en lo dispuesto en los artículos 3, 8, 25 y 26 de la misma ley, todas las instituciones del Estado, incluyendo principalmente a las Municipalidades, tienen el imperativo mandato de prevenir los desastres y, en particular, son los gobiernos locales quienes deben incorporar la prevención como componente de los proyectos de desarrollo urbano, considerando en sus programas los conceptos de riesgo y desastre, incluyendo las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que tienda a reducirlos. Aclara que, del mismo modo, todas las instituciones públicas deben coordinar con la CNE sus programas y actividades de prevención, considerándolos como un proceso de política pública que deberá operar en forma permanente y sostenida, con el enfoque sistémico y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo.Disponiéndose adicionalmente en el artículo 27, la obligación que en los presupuestos de cada institución pública, se incluya la asignación de recursos para el control del riesgo de los desastres, considerando la prevención como un concepto afín con las prácticas de desarrollo que se promueven y realizan. Sostiene que la importancia de la corresponsabilidad y compromiso local de la gestión del riesgo por parte de las municipalidades, radica en que las emergencias y posibles desastres se pueden materializar en sus territorios, por lo que, su reacción y sobre todo la prevención deben ser propias de su quehacer cotidiano. Esgrime que, aún los desastres "grandes " que afectan el territorio nacional, son en realidad la suma de amenazas y vulnerabilidades que ocurren de manera simultánea, localizada y altamente dinámica, en el territorio municipal, producto de la concatenación de las relaciones físicas, sociales, económicas y políticas.Asegura que el Estado tiene entre sus misiones el prevenir la realización de riesgos que puedan afectarlo o afectar a su población, por lo que, debe ejercer una labor preventiva dirigida a evitar que las personas y bienes sufran daños por causa de un siniestro: se protege para evitar que la vida o la salud de las personas o su patrimonio sufran daños. Aclara que la emergencia no puede evitarse pero sí pueden atenuarse sus efectos, para lo cual, se requiere una labor de prevención y, es que la imprevisión, es decir el no prever que X situación pueda producirse y el no actuar para evitarla, entraña un riesgo para la vida, salud y seguridad de las personas y los bienes de éstas. Amplía que se comprende que ninguna Administración Pública puede evitar que una calamidad pública se produzca, pero sí puede imputársele responsabilidad por no prever las consecuencias que esa calamidad pueda generar.Señala que lo anterior, indica que el ordenamiento obliga a todo organismo público, pero particularmente a la Comisión, a actuar antes que la emergencia se presente y no sólo a actuar, sino esencialmente, a planear y tomar acciones para evitar que si ésta se presenta, produzca daños en personas y bienes. Sostiene que es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento y, el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad, y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. De ahí que, desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Deber insoslayable que ha sido ampliado en diversos criterios de la Procuraduría General de la República, entre ellos el C-093- 2007 del 27 de marzo de 2007, el C-020-2009 del 29 de enero de 2009, el C-118-2009 del 4 de mayo de 2009, el C-155-2009 del 01 de junio de 2009, el C-091-2010 del 03 de mayo de 2010, entre otros.La Sala Constitucional ha ratificado esta responsabilidad, en resoluciones como las números 2153-93, 5305-93, 6706-93,4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485,2002-01220,2002- 05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 y 2005-07516, entre muchas otras. Al respecto, dice, ha señalado el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, citado en Dictamen C-032-98 del 25 de febrero de 1998, de la Procuraduría General de la República: " La competencia municipal para dictar los planes urbanísticos proviene de la ley, puesto que cubre materia constitucionalmente reservada a ésta, pero tiene también fundamento constitucional, puesto que es materia local. Esto quiere decir que la ley no puede hacer la delegación sino en el Municipio y que sería inconstitucional, por violatoria de la autonomía municipal la ley que hiciera lo contrario y habilitara, por ejemplo, al Poder Ejecutivo".Adicionalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ha emitido sentencias concordantes con la posición de la Procuraduría General, como la resolución No. 128-2008 de las 10:30 minutos del 7 de marzo de 2008, entre muchas otras, recalcando la absoluta responsabilidad de los gobiernos locales en cuanto al ordenamiento territorial. Asimismo, el Acuerdo No. 0443 del 30 de noviembre del 2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias tomado en la Sesión Extraordinaria No.10-11, celebrada el 9 de noviembre de 2011 y publicado en la Gaceta No. 230 del 30 de noviembre del 2011 denominado: "Recomienda a los alcaldes y alcaldesas que procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente y demoler las edificaciones ubicadas en ellas" textualmente indica: "a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas del país: i. Que conforme a los deberes y atribuciones que la Constitución Política en sus artículos 50 y 169, el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal, y normativa conexa, la Ley General de Salud y la amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en ellas, y a vigilar que no vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la secuencia procedimental citada en el Considerando IV, que se extrae de la resolución No. 12485-2010 de la Sala Constitucional.Que por el carácter vinculante que la Sala Constitucional les confiere, implementen de inmediato las recomendaciones que los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas les han brindado reiteradamente a lo largo de muchos años y que son de su conocimiento, sobre acciones concretas y oportunas para salvaguardar la vida humana en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente. Quedarán a disposición de las municipalidades en las oficinas de la CNE, los estudios y recomendaciones técnicas que se han girado históricamente en cada caso. Las Auditorías Internas y los Concejos Municipales deberán velar por el acatamiento de estas disposiciones. La desobediencia será considerada incumplimiento de deberes, y deberá ser elevada por las Auditorias Internas al conocimiento de la autoridad correspondiente (...) d. Comunicar formalmente este Acuerdo a todos los Alcaldes y Alcaldesas, y a la Defensorio de los Habitantes. e. Publicar este Acuerdo y el mapa síntesis de amenazas naturales del país (disponible en la página Web, www.cne.go.cr) en el diario oficial y en un diario de circulación nacional".En este punto, es necesario recordar que en virtud que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local y, para el caso concreto, la Municipalidad de Moravia como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal), tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. Asevera que la CNE es la institución pública rectora en lo referente a la coordinación de las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia; órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, con personería jurídica instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto y para la inversión de sus recursos, con patrimonio y presupuesto propio.Sus acciones deben orientarse de conformidad con los principios que establece la Ley No. 8488 en el Artículo 3, entre ellos, estado de necesidad y urgencia entendido como la situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico, con el menor daño posible para el segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal; protección de la vida, considerando que quienes se encuentran en el territorio nacional deben ser protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el ambiente, frente a los desastres o sucesos peligrosos que puedan ocurrir y finalmente prevención, como la acción anticipada para procurar reducir la vulnerabilidad, así como, las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres; por su misma condición estas acciones o medidas son de interés público y de cumplimiento obligatorio.Reseña que la Ley No. 8488 como parte de las competencias extraordinarias faculta a la CNE de atender las emergencias locales y menores mediante la figura de los "Primeros Impactos" dado que el artículo 15 en su párrafo final indica: "(...) Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que medie una de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren y la seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de un servicio humanitario de primer impacto, consistente en la entrega de cobijas, alimentación, colchonetas y de ser necesario, la adquisición de materiales para rehabilitar los servicios básicos y habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de cien horas máquina para la limpieza del área más afectada de la zona". Dice que el párrafo final del artículo 15 se refiere a un servicio humanitario de primer impacto.La Ley utiliza el término "primer impacto" para referirse a la primera fase de atención de una emergencia declarada. En efecto, el artículo 30 de la Ley, que divide dicha atención en la fase de respuesta, de rehabilitación y finalmente de reconstrucción, establece que la fase de respuesta es inmediata a la ocurrencia del suceso. Fase que incluye medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, propiedad y ambiente. Pero también obras de mitigación dirigidas a proteger a la población, la infraestructura y el ambiente. El artículo 4 define respuesta como las acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia; procuran el control de una situación, para salvaguardar obras y vidas, evitar daños mayores, y estabilizar el área de la región impactada directamente por la emergencia. En este sentido, sin que medie una declaratoria de emergencia, la Comisión podrá atender las emergencias locales y menores, para lo cual se permite la contratación de un máximo de 100 horas máquina para la limpieza del área afectada.Asimismo, el artículo 30 inciso a) de la misma ley establece que en la fase de respuesta, la cual es una fase operativa inmediata a la ocurrencia del suceso, se incluyen las medidas urgentes de primer impacto orientadas a salvaguardar la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios mediante acciones de alerta, alarma, evacuación y reubicación, entre otras. Define que, en lo que respecta al Régimen de Excepción, este surge a partir de una Declaratoria de Estado de Emergencia, la cual es realizada por el Poder Ejecutivo, según lo dispone el artículo 29 de la Ley No. 8488. La Declaración de Emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficiente recursos económicos, materiales o de otro orden para, para atender a las personas, los bienes y servicios afectados o en peligro, según sea la necesidad en las distintas etapas de la emergencia según lo establece el artículo 30 de la citada ley.Para utilizar el régimen de excepción deberá existir el nexo de causalidad entre el suceso que provoca el estado de necesidad y urgencia y, los daños efectivamente provocados. Una vez declarado un Estado de Emergencia, la atención de la emergencia se ejecuta mediante tres fases según lo estable el artículo 30 de la citada, las cuales consisten en una fase de respuesta dirigida a aplicar medidas urgentes para la vida, la infraestructura de servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios vitales; por otra parte, tenemos la fase de rehabilitación que refiere a la estabilización de la región afectada, mediante acciones orientadas a la rehabilitación temporal de los servicios vitales de agua, transporte, telecomunicaciones, salud, comercio, electricidad, entre otros, y por último tenemos la fase de reconstrucción destinada a reponer el funcionamiento normal de los servicios públicos afectados; incluye la reconstrucción y reposición de infraestructura pública y de interés social dañadas, así como la implementación de las medidas de regulación del uso suelo de la tierra orientada a evitar daños posteriores.Cuando el Poder Ejecutivo haya emitido el decreto que declara el estado de emergencia, de inmediato la Comisión, por medio de su Dirección Ejecutiva y en consulta con su Presidencia, convocará a las Instituciones que tengan competencia y cualquier otra que considere necesaria por estar dentro del área de afectación de la emergencia, para la elaboración del Plan General de la Emergencia, instrumento que permitirá planificar y canalizar en forma racional, eficiente y sistemática, las acciones que deban realizarse, la supervisión necesaria y la asignación de los recursos que se requieren. Con este propósito, expresa, dentro de un plazo máximo de 2 meses, las instituciones convocadas deberán entregar un reporte oficial de los daños que sufrió el área de su competencia, con una estimación de los costos y las necesidades que deban cubrirse. Debe existir, en forma inequívoca, una relación de causa- efecto en este reporte de daños.Con los reportes presentados y la demás documentación que la Comisión acredite, se elaborará el Plan General de la Emergencia. El Plan General de la Emergencia es el instrumento de planificación que establece el efecto de causalidad entre el evento ocurrido, las acciones y la inversión que se realiza para enfrentar la emergencia. Consta de una descripción del evento causal, la evaluación de los daños y la estimación de las pérdidas generadas, desglosados por cantón y sector; igualmente, incluye la delimitación de las acciones que debe realizar cada institución, incluso las propias de la Comisión; así como un detalle del monto de la inversión que se requiere hacer en cada una de las fases de la atención de la emergencia, desde la fase de respuesta, hasta la reconstrucción de la zona afectada. Todas las instituciones, manifiesta, están obligadas por esta Ley a contribuir en lo necesario, con información y apoyo técnico para la elaboración del Plan General de la Emergencia.La redacción de este Plan, como las responsabilidades referidas a la ejecución posterior, tendrán prioridad por encima de las labores ordinarias de cada institución particular, en tanto esté vigente el estado de emergencia. Para ejecutar las acciones, las obras y los contratos, la Comisión nombrará como Unidades Ejecutoras a las instituciones públicas con competencia en el área donde se desarrollen las acciones, siempre que estas cuenten con una estructura suficiente para atender los compromisos. El nombramiento de Unidades Ejecutoras permite la asignación de recursos de la emergencia lo que implica el uso y manejo de los recursos conforme los procedimientos correspondientes. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley dispone que la contratación de los bienes y servicios financiados con recursos del Fondo para la atención de emergencias declaradas se regirá por los principios de la Ley de la Contratación Administrativa, las disposiciones del Reglamento Interno de la Proveeduría institucional y disposiciones específicas que sean emitidas para esa contratación.Bajo esta tesitura, resalta que "(...) a la CNE en ningún momento le fue notificada la nota de 24 de octubre de 2017, como lo afirma la recurrente, toda vez que BASTA CON OBSERVAR LA COPIA QUE PRESENTA LA DISCONFORME COMO PARTE DE SU ELENCO PROBATORIO PARA DETERMINAR QUE LAS NOTAS FUERON RECIBIDAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE Y DEJA SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CARRILLO. Y NO POR PARTE DE LA CNE. NI DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE RIESGO. Es decir, en ningún momento de la petición realizada por la recurrente se ubicaba, se destaca o se acredita comunicación RECIBIDA POR PARTE DE LA CNE; argumentación que no puede ser de recibo, ni constituirse de forma alguna como violatorio de sus tutelas fundamentales de petición y pronta resolución. En otras palabras el derecho de petición es el "derecho de pedir y de obtener respuesta y no el derecho a obtener lo que no se pide". A partir de lo contra la CNE son extremadamente limitados y carecen de sustento normativo para ser otorgado por la autoridad judicial, basándose en una apreciación sin ningún tipo de valor probatorio y mediante la cual se lesiona la figura de la CNE, imputando una falta que no se logra demostrar ni acreditar.Desde esa perspectiva y, tomándose en cuanta que quien acciona "simplemente no dice ni demuestra nada respecto al caso bajo análisis ". Ahora bien, apunta, teniendo por acreditado que esa Comisión no ha violentado la tutela del derecho de petición y de obtener pronta respuesta de la recurrente y, siendo que esa Administración tiene como norte institucional manejarse bajo principios de transparencia y buena fe y, sobre todo, de respeto al interés público y de resguardo a la vida humana como el bien jurídico más importante a tutelar por el Estado Costarricense y la integridad física de las y los ciudadanos, como parte de su quehacer institucional se han realizado 2 informes técnicos de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, relacionados con valoraciones de riesgo en la zona, a saber: "Informe Técnico IAR-INF-0730-2015, denominado "Valoración de riesgo de terreno en Palmira de Carrillo, Guanacaste, como trámite para posible adquisición por parte del INDER" e; "Informe Técnico DPM- INF-1109-2008, denominado "Regulaciones en el uso del suelo por inundaciones en el distrito Central de Carrillo, Guanacaste, Costa Rica".Dichos informes se gestaron dentro de su rectoría en la Política de Gestión del Riesgo, tal y como se explicó supra, para que las instancias de coordinación o las diferentes instituciones públicas solicitantes, realicen sus labores de prevención de riesgos y amenazas dentro del ámbito de sus competencias. Solicita se declare sin lugar el recurso.
  6. 6Por escrito incorporado al expediente vía correo electrónico el 28 de junio de 2018, informa bajo juramento Ana Patricia Viales Ortega, en su condición de Jefa de la Oficina de Desarrollo Territorial de Santa Cruz del Instituto de Desarrollo Rural y, acerca de lo referido, indica que, en efecto, la finca El Guaco es propiedad del INDER, inscrita en el Partido de Guanacaste, matrícula 5-184539-000, desde el 8 de febrero del 2016, la cual, se adquirió con el muro de contención mencionado por la parte recurrente, siendo que la obra no fue construida por la institución. Afirma que no le consta que este muro haya potenciado las inundaciones en la zona del Paso Tempisque, ya que, previo a la compra de la finca, el MSC. Julio Madrigal Mora, Geólogo de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, señala en el acápite 2 del oficio IAR-INF-1073-2015, lo siguiente: " la finca tiene un diseño de construcción de bordos y canales, pensados no solo para satisfacer necesidades de agua para ser utilizadas en el proyecto, sino además como obras de mitigación ante eventuales crecidas o desbordamiento, obras que el lnder velará para que los mismos se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento ”.Refiere que bajo esta premisa, el informe fue presentado previo a la compra de la finca ante la Junta Directiva del lnder para su correspondiente aprobación. Agrega que además en a acápite 4 del mismo informe se indica que “La Municipalidad de Carrillo ya ha realizado obras de mitigación en los cauces de los ríos circunvecinos, con el dragado respectivo, así mismo, el lnder velará porque se mantenga especial cuidado y vigilancia en las obras de bordos y canales en dicha propiedad”. Señala que el oficio No. MC-IM-164-2018 del Departamento de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Carrillo, certifica que no existe en el Departamento de Desarrollo Territorial sección de Construcciones, registro de permiso de construcciones para Rellenos en el cauce de Río Las Palmas, colindante a la Finca El Guaco, Paso Tempisque; sin embargo, en el caso de las obras realizadas en la finca propiedad del lnder, éstas corresponden a la construcción de caminos en el asentamiento campesino, donde se construyeron pasos de alcantarilla con sus respectivos cabezales y cajas de concreto para la canalización de las aguas, además, se rastrearon los caminos internos, ello, como medida preventiva a eventos de inundación.Aclara que esta obra se llevó a cabo a través del Área de Infraestructura y Diseño de Asentamientos del lnder, mediante la Licitación Abreviada 2016LA-000024-02N. Agrega que la recepción de la obra, conforme lo estipulado en el cartel, se dio en fecha 22 de junio 2017; con lo cual, asevera, no coincide lo alegado por la parte recurrente con las obras realizadas por parte de la institución. Sostiene que el 19 de marzo del 2018 la Secretaría del Concejo Municipal, mediante oficio MC-ALC-264-2018 convocó a reunión al INDER para el día 6 de abril del 2018 en la sala de sesiones, para analizar la problemática expuesta por la Asociación de Desarrollo del Paso Tempisque, en relación con las inundaciones por efecto de la tormenta Nate. Para ello, afirma, se constituyó una Comisión Especial conformada por representantes del Concejo Municipal, Alcaldía y vecinos de la comunidad de Paso Tempisque. Señala que ante esto, INDER acudió al llamado argumentado que por recomendación de la CNE (oficio IAR-INF-1073-2015), la institución da mantenimiento a los diques que fueron construidos por el dueño anterior de nombre Alfonso Rojas.Agrega que en el informe técnico IAR-INF-0730-2015, sobre valoración de riesgo de terreno en Palmira de Carrillo, Guanacaste, como trámite para la posible adquisición por parte de lnder de la finca El Guaco, en las recomendaciones establecidas por parte de la CNE se indica lo siguiente: “punto B) La elaboración de un modelo hidrológico exhaustivo toda la cuenca o micro cuenca, donde se establezcan tos antecedentes de la zona, máxima avenidas probables, mapas del área potencial por inundación, o de regulación para construcción, obras de mitigación de ser necesarias o de descartar desbordamiento el área del proyecto, debido a la vulnerabilidad de este tipo de amenaza, en el punto D) La Municipalidad de Carrillo debe realizar obras de mitigación sobre los cauces, las cuales disminuyan la problemática y amenaza de inundación en los sectores vulnerables. En el punto F) Cualquier anomalía en cuanto a técnicas de construcción u omisión a las recomendaciones aquí descritas, QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de las instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero responsable de la obra y de la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes.De esta forma la labor no compete únicamente a INDER; es un trabajo de coordinación interinstitucional y el gobierno local y la CNE marcan la pauta como instituciones reguladoras en materia de gestión del riesgo, y tal como se ha indicado en a hecho segundo, a lnder ha tratado de cumplir las recomendaciones con la finalidad de mitigar posibles daños por inundaciones". Expone que no lleva razón la recurrente en sus argumentaciones, en virtud que no ha existido ninguna violación, en perjuicio de los amparados y, esto se comprueba porque el Inder, en conjunto con otras instituciones, ha tomado acciones de conformidad con las recomendaciones de la CNE, quienes han reconocido que la finca tiene un diseño de construcción orientado no solo para satisfacer necesidades de agua para ser utilizadas en el proyecto, sino además, con la ejecución de obras de mitigación que sean útiles ante eventuales crecidas o desbordamiento, obras que el lnder velará para que se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento, cumpliendo con el artículo 50 de la Constitución Política.Refiere que de esta forma y mediante las inversiones que ha realizado la institución desde el momento en que se adquirió la finca El Guaco en febrero de año 2016, se ha procurado cumplir con las recomendaciones dadas, esto, a pesar que el muro de contención mencionado se había construido antes de la adquisición de la misma, por lo que, se han generado acciones que competen no solo al Instituto de Desarrollo Rural, sino que es un trabajo de coordinación interinstitucional con el gobierno local y la CNE. Aclara que el INDER, en ningún momento ha faltado a las recomendaciones otorgadas por la CNE desde la adquisición de la finca en el año 2016 y, se demuestra que las consecuencias que según el dicho de la recurrente se han potenciado por el muro de contención que se construyó en la propiedad del lnder, no se le pueden atribuir a la institución, debido a que no fue lnder quien promovió el levantamiento del muro mencionado, por lo que, en lo que respecta al Instituto de Desarrollo Rural, se ha cumplido con el marco de legalidad desde el momento en que formalmente adquiere derechos sobre el predio.Añade que, en cumplimiento de la función social de la propiedad y del reconocimiento de las limitaciones que la misma posee, ha tratado de dar el mantenimiento recomendado con la finalidad que los habitantes de la comunidad, también mejoren las condiciones y calidad de vida las cuales se han visto afectadas con las situaciones que han sufrido en épocas de lluvias e inundaciones, a lo largo de los años, desde antes que el lnder adquiriera dicho inmueble. Solicita se declare sin lugar el recurso.
  7. 7Por escrito incorporado al expediente electrónico vía fax el 10 de julio de 2018, informan bajo juramento Carlos Gerardo Cantillo Álvarez y Roberto Canales Canales, por su orden, Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Carrillo y, acerca de los temas recurridos, manifiestan que los sucesos provocados por la tormenta Nate no solo se dieron en la comunidad de Paso Tempisque, sino que, por la particularidad y fuerza de este fenómeno natural, las inundaciones acaecieron en partes del cantón que nunca se habían inundado. Aclaran que el alegato de la recurrente, sobre que dicho desastre haya sido potenciado por un muro de contención que se construyó en Finca E1 Guaco, se debe rechazar, en virtud que no existe prueba técnica ni científica que lo demuestre. Señalan que el fenómeno natural fue de tal magnitud que causó daños materiales en gran parte del territorio nacional y, resulta complicado probar que un muro como el indicado por la amparada hubiera sido la causa.Aclaran que se trata de apreciaciones subjetivas o supuestos que no tienen ningún sustento técnico ni científico hasta el momento, tan es así que, se sigue a la espera de un informe técnico de la CNE, con el fin de lograr comprobar o descartar un nexo causal entre la construcción de ese muro y el aumento en las inundaciones referidas. Refieren que mediante oficio MC-IM-164-2018, la ingeniera Maureen Brenes Acuña, Jefa del Departamento de Desarrollo Territorial, hizo constar que las obras denunciadas no poseían permiso de construcción y no podrían tenerlo, simple y sencillamente, porque la misma Municipalidad de Carrillo, desde el año 2007, presentó una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo contra el señor Claudio Alfonso Rojas Marín (antiguo propietario de la Finca el Guaco), precisamente por los trabajos realizados dentro de esa propiedad y que por la naturaleza de los mismos y los posibles daños causados, le corresponde a ese Tribunal conocer y resolver.Aclaran que la denuncia se tramita bajo el expediente 88-07-01-TAA. Sostienen que es totalmente falso que la Alcaldía y el Concejo Municipal no hubieran actuado dentro del ámbito de sus competencias; pues, producto de la denuncia interpuesta por la recurrente en octubre del 2017, el Concejo Municipal de Carrillo, tomó el acuerdo 3, inciso 11, emitido en la Sesión Ordinaria No. 44-2017, celebrada el 31 de octubre del 2017, es decir, menos de una semana después de planteada la denuncia, se acordó dar un voto de apoyo a los vecinos de Paso Tempisque y Palmira por la problemática que estaban sufriendo. Agregan que, la Alcaldía Municipal, mediante oficio MC-VAM-079-017, solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias un estudio de la situación denunciada y expuesta por los vecinos de esas comunidades. Indican que, mediante oficio MC-ALC-1745-2017 del 5 de diciembre del 2017, la Alcaldía Municipal y la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Corporación Municipal, brindó un informe a la Comisión Nacional de Emergencias sobre los daños causados por la tormenta Nate en el Cantón de Carrillo, dentro del cual, se incluyó el Distrito de Palmira y sus afectaciones.Amplían que, mediante acuerdo No. 2, inciso 2, emitido en la Sesión Ordinaria No. 50-2017, el Concejo Municipal acordó concederle audiencia a la señora Ana Ibis Hernández Castañeda y demás vecinos solicitantes, para el día 18 de enero del año 2018. Aseguran que la solicitud de audiencia ante el Concejo Municipal también fue realizada por el señor Elmer Cortés Camacho, a quien se le concedió el permiso para la fecha precitada. Explican que el Concejo Municipal, mediante acuerdo 2, inciso 1, emitido en la Sesión Ordinaria No. 51-2017, celebrada el 6 de diciembre, nombró en comisión a los regidores Robert Miranda, Freddy Gómez, Roberto Canales y Manuel Víctor, para realizar una inspección en Finca el Guaco, relacionada con las inquietudes externadas por los vecinos sobre las repercusiones de la tormenta Nate. Apuntan que en la Sesión Extraordinaria No. 01-2018 celebrada el 18 de enero del año en curso, se escucharon a los señores Ana Ibis Hernández Castañeda y Elmer Cortés Camacho, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque y miembro Pro Comité de Desastre Natural, respectivamente, y se conformó una nueva Comisión con miembros del Concejo Municipal y vecinos de Paso Tempisque con el fin de seguir tratando la problemática Vicealcaldesa Isabel Francina Uribe Villagra solicitó al Concejo Municipal, convocar a una reunión con los personeros del Inder y miembros de las comunidades afectadas, para analizar el tema y buscar soluciones en conjunto.Exponen que mediante acuerdo No. 03, inciso 5, aparte 1, emitido en la Sesión Ordinaria 17-2018 celebrada el día 24 de abril del 2018, el Concejo Municipal acordó solicitarle a la CNE se sirva enviar el informe de la inspección realizada por ellos en Finca el Guaco en campaña del señor Alcalde Municipal. Afirman que en esa misma sesión se acordó integrar a la Comisión Especial a un representante de Inder, uno del MINAET y 2 representantes de UZADIS, con el fin de coordinar el trámite de inspección y permisos correspondientes para inventario de árboles muertos en el cauce del río Las Palmas. Aclaran que mediante acuerdo No. 03, inciso 5, aparte 2-3, emitido en la Sesión Ordinaria No. 17-2018 celebrada el 24 de abril del 2018, el Concejo Municipal acordó solicitarle al MINAET realizar un inventario y otorgar los permisos respectivos para retirar los árboles caídos en el cauce del Río Las Palmas desde el puente de Comunidad, hasta el Puente de Chalaco.Señalan que en el aparte 2-4 de ese mismo acuerdo municipal, se dispuso solicitarle a la CNE limpiar el cauce de dicho río. Agregan que la Alcaldía y el Concejo Municipal han trabajado arduamente y de la mano con los representantes de las Comunidades de Palmira y Paso Tempisque, para resolver el asunto. Sostienen que se han tomado las acciones que dentro del ámbito de sus competencias tienen, estableciendo canales de comunicación con otras instituciones del Estado como Inder, MINAET y CNE, así como, con entidades privadas como la UZADIS y la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque. Aclaran que se han tomado los acuerdos pertinentes y se ha solicitado al MINAET y a la CNE que ayuden con inventarios y acciones de limpieza en un campo de acción que es más propio de esas instituciones que de la Corporación Pública. Aseguran que, igualmente, se han conformado comisiones, se han realizado inspecciones y se ha brindado asesoría técnica y legal para atender de la mejor manera posible la gestión realizada por los vecinos de Palmira y Paso Tempisque.Dicen que la Municipalidad de Carrillo, ha actuado con total diligencia, en estricto apego al ámbito de sus competencias y, ha atendido la queja planteada por la recurrente. Solicitan declarar sin lugar el recurso.
  8. 8En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya Garcia; y,

CONSIDERANDO:

I.De previo. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse, que a partir de la Sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una gestión ambiental que, presuntamente, no ha sido resuelta ni atendida en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.Objeto del recurso. La recurrente, adulta mayor, quien funge como representante de la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque, refiere que el 4 de octubre de 2017, a raíz de la tormenta Nate, los vecinos de Paso Tempisque sufrieron inundaciones, lo cual, les provocó pérdidas materiales. Acusa que dicho desastre fue potenciado por un muro de contención que se construyó en la finca del Guaco, la cual, es propiedad del Inder. Aduce que, el 25 de octubre de 2017, se presentó la respectiva denuncia ante la Municipalidad de Carrillo y la CNE; no obstante, a pesar del tiempo transcurrido y de las gestiones realizadas por los vecinos de las comunidades afectadas, la problemática aún no ha sido resuelta. Por lo anterior, estima lesionados derechos fundamentales y, solicita se proceda al derribo del muro, tramo o relleno de la Finca El Guaco.

III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

La Municipalidad de Carrillo, desde el año 2007, presentó una denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo contra el señor Claudio Alfonso Rojas Marín (antiguo propietario de la Finca el Guaco), por los trabajos realizados dentro de ese inmueble, denuncia se tramita bajo el expediente 88-07-01-TAA (autos).

El Inder, de previo a la compra de la finca El Guaco, se basó en el estudio del MSC. Julio Madrigal Mora, Geólogo de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, que señaló en el acápite 2 del oficio IAR-INF-1073-2015 de 2015, relativo a la valoración de riesgo de terreno en Palmira de Carrillo, como trámite para la posible adquisición de finca por parte del Inder, lo siguiente: "(...) la finca tiene un diseño de construcción de bordos y canales, pensados no solo para satisfacer necesidades de agua para ser utilizadas en el proyecto, sino además como obras de mitigación ante eventuales crecidas o desbordamiento, obras que el lnder velará para que los mismos se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento”. Dicho informe fue presentado previo a la compra de la finca ante la Junta Directiva del lnder para su correspondiente aprobación. Asimismo, basado en dicho documento, el Inder da mantenimiento a los diques que fueron construidos por el dueño anterior de la propiedad y, además “punto B) La elaboración de un modelo hidrológico exhaustivo toda la cuenca o micro cuenca, donde se establezcan los antecedentes de la zona, máxima avenidas probables, mapas del área potencial por inundación, o de regulación para construcción, obras de mitigación de ser necesarias o de descartar desbordamiento el área del proyecto, debido a la vulnerabilidad de este tipo de amenaza, en el punto D) La Municipalidad de Carrillo debe realizar obras de mitigación sobre los cauces, las cuales disminuyan la problemática y amenaza de inundación en los sectores vulnerables.

En el punto F) Cualquier anomalía en cuanto a técnicas de construcción u omisión a las recomendaciones aquí descritas, QUEDA BAJO TOTAL RESPONSABILIDAD de las instituciones que otorgan los permisos, del ingeniero responsable de la obra y de la Municipalidad respectiva de no solicitar los informes, inspecciones y correcciones correspondientes. De esta forma la labor no compete únicamente a INDER; es un trabajo de coordinación interinstitucional y el gobierno local y la CNE marcan la pauta como instituciones reguladoras en materia de gestión del riesgo, y tal como se ha indicado en a hecho segundo, a lnder ha tratado de cumplir las recomendaciones con la finalidad de mitigar posibles daños por inundaciones" (autos).

La finca El Guaco es propiedad del Inder, se encuentra inscrita en el Partido de Guanacaste, matrícula 5-184539-000, desde el 8 de febrero del 2016 y, fue adquirida con un muro de contención construido por el propietario anterior del bien (autos).

Los trabajos efectuados por Inder en la finca de cita, corresponden a la construcción de caminos en el asentamiento campesino, donde se construyeron pasos de alcantarilla con sus respectivos cabezales y cajas de concreto para la canalización de las aguas, además, se rastrearon los caminos internos, ello, como medida preventiva a eventos de inundación. La obra se llevó a cabo a través del Área de Infraestructura y Diseño de Asentamientos del lnder, mediante la Licitación Abreviada 2016LA-000024-02N, siendo que la recepción de la obra acaeció el 22 de junio 2017. Por oficio No. MC-IM-164-2018 del Departamento de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Carrillo, se certifica que no existe en el Departamento de Desarrollo Territorial sección de Construcciones, registro de permiso de construcciones para Rellenos en el cauce de Río Las Palmas, colindante a la Finca El Guaco, Paso Tempisque (autos).

El fenómeno natural Nate, acaecido en el mes de octubre de 2017, causó daños materiales en gran parte del territorio nacional (autos).

Los vecinos de Paso Tempisque, presentaron el 25 de octubre de 2017 la nota fechada 24 de octubre dirigida a la Comisión Nacional de Emergencias, ante la Secretaría del Concejo Municipal y el Alcalde, ambos de la Municipalidad de Carrillo, donde exponen la problemática que sufrieron con los efectos de la tormenta Nate, mismos que, en su criterio, fueron provocados por "(...) los nuevos inquilinos han realizado algunas modificaciones en el relieve de sus terrenos, tales como, rellenos con lastre y ciertas partes con la remodelación de carreteras internas de esta finca, en las cuales utilizaron grandes cantidades de material para levantar en importantes medidas las carreteras, lo que más bien nos deja pensar si estos más bien son muros disfrazados de carreteras, ya que el día del evento estas calles (muros) no presentaron un adecuado alcantarillado para poder liberar la cantidad de agua que ahí se generó, provocando una verdadera represa en ese sector, que acabó con la entrada directa del Río Palmas al sector de Paso Tempisque" (autos).

Producto de la denuncia interpuesta por los afectados, el Concejo Municipal de Carrillo, tomó el acuerdo 3, inciso 11, emitido en la Sesión Ordinaria No. 44-2017, celebrada el 31 de octubre del 2017, donde se acordó dar un voto de apoyo a los vecinos de Paso Tempisque y Palmira por la problemática que estaban sufriendo; siendo que, la Alcaldía Municipal, mediante oficio MC-VAM-079-017, solicitó a la Comisión Nacional de Emergencias un estudio de la situación denunciada y expuesta por los vecinos de esas comunidades (autos).

Por oficio MC-ALC-1745-2017 del 5 de diciembre del 2017, la Alcaldía Municipal y la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Corporación Municipal, brindaron un informe a la Comisión Nacional de Emergencias sobre los daños causados por la tormenta Nate en el Cantón de Carrillo, dentro del cual, se incluyó el Distrito de Palmira y sus afectaciones (autos).

Por acuerdo No. 2, inciso 2, emitido en la Sesión Ordinaria No. 50-2017 de 5 de diciembre de 2018, el Concejo Municipal acordó concederle audiencia a la señora Ana Ibis Hernández Castañeda y a los demás vecinos solicitantes, para el día 18 de enero del año 2018 (autos).

El Concejo Municipal, mediante acuerdo 2, inciso 1, emitido en la Sesión Ordinaria No. 51-2017, celebrada el 6 de diciembre de 2017, nombró en comisión a los regidores Robert Miranda, Freddy Gómez, Roberto Canales y Manuel Víctor, para realizar una inspección en Finca el Guaco, relacionada con las inquietudes externadas por los vecinos sobre las repercusiones de la Tormenta Nate (autos).

En la Sesión Extraordinaria número 01-2018 celebrada el 18 de enero de 2018, fueron escuchados los señores Ana Ibis Hernández Castañeda y Elmer Cortés Camacho, Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque y miembro del Pro Comité de Desastre Natural respectivamente, momento en que, se conformó una nueva Comisión con miembros del Concejo Municipal y vecinos de Paso Tempisque, con el fin de seguir tratando la problemática Por oficio MC-ALC-264-2018 de 19 de marzo de 2018, la Primera Vicealcaldesa Isabel Francina Uribe Villagra, solicitó al Concejo Municipal, efectuar una reunión con los personeros del Inder y miembros de las comunidades afectadas, para analizar la problemática expuesta y buscar soluciones en conjunto; lo anterior, a iniciativa del Inder. Se constituyó una Comisión Especial conformada por representantes del Concejo Municipal, Alcaldía y vecinos de la comunidad de Paso Tempisque (autos).

Por acuerdo No. 03, inciso 5, aparte 1, emitido en la Sesión Ordinaria No. 17-2018 celebrada el día 24 de abril del 2018, el Concejo Municipal acordó solicitar a la Comisión Nacional de Emergencias se sirva a enviar el informe de la inspección realizada por ellos en Finca el Guaco en campaña del señor Alcalde Municipal. En esa misma sesión, se acordó integrar a la Comisión Especial a un representante de INDER, uno del MINAET y 2 representantes de UZADIS, con el fin de coordinar el trámite de inspección y permisos correspondientes para inventario de árboles muertos en el cauce del río Las Palmas (autos).

Por acuerdo No. 03, inciso 5, aparte 2-3, emitido en la Sesión Ordinaria No. 17-2018 celebrada el 24 de abril del 2018, el Concejo Municipal acordó solicitarle al MINAET realizar un inventario y otorgar los permisos respectivos para retirar los árboles caídos en el cauce del Río Las Palmas desde el puente de Comunidad, hasta el Puente de Chalaco. En el apartado 2-4 de ese mismo acuerdo municipal, se dispuso solicitar a la CNE limpiar el cauce de dicho río (autos).

El 15 de mayo de 2018, la Comisión Especial del Guaco informa al Concejo Municipal, el tema de la problemática analizaron los temas a incoar por la parte recurrente en el recurso de amparo a interponer. Asimismo, al conocer el informe de la CNE de 2015, acordaron solicitar un estudio técnico que indique si los diques construidos en la finca, tuvieron o no injerencia en las inundaciones del pasado 4 de octubre de 2017 (autos).

La Municipalidad y el Concejo Municipal han trabajado junto con los representantes de las Comunidades de Palmira y Paso Tempisque, para resolver la problemática que les aqueja.; siendo que se han tomado las acciones que dentro del ámbito de sus competencias tienen, estableciendo canales de comunicación con otras instituciones del Estado como INDER, MINAET y CNE, así como, con entidades privadas como la UZADIS y la Asociación de Desarrollo Integral de Paso Tempisque (autos).

La CNE ha realizado 2 informes técnicos de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, relacionados con valoraciones de riesgo en la zona, a saber "Informe Técnico IAR-INF-0730-2015, denominado "Valoración de riesgo de terreno en Palmira de Carrillo, Guanacaste, como trámite para posible adquisición por parte del INDER" e; "Informe Técnico DPM-INF-1109-2008, denominado "Regulaciones en el uso del suelo por inundaciones en el distrito Central de Carrillo, Guanacaste, Costa Rica". Informes que se efectuaron en razón de la Política de Gestión del Riesgo, para que las instancias de coordinación o las diferentes instituciones públicas solicitantes, realicen sus labores de prevención de riesgos y amenazas dentro del ámbito de sus competencias (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada al expediente).

IV.Hechos no probados. De importancia para la resolución de este asunto, no fue probado que: 1) El muro que alega la recurrente, o bien, las obras efectuadas por el Inder en el 2017, hubieran potenciado las inundaciones en la zona del Paso Tempisque, con ocasión del paso de la tormenta Nate. 2) Ante la CNE los afectados y vecinos de la zona, hubieran tramitado o presentado alguna denuncia acerca del tema de los problemas que sufrieron a raíz de las inundaciones provocadas por la tormenta Nate. 3) A los afectados por los estragos de la tormenta y firmantes de la denuncia, la Municipalidad recurrida les hubiera contestado por escrito la denuncia incoada en el mes de octubre de 2017.

V.Sobre el derecho a una justicia pronta y cumplida. La Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. Así, el carácter "razonable" de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como, la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien, un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.

VI.Relativo al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Carta Magna), así como a través de la normativa internacional. En este sentido, este Tribunal en sentencia No. 3705-93 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993 indicó: "(...) La calidad ambiental es un parámetro de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene en deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo".

Asimismo, existe una obligación del Estado de proteger el ambiente que se encuentra contemplada expresamente en el segundo párrafo del artículo 50 de la Constitución Política, que dispone: " Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado". Esta disposición se complementa por lo establecido en el numeral 11 del "Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ". Interpretando armónicamente ambas normas, se puede derivar el principio precautorio, según el cual, el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario -dentro del ámbito permitido por la ley- a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente. En relación con lo de enero de 1998 esgrimió: "(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social ".

VII.Tocante al caso concreto. En este caso, de los autos se desprende que, en efecto, la finca El Guaco es propiedad del Inder y, fue adquirida con un muro de contención construido por el propietario anterior del bien. A posteriori y, para el año 2017, el Inder efectuó una serie de trabajos en la propiedad de cita, que corresponden a la construcción de caminos en el asentamiento campesino, donde se erigieron pasos de alcantarilla con sus respectivos cabezales y cajas de concreto para la canalización de las aguas, además, se lastrearon los caminos internos; siendo que dicha obra se llevó a cabo a través del Área de Infraestructura y Diseño de Asentamientos del lnder, mediante la Licitación Abreviada 2016LA-000024-02N. Asimismo, se tiene que con el paso del fenómeno natural Nate, acaecido en el mes de octubre de 2017, los vecinos de Paso Tempisque que se vieron afectados, presentaron el 25 de octubre de 2017, la nota fechada 24 de octubre, únicamente, ante la Secretaría del Concejo Municipal y el Alcalde, ambos de la Municipalidad de Carrillo, donde Nate, mismos que, en su criterio, fueron provocados por "(...) los nuevos inquilinos han realizado algunas modificaciones en el relieve de sus terrenos, tales como, rellenos con lastre y ciertas partes con la remodelación de carreteras internas de esta finca, en las cuales utilizaron grandes cantidades de material para levantar en importantes medidas las carreteras, lo que más bien nos deja pensar si estos más bien son muros disfrazados de carreteras, ya que el día del evento estas calles (muros) no presentaron un adecuado alcantarillado para poder liberar la cantidad de agua que ahí se generó, provocando una verdadera represa en ese sector, que acabó con la entrada directa del Río Palmas al sector de Paso Tempisque ".

Ahora bien, de los informes rendidos bajo juramento, así como de las probanzas allegadas al expediente, se tiene que, aunque la Municipalidad de Carrillo, con ocasión de la denuncia de cita, ha intermediado para que se busque una solución a favor de los afectados con la tormenta, e incluso, se han conformado comisiones interdisciplinarias a fin de lidiar con estos problemas, lo cierto es que, no quedó acreditado que los esfuerzos conjuntos hubieran convergido en una solución, ni que, la Municipalidad de Carrillo, por escrito, informara a los suscribientes de la denuncia de 2017, de los avances o el estado del trámite. Según fue acreditado en el expediente, si bien, los avances deben realizarse de manera conjunta por parte de las autoridades recurridas, la gestión que se reclama pendiente, fue presentada ante el Concejo Municipal y el Alcalde Municipal de Carrillo. Con base en lo anterior, estima esta Sala que sí se ha producido una dilación indebida o retardo injustificado que vulnera el derecho fundamental consagrado en el artículo 41, de la Constitución Política, toda vez que, al momento de interposición del recurso, los amparados no han sido informados por escrito del resultado de sus gestiones y del estado del caso. Desde este panorama, lo procedente es acoger el recuso, únicamente, contra la Municipalidad de Carrillo, como en efecto se dispone.

VIII.Deben tener presente las autoridades Instituto de Desarrollo Rural y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo, que están conminados también a atender y colaborar con las gestiones realizadas por la Municipalidad de Carrillo, a raíz de las gestiones presentadas por los vecinos de la zona que, indican, sufrieron afectaciones a raíz del paso de la tormenta Nate, ello, a fin que, de ser necesario, se detecte si en efecto existe alguna anomalía en las obras gestadas en la Finca El Guaco, que pudieran potenciar peligro para los habitantes del sector de Paso Tempisque.

IX. NOTA SEPARADA DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ

He venido salvando el voto en aquellos casos que se trate de corregir por medio del recurso de amparo la simple inactividad de la administración, en la actuación de sus competencias y potestades, con el argumento de que pueden ser discutidos en la vía de legalidad ordinaria, considerando que la Sala no es, ni debe constituirse, en una instancia única u omnipresente que demerite las otras vías de tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador al efecto. He aclarado sin embargo que sí estimo como tutelables en esta vía casos de inactividad de la administración en los temas señalados si con ella se produce afectación directa al ejercicio de derechos fundamentales regulados en la Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos, siempre que sean susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es el amparo como instituto procesal. Tal es el caso de este recurso en donde se tiene por demostrada la existencia de una afectación intensa del derecho a la integridad personal de las personas tuteladas y su derecho de propiedad, por ello he considerado necesario que la Sala ejerciera su competencia, para comprobar o descartar si las omisiones señaladas, vulneran los derechos fundamentales de las personas amparadas según se indica en el escrito de interposición.

X.Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, contra la Municipalidad de Carrillo. Se ordena a Carlos Gerardo Cantillo Álvarez y Roberto Canales Canales, por su orden, Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Carrillo, ambos de la Municipalidad de Carrillo, o a quienes ocupen esos cargos en su lugar, que giren las instrucciones necesarias para en el plazo de OCHO DÍAS contado a partir de la notificación de esta sentencia, informen por escrito a los afectados del estado de su denuncia y, luego, tomen las medidas necesarias que resulten pertinentes para que el caso se resuelva de manera definitiva dentro de un plazo razonable de tiempo. Se advierte que de no acatar la orden dicha, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena a la Municipalidad de Carrillo al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución de forma personal a las autoridades recurridas. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Tomen nota las autoridades del Instituto de Desarrollo Rural y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Investigación y Análisis de Riesgo, de lo consignado en el considerando VIII de esta sentencia. La Magistrada Hernández López pone nota.

Fernando Castillo V.

Presidente a.i Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Hubert Fernández A.

Lucila Monge P.

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