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Res. 15629-2019 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/08/2019
OutcomeResultado
The amparo is partially granted, ordering inter-institutional coordination and that SENARA issue a definitive ruling on the existence and nature of the water bodies as a precondition for SETENA to rule on the project's environmental viability. It is denied with respect to SENARA and the developer.Se declara parcialmente con lugar el amparo, ordenando la coordinación interinstitucional y que el SENARA emita un pronunciamiento definitivo sobre la existencia y naturaleza de los cuerpos de agua, condición previa a que SETENA resuelva sobre la viabilidad ambiental del proyecto. Se declara sin lugar respecto al SENARA y a la empresa desarrolladora.
SummaryResumen
The Constitutional Court heard an amparo filed by neighbors of Jacó against the Municipality of Garabito, MINAE, SETENA, SINAC, and SENARA, regarding the construction of a shopping center on land where there were doubts about the presence of springs and streams. The Court found that, although the Municipality and MINAE precautionarily suspended permits, SETENA and SINAC continued granting environmental viability extensions and tree-felling permits while ignoring the hydrological uncertainty. The lack of coordination among institutions and, above all, the failure to consult SENARA—which has binding technical authority over groundwater—violated the principle of coordination and the rights to a healthy and ecologically balanced environment. The amparo was partially granted, ordering the authorities to send all documentation to SENARA, for this entity to issue a definitive ruling on the existence and nature of water bodies, and for SETENA to resolve the project's environmental viability. The developer was not found directly responsible for the constitutional violation.La Sala Constitucional conoció un amparo interpuesto por vecinos de Jacó contra la Municipalidad de Garabito, el MINAE, SETENA, SINAC y SENARA, por la construcción de un centro comercial en un terreno donde existían dudas sobre la presencia de nacientes y quebradas. La Sala determinó que, aunque la Municipalidad y el MINAE suspendieron cautelarmente los permisos, SETENA y SINAC continuaron otorgando prórrogas de viabilidad ambiental y permisos de corta de árboles ignorando la incertidumbre hídrica. La falta de coordinación entre las instituciones y, sobre todo, la omisión de consultar al SENARA, con competencia técnica vinculante en materia de aguas subterráneas, configuró una violación al principio de coordinación y a los derechos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se declaró parcialmente con lugar el amparo, ordenando a las autoridades remitir toda la documentación al SENARA y que esta entidad emita un pronunciamiento definitivo sobre la existencia y naturaleza de los cuerpos de agua, así como que la SETENA resuelva sobre la viabilidad ambiental del proyecto. La empresa desarrolladora no fue considerada responsable directa de la lesión constitucional.
Key excerptExtracto clave
IX.- From what has been set out in the previous recital, it is evident that, although the actions adopted by the authorities and the intervening parties were consistent with the technical information available since 2006 regarding the existence of the springs, the fact is that, in the opinion of this Chamber, and in full compliance with the precedent cited in the seventh recital of this judgment, it was found that the authorities responsible for granting environmental viability and construction permits, in a clear lack of coordination, failed to involve SENARA, because in matters related to water resources, as noted above, the decisions that this entity makes with proper foundation are necessary, definitive, and mandatory. Indeed, since 2018, there was a technical report, namely No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 of March 20, 2018, which, although it maintained the opinion that the questioned watercourses corresponded to a storm water and sewage channel, did consider the possible existence of an intermittent spring at coordinates latitude 177.194 and longitude 468.192. That is, from that moment on, there was a latent doubt regarding the condition of the water bodies. It is noted, then, that upon the emergence of such doubt, it would have been proper for the units involved in granting permits and reviewing the environmental scenario to turn to SENARA. Therefore, it is appropriate to reiterate the following: "The Chamber warns that this clarification places SENARA in a particularly relevant position regarding the management of national water resources, which is important considering the eminently technical nature of this administrative dependency, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the different entities involved –ICAA, SETENA, MAG, Municipalities". In situations such as the one studied, that participation became vital, because due to the various arguments put forth, a doubt persisted regarding the existence or not of springs, streams, or watercourses on the site.IX.- De lo señalado en el anterior considerando, se evidencia que si bien las actuaciones adoptadas por las autoridades y la parte intervinientes, se ajustaron al mérito de la información técnica con que se contaba desde el año 2006 en lo tocante a la existencia de las nacientes, lo cierto es que, en criterio de esta Sala, y en plena atención a lo dispuesto en el precedente señalado en el considerando séptimo de esta sentencia, quedó constatado que las autoridades encargadas de otorgar la viabilidad ambiental, y los permisos de construcción, en una evidente falta de coordinación, omitieron traer a escena al SENARA, debido a que en temas relacionados con el recurso hídrico, como se apuntó supra, las decisiones que de manera fundada adopte esta entidad en cuanto a ello, son necesarias, definitivas y de acatamiento obligatorio. Y es que, ya desde el año 2018, hubo un informe técnico, a saber, el No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 de 20 de marzo de 2018, que si bien mantuvo el criterio que los cauces cuestionados correspondían a un canal pluvial y de aguas servidas, sí se consideró la posible existencia de una naciente intermitente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.192. Es decir, desde ese momento, hubo una duda latente en torno a la condición de los cuerpos de agua. Se denota, entonces, que ante el surgimiento de dicha duda, lo propio hubiese sido que las dependencias involucradas en el otorgamiento de permisos y revisión del escenario ambiental, acudieran al SENARA. Por ende, corresponde reiterar lo siguiente "La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades". En situaciones como la estudiada, esa participación devenía vital, pues debido a los diferentes planteamientos esgrimidos, persistía una duda sobre la existencia o no de las nacientes, quebradas o cursos de agua en el sitio.
Pull quotesCitas destacadas
"quedó constatado que las autoridades encargadas de otorgar la viabilidad ambiental, y los permisos de construcción, en una evidente falta de coordinación, omitieron traer a escena al SENARA, debido a que en temas relacionados con el recurso hídrico, como se apuntó supra, las decisiones que de manera fundada adopte esta entidad en cuanto a ello, son necesarias, definitivas y de acatamiento obligatorio."
"it was found that the authorities responsible for granting environmental viability and construction permits, in a clear lack of coordination, failed to involve SENARA, because in matters related to water resources, as noted above, the decisions that this entity makes with proper foundation are necessary, definitive, and mandatory."
Considerando IX
"quedó constatado que las autoridades encargadas de otorgar la viabilidad ambiental, y los permisos de construcción, en una evidente falta de coordinación, omitieron traer a escena al SENARA, debido a que en temas relacionados con el recurso hídrico, como se apuntó supra, las decisiones que de manera fundada adopte esta entidad en cuanto a ello, son necesarias, definitivas y de acatamiento obligatorio."
Considerando IX
"Esta Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades."
"This Chamber warns that this clarification places SENARA in a particularly relevant position regarding the management of national water resources, which is important considering the eminently technical nature of this administrative dependency, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the different entities involved –ICAA, SETENA, MAG, Municipalities."
Considerando IX
"Esta Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades."
Considerando IX
"Ante la duda, a la espera de la emisión de un informe definitivo, fueron dictadas las medidas cautelares de previo acotadas. ... Es decir, se corroboró la presencia de cuerpos de agua de dominio público."
"Given the doubt, while awaiting the issuance of a definitive report, the previously noted precautionary measures were issued. ... That is, the presence of public domain water bodies was confirmed."
Considerando IX
"Ante la duda, a la espera de la emisión de un informe definitivo, fueron dictadas las medidas cautelares de previo acotadas. ... Es decir, se corroboró la presencia de cuerpos de agua de dominio público."
Considerando IX
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty hours on the twenty-third of August, two thousand nineteen.
Amparo appeal filed by AARÓN HANSON CHAVES, identity card 0702390812, ADI MARÍA SEGURA VENEGAS, identity card 0204700403, ADILIA MARÍA MONGE CORTÉS, identity card 0109000214, ADOLFO CHINCHILLA, ADOLFO STUART LÓPEZ VILLARREAL, identity card 0117820314, ADRIÁN CASTILLO VENEGAS, ADRIANA ARIAS MEJÍA, ADRIANA DE LOS ÁNGELES GAMBOA CHAVES, identity card 0113910603, ADRIENNE AGUILAR, AGRIPINA ESMERALDA CENTENO CENTENO, identity card 0108440201, ALBA LUZ CASTILLO D, ALEJANDRA GAMBOA, ALEJANDRA MADRIGAL VENEGAS, identity card 0206340512, ALEJANDRO JOSÉ FLORES ILAMA, identity card 0304690524, ALEXANDER ENRIQUE MORA VÍLCHEZ, identity card 0107070805, ALFREDO ORTIZ SOLÍS, identity card 0202881265, ALFREDO VALERIO, ALLISON DE LOS ÁNGELES PARRALES GONZÁLEZ, identity card 0117210320, ALLISON MICHELLE FERNÁNDEZ LÓPEZ, identity card 0115940743, ALONSO LEÓN TREJOS, identity card 0604230834, ALVARO ROBERTO CORTÉS ÁLVAREZ, identity card 0604420551, ANA CRISTINA MOREIRA ESPINOZA, identity card 0115410212, ANA JULIA OBANDO, ANA LUCÍA FALLAS VILLEGAS, identity card 0115380213, ANA MARÍA B, ANA MARÍA SLON ROBLERO, identity card 0116680650, ANAIS DEL CARMEN MORA BERMÚDEZ, identity card 0205690503, ANALI BORELLI, ANDERSON ZÚÑIGA QUESADA, ANDREA MARÍA SALAZAR HERRERA, identity card 0112640243, ANDREA MASÍS PANIAGUA, identity card 0701640201, ANDREA TATIANA RODRÍGUEZ DUARTE, identity card 0116380855, ANDREA VICTORIA MARÍN CASTRO, identity card 0110840305, ANDRÉS FABRES, ANDREY C P, ANDREY JOSUE FALLAS RODRÍGUEZ, identity card 0604110433, ÁNGEL GUILLERMO TAPIA MENA, identity card 0401800812, ÁNGELA DEL CARMEN ROMERO RIVAS, residence card 155815714818, ÁNGELA MANUELA ZÚÑIGA RIVAS, identity card 0106370039, ANGÉLICA MARÍA BLANDÓN BLANDÓN, residence card 155803253719, ANGELY MARIANA SALAS VALVERDE, identity card 0402480463, ANGIE CAMILA GALINDO VELASCO, identity card 0801050817, ANGIE SELEN CORDERO ARAYA, identity card 0112510166, ANNE CATRINNE JIMÉNEZ GAIRAUD, identity card 0113060063, APHRIL AGÜERO ORTIZ, identity card 0116480080, ARIANA CAROLINA GUTIÉRREZ ROQUE, identity card 0114270863, ARLYN CHAVES, ASHTON AGUILAR, BERNARDO MONGE BOLAÑOS, identity card 0108010939, BERNNY JAVIER MOREIRA ALFARO, identity card 0402220153, BETTY RICHARDS PECOU, identity card 0700590728, BLANCA ROSA DEL CARMEN LEÓN LEÓN, identity card 0601970066, BRANDON CHENG, BRENDA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, identity card 0207220470, BRYAN MILEX PORRAS DÍAZ, identity card 0604280488, BRYAN SEOL, CALVIN DOUGLAS ROJAS MONTERO, identity card 0111070958, CAMILO ANDRÉS WOODCOCK LÓPEZ, residence card 117000043316, CARLOS ADRIÁN SOTO VÍQUEZ, identity card 0402190815, CARLOS ARMANDO MONGE SOLANO, identity card 0112300220, CARLOS FRANCISCO SOLANO SOLÍS, identity card 0203070156, CARLOS JOSÉ CISNERO CHAVARRÍA, residence card 155809031917, CARLOS JOSÉ FLORES CHAVES, CARLOS LUIS ALPIZAR SANDÍ, identity card 0603930816, CARLOS LUIS CASTRO QUIRÓS, identity card 0502910942, CARLOS LUIS LACAYO BRENES, identity card 0603380450, CARLOS MAURICIO COTO COTO, identity card 0401580525, CARLOS MOREIRA C, CATALINA BADILLA ORTEGA, identity card 0110780894, CELESTE WALBURG, CHRISTIAN GERARDO SALAZAR GUERRERO, identity card 0110270573, CINDY JAZMIN CHAVARRÍA RODRÍGUEZ, identity card 0603960505, CINTHYA MARÍA VILLALOBOS MADRIGAL, identity card 0108810543, CLAUDIA USUGA, CLAUDIO ANDRÉS VARGAS SIBAJA, identity card 0112840430, CRISTIAN DAVID MORENO DURÁN, identity card 0603840879, CYNTHIA MEJÍA GUZMÁN, identity card 0111590173, DAISY FONSECA ARGUEDAS, identity card 0105140969, DAISY ZAMBRANA SALINAS, identity card 0800400145, DALIA CECILIA MORALES BADILLA, identity card 0602700166, DANIA MARÍA VILLAGRA NÚÑEZ, identity card 0604030576, DANIEL ALBERTO DE JESÚS AZOFEIFA ARIAS, identity card 0203750749, DANIEL CORDERO LÓPEZ, identity card 0112750635, DANIEL MORAGA LEÓN, identity card 0112550174, DANIELA VALENCIANO, DANNY ENRIQUE LANZAS LÓPEZ, identity card 0111130478, DARLA IVANA MARIE MURILLO HENSON, identity card 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GUSTAVO BERMUDEZ VARGAS, identity card 0112290402, EDGARDO HUETE, EDITH MARINA UMAÑA GONZÁLEZ, identity card 0108490478, EDUARDO J, EDWIN ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ, identity card 0205200256, EDWIN ANTONIO SANDOVAL PÉREZ, identity card 0603480551, EDWIN GIOVANNI RONCANCIO BENÍTEZ, residence card 117002247229, EDWING JOEL, EDWING VARGAS CASCANTE, ELEANETH DE LOS ÁNGELES SANABRIA COTO, identity card 0114840012, ELENA VARGAS, ELIDA M JIRÓN RUIZ, ELIN JARQUÍN ROJAS, identity card 0402180017, ELISBET NÚÑEZ BRICEÑO, identity card 0602620164, ELIZABETH CAMBRONERO M, ELIZABETH DE LA TRINIDAD CASTILLO ALVARADO, identity card 0401040153, ELIZABETH MUÑOZ MORA, identity card 0113840093, ELSIE DANIELA SÁNCHEZ MURGA, identity card 0207590943, ELVIN FRANCISCO DE JESÚS PICADO RIVERA, identity card 0107720773, ELVIS FRANCISCO MARÍN CASTILLO, identity card 0702070443, EMERENCIANA IDELFONSA ALVARADO MENA, identity card 0900290999, EMMA RODRÍGUEZ UREÑA, identity card 0104081328, EMMANUEL OROZCO, ENIDIA DEL CARMEN CENTENO CENTENO, identity card 0602030295, ERICK ALBERTO ALVARADO BLANCO, identity card 0207760022, ERNESTO MORA PRADO, identity card 0115980526, ESTEBAN ALBERTO RODRÍGUEZ DOBLES, identity card 0205420910, ESTEBAN ENRIQUE SUAREZ RIVAS, identity card 0604120121, ESTEBAN MAURICIO GUZMÁN ZAMBRANA, identity card 0108580304, ESTEBAN RODRIGO CAMPOS ADAMIS, identity card 0114110401, ESTEFANO VENEGAS, ESTEISY DAYANA CALVO BARQUERO, identity card 0604580032, ETILMA JANETH SANCHO AGÜERO, identity card 0700880370, EUNICE MARÍA DE JESÚS PETERSEN GUTIÉRREZ, identity card 0105370456, EVELING MERCEDES URIARTE CARCAMO, residence card 155815295631, EVELYN MARÍA LEÓN CHACÓN, identity card 0603720644, FABIÁN DE JESÚS SANCHO VILLALOBOS, identity card 0206040889, FABIANA PAMELA AZOFEIFA PÉREZ, identity card 0116800923, FABIOLA COREAS AZOFEIFA, FABIOLA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ SEQUEIRA, identity card 0503870639, FERNANDO, FERNANDO NATHANIEL MATHIS CAMPOS, identity card 0116430237, FLOR MORALES JIMENEZ, FLORIBETH DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, identity card 0204060102, FRANCIS HERNEY CALVO SILVA, identity card 0304780647, FRANCISCO FONSECA MONTERO, identity card 0205180814, FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS ALFARO, identity card 0109390034, FRANCISCO MATA MONTERO, identity card 0104040686, FRANK F, FRANKLIN MARTÍN COTO GAMBOA, identity card 0110890578, FREDDY FRANCISCO MORALES BERROCAL, identity card 0202940171, GABRIELA MARÍA MORA ARROYO, identity card 0205950253, GABRIELA MARÍA QUIRÓS SOLÍS, identity card 0113870998, GAUDY M SEVILLA, GEINOR JOSÉ MURILLO SANDÍ, identity card 0603820050, GENARO SANDÍ RAMÍREZ, identity card 0202590232, GEOVANNY A R, GEOVANY GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, identity card 0504010473, GERARDO ANTONIO GONZÁLEZ MELÉNDEZ, identity card 0204890315, GERARDO ROBLES O, GERLIN ROSMARY MONGE MORALES, identity card 0602770556, GILBERTO FUENTES CARBALLO, identity card 0401340029, GILBERTO J F, GIOVANNI ALBERTO CASCANTE PEREZ, identity card 0108840735, GIOVANNI JOSÉ TORRES GÓMEZ, 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VÁSQUEZ, identity card 0600600757, IVAN ANDRÉS ABARCA JIMÉNEZ, identity card 0116250816, IVÁN JOSUE QUESADA PÉREZ, identity card 0113240207, IVANNIA VENEGAS, IVETTE MONTERO MARÍN, identity card 0103560232, IVONE SUSANA NARANJO SEJIN, identity card 0801240523, JAHIR OBREGÓN GONZÁLEZ, identity card 0801100480, JAIME MARIO GONZÁLEZ DELGADO, identity card 0106430187, JAKSON ALBERTO SÁNCHEZ PRENDAS, identity card 0602200372, JARITZA LISSETH POLANCO M, JAVIER EDUARDO GARITA VENEGAS, identity card 0604400720, JAVIER IBARRA CRESPO, identity card 0112210616, JEFFERSON ANTONIO SÁNCHEZ PORRAS, identity card 0604320789, JEISON HUMBERTO FLORES BRENES, identity card 0603730650, JENIBETH MURILLO URBINA, JENNY JIMÉNEZ VARGAS, identity card 0104740578, JEREMY MEDINA MÉNDEZ, identity card 0603040583, JERLYN LETICIA NAVARRO ROJAS, identity card 0604050893, JESSICA CARMEN RIZO, JESSICA CHAVARRÍA, JESSICA VANESSA RODRÍGUEZ ACEVEDO, identity card 0701520802, JESUS PORRAS, JHONNY RODRIGO MONTOYA BLANCO, identity card 0603730821, JIMMY ALBERTO MORA BARQUERO, identity card 0205240306, JIMMY BARRETO, JIMMY PÉREZ HERNÁNDEZ, identity card 0113290957, JOAN ALBERTO CASTRO SOLANO, identity card 0116830314, JOHNNY ALBERTO CHAVARRÍA VILLARREAL, identity card 0203470134, JONATHAN ANDRÉS ÁVILA SANDÍ, identity card 0113870959, JONATHAN JOSUÉ VELÁSQUEZ , residence card 155823232504, JONATHAN MARTÍNEZ, JONATHAN MATARRITA MATARRITA, identity card 0603420626, JONATHAN RODRÍGUEZ ORTEGA, identity card 0110790502, JORGE ALEXIS LARA FUENTES, identity card 0603770884, JORGE ARTURO PORRAS A, JORGE, JORGE EDUARDO ARIAS FONSECA, identity card 0106310523, JORGE ENRIQUE RUIZ MEZA, identity card 0207500178, JORGE ESPINAZ, JORGE LUIS HERRERA SOTO, identity card 0116200158, JOSÉ ADRIÁN CRUZ PRADO, identity card 0208480170, JOSÉ ALFREDO HERRERA RÍOS, identity card 0110430535, JOSÉ ANDRÉS QUESADA, JOSÉ ÁNGEL MONTOYA MONTOYA, identity card 0603920702, JOSÉ ANTONIO CASTRO FERNÁNDEZ, identity card 0108040448, JOSÉ ANTONIO SEGNINI MENA, identity card 0111480818, JOSÉ DANILO DE LOS ÁNGELES MONTERO PORRAS, identity card 0601510548, JOSÉ FERNANDO SALAZAR MONGE, identity card 0103640749, JOSÉ IGNACIO AZOFEIFA MORALES, identity card 0604080599, JOSÉ JUAN SÁNCHEZ, JOSÉ LEONARDO VARGAS RAMÍREZ, identity card 0115170027, JOSÉ LUIS MOLINA CASTRO, identity card 0601880840, JOSÉ MARÍA RUIZ GONZÁLEZ, identity card 0113310971, JOSÉ MIGUEL SANDOVAL CARRILLO, identity card 0602570755, JOSÉ NAEN QUESADA LEÓN, identity card 0604140281, JOSÉ PABLO GARITA BARAHONA, identity card 0603330422, JOSÉ RAFAEL ESPINOZA VALVERDE, identity card 0112350668, JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ CAMPOS, identity card 0205630703, JOSÉ RICARDO MÉNDEZ VARGAS, identity card 0603440651, JOSELINNE NAYELI VALVERDE JARQUÍN, identity card 0604590230, JOSHUA STEVEN ACUÑA MONTENEGRO, identity card 0115160790, JOSSELYN TATIANA DELGADO VILLALOBOS, identity card 0604010449, JOSUE CAMPOS R, JOSUE DAVID MOLINA MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO QUESADA VEGA, identity card 0108050608, JUAN CARLOS SARRIA REYES, residence card 117000692014, JUAN GABRIEL CARMONA MONTERO, identity card 0603530070, JUAN PABLO VALVERDE VINDAS, identity card 0111650896, JUDITH FABIOLA COREAS AZOFEIFA, identity card 0604070452, JULIETA DEL SOCORRO SOTO OCAMPO, identity card 0204470945, JULIO REGINO DEL CARMEN MADRIGAL DÍAZ, identity card 0601250658, JULISSA FABIOLA SEQUEIRA DELGADO, identity card 0207690933, JULY ANDREA BRENES CORELLA, identity card 0112630410, JUNIOR ALFONSO PICHARDO TRUJILLO, identity card 0604630004, JUNIOR ANTONIO MORERA CHINCHILLA, identity card 0603100092, JUNIOR PORTUGUEZ, KAREN ANDREA PÉREZ HERNÁNDEZ, identity card 0207060362, KAREN FABIOLA LÓPEZ MORA, identity card 0113400339, KARLA BEATRIZ JIMÉNEZ LOBO, identity card 0603880290, KARLA DE LOS ÁNGELES PICADO CHINCHILLA, identity card 0303490064, KARLA VANESSA HERNÁNDEZ ÁVILA, identity card 0503510762, KARLA VANESSA PERAZA MENA, identity card 0603490435, KARLA VANESSA ROBLES GARCÍA, identity card 0114270292, KAROL DE LOS ÁNGELES SANDÍ RÍOS, identity card 0110670809, KATHERINE YULIANA ALVARADO NAVARRO, identity card 0113850777, KATIA SOLÍS RODRÍGUEZ, identity card 0205670064, KATTIA EUGENIA AGÜERO FLORES, identity card 0205000081, KAYLIN VANESSA PÉREZ GONZÁLEZ, identity card 0604550153, KERLYN OBANDO QUIRÓS, identity card 0116400018, KERRY FABIANA CORRALES GALAGARZA, identity card 0117090456, KEYLOR ANDRÉS MONGE QUIRÓS, identity card 0116830899, KIMBERLY TATIANA MORA FALLAS, identity card 0604330058, KRISSYA MURILLO HERRERA, identity card 0117860145, LAURA DE LA TRINIDAD RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identity card 0113350178, LEONARDO ESTEBAN CALVO SILVA, identity card 0305000485, LEYLA PÉREZ ALANIZ, LEYSI RUTENA BLANDON, LILIA LUISA DE LOS ÁNGELES SAMUDIO CASTILLO, identity card 0601180153, LILIETTE ESTEBANA JARQUÍN LÓPEZ, residence card 155826598515, LILLIANA CORRALES PADILA, LILLIANNA DE LOS ÁNGELES FALLAS VINDAS, identity card 0602710330, LINDSAY NATHALIA MONGE FALLAS, identity card 0604540995, LISETH VEGA PRENDAS, identity card 0604520538, LISSETTE DE LOS ÁNGELES SANDÍ AGÜERO, identity card 0604220090, LORENA DE LOS ÁNGELES AZOFEIFA SEGURA, identity card 0109190338, LUANA PAMELA WHITE QUESADA, identity card 0604200202, LUEMAR FARRER, LUIS ALBERTO FALLAS RODRÍGUEZ, identity card 0603280214, LUIS ALONSO CUBERO SOLANO, identity card 0106740206, LUIS CARLOS ESPINOZA DELGADO, identity card 0603730680, LUIS DIEGO PANIAGUA CASTRO, identity card 0206660607, LUIS ESTEBAN JAEN GONZÁLEZ, identity card 0603450608, LUIS FERNANDO QUESADA HERRA, identity card 0204080219, LUIS FRANCISCO HERNÁNDEZ MADRIGAL, identity card 0205640779, LUIS GUILLERMO LORÍA CASTROVERDE, identity card 0603400859, LUIS MERON GONZÁLES, MAGALY CHACÓN FLORES, identity card 0113950426, MAGALY SEQUEIRA MEDRANO, identity card 0603100669, MANUEL ALEJANDRO CHINCHILLA QUIRÓS, identity card 0603740325, MANUEL IGNACIO DE LA TRINIDAD SIBAJA CORDERO, identity card 0303090949, MARBELLI DE LOS ÁNGELES CAMPOS ÁLVAREZ, identity card 0701110213, MARCO FUMERO, MARCO STEVEN VARGAS DURÁN, identity card 0112480831, MARCO TULIO DE LA TRINIDAD CENTENO CENTENO, identity card 0601800154, MARCOS TULIO JIMÉNEZ DELGADO, identity card 0603390498, MARGARITA MÉNDEZ, MARGINE DEL CARMEN ZAMORA TORREZ, residence card 155823899711, MARÍA ANALIVE DE LA TRINIDAD ESPINOZA MORALES, identity card 0601890622, MARÍA ELENA GONZÁLEZ MADRIGAL, identity card 0205960247, MARÍA ELSA ARIAS CASTRO, identity card 0602380849, MARIA EMILCE LÓPEZ JUÁREZ, identity card 0501520577, MARÍA ESTELA FERNÁNDEZ SEQUEIRA, residence card 155822472101, MARÍA FELICIA VÁSQUEZ ROJAS, identity card 0203150540, MARÍA FERNANDA RAMÍREZ ZAMORA, identity card 0114940204, MARÍA FERNANDA ROJAS ALVARADO, identity card 0114860394, MARÍA JENNIFER JIMÉNEZ MORA, identity card 0603280370, MARÍA JESÚS VALENCIANO, MARÍA JOSÉ CARVAJAL CASTRO, identity card 0111300515, MARÍA MARCELA PRENDAS ARIAS, identity card 0602300853, MARÍA MARGOT LEÓN CHACÓN, identity card 0109750068, MARÍA MILENA ARIAS ARGUEDAS, identity card 0205890824, MARÍA PAULA RAMÍREZ AGUILAR, identity card 0402330701, MARÍA ROXANA TREJOS MÉNDEZ, identity card 0602730606, MARÍA SHIRLEY RODRÍGUEZ ELIZONDO, identity card 0900920912, MARÍA STEFANNY MADRIGAL ZUMBADO, identity card 0115090474, MARÍA TERESA CHAVARRÍA, MARIANN MORA P, MARIBEL HAYDEE GARCÍA LÓPEZ, identity card 0111070507, MARIELA CASTILLO ARROYO, identity card 0800970270, MARIELA RÍOS MORALES, identity card 0207050674, MARIO ALBERTO ESQUIVEL CASTILLO, identity card 0205110335, MARIO ANTONIO ZAPATA TORRES, residence card 155817595119, MARLENE DE LOS ÁNGELES BADILLA RÍOS, identity card 0602590177, MARLON DE JESÚS DUARTE OCAMPO, residence card 155800713418, MARTA BEATRIZ TIJERINO RUIZ, identity card 0204540779, MARTA LUCÍA JARAMILLO HOYOS, identity card 0800900089, MARTA RODRÍGUEZ, MARTHA ROSA BRICEÑO, MARVIN ANTONIO PÉREZ PÉREZ, identity card 0109360537, MARVIN JOSUE BORBÓN INFANTE, identity card 0116760011, MARVIN STEVEN GUERRERO JIMÉNEZ, identity card 0603660460, MAURICIO CHINCHILLA VARGAS, identity card 0117110982, MAURICIO DANIEL LOZANO MONGE, identity card 0702060714, MAURICIO EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ, identity card 0109170607, MAURICIO GERARDO VALVERDE SALAZAR, identity card 0602830660, MAURICIO VÁSQUEZ PIZARRO, identity card 0108310997, MAYLIN RAQUEL VILLAVICENCIO VARELA, identity card 0604640402, MEIBEL ISABEL ALFARO FERNÁNDEZ, identity card 0604590462, MELVIN ENRIQUE PERALTA JUÁREZ, identity card 0700940525, MEYLIN DEL ROSARIO URIARTE ARGENAL, residence card 155810563315, MICHAEL CARMONA VARGAS, MICHAEL JOSÉ VARGAS GUZMÁN, identity card 0113220672, MICHELLE ALVARAN VARGAS, identity card 0119430883, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SOTO, identity card 0501820672, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SUAREZ, identity card 0801220088, MIGUEL ENRIQUE CORELLA BARRANTES, identity card 0601950165, MIGUEL JESÚS MORA BLANCO, identity card 0604390080, MIGUEL OVIDIO GERARDO ARIAS CALVO, identity card 0502170194, MINOR GONZÁLEZ FUENTES, identity card 0205170527, MISTER RAMBO CAMPOS DÍAZ, identity card 0701880199, MOLLY MORGAN, MÓNICA ANDREA ARISTIZABAL OCAMPO, identity card 0801010124, MONSERRAT CALDERÓN PALACIOS, identity card 0111830066, NADIA VICTORIA GONZÁLEZ PICADO, identity card 0111340512, NANCY LUCILA NÚÑEZ LÓPEZ, identity card 0503400053, NATALIA C.
C., NATASHA MICHELLE ARLEY TREJOS, identification card number 0604500110, NATASHA VILLAGRA N, NATHALIE ELIZONDO M, NAYDELIN YULIANA CASTRO AGÜERO, identification card number 0604830014, NAYLAN JOSUE CARBALLO SOLÓRZANO, identification card number 0604400629, NAYRON FABIÁN CARAVACA NÚÑEZ, identification card number 0206990225, NAYUBEL CALVO MONTOYA, identification card number 0110690090, NEFTALÍ MONCADA CORTÉS, identification card number 0602390850, NICOLE VALVERDE ROJAS, identification card number 0604330151, NIXON MAJONRRY JIMÉNEZ CÓRDOBA, identification card number 0116440340, NOEL JINGLY CASTILLO FLETES, residence card number 155808202708, NOEMI TOMAS GARCÍA, NOHELIA VALDEZ, NORMA CECILIA RÍOS SOLÍS, identification card number 0601110422, NURIA VANESSA VALVERDE BARQUERO, identification card number 0107840018, NURY MARÍA DEL CARMEN ALVARADO PÉREZ, identification card number 0204390613, OLDEMAR DE LOS ÁNGELES PORRAS ROJAS, identification card number 0602130637, OLGA LUCÍA RONCANCIO OLMOS, identification card number 0800710516, OLMAN ANTONIO CHAMORRO, OLMAN SIN, ONAYRA CHAVEZ CH, ORLANDO DEL CARMEN SOLÍS JIMÉNEZ, identification card number 0601410085, ORLANDO FRANCISCO SANDÍ CHAVES, identification card number 0603760536, OSCAR ARTURO ROJAS ROJAS, identification card number 0114720800, OSCAR DAVID RODRÍGUEZ QUESADA, identification card number 0206330408, OSCAR FRANCISCO NÚÑEZ BRICEÑO, identification card number 0603410245, OSCAR MARIO MONGE MESÉN, identification card number 0107900490, OSVALDO ISMAEL DE JESÚS MADRIGAL ARGUEDAS, identification card number 0105270918, PABLO ANDRÉS COSTE MURILLO, identification card number 0113010349, PABLO ANDREY MARÍN CAMACHO, PAOLA ALEJANDRA CARABIA , residence card number 103200009103, PATRICIA MARÍA FERNÁNDEZ CHAVES, identification card number 0900410359, PHILIPPE ANDRÉ QUESADA JASSOUD, identification card number 0901020771, RAFAEL ADRIÁN CALDERÓN LEÓN, identification card number 0303650618, RAFAEL ÁNGEL MENA ADANIS, identification card number 0204410423, RAMÓN REINALDO MONTERO AGUILAR, identification card number 0106800951, RANDALL MAURICIO PITTY GONZÁLEZ, identification card number 0603490895, RANDY DAVID OSES ESPINOZA, identification card number 0205490980, RAQUEL SÁNCHEZ VILLALOBOS, RAÚL DELGADO GUTIÉRREZ, identification card number 0111550618, REBECA JIMÉNEZ, REYNA INDIRA CHAVEZ GUTIÉRREZ, residence card number 155820233111, ROBERTH MEJÍA, ROBERTO ANDRÉS LÓPEZ, residence card number 155821443734, ROBERTO DORILIO MAYO GIL, identification card number 0800830309, ROBERTO GERARDO CORTÉS ESPINOZA, identification card number 0602570724, RONALD EDUARDO QUESADA ALFARO, identification card number 0204520881, RONALD MAURICIO HERNÁNDEZ CALDERÓN, identification card number 0110450641, ROSA ALBA MORA UMAÑA, identification card number 0602530286, ROSIBEL OBANDO, ROXANA RODRÍGUEZ, ROY ELÍAS CASTILLO MATARRITA, identification card number 0503640931, RULAMAN RAMÓN VILLAGRA RAMÍREZ, identification card number 0601021356, RUTH ESTER LAINO ÁLVAREZ, identification card number 0110110092, SANDRA PATRICIA VARGAS MORALES, identification card number 0800850986, SARAY MARCELA VARGAS DURÁN, identification card number 0111130582, SEBASTIÁN GARBANZO MUÑOZ, identification card number 0115940259, SEGIO J F, SEIDI VALDIVIA, SERGIO EMERYK SEQUEIRA MARÍN, identification card number 0106260785, SHEIDA PATRICIA SOLANO ORTIZ, identification card number 0108310601, SHERLYN BARGANTA, SHERYL DIANA QUESADA VÍLCHEZ, identification card number 0206870868, SHIRLEY MARÍA DE LOS ÁNGELES SALAS LÓPEZ, identification card number 0204410230, SILVIA ELENA MATA MEZA, identification card number 0304000389, SILVIA PATRICIA CENTENO RODRÍGUEZ, identification card number 0603790689, SILVIA PÉREZ VARGAS, identification card number 0205190382, SLATER STWARTH ARAYA RIVERA, identification card number 0208810829, STEFHANNY MARÍA MADRIGAL MÉNDEZ, identification card number 0114250417, STEPHANIE ZORAIDA GAZO RIVERA, identification card number 0112900569, SUSAN KELLY COLLINS SÁNCHEZ, identification card number 0113530507, SUSAN WARDLE, TABITA MARÍA MARENCO CAMARENO, identification card number 0107520040, VANESSA CALVO GONZÁLEZ, identification card number 0107410780, VÍCTOR ÁNGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, identification card number 0106800475, VÍCTOR HUGO CHAVES JIMÉNEZ, identification card number 0110450257, VICTORIA LOLITA PORRAS MUÑOZ, identification card number 0113390379, VILMA CAROLINA ROQUE CAMBRONERO, identification card number 0110370759, WAGNER VARGAS, WALNE ANTONIO PARRA ROJAS, identification card number 0401710133, WALTER JESÚS ALVARADO MELÉNDEZ, identification card number 0503040004, WARNER ANTONIO PORRAS SALAS, identification card number 0107760517, WENDY ELENA ÁLVAREZ MÉNDEZ, identification card number 0602920997, WENDY MANUELA HOOKER SANTAMARÍA, residence card number 155825885031, WENDY SOLANO ORTIZ, identification card number 0110230089, WILBERT JEANPOL JIMÉNEZ ARIAS, identification card number 0604600796, WILFRIDO DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ JIMÉNEZ, identification card number 0114600301, WILLIAM CALVO VILLEGAS, identification card number 0103850400, WILLIAM DANIEL ACOSTA CALDERÓN, identification card number 0113460723, WILLIAM DELGADO, WILLIAM WILTON CORTÉS, XENIA MARÍA HERRERA MURILLO, identification card number 0203020856, XINIA MARÍA GARITA AGUERO, identification card number 0108310911, XIOMARA FERREIRA TORRES, identification card number 0800890400, YANAIRA DE LOS ÁNGELES TREJOS MÉNDEZ, identification card number 0603800688, YANITSA CEBALLO LAGUM, YASEEI ROMERO ZELEDÓN, YOHAN SANDÍ ARAUZ, identification card number 0109800614, YOLANDA VALENCIANO, YORHAN GUILLERMO MADRIZ ZÚÑIGA, identification card number 0603770617, YORHANY CHACÓN BARAHONA, identification card number 0602870178, YUANI HERNÁNDEZ CORDERO, identification card number 0109260324, YURLANDI BUBERTH MOLINA, identification card number 0206700774, YUSTIN ZULEMA CASCANTE RUBÍ, identification card number 0604380271, ZAILYN VANESSA BERROCAL CORDERO, identification card number 0604140824 and ZUGETCY SUSANA LEITÓN CERDAS, identification card number 0112110329, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, the SERVICIO NACIONAL DE RIEGO Y AVENAMIENTO, the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL and the MUNICIPALIDAD DE GARABITO.
Resultando:
1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 4:14 p.m. on March 4, 2019, the appellants filed an amparo action against the Ministerio de Ambiente y Energía, the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Municipalidad de Garabito. They state that the Municipalidad de Garabito granted construction permit (permiso de construcción) No. PC-4364-2019 to the commercial company JAEA S.A., with legal identification number No. 3-101-027172, for the exploitation of the Puntarenas Party estate (finca del Partido de Puntarenas) No. 6-0149667-000, located in the Jacó district. They add that on October 2, 2018, SETENA granted the respective environmental feasibility (viabilidad ambiental). They mention that since February 22, 2019, the developing company began the felling, marking and poisoning of trees on the property. They explain that in order to obtain the respective permits, the company registered a new site plan in 2015 in which one of the streams (quebradas) indicated in plan No. P-885950-2003 was not recorded, which according to official letter No. DAUHTPCOSR-0059-2019 from the Dirección de Aguas of MINAE, corresponds to an intermittent spring (naciente intermitente) that gives rise to a watercourse (cauce). They comment that the Construction-Technical Services and Legal Management Departments, both of the Municipalidad de Garabito, recommended suspending the works while a binding resolution was obtained from the Dirección de Aguas. However, the Mayor has ignored this and, for its part, the Council has not exercised its control and oversight functions. As a result of the foregoing, the earthworks (movimientos de tierra) in the streams have continued. They consider that the granting of the construction permit and the environmental feasibility to the project demonstrate a mockery of the preventive and precautionary principles, given that there are irrefutable facts regarding the existence of the spring. They estimate that the continuation of the works affecting the spring and the espavel trees may cause irreversible damage, for which reason they request the intervention of this Court. They request that the amparo action be granted.
2.- By a Presidency ruling at 10:54 a.m. on March 8, 2019, a report was requested from the Mayor and the President of the Council, both of the Municipalidad de Garabito; from the Director and the Head of the Unidad de Gestión del Recurso Hídrico, both of the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento; from the Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental; and from the Director of the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía.
3.- By brief received via email on March 11, 2019, the appellants made additional statements.
4.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on March 18, 2019, José Miguel Zeledón Calderón reported under oath, in his capacity as Director of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía. He comments that in accordance with the Herradura 32441 map sheet, scale 1:50,000, there is no cartographic documentation matching the body of water (cuerpo de agua) alleged by the appellants. He indicates that upon reviewing the archives of water body technical opinions, of the Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamiento de Aguas y Cauces, background information associated with the case was found. He points out that official letter No. IMN-DA-1796-06 of July 5, 2006, was located, prepared by the Deputy Director of the Dirección de Agua, who stated that the body of water found on the property whose cadastral plan is 6-834899-1989 was identified as a rainwater and sewage channel, consequently described as a body of water not corresponding to a public domain watercourse. Likewise, technical report No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 of March 20, 2018, was located, which maintains the opinion that it is a rainwater and sewage channel, because upstream of the analyzed section, the water flow was found to be piped, receiving contributions from homes and businesses. In said report, the possible existence of an intermittent spring at coordinates latitude 177.194 and longitude 468.192 was considered, but during the field verification, no water was observed flowing in the vicinity, so, in the absence of new evidence, the opinion indicated in official letter No. IMN-DA-1796-06 was maintained. He notes that through official letter No. PSCCI-032-2018, signed by an official of the Municipalidad de Garabito, a new technical opinion was requested regarding a body of water located on estate 149667-000, with cadastral plan 6-01849709-2015, which is located in front of the Municipality. For this purpose, coordination was made with officials of the Municipalidad de Garabito and an inspection was carried out, as well as a new assessment by the Dirección de Agua. Said visit was carried out during the first weeks of the country's dry season, as defined by the Instituto Meteorológico Nacional. He specifies that from said inspection, technical reports No. DA-UHTPCOSR-0059-2019 and DA- UHTPCOSJ-0440-2019 were generated, in which it was concluded that: "An intermittent spring is determined at coordinates latitude 177.194 and longitude 468.215 (Costa Rica Lambert North Coordinate Systems)." "A stream is determined in the indicated section between coordinates latitude 177.910 and longitude 468.125 and coordinates latitude 177.179 longitude 467.915, which crosses the public street piped to the north side of the Municipality, runs within the property of the Municipal building, until exiting the piping on the south side of the JABA S.A. property (cadastral plan No. 6-01849709-2015) up to the Quebrada Usa." He points out that the technical opinions are not of a resolution nature and do not imply a permit or authorization by themselves. In accordance with the foregoing, the Head of the Tárcoles Hydrological Unit, which is responsible for attending the Jacó area, through official letter No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 of March 5, 2019, issued a cease-activity order regarding the stream, given that a new technical opinion is awaited. Now then, in view of the fact that there are different technical opinions on the same property and study area, through official letter No. DA-0326-2019, the Térraba Pacífico Sur Hydrological Unit and the San Juan Hydrological Unit, both belonging to the Dirección de Aguas of MINAE, were requested to proceed to carry out jointly a study and analysis, in accordance with the Internal Support Guide for the Technical Opinion of Bodies of Water (Guía Interna de Apoyo para dictamen de Cuerpo de Agua), formalized according to official letter No. DA-563-2017 of June 13, 2017, and thus determine with scientific certainty the type and characteristics of the body of water in question. The foregoing was requested on March 8, 2019, to issue a definitive opinion within 8 days. He requests that the amparo action be dismissed.
5.- By brief received via fax on March 18, 2019, Rafael Tobías Monge Monge reported under oath, in his capacity as President of the Municipal Council (Concejo Municipal) of the Municipalidad de Garabito. He states that as a collegiate and political body, it does not grant construction permits, as these are of an administrative nature. He requests that the amparo action be dismissed.
6.- By brief received via email on March 18, 2019, José Martínez Meléndez reported under oath, in his capacity as special attorney-in-fact for the Mayor of the Municipalidad de Garabito. He explains that on February 21, 2019, the Technical Services Process (Proceso de Servicios Técnicos) of the respondent Municipality granted construction permit No. PC-4364-2019, through which it authorized the company called JAEA S.A., to build a civil work on the property registered in the National Registry in the Puntarenas party, real estate folio registration number 149.667-000, located in Jacó, in front of the Municipalidad de Garabito. The total authorized construction area is 1472 square meters. He comments that at the time the construction permit was granted, the company JAEA had resolution No. SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-0-121-2018, issued in administrative file PC-PC02-IF-00194-2017 at 10:40 a.m. on July 10, 2018, where it stated: "FIRST: To approve the felling and use through the Forest Inventory modality (Inventario Forestal) in an urban area of 24 trees with a volume of 146,510 m3 in the name of JAEA Sociedad Anónima, legal identification number 3-101-02712, represented by Fernando Chavarría Ardón, identification card number IT 2-0174-0354, on the estate folio 149.667-000, Cadastral Plan P-1849709-2015, with an area of 0.7650 hectares, located in Jacó, Jacó district, Garabito canton, Puntarenas province, Herradura 32441 Map Sheet, vertical coordinates 394-395 and horizontal coordinates 395-396." On the other hand, it had the construction permit for the company, according to official letter No. DA-UHTPCQSR-0061-2018, from the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, which in the concluding part stated: "In conclusion, once the Cartography, the National Registry of Technical Opinions on Bodies of Water (Registro Nacional de Dictámenes sobre Cuerpos de agua) kept by this Directorate, plus inspections carried out at the site by the undersigned and also having analyzed with Engineer José Joaquín Chacón the cadastral plans NT P-1849709-2015, No. 8384899-89 and official letter No. IMN-DA-1796-06, it was determined that the body of water under study that goes from coordinate latitude (sic) 177-196 and longitude 468.057 and continues until reaching the channel (cauce) of the Quebrada Lisa at coordinate latitude 177.181 and longitude 467.912 is a channel (canal) through which rainwater and sewage flow, therefore it is not a public domain watercourse." In addition, it had the location resolution (resolución de ubicación) from the respondent Municipality, which stated that the condition of the requested land use was in accordance with the construction of commercial premises, a document valid until November 23, 2019. He adds that through official letter No. IMN-DA-1796-06 of July 5, 2006, it was indicated that: "In accordance with our National Registry of Water Use and Watercourse Concessions (Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de Aguas y Cauces), the Water Resource Database (Base de Datos del Recurso Hídrico), Inspection carried out on June 29, 2006 and cartographic information, the described watercourse does not correspond to a public domain watercourse." Likewise, the company JAEA S.A., had the construction permit from the Municipalidad de Garabito, through a resolution from the Ministerio de Ambiente y Energía and the Secretaría Técnica Ambiental at 11:25 a.m. on October 23, 2018, in which the validity of the D1 is extended, granted to the Centro Comercial en Jacó project, to be developed by JAEA S.A., that on the property in front of the Municipalidad de Garabito. He comments that on November 21, 2018, the company corrected the defects required for the construction permit. By official letter No. DA-UHTPCOSR-0059-2019 of February 28, 2019, the Dirección de Agua of the Ministerio del Ambiente y Energía ratified that the alleged body of water was not a public domain watercourse. He points out that at the time construction permit No. PC 4364 was granted, there was technical and legal certainty that it was not a public domain body of water that ran to the north side of estate No. 6-149.667-000, where the Commercial Center is intended to be developed. Under that understanding, there being no elements demonstrating that this body of water was a public domain watercourse, and furthermore, with the respective authorizations existing for the felling of the trees existing on the property, the indicated construction permit was granted. He specifies that when the construction activities were being carried out, a consultation made on August 3, 2018, was communicated to him, of which he did not become aware until early March 2019. Upon studying the consultation, he was unable to determine the existence of scientific elements that would suggest that it was indeed a public domain watercourse, since it was fundamentally based on the existence of an old site plan indicating that the watercourse in question corresponded to a stream. However, the same had been modified in 2015, in which the stream was no longer included, based on a MINAE technical opinion, which indicated that it was not a public domain watercourse, therefore no resolution contrary to construction permit No. PC 43654 was taken. On the other hand, on March 1, 2019, the Legal Department issued a pronouncement regarding official letter No. ST 067-2018-FS-I, in which it was affirmed that there was uncertainty regarding the public nature of the watercourse, and therefore, a precautionary measure of work stoppage should be established, based on the in dubio pro natura principle, without providing elements that at that time would cast doubt on the existence or not of a public domain watercourse. And the fact is that the evidentiary elements on which the granting of the construction permit was based were very clear, that it was not a public domain watercourse, and there was no reason to doubt the evidence in the Municipality's possession. He affirms that through official letter No. ST-070-2019-FS-l of March 6, 2019, from the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía, they were informed of the existence of a natural water flow separated from the sewage contribution of the watercourse of the piped section. Now then, with said elements a new legal situation was created, where apparently, a public domain watercourse really existed. However, it must be considered that this technical opinion issued by the Dirección de Aguas is a technical criterion on the characterization of a body of water, which is issued according to time, space and conditions given in the evaluation, and even, according to what has been reported, a new subsequent inspection was carried out to make a final decision on the public nature or not of the body of water in question, the results of which have not yet been given. This ratifies the scientific uncertainty on the matter. Due to the foregoing, he indicates that a precautionary measure of suspension of construction permit No. PC 4364, granted to the company JAEA Sociedad Anónima, was declared. He requests that the amparo action be dismissed.
7.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on March 21, 2019, Patricia Quirós Quirós, General Manager, and Roberto Ramírez Chavarría, Director of the Dirección de Gestión e Investigación Hídrica, both of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, reported under oath. They indicate that the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento was not consulted about the alleged project. They clarify that there is no record in the database of the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica of any consultation procedures with SENARA, nor any request for a detailed technical opinion on the specific case. They specify that before SENARA, no hydrological study or any management related to the present case has been initiated or processed, and therefore, it is not possible to determine if the project meets the terms of reference established by SENARA for the preparation of studies on spring protection zones (zonas de protección de nacientes). They point out that based on the technical study on a body of water, prepared by officials of the Dirección de Aguas of MINAE, it was accredited that at the project site, in cadastral plan No. 6-01849709-2015, specifically at coordinates latitude 177.194 and longitude 468.215, an intermittent spring existed. A stream was determined in the indicated section between the said coordinates, which crosses the public street piped to the north side of the Municipalidad de Garabito. They argue that by virtue of the precautionary principle that prevails in environmental matters, as long as SENARA has not validated the hydrogeological information of the site, which implies that the developer must request a hydrogeological study, in order to scientifically determine the appropriate protection radius for the spring, the continuation of construction should not be permitted. They request that the amparo action against them be dismissed.
8.- By brief received through the Online Management System (Sistema de Gestión en Línea) on April 1, 2019, María Celeste López Quirós reported under oath, in her capacity as ad hoc Secretaria General, of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. She states that regarding the Centro Comercial en Jacó project, on February 27, 2007, an Environmental Assessment document (D1) was received, presented by the legal representative of JAEA S.A., to which administrative file No. D1-204-2007-SETENA was assigned. The project area is located in the Province of Puntarenas, Canton of Garabito, District of Jacó, on the Puntarenas Party Estate (Finca Partido de Puntarenas), registration number 149667-000, with cadastral plan P-885950-2003. She indicates that in the site plan provided at the time by the project developer, the streams indicated by the appellants were reflected. Now then, through resolution No. 2775-2008-SETENA of September 30, 2008, the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental, PGA) was approved and the Environmental Feasibility (Viabilidad Ambiental) for the project was granted. In the seventh ordering section (por tanto sétimo), the company JAEA S.A. was informed "(...) that the Environmental Feasibility only covers what is indicated in the project description and the presented design (which is attached in the D1 Form and in the Environmental Management Plan)." She points out that through resolution No. 2322-2018-SETENA of October 2, 2018, what was approved was an extension to the validity of the environmental feasibility for the Centro Comercial en Jacó project, and not the environmental feasibility as alleged by the petitioners. She adds that the site plan was updated in 2015; however, it was not the one used to grant the environmental feasibility. She clarifies that when granting the permit, there was knowledge of the bodies of water existing in the project area; therefore, it is a mandatory condition for any project affected by them to respect the setbacks or protection areas as established by Article 33 of the Ley Forestal. In addition to the foregoing, any project wishing to be developed must respect the bodies of water and their setback areas, which is why SETENA does not authorize any project in which what is stipulated by the Law is not respected. On the other hand, it is the obligation of the interested parties to subsequently obtain all corresponding permits, including felling, water or municipal permits. She adds that within the environmental follow-up duties, on March 13, 2019, a visit was made, where it was determined that: "At the time of the inspection, the project was carrying out a fill of the property with an elevation of approximately 1 m. The Project Area (AP) was surrounded by a perimeter saran fence, which prevents a negative impact from dust on neighboring properties. In the inspection, it was evidenced that the trees located within the property have not been cut, although there are felling permits issued by SINAC. In the inspection, the presence of a natural channel (canal natural) located at the back of the property was evidenced, where it was observed that the constructions adjoining it discharge their greywater. During the inspection, a foul odor was perceived coming from the water flowing through the natural channel located at the back of the property. The project has sanitary cabins for the management of wastewater produced during the construction stage of the project. At the time of the inspection, it was observed that the project had the informational sign requested by SETENA." She adds that through technical report No. IT-DT-ASA-0159-2019, it was established that the Centro Comercial Jacó project, administrative file No. D1-204-2007-SETENA, is complying with the environmental commitments, as well as with the environmental control and monitoring instruments (the environmental guarantee is up to date, for which reason the enabling of the logbook was requested). She requests that the amparo action be dismissed.
9.- By brief dated June 10, 2019, the appellant party expanded the amparo action. It states that "(...) by this means I expand the aforementioned amparo action against resolution SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-049-2019 at ten hours fifteen minutes on April twenty-second, two thousand nineteen, signed by official Luis Picado Cubillo in his capacity as Acting Head of the Esparza Orotina Sub Regional Office of SINAC, which authorizes the felling of 24 trees to the company JAEA Sociedad Anónima, legal identification number 3-101-027172, represented by Fernando Chavarría Ardón, identification card number 201 74-0354. FIRST: That said resolution confirms in point Six that the watercourse crossing the Puntarenas real estate folio property 149667-000 identified with cadastral plan 1849709-2015 is public domain. SECOND: That in the absence of a declaration of public interest, and because the trees are within the public domain watercourse, the disposal of State assets to a private individual is being permitted, which, presumably, if confirmed, could constitute the crime of embezzlement (peculado). THIRD: That on March 5, 2019, through official letter DA-UHTPCOSJ-04479019, Fernando Chavarría Ardón, in his capacity as representative of the aforementioned company, was ordered to cease all activity on the stream's watercourse and return it to its original condition. FOURTH: Given that at this procedural moment the intention is to determine the original location of the public domain watercourse that was allegedly altered by Chavarría Ardón, and the existence of a spring, it is considered an absolutely null act that in the midst of an exhaustive analysis that the Constitutional Chamber intends to carry out, a dependency of MINAE, namely the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Pacífico Central, grants a tree-felling permit, contravening all the efforts that this Authority makes in order to reach objective conclusions. FIFTH: That SINAC, in its eagerness to give an appearance of legality to the urgent tree-felling authorization, bases the resolution on: A. Article 34 of the Ley Forestal No. 7575 alleging a 10-meter protection strip (franja de protección). The question is 10 meters from where. From where the watercourse is located at this moment thanks to the diversion maneuvers carried out by the individual O. B. Ten meters from the location of the original watercourse. Given these variables, which have not yet yielded scientific certainty, the prudent course is to suspend the effects of the resolution authorizing the felling of trees, until certainty is achieved, privileging, even if temporarily, the pro natura principle over the private property principle. It is evident that the SINAC resolution chooses to privilege the private property principle, deviating from the procedure for defining protection areas established in Article 33 of the Ley Forestal and the pronouncement of the Procuraduría General de la República CI 10-2004 dated April 16, 2004, Articles 148 and 149 of the Water Law (Ley de Aguas). SIXTH: Likewise, in point Eight of the aforementioned resolution, SINAC argues that the private individual interested in obtaining the felling authorization provided documents that offer the list of trees and that they are located, according to these documents, outside of the 10 meters of the protection area. Returning to the previous point, the doubt persists as to where the 10 meters are measured from. It is logical to think that the private individual interested in cutting the trees will say that it is 10 meters from the diverted watercourse. A situation that must be analyzed objectively, so that it can then be determined if the individual Chavarría Ardón is taking advantage of trees that belong to the State because they are in the public domain watercourse. Therefore, the Constitutional Chamber is requested to expand the amparo action against the aforementioned SINAC resolution, and to order as an urgent precautionary measure that the effects of the tree-felling order issued by SINAC be suspended, effects that are currently being executed with the effective felling of the species. Likewise. the Constitutional Chamber is requested to require a report from the Mrs.
Yamileth Astorga, in her capacity as Executive President of the Water and Sewer Authority (Acueductos y Alcantarillados), who participated actively in situ against the tree-cutting events that occurred on Friday, May 24 of the current year, a situation that was notified to the Chamber according to the police observation report provided to the proceedings." 10.- By order issued at 3:23 p.m. on June 10, 2019, the appeal was expanded and a report was requested from the Director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación).
11.- By resolution issued at 3:29 p.m. on June 10, 2019, evidence for a better resolution was requested from the Director of the Water Directorate (Dirección de Agua) of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE).
12.- By brief filed with the Secretariat of the Chamber on June 13, 2019, José Miguel Zeledón Calderón, Director of Water of MINAE, submitted a sworn report. He notes that "The request of the Constitutional Chamber consists of the result of the study requested on March 8, 2019, based on the following statements: '(...) given that there are different opinions on the same property and study area, by official letter No. DA-0326-2019, the Térraba Pacífico Sur Hydrological Unit and the San Juan Hydrological Unit, both belonging to the Water Directorate of MINAE, were requested to jointly carry out studies and analysis, in accordance with the Internal Support Guide for Water Body Determination (Guía Interna de Apoyo para dictamen de Cuerpo de Agua) formalized by official letter No. DA-563-2017 of June 13, 2017, and thus determine with scientific certainty the type and characteristics of the water body in question. The results of the studies requested on March 8 are shown in technical report DA-UHSAN-0197-2019 of March 25, 2019, generated by technicians from the two Hydrological Units from which the studies were requested, addressed to the undersigned, which is broadly supported by field verification and the Internal Support Guide for Water Body Determination, and which specifically concludes the following: • Source 1 (Fuente 1) determined in this report coincides with the criterion for source 1 (fuente 1) determined in official letters DA-UHTPCOSJ-04402019 and DA-UHTPCOSR-0059-2019, therefore it is concluded that the criterion for the same is maintained, being thus a Nameless Spring (Naciente Sin Nombre), a water body in the public domain of an intermittent nature. • Source 2 (Fuente 2) determined in this report coincides with the criterion for source 2 (fuente 2) determined in official letters DA-UHTPCOSJ-04402019 and DAUHTPCOSR-0059-2019, therefore it is concluded that the criterion for the same is maintained, being thus a Nameless Stream (Quebrada Sin Nombre), a water body in the public domain; in section 1 (tramo 1) of an intermittent nature; in section 2 (tramo 2) it was not possible to determine the nature; section 3 (tramo 3) of a permanent nature. The technical report DA-UHSAN-0197-2019 of March 25, 2019, is attached in its entirety, which corresponds to the study requested by the Constitutional Chamber and in official letter DA0326-2019.'" 13.- By written submission filed with the Secretariat of the Chamber on June 28, 2019, Cynthia Barzuna Gutiérrez, General Secretary of the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), submitted a sworn report, stating that she concurs with the report she previously rendered, since the matters related to the expansion of facts made by the appellant do not fall within her competencies.
14.- By written submission sent via email on July 1, 2019, Grettel Vega Arcea, Executive Director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC), reported under oath. She points out that according to official letter SINAC-ACOPAC-DRFVS-066-2019 of June 28, 2019, it was concluded that resolution SIANC-ACOPAC-OSREO-RES-049-2019 did not authorize the cutting of 24 trees by the company JAEA, but rather authorized the cutting of 9 trees, which are located outside the Protection Area of the Stream (Quebrada). She adds that since the forest harvesting (aprovechamiento forestal) permit application process began in late 2017, the streambed has not been diverted, and during the inspection of March 8, 2019, both the streambed and the rest of the land were intact, with the streambed being described as a straight line. She states that the personnel hired by the company JAEA were filling the land to a height of approximately 50 centimeters; furthermore, the distance from the right bank of the stream was measured to determine the protection area (área de protección) for its corresponding set-back (retiro) and points were marked along and parallel to the right bank. She explains that subsequently, the person in charge of the worksite was requested to respect the described area and to remove certain tools and other implements that were within 10 meters of the streambed, which was immediately complied with. She mentions that the administrative file is clear in indicating that the permits granted have always been in accordance with the Law. She requests that the appeal be dismissed.
15.- By brief added to the Online Management System on July 3, 2019, the appellant Vanessa Calvo González argues that in relation to determination DA-07554-2019 of June 12, 2019, from the Water Directorate of MINAE, the existence of a spring (naciente) is confirmed. She reiterates the irregularity of the developer's actions, without considering the impact on the environment. She requests that the matter be resolved accordingly.
16.- By resolution issued at 11:44 a.m. on July 12, 2019, formal notice was given to Fernando Chavarría Ardón, President of JAEA S.A.
17.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber on August 8, 2019, Fernando Chavarría Ardón, Legal Representative of JAEA Sociedad Anónima, reported. He states that the Municipality of Garabito granted construction permits to his represented entity because it met each and every legal requirement. He clarifies that the correct date on which the Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) was granted is September 30, 2008, by resolution No. 2775-2008-SETENA. Subsequently, by determination No. 2322-2018-SETENA of October 2, 2018, the Environmental Viability was extended for one more year. He points out that his represented entity began project execution on February 25, 2019, with land preparation, installation of the construction fence (sarán) along the property perimeter, installation of sanitary units for employees, the keeping of sawdust to address a potential fuel spill from machinery (which did not occur), and earthworks (movimiento de tierras) for land preparation. On that date, no tree cutting was carried out, as the cutting permits were expired and pending extension; much less was any tree poisoned, as the appellant recklessly and without any proof claims. The alleged lack of a public interest declaration argued by the appellant has no legal basis as a prerequisite for this type of project; furthermore, this alleged non-compliance is not even substantiated. He comments that at a certain point, plans P-834899-89 and P-885950-2003 existed, which were replaced by P-1849709-2015, which is the one currently in force and registered with the Cadastre Department of the National Property Registry. The plan recorded the existence of a stream (Quebrada Lisa), which borders the farm to the west; however, it is not part of the farm, so it is not being affected and is not the subject of this litigation or any type of complaint. He further details that within the indicated plan, no specification of a 10-meter set-back (retiro) is recorded, as it is not the competence of the surveyor engineer who prepared that plan to certify the existence or not of a stream, or whether it was registered as such before the Water Directorate of MINAE. He reiterates that the Quebrada Lisa is not the subject of any complaint or litigation, and the appellant's only interest is to try to confuse the Chamber. He asserts that his represented entity proceeded to create a new plan in 2015, in which the alleged stream is not recorded, since it was not declared a public domain watercourse. This can be corroborated in the timely determinations from the Water Directorate, which are: IMD-DA-1 796-06 and DA-UHTPCOSR-0061-2018 (see Annexes 4 and 5). He says that, unfortunately, the appellant does not indicate document numbers, dates, or persons who signed them in the facts; however, he clarifies that the Municipality of Garabito, by official letter ST-061-2019, ordered as a precautionary measure the suspension of previously approved construction works on the property, over the area of the alleged watercourse, which is why his represented entity proceeded to comply with the precautionary measure and appealed it. He argues that his represented entity has complied with each and every requirement that legislation demands for project development. To date, it has a current Environmental Viability, granted by SETENA, and construction permit PC-4364-2019, which is strictly for building the project and has no relation to the alleged cutting and poisoning of Espavel trees, which the claimant recklessly mentions. He reiterates that at that time, the tree cutting permits were in the process of renewal before SINAC, and the precautionary measure of suspending construction works imposed by the Municipality was also being complied with. However, he claims that the tree felling permit was duly renewed. He adds that in a surprising and absolutely arbitrary manner, with a clear violation of the most basic principles of legal certainty, due process, and intangibility of one's own acts, while the works were already underway, on March 6, 2019, by official letter No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 of March 5, 2019, and considering determination No. DA-UHTPCOSJ-0440-2019, the Water Directorate changed its criterion and issued an administrative precautionary measure, warning his represented entity to '(...) cease all activity on the streambed and return it to its original condition.' This administrative act, he assures, was challenged in a timely manner, and the final decision is pending. He affirms that 'In the same arbitrary and surprising manner, on March 15, 2019, SINAC issued an administrative precautionary measure and notified my represented entity of an ADMINISTRATIVE ORDER, by which, based on the Water Directorate's change of criterion, it was warned not to '... carry out any activity within the 10m established by the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 as the Protection Area of the Nameless Stream, which was declared a Public Watercourse...' This administrative act was challenged in a timely manner by my represented entity, and the final decision is pending (...) By resolution number No. ST-061-2019 at 3:39 p.m., undated, but from 2019, issued by Eng. Susana Rodríguez Chaverri, Coordinator of Technical Services of the Municipality of Garabito, given the change of criterion by the Water Department of MINAE, the Municipality of Garabito issued an administrative precautionary measure and ordered the total suspension of the granted construction permit. This administrative act was challenged in a timely manner by my represented entity (...) By resolution number No. ST- 97-2019 at 3:50 p.m. on April 29, 2019, notified that same day, issued by Eng. Susana Rodríguez Chaverri, Coordinator of Technical Services, the Municipality of Garabito, while partially revoking the previously indicated resolution, maintained the precautionary measure and order of suspension of works at the site where the construction of the main part of the project is planned. At that time, THE SUBSIDIARY APPEAL, NOR THE CONCOMITANT INCIDENTS OF NULLITY AND SUSPENSION OF THE ADMINISTRATIVE ACT WERE FILED BEFORE THE HIERARCHICAL SUPERIOR. This administrative act was challenged in a timely manner by my represented entity (...) By resolution AL-380-2019-JM at 9:33 a.m. on June 13, 2019, issued by the Municipal Mayor's Office of Garabito, notified to my represented entity on July 19, 2019, the SUBSIDIARY APPEAL, THE CONCOMITANT INCIDENT OF NULLITY, AND THE INCIDENT OF SUSPENSION OF THE ADMINISTRATIVE ACT, timely filed against resolution number ST-97-2019 at 3:50 p.m. on April 29, 2019, notified that same day, issued by Eng. Susana Rodríguez Chaverri, Coordinator of Technical Services of this Municipality, by which the challenge filed by this representation against resolution number ST-061-2019 at 3:39 p.m., undated but from the current year, was partially rejected, were all denied. This last administrative act issued by the Municipal Mayor's Office has also been challenged by my represented entity.' He adds that the administrative precautionary measures taken by the Water Directorate, SINAC, and the Municipality of Garabito render the public tender (licitación) project unviable, since the main infrastructure works are to be executed on the property site where the channel through which said waters flow is located, according to the project plans. Therefore, it is not feasible, and is legally incorrect and illegal, to seek to enforce a protection area (área de protección) over said channel, as he reiterates that the main works will be executed over the referred channel. As indicated, the warnings and orders for suspension of works issued by the Water Department of MINAE, by SINAC, and by the Municipality of Garabito are duly challenged by his represented entity. However, what is most concerning is that, with absolute violation of the most basic principles of security, legal certainty, speed, prompt justice, and due process, more than 4 months have passed since the first precautionary measure was issued, and there is still no clarity on what will happen to the project, given that the referred authorities have not resolved the challenges, and therefore, have not initiated any administrative procedure or lesivity (lesividad) process, nor determined scientifically whether the channel through which the sewage flows and that passes along the south side of the property is or is not a public domain watercourse. Consequently, said authorities still maintain the aforementioned prevention and suspension orders in force. Now, 'By official letter No. SINAC-ACOPAC-OSREO-252-2019 of May 13, 2019, SINAC informed my represented entity of Determination No. DA-UHSAN-19-2019 of March 25, 2019, issued by the Water Directorate of MINAE, which confirmed the Water Directorate's change of criterion regarding the nature of the watercourse flowing through the property. (...) In a timely manner, Jaea S.A. filed before SINAC a request for addition and clarification to said determination, which, to date, has not been resolved (...) By official letter No. DA-0863-2019 of July 4, 2019, issued by Mr. José Miguel Zeledón Calderón, Director of Water of MINAE, the request for addition and clarification filed by my represented entity, referred to in the previous fact, was rejected.' He reiterates that given the delays the project is experiencing, not attributable to his represented entity, due to the Water Directorate's change of criterion and the subsequent precautionary measures and suspension orders cited above, the INS recently expressed its intention to terminate the signed contract corresponding to public tender 2017LN-000008-0001000001, a contract entitled 'ADMINISTRATIVE CONTRACT PUBLIC TENDER PROPERTY LEASE, TURNKEY FOR HOUSING THE REGIONAL HEALTH CENTER AND JACÓ SALES POINT, INCLUDING MEDICAL EQUIPMENT AND MEDICAL FURNITURE.' Proof of this is official letter No. INGM-02028-2019 issued by INS. Twenty-second: Besides the foregoing, it is important to note that the alleged watercourse is actually a channel through which stormwater and sewage flow. Said waters come from properties of other owners, including the Municipality of Garabito itself, WHICH HAVE EVEN BUILT OVER SAID CHANNEL. Regarding the tree cutting, in June, only the trees authorized by the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) were cut. To date, the imposed precautionary measure has been respected, and we are awaiting an in-depth technical study, which is being conducted, to faithfully determine whether the water body corresponds, or not, to a public domain watercourse. At no time has my represented entity violated the principle of in dubio pro natura (indubio pro natura), as the appellant recklessly tries to make the Chamber believe.' He considers that Jaea S.A., far from having violated any constitutional right or principle related to the environment, is yet another victim of a sudden change of criterion by the Water Directorate of MINAE, which violates its constitutional rights. He insists that for the Water Directorate and SINAC to revoke what was stated in official letters No. IMN-DA-1796-06 of July 5, 2006, and DAUHTPCOSR-0061-2018 of March 20, 2018, and for the Municipality of Garabito to revoke construction permit No. PC-4364-201 9 of February 21, 2019, ordering the suspension of works, the prior procedures contemplated in the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP) should have been followed within the legal deadlines. Otherwise, the aforementioned constitutional principles would be violated, especially Article 34 of the Constitution. In his opinion, 'Until that occurs, the prior criteria issued by the Water Directorate, which served as support for granting the Environmental Viability and the Municipal Permit, remain fully in force and valid. Likewise, the Construction Permit whose suspension is now being agreed upon by the Municipality of Garabito remains fully valid and effective, as recognized in the same challenged resolution. My represented entity has not been notified of any administrative procedure initiated by this Municipality to seek a declaration of nullity of the granted and current construction permit (...) As we have repeatedly indicated throughout this challenge, the precautionary measure of suspension issued against my represented entity has been in effect for over four months. During all this time, there has been enormous inaction by the involved institutions, including the Municipal Corporation, in resolving the challenges and bringing certainty to the administered party. The instrumental and PROVISIONAL nature of a measure as burdensome as the one adopted has been lost. There are public and private interests that are being truly affected by the adoption of this precautionary measure (order of partial suspension of the construction permit). On one hand, the public interest of the INS, for the construction of a health center so necessary for the canton of Garabito and the entire Central Pacific, and, on the other hand, my represented entity's interest in developing the awarded work and recovering the large investment already made.' He requests that the appeal be dismissed in all its aspects, since the urgent precautionary measure requested lacks current interest, as the various involved authorities, given the Water Directorate of MINAE's change of criterion, proceeded to suspend works in the area of the alleged watercourse.
18.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.
Drafted by Magistrate Araya García; and,
Considering:
I.- On the admissibility of the amparo action. Article 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to amparo actions against private law subjects, establishes that this type of claim is granted against actions or omissions of private law subjects when these act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2, subsection a) of the same Law. In the case under study, the respondent company is in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee that the rights of the protected parties have been respected. Consequently, the amparo action is admissible against the company JAEA S.A.
II.- Object of the appeal. The appellants believe that their fundamental rights were violated by the actions of the respondent authorities. They express their disagreement with the granting, in favor of the company JAEA S.A., of construction permit No. PC-4364-2019. They consider that granting said permit and the environmental viability (viabilidad ambiental) to the project they question shows a mockery of the preventive and precautionary principles in environmental matters, since there are irrefutable facts about the existence of a spring (naciente) in the area. They believe that the continuation of the works affects the spring (naciente) and the trees on the site, causing irreversible damage to the environment.
III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:
IV.- Unproven facts. Of importance for the decision of this matter, the following is not deemed duly proven:
V.- On the right to health and a healthy and ecologically balanced environment.
It should be noted that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both constitutionally (Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution) and through applicable international regulations in Costa Rica. In this regard, in judgment No. 2006-005928 at 3:00 p.m. on May 2, 2006, this Court held: “The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the remaining fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that same constitutional provision, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all the country's inhabitants to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to the use of the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of people's quality of life, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, referring to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations - the principle of sustainable development.” Likewise, Article 50 of the Political Constitution establishes the State's obligation to protect the environment. This provision states: “The State shall strive for the greatest well-being of all the country's inhabitants, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to demand reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.” This corroborates that the various public authorities have the inescapable duty to preserve, defend, and guarantee every person's fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment.” VI.- Coordination of public institutions in comprehensive environmental protection. The State—as a whole—has an obligation to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, or the excessive or inappropriate use of natural resources that endanger the health of the governed. In this task, "public institution" is understood to mean both the Central Administration—Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health—which, by reason of subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; and which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter. Likewise, municipalities have great responsibility in this task with respect to their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may be involved, one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships between the various dependencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to carry out the functions entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public dependencies with municipalities in the achievement of common goals, stating in judgment No. 5445-99, at 2:30 p.m. on July 14, 1999, that: "Coordination is the ordering of the relationships between these various independent activities, which takes charge of that concurrence upon a single object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor between the State itself and the municipalities, it is not possible to impose certain conduct upon the latter, which gives rise to the essential inter-institutional 'concert' (concierto), in the strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, the relationships of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the State's interest (through the 'administrative supervision' (tutela administrativa) of the State, and specifically, in the function of control of legality that corresponds to the State, with powers of general oversight over the entire sector)." VII.- Regarding the role of the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service in environmental matters related to water resources. In accordance with the text of judgment No. 2009-000262 at 2:32 p.m. on January 14, 2009, concerning SENARA's participation in environmental issues related to water resources and their protection, it is of interest to transcribe some considerations offered at the time by this Court. This is due to their importance for the case under study:
"XVII.- On the scientific certainty regarding the existence of water resources and the exploitation of the Sardinal Aquifer. A central point in the violations alleged by the appellants is the lack of conclusive hydrogeological studies ensuring the existence of sufficient water resources in the Sardinal Aquifer for its exploitation under the terms foreseen and desired by the ICAA. On this matter, the Chamber reiterates the obligation of public institutions to respect and solidly apply the precautionary principle in environmental matters, from which arises the obligation to prevent the execution of works that lack the necessary technical certainty to conclude that their execution is harmless to the environment, and, in the specific case, to the aquifer in question (...) It is important to note that in this account of facts, there is no mention of or reference to the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service –SENARA–, because despite the fact that since March 2006 the ICAA had been developing the project idea, and SENARA being a vital entity regarding the use of subterranean water resources –such as the Sardinal Aquifer– it was not until the filing of the amparo appeal that this entity began to evaluate the ICAA's actions within its jurisdiction.
XVIII.- On the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service. As explained in the III whereas clause of this judgment, SENARA's competencies transcend matters concerning irrigation districts, such that they have a national vocation derived from its very institutional background. Likewise, article three of the Law Creating SENARA, Law No. 6877, provides, where relevant, that: 'ARTICLE 3.- The functions of SENARA are: (…) ch) To investigate, protect, and promote the use of the country's water resources, both surface and subterranean. (…) h) To monitor compliance with legal provisions in matters within its purview. Decisions made by the Service for this reason, concerning the drilling of wells, and the exploitation, maintenance, and protection of water –carried out by public institutions and private individuals– shall be final and mandatory. However, such decisions may be appealed within ten days on grounds of illegality, before the Superior Contentious-Administrative Court. The Court shall resolve within a period not exceeding ninety days.' (emphasis added). Thus, by express provision of its creating law, SENARA has the competence to protect the country's water resources, which is why its decisions regarding exploitation, maintenance, and protection shall be final and mandatory. For its part, article one hundred fifty-seven of the Water Law –still in force– states that: 'Article 157.- It is the duty of the Municipalities to consult the Department of Agriculture, and obtain the corresponding permit from it, before alienating, mortgaging, leasing, sharecropping, or exploiting on their own account, any land they possess or acquire when such lands contain usable public-domain waters. The Department of Agriculture shall decide if such lands are among those mentioned and if the intended use could affect the conservation of the waters used by the populations. The same obligation shall apply to the Boards of Education, Social Protection Boards, and, in general, any public body.' (emphasis not in original). This normative provision must be interpreted and applied in accordance with the provisions of Article 21 of the Law on the Use, Management, and Conservation of Soils –from which it is defined that the Ministry of Agriculture and Livestock (or Department of Agriculture in the language used by the Water Law) maintains a secondary or residual competence in this matter– a provision that clearly establishes: 'ARTICLE 21.- In water matters, the Ministry of Agriculture and Livestock must coordinate, with the National Irrigation and Drainage Service and any other competent institution, the promotion of hydrological, hydrogeological, and agrological research in the country's watersheds, as well as in practices for the improvement, conservation, and protection of soils in the watersheds, according to the competencies of the aforementioned Service…' Thus, the integration of the newly cited norms informs that for the use of public-domain waters, every public entity –without distinction– must obtain the corresponding permit from SENARA, to the point that the decisions that SENARA makes in a substantiated manner regarding this matter shall be final and mandatory. This definition is far from being a rhetorical statement by the Chamber; on the contrary, it derives from the responsible integration of the broad regulatory framework governing the matter, which, as stated, requires the progressive advancement and recognition inherent to the scope of human rights, since the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment are fundamental human rights. The Chamber warns that this clarification places SENARA in a particularly relevant position regarding the management of the national water resource, which is important considering the eminently technical nature of this administrative dependency, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the various entities involved –ICAA, SETENA, MAG, Municipalities, among others–. In this sense, attempting to execute projects for the extraction and exploitation of water resources without the proper authorization and involvement of SENARA is a violation of the regulatory provisions for environmental protection, as there would be a lack of the necessary technical inputs to determine the availability and feasibility of exploiting public-domain waters." VIII.- Regarding the specific case. In order to delineate the matter under study, a factual account of what has occurred regarding the project developed by the company JAEA S.A. will now be provided, which will include a detail of the actions taken by each and every one of the respondent authorities and parties, in order to facilitate the understanding of the determination rendered by the Chamber in this judgment.
On March 1, 2019, the Legal Department of the respondent Municipality issued a pronouncement regarding official letter No. ST 067-2018-FS-I, which stated that there was uncertainty about the public nature of the watercourse, and therefore, a precautionary measure to halt works should be established, based on the in dubio pro natura principle. Consequently, the construction permit was suspended through the issuance of document ST-061-2019, dated March 18, 2019.
IX.- From what was stated in the preceding whereas clause, it is evident that although the actions adopted by the authorities and the intervening parties were in accordance with the merit of the technical information available since 2006 regarding the existence of the springs (nacientes), the fact is that, in the opinion of this Chamber, and in full attention to the provisions of the precedent cited in the seventh whereas clause of this judgment, it was established that the authorities responsible for granting the environmental viability (viabilidad ambiental) and the construction permits, in an evident lack of coordination, omitted to bring SENARA into the process, given that in matters related to water resources, as noted supra, the decisions that this entity makes in a substantiated manner on the matter are necessary, final, and mandatory.
For, as early as 2018, there was a technical report, namely, No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 of March 20, 2018, which, although it maintained the criterion that the questioned watercourses corresponded to a pluvial and wastewater channel, did consider the possible existence of an intermittent spring (naciente intermitente) at coordinates latitude 177.194 and longitude 468.192. That is to say, from that moment on, there was latent doubt about the condition of the bodies of water.
It is evident, then, that given the emergence of such doubt, the proper course of action would have been for the dependencies involved in granting permits and reviewing the environmental scenario to turn to SENARA. Therefore, the following must be reiterated: "The Chamber warns that this clarification places SENARA in a particularly relevant position regarding the management of the national water resource, which is important considering the eminently technical nature of this administrative dependency, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and due inter-institutional coordination of the various entities involved –ICAA, SETENA, MAG, Municipalities." In situations such as the one under study, that participation was vital, because due to the different arguments put forth, doubt persisted about the existence or non-existence of springs (nacientes), streams (quebradas), or watercourses at the site.
In summary, from the references previously recorded, this Chamber was able to verify the existence of a series of irregularities and discrepancies in relation to the reports of the respondent authorities, particularly those of the Municipality of Garabito, the Ministry of Environment and Energy, the National Environmental Technical Secretariat, and the National System of Conservation Areas, as will be stated below.
In the first instance, it is noted that both the Municipality of Garabito and MINAE maintained that the permits granted, as well as the behavior of the developing company, had complied with legal prerogatives. Likewise, both were in agreement in arguing that when a contradiction arose between the documents and official letters that assumed no springs (nacientes) existed at the development site, but only a watercourse through which wastewater flowed, a study was timely arranged to definitively establish the condition of the body of water –in this regard, see official letter of March 8, 2019, addressed to the Officials of the Water Directorate, where the Director of the Water Directorate of MINAE requested a definitive opinion within an 8-day period on the result of the different opinions and the condition of the bodies of water found–.
Given the doubt, and pending the issuance of a definitive report, the previously outlined precautionary measures were ordered. It is worth noting that the result of technical study No. DA-UHSAN-0197-2019 of March 25, 2019, generated by technicians from the 2 Hydrological Units of MINAE, concluded that at the site there existed a "(...) Unnamed spring (naciente Sin Nombre), a body of water in the public domain of an intermittent nature. • Source 2 determined in this report coincides with the criterion for source 2 determined in official letters DA-UHTPCOSJ-04402019 and DAUHTPCOSR-0059-2019, therefore it is concluded that the criterion thereof is maintained, being thus an Unnamed Creek (Quebrada Sin Nombre), a body of water in the public domain, in section 1 of an intermittent nature, in section 2 it was not possible to determine the nature, section 3 of a permanent nature". That is, the presence of bodies of water in the public domain was corroborated.
Now, regarding SETENA and SINAC, unlike what was argued by the Municipality and MINAE, it is observed that they granted their approvals under the premise of the existence of springs (nacientes) at the development site. And again, both affirmed that their actions had been carried out in accordance with the Law.
X.- In accordance with the provisions set forth in the preceding section, in the opinion of this Court, the principle of coordination was also violated.
The particularity detected regarding the conduct of the 4 authorities mentioned above results in an evident lack of coordination that, in some way, would confirm the arguments put forth by the appellants in their petition, regarding the harm to the environment. Although both the Municipality of Garabito and MINAE proceeded to suspend the permits granted to the development company, SETENA and SINAC endorsed their conduct, granting an extension to the project's environmental viability (viabilidad ambiental) and the felling of 9 trees, despite the doubt concerning the existence of the water springs (nacientes de agua).
It is precisely there that the omission by the authorities legally responsible for ensuring environmental protection to communicate and coordinate with each other becomes evident. Added to the foregoing is that, given the uncertainty and doubts generated about the water bodies existing on the property and the lands where a project of that magnitude would be developed by a third party—in this case, a private company—the assessment or approval of the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento) was not even requested, an entity that, under oath, was adamant in arguing that until they validated the site's hydrogeological information, the continuation of construction should not be permitted. That is, the original project was not submitted for the knowledge of SENARA, not even when doubts arose about the nature and condition of the water bodies in question, given that when doubt arose regarding this, the communication and the issuance of precautionary measures occurred only among the respondents, and when the amparo action had already been filed.
Under this reasoning, the violation of fundamental rights by the Municipality of Garabito, the Ministry of Environment and Energy, the National Environmental Technical Secretariat, and the National System of Conservation Areas is verified, and therefore, the declaration with merit of the recourse against those authorities is appropriate, in accordance with the provisions of the "por tanto" of this resolution.
XI.- Regarding the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service, the declaration without merit of the amparo is appropriate, given that this authority has not yet been brought into the situation arising from the existence of water springs (nacientes de agua) on the cited land. However, the order indicated in the operative part of this judgment must indeed be issued to it, so that the proper intervention that must be granted to this institution in such cases is ensured.
Now, this Chamber also rules out that the company JAEA incurred any violation of fundamental rights to the detriment of the environment. In this regard, it is on record that the company adhered to the criteria of the participating authorities and the permits granted by each of them, and that no direct constitutional impact on the environment is observed on the part of the company, but rather that which was motivated and generated by the authorities that failed to carry out proper coordination among themselves and to bring SENARA into the proceedings as the entity responsible for issuing an opinion regarding the water resource.
Finally, with respect to the statements of the respondent company, to the effect that in its opinion, the respondent authorities violated its fundamental rights, the proper course is that, if it deems it pertinent, it should present its arguments or disagreements before the instances it considers appropriate, since these are situations that, although surrounding the case now under review, certainly depart from the specific core and object raised by the appellants, which is what warrants the Chamber's cognizance through this amparo proceeding.
XII.- Documentation provided to the file. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology device, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The recourse is partially granted, solely against the Municipality of Garabito, the Ministry of Environment and Energy, the National Environmental Technical Secretariat, and the National System of Conservation Areas. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy; José Martínez Meléndez, special attorney of the Mayor of the Municipality of Garabito; Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat; and Grettel Vega Arcea, Executive Director of the National System of Conservation Areas, or whoever holds those positions, are ordered to establish the necessary coordination instances so that, within the maximum period of FIVE DAYS counted from the notification of this judgment, all documentation concerning the identification of the watercourses referred to in this judgment is sent to the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service. Likewise, Patricia Quirós Quirós, Manager of the National Groundwater, Irrigation, and Drainage Service, is ordered to establish the necessary coordination instances so that, within a period of one month counted from receipt of the documentation that the aforementioned authorities must send her in this regard, she renders a decision on the existence, nature, and eventual impacts on the possible watercourses existing in relation to the construction project in question, and communicates it to all the intervening institutions herein. Similarly, Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretary of the National Environmental Technical Secretariat, is ordered that, within the maximum period of one month counted from receipt of said study by SENARA, she resolve whatever is appropriate regarding the environmental viability (viabilidad ambiental) granted to the construction project and communicate it to all intervening authorities. Finally, José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy; José Martínez Meléndez, special attorney of the Mayor of the Municipality of Garabito; Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat; and Grettel Vega Arcea, Executive Director of the National System of Conservation Areas, are ordered that, within the maximum period of fifteen days counted from the communication of the resolution that SETENA must adopt on the environmental viability (viabilidad ambiental) of the construction project, they resolve whatever is appropriate regarding the validation, continuation, or suspension of the project under the responsibility of the company JAEA, and all the measures that have been ordered in this regard. It is warned that failure to comply with said orders could result in the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of Garabito are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events serving as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction. In all other respects, the recourse is denied. This resolution shall be personally notified to the respondent authorities.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Mauricio Chacón J.
Ileana Sánchez N.
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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas:
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015629-19. SE CUESTIONA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMERCIAL EN JACÓ, EL CUAL, NO CUENTA CON TODOS LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES, QUE SEGÚN EL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN, DEBEN ESTAR INVOLUCRADAS. SE DECLARA CON LUGAR Y SE ORDENA SOMETERLO A LAS INSTITUCIONES COMPETENTES, A FIN DE QUE SE PRONUNCIEN, SOBRE LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO. “IX…quedó constatado que las autoridades encargadas de otorgar la viabilidad ambiental, y los permisos de construcción, en una evidente falta de coordinación, omitieron traer a escena al SENARA, debido a que en temas relacionados con el recurso hídrico, como se apuntó supra, las decisiones que de manera fundada adopte esta entidad en cuanto a ello, son necesarias, definitivas y de acatamiento obligatorio…” ... Ver más Contenido de Interés:
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“…La coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, o el uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central-Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas…” Sentencia 015629-19 ... Ver más Contenido de Interés:
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Recurso de amparo interpuesto por AARÓN HANSON CHAVES, cédula de identidad 0702390812, ADI MARÍA SEGURA VENEGAS, cédula de identidad 0204700403, ADILIA MARÍA MONGE CORTÉS, cédula de identidad 0109000214, ADOLFO CHINCHILLA, ADOLFO STUART LÓPEZ VILLARREAL, cédula de identidad 0117820314, ADRIÁN CASTILLO VENEGAS, ADRIANA ARIAS MEJÍA, ADRIANA DE LOS ÁNGELES GAMBOA CHAVES, cédula de identidad 0113910603, ADRIENNE AGUILAR, AGRIPINA ESMERALDA CENTENO CENTENO, cédula de identidad 0108440201, ALBA LUZ CASTILLO D, ALEJANDRA GAMBOA, ALEJANDRA MADRIGAL VENEGAS, cédula de identidad 0206340512, ALEJANDRO JOSÉ FLORES ILAMA, cédula de identidad 0304690524, ALEXANDER ENRIQUE MORA VÍLCHEZ, cédula de identidad 0107070805, ALFREDO ORTIZ SOLÍS, cédula de identidad 0202881265, ALFREDO VALERIO, ALLISON DE LOS ÁNGELES PARRALES GONZÁLEZ, cédula de identidad 0117210320, ALLISON MICHELLE FERNÁNDEZ LÓPEZ, cédula de identidad 0115940743, ALONSO LEÓN TREJOS, cédula de identidad 0604230834, ALVARO ROBERTO CORTÉS ÁLVAREZ, cédula de identidad 0604420551, ANA CRISTINA MOREIRA ESPINOZA, cédula de identidad 0115410212, ANA JULIA OBANDO, ANA LUCÍA FALLAS VILLEGAS, cédula de identidad 0115380213, ANA MARÍA B, ANA MARÍA SLON ROBLERO, cédula de identidad 0116680650, ANAIS DEL CARMEN MORA BERMÚDEZ, cédula de identidad 0205690503, ANALI BORELLI, ANDERSON ZÚÑIGA QUESADA, ANDREA MARÍA SALAZAR HERRERA, cédula de identidad 0112640243, ANDREA MASÍS PANIAGUA, cédula de identidad 0701640201, ANDREA TATIANA RODRÍGUEZ DUARTE, cédula de identidad 0116380855, ANDREA VICTORIA MARÍN CASTRO, cédula de identidad 0110840305, ANDRÉS FABRES, ANDREY C P, ANDREY JOSUE FALLAS RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0604110433, ÁNGEL GUILLERMO TAPIA MENA, cédula de identidad 0401800812, ÁNGELA DEL CARMEN ROMERO RIVAS, cédula de residencia 155815714818, ÁNGELA MANUELA ZÚÑIGA RIVAS, cédula de identidad 0106370039, ANGÉLICA MARÍA BLANDÓN BLANDÓN, cédula de residencia 155803253719, ANGELY MARIANA SALAS VALVERDE, cédula de identidad 0402480463, ANGIE CAMILA GALINDO VELASCO, cédula de identidad 0801050817, ANGIE SELEN CORDERO ARAYA, cédula de identidad 0112510166, ANNE CATRINNE JIMÉNEZ GAIRAUD, cédula de identidad 0113060063, APHRIL AGÜERO ORTIZ, cédula de identidad 0116480080, ARIANA CAROLINA GUTIÉRREZ ROQUE, cédula de identidad 0114270863, ARLYN CHAVES, ASHTON AGUILAR, BERNARDO MONGE BOLAÑOS, cédula de identidad 0108010939, BERNNY JAVIER MOREIRA ALFARO, cédula de identidad 0402220153, BETTY RICHARDS PECOU, cédula de identidad 0700590728, BLANCA ROSA DEL CARMEN LEÓN LEÓN, cédula de identidad 0601970066, BRANDON CHENG, BRENDA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, cédula de identidad 0207220470, BRYAN MILEX PORRAS DÍAZ, cédula de identidad 0604280488, BRYAN SEOL, CALVIN DOUGLAS ROJAS MONTERO, cédula de identidad 0111070958, CAMILO ANDRÉS WOODCOCK LÓPEZ, cédula de residencia 117000043316, CARLOS ADRIÁN SOTO VÍQUEZ, cédula de identidad 0402190815, CARLOS ARMANDO MONGE SOLANO, cédula de identidad 0112300220, CARLOS FRANCISCO SOLANO SOLÍS, cédula de identidad 0203070156, CARLOS JOSÉ CISNERO CHAVARRÍA, cédula de residencia 155809031917, CARLOS JOSÉ FLORES CHAVES, CARLOS LUIS ALPIZAR SANDÍ, cédula de identidad 0603930816, CARLOS LUIS CASTRO QUIRÓS, cédula de identidad 0502910942, CARLOS LUIS LACAYO BRENES, cédula de identidad 0603380450, CARLOS MAURICIO COTO COTO, cédula de identidad 0401580525, CARLOS MOREIRA C, CATALINA BADILLA ORTEGA, cédula de identidad 0110780894, CELESTE WALBURG, CHRISTIAN GERARDO SALAZAR GUERRERO, cédula de identidad 0110270573, CINDY JAZMIN CHAVARRÍA RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0603960505, CINTHYA MARÍA VILLALOBOS MADRIGAL, cédula de identidad 0108810543, CLAUDIA USUGA, CLAUDIO ANDRÉS VARGAS SIBAJA, cédula de identidad 0112840430, CRISTIAN DAVID MORENO DURÁN, cédula de identidad 0603840879, CYNTHIA MEJÍA GUZMÁN, cédula de identidad 0111590173, DAISY FONSECA ARGUEDAS, cédula de identidad 0105140969, DAISY ZAMBRANA SALINAS, cédula de identidad 0800400145, DALIA CECILIA MORALES BADILLA, cédula de identidad 0602700166, DANIA MARÍA VILLAGRA NÚÑEZ, cédula de identidad 0604030576, DANIEL ALBERTO DE JESÚS AZOFEIFA ARIAS, cédula de identidad 0203750749, DANIEL CORDERO LÓPEZ, cédula de identidad 0112750635, DANIEL MORAGA LEÓN, cédula de identidad 0112550174, DANIELA VALENCIANO, DANNY ENRIQUE LANZAS LÓPEZ, cédula de identidad 0111130478, DARLA IVANA MARIE MURILLO HENSON, cédula de identidad 0503800146, DARLING VALLEJOS R, otro tipo de identificación 489-061087.000K, DARWIN JOSÉ VINDAS, DAVID ALEJANDRO MONTERO MORA, cédula de identidad 0110810487, DAVID ANDRÉS MESA ARIAS, cédula de identidad 0801070597, DAVID ANTONIO MONTERO CAMPOS, cédula de identidad 0206060042, DAVID JOSÉ ÁLVAREZ MOLINA, cédula de identidad 0207260171, DAVID RICARDO JIMÉNEZ BENAVIDES, cédula de identidad 0205360366, DAVID RODOLFO PÉREZ MORERA, cédula de identidad 0204690498, DAVID VARGAS CHACÓN, DENIS ANTONIO CASTRO INCERA, cédula de identidad 0602090046, DENIS GERARDO CEDEÑO JIMÉNEZ, cédula de identidad 0114140394, DENNIS REYES CANO, DIANA IZQUIERDO, DICXI PATRICIA CONTRERAS LARA, cédula de identidad 0109770616, DIDIER JESÚS DE LOS ÁNGELES ESQUIVEL ALFARO, cédula de identidad 0401270204, DIDIER JOSEPH OBANDO ABARCA, cédula de identidad 0113420695, DIEGO, DILAN FERNÁNDEZ, DILAYSHA IVANNIA ESPINOZA ESPINOZA, cédula de identidad 0702380100, DOUGLAS GERARDO QUESADA VEGA, cédula de identidad 0602630929, DYLAN VARGAS, EDDY ANTONIO CUBILLO ARIAS, cédula de identidad 0112340135, EDDY GUSTAVO BERMUDEZ VARGAS, cédula de identidad 0112290402, EDGARDO HUETE, EDITH MARINA UMAÑA GONZÁLEZ, cédula de identidad 0108490478, EDUARDO J, EDWIN ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ, cédula de identidad 0205200256, EDWIN ANTONIO SANDOVAL PÉREZ, cédula de identidad 0603480551, EDWIN GIOVANNI RONCANCIO BENÍTEZ, cédula de residencia 117002247229, EDWING JOEL, EDWING VARGAS CASCANTE, ELEANETH DE LOS ÁNGELES SANABRIA COTO, cédula de identidad 0114840012, ELENA VARGAS, ELIDA M JIRÓN RUIZ, ELIN JARQUÍN ROJAS, cédula de identidad 0402180017, ELISBET NÚÑEZ BRICEÑO, cédula de identidad 0602620164, ELIZABETH CAMBRONERO M, ELIZABETH DE LA TRINIDAD CASTILLO ALVARADO, cédula de identidad 0401040153, ELIZABETH MUÑOZ MORA, cédula de identidad 0113840093, ELSIE DANIELA SÁNCHEZ MURGA, cédula de identidad 0207590943, ELVIN FRANCISCO DE JESÚS PICADO RIVERA, cédula de identidad 0107720773, ELVIS FRANCISCO MARÍN CASTILLO, cédula de identidad 0702070443, EMERENCIANA IDELFONSA ALVARADO MENA, cédula de identidad 0900290999, EMMA RODRÍGUEZ UREÑA, cédula de identidad 0104081328, EMMANUEL OROZCO, ENIDIA DEL CARMEN CENTENO CENTENO, cédula de identidad 0602030295, ERICK ALBERTO ALVARADO BLANCO, cédula de identidad 0207760022, ERNESTO MORA PRADO, cédula de identidad 0115980526, ESTEBAN ALBERTO RODRÍGUEZ DOBLES, cédula de identidad 0205420910, ESTEBAN ENRIQUE SUAREZ RIVAS, cédula de identidad 0604120121, ESTEBAN MAURICIO GUZMÁN ZAMBRANA, cédula de identidad 0108580304, ESTEBAN RODRIGO CAMPOS ADAMIS, cédula de identidad 0114110401, ESTEFANO VENEGAS, ESTEISY DAYANA CALVO BARQUERO, cédula de identidad 0604580032, ETILMA JANETH SANCHO AGÜERO, cédula de identidad 0700880370, EUNICE MARÍA DE JESÚS PETERSEN GUTIÉRREZ, cédula de identidad 0105370456, EVELING MERCEDES URIARTE CARCAMO, cédula de residencia 155815295631, EVELYN MARÍA LEÓN CHACÓN, cédula de identidad 0603720644, FABIÁN DE JESÚS SANCHO VILLALOBOS, cédula de identidad 0206040889, FABIANA PAMELA AZOFEIFA PÉREZ, cédula de identidad 0116800923, FABIOLA COREAS AZOFEIFA, FABIOLA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ SEQUEIRA, cédula de identidad 0503870639, FERNANDO, FERNANDO NATHANIEL MATHIS CAMPOS, cédula de identidad 0116430237, FLOR MORALES JIMENEZ, FLORIBETH DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0204060102, FRANCIS HERNEY CALVO SILVA, cédula de identidad 0304780647, FRANCISCO FONSECA MONTERO, cédula de identidad 0205180814, FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS ALFARO, cédula de identidad 0109390034, FRANCISCO MATA MONTERO, cédula de identidad 0104040686, FRANK F, FRANKLIN MARTÍN COTO GAMBOA, cédula de identidad 0110890578, FREDDY FRANCISCO MORALES BERROCAL, cédula de identidad 0202940171, GABRIELA MARÍA MORA ARROYO, cédula de identidad 0205950253, GABRIELA MARÍA QUIRÓS SOLÍS, cédula de identidad 0113870998, GAUDY M SEVILLA, GEINOR JOSÉ MURILLO SANDÍ, cédula de identidad 0603820050, GENARO SANDÍ RAMÍREZ, cédula de identidad 0202590232, GEOVANNY A R, GEOVANY GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, cédula de identidad 0504010473, GERARDO ANTONIO GONZÁLEZ MELÉNDEZ, cédula de identidad 0204890315, GERARDO ROBLES O, GERLIN ROSMARY MONGE MORALES, cédula de identidad 0602770556, GILBERTO FUENTES CARBALLO, cédula de identidad 0401340029, GILBERTO J F, GIOVANNI ALBERTO CASCANTE PEREZ, cédula de identidad 0108840735, GIOVANNI JOSÉ TORRES GÓMEZ, cédula de identidad 0602920961, GREIVIN BOLÍVAR SÁNCHEZ MASÍS, cédula de identidad 0113490551, GREIVIN DE LOS ÁNGELES MORA BADILLA, cédula de identidad 0603600529, GREIVIN GUSTAVO CASTRO RÍOS, cédula de identidad 0602570107, GRISEL SALAS MORA, cédula de identidad 0603650132, GUILLERMO ESTEBAN AVILÉS VALVERDE, cédula de identidad 0112360773, GUILLERMO HERNÁNDEZ, GUILLERMO RÍOS QUESADA, cédula de identidad 0104970607, GUSTAVO ADOLFO MURILLO UGALDE, cédula de identidad 0205620578, GUSTAVO ADOLFO VARGAS GUERRERO, cédula de identidad 0108920707, GUSTAVO ARNOLDO QUESADA ROJAS, cédula de identidad 0107440873, HANZEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ, HAROLD AZOFEIFA SALAZAR, cédula de identidad 0111830885, HEIDY DEL CARMEN DÍAZ DUARTE, cédula de identidad 0603620082, HERMES ASDRUBAL ALVARADO SIBAJA, cédula de identidad 0204260293, HEYSEL MARIELA RAMÍREZ GARCÍA, cédula de residencia 155825772516, ILEANA MARÍA ALPIZAR VARGAS, cédula de identidad 0112850712, ILEANA MARÍA D'ALOLIO SÁNCHEZ, cédula de identidad 0110510808, ILEANA MARÍA ORTEGA HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0105940998, ISABEL, ISABEL VÁSQUEZ VÁSQUEZ, cédula de identidad 0600600757, IVAN ANDRÉS ABARCA JIMÉNEZ, cédula de identidad 0116250816, IVÁN JOSUE QUESADA PÉREZ, cédula de identidad 0113240207, IVANNIA VENEGAS, IVETTE MONTERO MARÍN, cédula de identidad 0103560232, IVONE SUSANA NARANJO SEJIN, cédula de identidad 0801240523, JAHIR OBREGÓN GONZÁLEZ, cédula de identidad 0801100480, JAIME MARIO GONZÁLEZ DELGADO, cédula de identidad 0106430187, JAKSON ALBERTO SÁNCHEZ PRENDAS, cédula de identidad 0602200372, JARITZA LISSETH POLANCO M, JAVIER EDUARDO GARITA VENEGAS, cédula de identidad 0604400720, JAVIER IBARRA CRESPO, cédula de identidad 0112210616, JEFFERSON ANTONIO SÁNCHEZ PORRAS, cédula de identidad 0604320789, JEISON HUMBERTO FLORES BRENES, cédula de identidad 0603730650, JENIBETH MURILLO URBINA, JENNY JIMÉNEZ VARGAS, cédula de identidad 0104740578, JEREMY MEDINA MÉNDEZ, cédula de identidad 0603040583, JERLYN LETICIA NAVARRO ROJAS, cédula de identidad 0604050893, JESSICA CARMEN RIZO, JESSICA CHAVARRÍA, JESSICA VANESSA RODRÍGUEZ ACEVEDO, cédula de identidad 0701520802, JESUS PORRAS, JHONNY RODRIGO MONTOYA BLANCO, cédula de identidad 0603730821, JIMMY ALBERTO MORA BARQUERO, cédula de identidad 0205240306, JIMMY BARRETO, JIMMY PÉREZ HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0113290957, JOAN ALBERTO CASTRO SOLANO, cédula de identidad 0116830314, JOHNNY ALBERTO CHAVARRÍA VILLARREAL, cédula de identidad 0203470134, JONATHAN ANDRÉS ÁVILA SANDÍ, cédula de identidad 0113870959, JONATHAN JOSUÉ VELÁSQUEZ , cédula de residencia 155823232504, JONATHAN MARTÍNEZ, JONATHAN MATARRITA MATARRITA, cédula de identidad 0603420626, JONATHAN RODRÍGUEZ ORTEGA, cédula de identidad 0110790502, JORGE ALEXIS LARA FUENTES, cédula de identidad 0603770884, JORGE ARTURO PORRAS A, JORGE, JORGE EDUARDO ARIAS FONSECA, cédula de identidad 0106310523, JORGE ENRIQUE RUIZ MEZA, cédula de identidad 0207500178, JORGE ESPINAZ, JORGE LUIS HERRERA SOTO, cédula de identidad 0116200158, JOSÉ ADRIÁN CRUZ PRADO, cédula de identidad 0208480170, JOSÉ ALFREDO HERRERA RÍOS, cédula de identidad 0110430535, JOSÉ ANDRÉS QUESADA, JOSÉ ÁNGEL MONTOYA MONTOYA, cédula de identidad 0603920702, JOSÉ ANTONIO CASTRO FERNÁNDEZ, cédula de identidad 0108040448, JOSÉ ANTONIO SEGNINI MENA, cédula de identidad 0111480818, JOSÉ DANILO DE LOS ÁNGELES MONTERO PORRAS, cédula de identidad 0601510548, JOSÉ FERNANDO SALAZAR MONGE, cédula de identidad 0103640749, JOSÉ IGNACIO AZOFEIFA MORALES, cédula de identidad 0604080599, JOSÉ JUAN SÁNCHEZ, JOSÉ LEONARDO VARGAS RAMÍREZ, cédula de identidad 0115170027, JOSÉ LUIS MOLINA CASTRO, cédula de identidad 0601880840, JOSÉ MARÍA RUIZ GONZÁLEZ, cédula de identidad 0113310971, JOSÉ MIGUEL SANDOVAL CARRILLO, cédula de identidad 0602570755, JOSÉ NAEN QUESADA LEÓN, cédula de identidad 0604140281, JOSÉ PABLO GARITA BARAHONA, cédula de identidad 0603330422, JOSÉ RAFAEL ESPINOZA VALVERDE, cédula de identidad 0112350668, JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ CAMPOS, cédula de identidad 0205630703, JOSÉ RICARDO MÉNDEZ VARGAS, cédula de identidad 0603440651, JOSELINNE NAYELI VALVERDE JARQUÍN, cédula de identidad 0604590230, JOSHUA STEVEN ACUÑA MONTENEGRO, cédula de identidad 0115160790, JOSSELYN TATIANA DELGADO VILLALOBOS, cédula de identidad 0604010449, JOSUE CAMPOS R, JOSUE DAVID MOLINA MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO QUESADA VEGA, cédula de identidad 0108050608, JUAN CARLOS SARRIA REYES, cédula de residencia 117000692014, JUAN GABRIEL CARMONA MONTERO, cédula de identidad 0603530070, JUAN PABLO VALVERDE VINDAS, cédula de identidad 0111650896, JUDITH FABIOLA COREAS AZOFEIFA, cédula de identidad 0604070452, JULIETA DEL SOCORRO SOTO OCAMPO, cédula de identidad 0204470945, JULIO REGINO DEL CARMEN MADRIGAL DÍAZ, cédula de identidad 0601250658, JULISSA FABIOLA SEQUEIRA DELGADO, cédula de identidad 0207690933, JULY ANDREA BRENES CORELLA, cédula de identidad 0112630410, JUNIOR ALFONSO PICHARDO TRUJILLO, cédula de identidad 0604630004, JUNIOR ANTONIO MORERA CHINCHILLA, cédula de identidad 0603100092, JUNIOR PORTUGUEZ, KAREN ANDREA PÉREZ HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0207060362, KAREN FABIOLA LÓPEZ MORA, cédula de identidad 0113400339, KARLA BEATRIZ JIMÉNEZ LOBO, cédula de identidad 0603880290, KARLA DE LOS ÁNGELES PICADO CHINCHILLA, cédula de identidad 0303490064, KARLA VANESSA HERNÁNDEZ ÁVILA, cédula de identidad 0503510762, KARLA VANESSA PERAZA MENA, cédula de identidad 0603490435, KARLA VANESSA ROBLES GARCÍA, cédula de identidad 0114270292, KAROL DE LOS ÁNGELES SANDÍ RÍOS, cédula de identidad 0110670809, KATHERINE YULIANA ALVARADO NAVARRO, cédula de identidad 0113850777, KATIA SOLÍS RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0205670064, KATTIA EUGENIA AGÜERO FLORES, cédula de identidad 0205000081, KAYLIN VANESSA PÉREZ GONZÁLEZ, cédula de identidad 0604550153, KERLYN OBANDO QUIRÓS, cédula de identidad 0116400018, KERRY FABIANA CORRALES GALAGARZA, cédula de identidad 0117090456, KEYLOR ANDRÉS MONGE QUIRÓS, cédula de identidad 0116830899, KIMBERLY TATIANA MORA FALLAS, cédula de identidad 0604330058, KRISSYA MURILLO HERRERA, cédula de identidad 0117860145, LAURA DE LA TRINIDAD RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0113350178, LEONARDO ESTEBAN CALVO SILVA, cédula de 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EMILCE LÓPEZ JUÁREZ, cédula de identidad 0501520577, MARÍA ESTELA FERNÁNDEZ SEQUEIRA, cédula de residencia 155822472101, MARÍA FELICIA VÁSQUEZ ROJAS, cédula de identidad 0203150540, MARÍA FERNANDA RAMÍREZ ZAMORA, cédula de identidad 0114940204, MARÍA FERNANDA ROJAS ALVARADO, cédula de identidad 0114860394, MARÍA JENNIFER JIMÉNEZ MORA, cédula de identidad 0603280370, MARÍA JESÚS VALENCIANO, MARÍA JOSÉ CARVAJAL CASTRO, cédula de identidad 0111300515, MARÍA MARCELA PRENDAS ARIAS, cédula de identidad 0602300853, MARÍA MARGOT LEÓN CHACÓN, cédula de identidad 0109750068, MARÍA MILENA ARIAS ARGUEDAS, cédula de identidad 0205890824, MARÍA PAULA RAMÍREZ AGUILAR, cédula de identidad 0402330701, MARÍA ROXANA TREJOS MÉNDEZ, cédula de identidad 0602730606, MARÍA SHIRLEY RODRÍGUEZ ELIZONDO, cédula de identidad 0900920912, MARÍA STEFANNY MADRIGAL ZUMBADO, cédula de identidad 0115090474, MARÍA TERESA CHAVARRÍA, MARIANN MORA P, MARIBEL HAYDEE GARCÍA LÓPEZ, cédula de identidad 0111070507, MARIELA CASTILLO ARROYO, cédula de identidad 0800970270, MARIELA RÍOS MORALES, cédula de identidad 0207050674, MARIO ALBERTO ESQUIVEL CASTILLO, cédula de identidad 0205110335, MARIO ANTONIO ZAPATA TORRES, cédula de residencia 155817595119, MARLENE DE LOS ÁNGELES BADILLA RÍOS, cédula de identidad 0602590177, MARLON DE JESÚS DUARTE OCAMPO, cédula de residencia 155800713418, MARTA BEATRIZ TIJERINO RUIZ, cédula de identidad 0204540779, MARTA LUCÍA JARAMILLO HOYOS, cédula de identidad 0800900089, MARTA RODRÍGUEZ, MARTHA ROSA BRICEÑO, MARVIN ANTONIO PÉREZ PÉREZ, cédula de identidad 0109360537, MARVIN JOSUE BORBÓN INFANTE, cédula de identidad 0116760011, MARVIN STEVEN GUERRERO JIMÉNEZ, cédula de identidad 0603660460, MAURICIO CHINCHILLA VARGAS, cédula de identidad 0117110982, MAURICIO DANIEL LOZANO MONGE, cédula de identidad 0702060714, MAURICIO EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0109170607, MAURICIO GERARDO VALVERDE SALAZAR, cédula de identidad 0602830660, MAURICIO VÁSQUEZ PIZARRO, cédula de identidad 0108310997, MAYLIN RAQUEL VILLAVICENCIO VARELA, cédula de identidad 0604640402, MEIBEL ISABEL ALFARO FERNÁNDEZ, cédula de identidad 0604590462, MELVIN ENRIQUE PERALTA JUÁREZ, cédula de identidad 0700940525, MEYLIN DEL ROSARIO URIARTE ARGENAL, cédula de residencia 155810563315, MICHAEL CARMONA VARGAS, MICHAEL JOSÉ VARGAS GUZMÁN, cédula de identidad 0113220672, MICHELLE ALVARAN VARGAS, cédula de identidad 0119430883, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SOTO, cédula de identidad 0501820672, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SUAREZ, cédula de identidad 0801220088, MIGUEL ENRIQUE CORELLA BARRANTES, cédula de identidad 0601950165, MIGUEL JESÚS MORA BLANCO, cédula de identidad 0604390080, MIGUEL OVIDIO GERARDO ARIAS CALVO, cédula de identidad 0502170194, MINOR GONZÁLEZ FUENTES, cédula de identidad 0205170527, MISTER RAMBO CAMPOS DÍAZ, cédula de identidad 0701880199, MOLLY MORGAN, MÓNICA ANDREA ARISTIZABAL OCAMPO, cédula de identidad 0801010124, MONSERRAT CALDERÓN PALACIOS, cédula de identidad 0111830066, NADIA VICTORIA GONZÁLEZ PICADO, cédula de identidad 0111340512, NANCY LUCILA NÚÑEZ LÓPEZ, cédula de identidad 0503400053, NATALIA C. C., NATASHA MICHELLE ARLEY TREJOS, cédula de identidad 0604500110, NATASHA VILLAGRA N, NATHALIE ELIZONDO M, NAYDELIN YULIANA CASTRO AGÜERO, cédula de identidad 0604830014, NAYLAN JOSUE CARBALLO SOLÓRZANO, cédula de identidad 0604400629, NAYRON FABIÁN CARAVACA NÚÑEZ, cédula de identidad 0206990225, NAYUBEL CALVO MONTOYA, cédula de identidad 0110690090, NEFTALÍ MONCADA CORTÉS, cédula de identidad 0602390850, NICOLE VALVERDE ROJAS, cédula de identidad 0604330151, NIXON MAJONRRY JIMÉNEZ CÓRDOBA, cédula de identidad 0116440340, NOEL JINGLY CASTILLO FLETES, cédula de residencia 155808202708, NOEMI TOMAS GARCÍA, NOHELIA VALDEZ, NORMA CECILIA RÍOS SOLÍS, cédula de identidad 0601110422, NURIA VANESSA VALVERDE BARQUERO, cédula de identidad 0107840018, NURY MARÍA DEL CARMEN ALVARADO PÉREZ, cédula de identidad 0204390613, OLDEMAR DE LOS ÁNGELES PORRAS ROJAS, cédula de identidad 0602130637, OLGA LUCÍA RONCANCIO OLMOS, cédula de identidad 0800710516, OLMAN ANTONIO CHAMORRO, OLMAN SIN, ONAYRA CHAVEZ CH, ORLANDO DEL CARMEN SOLÍS JIMÉNEZ, cédula de identidad 0601410085, ORLANDO FRANCISCO SANDÍ CHAVES, cédula de identidad 0603760536, OSCAR ARTURO ROJAS ROJAS, cédula de identidad 0114720800, OSCAR DAVID RODRÍGUEZ QUESADA, cédula de identidad 0206330408, OSCAR FRANCISCO NÚÑEZ BRICEÑO, cédula de identidad 0603410245, OSCAR MARIO MONGE MESÉN, cédula de identidad 0107900490, OSVALDO ISMAEL DE JESÚS MADRIGAL ARGUEDAS, cédula de identidad 0105270918, PABLO ANDRÉS COSTE MURILLO, cédula de identidad 0113010349, PABLO ANDREY MARÍN CAMACHO, PAOLA ALEJANDRA CARABIA , cédula de residencia 103200009103, PATRICIA MARÍA FERNÁNDEZ CHAVES, cédula de identidad 0900410359, PHILIPPE ANDRÉ QUESADA JASSOUD, cédula de identidad 0901020771, RAFAEL ADRIÁN CALDERÓN LEÓN, cédula de identidad 0303650618, RAFAEL ÁNGEL MENA ADANIS, cédula de identidad 0204410423, RAMÓN REINALDO MONTERO AGUILAR, cédula de identidad 0106800951, RANDALL MAURICIO PITTY GONZÁLEZ, cédula de identidad 0603490895, RANDY DAVID OSES ESPINOZA, cédula de identidad 0205490980, RAQUEL SÁNCHEZ VILLALOBOS, RAÚL DELGADO GUTIÉRREZ, cédula de identidad 0111550618, REBECA JIMÉNEZ, REYNA INDIRA CHAVEZ GUTIÉRREZ, cédula de residencia 155820233111, ROBERTH MEJÍA, ROBERTO ANDRÉS LÓPEZ, cédula de residencia 155821443734, ROBERTO DORILIO MAYO GIL, cédula de identidad 0800830309, ROBERTO GERARDO CORTÉS ESPINOZA, cédula de identidad 0602570724, RONALD EDUARDO QUESADA ALFARO, cédula de identidad 0204520881, RONALD MAURICIO HERNÁNDEZ CALDERÓN, cédula de identidad 0110450641, ROSA ALBA MORA UMAÑA, cédula de identidad 0602530286, ROSIBEL OBANDO, ROXANA RODRÍGUEZ, ROY ELÍAS CASTILLO MATARRITA, cédula de identidad 0503640931, RULAMAN RAMÓN VILLAGRA RAMÍREZ, cédula de identidad 0601021356, RUTH ESTER LAINO ÁLVAREZ, cédula de identidad 0110110092, SANDRA PATRICIA VARGAS MORALES, cédula de identidad 0800850986, SARAY MARCELA VARGAS DURÁN, cédula de identidad 0111130582, SEBASTIÁN GARBANZO MUÑOZ, cédula de identidad 0115940259, SEGIO J F, SEIDI VALDIVIA, SERGIO EMERYK SEQUEIRA MARÍN, cédula de identidad 0106260785, SHEIDA PATRICIA SOLANO ORTIZ, cédula de identidad 0108310601, SHERLYN BARGANTA, SHERYL DIANA QUESADA VÍLCHEZ, cédula de identidad 0206870868, SHIRLEY MARÍA DE LOS ÁNGELES SALAS LÓPEZ, cédula de identidad 0204410230, SILVIA ELENA MATA MEZA, cédula de identidad 0304000389, SILVIA PATRICIA CENTENO RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0603790689, SILVIA PÉREZ VARGAS, cédula de identidad 0205190382, SLATER STWARTH ARAYA RIVERA, cédula de identidad 0208810829, STEFHANNY MARÍA MADRIGAL MÉNDEZ, cédula de identidad 0114250417, STEPHANIE ZORAIDA GAZO RIVERA, cédula de identidad 0112900569, SUSAN KELLY COLLINS SÁNCHEZ, cédula de identidad 0113530507, SUSAN WARDLE, TABITA MARÍA MARENCO CAMARENO, cédula de identidad 0107520040, VANESSA CALVO GONZÁLEZ, cédula de identidad 0107410780, VÍCTOR ÁNGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, cédula de identidad 0106800475, VÍCTOR HUGO CHAVES JIMÉNEZ, cédula de identidad 0110450257, VICTORIA LOLITA PORRAS MUÑOZ, cédula de identidad 0113390379, VILMA CAROLINA ROQUE CAMBRONERO, cédula de identidad 0110370759, WAGNER VARGAS, WALNE ANTONIO PARRA ROJAS, cédula de identidad 0401710133, WALTER JESÚS ALVARADO MELÉNDEZ, cédula de identidad 0503040004, WARNER ANTONIO PORRAS SALAS, cédula de identidad 0107760517, WENDY ELENA ÁLVAREZ MÉNDEZ, cédula de identidad 0602920997, WENDY MANUELA HOOKER SANTAMARÍA, cédula de residencia 155825885031, WENDY SOLANO ORTIZ, cédula de identidad 0110230089, WILBERT JEANPOL JIMÉNEZ ARIAS, cédula de identidad 0604600796, WILFRIDO DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ JIMÉNEZ, cédula de identidad 0114600301, WILLIAM CALVO VILLEGAS, cédula de identidad 0103850400, WILLIAM DANIEL ACOSTA CALDERÓN, cédula de identidad 0113460723, WILLIAM DELGADO, WILLIAM WILTON CORTÉS, XENIA MARÍA HERRERA MURILLO, cédula de identidad 0203020856, XINIA MARÍA GARITA AGUERO, cédula de identidad 0108310911, XIOMARA FERREIRA TORRES, cédula de identidad 0800890400, YANAIRA DE LOS ÁNGELES TREJOS MÉNDEZ, cédula de identidad 0603800688, YANITSA CEBALLO LAGUM, YASEEI ROMERO ZELEDÓN, YOHAN SANDÍ ARAUZ, cédula de identidad 0109800614, YOLANDA VALENCIANO, YORHAN GUILLERMO MADRIZ ZÚÑIGA, cédula de identidad 0603770617, YORHANY CHACÓN BARAHONA, cédula de identidad 0602870178, YUANI HERNÁNDEZ CORDERO, cédula de identidad 0109260324, YURLANDI BUBERTH MOLINA, cédula de identidad 0206700774, YUSTIN ZULEMA CASCANTE RUBÍ, cédula de identidad 0604380271, ZAILYN VANESSA BERROCAL CORDERO, cédula de identidad 0604140824 y ZUGETCY SUSANA LEITÓN CERDAS, cédula de identidad 0112110329, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EL SERVICIO NACIONAL DE RIEGO Y AVENAMIENTO, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL y la MUNICIPALIDAD DE GARABITO.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:14 horas del 4 de marzo de 2019, los recurrentes interpusieron recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Municipalidad de Garabito. Manifiestan que la Municipalidad de Garabito otorgó el permiso de construcción No. PC-4364-2019 a la sociedad mercantil JAEA S.A., con cédula jurídica No. 3-101-027172, para la explotación de la finca del Partido de Puntarenas No. 6-0149667-000, ubicada en el distrito de Jacó. Agregan que el 2 de octubre de 2018, la SETENA otorgó la respectiva viabilidad ambiental. Mencionan que desde el 22 de febrero de 2019, la empresa desarrolladora inició la corta, marcación y envenenamiento de árboles en la propiedad. Explican que para obtener los permisos respectivos, la sociedad inscribió en el 2015, un nuevo plano del terreno en el que no se consignó unas de las quebradas señaladas en el plano No. P-885950-2003, la cual según oficio de la Dirección de Aguas del MINAE No. DAUHTPCOSR-0059-2019, corresponde a una naciente intermitente que da inicio a un cauce. Comentan que los Departamentos de Construcciones-Servicios Técnicos y Gestión Jurídica, ambos de la Municipalidad de Garabito, recomendaron suspender las obras, mientras se obtenía una resolución vinculante de la Dirección de Aguas. No obstante, el Alcalde ha hecho caso omiso y por su parte, el Concejo no ha ejercido sus funciones de control y fiscalización. Producto de lo anterior, los movimientos de tierra en las quebradas han continuado. Consideran que el otorgamiento del permiso de construcción y la viabilidad ambiental al proyecto evidencian una burla a los principios preventivo y precautorio, ya que existen hechos irrefutables sobre la existencia de la naciente. Estiman que la continuidad de las obras que afectan la naciente y los árboles espaveles, puede causar un daño irreversible, motivo por el cual solicitan la intervención de este Tribunal. Solicitan se declare con lugar el recurso.
2.- Por resolución de Presidencia de las 10:54 horas del 8 de marzo de 2019, se solicitó informe al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Garabito; al Director y al Jefe de la Unidad de Gestión del Recurso Hídrico, ambos del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento; al Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; y al Director de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía.
3.- Por escrito recibido mediante correo electrónico el 11 de marzo de 2019, los recurrentes realizaron manifestaciones adicionales.
4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de marzo de 2019, informó bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, en calidad de Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía. Comenta que de conformidad con la cartografía hoja Herradura 32441, escala 1:50 000, no se tiene documentación cartográfica concordante con el cuerpo de agua alegado por los recurrentes. Indica que revisados los archivos de dictámenes de cuerpo de agua, del Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamiento de Aguas y Cauces, se encontraron antecedentes asociados al caso. Señala que se localizó el oficio No. IMN-DA-1796-06 del 5 de julio de 2006, elaborado por el Subdirector de la Dirección de Agua, quien manifestó que el cuerpo de agua encontrado en la propiedad cuyo plano de catastro es 6-834899-1989, lo identificaba como un canal de aguas pluviales y servidas, consecuentemente descrito como cuerpo de agua no correspondiente a un cauce del dominio público. Asimismo, se localizó el informe técnico No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 de 20 de marzo de 2018, el cual mantiene el criterio que se trata de un canal pluvial y de aguas servidas, debido a que en aguas arriba del tramo analizado, el flujo de agua se encontraba entubado recibiendo el aporte de viviendas y comercios. En dicho informe, se consideró la posible existencia de una naciente intermitente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.192, pero durante la verificación de campo no se observó agua discurriendo en las cercanías, por lo que, al no existir evidencia nueva, se mantuvo el criterio señalado en el oficio No. IMN-DA-1796-06. Acota que mediante oficio No. PSCCI-032-2018, suscrito por un funcionario de la Municipalidad de Garabito, se solicitó un nuevo dictamen sobre cuerpo de agua ubicado en la finca 149667-000, con plano catastrado 6-01849709-2015, la cual se ubica en frente de la Municipalidad. Para ello, se coordinó con funcionarios de la Municipalidad de Garabito y se realizó la inspección, así como una nueva valoración por parte de la Dirección de Agua. Dicha visita, se realizó en las primeras semanas de la época seca del país, conforme período definido por el Instituto Meteorológico Nacional. Precisa que de dicha inspección, se generaron los informes técnicos No. DA-UHTPCOSR-0059-2019 y DA- UHTPCOSJ-0440-2019, en los cuales se concluyó que: “Se dictamina una naciente intermitente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.215 (Sistemas de Coordenadas Costa Rica Lambert Norte)”. “Se dictamina una quebrada en el tramo indicado entre las coordenadas latitud 177.910 y longitud 468.125 y las coordenadas latitud 177.179 longitud 467.915, que atraviesa entubada la calle pública al contado norte de la Municipalidad, transcurre dentro de la propiedad del edificio Municipal, hasta salir del entubamiento en el costado sur de la propiedad de JABA S.A. (plano catastro No. 6-01849709-2015) hasta la quebrada Usa”. Señala que los dictámenes no son resolutivos y no implican un permiso o autorización por sí mismos. Conforme lo anterior, la Jefatura de la Unidad Hidrológica Tárcoles, a la que le corresponde atender la zona de Jacó, mediante oficio No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 del 5 de marzo de 2019, emitió una orden de cese de actividades sobre la quebrada, toda vez que se está a la espera de un nuevo dictamen. Ahora bien, en vista que se tienen dictámenes diferentes sobre la misma propiedad y zona de estudios, mediante oficio No. DA-0326-2019, se solicitó a la Unidad Hidrológica Térraba Pacífico Sur y a la Unidad Hidrológica San Juan, ambas pertenecientes a la Dirección de Aguas del MINAE, que procedieran a realizar de manera conjunta un estudio y análisis, conforme a la Guía Interna de Apoyo para dictamen de Cuerpo de Agua, oficializado según oficio No. DA-563-2017 del 13 de junio del 2017, y así dictaminar con certeza científica, el tipo y características del cuerpo de agua en cuestión. Lo anterior, se solicitó el 8 de marzo de 2019, para emitir criterio definitivo en 8 días plazo. Solicita se declare sin lugar el recurso.
5.- Por escrito recibido vía fax el 18 de marzo de 2019, informó bajo juramento Rafael Tobías Monge Monge, en su condición del Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Garabito. Manifiesta que como órgano colegiado y político no otorga los permisos de construcción, pues los mismos son de carácter administrativo. Solicita se declare sin lugar el recurso.
6.- Por escrito recibido mediante correo electrónico el 18 de marzo de 2019, informó bajo juramento José Martínez Meléndez, en su condición de apoderado especial del Alcalde de la Municipalidad de Garabito. Explica que el 21 de febrero de 2019, el Proceso de Servicios Técnicos de la Municipalidad recurrida, otorgó el permiso de construcción No. PC-4364-2019, por medio del cual autorizó a la empresa denominada JAEA S.A., que construyera una obra civil en el inmueble inscrito en el Registro Nacional en el partido de Puntarenas, folio real matrícula No. 149.667-000, ubicada en Jacó, frente a la Municipalidad de Garabito. El área total de construcción autorizada es de 1472 metros cuadrados. Comenta que para el momento en que se otorgó el permiso de construcción, la empresa JAEA contaba con la resolución No. SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-0-121-2018, dictada en el expediente administrativo PC-PC02-IF-00194-2017 de las 10:40 horas del 10 de julio de 2018, donde se indicó: “PRIMERO: Aprobar la corta y aprovechamiento por medio de la modalidad de Inventario Forestal en área urbana de 24 árboles con un volumen del 146.510 m3 a nombre de JAEA Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-02712, representada por Fernando Chavarría Ardón, cédula de identidad IT 2-0174-0354, en la finca folio 149.667- 000, Plano Castratado P-1849709-2015, con un área de 0.7650has, ubicada en Jaco, distrito, Jaco, cantón Garabito, provincia Puntarenas, Hoja Cartográfica Herradura 32441, coordinadas verticales 394-395 y horizontales 395-396”. Por otro lado, contaba con el permiso de construcción a la empresa, según oficio No. DA-UHTPCQSR-0061-2018, de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, que en la parte conclusiva señaló: “En conclusión una vez revisada la Cartografía, el Registro Nacional de Dictámenes sobre Cuerpos de agua que lleva esta Dirección, además inspecciones realizadas al sitio del suscrito y también habiendo analizado con el Ing. José Joaquín Chacón los planos catastro NT P-1849709-2015, No. 8384899-89 y el oficio No. IMN-DA-1796-06, se determinó que el cuerpo de agua en estudio que va desde la coordinada latitud latitud (sic) 177-196 y longitud 468.057 y continua hasta llegar en el cauce de la quebrada Lisa en la coordenada latitud 177.181 y longitud 467.912 es un canal por donde discurren aguas pluviales y servidas, por lo tanto no es un cauce de dominio público”. Además, tenía la resolución de ubicación de la Municipalidad recurrida, la cual señaló que la condición del uso solicitado era conforme con la construcción de locales comerciales, documento válido hasta el 23 de noviembre de 2019. Agrega que mediante oficio No. IMN-DA-1796-06 del 5 de julio de 2006, se indicó que: “De acuerdo con nuestro Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de Aguas y Cauces, la Base de Datos del Recurso Hídrico, Inspección realizada el día 29 de junio del 2006 e información cartográfica, el cauce descrito no corresponde a un cauce de dominio”. Asimismo, la empresa JAEA S.A., contó con el permiso de construcción de la Municipalidad de Garabito, mediante resolución del Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Ambiental de las 11:25 horas minutos del 23 de octubre de 2018, en la cual, se amplía la vigencia del D1, otorgado al proyecto de Centro Comercial en Jacó, a desarrollar por JAEA S.A., eso en el inmueble frente a la Municipalidad de Garabito. Comenta que el 21 de noviembre de 2018, la empresa subsanó los defectos requeridos para el permiso de construcción. Por oficio No. DA-UHTPCOSR-0059-2019 del 28 de febrero de 2019, la Dirección de Agua del Ministerio del Ambiente y Energía ratificó que el cuerpo de agua alegado, no era un cauce de dominio público. Señala que al momento de otorgarse el permiso de construcción No. PC 4364, se contaba con la certeza técnica y jurídica, que no se trataba de un cuerpo de agua de dominio público que transcurría al costado norte de la finca No. 6-149.667-000, donde se pretende desarrollar el Centro Comercial. Bajo esa inteligencia, no existiendo elementos que demostraran que ese cuerpo de agua era un cauce de dominio público, incluso, existiendo las autorizaciones respectivas para la tala de los árboles existentes en el inmueble, se procedió a otorgar el permiso de construcción indicado. Precisa que cuando los actos constructivos se estaban ejecutando, se le comunicó una consulta realizada el 3 de agosto de 2018, de la cual no se tuvo conocimiento hasta principios de marzo de 2019. Al estudiar la consulta no logró determinar la existencia de elementos científicos que hicieran pensar que efectivamente, se tratara de un cauce de dominio público, por cuanto se fundamentó básicamente en que existía un plano antiguo que indicaba que el cauce en cuestión, correspondía a una quebrada. Sin embargo, el mismo había sido modificado en el año 2015, en el cual la quebrada ya no se incluyó, basándose en un dictamen del MINAE, que indicaba que no se trataba de un cauce de dominio público, por lo tanto no se tomó ninguna resolución contraria al permiso de construcción No. PC 43654. Por otro lado, el 1° de marzo de 2019, el Departamento Legal emitió un pronunciamiento en torno al oficio No. ST 067-2018-FS-I, en el cual se afirmaba que existía una incertidumbre sobre la naturaleza pública del cauce, por lo que, se debía de proceder a establecer una medida cautelar de paralización de obras, con base en el principio indubio pro natura, sin aportar elementos que en ese momento hicieran dudar de la existencia o no de un cauce de dominio público. Y es que, los elementos probatorios que se tuvieron para otorgar el permiso de construcción fueron muy claros, que no era un cauce de dominio público, y no se tenía por qué dudar de las pruebas en poder de la Municipalidad. Afirma que mediante oficio No. ST-070-2019-FS-l del 6 de marzo de 2019, de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, se les comunicó la existencia de un flujo de agua natural separado del aporte de aguas servidas del cauce del tramo entubado. Ahora bien, con dichos elementos se creó una nueva situación jurídica, donde en apariencia, existía realmente un cauce de dominio público. Sin embargo, se debe considerar que ese dictamen emitido por la Dirección de Aguas es un criterio técnico sobre la caracterización de un cuerpo de agua, que se emite conforme a tiempo, espacio y condiciones dadas en la evaluación, e incluso, según se ha informado, se realizó una nueva inspección posterior para tomar una decisión final sobre la naturaleza pública o no del cuerpo de agua en cuestión, de la que aún no se han dado los resultados. Eso ratifica la incertidumbre científica sobro el particular. Debido lo anterior, indica que se procedió a declarar una medida cautelar de suspensión del permiso de construcción No. PC 4364, otorgado a la empresa JAEA Sociedad Anónima. Solicita se declare sin lugar el recurso.
7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 21 de marzo de 2019, informaron bajo juramento Patricia Quirós Quirós, Gerente General, y Roberto Ramírez Chavarría, Director de la Dirección de Gestión e Investigación Hídrica, ambos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento. Indican que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento no fue consultado sobre el proyecto alegado. Aclaran que no existe en la base de datos de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, algún trámite de consultas a SENARA, ni ninguna solicitud de dictamen detallado sobre el caso concreto. Precisan que ante el SENARA no se ha iniciado o tramitado estudio hídrico o gestión alguna relacionada con el presente caso, por lo cual, no es posible determinar si el proyecto cumple con los términos de referencia establecidos por SENARA para la elaboración de estudios de zonas de protección de nacientes. Señalan que con base en el estudio técnico sobre un cuerpo de agua, elaborado por funcionarios de la Dirección de Aguas del MINAE, se acreditó que en el sitio del proyecto en el plano catastrado No. 6-01849709-2015, concretamente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.215, existía una naciente intermitente. Se dictaminó una quebrada en el tramo indicado entre las coordenadas dichas, la cual atraviesa entubada la calle pública al costado norte de la Municipalidad de Garabito. Arguyen que en virtud del principio precautorio que impera en materia ambiental, hasta tanto SENARA no valide la información hidrogeológica del sitio, lo que conlleva a que el desarrollador deba requerir un estudio hidrogeológico, a fin de determinar el radio de protección adecuado científicamente para la naciente, no se debe permitir la prosecución de la construcción. Solicitan se declare sin lugar el recurso en su contra.
8.- Por escrito recibido mediante el Sistema de Gestión en Línea el 1° de abril de 2019, informó bajo juramento María Celeste López Quirós, en su condición de Secretaria General ad hoc, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Manifiesta que sobre el proyecto Centro Comercial en Jacó, el 27 de febrero de 2007, se recibió en un documento de Evaluación Ambiental (D1), presentado por el representante legal de JAEA S.A., al cual se le asignó el expediente administrativo No. D1-204-2007-SETENA. El área del proyecto se ubica en la Provincia de Puntarenas, Cantón Garabito, Distrito Jacó, en la Finca Partido de Puntarenas, matrícula No. 149667-000, con el plano catastro P-885950-2003. Indica que en el plano aportado en su momento por el desarrollador del proyecto, se reflejaban las quebradas indicadas por los recurrentes. Ahora bien, mediante la resolución No. 2775-2008-SETENA del 30 de septiembre de 2008, se aprobó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y se otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto. En el por tanto sétimo se indicó a la sociedad JAEA S.A. “(...) que la Viabilidad Ambiental, sólo contempla lo indicado en la descripción del proyecto y el diseño presentado (que se adjunta en el Formulario D1 y en el Plan de Gestión Ambiental”. Señala que mediante resolución No. 2322-2018-SETENA del 2 de octubre de 2018, lo que se aprobó fue una prórroga a la vigencia de la viabilidad ambiental para el proyecto Centro Comercial en Jacó, y no la viabilidad ambiental como lo alegaron los accionantes. Agrega que el plano fue actualizado en el 2015, sin embargo, no fue el utilizado para otorgar la viabilidad ambiental. Aclara que al otorgar el permiso, se tenía conocimiento de los cuerpos de agua existentes en el área del proyecto, de manera que es una condición obligatoria de cualquier proyecto afectado por los mismos, el respetar los retiros o áreas de protección según lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal. Aunado lo anterior, todo proyecto que desee desarrollarse debe respetar los cuerpos de agua y sus áreas de retiro, razón por la cual SETENA no autoriza ningún proyecto en el que no se respete lo estipulado por la Ley. Por otro lado, es obligación de los interesados obtener en forma posterior todos los permisos correspondientes, incluyendo permisos de tala, aguas o municipales. Adiciona que dentro de las labores de seguimiento ambiental, el 13 de marzo de 2019, se realizó una visita, donde se determinó que: “Al momento de la inspección el proyecto se encontraba realizando un relleno de la propiedad con una cuota de 1 m aproximadamente. El Área de Proyecto (AP) se encontraba rodeada con una cerca perimetral de sarán, que evita que se produzca un impacto negativo por polvo a las propiedades vecinas. En la inspección se evidenció que los árboles que se ubican dentro de la propiedad no han sido cortados, aunque se cuenta con los permisos de corta emitidos por SINAC. En la inspección se evidenció la presencia de una canal natural que se ubica en la parte trasera de la propiedad, en donde se observó que las construcciones que colindan a éste desfogan sus aguas grises. Durante la inspección se percibió un olor fétido proveniente de las aguas que discurren por el canal natural que se ubica en la parte trasera de la propiedad. El proyecto cuenta con cabañas sanitarias para el manejo de las aguas residuales producidas durante la etapa constructiva del proyecto. Al momento de la inspección se observó que el proyecto contaba con el rótulo informativo solicitado por la SETENA”. Agrega que mediante el informe técnico No. IT-DT-ASA-0159-2019, se estableció que el proyecto Centro Comercial Jacó, expediente administrativo No. D1-204-2007-SETENA, se encuentra cumpliendo con los compromisos ambientales, así como con los instrumentos de control y seguimiento ambiental (garantía ambiental se encuentra al día, por lo que se solicitó la habilitación de la bitácora). Solicita se declare sin lugar el recurso.
9.- Por escrito de 10 de junio de 2019, la parte recurrente amplió el recurso de amparo. Expone que "(...) por este medio amplío el recurso de amparo de marras en contra de la resolución SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-049-20l9 de las diez horas quince minutos del día veintidós de abril del 2019, firmada por funcionario Luis Picado Cubillo en su condición de Jefe Oficina Sub Regional Esparza Orotina a.i. del SINAC, la cual autoriza la corta de 24 árboles a la sociedad JAEA Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-027l72, representada por Fernando Chavarría Ardón cédula de identidad No. 201 74-0354. PRIMERO: Que dicha resolución confirma en el punto Sexto que el cauce que atraviesa la propiedad folio real Puntarenas 149667-000 identificada con el plano catastrado 1849709-2015 es de dominio público. SEGUNDO: Que al no existir una declaratoria de interés público y por estar los árboles dentro del cauce de dominio público se está permitiendo disponer de bienes del Estado a un particular lo cual presuntamente en caso de confirmarse, podría constituir el delito de peculado. TERCERO: Que en fecha 5 de marzo del 2019 mediante oficio DA-UHTPCOSJ-04479019 se le previene a Fernando Chavarría Ardón en su condición de representante de la sociedad supra citada cesar toda actividad sobre el cauce de la quebrada y retornar ésta a su condición original. CUARTO: Siendo que en este momento procesal se pretende determinar la ubicación original del cauce de dominio público que presuntamente fue alterado por Chavarría Ardón, y la existencia de una naciente, se considera un acto absolutamente nulo que en medio de un análisis exhaustivo que pretende hacer la Sala Constitucional, una dependencia del MINAE, sea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Pacífico Central, otorgue un permiso de corta de árboles, contraviniendo todos los esfuerzos que hace esta Autoridad con el fin de llegar a conclusiones objetivas. QUINTO: Que el SINAC en su afán de dar apariencia de legalidad a la urgente autorización de corta de árboles. fundamenta la resolución en: A. Artículo 34 de la Ley Forestal No. 7575 alegando un franja de protección de 10 metros. La pregunta es 10 metros a partir de dónde. De donde se encuentra el cauce en este momento gracias a las maniobras de desviación que hizo el particular O. B. Diez metros a partir de la ubicación del cauce original. Ante estas variables, que todavía no han arrojado certeza científica la vía prudente es suspender los efectos de la resolución que permite la corta de árboles, hasta que se logre certeza, privilegiando, aunque temporalmente, el principio pro natura ante el principio de propiedad privada. Es evidente que la resolución del SINAC opta por privilegiar el principio de propiedad privada apartándose del procedimiento para la definición de las áreas de protección dispuesto en el artículo 33 de la Ley Forestal y pronunciamiento de la Procuraduría General de la República CI 10-2004 de fecha 16 de abril del 2004, artículos 148 y 149 Ley de Aguas. SEXTO: Así mismo el SINAC en el punto Octavo de la resolución de marras, aduce que el particular interesado en obtener la autorización de corta aportó documentos, que ofrecen la lista de árboles y que se encuentran según estos documentos fuera de los 10 metros del área de protección. Volviendo al punto anterior, persiste la duda de a partir de dónde se miden los 10 metros. Es lógico pensar que el particular interesado en cortar los árboles va a decir que es 10 metros a partir del cauce desviado. Situación que debe analizarse objetivamente, para que entonces se determine si el panicular Chavarría Ardón está aprovechando árboles que le pertenecen al Estado por estar en el cauce de dominio público. Por lo anterior se solicita a la Sala Constitucional ampliar el recurso de amparo en contra de la resolución supra citada del SINAC, y ordenar como medida cautelar urgente que se suspendan los efectos de la orden de corta de árboles emitida por el SINAC, efectos que en este momento se están ejecutando con la corta efectiva de las especies. Así mismo. se solicita a la Sala Constitucional que requiera un informe a la Sra. Yamileth Astorga, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Acueductos y Alcantarillados quien participó activamente in situ en contra de los hechos de corta árboles que se dio el viernes 24 de Mayo de los corrientes, situación que se le notificó a la Sala según acta de observación policial aportada al proceso".
10.- Mediante auto de las 15:23 horas de 10 de junio de 2019, se amplió el recurso y se solicitó informe al Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
11.- Por resolución de las 15:29 horas de 10 de junio de 2019, se solicitó prueba para mejor resolver al Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía.
12.- Por memorial presentado en la Secretaría de la Sala el 13 de junio de 2019, rindió informe bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, Director de Agua del MINAE. Advierte que "La solicitud de la Sala Constitucional consiste en el resultado del estudio requerido el 8 de marzo de 2019, en razón de las afirmaciones que siguen: "(...) en vista que se tienen dictámenes diferentes sobre la misma propiedad y zona de estudios, mediante oficio No. DA-0326-2019, se solicitó a la Unidad Hidrológica Térraba Pacífico Sur y a la Unidad Hidrológica San Juan ambas pertenecientes a la Dirección de Aguas del MINAE, que procedieran a realizar de manera conjunta estudios y análisis, conforme a la Guía Interema de Apoyo para dictamen de Cuerpo de Agua oficializado según oficio N°DA-563-201 7 del 1 3 de junio del 2017 y así dictaminar con certeza científica, el tipo y características del cuerpo de agua en cuestión. El resultado de los estudios solicitados el 8 de marzo, se muestran en el informe técnico DA-UHSAN-0197-2019 de 25 de marzo de 2019, generado por técnicos de las dos Unidades Hidrológicas a las que se requirieron los estudios, dirigido al suscrito, el cual está sustentado de manera amplia en verificación de campo y la Guía Interna de Apoyo para dictamen de cuerpo de agua, el cual concluye puntualmente lo siguiente: • La Fuente 1 dictaminada en el presente informe coincide con el criterio de la fuente 1 dictaminada en oficios DA-UHTPCOSJ-04402019 y DA-UHTPCOSR-0059-2019, por Io que se concluye que se mantiene el criterio de la misma, siendo así Naciente Sin Nombre, cuerpo de agua de dominio público de carácter intermitente. • La Fuente 2 dictaminada en el presente informe, coincide con el criterio de la fuente 2 dictaminada en oficios DA-UHTPCOSJ-04402019 y DAUHTPCOSR-0059-2019 por lo que se concluye que se mantiene el criterio de la misma siendo así Quebrada Sin Nombre cuerpo de agua de dominio público, en el tramo 1 carácter intermitente, en el tramo 2 no fue posible determinar el carácter, tramo 3 carácter permanente. Se adjunta el informe técnico DA-UHSAN-0197-2019 del 25 de marzo de 2019, en su totalidad, el cual corresponde al estudio solicitado por la Sala Constitucional y en oficio DA0326-2019".
13.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 28 de junio de 2019, rindió informe bajo juramento Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, refiere que se allana al informe que rindió en su momento, toda vez que lo atinente a la ampliación de hechos formulada por la recurrente, no se encuentra dentro de sus competencias.
14.- Por escrito remitido vía correo electrónico el 1° de julio de 2019, informó bajo juramento Grettel Vega Arcea, Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Apunta que según el oficio SINAC-ACOPAC-DRFVS-066-2019 de 28 de junio de 2019, se concluyó que en la resolución SIANC-ACOPAC-OSREO-RES-049-2019 no se autorizó la corta de 24 árboles de la Sociedad JAEA, sino que lo que se autorizó fue la corta de 9 árboles, los cuales se encuentran fuera del Área de Protección de la Quebrada. Agrega que desde el momento en que inició la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal, a finales de 2017, el cauce de la quebrada no ha sido desviado, y en la inspección de 8 de marzo de 2019, tanto el cauce como el resto del terreno estaban intactos, siendo que el cauce se describía como una línea recta. Manifiesta que lo que estaba realizando el personal contratado por la sociedad JAEA, fue rellenar el terreno a una altura de aproximadamente 50 centímetros, además, se midió la distancia existente entre el margen derecho de la quebrada para determinar el área de protección para su retiro correspondiente y se marcaron los puntos a lo largo, y en forma paralela, del margen derecho. Explica que posteriormente, se solicitó al encargado de la obra que respetara el área descrita y que se retiraran algunas herramientas y otros implementos que se encontraban dentro de los 10 metros del cauce, lo cual fue acatado de inmediato. Menciona que el expediente administrativo es claro al indicar que los permisos otorgados siempre se han ajustado a Derecho. Solicita se declare sin lugar el recurso.
15.- Por memorial incorporado al Sistema de Gestión en Línea el 3 de julio de 2019, la recurrente Vanessa Calvo González, esgrime que en relación con el dictamen DA-07554-2019 de 12 de junio de 2019 de la Dirección de Agua del MINAE, se confirma la existencia de una naciente. Reitera la irregularidad de la actuación del desarrollador, sin tomar en cuenta la afectación al medioambiente. Solicita se resuelva de conformidad.
16.- Por resolución de las 11:44 horas del 12 de julio de 2019, se dio traslado a Fernando Chavarría Ardón, Presidente de JAEA S.A.
17.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 8 de agosto de 2019, informó Fernando Chavarría Ardón, Representante legal de JAEA Sociedad Anónima. Manifiesta que la Municipalidad de Garabito otorgó los permisos de construcción a su representada, en virtud que ésta cumplió con todos y cada uno de los requisitos de Ley. Aclara que la fecha correcta en la cual se otorgó la Viabilidad Ambiental es el 30 de septiembre de 2008, eso, mediante la resolución No. 2775-2008-SETENA. Posteriormente, por determinación No. 2322-2018-SETENA del 2 de octubre de 2018, se procedió a prorrogar la Viabilidad Ambiental por un año más. Señala que su representada inició la ejecución del proyecto el 25 de febrero de 2019, con la preparación del terreno, instalación del sarán a lo largo del perímetro de la propiedad, instalación de casillas sanitarias para los empleados, la tenencia de aserrín para atender un eventual derrame de combustible de la maquinaria (lo cual no llegó a suceder), y el movimiento de tierras para la preparación del terreno. En dicha fecha, no se procedió con la corta de ningún árbol, en virtud que los permisos de corta estaban vencidos y pendientes de prórroga; mucho menos, se llegó a envenenar ningún árbol como temerariamente y sin prueba alguna, lo manifiesta la recurrente. La supuesta falta de declaratoria de interés público alegada por la recurrente, no tiene ningún sustento jurídico como requisito previo para este tipo de proyectos, es más, ni siquiera se fundamenta ese presunto incumplimiento. Comenta que en determinado momento existieron los planos P-834899-89 y P-885950-2003, los cuales fueron sustituidos por el P-1849709-2015, que es el que actualmente está vigente, e inscrito en el Departamento de Catastro del Registro Nacional de la Propiedad. En el plano, se consignó la existencia de una quebrada (Quebrada Lisa) la cual colinda al oeste con la finca; sin embargo, no es parte de la finca, por lo que no está siendo afectada y no es objeto del presente litigio, ni de ningún tipo de denuncia. Detalla además, que dentro del plano indicado, no consta ninguna especificación de retiro de 10 metros, ya que no es competencia del ingeniero topógrafo que elaboró ese plano, acreditar la existencia o no, de una quebrada, o si la misma no estaba inscrita ante la Dirección de Aguas del MINAE como tal. Reitera que la Quebrada Lisa no es objeto de ningún tipo de denuncia o litigio, y el único interés de la parte recurrente es intentar confundir a la Sala. Asevera que su representada procedió a realizar un nuevo plano en el año 2015, en el cual no se consigna la supuesta quebrada, ya que no estaba declarada como cauce de dominio público. Esto se puede corroborar en los dictámenes de la Dirección de Aguas emitidos oportunamente, que son: IMD-DA-1 796-06 y DA-UHTPCOSR-0061-2018 (ver anexo 4 y 5). Dice que, lamentablemente, la parte recurrente no indica en los hechos números de documentos, fechas o personas que los suscriben; sin embargo, aclara que la Municipalidad de Garabito, mediante oficio ST-061-2019, ordenó como medida cautelar paralizar los trabajos de construcción previamente aprobados en el inmueble, sobre el área del presunto cauce, razón por lo que su representada procedió a cumplir con la medida cautelar, y la recurrió. Esgrime que su representada ha cumplido todos y cada uno de los requisitos que la legislación exige para el desarrollo de un proyecto. Al día de hoy, posee la Viabilidad Ambiental vigente, otorgada por la SETENA, el permiso de construcción PC-4364-2019, que es estrictamente para la construcción del proyecto y no tiene relación con la supuesta corta y envenenamiento de Espaveles, a la que temerariamente la parte accionante hace mención. Reitera que para ese momento los permisos de corta de árboles se encontraban en proceso de renovación ante el SINAC, además se estaba acatando la medida cautelar de suspensión de obras constructivas impuesta por la Municipalidad. No obstante, aduce que el permiso de tala de árboles fue debidamente renovado. Agrega que en forma sorpresiva y absolutamente arbitraria, con clara violación de los más elementales principios de seguridad jurídica, debido proceso e intangibilidad de los actos propios, estando ya en ejecución las obras, el 6 de marzo del 2019, mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 del 5 de marzo de 2019, y con vista en el dictamen No. DA-UHTPCOSJ-0440-2019, la Dirección de Aguas cambió de criterio, siendo que emitió una medida cautelar administrativa y previno a su representada "(...) cesar toda actividad sobre el cauce de la quebrada y retornar ésta a su condición original". Dicho acto administrativo, asegura, fue impugnado en tiempo y forma, lo que está pendiente de resolución final. Afirma que "De la misma forma arbitraria y sorpresiva, el 15 de marzo de 2019, el SINAC emitió una medida cautelar administrativa y le notificó a mi representada una ORDEN ADMINISTRATIVA, por la que, con base en el cambio de criterio de la Dirección de Aguas se previno no "...realizar ninguna actividad dentro de los 10m que establece la Ley Forestal N°7575 como Área de Protección de la Quebrada sin nombre, que fue declarada como Cauce Público... " Dicho acto administrativo fue impugnado en tiempo y forma por mi representada lo cual está pendiente de resolución final (...) Mediante la resolución número N° ST-061-2019 de las 15:39 horas, sin fecha, pero del año 2019, emitida por la Ing. Susana Rodríguez Chaverri, Coordinadora de Servicios Técnicos de la Municipalidad de Garabito, ante el cambio de criterio del Departamento de Aguas del MINAE, la Municipalidad de Garabito emitió una medida cautelar administrativa y ordenó suspender totalmente el permiso de construcción otorgado. Dicho acto administrativo fue impugnado en tiempo y forma por mi representada (...) Mediante la resolución número N° ST- 97-2019 de las 15:50 horas del 29 de abril de 2019, notificada ese mismo día, emitida por la Ing. Susana Rodríguez Chaverri, Coordinadora de Servicios Técnicos, la Municipalidad de Garabito, si bien revocó parcialmente la resolución antes indicada, mantuvo la medida cautelar y orden de suspensión de obras del sitio en el que se tiene prevista la construcción de la parte principal del proyecto. En ese momento, NO SE ELEVÓ ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EL RECURSO DE APELACION SUBSIDIARIO, NI LOS INCIDENTES CONCOMITANTES DE NULIDAD Y SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Dicho acto administrativo fue impugnado en tiempo y forma por mi representada (...) Mediante la resolución AL-380-2019-JM de las 9:33 horas del 13 de junio del 2019, dictada por la Alcaldía Municipal de Garabito, notificada a mi representada el 19 de julio de 2019, se rechazó el RECURSO DE APELACIÓN SUBSIDIARIO, EL INCIDENTE DE NULIDAD CONCOMITANTE Y EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, presentado oportunamente contra la resolución número ST-97-2019 de las 15:50 horas del 29 de abril de 2019, notificada ese mismo día, emitida por la Ing. Susana Rodríguez Chaverri, Coordinadora de Servicios Técnicos de esta Municipalidad, por la que se rechazó, parcialmente, la impugnación presentada por esta representación en contra de la resolución número ST- 061-2019 de las 15:39 horas sin fecha, pero del año en curso. Este último acto administrativo dictado por la Alcaldía Municipal, también se encuentra impugnado por mi representada". Agrega que las medidas cautelares administrativas realizadas por la Dirección de Aguas, el SINAC y la Municipalidad de Garabito, convierten en inviable el proyecto de la licitación, dado que las obras principales de infraestructura se ejecutarán en el sitio del inmueble en el que se encuentra el canal por el que discurren dichas aguas, según consta en los planos del proyecto, por lo que no es factible y resulta jurídicamente incorrecto e ilegal, pretender que se respete un área de protección sobre dicho canal, por cuanto, reitera, las principales obras se ejecutarán sobre el referido canal. Tal y como se indicó, las prevenciones y órdenes de suspensión de obras, efectuadas por el Departamento de Aguas del MINAE, por el SINAC y por la Municipalidad de Garabito, están debidamente impugnadas por su representada. Sin embargo, lo más preocupante, es que con absoluta violación a los más elementales principios de seguridad, certeza jurídica, celeridad, justicia pronta y debido proceso, han transcurrido más de 4 meses desde que se emitió la primera medida cautelar, y aún no hay claridad sobre lo que ocurrirá con el proyecto, dado que las referidas autoridades no han resuelto las impugnaciones, y por ende, no han iniciado ningún procedimiento administrativo o proceso de lesividad, ni determinado científicamente, si el canal por el que discurren las aguas negras y que pasa por el costado sur de la propiedad es o no, un cauce de dominio público. Por ende, dichas autoridades aún mantienen vigentes las órdenes de prevención y suspensión aludidas. Ahora "Mediante el oficio N° SINAC-ACOPAC-OSREO-252-2019 del 13 de mayo de 2019, el SINAC puso en conocimiento de mi representa el Dictamen N° DA-UHSAN-19-2019 del 25 de marzo de 2019, emitido por la Dirección de Aguas del MINAE, por el que se confirmó el cambio de criterio de la Dirección de Aguas, respecto a la naturaleza del cauce que discurre por el inmueble. (...) En tiempo y forma, Jaea S.A., presentó ante el SINAC una solicitud de adición y aclaración a dicho dictamen la cual, al día de hoy, no ha sido resuelta (...) Mediante el oficio N° DA-0863-2019 del 4 de julio de 2019 emitido por el Sr. José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas del MINAE, se rechazó la solicitud de adición y aclaración de mi representada a la que alude el hecho anterior". Reitera que ante los atrasos que está teniendo el proyecto, no imputables a su representada, debido al cambio de criterio de la Dirección de Aguas y las subsecuentes medidas cautelares y órdenes de suspensión antes citadas, el INS manifestó, recientemente, su intención de dar por terminado el contrato que se firmó correspondiente a la licitación pública 2017LN-000008-0001000001, contrato denominado "CONTRATO ADMINISTRATIVO LICITACIÓN PÚBLICA ALQUILER DE INMUEBLE, LLAVE EN MANO PARA ALBERGAR EL CENTRO DE SALUD REGIONAL Y PUNTO DE VENTAS DE JACÓ, QUE INCLUYA EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO". Prueba de ello es el oficio emitido por el INS N° INGM-02028-2019. Vigésimo segundo: Amén de lo expuesto, es importante acotar que el supuesto cauce es en realidad un canal por el que discurren aguas pluviales y servidas. Dichas aguas provienen de fundos de otros propietarios, incluida la misma Municipalidad de Garabito, QUE HAN CONSTRUIDO INCLUSO SOBRE DICHO CANAL. En cuanto a la corta de árboles, se procedió en el mes de junio a cortar únicamente los árboles a los que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación dio autorización. Al día de hoy se ha respetado la medida cautelar impuesta y estamos a la espera de un estudio técnico profundo, que se está realizando, para determinar fielmente si el cuerpo de agua corresponde, o no, a un cauce de dominio público. En ningún momento mi representada ha violentado el principio de indubio pro natura, como de manera temeraria lo quiere hacer creer la recurrente". Estima que Jaea S.A., lejos de haber violentado algún derecho o principio constitucional vinculado con el ambiente, es una víctima más de un cambio súbito de criterio de la Dirección de Aguas del MINAE, que violenta sus derechos constitucionales. Insiste que para que la Dirección de Aguas y el SINAC pudieran revocar lo dispuesto en los oficios No. IMN-DA-1796-06 del 5 de julio de 2006, y DAUHTPCOSR-0061-2018 del 20 de marzo de 2018, y para que la Municipalidad de Garabito pueda revocar el permiso de construcción No. PC-4364-201 9 del 21 de febrero del 2019, ordenando la suspensión de las obras, debieron haberse seguido los procedimientos previos contemplados en la LGAP, dentro de los plazos de Ley. De lo contrario, se estarían violentando los principios constitucionales ya citados, en especial, el artículo 34 constitucional. En su criterio, "Mientras ello no ocurra, los criterios previos emitidos por la Dirección de Aguas, que sirvieron de sustento al otorgamiento de la Viabilidad Ambiental y al Permiso Municipal, siguen teniendo plena vigencia y validez. De igual forma, el Permiso de Construcción cuya suspensión se está acordando ahora por la Municipalidad de Garabito, sigue siendo plenamente válido y eficaz, tal y como se reconoce en la misma resolución impugnada. Mi representada no ha sido notificada de ningún procedimiento administrativo iniciado por esta Municipalidad para buscar la declaratoria de nulidad del permiso de construcción otorgado y vigente (...) Tal y como lo hemos indicado reiteradamente a lo largo de esta impugnación, la medida cautelar de suspensión que se dictó en contra de mi representada, lleva más de cuatro meses de haberse emitido. Durante todo ese tiempo, ha existido una desidia enorme de las instituciones involucradas, incluyendo la Corporación Municipal, por resolver las impugnaciones y llevar certeza al administrado. El carácter instrumental y PROVISIONAL de una medida tan gravosa como la que se adoptó se ha perdido. Existen intereses públicos y privados que se están viendo realmente afectados por la adopción de esta medida cautelar (orden de suspensión parcial del permiso de construcción). Por una parte, el interés público del INS, porque se construya un centro de salud tan necesario para el cantón de Garabito y todo el Pacífico Central y, por otro lado, el interés de mi representada, por desarrollar la obra que se le adjudicó y recuperar la gran inversión ya hecha". Solicita se declare sin lugar en todos sus extremos, por cuanto la medida cautelar urgentísima solicitada carece de interés actual, ya que las diferentes autoridades involucradas, ante el cambio de criterio de la Dirección de Aguas del MINAE, procedieron a suspender las obras en el área del presunto cauce.
18.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.- Sobre la admisibilidad del amparo. El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con los amparos contra sujetos de derecho privado, establece que esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el caso de estudio, la sociedad recurrida se encuentra en una posición de poder, frente a la cual, los remedios jurisdiccionales comunes resultan claramente insuficientes o tardíos para garantizar que los derechos de los amparados se hayan respetado. En consecuencia, el recurso de amparo es admisible contra la empresa JAEA S.A.
II.- Objeto del recurso. Los recurrentes estiman que con la actuación de las autoridades recurridas, fueron lesionados derechos fundamentales. Exponen su disconformidad con el otorgamiento a favor de la empresa JAEA S.A., del permiso de construcción No. PC-4364-2019. Consideran que el otorgamiento de dicho permiso y de la viabilidad ambiental al proyecto que cuestionan, evidencia una burla a los principios preventivo y precautorio en materia ambiental, ya que existen hechos irrefutables sobre la existencia de una naciente en la zona. Estiman que la continuidad de las obras afecta la naciente y los árboles del sitio, causando un daño irreversible al medioambiente.
III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
IV.- Hechos no probados. De importancia para la decisión de este asunto, no se estima como debidamente demostrado:
V.- Sobre el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos tanto constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), como por medio de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia No. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de "calidad ambiental" como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras -principio de desarrollo sostenible-” Asimismo, del artículo 50, de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”. Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
VI.- La coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, o el uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central-Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia No. 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector".
VII.- Tocante a la función del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, en materia ambiental relacionada con el recurso hídrico. Acorde con el texto de la sentencia No. 2009-000262 de las 14:32 horas del 14 de enero de 2009, en lo tocante a la participación del SENARA en cuestiones de índole ambiental, relacionadas con el recurso hídrico y su protección, resulta de interés transcribir algunas consideraciones vertidas en su oportunidad por este Tribunal. Lo anterior, por ser de trascendencia para el caso en estudio:
"XVII.- Sobre la certeza científica en cuanto a la existencia del recurso hídrico y la explotación del Acuífero Sardinal. Punto medular en las violaciones aducidas por los recurrentes, es la carencia de estudios hidrogeológicos contundentes que aseguren la existencia del recurso hídrico suficiente en el Acuífero Sardinal, para que el mismo sea explotado en los términos previstos y queridos por el ICAA. Sobre el particular, la Sala reitera la obligación de las instituciones públicas de respetar y aplicar de manera sólida el principio precautorio en materia ambiental, de donde surge la obligación de impedir la realización de obras que carezcan de la certeza técnica necesaria para concluir que su ejecución resulta inocua para el ambiente, y, en el caso concreto, para el acuífero en cuestión (...) Resulta importante apreciar que en esta relación de hechos es nula la mención o referencia al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento –SENARA-, pues a pesar que desde marzo de dos mil seis el ICAA venía elaborando la idea del proyecto, y ser el SENARA una entidad vital en cuanto a la utilización del recurso hídrico subterráneo –como lo es el Acuífero Sardinal- no fue sino con la interposición del recurso de amparo que esta entidad inició a evaluar las actuaciones del ICAA en el ámbito de sus competencias.
XVIII.- Sobre el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Según se ha explicado en el III considerando de esta sentencia, las competencias del SENARA trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional derivada de sus mismos antecedentes institucionales. Asimismo, el artículo tres de la Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, dispone, en lo conducente que: “ARTÍCULO 3º.- Son funciones del SENARA: (…) ch) Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos. (…) h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las decisiones que por ese motivo tome el Servicio, referentes a la perforación de pozos, y a la explotación, mantenimiento y protección de las aguas -que realicen las instituciones públicas y los particulares- serán definitivas y de acatamiento obligatorio. No obstante, tales decisiones podrán apelarse dentro del décimo día por razones de ilegalidad, para ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. El Tribunal resolverá en un plazo no mayor de noventa días.” (énfasis añadido). Es así, que por disposición expresa de su ley de creación, el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Por su parte, el artículo ciento cincuenta y siete de la Ley de Aguas -aún vigente- señala que: “Artículo 157.- Es deber de las Municipalidades consultar al Departamento de Agricultura, y obtener de él el correspondiente permiso, antes de enajenar, hipotecar, dar en arriendo o a esquilmo o explotar por su cuenta, cualquier terreno que posean o adquieran cuando en dichos terrenos existan aguas de dominio público utilizables. El Departamento de Agricultura decidirá si tales terrenos están comprendidos entre los mencionados y si el destino que se deseare darles pudiera afectar la conservación de las aguas que utilizan las poblaciones. Igual obligación tendrán las Juntas de Educación, Juntas de Protección Social y, en general, todo organismo de carácter público.” (el destacado no es del original) Esta disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos –a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria o residual en esta materia- norma que claramente establece que: “ARTÍCULO 21.- En materia de aguas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá coordinar, con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento y cualquier otra institución competente, la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas, según las competencias del Servicio mencionado…” De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- deberá obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deriva de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades, entre otras-. En este sentido, pretender ejecutar proyectos de extracción y explotación del recurso hídrico sin la debida autorización y vinculación del SENARA, resulta ser violatorio de las previsiones normativas de protección al ambiente, pues se carecería de los insumos técnicos necesarios que dictaminen la disponibilidad y posibilidad de aprovechamiento de las aguas de dominio público".
VIII.- Sobre el caso concreto. A fin de delimitar el asunto en estudio, de seguido se hará un recuento fáctico de lo suscitado alrededor del proyecto desarrollado por la empresa JAEA S.A., que incluirá un detalle de lo actuado por todas y cada una de las autoridades y parte recurridas, lo anterior, a fin de facilitar la comprensión de la determinación vertida por la Sala en esta sentencia.
IX.- De lo señalado en el anterior considerando, se evidencia que si bien las actuaciones adoptadas por las autoridades y la parte intervinientes, se ajustaron al mérito de la información técnica con que se contaba desde el año 2006 en lo tocante a la existencia de las nacientes, lo cierto es que, en criterio de esta Sala, y en plena atención a lo dispuesto en el precedente señalado en el considerando séptimo de esta sentencia, quedó constatado que las autoridades encargadas de otorgar la viabilidad ambiental, y los permisos de construcción, en una evidente falta de coordinación, omitieron traer a escena al SENARA, debido a que en temas relacionados con el recurso hídrico, como se apuntó supra, las decisiones que de manera fundada adopte esta entidad en cuanto a ello, son necesarias, definitivas y de acatamiento obligatorio.
Y es que, ya desde el año 2018, hubo un informe técnico, a saber, el No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 de 20 de marzo de 2018, que si bien mantuvo el criterio que los cauces cuestionados correspondían a un canal pluvial y de aguas servidas, sí se consideró la posible existencia de una naciente intermitente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.192. Es decir, desde ese momento, hubo una duda latente en torno a la condición de los cuerpos de agua.
Se denota, entonces, que ante el surgimiento de dicha duda, lo propio hubiese sido que las dependencias involucradas en el otorgamiento de permisos y revisión del escenario ambiental, acudieran al SENARA. Por ende, corresponde reiterar lo siguiente "La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades". En situaciones como la estudiada, esa participación devenía vital, pues debido a los diferentes planteamientos esgrimidos, persistía una duda sobre la existencia o no de las nacientes, quebradas o cursos de agua en el sitio.
En suma, de las referencias consignadas de previo, esta Sala logró constatar la existencia de una serie de irregularidades y discrepancias en relación con los informes de las autoridades recurridas, particularmente, los de la Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por lo que de seguido se dirá.
En primera instancia, se tiene que tanto la Municipalidad de Garabito, como el MINAE, advirtieron que los permisos concedidos, así como, el comportamiento de la sociedad desarrolladora, se habían ajustado a las prerrogativas legales. Asimismo, ambas fueron contestes en esgrimir que al existir una contradicción entre los documentos y oficios que asumían que en el sitio del desarrollo no existían nacientes, sino un cauce por el que discurrían aguas servidas, de manera oportuna, fue gestionado un estudio que de manera definitiva, estatuyera la condición del cuerpo de agua -al respecto, ver oficio de 8 de marzo de 2019, dirigido a los Funcionarios de la Dirección de Aguas, donde el Director de la Dirección de Aguas del MINAE solicitó emitir un criterio definitivo en 8 días plazo, sobre el resultado de los diferentes dictámenes, y de la condición de los cuerpos de agua hallados-. Ante la duda, a la espera de la emisión de un informe definitivo, fueron dictadas las medidas cautelares de previo acotadas. Vale traer a colación, que el resultado del estudio técnico No. DA-UHSAN-0197-2019 del 25 de marzo de 2019, generado por técnicos de las 2 Unidades Hidrológicas del MINAE, se concluyó que en el sitio existía una "(...) naciente Sin Nombre, cuerpo de agua de dominio público de carácter intermitente. • La Fuente 2 dictaminada en el presente informe, coincide con el criterio de la fuente 2 dictaminada en oficios DA-UHTPCOSJ-04402019 y DAUHTPCOSR-0059-2019 por lo que se concluye que se mantiene el criterio de la misma siendo así Quebrada Sin Nombre cuerpo de agua de dominio público, en el tramo 1 carácter intermitente, en el tramo 2 no fue posible determinar el carácter, tramo 3 carácter permanente". Es decir, se corroboró la presencia de cuerpos de agua de dominio público.
Ahora bien, en lo que atañe a la SETENA y al SINAC, a diferencia de lo esgrimido por la Municipalidad y el MINAE, se aprecia que éstas otorgaron sus vistos buenos, bajo la premisa de la existencia de nacientes en el sitio del desarrollo. Y de nuevo, ambas afirmaron que su actuación se había gestado conforme a Derecho.
X.- Conforme las previsiones sentadas en el apartado precedente, en criterio de este Tribunal, el principio de coordinación también resultó conculcado.
La particularidad detectada en torno al proceder de las 4 autoridades mencionadas supra, deriva en una evidente falta de coordinación que de alguna manera, vendría a constatar los argumentos vertidos por los recurrentes en su escrito de interposición, en relación con la lesión al medioambiente. Aunque tanto la Municipalidad de Garabito, como el MINAE, procedieron a suspender los permisos otorgados a la empresa desarrolladora, la SETENA y el SINAC, avalaron su proceder, concediendo una prórroga a la viabilidad ambiental del proyecto y la corta de 9 árboles, a pesar de la duda en relación con la existencia de las nacientes de agua.
Allí es, precisamente, donde se evidencia la omisión de las autoridades legalmente encargadas de velar por la protección al ambiente, de comunicarse y coordinar entre sí. A lo dicho, se suma que ante la incertidumbre y dudas generadas sobre los cuerpos de agua existentes en la propiedad y los terrenos donde se desarrollaría un proyecto de esa envergadura por un tercero, en este caso una empresa privada, ni siquiera se requirió la valoración o aprobación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, entidad que, bajo juramento, fue prístina en esgrimir que hasta tanto ellos no validaran la información hidrogeológica del sitio, no se debía permitir la prosecución de la construcción. Es decir, el proyecto original no fue sometido a conocimiento de SENARA, ni siquiera cuando surgieron las dudas sobre la naturaleza y condición de los cuerpos de agua en mención, siendo que cuando surgió duda al respecto, la comunicación y el dictado de las medidas cautelares, se produjo únicamente entre las accionadas, y estando ya interpuesto el amparo.
Bajo esa inteligencia, es que se constata la lesión de derechos fundamentales por parte de Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con lo cual, procede la declaratoria con lugar del recurso contra esas autoridades, acorde con lo dispuesto en el por tanto de esta resolución.
XI.- En lo atinente al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, corresponde la declaratoria sin lugar del amparo, toda vez que, dicha autoridad aún no ha sido allegada a la situación acaecida en razón de la existencia de las nacientes de agua en el terreno de cita. No obstante, sí debe girársele la orden que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia, a efectos que se procure la debida intervención que debe otorgársele a esta institución en este tipo de casos.
Ahora, también descarta esta Sala que la sociedad JAEA hubiera incurrido en lesión alguna de derechos fundamentales en perjuicio del ambiente. En este sentido, consta que la empresa se atuvo a los criterios de las autoridades participantes y los permisos otorgados por cada una de ellas, y que de parte de la empresa no se aprecia afectación constitucional directa al medioambiente, sino la motivada y generada por las autoridades que omitieron efectuar entre ellas una debida coordinación, y traer a los autos al SENARA, como entidad encargada de emitir criterio en relación con el recurso hídrico.
Finalmente, con respecto a las manifestaciones de la empresa recurrida, en cuanto a que en su criterio, las autoridades accionadas lesionaron sus derechos fundamentales, lo propio es que, de considerarlo pertinente, exponga sus alegatos o desavenencias, ante las instancias que estime pertinentes, pues se trata de situaciones que si bien rodean el caso que ahora se conoce, ciertamente se alejan del núcleo y objeto concreto planteado por los recurrentes, que es lo que amerita el conocimiento de la Sala mediante este recurso de amparo.
XII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra la Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se ordena a José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía; a José Martínez Meléndez, apoderado especial del Alcalde de la Municipalidad de Garabito; a Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; y a Grettel Vega Arcea, Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o a quienes ocupen esos cargos, que establezcan las instancias de coordinación necesarias, para que en el plazo máximo de CINCO DÍAS contado a partir de la notificación de esta sentencia, se remita al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, toda la documentación concerniente a la identificación de los cauces de agua a que se hace referencia en esta sentencia. Asimismo, se ordena a Patricia Quirós Quirós, Gerente del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, que establezca las instancias de coordinación necesarias para que en el plazo de un mes contado a partir de la recepción de la documentación que al respecto deben remitirle las autoridades dichas, se pronuncie sobre la existencia, naturaleza y eventuales incidencias sobre los posibles cursos de agua existentes en torno al proyecto constructivo en cuestión, y lo comunique a todas las instituciones aquí intervinientes. De igual manera, se ordena a Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que en el plazo máximo de un mes contado a partir de la recepción de dicho estudio por parte de SENARA, resuelva lo que corresponda respecto de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto constructivo y así lo comunique a todas las autoridades intervinientes. Finalmente, se ordena a José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía; a José Martínez Meléndez, apoderado especial del Alcalde de la Municipalidad de Garabito; a Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; y a Grettel Vega Arcea, Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que en el plazo de máximo de quince días contado a partir de la comunicación de la resolución que deberá adoptar la SETENA sobre la viabilidad ambiental del proyecto constructivo, que resuelvan lo que corresponda sobre la validación, continuación, o suspensión del proyecto a cargo de la empresa JAEA, y de todas las medidas que al respecto se han dictado. Se advierte que de no acatar las órdenes dichas, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Garabito, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese esta resolución en forma personal a las autoridades recurridas.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Mauricio Chacón J.
Ileana Sánchez N.
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