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Res. 15629-2019 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 23/08/2019

Interagency Coordination for Springs at a Construction ProjectCoordinación institucional ante nacientes en proyecto constructivo

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber partially granted the amparo, ordered coordinated SENARA review followed by reconsideration of the project’s environmental viability and continuation, but denied the claim against SENARA and the developer JAEA.La Sala declaró parcialmente con lugar el amparo, ordenó coordinar la intervención de SENARA y revisar después la viabilidad y continuidad del proyecto, pero rechazó el recurso contra SENARA y la empresa JAEA.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber partially granted an amparo because the Municipality of Garabito, MINAE, SETENA, and SINAC failed to coordinate amid uncertainty over springs and public-domain watercourses on land intended for a construction project. Although the Municipality and MINAE suspended permits, SETENA extended the project’s environmental viability and SINAC authorized the cutting of nine trees before SENARA had validated the site’s hydrogeological information. The Chamber held that this fragmented administrative response violated fundamental rights connected with environmental protection. It ordered the authorities to send SENARA all documentation concerning the watercourses, directed SENARA to determine their existence, nature, and potential effects, required SETENA to reassess the environmental viability afterward, and instructed the agencies to decide whether the project and related measures should be validated, continued, or suspended. The claim was denied as to SENARA and the developer JAEA because SENARA had not yet been brought into the matter and the company had relied on the participating authorities’ criteria and permits.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un amparo por la falta de coordinación entre la Municipalidad de Garabito, el MINAE, la SETENA y el SINAC ante la incertidumbre sobre nacientes y cursos de agua de dominio público en un inmueble destinado a un proyecto constructivo. Aunque la Municipalidad y el MINAE suspendieron permisos, la SETENA prorrogó la viabilidad ambiental y el SINAC autorizó la corta de nueve árboles sin que SENARA hubiera validado la información hidrogeológica. La Sala consideró que esa actuación fragmentada lesionó derechos fundamentales vinculados con el ambiente. Ordenó remitir a SENARA la documentación sobre los cauces; dispuso que esa institución determinara su existencia, naturaleza e incidencia; exigió que SETENA revisara posteriormente la viabilidad ambiental; y mandó a las autoridades resolver la validación, continuación o suspensión del proyecto. Rechazó el amparo contra SENARA y la empresa JAEA porque el primero aún no había intervenido y la segunda había actuado conforme a los permisos administrativos recibidos.

Key excerptExtracto clave

The particular circumstances detected in the conduct of the four authorities mentioned above reveal an evident lack of coordination that, in some manner, confirms the appellants’ allegations concerning harm to the environment. Although both the Municipality of Garabito and MINAE suspended the permits granted to the developer, SETENA and SINAC endorsed its course of action by granting an extension of the project’s environmental viability and authorizing the cutting of nine trees, despite doubts concerning the existence of water springs. It is precisely there that one can see the failure of the authorities legally entrusted with environmental protection to communicate and coordinate with one another. Moreover, despite the uncertainty and doubts concerning the bodies of water on the property and on the land where a third party—in this case, a private company—would undertake a project of such magnitude, the assessment or approval of the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service was not even requested. Under oath, that entity stated clearly that construction should not be allowed to continue until it had validated the site’s hydrogeological information. In other words, the original project was not submitted to SENARA, even after doubts arose about the nature and condition of the water bodies in question; when those doubts emerged, communication and the issuance of precautionary measures occurred only among the respondent authorities and only after the amparo had already been filed.La particularidad detectada en torno al proceder de las 4 autoridades mencionadas supra, deriva en una evidente falta de coordinación que de alguna manera, vendría a constatar los argumentos vertidos por los recurrentes en su escrito de interposición, en relación con la lesión al medioambiente. Aunque tanto la Municipalidad de Garabito, como el MINAE, procedieron a suspender los permisos otorgados a la empresa desarrolladora, la SETENA y el SINAC, avalaron su proceder, concediendo una prórroga a la viabilidad ambiental del proyecto y la corta de 9 árboles, a pesar de la duda en relación con la existencia de las nacientes de agua. Allí es, precisamente, donde se evidencia la omisión de las autoridades legalmente encargadas de velar por la protección al ambiente, de comunicarse y coordinar entre sí. A lo dicho, se suma que ante la incertidumbre y dudas generadas sobre los cuerpos de agua existentes en la propiedad y los terrenos donde se desarrollaría un proyecto de esa envergadura por un tercero, en este caso una empresa privada, ni siquiera se requirió la valoración o aprobación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, entidad que, bajo juramento, fue prístina en esgrimir que hasta tanto ellos no validaran la información hidrogeológica del sitio, no se debía permitir la prosecución de la construcción. Es decir, el proyecto original no fue sometido a conocimiento de SENARA, ni siquiera cuando surgieron las dudas sobre la naturaleza y condición de los cuerpos de agua en mención, siendo que cuando surgió duda al respecto, la comunicación y el dictado de las medidas cautelares, se produjo únicamente entre las accionadas, y estando ya interpuesto el amparo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Bajo esa inteligencia, es que se constata la lesión de derechos fundamentales por parte de Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con lo cual, procede la declaratoria con lugar del recurso contra esas autoridades, acorde con lo dispuesto en el por tanto de esta resolución."

    "On that basis, the violation of fundamental rights by the Municipality of Garabito, the Ministry of Environment and Energy, the National Environmental Technical Secretariat, and the National System of Conservation Areas is established; accordingly, the claim against those authorities must be granted as provided in the operative portion of this decision."

    Considerando X

  • "Bajo esa inteligencia, es que se constata la lesión de derechos fundamentales por parte de Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con lo cual, procede la declaratoria con lugar del recurso contra esas autoridades, acorde con lo dispuesto en el por tanto de esta resolución."

    Considerando X

  • "En lo atinente al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, corresponde la declaratoria sin lugar del amparo, toda vez que, dicha autoridad aún no ha sido allegada a la situación acaecida en razón de la existencia de las nacientes de agua en el terreno de cita."

    "As regards the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service, the amparo must be denied because that authority had not yet been brought into the situation arising from the existence of water springs on the property in question."

    Considerando XI

  • "En lo atinente al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, corresponde la declaratoria sin lugar del amparo, toda vez que, dicha autoridad aún no ha sido allegada a la situación acaecida en razón de la existencia de las nacientes de agua en el terreno de cita."

    Considerando XI

  • "Ahora, también descarta esta Sala que la sociedad JAEA hubiera incurrido en lesión alguna de derechos fundamentales en perjuicio del ambiente. En este sentido, consta que la empresa se atuvo a los criterios de las autoridades participantes y los permisos otorgados por cada una de ellas, y que de parte de la empresa no se aprecia afectación constitucional directa al medioambiente, sino la motivada y generada por las autoridades que omitieron efectuar entre ellas una debida coordinación, y traer a los autos al SENARA, como entidad encargada de emitir criterio en relación con el recurso hídrico."

    "The Chamber also rules out that JAEA committed any violation of fundamental rights detrimental to the environment. The record shows that the company followed the criteria of the participating authorities and the permits issued by each of them; no direct constitutional harm to the environment is attributable to the company, but rather to the authorities that failed to coordinate properly and to involve SENARA as the entity responsible for issuing an opinion on water resources."

    Considerando XI

  • "Ahora, también descarta esta Sala que la sociedad JAEA hubiera incurrido en lesión alguna de derechos fundamentales en perjuicio del ambiente. En este sentido, consta que la empresa se atuvo a los criterios de las autoridades participantes y los permisos otorgados por cada una de ellas, y que de parte de la empresa no se aprecia afectación constitucional directa al medioambiente, sino la motivada y generada por las autoridades que omitieron efectuar entre ellas una debida coordinación, y traer a los autos al SENARA, como entidad encargada de emitir criterio en relación con el recurso hídrico."

    Considerando XI

  • "Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra la Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación."

    "The claim is partially granted solely against the Municipality of Garabito, the Ministry of Environment and Energy, the National Environmental Technical Secretariat, and the National System of Conservation Areas."

    Por tanto

  • "Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra la Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review *190037290007CO* Decision No. 2019015629 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty on August twenty-third, two thousand nineteen.

Application for amparo (recurso de amparo) filed by AARÓN HANSON CHAVES, identity card 0702390812, ADI MARÍA SEGURA VENEGAS, identity card 0204700403, ADILIA MARÍA MONGE CORTÉS, identity card 0109000214, ADOLFO CHINCHILLA, ADOLFO STUART LÓPEZ VILLARREAL, identity card 0117820314, ADRIÁN CASTILLO VENEGAS, ADRIANA ARIAS MEJÍA, ADRIANA DE LOS ÁNGELES GAMBOA CHAVES, identity card 0113910603, ADRIENNE AGUILAR, AGRIPINA ESMERALDA CENTENO CENTENO, identity card 0108440201, ALBA LUZ CASTILLO D, ALEJANDRA GAMBOA, ALEJANDRA MADRIGAL VENEGAS, identity card 0206340512, ALEJANDRO JOSÉ FLORES ILAMA, identity card 0304690524, ALEXANDER ENRIQUE MORA VÍLCHEZ, identity card 0107070805, ALFREDO ORTIZ SOLÍS, identity card 0202881265, ALFREDO VALERIO, ALLISON DE LOS ÁNGELES PARRALES GONZÁLEZ, identity card 0117210320, ALLISON MICHELLE FERNÁNDEZ LÓPEZ, identity card 0115940743, ALONSO LEÓN TREJOS, identity card 0604230834, ALVARO ROBERTO CORTÉS ÁLVAREZ, identity card 0604420551, ANA CRISTINA MOREIRA ESPINOZA, identity card 0115410212, ANA JULIA OBANDO, ANA LUCÍA FALLAS VILLEGAS, identity card 0115380213, ANA MARÍA B, ANA MARÍA SLON ROBLERO, identity card 0116680650, ANAIS DEL CARMEN MORA BERMÚDEZ, identity card 0205690503, ANALI BORELLI, ANDERSON ZÚÑIGA QUESADA, ANDREA MARÍA SALAZAR HERRERA, identity card 0112640243, ANDREA MASÍS PANIAGUA, identity card 0701640201, ANDREA TATIANA RODRÍGUEZ DUARTE, identity card 0116380855, ANDREA VICTORIA MARÍN CASTRO, identity card 0110840305, ANDRÉS FABRES, ANDREY C P, ANDREY JOSUE FALLAS RODRÍGUEZ, identity card 0604110433, ÁNGEL GUILLERMO TAPIA MENA, identity card 0401800812, ÁNGELA DEL CARMEN ROMERO RIVAS, residence card 155815714818, ÁNGELA MANUELA ZÚÑIGA RIVAS, identity card 0106370039, ANGÉLICA MARÍA BLANDÓN BLANDÓN, residence card 155803253719, ANGELY MARIANA SALAS VALVERDE, identity card 0402480463, ANGIE CAMILA GALINDO VELASCO, identity card 0801050817, ANGIE SELEN CORDERO ARAYA, identity card 0112510166, ANNE CATRINNE JIMÉNEZ GAIRAUD, identity card 0113060063, APHRIL AGÜERO ORTIZ, identity card 0116480080, ARIANA CAROLINA GUTIÉRREZ ROQUE, identity card 0114270863, ARLYN CHAVES, ASHTON AGUILAR, BERNARDO MONGE BOLAÑOS, identity card 0108010939, BERNNY JAVIER MOREIRA ALFARO, identity card 0402220153, BETTY RICHARDS PECOU, identity card 0700590728, BLANCA ROSA DEL CARMEN LEÓN LEÓN, identity card 0601970066, BRANDON CHENG, BRENDA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, identity card 0207220470, BRYAN MILEX PORRAS DÍAZ, identity card 0604280488, BRYAN SEOL, CALVIN DOUGLAS ROJAS MONTERO, identity card 0111070958, CAMILO ANDRÉS WOODCOCK LÓPEZ, residence card 117000043316, CARLOS ADRIÁN SOTO VÍQUEZ, identity card 0402190815, CARLOS ARMANDO MONGE SOLANO, identity card 0112300220, CARLOS FRANCISCO SOLANO SOLÍS, identity card 0203070156, CARLOS JOSÉ CISNERO CHAVARRÍA, residence card 155809031917, CARLOS JOSÉ FLORES CHAVES, CARLOS LUIS ALPIZAR SANDÍ, identity card 0603930816, CARLOS LUIS CASTRO QUIRÓS, identity card 0502910942, CARLOS LUIS LACAYO BRENES, identity card 0603380450, CARLOS MAURICIO COTO COTO, identity card 0401580525, CARLOS MOREIRA C, CATALINA BADILLA ORTEGA, identity card 0110780894, CELESTE WALBURG, CHRISTIAN GERARDO SALAZAR GUERRERO, identity card 0110270573, CINDY JAZMIN CHAVARRÍA RODRÍGUEZ, identity card 0603960505, CINTHYA MARÍA VILLALOBOS MADRIGAL, identity card 0108810543, CLAUDIA USUGA, CLAUDIO ANDRÉS VARGAS SIBAJA, identity card 0112840430, CRISTIAN DAVID MORENO DURÁN, identity card 0603840879, CYNTHIA MEJÍA GUZMÁN, identity card 0111590173, DAISY FONSECA ARGUEDAS, identity card 0105140969, DAISY ZAMBRANA SALINAS, identity card 0800400145, DALIA CECILIA MORALES BADILLA, identity card 0602700166, DANIA MARÍA VILLAGRA NÚÑEZ, identity card 0604030576, DANIEL ALBERTO DE JESÚS AZOFEIFA ARIAS, identity card 0203750749, DANIEL CORDERO LÓPEZ, identity card 0112750635, DANIEL MORAGA LEÓN, identity card 0112550174, DANIELA VALENCIANO, DANNY ENRIQUE LANZAS LÓPEZ, identity card 0111130478, DARLA IVANA MARIE MURILLO HENSON, identity card 0503800146, DARLING VALLEJOS R, other type of identification 489-061087.000K, DARWIN JOSÉ VINDAS, DAVID ALEJANDRO MONTERO MORA, identity card 0110810487, DAVID ANDRÉS MESA ARIAS, identity card 0801070597, DAVID ANTONIO MONTERO CAMPOS, identity card 0206060042, DAVID JOSÉ ÁLVAREZ MOLINA, identity card 0207260171, DAVID RICARDO JIMÉNEZ BENAVIDES, identity card 0205360366, DAVID RODOLFO PÉREZ MORERA, identity card 0204690498, DAVID VARGAS CHACÓN, DENIS ANTONIO CASTRO INCERA, identity card 0602090046, DENIS GERARDO CEDEÑO JIMÉNEZ, identity card 0114140394, DENNIS REYES CANO, DIANA IZQUIERDO, DICXI PATRICIA CONTRERAS LARA, identity card 0109770616, DIDIER JESÚS DE LOS ÁNGELES ESQUIVEL ALFARO, identity card 0401270204, DIDIER JOSEPH OBANDO ABARCA, identity card 0113420695, DIEGO, DILAN FERNÁNDEZ, DILAYSHA IVANNIA ESPINOZA ESPINOZA, identity card 0702380100, DOUGLAS GERARDO QUESADA VEGA, identity card 0602630929, DYLAN VARGAS, EDDY ANTONIO CUBILLO ARIAS, identity card 0112340135, EDDY GUSTAVO BERMUDEZ VARGAS, identity card 0112290402, EDGARDO HUETE, EDITH MARINA UMAÑA GONZÁLEZ, identity card 0108490478, EDUARDO J, EDWIN ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ, identity card 0205200256, EDWIN ANTONIO SANDOVAL PÉREZ, identity card 0603480551, EDWIN GIOVANNI RONCANCIO BENÍTEZ, residence card 117002247229, EDWING JOEL, EDWING VARGAS CASCANTE, ELEANETH DE LOS ÁNGELES SANABRIA COTO, identity card 0114840012, ELENA VARGAS, ELIDA M JIRÓN RUIZ, ELIN JARQUÍN ROJAS, identity card 0402180017, ELISBET NÚÑEZ BRICEÑO, identity card 0602620164, ELIZABETH CAMBRONERO M, ELIZABETH DE LA TRINIDAD CASTILLO ALVARADO, identity card 0401040153, ELIZABETH MUÑOZ MORA, identity card 0113840093, ELSIE DANIELA SÁNCHEZ MURGA, identity card 0207590943, ELVIN FRANCISCO DE JESÚS PICADO RIVERA, identity card 0107720773, ELVIS FRANCISCO MARÍN CASTILLO, identity card 0702070443, EMERENCIANA IDELFONSA ALVARADO MENA, identity card 0900290999, EMMA RODRÍGUEZ UREÑA, identity card 0104081328, EMMANUEL OROZCO, ENIDIA DEL CARMEN CENTENO CENTENO, identity card 0602030295, ERICK ALBERTO ALVARADO BLANCO, identity card 0207760022, ERNESTO MORA PRADO, identity card 0115980526, ESTEBAN ALBERTO RODRÍGUEZ DOBLES, identity card 0205420910, ESTEBAN ENRIQUE SUAREZ RIVAS, identity card 0604120121, ESTEBAN MAURICIO GUZMÁN ZAMBRANA, identity card 0108580304, ESTEBAN RODRIGO CAMPOS ADAMIS, identity card 0114110401, ESTEFANO VENEGAS, ESTEISY DAYANA CALVO BARQUERO, identity card 0604580032, ETILMA JANETH SANCHO AGÜERO, identity card 0700880370, EUNICE MARÍA DE JESÚS PETERSEN GUTIÉRREZ, identity card 0105370456, EVELING MERCEDES URIARTE CARCAMO, residence card 155815295631, EVELYN MARÍA LEÓN CHACÓN, identity card 0603720644, FABIÁN DE JESÚS SANCHO VILLALOBOS, identity card 0206040889, FABIANA PAMELA AZOFEIFA PÉREZ, identity card 0116800923, FABIOLA COREAS AZOFEIFA, FABIOLA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ SEQUEIRA, identity card 0503870639, FERNANDO, FERNANDO NATHANIEL MATHIS CAMPOS, identity card 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GIOVANNI JOSÉ TORRES GÓMEZ, identity card 0602920961, GREIVIN BOLÍVAR SÁNCHEZ MASÍS, identity card 0113490551, GREIVIN DE LOS ÁNGELES MORA BADILLA, identity card 0603600529, GREIVIN GUSTAVO CASTRO RÍOS, identity card 0602570107, GRISEL SALAS MORA, identity card 0603650132, GUILLERMO ESTEBAN AVILÉS VALVERDE, identity card 0112360773, GUILLERMO HERNÁNDEZ, GUILLERMO RÍOS QUESADA, identity card 0104970607, GUSTAVO ADOLFO MURILLO UGALDE, identity card 0205620578, GUSTAVO ADOLFO VARGAS GUERRERO, identity card 0108920707, GUSTAVO ARNOLDO QUESADA ROJAS, identity card 0107440873, HANZEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ, HAROLD AZOFEIFA SALAZAR, identity card 0111830885, HEIDY DEL CARMEN DÍAZ DUARTE, identity card 0603620082, HERMES ASDRUBAL ALVARADO SIBAJA, identity card 0204260293, HEYSEL MARIELA RAMÍREZ GARCÍA, residence card 155825772516, ILEANA MARÍA ALPIZAR VARGAS, identity card 0112850712, ILEANA MARÍA D'ALOLIO SÁNCHEZ, identity card 0110510808, ILEANA MARÍA ORTEGA HERNÁNDEZ, identity card 0105940998, ISABEL, ISABEL VÁSQUEZ VÁSQUEZ, identity card 0600600757, IVAN ANDRÉS ABARCA JIMÉNEZ, identity card 0116250816, IVÁN JOSUE QUESADA PÉREZ, identity card 0113240207, IVANNIA VENEGAS, IVETTE MONTERO MARÍN, identity card 0103560232, IVONE SUSANA NARANJO SEJIN, identity card 0801240523, JAHIR OBREGÓN GONZÁLEZ, identity card 0801100480, JAIME MARIO GONZÁLEZ DELGADO, identity card 0106430187, JAKSON ALBERTO SÁNCHEZ PRENDAS, identity card 0602200372, JARITZA LISSETH POLANCO M, JAVIER EDUARDO GARITA VENEGAS, identity card 0604400720, JAVIER IBARRA CRESPO, identity card 0112210616, JEFFERSON ANTONIO SÁNCHEZ PORRAS, identity card 0604320789, JEISON HUMBERTO FLORES BRENES, identity card 0603730650, JENIBETH MURILLO URBINA, JENNY JIMÉNEZ VARGAS, identity card 0104740578, JEREMY MEDINA MÉNDEZ, identity card 0603040583, JERLYN LETICIA NAVARRO ROJAS, identity card 0604050893, JESSICA CARMEN RIZO, JESSICA CHAVARRÍA, JESSICA VANESSA RODRÍGUEZ ACEVEDO, identity card 0701520802, JESUS PORRAS, JHONNY RODRIGO MONTOYA BLANCO, identity card 0603730821, JIMMY ALBERTO MORA BARQUERO, identity card 0205240306, JIMMY BARRETO, JIMMY PÉREZ HERNÁNDEZ, identity card 0113290957, JOAN ALBERTO CASTRO SOLANO, identity card 0116830314, JOHNNY ALBERTO CHAVARRÍA VILLARREAL, identity card 0203470134, JONATHAN ANDRÉS ÁVILA SANDÍ, identity card 0113870959, JONATHAN JOSUÉ VELÁSQUEZ , residence card 155823232504, JONATHAN MARTÍNEZ, JONATHAN MATARRITA MATARRITA, identity card 0603420626, JONATHAN RODRÍGUEZ ORTEGA, identity card 0110790502, JORGE ALEXIS LARA FUENTES, identity card 0603770884, JORGE ARTURO PORRAS A, JORGE, JORGE EDUARDO ARIAS FONSECA, identity card 0106310523, JORGE ENRIQUE RUIZ MEZA, identity card 0207500178, JORGE ESPINAZ, JORGE LUIS HERRERA SOTO, identity card 0116200158, JOSÉ ADRIÁN CRUZ PRADO, identity card 0208480170, JOSÉ ALFREDO HERRERA RÍOS, identity card 0110430535, JOSÉ ANDRÉS QUESADA, JOSÉ ÁNGEL MONTOYA MONTOYA, identity card 0603920702, JOSÉ ANTONIO CASTRO FERNÁNDEZ, identity card identity card number 0108040448, JOSÉ ANTONIO SEGNINI MENA, identity card number 0111480818, JOSÉ DANILO DE LOS ÁNGELES MONTERO PORRAS, identity card number 0601510548, JOSÉ FERNANDO SALAZAR MONGE, identity card number 0103640749, JOSÉ IGNACIO AZOFEIFA MORALES, identity card number 0604080599, JOSÉ JUAN SÁNCHEZ, JOSÉ LEONARDO VARGAS RAMÍREZ, identity card number 0115170027, JOSÉ LUIS MOLINA CASTRO, identity card number 0601880840, JOSÉ MARÍA RUIZ GONZÁLEZ, identity card number 0113310971, JOSÉ MIGUEL SANDOVAL CARRILLO, identity card number 0602570755, JOSÉ NAEN QUESADA LEÓN, identity card number 0604140281, JOSÉ PABLO GARITA BARAHONA, identity card number 0603330422, JOSÉ RAFAEL ESPINOZA VALVERDE, identity card number 0112350668, JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ CAMPOS, identity card number 0205630703, JOSÉ RICARDO MÉNDEZ VARGAS, identity card number 0603440651, JOSELINNE NAYELI VALVERDE JARQUÍN, identity card number 0604590230, JOSHUA STEVEN ACUÑA MONTENEGRO, identity card number 0115160790, JOSSELYN TATIANA DELGADO VILLALOBOS, identity card number 0604010449, JOSUE CAMPOS R, JOSUE DAVID MOLINA MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO QUESADA VEGA, identity card number 0108050608, JUAN CARLOS SARRIA REYES, residence card number 117000692014, JUAN GABRIEL CARMONA MONTERO, identity card number 0603530070, JUAN PABLO VALVERDE VINDAS, identity card number 0111650896, JUDITH FABIOLA COREAS AZOFEIFA, identity card number 0604070452, JULIETA DEL SOCORRO SOTO OCAMPO, identity card number 0204470945, JULIO REGINO DEL CARMEN MADRIGAL DÍAZ, identity card number 0601250658, JULISSA FABIOLA SEQUEIRA DELGADO, identity card number 0207690933, JULY ANDREA BRENES CORELLA, identity card number 0112630410, JUNIOR ALFONSO PICHARDO TRUJILLO, identity card number 0604630004, JUNIOR ANTONIO MORERA CHINCHILLA, identity card number 0603100092, JUNIOR PORTUGUEZ, KAREN ANDREA PÉREZ HERNÁNDEZ, identity card number 0207060362, KAREN FABIOLA LÓPEZ MORA, identity card number 0113400339, KARLA BEATRIZ JIMÉNEZ LOBO, identity card number 0603880290, KARLA DE LOS ÁNGELES PICADO CHINCHILLA, identity card number 0303490064, KARLA VANESSA HERNÁNDEZ ÁVILA, identity card number 0503510762, KARLA VANESSA PERAZA MENA, identity card number 0603490435, KARLA VANESSA ROBLES GARCÍA, identity card number 0114270292, KAROL DE LOS ÁNGELES SANDÍ RÍOS, identity card number 0110670809, KATHERINE YULIANA ALVARADO NAVARRO, identity card number 0113850777, KATIA SOLÍS RODRÍGUEZ, identity card number 0205670064, KATTIA EUGENIA AGÜERO FLORES, identity card number 0205000081, KAYLIN VANESSA PÉREZ GONZÁLEZ, identity card number 0604550153, KERLYN OBANDO QUIRÓS, identity card number 0116400018, KERRY FABIANA CORRALES GALAGARZA, identity card number 0117090456, KEYLOR ANDRÉS MONGE QUIRÓS, identity card number 0116830899, KIMBERLY TATIANA MORA FALLAS, identity card number 0604330058, KRISSYA MURILLO HERRERA, identity card number 0117860145, LAURA DE LA TRINIDAD RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identity card number 0113350178, LEONARDO ESTEBAN CALVO SILVA, identity card number 0305000485, LEYLA PÉREZ ALANIZ, LEYSI RUTENA BLANDON, LILIA LUISA DE LOS ÁNGELES SAMUDIO CASTILLO, identity card number 0601180153, LILIETTE ESTEBANA JARQUÍN LÓPEZ, residence card number 155826598515, LILLIANA CORRALES PADILA, LILLIANNA DE LOS ÁNGELES FALLAS VINDAS, identity card number 0602710330, LINDSAY NATHALIA MONGE FALLAS, identity card number 0604540995, LISETH VEGA PRENDAS, identity card number 0604520538, LISSETTE DE LOS ÁNGELES SANDÍ AGÜERO, identity card number 0604220090, LORENA DE LOS ÁNGELES AZOFEIFA SEGURA, identity card number 0109190338, LUANA PAMELA WHITE QUESADA, identity card number 0604200202, LUEMAR FARRER, LUIS ALBERTO FALLAS RODRÍGUEZ, identity card number 0603280214, LUIS ALONSO CUBERO SOLANO, identity card number 0106740206, LUIS CARLOS ESPINOZA DELGADO, identity card number 0603730680, LUIS DIEGO PANIAGUA CASTRO, identity card number 0206660607, LUIS ESTEBAN JAEN GONZÁLEZ, identity card number 0603450608, LUIS FERNANDO QUESADA HERRA, identity card number 0204080219, LUIS FRANCISCO HERNÁNDEZ MADRIGAL, identity card number 0205640779, LUIS GUILLERMO LORÍA CASTROVERDE, identity card number 0603400859, LUIS MERON GONZÁLES, MAGALY CHACÓN FLORES, identity card number 0113950426, MAGALY SEQUEIRA MEDRANO, identity card number 0603100669, MANUEL ALEJANDRO CHINCHILLA QUIRÓS, identity card number 0603740325, MANUEL IGNACIO DE LA TRINIDAD SIBAJA CORDERO, identity card number 0303090949, MARBELLI DE LOS ÁNGELES CAMPOS ÁLVAREZ, identity card number 0701110213, MARCO FUMERO, MARCO STEVEN VARGAS DURÁN, identity card number 0112480831, MARCO TULIO DE LA TRINIDAD CENTENO CENTENO, identity card number 0601800154, MARCOS TULIO JIMÉNEZ DELGADO, identity card number 0603390498, MARGARITA MÉNDEZ, MARGINE DEL CARMEN ZAMORA TORREZ, residence card number 155823899711, MARÍA ANALIVE DE LA TRINIDAD ESPINOZA MORALES, identity card number 0601890622, MARÍA ELENA GONZÁLEZ MADRIGAL, identity card number 0205960247, MARÍA ELSA ARIAS CASTRO, identity card number 0602380849, MARIA EMILCE LÓPEZ JUÁREZ, identity card number 0501520577, MARÍA ESTELA FERNÁNDEZ SEQUEIRA, residence card number 155822472101, MARÍA FELICIA VÁSQUEZ ROJAS, identity card number 0203150540, MARÍA FERNANDA RAMÍREZ ZAMORA, identity card number 0114940204, MARÍA FERNANDA ROJAS ALVARADO, identity card number 0114860394, MARÍA JENNIFER JIMÉNEZ MORA, identity card number 0603280370, MARÍA JESÚS VALENCIANO, MARÍA JOSÉ CARVAJAL CASTRO, identity card number 0111300515, MARÍA MARCELA PRENDAS ARIAS, identity card number 0602300853, MARÍA MARGOT LEÓN CHACÓN, identity card number 0109750068, MARÍA MILENA ARIAS ARGUEDAS, identity card number 0205890824, MARÍA PAULA RAMÍREZ AGUILAR, identity card number 0402330701, MARÍA ROXANA TREJOS MÉNDEZ, identity card number 0602730606, MARÍA SHIRLEY RODRÍGUEZ ELIZONDO, identity card number 0900920912, MARÍA STEFANNY MADRIGAL ZUMBADO, identity card number 0115090474, MARÍA TERESA CHAVARRÍA, MARIANN MORA P, MARIBEL HAYDEE GARCÍA LÓPEZ, identity card number 0111070507, MARIELA CASTILLO ARROYO, identity card number 0800970270, MARIELA RÍOS MORALES, identity card number 0207050674, MARIO ALBERTO ESQUIVEL CASTILLO, identity card number 0205110335, MARIO ANTONIO ZAPATA TORRES, residence card number 155817595119, MARLENE DE LOS ÁNGELES BADILLA RÍOS, identity card number 0602590177, MARLON DE JESÚS DUARTE OCAMPO, residence card number 155800713418, MARTA BEATRIZ TIJERINO RUIZ, identity card number 0204540779, MARTA LUCÍA JARAMILLO HOYOS, identity card number 0800900089, MARTA RODRÍGUEZ, MARTHA ROSA BRICEÑO, MARVIN ANTONIO PÉREZ PÉREZ, identity card number 0109360537, MARVIN JOSUE BORBÓN INFANTE, identity card number 0116760011, MARVIN STEVEN GUERRERO JIMÉNEZ, identity card number 0603660460, MAURICIO CHINCHILLA VARGAS, identity card number 0117110982, MAURICIO DANIEL LOZANO MONGE, identity card number 0702060714, MAURICIO EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ, identity card number 0109170607, MAURICIO GERARDO VALVERDE SALAZAR, identity card number 0602830660, MAURICIO VÁSQUEZ PIZARRO, identity card number 0108310997, MAYLIN RAQUEL VILLAVICENCIO VARELA, identity card number 0604640402, MEIBEL ISABEL ALFARO FERNÁNDEZ, identity card number 0604590462, MELVIN ENRIQUE PERALTA JUÁREZ, identity card number 0700940525, MEYLIN DEL ROSARIO URIARTE ARGENAL, residence card number 155810563315, MICHAEL CARMONA VARGAS, MICHAEL JOSÉ VARGAS GUZMÁN, identity card number 0113220672, MICHELLE ALVARAN VARGAS, identity card number 0119430883, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SOTO, identity card number 0501820672, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SUAREZ, identity card number 0801220088, MIGUEL ENRIQUE CORELLA BARRANTES, identity card number 0601950165, MIGUEL JESÚS MORA BLANCO, identity card number 0604390080, MIGUEL OVIDIO GERARDO ARIAS CALVO, identity card number 0502170194, MINOR GONZÁLEZ FUENTES, identity card number 0205170527, MISTER RAMBO CAMPOS DÍAZ, identity card number 0701880199, MOLLY MORGAN, MÓNICA ANDREA ARISTIZABAL OCAMPO, identity card number 0801010124, MONSERRAT CALDERÓN PALACIOS, identity card number 0111830066, NADIA VICTORIA GONZÁLEZ PICADO, identity card number 0111340512, NANCY LUCILA NÚÑEZ LÓPEZ, identity card number 0503400053, NATALIA C.

C., NATASHA MICHELLE ARLEY TREJOS, identity card number 0604500110, NATASHA VILLAGRA N, NATHALIE ELIZONDO M, NAYDELIN YULIANA CASTRO AGÜERO, identity card number 0604830014, NAYLAN JOSUE CARBALLO SOLÓRZANO, identity card number 0604400629, NAYRON FABIÁN CARAVACA NÚÑEZ, identity card number 0206990225, NAYUBEL CALVO MONTOYA, identity card number 0110690090, NEFTALÍ MONCADA CORTÉS, identity card number 0602390850, NICOLE VALVERDE ROJAS, identity card number 0604330151, NIXON MAJONRRY JIMÉNEZ CÓRDOBA, identity card number 0116440340, NOEL JINGLY CASTILLO FLETES, residence card number 155808202708, NOEMI TOMAS GARCÍA, NOHELIA VALDEZ, NORMA CECILIA RÍOS SOLÍS, identity card number 0601110422, NURIA VANESSA VALVERDE BARQUERO, identity card number 0107840018, NURY MARÍA DEL CARMEN ALVARADO PÉREZ, identity card number 0204390613, OLDEMAR DE LOS ÁNGELES PORRAS ROJAS, identity card number 0602130637, OLGA LUCÍA RONCANCIO OLMOS, identity card number 0800710516, OLMAN ANTONIO CHAMORRO, OLMAN SIN, ONAYRA CHAVEZ CH, ORLANDO DEL CARMEN SOLÍS JIMÉNEZ, identity card number 0601410085, ORLANDO FRANCISCO SANDÍ CHAVES, identity card number 0603760536, OSCAR ARTURO ROJAS ROJAS, identity card number 0114720800, OSCAR DAVID RODRÍGUEZ QUESADA, identity card number 0206330408, OSCAR FRANCISCO NÚÑEZ BRICEÑO, identity card number 0603410245, OSCAR MARIO MONGE MESÉN, identity card number 0107900490, OSVALDO ISMAEL DE JESÚS MADRIGAL ARGUEDAS, identity card number 0105270918, PABLO ANDRÉS COSTE MURILLO, identity card number 0113010349, PABLO ANDREY MARÍN CAMACHO, PAOLA ALEJANDRA CARABIA, residence card number 103200009103, PATRICIA MARÍA FERNÁNDEZ CHAVES, identity card number 0900410359, PHILIPPE ANDRÉ QUESADA JASSOUD, identity card number 0901020771, RAFAEL ADRIÁN CALDERÓN LEÓN, identity card number 0303650618, RAFAEL ÁNGEL MENA ADANIS, identity card number 0204410423, RAMÓN REINALDO MONTERO AGUILAR, identity card number 0106800951, RANDALL MAURICIO PITTY GONZÁLEZ, identity card number 0603490895, RANDY DAVID OSES ESPINOZA, identity card number 0205490980, RAQUEL SÁNCHEZ VILLALOBOS, RAÚL DELGADO GUTIÉRREZ, identity card number 0111550618, REBECA JIMÉNEZ, REYNA INDIRA CHAVEZ GUTIÉRREZ, residence card number 155820233111, ROBERTH MEJÍA, ROBERTO ANDRÉS LÓPEZ, residence card number 155821443734, ROBERTO DORILIO MAYO GIL, identity card number 0800830309, ROBERTO GERARDO CORTÉS ESPINOZA, identity card number 0602570724, RONALD EDUARDO QUESADA ALFARO, identity card number 0204520881, RONALD MAURICIO HERNÁNDEZ CALDERÓN, identity card number 0110450641, ROSA ALBA MORA UMAÑA, identity card number 0602530286, ROSIBEL OBANDO, ROXANA RODRÍGUEZ, ROY ELÍAS CASTILLO MATARRITA, identity card number 0503640931, RULAMAN RAMÓN VILLAGRA RAMÍREZ, identity card number 0601021356, RUTH ESTER LAINO ÁLVAREZ, identity card number 0110110092, SANDRA PATRICIA VARGAS MORALES, identity card number 0800850986, SARAY MARCELA VARGAS DURÁN, identity card number 0111130582, SEBASTIÁN GARBANZO MUÑOZ, identity card number 0115940259, SEGIO J F, SEIDI VALDIVIA, SERGIO EMERYK SEQUEIRA MARÍN, identity card number 0106260785, SHEIDA PATRICIA SOLANO ORTIZ, identity card number 0108310601, SHERLYN BARGANTA, SHERYL DIANA QUESADA VÍLCHEZ, identity card number 0206870868, SHIRLEY MARÍA DE LOS ÁNGELES SALAS LÓPEZ, identity card number 0204410230, SILVIA ELENA MATA MEZA, identity card number 0304000389, SILVIA PATRICIA CENTENO RODRÍGUEZ, identity card number 0603790689, SILVIA PÉREZ VARGAS, identity card number 0205190382, SLATER STWARTH ARAYA RIVERA, identity card number 0208810829, STEFHANNY MARÍA MADRIGAL MÉNDEZ, identity card number 0114250417, STEPHANIE ZORAIDA GAZO RIVERA, identity card number 0112900569, SUSAN KELLY COLLINS SÁNCHEZ, identity card number 0113530507, SUSAN WARDLE, TABITA MARÍA MARENCO CAMARENO, identity card number 0107520040, VANESSA CALVO GONZÁLEZ, identity card number 0107410780, VÍCTOR ÁNGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, identity card number 0106800475, VÍCTOR HUGO CHAVES JIMÉNEZ, identity card number 0110450257, VICTORIA LOLITA PORRAS MUÑOZ, identity card number 0113390379, VILMA CAROLINA ROQUE CAMBRONERO, identity card number 0110370759, WAGNER VARGAS, WALNE ANTONIO PARRA ROJAS, identity card number 0401710133, WALTER JESÚS ALVARADO MELÉNDEZ, identity card number 0503040004, WARNER ANTONIO PORRAS SALAS, identity card number 0107760517, WENDY ELENA ÁLVAREZ MÉNDEZ, identity card number 0602920997, WENDY MANUELA HOOKER SANTAMARÍA, residence card number 155825885031, WENDY SOLANO ORTIZ, identity card number 0110230089, WILBERT JEANPOL JIMÉNEZ ARIAS, identity card number 0604600796, WILFRIDO DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ JIMÉNEZ, identity card number 0114600301, WILLIAM CALVO VILLEGAS, identity card number 0103850400, WILLIAM DANIEL ACOSTA CALDERÓN, identity card number 0113460723, WILLIAM DELGADO, WILLIAM WILTON CORTÉS, XENIA MARÍA HERRERA MURILLO, identity card number 0203020856, XINIA MARÍA GARITA AGUERO, identity card number 0108310911, XIOMARA FERREIRA TORRES, identity card number 0800890400, YANAIRA DE LOS ÁNGELES TREJOS MÉNDEZ, identity card number 0603800688, YANITSA CEBALLO LAGUM, YASEEI ROMERO ZELEDÓN, YOHAN SANDÍ ARAUZ, identity card number 0109800614, YOLANDA VALENCIANO, YORHAN GUILLERMO MADRIZ ZÚÑIGA, identity card number 0603770617, YORHANY CHACÓN BARAHONA, identity card number 0602870178, YUANI HERNÁNDEZ CORDERO, identity card number 0109260324, YURLANDI BUBERTH MOLINA, identity card number 0206700774, YUSTIN ZULEMA CASCANTE RUBÍ, identity card number 0604380271, ZAILYN VANESSA BERROCAL CORDERO, identity card number 0604140824, and ZUGETCY SUSANA LEITÓN CERDAS, identity card number 0112110329, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, the SERVICIO NACIONAL DE RIEGO Y AVENAMIENTO, the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, and the MUNICIPALIDAD DE GARABITO.

Findings of Fact:

  1. 1By a filing received by the Secretariat of the Chamber at 16:14 hours on 4 de marzo de 2019, the petitioners filed an amparo petition (recurso de amparo) against the Ministerio de Ambiente y Energía, the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the Municipalidad de Garabito. They state that the Municipalidad de Garabito granted construction permit No. PC-4364-2019 to the commercial company JAEA S.A., corporate identification No. 3-101-027172, for the development of property No. 6-0149667-000 of the Puntarenas Registry District, located in the district of Jacó. They add that on 2 de octubre de 2018, SETENA granted the corresponding environmental approval (viabilidad ambiental). They mention that since 22 de febrero de 2019, the development company began cutting, marking, and poisoning trees on the property. They explain that, to obtain the respective permits, the company registered a new survey plan (plano) for the land in 2015 that omitted one of the streams (quebradas) shown on plan No. P-885950-2003, which, according to official letter No. DAUHTPCOSR-0059-2019 from the Dirección de Aguas del MINAE, is an intermittent spring (naciente) that forms the beginning of a watercourse (cauce).They state that the Departamentos de Construcciones-Servicios Técnicos y Gestión Jurídica, both of the Municipalidad de Garabito, recommended suspending the works until a binding decision was obtained from the Dirección de Aguas. Nevertheless, the Mayor has disregarded that recommendation, while the Concejo has failed to exercise its oversight and supervisory functions. As a result, earthworks (movimientos de tierra) in the streams have continued. They contend that granting the construction permit and environmental approval for the project constitutes a mockery of the preventive and precautionary principles (principios preventivo y precautorio), because there is irrefutable evidence of the spring’s existence. They believe that continuing the works affecting the spring and the espavel trees could cause irreversible harm, and therefore request the intervention of this Court. They request that the petition be granted.
  2. 2By an order of the Presidency issued at 10:54 hours on 8 de marzo de 2019, reports were requested from the Mayor and the President of the Concejo, both of the Municipalidad de Garabito; the Director and the Head of the Unidad de Gestión del Recurso Hídrico, both of the Servicio Nacional de Riego y Avenamiento; the Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental; and the Director of the Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía.
  3. 3By a filing received by email on 11 de marzo de 2019, the petitioners submitted additional statements.
  4. 4By a filing received by the Secretariat of the Chamber on 18 de marzo de 2019, José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Director of the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, submitted a sworn report. He states that, according to the cartography of the Herradura 32441 map sheet, scale 1:50 000, there is no cartographic documentation consistent with the body of water alleged by the petitioners. He indicates that, upon reviewing the files containing body-of-water determinations (dictámenes de cuerpo de agua) and the Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamiento de Aguas y Cauces, records associated with the case were found. He states that official letter No. IMN-DA-1796-06 of 5 de julio de 2006, prepared by the Deputy Director of the Dirección de Agua, was located; in that letter, the Deputy Director stated that the body of water found on the property whose cadastral plan (plano de catastro) is 6-834899-1989 was identified as a stormwater and wastewater channel and, consequently, described as a body of water that did not constitute a public-domain watercourse.Technical report No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 of 20 de marzo de 2018 was also located; it maintains the position that the feature is a stormwater and wastewater channel because, upstream from the section analyzed, the water flow was conveyed through pipes receiving discharges from homes and businesses. That report considered the possible existence of an intermittent spring at latitude coordinate 177.194 and longitude coordinate 468.192, but no flowing water was observed nearby during the field inspection; therefore, because no new evidence existed, the position stated in official letter No. IMN-DA-1796-06 was maintained. He adds that, through official letter No. PSCCI-032-2018, signed by an official of the Municipalidad de Garabito, a new determination was requested concerning a body of water located on property 149667-000, with registered cadastral plan 6-01849709-2015, which is located across from the Municipalidad.For that purpose, the inspection was coordinated with officials of the Municipalidad de Garabito, and a new assessment was conducted by the Dirección de Agua. The visit took place during the first weeks of the country’s dry season, according to the period defined by the Instituto Meteorológico Nacional. He specifies that technical reports No. DA-UHTPCOSR-0059-2019 and DA- UHTPCOSJ-0440-2019 were produced as a result of that inspection and concluded as follows: “An intermittent spring is determined to exist at latitude coordinate 177.194 and longitude coordinate 468.215 (Sistemas de Coordenadas Costa Rica Lambert Norte).” “A stream is determined to exist along the indicated section between latitude coordinate 177.910 and longitude coordinate 468.125 and latitude coordinate 177.179 longitude coordinate 467.915; it crosses beneath the public street in a pipe on the northern side of the Municipalidad, runs through the property containing the Municipal building, and exits the pipe on the southern side of the property of JABA S.A. (cadastral plan No. 6-01849709-2015), continuing to the quebrada Usa.” He states that the determinations do not constitute final decisions and, by themselves, do not entail any permit or authorization.Accordingly, the Office of the Head of the Unidad Hidrológica Tárcoles, which is responsible for the Jacó area, issued an order through official letter No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 of 5 de marzo de 2019 directing that activities affecting the stream cease, because a new determination was pending. However, because there are differing determinations concerning the same property and study area, official letter No. DA-0326-2019 requested that the Unidad Hidrológica Térraba Pacífico Sur and the Unidad Hidrológica San Juan, both part of the Dirección de Aguas del MINAE, jointly conduct a study and analysis pursuant to the Guía Interna de Apoyo para dictamen de Cuerpo de Agua, made official by official letter No. DA-563-2017 of 13 de junio del 2017, in order to determine with scientific certainty the type and characteristics of the body of water at issue. This was requested on 8 de marzo de 2019, with a deadline of 8 days for issuing a final opinion. He requests that the petition be denied.
  5. 5By a filing received via fax on 18 de marzo de 2019, Rafael Tobías Monge Monge, in his capacity as President of the Concejo Municipal of the Municipalidad de Garabito, submitted a sworn report. He states that, as a collegiate and political body, it does not grant construction permits because such permits are administrative in nature. He requests that the petition be denied.
  6. 6By written submission received by email on 18 de marzo de 2019, José Martínez Meléndez, in his capacity as special attorney-in-fact (apoderado especial) for the Mayor of the Municipalidad de Garabito, reported under oath. He explains that on 21 de febrero de 2019, the Technical Services Division of the respondent Municipality granted construction permit (permiso de construcción) No. PC-4364-2019, authorizing the company JAEA S.A. to construct a civil works project on the property recorded in the Registro Nacional in the Puntarenas section, real property folio registration No. 149.667-000, located in Jacó, across from the Municipalidad de Garabito. The total authorized construction area is 1472 metros cuadrados. He states that, when the construction permit was granted, JAEA held resolution No. SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-0-121-2018, issued in administrative file (expediente administrativo) PC-PC02-IF-00194-2017 at 10:40 horas del 10 de julio de 2018, which stated: “FIRST: To approve the cutting and harvesting, under the Forest Inventory method in an urban area, of 24 árboles with a volume of 146.510 m3, in the name of JAEA Sociedad Anónima, corporate identification number 3-101-02712, represented by Fernando Chavarría Ardón, identity card IT 2-0174-0354, on property folio 149.667- 000, Cadastral Plan P-1849709-2015, with an area of 0.7650has, located in Jaco, district of Jaco, canton of Garabito, province of Puntarenas, Herradura 32441 Map Sheet, vertical coordinates 394-395 and horizontal coordinates 395-396.” Furthermore, the company had authorization pursuant to official letter No. DA-UHTPCQSR-0061-2018 from the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, which stated in its concluding portion: “In conclusion, after reviewing the Cartography, the Registro Nacional de Dictámenes sobre Cuerpos de agua maintained by this Directorate, as well as inspections of the site conducted by the undersigned, and after analyzing with Engineer José Joaquín Chacón cadastral plans NT P-1849709-2015, No. 8384899-89 and official letter No. IMN-DA-1796-06, it was determined that the water body under study, which runs from coordinate latitude latitude (sic) 177-196 and longitude 468.057 and continues until reaching the channel of quebrada Lisa at coordinate latitude 177.181 and longitude 467.912, is a channel through which stormwater and sewage flow and, therefore, is not a public-domain watercourse (cauce de dominio público).” In addition, it had the land-use location determination (resolución de ubicación) issued by the respondent Municipality, which stated that the requested use was compatible with the construction of commercial premises, a document valid until 23 de noviembre de 2019.He adds that official letter No. IMN-DA-1796-06 of 5 de julio de 2006 stated: “According to our Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de Aguas y Cauces, the Water Resources Database, the inspection conducted on 29 de junio del 2006, and cartographic information, the described channel does not constitute a public-domain watercourse.” Likewise, JAEA S.A. obtained the construction permit from the Municipalidad de Garabito pursuant to the resolution of the Ministerio de Ambiente y Energía and the Secretaría Técnica Ambiental issued at 11:25 horas minutos del 23 de octubre de 2018, which extended the validity of the D1 granted to the Shopping Center project in Jacó to be developed by JAEA S.A. on the property across from the Municipalidad de Garabito. He states that on 21 de noviembre de 2018, the company remedied the deficiencies identified in connection with the construction permit.By official letter No. DA-UHTPCOSR-0059-2019 of 28 de febrero de 2019, the Dirección de Agua del Ministerio del Ambiente y Energía confirmed that the alleged water body was not a public-domain watercourse. He states that, when construction permit No. PC 4364 was granted, there was technical and legal certainty that the water body running along the northern side of property No. 6-149.667-000, where the Shopping Center was intended to be developed, was not a public-domain watercourse. Based on that understanding, because no evidence demonstrated that the water body was a public-domain watercourse, and because the respective authorizations to fell the trees existing on the property had even been granted, the aforementioned construction permit was issued. He specifies that, while construction activities were under way, he was notified of an inquiry made on 3 de agosto de 2018, of which there had been no knowledge until early marzo de 2019.Upon reviewing the inquiry, he was unable to identify scientific evidence suggesting that it was in fact a public-domain watercourse, since the inquiry was based essentially on the existence of an old plan indicating that the channel in question was a stream. However, that plan had been modified in 2015, at which time the stream was no longer included, on the basis of a MINAE opinion stating that it was not a public-domain watercourse; therefore, no decision contrary to construction permit No. PC 43654 was issued. Furthermore, on 1° de marzo de 2019, the Legal Department issued an opinion regarding official letter No. ST 067-2018-FS-I, which asserted that there was uncertainty as to the public nature of the channel and that, consequently, a precautionary measure (medida cautelar) suspending the work should be imposed on the basis of the in dubio pro natura principle (principio indubio pro natura), without providing evidence that, at that time, would cast doubt on whether a public-domain watercourse existed.Indeed, the evidence available when the construction permit was granted was very clear that it was not a public-domain watercourse, and there was no reason to question the evidence in the Municipality’s possession. He states that, by official letter No. ST-070-2019-FS-l of 6 de marzo de 2019, the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía informed them of the existence of a natural water flow separate from the sewage entering the channel in the piped section. Those elements created a new legal situation in which a public-domain watercourse apparently did in fact exist. Nevertheless, it must be considered that the opinion issued by the Dirección de Aguas is a technical assessment concerning the characterization of a water body, issued according to the time, place, and conditions existing during the assessment. Moreover, according to the information provided, a subsequent inspection was conducted to reach a final decision as to whether the water body in question was public in nature, but the results have not yet been released.This confirms the scientific uncertainty regarding the matter. In light of the foregoing, he states that a precautionary measure suspending construction permit No. PC 4364, granted to JAEA Sociedad Anónima, was imposed. He requests that the petition be denied.
  7. 7By written submission received by the Secretariat of the Chamber on 21 de marzo de 2019, Patricia Quirós Quirós, General Manager, and Roberto Ramírez Chavarría, Director of the Dirección de Gestión e Investigación Hídrica, both of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, reported under oath. They state that the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento was not consulted regarding the project at issue. They clarify that the database of the Dirección de Investigación y Gestión Hídrica contains no record of any consultation submitted to SENARA or any request for a detailed opinion concerning this specific case. They specify that no water study or other proceeding related to this case has been initiated or processed before SENARA; therefore, it is not possible to determine whether the project complies with the terms of reference established by SENARA for preparing studies of spring protection zones (zonas de protección de nacientes).They state that, based on the technical study of a water body prepared by officials of the Dirección de Aguas del MINAE, it was established that an intermittent spring (naciente intermitente) existed at the project site shown on cadastral plan No. 6-01849709-2015, specifically at coordinates latitude 177.194 and longitude 468.215. The indicated section between those coordinates was determined to be a stream, which crosses beneath the public street through a pipe on the northern side of the Municipalidad de Garabito. They argue that, by virtue of the precautionary principle (principio precautorio) governing environmental matters, construction should not be allowed to continue until SENARA validates the hydrogeological information for the site, which requires the developer to obtain a hydrogeological study in order to determine a scientifically appropriate protection radius for the spring. They request that the petition against them be denied.
  8. 8In a written submission received through the Online Management System on April 1, 2019, María Celeste López Quirós, in her capacity as ad hoc Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, reported under oath. She states that, with respect to the Centro Comercial en Jacó project, an Environmental Assessment Document (Documento de Evaluación Ambiental, D1), submitted by the legal representative of JAEA S.A., was received on February 27, 2007, and assigned administrative expediente No. D1-204-2007-SETENA. The project area is located in the Province of Puntarenas, Canton of Garabito, District of Jacó, on the property registered in the Puntarenas Property Registry under matrícula No. 149667-000, with cadastral plan P-885950-2003. She indicates that the plan submitted at the time by the project developer showed the streams identified by the petitioners. Subsequently, through resolution No. 2775-2008-SETENA of September 30, 2008, the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental, PGA) was approved and environmental viability (Viabilidad Ambiental) was granted to the project.The seventh Por tanto informed JAEA S.A. “(...) that the environmental viability covers only what is set forth in the project description and the design submitted (which is attached to Form D1 and the Environmental Management Plan.” She notes that resolution No. 2322-2018-SETENA of October 2, 2018, approved an extension of the term of the environmental viability for the Centro Comercial en Jacó project, rather than granting environmental viability, as the petitioners alleged. She adds that the plan was updated in 2015; however, it was not the plan used to grant environmental viability. She clarifies that when the permit was granted, the water bodies located in the project area were known to exist; accordingly, any project affected by them is required to respect the setbacks (retiros) or protection areas (áreas de protección) established by Article 33 of the Ley Forestal. In addition, every project proposed for development must respect the water bodies and their setback areas, which is why SETENA does not authorize any project that fails to comply with the provisions of the Law.Furthermore, the interested parties are subsequently required to obtain all corresponding permits, including tree-felling, water, and municipal permits. She adds that, as part of the environmental monitoring activities (labores de seguimiento ambiental), an inspection was conducted on March 13, 2019, during which it was determined that: “At the time of the inspection, the project was filling the property to a height of approximately 1 m. The Project Area (Área de Proyecto, AP) was surrounded by a perimeter fence made of shade cloth, which prevents dust from negatively affecting neighboring properties. The inspection established that the trees located within the property had not been cut down, although tree-felling permits issued by SINAC had been obtained. The inspection established the presence of a natural channel located at the rear of the property, into which the adjoining buildings were observed discharging their graywater.During the inspection, a foul odor was detected coming from the water flowing through the natural channel located at the rear of the property. The project has portable toilets to manage the wastewater produced during the project’s construction phase. At the time of the inspection, it was observed that the project had the informational sign required by SETENA.” She adds that technical report No. IT-DT-ASA-0159-2019 established that the Centro Comercial Jacó project, administrative expediente No. D1-204-2007-SETENA, is complying with its environmental commitments, as well as with the environmental control and monitoring instruments (the environmental bond (garantía ambiental) is current, and activation of the logbook (bitácora) was therefore requested). She requests that the petition be denied.
  9. 9In a written submission dated June 10, 2019, the petitioner supplemented the application for constitutional relief (recurso de amparo). She states that “(...) by this means, I supplement the application for constitutional relief at issue to challenge resolution SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-049-20l9 issued at ten fifteen a.m. on April twenty-second, 2019, signed by Luis Picado Cubillo in his capacity as Acting Head of the Oficina Sub Regional Esparza Orotina of SINAC, which authorizes the felling of 24 trees by JAEA Sociedad Anónima, corporate identification number 3-101-027l72, represented by Fernando Chavarría Ardón, identity card No. 201 74-0354. FIRST: That the sixth point of that resolution confirms that the watercourse (cauce) crossing the property recorded under real-property folio Puntarenas 149667-000 and identified by cadastral plan 1849709-2015 is in the public domain. SECOND: That because there is no declaration of public interest and because the trees are located within a public-domain watercourse, a private party is being permitted to dispose of State property, which, if confirmed, could constitute the offense of embezzlement of public property (peculado).THIRD: That on March 5, 2019, through official letter DA-UHTPCOSJ-04479019, Fernando Chavarría Ardón, in his capacity as representative of the above-mentioned company, was ordered to cease all activity affecting the stream’s watercourse and to restore it to its original condition. FOURTH: Given that, at this procedural stage, the aim is to determine the original location of the public-domain watercourse allegedly altered by Chavarría Ardón and the existence of a spring (naciente), it is considered an absolutely null and void act for an agency of MINAE—namely, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Pacífico Central—to grant a tree-felling permit in the midst of the Constitutional Chamber’s exhaustive analysis, thereby undermining all the efforts of this Authority to reach objective conclusions. FIFTH: That SINAC, in its effort to give the urgent authorization to fell trees an appearance of legality, bases the resolution on: A. Article 34 of Ley Forestal No. 7575, alleging a 10-meter protection strip.The question is: 10 meters measured from where? From the present location of the watercourse, resulting from the diversion maneuvers carried out by the private party? Or B. Ten meters from the original location of the watercourse? In light of these variables, which have not yet yielded scientific certainty, the prudent course is to suspend the effects of the resolution permitting the felling of trees until certainty is achieved, giving precedence, even if temporarily, to the pro natura principle over the principle of private property. It is evident that the SINAC resolution chose to give precedence to the principle of private property, departing from the procedure for defining protection areas prescribed by Article 33 of the Ley Forestal and opinion CI 10-2004 of the Procuraduría General de la República dated April 16, 2004, and Articles 148 and 149 of the Ley de Aguas. SIXTH: Likewise, in the eighth point of the resolution at issue, SINAC asserts that the private party seeking the tree-felling authorization submitted documents containing the list of trees and that, according to those documents, the trees are located outside the 10-meter protection area.Returning to the previous point, doubt remains as to the place from which the 10 meters are measured. It is logical to assume that the private party interested in cutting down the trees will say that the 10 meters are measured from the diverted watercourse. This situation must be analyzed objectively in order to determine whether the private party, Chavarría Ardón, is harvesting trees belonging to the State because they are located in the public-domain watercourse. For the foregoing reasons, the Constitutional Chamber is requested to expand the application for constitutional relief to challenge the above-mentioned SINAC resolution and, as an urgent interim measure (medida cautelar), to order the suspension of the effects of the tree-felling authorization issued by SINAC, which is currently being implemented through the actual felling of the species. Likewise, the Constitutional Chamber is requested to require a report from Ms.Yamileth Astorga, in her capacity as Executive President of Acueductos y Alcantarillados, who actively participated in situ in opposing the tree-felling activities that occurred on Friday, May 24 of this year, a situation of which the Chamber was notified through the police observation report submitted in the proceedings.”
  10. 10By an order issued at 15:23 hours on June 10, 2019, the application was expanded and a report was requested from the Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
  11. 11By a decision issued at 15:29 hours on June 10, 2019, the Director of the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía was requested to submit evidence for a better determination of the matter (prueba para mejor resolver).
  12. 12In a brief filed with the Chamber’s Secretariat on June 13, 2019, José Miguel Zeledón Calderón, Director of Water at MINAE, submitted a report under oath. He notes that “The Constitutional Chamber’s request concerns the result of the study requested on March 8, 2019, based on the following statements: ‘(...) in view of the differing opinions concerning the same property and study area, through official letter No. DA-0326-2019, the Unidad Hidrológica Térraba Pacífico Sur and the Unidad Hidrológica San Juan, both belonging to the Dirección de Aguas del MINAE, were requested to jointly conduct studies and analyses in accordance with the Guía Interema de Apoyo para dictamen de Cuerpo de Agua, made official through official letter N°DA-563-201 7 of June 1 3, 2017, and thus determine with scientific certainty the type and characteristics of the water body in question. The results of the studies requested on March 8 are set forth in technical report DA-UHSAN-0197-2019 of March 25, 2019, prepared by technical personnel from the two Hydrological Units asked to conduct the studies and addressed to the undersigned.That report is extensively supported by field verification and the Guía Interna de Apoyo para dictamen de cuerpo de agua, and specifically reaches the following conclusions: • Source 1, as determined in this report, is consistent with the determination regarding source 1 in official letters DA-UHTPCOSJ-04402019 and DA-UHTPCOSR-0059-2019; it is therefore concluded that the determination is maintained, namely, that it is the Naciente Sin Nombre, an intermittent public-domain water body. • Source 2, as determined in this report, is consistent with the determination regarding source 2 in official letters DA-UHTPCOSJ-04402019 and DAUHTPCOSR-0059-2019; it is therefore concluded that the determination is maintained, namely, that it is the Quebrada Sin Nombre, a public-domain water body that is intermittent in section 1, whose nature could not be determined in section 2, and that is permanent in section 3. Technical report DA-UHSAN-0197-2019 of March 25, 2019, is attached in its entirety; it corresponds to the study requested by the Constitutional Chamber and in official letter DA0326-2019.’”
  13. 13In a written submission filed with the Chamber’s Secretariat on June 28, 2019, Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, submitted a report under oath, stating that she adopts the report previously submitted, because the matters addressed in the petitioner’s supplemental statement of facts are outside her jurisdiction.
  14. 14In a written statement sent by email on 1° de julio de 2019, Grettel Vega Arcea, Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, provided information under oath. She states that, according to official letter SINAC-ACOPAC-DRFVS-066-2019 of 28 de junio de 2019, it was concluded that resolution SIANC-ACOPAC-OSREO-RES-049-2019 did not authorize the cutting of 24 trees belonging to Sociedad JAEA, but rather authorized the cutting of 9 trees located outside the Stream Protection Area. She adds that, since the application for a forest harvesting permit (permiso de aprovechamiento forestal) was initiated in late 2017, the stream channel (cauce) has not been diverted and that, during the inspection of 8 de marzo de 2019, both the channel and the rest of the property were intact, with the channel described as a straight line. She states that the personnel hired by Sociedad JAEA were filling the property to a height of approximately 50 centímetros.In addition, the distance from the right bank of the stream was measured to determine the protection area (área de protección) for the corresponding setback, and points were marked along and parallel to the right bank. She explains that the person in charge of the work was subsequently instructed to respect the area described and to remove certain tools and other equipment located within 10 metros of the channel, which instruction was immediately complied with. She notes that the administrative record (expediente administrativo) clearly indicates that the permits granted have always complied with the law. She requests that the appeal be denied.
  15. 15In a submission entered into the Online Management System on 3 de julio de 2019, petitioner Vanessa Calvo González argues that opinion DA-07554-2019 of 12 de junio de 2019, issued by the Water Directorate of MINAE, confirms the existence of a spring (naciente). She reiterates that the developer acted improperly, without taking into account the impact on the environment. She requests that the matter be adjudicated accordingly.
  16. 16By order issued at 11:44 on 12 de julio de 2019, Fernando Chavarría Ardón, President of JAEA S.A., was served with notice.
  17. 17In a written submission received by the Secretariat of the Chamber on 8 de agosto de 2019, Fernando Chavarría Ardón, legal representative of JAEA Sociedad Anónima, submitted his report. He states that the Municipalidad de Garabito granted his principal the construction permits because it had complied with each and every statutory requirement. He clarifies that the correct date on which environmental viability (Viabilidad Ambiental) was granted was 30 de septiembre de 2008, by resolution No. 2775-2008-SETENA. Subsequently, by determination No. 2322-2018-SETENA of 2 de octubre de 2018, the environmental viability was extended for one more year. He indicates that his principal began implementing the project on 25 de febrero de 2019, with site preparation, installation of shade cloth along the perimeter of the property, installation of portable toilets for employees, keeping sawdust on hand to address any potential fuel spill from the machinery (which never occurred), and earthworks (movimiento de tierras) to prepare the site.On that date, no trees were cut because the felling permits (permisos de corta) had expired and their extension was pending; much less was any tree poisoned, as the petitioner recklessly alleges without any evidence whatsoever. The alleged absence of a declaration of public interest (declaratoria de interés público) asserted by the petitioner has no legal basis as a prerequisite for this type of project; indeed, that purported noncompliance is not even substantiated. He comments that survey plans (planos) P-834899-89 and P-885950-2003 existed at one point and were replaced by P-1849709-2015, which is currently in force and registered with the Departamento de Catastro del Registro Nacional de la Propiedad. The plan recorded the existence of a stream (quebrada), Quebrada Lisa, which borders the property to the west; however, it is not part of the property, so it is not being affected and is not the subject of this litigation or of any type of complaint.He further explains that the indicated plan contains no specification of a 10-meter setback (retiro), because it is not within the authority of the surveyor who prepared that plan to certify whether a stream exists or whether it was not registered as such with the Dirección de Aguas del MINAE. He reiterates that Quebrada Lisa is not the subject of any complaint or litigation and that the petitioner’s sole interest is to attempt to confuse the Chamber. He asserts that his principal prepared a new plan in 2015 that does not show the alleged stream because it had not been declared a public-domain watercourse (cauce de dominio público). This can be corroborated by the opinions (dictámenes) issued in due course by the Dirección de Aguas, namely: IMD-DA-1 796-06 and DA-UHTPCOSR-0061-2018 (see annexes 4 and 5). He says that, unfortunately, in its statement of facts the petitioner does not identify document numbers, dates, or the persons who signed them; however, he clarifies that the Municipalidad de Garabito, through official letter ST-061-2019, ordered, as an interim measure (medida cautelar), that the previously approved construction work on the property be halted within the area of the alleged watercourse, for which reason his principal complied with the interim measure and challenged it.He argues that his principal has complied with each and every requirement imposed by law for the development of a project. As of today, it holds valid environmental viability granted by SETENA and construction permit PC-4364-2019, which is strictly for construction of the project and bears no relation to the alleged felling and poisoning of Espaveles recklessly mentioned by the petitioner. He reiterates that, at that time, the tree-felling permits were undergoing renewal before SINAC and the interim measure suspending construction work imposed by the Municipality was also being observed. Nevertheless, he states that the tree-felling permit was duly renewed. He adds that, surprisingly and wholly arbitrarily, in clear violation of the most fundamental principles of legal certainty, due process, and the doctrine precluding departure from one’s own acts (intangibilidad de los actos propios), when the work was already under way, on 6 de marzo del 2019, through official letter No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 of 5 de marzo de 2019, and in light of opinion No. DA-UHTPCOSJ-0440-2019, the Dirección de Aguas changed its position, issued an administrative interim measure, and ordered his principal to “(...) cease all activity on the stream channel and restore it to its original condition.” He asserts that this administrative act (acto administrativo) was challenged in a timely and proper manner and is awaiting a final decision.He states that “In the same arbitrary and unexpected manner, on 15 de marzo de 2019, SINAC issued an administrative interim measure and served my principal with an ADMINISTRATIVE ORDER whereby, based on the change in position by the Dirección de Aguas, it was ordered not to ‘...carry out any activity within the 10m established by Ley Forestal N°7575 as the Protection Area (Área de Protección) of the unnamed stream, which was declared a Public Watercourse...’ That administrative act was challenged by my principal in a timely and proper manner and is awaiting a final decision (...) Through resolution number N° ST-061-2019 at 15:39 hours, undated but issued in 2019, by Eng. Susana Rodríguez Chaverri, Coordinadora de Servicios Técnicos de la Municipalidad de Garabito, in response to the change in position by the Departamento de Aguas del MINAE, the Municipalidad de Garabito issued an administrative interim measure and ordered the construction permit that had been granted to be suspended in full.That administrative act was challenged by my principal in a timely and proper manner (...) Through resolution number N° ST- 97-2019 at 15:50 hours on 29 de abril de 2019, served that same day and issued by Eng. Susana Rodríguez Chaverri, Coordinadora de Servicios Técnicos, the Municipalidad de Garabito, although partially revoking the aforementioned resolution, maintained the interim measure and the stop-work order (orden de suspensión de obras) for the site where construction of the main portion of the project was planned. At that time, THE SUBSIDIARY APPEAL WAS NOT REFERRED TO THE HIERARCHICAL SUPERIOR, NOR WERE THE RELATED MOTIONS FOR NULLITY AND SUSPENSION OF THE ADMINISTRATIVE ACT. That administrative act was challenged by my principal in a timely and proper manner (...) Through resolution AL-380-2019-JM at 9:33 hours on 13 de junio del 2019, issued by the Alcaldía Municipal de Garabito and served on my principal on 19 de julio de 2019, the SUBSIDIARY APPEAL, THE RELATED MOTION FOR NULLITY, AND THE MOTION FOR SUSPENSION OF THE ADMINISTRATIVE ACT, timely filed against resolution number ST-97-2019 at 15:50 hours on 29 de abril de 2019, served that same day and issued by Eng.Susana Rodríguez Chaverri, Coordinadora de Servicios Técnicos de esta Municipalidad, were denied; that resolution had partially denied the challenge filed by this representation against resolution number ST- 061-2019 at 15:39 hours, undated but issued during the current year. This latter administrative act issued by the Alcaldía Municipal has also been challenged by my principal.” He adds that the administrative interim measures imposed by the Dirección de Aguas, SINAC, and the Municipalidad de Garabito render the tender project unfeasible because the principal infrastructure work will be performed at the location on the property where the channel through which those waters flow is situated, as shown in the project plans. It is therefore neither feasible nor legally correct or lawful to seek enforcement of a protection area around that channel because, he reiterates, the principal work will be performed over that channel.As stated, the directives and stop-work orders issued by the Departamento de Aguas del MINAE, SINAC, and the Municipalidad de Garabito have been duly challenged by his principal. Most concerning, however, is that, in complete violation of the most fundamental principles of legal security, legal certainty, promptness, timely justice, and due process, more than 4 months have elapsed since the first interim measure was issued, and there is still no clarity as to what will happen with the project because the aforementioned authorities have not ruled on the challenges and therefore have not initiated any administrative proceeding (procedimiento administrativo) or proceeding for a declaration of harm to the public interest (proceso de lesividad), nor have they scientifically determined whether the channel through which sewage flows and which runs along the southern side of the property is a public-domain watercourse.Consequently, those authorities continue to keep the aforementioned directives and suspension orders in effect. Now, “Through official letter N° SINAC-ACOPAC-OSREO-252-2019 of 13 de mayo de 2019, SINAC notified my principal of Opinion N° DA-UHSAN-19-2019 of 25 de marzo de 2019, issued by the Dirección de Aguas del MINAE, which confirmed the Dirección de Aguas’s change in position regarding the nature of the watercourse running through the property. (...) In a timely and proper manner, Jaea S.A. filed with SINAC a request for supplementation and clarification (solicitud de adición y aclaración) of that opinion, which, as of today, has not been decided (...) Through official letter N° DA-0863-2019 of 4 de julio de 2019, issued by Mr. José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas del MINAE, my principal’s request for supplementation and clarification referred to in the preceding fact was denied.” He reiterates that, because of the delays affecting the project, which are not attributable to his principal and result from the change in position by the Dirección de Aguas and the subsequent interim measures and suspension orders cited above, INS recently expressed its intention to terminate the contract executed in connection with public tender (licitación pública) 2017LN-000008-0001000001, entitled “ADMINISTRATIVE CONTRACT, PUBLIC TENDER FOR THE LEASE OF TURNKEY PREMISES TO HOUSE THE JACÓ REGIONAL HEALTH CENTER AND SALES OUTLET, INCLUDING MEDICAL EQUIPMENT AND MEDICAL FURNITURE.” Evidence of this is official letter N° INGM-02028-2019 issued by INS.Twenty-second: In addition to the foregoing, it is important to note that the alleged watercourse is actually a channel through which stormwater and wastewater flow. Those waters originate on properties belonging to other owners, including the Municipalidad de Garabito itself, WHO HAVE EVEN BUILT OVER THAT CHANNEL. As to the felling of trees, in June only those trees whose felling had been authorized by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación were cut. As of today, the imposed interim measure has been observed, and we are awaiting an in-depth technical study that is being conducted to determine conclusively whether the body of water is or is not a public-domain watercourse. At no time has my principal violated the in dubio pro natura principle (principio de indubio pro natura), as the petitioner recklessly seeks to suggest.” He believes that Jaea S.A., far from having violated any constitutional right or principle connected with the environment, is yet another victim of a sudden change in position by the Dirección de Aguas del MINAE that violates its constitutional rights.He insists that, for the Dirección de Aguas and SINAC to revoke what was established in official letters No. IMN-DA-1796-06 of 5 de julio de 2006 and DAUHTPCOSR-0061-2018 of 20 de marzo de 2018, and for the Municipalidad de Garabito to revoke construction permit No. PC-4364-201 9 of 21 de febrero del 2019 by ordering the suspension of the work, the preliminary procedures contemplated in the LGAP should first have been followed within the statutory time limits.

Otherwise, the constitutional principles already cited would be violated, particularly Article 34 of the Constitution. In its view, “Until that occurs, the prior determinations issued by the Dirección de Aguas, which served as the basis for granting environmental viability (Viabilidad Ambiental) and the municipal permit (Permiso Municipal), remain fully valid and effective. Likewise, the construction permit (Permiso de Construcción), the suspension of which is now being ordered by the Municipalidad de Garabito, remains fully valid and effective, as acknowledged in the challenged decision itself. My client has not been notified of any administrative proceeding initiated by this Municipality seeking a declaration of nullity of the construction permit granted and currently in force (...) As we have repeatedly stated throughout this challenge, more than four months have elapsed since the precautionary suspension measure (medida cautelar de suspensión) against my client was issued.

Throughout that time, the institutions involved, including the Municipal Corporation, have shown enormous neglect in deciding the challenges and providing certainty to the regulated party. The instrumental and PROVISIONAL nature of a measure as burdensome as the one adopted has been lost. Public and private interests are being materially affected by the adoption of this precautionary measure (order partially suspending the construction permit). On the one hand, there is INS’s public interest in the construction of a health center so urgently needed by the canton of Garabito and the entire Central Pacific region and, on the other, my client’s interest in carrying out the project awarded to it and recovering the substantial investment already made.” It requests that the application be denied in its entirety because the requested extremely urgent precautionary measure (medida cautelar urgentísima) no longer presents a current interest, since the various authorities involved, following the change in the position of the Dirección de Aguas of MINAE, proceeded to suspend work in the area of the alleged watercourse (cauce).

  1. 18The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Araya García drafts the opinion; and,

Considering:

I.Admissibility of the remedy of amparo (recurso de amparo). Article 57 of the Law on Constitutional Jurisdiction, with respect to amparo proceedings against private-law entities, establishes that this type of claim may be granted against the actions or omissions of private-law entities when they act or are required to act in the exercise of public functions or powers, or when they are, as a matter of law or fact, in a position of power in relation to which ordinary judicial remedies are clearly insufficient or untimely to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in Article 2(a) of that same Law. In the case under consideration, the respondent company is in a position of power in relation to which ordinary judicial remedies are clearly insufficient or untimely to ensure that the rights of the protected parties have been respected. Consequently, the remedy of amparo is admissible against JAEA S.A.

II.Subject matter of the proceeding. The petitioners contend that the actions of the respondent authorities violated fundamental rights. They express their disagreement with the issuance to JAEA S.A. of construction permit No. PC-4364-2019. They consider that the issuance of that permit and the environmental approval (viabilidad ambiental) for the project they challenge demonstrates a disregard for the preventive and precautionary principles in environmental matters, because there are irrefutable facts concerning the existence of a spring (naciente) in the area. They believe that continuation of the work affects the spring and the trees on the site, causing irreversible damage to the environment.

III. Proven facts. The following facts are deemed duly proven and relevant to the determination of this matter

  • a)Opinion No. IMN-DA-1796-06 of July 5, 2006, prepared by the Deputy Director of the Water Directorate, stated that the body of water found on the property whose cadastral plan is P-834899-1989 was identified as a stormwater and wastewater channel and was consequently described as a body of water that did not constitute a publicly owned watercourse (case file).
  • b)On February 27, 2007, an Environmental Assessment Document (Documento de Evaluación Ambiental) (D1), submitted by the legal representative of JAEA S.A., was received and assigned administrative case file No. D1-204-2007-SETENA (case file).
  • c)By SETENA resolution No. 2775-2008-SETENA of September 30, 2008, the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental, PGA) was approved and environmental approval was granted to the project. The seventh operative paragraph stated the following to JAEA S.A.: “(...) that the Environmental Approval covers only what is specified in the project description and the design submitted (which is attached to Form D1 and the Environmental Management Plan” (case file).
  • d)By opinion No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 of March 20, 2018, issued by the Unidad Hidrológica Tárcoles in response to the request contained in official letter SINAC-ACOPAC-OSREO-078-2019 from the Oficina Subregional de Esparza-Orotina of SINAC-MINAE, the position that the watercourse in question was a stormwater and wastewater channel was maintained because, upstream from the section analyzed, the water flow was piped and received discharges from homes and businesses. That report considered the possible existence of an intermittent spring at latitude 177.194 and longitude 468.192, but no water was observed flowing nearby during the field inspection. Therefore, in the absence of new evidence, the position stated in official letter No. IMN-DA-1796-06 was maintained; namely, that the watercourse was not publicly owned (case file).
  • e)On July 10, 2018, through resolution SINAC-ACOPAC-OSRED-RES-049-2019, the Sistema de Áreas de Conservación authorized the cutting of 9 trees located outside the Quebrada Protection Area (Área de Protección de la Quebrada) (SINAC report).
  • f)Through resolution 2322-2018-SETENA at 11:25 a.m. on October 2, 2018, SETENA approved an extension of the term of the environmental approval for the Centro Comercial en Jacó project (case file).
  • g)On February 21, 2019, the Technical Services Department of the respondent Municipalidad granted construction permit No. PC-4364-2019, authorizing JAEA S.A. to construct a civil work on the property recorded in the Registro Nacional in the Partido de Puntarenas under real-property folio registration No. 149.667-000, located in Jacó, across from the Municipalidad de Garabito. At that time, the respondent Municipalidad had official letter No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 of March 20, 2018; resolution SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-0-121-2018 of July 10, 2018, concerning the cutting and harvesting of trees; and the official letter of October 23, 2018, extending the term of the D1 granted to the Centro Comercial en Jacó project to be developed by JAEA S.A. (case file).
  • h)Opinions Nos. DA-UHTPCOSR-0059-2019 and DA- UHTPCOSJ-0440-2019, dated February 28 and March 6, 2019, respectively, issued by the Unidad Hidrológica Tárcoles of MINAE and addressed to MINAE and the Municipalidad de Garabito, concluded as follows: “An intermittent spring is hereby identified at latitude 177.194 and longitude 468.215 (Costa Rica Lambert North Coordinate System).” “A stream is hereby identified in the specified section between latitude 177.910 and longitude 468.125 and latitude 177.179 longitude 467.915; it crosses beneath the public street through a pipe on the north side of the Municipalidad, runs within the property of the Municipal building, and emerges from the pipe on the south side of the property of JABA S.A. (cadastral plan No. 6-01849709-2015), continuing to quebrada Lisa” (case file).
  • i)On March 1, 2019, the Legal Department of the respondent Municipalidad issued an opinion concerning official letter No. ST 067-2018-FS-I, which asserted that uncertainty existed regarding the public nature of the watercourse and that, therefore, a precautionary measure (medida cautelar) suspending the work should be imposed based on the in dubio pro natura principle, without providing any evidence that, at that time, called into question whether a publicly owned watercourse existed (case file).
  • j)Following the inspections conducted, through official letter No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 of March 5, 2019, addressed to JAEA S.A., the Coordinator of the Unidad Hidrológica Tárcoles issued an order to cease activities affecting the stream (case file).
  • k)Through official letter No. ST-070-2019-FS-l of March 6, 2019, the Water Directorate of the Ministerio de Ambiente y Energía informed the respondent Municipalidad of the existence of a natural water flow separate from the wastewater entering the piped section of the watercourse (case file).
  • l)Through an official letter of March 8, 2019, addressed to officials of the Dirección de Aguas, the Director of the Dirección de Aguas of MINAE requested that a final opinion concerning the findings of the various reports be issued within 8 days (case file).
  • m)On March 13, 2019, SETENA conducted a site visit, which established: “At the time of the inspection, the project was filling the property to a height of approximately 1 m (...) Likewise, technical report No. IT-DT-ASA-0159-2019 establishes that the Centro Comercial Jacó project, administrative case file No. D1-204-2007-SETENA, is complying with its environmental commitments and with the Environmental Monitoring and Oversight Instruments (Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental) (the environmental bond is current, and activation of the logbook was requested).” The developer was advised that compliance with the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) procedure did not exempt it from obtaining permits from other administrative authorities (SETENA report).
  • n)By resolution ST-061-2019 issued at 15:39 on March 18, 2019, the respondent Municipalidad imposed a precautionary measure suspending construction permit No. PC 4364, directed to JAEA S.A. (case file).
  • o)According to technical report DA-UHSAN-0197-2019 of March 25, 2019, prepared by technicians from the 2 MINAE Hydrological Units and based on a field inspection and the Internal Support Guide for Issuing Opinions on Bodies of Water (Guía Interna de Apoyo para dictamen de cuerpo de agua), it was concluded that: “• Source 1 identified in this report is consistent with the determination regarding source 1 in official letters DA-UHTPCOSJ-04402019 and DA-UHTPCOSR-0059-2019; therefore, it is concluded that the determination is maintained, namely, that it is Naciente Sin Nombre, a publicly owned body of water of an intermittent nature. • Source 2 identified in this report is consistent with the determination regarding source 2 in official letters DA-UHTPCOSJ-04402019 and DAUHTPCOSR-0059-2019; therefore, it is concluded that the determination is maintained, namely, that it is Quebrada Sin Nombre, a publicly owned body of water, intermittent in section 1; its nature could not be determined in section 2; and permanent in section 3” (case file).
  • p)By SINAC resolution No. SINAC-ACOPAC.OSREO-RES-049-2019 of April 22, 2019, JAEA S.A. was authorized to cut 9 trees (case file).
  • q)Construction must not be allowed to continue until SENARA validates the site’s hydrogeological information, which requires the developer to obtain a hydrogeological study scientifically determining the appropriate protection radius for the spring (SENARA report).

IV. Unproven facts. The following facts, relevant to the determination of this matter, are not deemed duly proven

  • 1)That the developer of the project in question submitted any inquiry to SENARA.
  • 2)That SENARA participated or issued any opinion concerning the implementation of the project and the work performed by JAEA.

V.On the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment. It should be noted that the fundamental rights (derechos fundamentales) to health and to a healthy and ecologically balanced environment are recognized both constitutionally (Articles 21, 50, 73 and 89 of the Political Constitution) and through the international regulations applicable in Costa Rica. In this regard, in Judgment No. 2006-005928 at 15:00 hours on 2 de mayo del 2006, this Court ruled: “The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the other fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, that provision of the Political Constitution provides the basis for the right to health, since life is inconceivable unless human beings are guaranteed the minimum conditions necessary for an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance.

Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73 and 89 of the Political Constitution. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has employed the concept of ‘environmental quality’ (calidad ambiental) precisely as a measure of people’s quality of life, in conjunction with other elements such as health, food, work, and housing, noting that every person has the right to use the environment for their own development, but not without limitation, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations—the sustainable development principle (principio de desarrollo sostenible)—” Likewise, Article 50 of the Political Constitution establishes the State’s obligation to protect the environment.

That provision states: “The State shall seek the greatest well-being of all inhabitants of the country by organizing and promoting production and the most appropriate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing to report acts that infringe that right and to seek reparation for the harm caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding liabilities and penalties.” This confirms that the various public authorities have an inescapable duty to preserve, defend, and guarantee every person’s fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment.”

VI.Coordination among public institutions in the comprehensive protection of the environment. The State—as a whole—is obligated to take the measures necessary to protect the environment in order to prevent levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, or excessive or improper use of natural resources that endanger the health of persons subject to the administration (administrados). For purposes of this duty, “public institution” means both the Central Administration—Ministries, such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministerio de Salud—which, by reason of their subject-matter jurisdiction, have broad participation and responsibility with respect to environmental conservation and preservation and which act, in most cases, through their specialized departments in this field. Municipalities likewise bear substantial responsibility for this duty within their territorial jurisdiction.

Given the diversity of actors that may be involved, it might be thought that this shared responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, to avoid the simultaneous coexistence of spheres of authority of differing origin and nature, the duplication of national and local efforts, and confusion concerning the rights and obligations of the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination arrangements among the various departments of the Executive Branch and decentralized institutions, and between those bodies and the municipalities, so that they may carry out the functions entrusted to them. This Chamber has previously addressed the principle of coordination between public agencies and municipalities in pursuing common purposes, stating in Judgment No. 5445-99, at 14:30 hours on 14 de julio de 1999, that: “Coordination is the ordering of the relationships among these various independent activities, taking account of their convergence upon the same object or entity in order to make it useful to an overall public plan, without eliminating the mutual independence of the acting parties.

Because there is no hierarchical relationship among decentralized institutions, or between the State itself and the municipalities, specific courses of conduct cannot be imposed upon them. This gives rise to the indispensable interinstitutional ‘concerted action’ (concierto), in the strict sense, whereby autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and overall framework, in which each performs a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, relations between municipalities and other public entities may be conducted only on an equal footing, resulting in agreed forms of coordination and excluding any compulsory arrangement that would impair their autonomy by subjecting corporate entities to a coordination framework without or against their consent; this nevertheless allows for the necessary subordination of these entities to the State and in its interest (through the State’s ‘administrative supervision’ (tutela administrativa), specifically its function of reviewing legality, which entails powers of general oversight over the entire sector.”

VII.Regarding the environmental function of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento in matters related to water resources (recurso hídrico). Consistent with Judgment No. 2009-000262 at 14:32 hours on 14 de enero de 2009, regarding SENARA’s participation in environmental matters related to water resources and their protection, it is useful to reproduce certain considerations previously expressed by this Court, given their significance to the case under review:

“XVII.- On scientific certainty regarding the existence of water resources and exploitation of the Acuífero Sardinal. A central issue in the violations alleged by the petitioners is the absence of conclusive hydrogeological studies ensuring the existence of sufficient water resources in the Acuífero Sardinal for it to be exploited under the terms contemplated and sought by the ICAA. In this regard, the Chamber reiterates the obligation of public institutions to firmly observe and apply the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters, which gives rise to the obligation to prevent the execution of works lacking the technical certainty necessary to conclude that their implementation is harmless to the environment and, in this specific case, to the aquifer in question (...) It is important to note that this account of the facts makes no mention or reference whatsoever to the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento—SENARA—because, although the ICAA had been developing the project concept since marzo de dos mil seis, and although SENARA is a vital entity with respect to the use of groundwater resources (recurso hídrico subterráneo)—such as the Acuífero Sardinal—it was not until the filing of the writ of amparo (recurso de amparo) that this entity began evaluating the ICAA’s actions within the scope of its authority.

XVIII.Regarding the National Groundwater, Irrigation and Drainage Service (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento). As explained in Considerando III of this judgment, SENARA’s powers extend beyond matters concerning irrigation districts, as they have a nationwide scope derived from its own institutional history. Likewise, Article three of the SENARA Founding Law, law number 6877, provides, insofar as relevant, that: “ARTICLE 3.- The functions of SENARA are: (…) ch) To investigate, protect, and promote the use of the country’s water resources, both surface water and groundwater. (…) h) To oversee compliance with the legal provisions governing matters within its purview. Decisions made by the Service for that reason concerning the drilling of wells and the exploitation, maintenance, and protection of water resources—by public institutions and private parties—shall be final and binding.

Nevertheless, such decisions may be appealed within the tenth day on grounds of illegality before the Higher Administrative Litigation Court. The Court shall rule within no more than ninety days.” (emphasis added). Thus, by express provision of its founding law, SENARA has the authority to protect the country’s water resources, and its decisions concerning their exploitation, maintenance, and protection shall therefore be final and binding. For its part, Article one hundred fifty-seven of the Water Law—still in force—states that: “Article 157.- Municipalities have a duty to consult the Department of Agriculture and obtain the corresponding permit from it before disposing of, mortgaging, leasing, sharecropping, or directly exploiting any land they own or acquire when such land contains usable public-domain waters. The Department of Agriculture shall determine whether such land falls within the foregoing category and whether its intended use could affect the conservation of the water used by the population.

The same obligation shall apply to Boards of Education, Social Protection Boards and, in general, every public body.” (emphasis not in the original) This statutory provision must be interpreted and applied in accordance with Article twenty-one of the Soil Use, Management and Conservation Law—from which it is established that the Ministry of Agriculture and Livestock, or Department of Agriculture in the terminology used by the Water Law, retains secondary or residual authority in this matter—a provision that clearly states: “ARTICLE 21.- In water-related matters, the Ministry of Agriculture and Livestock shall coordinate with the National Irrigation and Drainage Service and any other competent institution in promoting hydrological, hydrogeological, and agrological research in the country’s watersheds, as well as practices for the improvement, conservation, and protection of soils within those watersheds, in accordance with the powers of the aforementioned Service…” Accordingly, an integrated reading of the provisions just cited establishes that, in order to use public-domain waters, every public entity—without distinction—must obtain the corresponding permit from SENARA, to the extent that the duly reasoned decisions adopted by SENARA in that regard shall be final and binding.

This determination is far from a rhetorical statement by the Chamber; on the contrary, it derives from the responsible integration of the broad regulatory framework governing the matter, which, as stated, requires the progressive development and recognition inherent in the sphere of human rights, since the right to water and the right to a healthy and ecologically balanced environment are fundamental human rights. The Chamber notes that this clarification places SENARA in a particularly important position regarding the management of the nation’s water resources, which is significant given the eminently technical nature of this administrative agency, a position that must be strengthened and exercised through the necessary and proper interinstitutional coordination among the various entities involved—ICAA, SETENA, MAG, Municipalities, among others. In this regard, seeking to carry out projects for the extraction and exploitation of water resources without SENARA’s proper authorization and involvement violates the statutory provisions protecting the environment, because the necessary technical inputs for determining the availability of and potential use of public-domain waters would be lacking.”

VIII.Regarding the specific case. In order to define the scope of the matter under review, the following is a factual account of the events surrounding the project developed by JAEA S.A., including details of the actions taken by each and every one of the respondent authorities and parties, in order to facilitate an understanding of the determination issued by the Chamber in this judgment.

  • a)Municipalidad de Garabito: In this case, it was established that on 21 de febrero de 2019, the Technical Services Department of the respondent Municipality granted building permit No. PC-4364-2019, authorizing JAEA S.A. to construct a civil works project on the property recorded under real-property folio registration No. 149.667-000, located in Jacó, opposite the Municipalidad de Garabito. The respondent entity stated that, when the building permit was granted, JAEA held resolution No. SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-0-121-2018, issued in administrative file PC-PC02-IF-00194-2017 at 10:40 hours on 10 de julio de 2018; the company’s building permit, pursuant to official letter No. DA-UHTPCQSR-0061-2018 from the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy; the siting determination issued by the respondent Municipality, which stated that the requested land use was consistent with the construction of commercial premises, a document valid until 23 de noviembre de 2019; and the determination of the Ministry of Environment and Energy and the Environmental Technical Secretariat, issued at 11:25 hours minutes on 23 de octubre de 2018, which extended the validity of the D1 granted to the Shopping Center project in Jacó to be developed by JAEA S.A. Based on the foregoing, it asserted that, when building permit No. PC 4364 was granted, there was technical and legal certainty that the channel in question was not a public-domain body of water.

However, as explained by the respondent municipal entity, after learning that uncertainty existed regarding the public nature of the channel, it ordered a precautionary measure (medida cautelar) suspending building permit No. PC 4364, which had been granted to JAEA S.A. Accordingly, on 1° de marzo de 2019, the Legal Department of the respondent Municipality issued an opinion On 1° de marzo de 2019, the Legal Department of the respondent Municipality issued an opinion concerning official letter No. ST 067-2018-FS-I, which stated that uncertainty existed regarding the public nature of the channel and that, therefore, a precautionary measure halting the construction work should be imposed based on the in dubio pro natura principle (principio indubio pro natura). Consequently, the building permit was suspended through the issuance of document ST-061-2019, dated 18 de marzo de 2019.

  • b)Ministry of Environment and Energy: According to the statements of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, a review of the files containing determinations on bodies of water in the National Registry of Water and Channel Concessions and Uses identified official letter No. IMN-DA-1796-06 of 5 de julio de 2006, prepared by the Deputy Director of the Water Directorate, who stated that the channel found on the property whose cadastral plan is 6-834899-1989 was identified as a stormwater and wastewater channel and was consequently described as a body of water that did not constitute a public-domain channel. It also located technical report No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 of 20 de marzo de 2018, which maintained the position that it was a stormwater and wastewater channel because, upstream from the section analyzed, the water flow was piped and received discharges from residences and businesses.

That report considered the possible existence of an intermittent spring (naciente) at latitude coordinate 177.194 and longitude coordinate 468.192, but no flowing water was observed nearby during the field inspection; therefore, because no new evidence existed, the position stated in official letter No. IMN-DA-1796-06 was maintained. Subsequently, through memorandum No. PSCCI-032-2018, signed by an official of the Municipalidad de Garabito, a new determination was requested concerning the body of water located on property 149667-000. Accordingly, coordination was undertaken with officials from the Municipalidad de Garabito, and an inspection and a new assessment by the Water Directorate were conducted. This resulted in technical reports No. DA-UHTPCOSR-0059-2019 and DA- UHTPCOSJ-0440-2019, which concluded that: “An intermittent spring is hereby identified at latitude coordinate 177.194 and longitude coordinate 468.215 (Costa Rica Lambert North Coordinate System).” “A stream (quebrada) is hereby identified along the specified section between latitude coordinate 177.910 and longitude coordinate 468.125 and latitude coordinate 177.179 longitude coordinate 467.915; it crosses beneath the public street on the north side of the Municipality through a pipe, runs through the property containing the Municipal building, and emerges from the pipe on the south side of the JABA S.A. property (cadastral plan No. 6-01849709-2015), continuing to the quebrada Usa.” In light of the foregoing, the Office of the Head of the Tárcoles Hydrological Unit, which is responsible for the Jacó area, issued an order through official letter No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 of 5 de marzo de 2019 requiring activities affecting the stream to cease, since a new determination was pending.

Furthermore, because inconclusive determinations existed regarding the body of water, the Térraba Pacífico Sur Hydrological Unit and the San Juan Hydrological Unit, both belonging to the Water Directorate of MINAE, were asked to jointly conduct a study and analysis pursuant to the Internal Support Guide for Determining Bodies of Water, officially adopted through official letter No. DA-563-2017 of 13 de junio del 2017, in order to determine with scientific certainty the type and characteristics of the body of water in question. That report concluded that they were indeed dealing with 2 unnamed springs and, therefore, with public-domain channels.

  • c)Regarding the Secretaría Técnica Nacional Ambiental: Under oath, this authority stated that, concerning the Centro Comercial en Jacó project, on 27 de febrero de 2007 it had received an Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) document (D1), submitted by the legal representative of JAEA S.A., which was assigned administrative file No. D1-204-2007-SETENA. It stated that the plan submitted at the time by the project developer showed the streams identified by the petitioners. Subsequently, by resolution No. 2775-2008-SETENA of 30 de septiembre de 2008, the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental, PGA) was approved and Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) was granted to the project; the seventh operative provision (por tanto séptimo) informed JAEA S.A. “(...) that the Environmental Viability covers only what is indicated in the project description and the design submitted (which is attached to Form D1 and the Environmental Management Plan.” In addition, by determination No. 2322-2018-SETENA of 2 de octubre de 2018, an extension of the term of the project’s Environmental Viability was approved.

It was also asserted that, although the plan was updated in the year 2015, it was not the plan used to grant Environmental Viability. Accordingly, they object that, when granting the permit, the authorities were aware of the bodies of water present in the project area; therefore, a mandatory condition for any project affected by them was compliance with the setbacks (retiros) or protection zones (áreas de protección), as established by article 33 of the Ley Forestal. In addition, any project intended for development must respect bodies of water and their setback areas; for this reason, SETENA does not authorize any project that fails to comply with the provisions of the Law. Finally, technical report No. IT-DT-ASA-0159-2019 established that the Centro Comercial Jacó project, administrative file No. D1-204-2007-SETENA, was complying with its environmental commitments (compromisos ambientales), as well as with the environmental monitoring and control instruments (instrumentos de control y seguimiento ambiental).

  • d)Sistema Nacional de Áreas de Conservación: In this report, the respondent emphasized that resolution SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-049-2019 did not authorize the cutting of 24 trees belonging to Sociedad JAEA; rather, it authorized the cutting of 9 trees located outside the stream’s protection zone. It was stated that, since the forest harvesting permit (permiso de aprovechamiento forestal) application process began in late 2017, the streambed (cauce) had not been diverted and that, during the inspection of 8 de marzo de 2019, both the streambed and the remainder of the land were intact, with the body of water described as a straight line. It concludes that the work performed by personnel hired by sociedad JAEA consisted of filling the land to a height of approximately 50 centímetros. In addition, the distance from the right bank of the stream was measured to determine the corresponding protection zone setback, and points were marked along and parallel to the right bank. Subsequently, the person in charge of the work was even instructed to respect the described area and to remove certain tools and other equipment located within 10 metros of the streambed, an instruction that was immediately followed. Consequently, it stated unequivocally that the permits granted had always complied with the law.
  • e)Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento: For its part, this authority stated that it had not been consulted regarding the alleged project; that is, no water study (estudio hídrico) or other proceeding related to this case had been initiated or processed before that authority. It was therefore impossible to determine whether the project complied with the terms of reference established by SENARA for preparing studies of spring protection zones (zonas de protección de nacientes). Furthermore, because a technical study concerning a body of water, prepared by officials of the Dirección de Aguas del MINAE, established that an intermittent spring (naciente intermitente) existed at the project site shown on registered cadastral plan (plano catastrado) No. 6-01849709-2015, the precautionary principle (principio precautorio) governing environmental matters requires that construction not be allowed to continue until they validate the site’s hydrogeological information.
  • f)Sociedad JAEA: For its part, the development company argued in its report that it had acted in accordance with the law and in strict compliance with the instructions provided by the authorities responsible for issuing permits and ensuring proper protection of the environment. Indeed, it claims that the changes in criteria that occurred infringed its fundamental rights. In short, it asserts that the Municipalidad de Garabito granted construction permits (permisos de construcción) to the company it represents because it complied with each and every statutory requirement. On that basis, it stated that the company it represents began executing the project on 25 de febrero de 2019 by preparing the land, installing shade cloth along the property’s perimeter, installing portable toilets for employees, keeping sawdust on hand to address any potential fuel spill from the machinery—which never occurred—and carrying out earthworks (movimiento de tierras) to prepare the land.

It indicates that no trees were cut on that date because the tree-cutting permits then in effect had expired and their extension was pending. It also alleged that the plan recorded the existence of a stream (Quebrada Lisa), which borders the property to the west; however, it is not part of that property, is not being affected, and is not the subject of this litigation or of any type of complaint. It further explains that the plan contains no specification of a 10 metros setback. It also states that, in the year 2015, the company it represents prepared a new plan that did not show the alleged stream because it had not been declared a public-domain watercourse (cauce de dominio público). Thus, on 6 de marzo del 2019, through official letter No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 of 5 de marzo de 2019, and in view of opinion No. DA-UHTPCOSJ-0440-2019, an administrative interim measure (medida cautelar administrativa) was issued, ordering the company it represents to cease “(...) all activity affecting the streambed and return it to its original condition.” It states that this administrative act (acto administrativo) was challenged in due time and proper form and remains pending a final decision.

It asserts that the same has occurred before other administrative bodies, as the administrative interim measures issued by the Dirección de Aguas, SINAC, and Municipalidad de Garabito render unfeasible the procurement project that gave rise to the works challenged here. It adds that the notices and stop-work orders issued by the Departamento de Aguas del MINAE, SINAC, and Municipalidad de Garabito were challenged by the company it represents; nevertheless, more than 4 meses have elapsed since the first interim measure was issued, and it remains unclear what will happen to the project because those authorities have not ruled on its challenges and, therefore, have not initiated any administrative proceeding (procedimiento administrativo) or proceeding for a declaration of injuriousness (proceso de lesividad), nor have they scientifically determined whether the channel through which sewage flows along the southern side of the property of the company it represents is a public-domain watercourse.

IX.The matters set forth in the preceding recital (considerando) show that, although the actions taken by the authorities and the intervening party were consistent with the substance of the technical information available since the year 2006 regarding the existence of the springs, the fact remains that, in this Chamber’s view, and in full observance of the precedent cited in the seventh recital of this judgment, it was established that the authorities responsible for granting Environmental Viability and construction permits, in an evident lack of coordination, failed to involve SENARA, because, in matters related to water resources, as noted supra, this entity’s duly reasoned decisions are necessary, final, and binding.

Indeed, as early as the year 2018, there was a technical report, namely No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 of 20 de marzo de 2018, which, although it maintained the position that the watercourses in question were a stormwater and sewage channel, did consider the possible existence of an intermittent spring at coordinates latitude 177.194 and longitude 468.192. In other words, from that time onward, there was a lingering uncertainty regarding the status of the bodies of water.

It is therefore apparent that, when this uncertainty arose, the agencies involved in issuing permits and reviewing the environmental circumstances should have consulted SENARA. Accordingly, the following must be reiterated: “The Chamber notes that this clarification places SENARA in a particularly significant position regarding the management of national water resources, which is important considering the eminently technical nature of this administrative agency, a position that must be reinforced and exercised through the necessary and proper interinstitutional coordination among the various entities involved—ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades.” In situations such as the one examined, that participation was vital because, in light of the differing positions advanced, uncertainty persisted as to whether springs, streams, or watercourses existed at the site.

In short, based on the references set forth above, this Chamber established the existence of a series of irregularities and discrepancies relating to the reports of the respondent authorities, particularly those of the Municipalidad de Garabito, Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as will be explained below.

In the first instance, both the Municipalidad de Garabito and MINAE stated that the permits granted, as well as the conduct of the development company, had complied with the applicable legal requirements. Likewise, both consistently argued that, because there was a contradiction between the documents and official communications asserting that there were no springs (nacientes) at the development site, but rather a channel through which sewage flowed, a study was promptly requested to determine conclusively the status of the body of water—in this regard, see the official communication of 8 de marzo de 2019, addressed to the Officials of the Dirección de Aguas, in which the Director of the Dirección de Aguas of MINAE requested that a definitive opinion be issued within 8 days regarding the results of the various assessments and the status of the bodies of water found. In light of the uncertainty, and pending the issuance of a final report, the precautionary measures (medidas cautelares) noted above were ordered.

It bears mentioning that technical study No. DA-UHSAN-0197-2019 of 25 de marzo de 2019, prepared by technical personnel from the 2 Unidades Hidrológicas of MINAE, concluded that the site contained an “(...) unnamed spring (naciente Sin Nombre), an intermittently flowing body of water in the public domain. • Source 2, assessed in this report, coincides with the assessment of source 2 contained in official communications DA-UHTPCOSJ-04402019 and DAUHTPCOSR-0059-2019; therefore, it is concluded that the same assessment remains in effect, namely, that it is an unnamed stream (Quebrada Sin Nombre), a body of water in the public domain, intermittent in section 1; in section 2, it was not possible to determine its nature; and permanent in section 3.” In other words, the presence of bodies of water in the public domain was confirmed.

Now, as regards SETENA and SINAC, unlike the position asserted by the Municipalidad and MINAE, it is apparent that they granted their approvals on the premise that springs existed at the development site. Once again, both maintained that they had acted in accordance with the law.

X.In accordance with the considerations set forth in the preceding section, this Court finds that the principle of coordination (principio de coordinación) was also violated.

The particular circumstances identified in the conduct of the 4 authorities mentioned above reveal an evident lack of coordination, which in some measure confirms the arguments made by the petitioners in their initial filing concerning harm to the environment. Although both the Municipalidad de Garabito and MINAE suspended the permits granted to the development company, SETENA and SINAC endorsed its actions by granting an extension of the project’s environmental viability (viabilidad ambiental) and authorizing the cutting of 9 trees, despite the uncertainty concerning the existence of the water springs.

It is precisely there that the failure of the authorities legally responsible for protecting the environment to communicate and coordinate with one another becomes evident. Moreover, despite the uncertainty and doubts concerning the bodies of water existing on the property and the land where a third party—in this case, a private company—would develop a project of that scale, the assessment or approval of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento was not even requested. Under oath, that entity unequivocally stated that construction should not be allowed to continue until it had validated the site’s hydrogeological information. In other words, the original project was not submitted to SENARA for review, not even when doubts arose regarding the nature and status of the bodies of water in question. When those doubts arose, communication and the issuance of the precautionary measures occurred only among the respondent authorities, and only after the amparo action (amparo) had already been filed.

It is on that basis that the Court finds a violation of fundamental rights by the Municipalidad de Garabito, the Ministerio de Ambiente y Energía, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Accordingly, the action against those authorities must be granted, in accordance with the provisions of the Por tanto section of this decision.

XI.As regards the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, the amparo action must be denied because that authority has not yet been brought into the situation arising from the existence of the water springs on the referenced property. Nevertheless, the order specified in the operative portion of this judgment must be issued to it so as to ensure the proper involvement that must be afforded to this institution in cases of this kind.

This Chamber also finds that the company JAEA did not commit any violation of fundamental rights detrimental to the environment. In this regard, the record shows that the company complied with the opinions of the participating authorities and the permits granted by each of them. No direct constitutional harm to the environment is attributable to the company; rather, the harm was caused and brought about by the authorities that failed to coordinate properly among themselves and to bring SENARA into the proceedings as the entity responsible for issuing an opinion concerning water resources (recurso hídrico).

Finally, regarding the respondent company’s assertions that, in its view, the respondent authorities violated its fundamental rights, the appropriate course is for it, if it deems it appropriate, to submit its arguments or objections before whichever bodies it considers appropriate. Although those matters relate to the case now under review, they clearly fall outside the specific core and subject matter raised by the petitioners, which is what warrants this Chamber’s review through this amparo action.

XII.Documentation submitted to the case file. The parties are advised that, if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, they must retrieve them from the Court’s offices within a maximum period of 30 business days from the date notice of this judgment is served. Otherwise, any material not retrieved within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The action is partially granted, solely against the Municipalidad de Garabito, the Ministerio de Ambiente y Energía, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía; José Martínez Meléndez, special representative of the Mayor of the Municipalidad de Garabito; Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental; and Grettel Vega Arcea, Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, or whoever holds those positions, are ordered to establish the necessary coordination mechanisms so that, within a maximum period of FIVE DAYS from service of notice of this judgment, all documentation concerning the identification of the watercourses (cauces de agua) referenced in this judgment is forwarded to the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.

Patricia Quirós Quirós, Manager of the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, is likewise ordered to establish the necessary coordination mechanisms so that, within one month from receipt of the documentation that the aforementioned authorities must provide to her, SENARA issues a determination concerning the existence and nature of any possible watercourses around the construction project in question and any potential effects upon them, and communicates that determination to all institutions participating herein. Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretary of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, is similarly ordered, within a maximum period of one month from receipt of that study from SENARA, to issue the appropriate decision regarding the environmental viability granted to the construction project and to communicate it to all participating authorities. Finally, José Miguel Zeledón Calderón, Director of the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente y Energía; José Martínez Meléndez, special representative of the Mayor of the Municipalidad de Garabito; Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental; and Grettel Vega Arcea, Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, are ordered, within a maximum period of fifteen days from communication of the decision that SETENA must issue concerning the environmental viability of the construction project, to determine as appropriate whether to validate, continue, or suspend the project being undertaken by the company JAEA, as well as all measures issued in that regard.

They are warned that failure to comply with the aforementioned orders could constitute the offense of disobedience and that, pursuant to article 71 of the Ley la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo action that the person must comply with or cause to be complied with, and who fails to comply with it or cause it to be complied with, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State and the Municipalidad de Garabito are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this judgment, which shall be assessed in enforcement proceedings before the administrative litigation jurisdiction (contencioso administrativo). In all other respects, the action is denied. This decision shall be personally served upon the respondent authorities.

Fernando Castillo V.

Presiding Judge Paul Rueda L.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Mauricio Chacón J.

Ileana Sánchez N.

*9GIFBTMIN0Q61* Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Intake of matters involving vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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Revisión del Documento *190037290007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintitres de agosto de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo interpuesto por AARÓN HANSON CHAVES, cédula de identidad 0702390812, ADI MARÍA SEGURA VENEGAS, cédula de identidad 0204700403, ADILIA MARÍA MONGE CORTÉS, cédula de identidad 0109000214, ADOLFO CHINCHILLA, ADOLFO STUART LÓPEZ VILLARREAL, cédula de identidad 0117820314, ADRIÁN CASTILLO VENEGAS, ADRIANA ARIAS MEJÍA, ADRIANA DE LOS ÁNGELES GAMBOA CHAVES, cédula de identidad 0113910603, ADRIENNE AGUILAR, AGRIPINA ESMERALDA CENTENO CENTENO, cédula de identidad 0108440201, ALBA LUZ CASTILLO D, ALEJANDRA GAMBOA, ALEJANDRA MADRIGAL VENEGAS, cédula de identidad 0206340512, ALEJANDRO JOSÉ FLORES ILAMA, cédula de identidad 0304690524, ALEXANDER ENRIQUE MORA VÍLCHEZ, cédula de identidad 0107070805, ALFREDO ORTIZ SOLÍS, cédula de identidad 0202881265, ALFREDO VALERIO, ALLISON DE LOS ÁNGELES PARRALES GONZÁLEZ, cédula de identidad 0117210320, ALLISON MICHELLE FERNÁNDEZ LÓPEZ, cédula de identidad 0115940743, ALONSO LEÓN TREJOS, cédula de identidad 0604230834, ALVARO ROBERTO CORTÉS ÁLVAREZ, cédula de identidad 0604420551, ANA CRISTINA MOREIRA ESPINOZA, cédula de identidad 0115410212, ANA JULIA OBANDO, ANA LUCÍA FALLAS VILLEGAS, cédula de identidad 0115380213, ANA MARÍA B, ANA MARÍA SLON ROBLERO, cédula de identidad 0116680650, ANAIS DEL CARMEN MORA BERMÚDEZ, cédula de identidad 0205690503, ANALI BORELLI, ANDERSON ZÚÑIGA QUESADA, ANDREA MARÍA SALAZAR HERRERA, cédula de identidad 0112640243, ANDREA MASÍS PANIAGUA, cédula de identidad 0701640201, ANDREA TATIANA RODRÍGUEZ DUARTE, cédula de identidad 0116380855, ANDREA VICTORIA MARÍN CASTRO, cédula de identidad 0110840305, ANDRÉS FABRES, ANDREY C P, ANDREY JOSUE FALLAS RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0604110433, ÁNGEL GUILLERMO TAPIA MENA, cédula de identidad 0401800812, ÁNGELA DEL CARMEN ROMERO RIVAS, cédula de residencia 155815714818, ÁNGELA MANUELA ZÚÑIGA RIVAS, cédula de identidad 0106370039, ANGÉLICA MARÍA BLANDÓN BLANDÓN, cédula de residencia 155803253719, ANGELY MARIANA SALAS VALVERDE, cédula de identidad 0402480463, ANGIE CAMILA GALINDO VELASCO, cédula de identidad 0801050817, ANGIE SELEN CORDERO ARAYA, cédula de identidad 0112510166, ANNE CATRINNE JIMÉNEZ GAIRAUD, cédula de identidad 0113060063, APHRIL AGÜERO ORTIZ, cédula de identidad 0116480080, ARIANA CAROLINA GUTIÉRREZ ROQUE, cédula de identidad 0114270863, ARLYN CHAVES, ASHTON AGUILAR, BERNARDO MONGE BOLAÑOS, cédula de identidad 0108010939, BERNNY JAVIER MOREIRA ALFARO, cédula de identidad 0402220153, BETTY RICHARDS PECOU, cédula de identidad 0700590728, BLANCA ROSA DEL CARMEN LEÓN LEÓN, cédula de identidad 0601970066, BRANDON CHENG, BRENDA DEL CARMEN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, cédula de identidad 0207220470, BRYAN MILEX PORRAS DÍAZ, cédula de identidad 0604280488, BRYAN SEOL, CALVIN DOUGLAS ROJAS MONTERO, cédula de identidad 0111070958, CAMILO ANDRÉS WOODCOCK LÓPEZ, cédula de residencia 117000043316, CARLOS ADRIÁN SOTO VÍQUEZ, cédula de identidad 0402190815, CARLOS ARMANDO MONGE SOLANO, cédula de identidad 0112300220, CARLOS FRANCISCO SOLANO SOLÍS, cédula de identidad 0203070156, CARLOS JOSÉ CISNERO CHAVARRÍA, cédula de residencia 155809031917, CARLOS JOSÉ FLORES CHAVES, CARLOS LUIS ALPIZAR SANDÍ, cédula de identidad 0603930816, CARLOS LUIS CASTRO QUIRÓS, cédula de identidad 0502910942, CARLOS LUIS LACAYO BRENES, cédula de identidad 0603380450, CARLOS MAURICIO COTO COTO, cédula de identidad 0401580525, CARLOS MOREIRA C, CATALINA BADILLA ORTEGA, cédula de identidad 0110780894, CELESTE WALBURG, CHRISTIAN GERARDO SALAZAR GUERRERO, cédula de identidad 0110270573, CINDY JAZMIN CHAVARRÍA RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0603960505, CINTHYA MARÍA VILLALOBOS MADRIGAL, cédula de identidad 0108810543, CLAUDIA USUGA, CLAUDIO ANDRÉS VARGAS SIBAJA, cédula de identidad 0112840430, CRISTIAN DAVID MORENO DURÁN, cédula de identidad 0603840879, CYNTHIA MEJÍA GUZMÁN, cédula de identidad 0111590173, DAISY FONSECA ARGUEDAS, cédula de identidad 0105140969, DAISY ZAMBRANA SALINAS, cédula de identidad 0800400145, DALIA CECILIA MORALES BADILLA, cédula de identidad 0602700166, DANIA MARÍA VILLAGRA NÚÑEZ, cédula de identidad 0604030576, DANIEL ALBERTO DE JESÚS AZOFEIFA ARIAS, cédula de identidad 0203750749, DANIEL CORDERO LÓPEZ, cédula de identidad 0112750635, DANIEL MORAGA LEÓN, cédula de identidad 0112550174, DANIELA VALENCIANO, DANNY ENRIQUE LANZAS LÓPEZ, cédula de identidad 0111130478, DARLA IVANA MARIE MURILLO HENSON, cédula de identidad 0503800146, DARLING VALLEJOS R, otro tipo de identificación 489-061087.000K, DARWIN JOSÉ VINDAS, DAVID ALEJANDRO MONTERO MORA, cédula de identidad 0110810487, DAVID ANDRÉS MESA ARIAS, cédula de identidad 0801070597, DAVID ANTONIO MONTERO CAMPOS, cédula de identidad 0206060042, DAVID JOSÉ ÁLVAREZ MOLINA, cédula de identidad 0207260171, DAVID RICARDO JIMÉNEZ BENAVIDES, cédula de identidad 0205360366, DAVID RODOLFO PÉREZ MORERA, cédula de identidad 0204690498, DAVID VARGAS CHACÓN, DENIS ANTONIO CASTRO INCERA, cédula de identidad 0602090046, DENIS GERARDO CEDEÑO JIMÉNEZ, cédula de identidad 0114140394, DENNIS REYES CANO, DIANA IZQUIERDO, DICXI PATRICIA CONTRERAS LARA, cédula de identidad 0109770616, DIDIER JESÚS DE LOS ÁNGELES ESQUIVEL ALFARO, cédula de identidad 0401270204, DIDIER JOSEPH OBANDO ABARCA, cédula de identidad 0113420695, DIEGO, DILAN FERNÁNDEZ, DILAYSHA IVANNIA ESPINOZA ESPINOZA, cédula de identidad 0702380100, DOUGLAS GERARDO QUESADA VEGA, cédula de identidad 0602630929, DYLAN VARGAS, EDDY ANTONIO CUBILLO ARIAS, cédula de identidad 0112340135, EDDY GUSTAVO BERMUDEZ VARGAS, cédula de identidad 0112290402, EDGARDO HUETE, EDITH MARINA UMAÑA GONZÁLEZ, cédula de identidad 0108490478, EDUARDO J, EDWIN ANTONIO PÉREZ RAMÍREZ, cédula de identidad 0205200256, EDWIN ANTONIO SANDOVAL PÉREZ, cédula de identidad 0603480551, EDWIN GIOVANNI RONCANCIO BENÍTEZ, cédula de residencia 117002247229, EDWING JOEL, EDWING VARGAS CASCANTE, ELEANETH DE LOS ÁNGELES SANABRIA COTO, cédula de identidad 0114840012, ELENA VARGAS, ELIDA M JIRÓN RUIZ, ELIN JARQUÍN ROJAS, cédula de identidad 0402180017, ELISBET NÚÑEZ BRICEÑO, cédula de identidad 0602620164, ELIZABETH CAMBRONERO M, ELIZABETH DE LA TRINIDAD CASTILLO ALVARADO, cédula de identidad 0401040153, ELIZABETH MUÑOZ MORA, cédula de identidad 0113840093, ELSIE DANIELA SÁNCHEZ MURGA, cédula de identidad 0207590943, ELVIN FRANCISCO DE JESÚS PICADO RIVERA, cédula de identidad 0107720773, ELVIS FRANCISCO MARÍN CASTILLO, cédula de identidad 0702070443, EMERENCIANA IDELFONSA ALVARADO MENA, cédula de identidad 0900290999, EMMA RODRÍGUEZ UREÑA, cédula de identidad 0104081328, EMMANUEL OROZCO, ENIDIA DEL CARMEN CENTENO CENTENO, cédula de identidad 0602030295, ERICK ALBERTO ALVARADO BLANCO, cédula de identidad 0207760022, ERNESTO MORA PRADO, cédula de identidad 0115980526, ESTEBAN ALBERTO RODRÍGUEZ DOBLES, cédula de identidad 0205420910, ESTEBAN ENRIQUE SUAREZ RIVAS, cédula de identidad 0604120121, ESTEBAN MAURICIO GUZMÁN ZAMBRANA, cédula de identidad 0108580304, ESTEBAN RODRIGO CAMPOS ADAMIS, cédula de identidad 0114110401, ESTEFANO VENEGAS, ESTEISY DAYANA CALVO BARQUERO, cédula de identidad 0604580032, ETILMA JANETH SANCHO AGÜERO, cédula de identidad 0700880370, EUNICE MARÍA DE JESÚS PETERSEN GUTIÉRREZ, cédula de identidad 0105370456, EVELING MERCEDES URIARTE CARCAMO, cédula de residencia 155815295631, EVELYN MARÍA LEÓN CHACÓN, cédula de identidad 0603720644, FABIÁN DE JESÚS SANCHO VILLALOBOS, cédula de identidad 0206040889, FABIANA PAMELA AZOFEIFA PÉREZ, cédula de identidad 0116800923, FABIOLA COREAS AZOFEIFA, FABIOLA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ SEQUEIRA, cédula de identidad 0503870639, FERNANDO, FERNANDO NATHANIEL MATHIS CAMPOS, cédula de identidad 0116430237, FLOR MORALES JIMENEZ, FLORIBETH DE JESÚS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0204060102, FRANCIS HERNEY CALVO SILVA, cédula de identidad 0304780647, FRANCISCO FONSECA MONTERO, cédula de identidad 0205180814, FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS ALFARO, cédula de identidad 0109390034, FRANCISCO MATA MONTERO, cédula de identidad 0104040686, FRANK F, FRANKLIN MARTÍN COTO GAMBOA, cédula de identidad 0110890578, FREDDY FRANCISCO MORALES BERROCAL, cédula de identidad 0202940171, GABRIELA MARÍA MORA ARROYO, cédula de identidad 0205950253, GABRIELA MARÍA QUIRÓS SOLÍS, cédula de identidad 0113870998, GAUDY M SEVILLA, GEINOR JOSÉ MURILLO SANDÍ, cédula de identidad 0603820050, GENARO SANDÍ RAMÍREZ, cédula de identidad 0202590232, GEOVANNY A R, GEOVANY GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, cédula de identidad 0504010473, GERARDO ANTONIO GONZÁLEZ MELÉNDEZ, cédula de identidad 0204890315, GERARDO ROBLES O, GERLIN ROSMARY MONGE MORALES, cédula de identidad 0602770556, GILBERTO FUENTES CARBALLO, cédula de identidad 0401340029, GILBERTO J F, GIOVANNI ALBERTO CASCANTE PEREZ, cédula de identidad 0108840735, GIOVANNI JOSÉ TORRES GÓMEZ, cédula de identidad 0602920961, GREIVIN BOLÍVAR SÁNCHEZ MASÍS, cédula de identidad 0113490551, GREIVIN DE LOS ÁNGELES MORA BADILLA, cédula de identidad 0603600529, GREIVIN GUSTAVO CASTRO RÍOS, cédula de identidad 0602570107, GRISEL SALAS MORA, cédula de identidad 0603650132, GUILLERMO ESTEBAN AVILÉS VALVERDE, cédula de identidad 0112360773, GUILLERMO HERNÁNDEZ, GUILLERMO RÍOS QUESADA, cédula de identidad 0104970607, GUSTAVO ADOLFO MURILLO UGALDE, cédula de identidad 0205620578, GUSTAVO ADOLFO VARGAS GUERRERO, cédula de identidad 0108920707, GUSTAVO ARNOLDO QUESADA ROJAS, cédula de identidad 0107440873, HANZEL HERNÁNDEZ GODÍNEZ, HAROLD AZOFEIFA SALAZAR, cédula de identidad 0111830885, HEIDY DEL CARMEN DÍAZ DUARTE, cédula de identidad 0603620082, HERMES ASDRUBAL ALVARADO SIBAJA, cédula de identidad 0204260293, HEYSEL MARIELA RAMÍREZ GARCÍA, cédula de residencia 155825772516, ILEANA MARÍA ALPIZAR VARGAS, cédula de identidad 0112850712, ILEANA MARÍA D'ALOLIO SÁNCHEZ, cédula de identidad 0110510808, ILEANA MARÍA ORTEGA HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0105940998, ISABEL, ISABEL VÁSQUEZ VÁSQUEZ, cédula de identidad 0600600757, IVAN ANDRÉS ABARCA JIMÉNEZ, cédula de identidad 0116250816, IVÁN JOSUE QUESADA PÉREZ, cédula de identidad 0113240207, IVANNIA VENEGAS, IVETTE MONTERO MARÍN, cédula de identidad 0103560232, IVONE SUSANA NARANJO SEJIN, cédula de identidad 0801240523, JAHIR OBREGÓN GONZÁLEZ, cédula de identidad 0801100480, JAIME MARIO GONZÁLEZ DELGADO, cédula de identidad 0106430187, JAKSON ALBERTO SÁNCHEZ PRENDAS, cédula de identidad 0602200372, JARITZA LISSETH POLANCO M, JAVIER EDUARDO GARITA VENEGAS, cédula de identidad 0604400720, JAVIER IBARRA CRESPO, cédula de identidad 0112210616, JEFFERSON ANTONIO SÁNCHEZ PORRAS, cédula de identidad 0604320789, JEISON HUMBERTO FLORES BRENES, cédula de identidad 0603730650, JENIBETH MURILLO URBINA, JENNY JIMÉNEZ VARGAS, cédula de identidad 0104740578, JEREMY MEDINA MÉNDEZ, cédula de identidad 0603040583, JERLYN LETICIA NAVARRO ROJAS, cédula de identidad 0604050893, JESSICA CARMEN RIZO, JESSICA CHAVARRÍA, JESSICA VANESSA RODRÍGUEZ ACEVEDO, cédula de identidad 0701520802, JESUS PORRAS, JHONNY RODRIGO MONTOYA BLANCO, cédula de identidad 0603730821, JIMMY ALBERTO MORA BARQUERO, cédula de identidad 0205240306, JIMMY BARRETO, JIMMY PÉREZ HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0113290957, JOAN ALBERTO CASTRO SOLANO, cédula de identidad 0116830314, JOHNNY ALBERTO CHAVARRÍA VILLARREAL, cédula de identidad 0203470134, JONATHAN ANDRÉS ÁVILA SANDÍ, cédula de identidad 0113870959, JONATHAN JOSUÉ VELÁSQUEZ , cédula de residencia 155823232504, JONATHAN MARTÍNEZ, JONATHAN MATARRITA MATARRITA, cédula de identidad 0603420626, JONATHAN RODRÍGUEZ ORTEGA, cédula de identidad 0110790502, JORGE ALEXIS LARA FUENTES, cédula de identidad 0603770884, JORGE ARTURO PORRAS A, JORGE, JORGE EDUARDO ARIAS FONSECA, cédula de identidad 0106310523, JORGE ENRIQUE RUIZ MEZA, cédula de identidad 0207500178, JORGE ESPINAZ, JORGE LUIS HERRERA SOTO, cédula de identidad 0116200158, JOSÉ ADRIÁN CRUZ PRADO, cédula de identidad 0208480170, JOSÉ ALFREDO HERRERA RÍOS, cédula de identidad 0110430535, JOSÉ ANDRÉS QUESADA, JOSÉ ÁNGEL MONTOYA MONTOYA, cédula de identidad 0603920702, JOSÉ ANTONIO CASTRO FERNÁNDEZ, cédula de identidad 0108040448, JOSÉ ANTONIO SEGNINI MENA, cédula de identidad 0111480818, JOSÉ DANILO DE LOS ÁNGELES MONTERO PORRAS, cédula de identidad 0601510548, JOSÉ FERNANDO SALAZAR MONGE, cédula de identidad 0103640749, JOSÉ IGNACIO AZOFEIFA MORALES, cédula de identidad 0604080599, JOSÉ JUAN SÁNCHEZ, JOSÉ LEONARDO VARGAS RAMÍREZ, cédula de identidad 0115170027, JOSÉ LUIS MOLINA CASTRO, cédula de identidad 0601880840, JOSÉ MARÍA RUIZ GONZÁLEZ, cédula de identidad 0113310971, JOSÉ MIGUEL SANDOVAL CARRILLO, cédula de identidad 0602570755, JOSÉ NAEN QUESADA LEÓN, cédula de identidad 0604140281, JOSÉ PABLO GARITA BARAHONA, cédula de identidad 0603330422, JOSÉ RAFAEL ESPINOZA VALVERDE, cédula de identidad 0112350668, JOSÉ RICARDO JIMÉNEZ CAMPOS, cédula de identidad 0205630703, JOSÉ RICARDO MÉNDEZ VARGAS, cédula de identidad 0603440651, JOSELINNE NAYELI VALVERDE JARQUÍN, cédula de identidad 0604590230, JOSHUA STEVEN ACUÑA MONTENEGRO, cédula de identidad 0115160790, JOSSELYN TATIANA DELGADO VILLALOBOS, cédula de identidad 0604010449, JOSUE CAMPOS R, JOSUE DAVID MOLINA MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO QUESADA VEGA, cédula de identidad 0108050608, JUAN CARLOS SARRIA REYES, cédula de residencia 117000692014, JUAN GABRIEL CARMONA MONTERO, cédula de identidad 0603530070, JUAN PABLO VALVERDE VINDAS, cédula de identidad 0111650896, JUDITH FABIOLA COREAS AZOFEIFA, cédula de identidad 0604070452, JULIETA DEL SOCORRO SOTO OCAMPO, cédula de identidad 0204470945, JULIO REGINO DEL CARMEN MADRIGAL DÍAZ, cédula de identidad 0601250658, JULISSA FABIOLA SEQUEIRA DELGADO, cédula de identidad 0207690933, JULY ANDREA BRENES CORELLA, cédula de identidad 0112630410, JUNIOR ALFONSO PICHARDO TRUJILLO, cédula de identidad 0604630004, JUNIOR ANTONIO MORERA CHINCHILLA, cédula de identidad 0603100092, JUNIOR PORTUGUEZ, KAREN ANDREA PÉREZ HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0207060362, KAREN FABIOLA LÓPEZ MORA, cédula de identidad 0113400339, KARLA BEATRIZ JIMÉNEZ LOBO, cédula de identidad 0603880290, KARLA DE LOS ÁNGELES PICADO CHINCHILLA, cédula de identidad 0303490064, KARLA VANESSA HERNÁNDEZ ÁVILA, cédula de identidad 0503510762, KARLA VANESSA PERAZA MENA, cédula de identidad 0603490435, KARLA VANESSA ROBLES GARCÍA, cédula de identidad 0114270292, KAROL DE LOS ÁNGELES SANDÍ RÍOS, cédula de identidad 0110670809, KATHERINE YULIANA ALVARADO NAVARRO, cédula de identidad 0113850777, KATIA SOLÍS RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0205670064, KATTIA EUGENIA AGÜERO FLORES, cédula de identidad 0205000081, KAYLIN VANESSA PÉREZ GONZÁLEZ, cédula de identidad 0604550153, KERLYN OBANDO QUIRÓS, cédula de identidad 0116400018, KERRY FABIANA CORRALES GALAGARZA, cédula de identidad 0117090456, KEYLOR ANDRÉS MONGE QUIRÓS, cédula de identidad 0116830899, KIMBERLY TATIANA MORA FALLAS, cédula de identidad 0604330058, KRISSYA MURILLO HERRERA, cédula de identidad 0117860145, LAURA DE LA TRINIDAD RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0113350178, LEONARDO ESTEBAN CALVO SILVA, cédula de identidad 0305000485, LEYLA PÉREZ ALANIZ, LEYSI RUTENA BLANDON, LILIA LUISA DE LOS ÁNGELES SAMUDIO CASTILLO, cédula de identidad 0601180153, LILIETTE ESTEBANA JARQUÍN LÓPEZ, cédula de residencia 155826598515, LILLIANA CORRALES PADILA, LILLIANNA DE LOS ÁNGELES FALLAS VINDAS, cédula de identidad 0602710330, LINDSAY NATHALIA MONGE FALLAS, cédula de identidad 0604540995, LISETH VEGA PRENDAS, cédula de identidad 0604520538, LISSETTE DE LOS ÁNGELES SANDÍ AGÜERO, cédula de identidad 0604220090, LORENA DE LOS ÁNGELES AZOFEIFA SEGURA, cédula de identidad 0109190338, LUANA PAMELA WHITE QUESADA, cédula de identidad 0604200202, LUEMAR FARRER, LUIS ALBERTO FALLAS RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0603280214, LUIS ALONSO CUBERO SOLANO, cédula de identidad 0106740206, LUIS CARLOS ESPINOZA DELGADO, cédula de identidad 0603730680, LUIS DIEGO PANIAGUA CASTRO, cédula de identidad 0206660607, LUIS ESTEBAN JAEN GONZÁLEZ, cédula de identidad 0603450608, LUIS FERNANDO QUESADA HERRA, cédula de identidad 0204080219, LUIS FRANCISCO HERNÁNDEZ MADRIGAL, cédula de identidad 0205640779, LUIS GUILLERMO LORÍA CASTROVERDE, cédula de identidad 0603400859, LUIS MERON GONZÁLES, MAGALY CHACÓN FLORES, cédula de identidad 0113950426, MAGALY SEQUEIRA MEDRANO, cédula de identidad 0603100669, MANUEL ALEJANDRO CHINCHILLA QUIRÓS, cédula de identidad 0603740325, MANUEL IGNACIO DE LA TRINIDAD SIBAJA CORDERO, cédula de identidad 0303090949, MARBELLI DE LOS ÁNGELES CAMPOS ÁLVAREZ, cédula de identidad 0701110213, MARCO FUMERO, MARCO STEVEN VARGAS DURÁN, cédula de identidad 0112480831, MARCO TULIO DE LA TRINIDAD CENTENO CENTENO, cédula de identidad 0601800154, MARCOS TULIO JIMÉNEZ DELGADO, cédula de identidad 0603390498, MARGARITA MÉNDEZ, MARGINE DEL CARMEN ZAMORA TORREZ, cédula de residencia 155823899711, MARÍA ANALIVE DE LA TRINIDAD ESPINOZA MORALES, cédula de identidad 0601890622, MARÍA ELENA GONZÁLEZ MADRIGAL, cédula de identidad 0205960247, MARÍA ELSA ARIAS CASTRO, cédula de identidad 0602380849, MARIA EMILCE LÓPEZ JUÁREZ, cédula de identidad 0501520577, MARÍA ESTELA FERNÁNDEZ SEQUEIRA, cédula de residencia 155822472101, MARÍA FELICIA VÁSQUEZ ROJAS, cédula de identidad 0203150540, MARÍA FERNANDA RAMÍREZ ZAMORA, cédula de identidad 0114940204, MARÍA FERNANDA ROJAS ALVARADO, cédula de identidad 0114860394, MARÍA JENNIFER JIMÉNEZ MORA, cédula de identidad 0603280370, MARÍA JESÚS VALENCIANO, MARÍA JOSÉ CARVAJAL CASTRO, cédula de identidad 0111300515, MARÍA MARCELA PRENDAS ARIAS, cédula de identidad 0602300853, MARÍA MARGOT LEÓN CHACÓN, cédula de identidad 0109750068, MARÍA MILENA ARIAS ARGUEDAS, cédula de identidad 0205890824, MARÍA PAULA RAMÍREZ AGUILAR, cédula de identidad 0402330701, MARÍA ROXANA TREJOS MÉNDEZ, cédula de identidad 0602730606, MARÍA SHIRLEY RODRÍGUEZ ELIZONDO, cédula de identidad 0900920912, MARÍA STEFANNY MADRIGAL ZUMBADO, cédula de identidad 0115090474, MARÍA TERESA CHAVARRÍA, MARIANN MORA P, MARIBEL HAYDEE GARCÍA LÓPEZ, cédula de identidad 0111070507, MARIELA CASTILLO ARROYO, cédula de identidad 0800970270, MARIELA RÍOS MORALES, cédula de identidad 0207050674, MARIO ALBERTO ESQUIVEL CASTILLO, cédula de identidad 0205110335, MARIO ANTONIO ZAPATA TORRES, cédula de residencia 155817595119, MARLENE DE LOS ÁNGELES BADILLA RÍOS, cédula de identidad 0602590177, MARLON DE JESÚS DUARTE OCAMPO, cédula de residencia 155800713418, MARTA BEATRIZ TIJERINO RUIZ, cédula de identidad 0204540779, MARTA LUCÍA JARAMILLO HOYOS, cédula de identidad 0800900089, MARTA RODRÍGUEZ, MARTHA ROSA BRICEÑO, MARVIN ANTONIO PÉREZ PÉREZ, cédula de identidad 0109360537, MARVIN JOSUE BORBÓN INFANTE, cédula de identidad 0116760011, MARVIN STEVEN GUERRERO JIMÉNEZ, cédula de identidad 0603660460, MAURICIO CHINCHILLA VARGAS, cédula de identidad 0117110982, MAURICIO DANIEL LOZANO MONGE, cédula de identidad 0702060714, MAURICIO EDUARDO QUESADA HERNÁNDEZ, cédula de identidad 0109170607, MAURICIO GERARDO VALVERDE SALAZAR, cédula de identidad 0602830660, MAURICIO VÁSQUEZ PIZARRO, cédula de identidad 0108310997, MAYLIN RAQUEL VILLAVICENCIO VARELA, cédula de identidad 0604640402, MEIBEL ISABEL ALFARO FERNÁNDEZ, cédula de identidad 0604590462, MELVIN ENRIQUE PERALTA JUÁREZ, cédula de identidad 0700940525, MEYLIN DEL ROSARIO URIARTE ARGENAL, cédula de residencia 155810563315, MICHAEL CARMONA VARGAS, MICHAEL JOSÉ VARGAS GUZMÁN, cédula de identidad 0113220672, MICHELLE ALVARAN VARGAS, cédula de identidad 0119430883, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SOTO, cédula de identidad 0501820672, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SUAREZ, cédula de identidad 0801220088, MIGUEL ENRIQUE CORELLA BARRANTES, cédula de identidad 0601950165, MIGUEL JESÚS MORA BLANCO, cédula de identidad 0604390080, MIGUEL OVIDIO GERARDO ARIAS CALVO, cédula de identidad 0502170194, MINOR GONZÁLEZ FUENTES, cédula de identidad 0205170527, MISTER RAMBO CAMPOS DÍAZ, cédula de identidad 0701880199, MOLLY MORGAN, MÓNICA ANDREA ARISTIZABAL OCAMPO, cédula de identidad 0801010124, MONSERRAT CALDERÓN PALACIOS, cédula de identidad 0111830066, NADIA VICTORIA GONZÁLEZ PICADO, cédula de identidad 0111340512, NANCY LUCILA NÚÑEZ LÓPEZ, cédula de identidad 0503400053, NATALIA C. C., NATASHA MICHELLE ARLEY TREJOS, cédula de identidad 0604500110, NATASHA VILLAGRA N, NATHALIE ELIZONDO M, NAYDELIN YULIANA CASTRO AGÜERO, cédula de identidad 0604830014, NAYLAN JOSUE CARBALLO SOLÓRZANO, cédula de identidad 0604400629, NAYRON FABIÁN CARAVACA NÚÑEZ, cédula de identidad 0206990225, NAYUBEL CALVO MONTOYA, cédula de identidad 0110690090, NEFTALÍ MONCADA CORTÉS, cédula de identidad 0602390850, NICOLE VALVERDE ROJAS, cédula de identidad 0604330151, NIXON MAJONRRY JIMÉNEZ CÓRDOBA, cédula de identidad 0116440340, NOEL JINGLY CASTILLO FLETES, cédula de residencia 155808202708, NOEMI TOMAS GARCÍA, NOHELIA VALDEZ, NORMA CECILIA RÍOS SOLÍS, cédula de identidad 0601110422, NURIA VANESSA VALVERDE BARQUERO, cédula de identidad 0107840018, NURY MARÍA DEL CARMEN ALVARADO PÉREZ, cédula de identidad 0204390613, OLDEMAR DE LOS ÁNGELES PORRAS ROJAS, cédula de identidad 0602130637, OLGA LUCÍA RONCANCIO OLMOS, cédula de identidad 0800710516, OLMAN ANTONIO CHAMORRO, OLMAN SIN, ONAYRA CHAVEZ CH, ORLANDO DEL CARMEN SOLÍS JIMÉNEZ, cédula de identidad 0601410085, ORLANDO FRANCISCO SANDÍ CHAVES, cédula de identidad 0603760536, OSCAR ARTURO ROJAS ROJAS, cédula de identidad 0114720800, OSCAR DAVID RODRÍGUEZ QUESADA, cédula de identidad 0206330408, OSCAR FRANCISCO NÚÑEZ BRICEÑO, cédula de identidad 0603410245, OSCAR MARIO MONGE MESÉN, cédula de identidad 0107900490, OSVALDO ISMAEL DE JESÚS MADRIGAL ARGUEDAS, cédula de identidad 0105270918, PABLO ANDRÉS COSTE MURILLO, cédula de identidad 0113010349, PABLO ANDREY MARÍN CAMACHO, PAOLA ALEJANDRA CARABIA , cédula de residencia 103200009103, PATRICIA MARÍA FERNÁNDEZ CHAVES, cédula de identidad 0900410359, PHILIPPE ANDRÉ QUESADA JASSOUD, cédula de identidad 0901020771, RAFAEL ADRIÁN CALDERÓN LEÓN, cédula de identidad 0303650618, RAFAEL ÁNGEL MENA ADANIS, cédula de identidad 0204410423, RAMÓN REINALDO MONTERO AGUILAR, cédula de identidad 0106800951, RANDALL MAURICIO PITTY GONZÁLEZ, cédula de identidad 0603490895, RANDY DAVID OSES ESPINOZA, cédula de identidad 0205490980, RAQUEL SÁNCHEZ VILLALOBOS, RAÚL DELGADO GUTIÉRREZ, cédula de identidad 0111550618, REBECA JIMÉNEZ, REYNA INDIRA CHAVEZ GUTIÉRREZ, cédula de residencia 155820233111, ROBERTH MEJÍA, ROBERTO ANDRÉS LÓPEZ, cédula de residencia 155821443734, ROBERTO DORILIO MAYO GIL, cédula de identidad 0800830309, ROBERTO GERARDO CORTÉS ESPINOZA, cédula de identidad 0602570724, RONALD EDUARDO QUESADA ALFARO, cédula de identidad 0204520881, RONALD MAURICIO HERNÁNDEZ CALDERÓN, cédula de identidad 0110450641, ROSA ALBA MORA UMAÑA, cédula de identidad 0602530286, ROSIBEL OBANDO, ROXANA RODRÍGUEZ, ROY ELÍAS CASTILLO MATARRITA, cédula de identidad 0503640931, RULAMAN RAMÓN VILLAGRA RAMÍREZ, cédula de identidad 0601021356, RUTH ESTER LAINO ÁLVAREZ, cédula de identidad 0110110092, SANDRA PATRICIA VARGAS MORALES, cédula de identidad 0800850986, SARAY MARCELA VARGAS DURÁN, cédula de identidad 0111130582, SEBASTIÁN GARBANZO MUÑOZ, cédula de identidad 0115940259, SEGIO J F, SEIDI VALDIVIA, SERGIO EMERYK SEQUEIRA MARÍN, cédula de identidad 0106260785, SHEIDA PATRICIA SOLANO ORTIZ, cédula de identidad 0108310601, SHERLYN BARGANTA, SHERYL DIANA QUESADA VÍLCHEZ, cédula de identidad 0206870868, SHIRLEY MARÍA DE LOS ÁNGELES SALAS LÓPEZ, cédula de identidad 0204410230, SILVIA ELENA MATA MEZA, cédula de identidad 0304000389, SILVIA PATRICIA CENTENO RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0603790689, SILVIA PÉREZ VARGAS, cédula de identidad 0205190382, SLATER STWARTH ARAYA RIVERA, cédula de identidad 0208810829, STEFHANNY MARÍA MADRIGAL MÉNDEZ, cédula de identidad 0114250417, STEPHANIE ZORAIDA GAZO RIVERA, cédula de identidad 0112900569, SUSAN KELLY COLLINS SÁNCHEZ, cédula de identidad 0113530507, SUSAN WARDLE, TABITA MARÍA MARENCO CAMARENO, cédula de identidad 0107520040, VANESSA CALVO GONZÁLEZ, cédula de identidad 0107410780, VÍCTOR ÁNGEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, cédula de identidad 0106800475, VÍCTOR HUGO CHAVES JIMÉNEZ, cédula de identidad 0110450257, VICTORIA LOLITA PORRAS MUÑOZ, cédula de identidad 0113390379, VILMA CAROLINA ROQUE CAMBRONERO, cédula de identidad 0110370759, WAGNER VARGAS, WALNE ANTONIO PARRA ROJAS, cédula de identidad 0401710133, WALTER JESÚS ALVARADO MELÉNDEZ, cédula de identidad 0503040004, WARNER ANTONIO PORRAS SALAS, cédula de identidad 0107760517, WENDY ELENA ÁLVAREZ MÉNDEZ, cédula de identidad 0602920997, WENDY MANUELA HOOKER SANTAMARÍA, cédula de residencia 155825885031, WENDY SOLANO ORTIZ, cédula de identidad 0110230089, WILBERT JEANPOL JIMÉNEZ ARIAS, cédula de identidad 0604600796, WILFRIDO DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ JIMÉNEZ, cédula de identidad 0114600301, WILLIAM CALVO VILLEGAS, cédula de identidad 0103850400, WILLIAM DANIEL ACOSTA CALDERÓN, cédula de identidad 0113460723, WILLIAM DELGADO, WILLIAM WILTON CORTÉS, XENIA MARÍA HERRERA MURILLO, cédula de identidad 0203020856, XINIA MARÍA GARITA AGUERO, cédula de identidad 0108310911, XIOMARA FERREIRA TORRES, cédula de identidad 0800890400, YANAIRA DE LOS ÁNGELES TREJOS MÉNDEZ, cédula de identidad 0603800688, YANITSA CEBALLO LAGUM, YASEEI ROMERO ZELEDÓN, YOHAN SANDÍ ARAUZ, cédula de identidad 0109800614, YOLANDA VALENCIANO, YORHAN GUILLERMO MADRIZ ZÚÑIGA, cédula de identidad 0603770617, YORHANY CHACÓN BARAHONA, cédula de identidad 0602870178, YUANI HERNÁNDEZ CORDERO, cédula de identidad 0109260324, YURLANDI BUBERTH MOLINA, cédula de identidad 0206700774, YUSTIN ZULEMA CASCANTE RUBÍ, cédula de identidad 0604380271, ZAILYN VANESSA BERROCAL CORDERO, cédula de identidad 0604140824 y ZUGETCY SUSANA LEITÓN CERDAS, cédula de identidad 0112110329, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, EL SERVICIO NACIONAL DE RIEGO Y AVENAMIENTO, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL y la MUNICIPALIDAD DE GARABITO.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:14 horas del 4 de marzo de 2019, los recurrentes interpusieron recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Municipalidad de Garabito. Manifiestan que la Municipalidad de Garabito otorgó el permiso de construcción No. PC-4364-2019 a la sociedad mercantil JAEA S.A., con cédula jurídica No. 3-101-027172, para la explotación de la finca del Partido de Puntarenas No. 6-0149667-000, ubicada en el distrito de Jacó. Agregan que el 2 de octubre de 2018, la SETENA otorgó la respectiva viabilidad ambiental. Mencionan que desde el 22 de febrero de 2019, la empresa desarrolladora inició la corta, marcación y envenenamiento de árboles en la propiedad. Explican que para obtener los permisos respectivos, la sociedad inscribió en el 2015, un nuevo plano del terreno en el que no se consignó unas de las quebradas señaladas en el plano No. P-885950-2003, la cual según oficio de la Dirección de Aguas del MINAE No. DAUHTPCOSR-0059-2019, corresponde a una naciente intermitente que da inicio a un cauce.Comentan que los Departamentos de Construcciones-Servicios Técnicos y Gestión Jurídica, ambos de la Municipalidad de Garabito, recomendaron suspender las obras, mientras se obtenía una resolución vinculante de la Dirección de Aguas. No obstante, el Alcalde ha hecho caso omiso y por su parte, el Concejo no ha ejercido sus funciones de control y fiscalización. Producto de lo anterior, los movimientos de tierra en las quebradas han continuado. Consideran que el otorgamiento del permiso de construcción y la viabilidad ambiental al proyecto evidencian una burla a los principios preventivo y precautorio, ya que existen hechos irrefutables sobre la existencia de la naciente. Estiman que la continuidad de las obras que afectan la naciente y los árboles espaveles, puede causar un daño irreversible, motivo por el cual solicitan la intervención de este Tribunal. Solicitan se declare con lugar el recurso.
  2. 2Por resolución de Presidencia de las 10:54 horas del 8 de marzo de 2019, se solicitó informe al Alcalde y al Presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de Garabito; al Director y al Jefe de la Unidad de Gestión del Recurso Hídrico, ambos del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento; al Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; y al Director de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía.
  3. 3Por escrito recibido mediante correo electrónico el 11 de marzo de 2019, los recurrentes realizaron manifestaciones adicionales.
  4. 4Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de marzo de 2019, informó bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, en calidad de Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía. Comenta que de conformidad con la cartografía hoja Herradura 32441, escala 1:50 000, no se tiene documentación cartográfica concordante con el cuerpo de agua alegado por los recurrentes. Indica que revisados los archivos de dictámenes de cuerpo de agua, del Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamiento de Aguas y Cauces, se encontraron antecedentes asociados al caso. Señala que se localizó el oficio No. IMN-DA-1796-06 del 5 de julio de 2006, elaborado por el Subdirector de la Dirección de Agua, quien manifestó que el cuerpo de agua encontrado en la propiedad cuyo plano de catastro es 6-834899-1989, lo identificaba como un canal de aguas pluviales y servidas, consecuentemente descrito como cuerpo de agua no correspondiente a un cauce del dominio público.Asimismo, se localizó el informe técnico No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 de 20 de marzo de 2018, el cual mantiene el criterio que se trata de un canal pluvial y de aguas servidas, debido a que en aguas arriba del tramo analizado, el flujo de agua se encontraba entubado recibiendo el aporte de viviendas y comercios. En dicho informe, se consideró la posible existencia de una naciente intermitente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.192, pero durante la verificación de campo no se observó agua discurriendo en las cercanías, por lo que, al no existir evidencia nueva, se mantuvo el criterio señalado en el oficio No. IMN-DA-1796-06. Acota que mediante oficio No. PSCCI-032-2018, suscrito por un funcionario de la Municipalidad de Garabito, se solicitó un nuevo dictamen sobre cuerpo de agua ubicado en la finca 149667-000, con plano catastrado 6-01849709-2015, la cual se ubica en frente de la Municipalidad.Para ello, se coordinó con funcionarios de la Municipalidad de Garabito y se realizó la inspección, así como una nueva valoración por parte de la Dirección de Agua. Dicha visita, se realizó en las primeras semanas de la época seca del país, conforme período definido por el Instituto Meteorológico Nacional. Precisa que de dicha inspección, se generaron los informes técnicos No. DA-UHTPCOSR-0059-2019 y DA- UHTPCOSJ-0440-2019, en los cuales se concluyó que: “Se dictamina una naciente intermitente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.215 (Sistemas de Coordenadas Costa Rica Lambert Norte)”. “Se dictamina una quebrada en el tramo indicado entre las coordenadas latitud 177.910 y longitud 468.125 y las coordenadas latitud 177.179 longitud 467.915, que atraviesa entubada la calle pública al contado norte de la Municipalidad, transcurre dentro de la propiedad del edificio Municipal, hasta salir del entubamiento en el costado sur de la propiedad de JABA S.A. (plano catastro No. 6-01849709-2015) hasta la quebrada Usa”.Señala que los dictámenes no son resolutivos y no implican un permiso o autorización por sí mismos. Conforme lo anterior, la Jefatura de la Unidad Hidrológica Tárcoles, a la que le corresponde atender la zona de Jacó, mediante oficio No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 del 5 de marzo de 2019, emitió una orden de cese de actividades sobre la quebrada, toda vez que se está a la espera de un nuevo dictamen. Ahora bien, en vista que se tienen dictámenes diferentes sobre la misma propiedad y zona de estudios, mediante oficio No. DA-0326-2019, se solicitó a la Unidad Hidrológica Térraba Pacífico Sur y a la Unidad Hidrológica San Juan, ambas pertenecientes a la Dirección de Aguas del MINAE, que procedieran a realizar de manera conjunta un estudio y análisis, conforme a la Guía Interna de Apoyo para dictamen de Cuerpo de Agua, oficializado según oficio No. DA-563-2017 del 13 de junio del 2017, y así dictaminar con certeza científica, el tipo y características del cuerpo de agua en cuestión. Lo anterior, se solicitó el 8 de marzo de 2019, para emitir criterio definitivo en 8 días plazo. Solicita se declare sin lugar el recurso.
  5. 5Por escrito recibido vía fax el 18 de marzo de 2019, informó bajo juramento Rafael Tobías Monge Monge, en su condición del Presidente del Concejo Municipal de la Municipalidad de Garabito. Manifiesta que como órgano colegiado y político no otorga los permisos de construcción, pues los mismos son de carácter administrativo. Solicita se declare sin lugar el recurso.
  6. 6Por escrito recibido mediante correo electrónico el 18 de marzo de 2019, informó bajo juramento José Martínez Meléndez, en su condición de apoderado especial del Alcalde de la Municipalidad de Garabito. Explica que el 21 de febrero de 2019, el Proceso de Servicios Técnicos de la Municipalidad recurrida, otorgó el permiso de construcción No. PC-4364-2019, por medio del cual autorizó a la empresa denominada JAEA S.A., que construyera una obra civil en el inmueble inscrito en el Registro Nacional en el partido de Puntarenas, folio real matrícula No. 149.667-000, ubicada en Jacó, frente a la Municipalidad de Garabito. El área total de construcción autorizada es de 1472 metros cuadrados. Comenta que para el momento en que se otorgó el permiso de construcción, la empresa JAEA contaba con la resolución No. SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-0-121-2018, dictada en el expediente administrativo PC-PC02-IF-00194-2017 de las 10:40 horas del 10 de julio de 2018, donde se indicó: “PRIMERO: Aprobar la corta y aprovechamiento por medio de la modalidad de Inventario Forestal en área urbana de 24 árboles con un volumen del 146.510 m3 a nombre de JAEA Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-02712, representada por Fernando Chavarría Ardón, cédula de identidad IT 2-0174-0354, en la finca folio 149.667- 000, Plano Castratado P-1849709-2015, con un área de 0.7650has, ubicada en Jaco, distrito, Jaco, cantón Garabito, provincia Puntarenas, Hoja Cartográfica Herradura 32441, coordinadas verticales 394-395 y horizontales 395-396”.Por otro lado, contaba con el permiso de construcción a la empresa, según oficio No. DA-UHTPCQSR-0061-2018, de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, que en la parte conclusiva señaló: “En conclusión una vez revisada la Cartografía, el Registro Nacional de Dictámenes sobre Cuerpos de agua que lleva esta Dirección, además inspecciones realizadas al sitio del suscrito y también habiendo analizado con el Ing. José Joaquín Chacón los planos catastro NT P-1849709-2015, No. 8384899-89 y el oficio No. IMN-DA-1796-06, se determinó que el cuerpo de agua en estudio que va desde la coordinada latitud latitud (sic) 177-196 y longitud 468.057 y continua hasta llegar en el cauce de la quebrada Lisa en la coordenada latitud 177.181 y longitud 467.912 es un canal por donde discurren aguas pluviales y servidas, por lo tanto no es un cauce de dominio público”. Además, tenía la resolución de ubicación de la Municipalidad recurrida, la cual señaló que la condición del uso solicitado era conforme con la construcción de locales comerciales, documento válido hasta el 23 de noviembre de 2019.Agrega que mediante oficio No. IMN-DA-1796-06 del 5 de julio de 2006, se indicó que: “De acuerdo con nuestro Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de Aguas y Cauces, la Base de Datos del Recurso Hídrico, Inspección realizada el día 29 de junio del 2006 e información cartográfica, el cauce descrito no corresponde a un cauce de dominio”. Asimismo, la empresa JAEA S.A., contó con el permiso de construcción de la Municipalidad de Garabito, mediante resolución del Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Ambiental de las 11:25 horas minutos del 23 de octubre de 2018, en la cual, se amplía la vigencia del D1, otorgado al proyecto de Centro Comercial en Jacó, a desarrollar por JAEA S.A., eso en el inmueble frente a la Municipalidad de Garabito. Comenta que el 21 de noviembre de 2018, la empresa subsanó los defectos requeridos para el permiso de construcción. Por oficio No. DA-UHTPCOSR-0059-2019 del 28 de febrero de 2019, la Dirección de Agua del Ministerio del Ambiente y Energía ratificó que el cuerpo de agua alegado, no era un cauce de dominio público.Señala que al momento de otorgarse el permiso de construcción No. PC 4364, se contaba con la certeza técnica y jurídica, que no se trataba de un cuerpo de agua de dominio público que transcurría al costado norte de la finca No. 6-149.667-000, donde se pretende desarrollar el Centro Comercial. Bajo esa inteligencia, no existiendo elementos que demostraran que ese cuerpo de agua era un cauce de dominio público, incluso, existiendo las autorizaciones respectivas para la tala de los árboles existentes en el inmueble, se procedió a otorgar el permiso de construcción indicado. Precisa que cuando los actos constructivos se estaban ejecutando, se le comunicó una consulta realizada el 3 de agosto de 2018, de la cual no se tuvo conocimiento hasta principios de marzo de 2019. Al estudiar la consulta no logró determinar la existencia de elementos científicos que hicieran pensar que efectivamente, se tratara de un cauce de dominio público, por cuanto se fundamentó básicamente en que existía un plano antiguo que indicaba que el cauce en cuestión, correspondía a una quebrada.Sin embargo, el mismo había sido modificado en el año 2015, en el cual la quebrada ya no se incluyó, basándose en un dictamen del MINAE, que indicaba que no se trataba de un cauce de dominio público, por lo tanto no se tomó ninguna resolución contraria al permiso de construcción No. PC 43654. Por otro lado, el 1° de marzo de 2019, el Departamento Legal emitió un pronunciamiento en torno al oficio No. ST 067-2018-FS-I, en el cual se afirmaba que existía una incertidumbre sobre la naturaleza pública del cauce, por lo que, se debía de proceder a establecer una medida cautelar de paralización de obras, con base en el principio indubio pro natura, sin aportar elementos que en ese momento hicieran dudar de la existencia o no de un cauce de dominio público. Y es que, los elementos probatorios que se tuvieron para otorgar el permiso de construcción fueron muy claros, que no era un cauce de dominio público, y no se tenía por qué dudar de las pruebas en poder de la Municipalidad.Afirma que mediante oficio No. ST-070-2019-FS-l del 6 de marzo de 2019, de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, se les comunicó la existencia de un flujo de agua natural separado del aporte de aguas servidas del cauce del tramo entubado. Ahora bien, con dichos elementos se creó una nueva situación jurídica, donde en apariencia, existía realmente un cauce de dominio público. Sin embargo, se debe considerar que ese dictamen emitido por la Dirección de Aguas es un criterio técnico sobre la caracterización de un cuerpo de agua, que se emite conforme a tiempo, espacio y condiciones dadas en la evaluación, e incluso, según se ha informado, se realizó una nueva inspección posterior para tomar una decisión final sobre la naturaleza pública o no del cuerpo de agua en cuestión, de la que aún no se han dado los resultados. Eso ratifica la incertidumbre científica sobro el particular.Debido lo anterior, indica que se procedió a declarar una medida cautelar de suspensión del permiso de construcción No. PC 4364, otorgado a la empresa JAEA Sociedad Anónima. Solicita se declare sin lugar el recurso.
  7. 7Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 21 de marzo de 2019, informaron bajo juramento Patricia Quirós Quirós, Gerente General, y Roberto Ramírez Chavarría, Director de la Dirección de Gestión e Investigación Hídrica, ambos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento. Indican que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento no fue consultado sobre el proyecto alegado. Aclaran que no existe en la base de datos de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, algún trámite de consultas a SENARA, ni ninguna solicitud de dictamen detallado sobre el caso concreto. Precisan que ante el SENARA no se ha iniciado o tramitado estudio hídrico o gestión alguna relacionada con el presente caso, por lo cual, no es posible determinar si el proyecto cumple con los términos de referencia establecidos por SENARA para la elaboración de estudios de zonas de protección de nacientes.Señalan que con base en el estudio técnico sobre un cuerpo de agua, elaborado por funcionarios de la Dirección de Aguas del MINAE, se acreditó que en el sitio del proyecto en el plano catastrado No. 6-01849709-2015, concretamente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.215, existía una naciente intermitente. Se dictaminó una quebrada en el tramo indicado entre las coordenadas dichas, la cual atraviesa entubada la calle pública al costado norte de la Municipalidad de Garabito. Arguyen que en virtud del principio precautorio que impera en materia ambiental, hasta tanto SENARA no valide la información hidrogeológica del sitio, lo que conlleva a que el desarrollador deba requerir un estudio hidrogeológico, a fin de determinar el radio de protección adecuado científicamente para la naciente, no se debe permitir la prosecución de la construcción. Solicitan se declare sin lugar el recurso en su contra.
  8. 8Por escrito recibido mediante el Sistema de Gestión en Línea el 1° de abril de 2019, informó bajo juramento María Celeste López Quirós, en su condición de Secretaria General ad hoc, de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Manifiesta que sobre el proyecto Centro Comercial en Jacó, el 27 de febrero de 2007, se recibió en un documento de Evaluación Ambiental (D1), presentado por el representante legal de JAEA S.A., al cual se le asignó el expediente administrativo No. D1-204-2007-SETENA. El área del proyecto se ubica en la Provincia de Puntarenas, Cantón Garabito, Distrito Jacó, en la Finca Partido de Puntarenas, matrícula No. 149667-000, con el plano catastro P-885950-2003. Indica que en el plano aportado en su momento por el desarrollador del proyecto, se reflejaban las quebradas indicadas por los recurrentes. Ahora bien, mediante la resolución No. 2775-2008-SETENA del 30 de septiembre de 2008, se aprobó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y se otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto.En el por tanto sétimo se indicó a la sociedad JAEA S.A. “(...) que la Viabilidad Ambiental, sólo contempla lo indicado en la descripción del proyecto y el diseño presentado (que se adjunta en el Formulario D1 y en el Plan de Gestión Ambiental”. Señala que mediante resolución No. 2322-2018-SETENA del 2 de octubre de 2018, lo que se aprobó fue una prórroga a la vigencia de la viabilidad ambiental para el proyecto Centro Comercial en Jacó, y no la viabilidad ambiental como lo alegaron los accionantes. Agrega que el plano fue actualizado en el 2015, sin embargo, no fue el utilizado para otorgar la viabilidad ambiental. Aclara que al otorgar el permiso, se tenía conocimiento de los cuerpos de agua existentes en el área del proyecto, de manera que es una condición obligatoria de cualquier proyecto afectado por los mismos, el respetar los retiros o áreas de protección según lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal.Aunado lo anterior, todo proyecto que desee desarrollarse debe respetar los cuerpos de agua y sus áreas de retiro, razón por la cual SETENA no autoriza ningún proyecto en el que no se respete lo estipulado por la Ley. Por otro lado, es obligación de los interesados obtener en forma posterior todos los permisos correspondientes, incluyendo permisos de tala, aguas o municipales. Adiciona que dentro de las labores de seguimiento ambiental, el 13 de marzo de 2019, se realizó una visita, donde se determinó que: “Al momento de la inspección el proyecto se encontraba realizando un relleno de la propiedad con una cuota de 1 m aproximadamente. El Área de Proyecto (AP) se encontraba rodeada con una cerca perimetral de sarán, que evita que se produzca un impacto negativo por polvo a las propiedades vecinas. En la inspección se evidenció que los árboles que se ubican dentro de la propiedad no han sido cortados, aunque se cuenta con los permisos de corta emitidos por SINAC.En la inspección se evidenció la presencia de una canal natural que se ubica en la parte trasera de la propiedad, en donde se observó que las construcciones que colindan a éste desfogan sus aguas grises. Durante la inspección se percibió un olor fétido proveniente de las aguas que discurren por el canal natural que se ubica en la parte trasera de la propiedad. El proyecto cuenta con cabañas sanitarias para el manejo de las aguas residuales producidas durante la etapa constructiva del proyecto. Al momento de la inspección se observó que el proyecto contaba con el rótulo informativo solicitado por la SETENA”. Agrega que mediante el informe técnico No. IT-DT-ASA-0159-2019, se estableció que el proyecto Centro Comercial Jacó, expediente administrativo No. D1-204-2007-SETENA, se encuentra cumpliendo con los compromisos ambientales, así como con los instrumentos de control y seguimiento ambiental (garantía ambiental se encuentra al día, por lo que se solicitó la habilitación de la bitácora). Solicita se declare sin lugar el recurso.
  9. 9Por escrito de 10 de junio de 2019, la parte recurrente amplió el recurso de amparo. Expone que "(...) por este medio amplío el recurso de amparo de marras en contra de la resolución SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-049-20l9 de las diez horas quince minutos del día veintidós de abril del 2019, firmada por funcionario Luis Picado Cubillo en su condición de Jefe Oficina Sub Regional Esparza Orotina a.i. del SINAC, la cual autoriza la corta de 24 árboles a la sociedad JAEA Sociedad Anónima cédula jurídica 3-101-027l72, representada por Fernando Chavarría Ardón cédula de identidad No. 201 74-0354. PRIMERO: Que dicha resolución confirma en el punto Sexto que el cauce que atraviesa la propiedad folio real Puntarenas 149667-000 identificada con el plano catastrado 1849709-2015 es de dominio público. SEGUNDO: Que al no existir una declaratoria de interés público y por estar los árboles dentro del cauce de dominio público se está permitiendo disponer de bienes del Estado a un particular lo cual presuntamente en caso de confirmarse, podría constituir el delito de peculado.TERCERO: Que en fecha 5 de marzo del 2019 mediante oficio DA-UHTPCOSJ-04479019 se le previene a Fernando Chavarría Ardón en su condición de representante de la sociedad supra citada cesar toda actividad sobre el cauce de la quebrada y retornar ésta a su condición original. CUARTO: Siendo que en este momento procesal se pretende determinar la ubicación original del cauce de dominio público que presuntamente fue alterado por Chavarría Ardón, y la existencia de una naciente, se considera un acto absolutamente nulo que en medio de un análisis exhaustivo que pretende hacer la Sala Constitucional, una dependencia del MINAE, sea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación Pacífico Central, otorgue un permiso de corta de árboles, contraviniendo todos los esfuerzos que hace esta Autoridad con el fin de llegar a conclusiones objetivas. QUINTO: Que el SINAC en su afán de dar apariencia de legalidad a la urgente autorización de corta de árboles. fundamenta la resolución en: A. Artículo 34 de la Ley Forestal No. 7575 alegando un franja de protección de 10 metros.La pregunta es 10 metros a partir de dónde. De donde se encuentra el cauce en este momento gracias a las maniobras de desviación que hizo el particular O. B. Diez metros a partir de la ubicación del cauce original. Ante estas variables, que todavía no han arrojado certeza científica la vía prudente es suspender los efectos de la resolución que permite la corta de árboles, hasta que se logre certeza, privilegiando, aunque temporalmente, el principio pro natura ante el principio de propiedad privada. Es evidente que la resolución del SINAC opta por privilegiar el principio de propiedad privada apartándose del procedimiento para la definición de las áreas de protección dispuesto en el artículo 33 de la Ley Forestal y pronunciamiento de la Procuraduría General de la República CI 10-2004 de fecha 16 de abril del 2004, artículos 148 y 149 Ley de Aguas. SEXTO: Así mismo el SINAC en el punto Octavo de la resolución de marras, aduce que el particular interesado en obtener la autorización de corta aportó documentos, que ofrecen la lista de árboles y que se encuentran según estos documentos fuera de los 10 metros del área de protección.Volviendo al punto anterior, persiste la duda de a partir de dónde se miden los 10 metros. Es lógico pensar que el particular interesado en cortar los árboles va a decir que es 10 metros a partir del cauce desviado. Situación que debe analizarse objetivamente, para que entonces se determine si el panicular Chavarría Ardón está aprovechando árboles que le pertenecen al Estado por estar en el cauce de dominio público. Por lo anterior se solicita a la Sala Constitucional ampliar el recurso de amparo en contra de la resolución supra citada del SINAC, y ordenar como medida cautelar urgente que se suspendan los efectos de la orden de corta de árboles emitida por el SINAC, efectos que en este momento se están ejecutando con la corta efectiva de las especies. Así mismo. se solicita a la Sala Constitucional que requiera un informe a la Sra. Yamileth Astorga, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Acueductos y Alcantarillados quien participó activamente in situ en contra de los hechos de corta árboles que se dio el viernes 24 de Mayo de los corrientes, situación que se le notificó a la Sala según acta de observación policial aportada al proceso".
  10. 10Mediante auto de las 15:23 horas de 10 de junio de 2019, se amplió el recurso y se solicitó informe al Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
  11. 11Por resolución de las 15:29 horas de 10 de junio de 2019, se solicitó prueba para mejor resolver al Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía.
  12. 12Por memorial presentado en la Secretaría de la Sala el 13 de junio de 2019, rindió informe bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, Director de Agua del MINAE. Advierte que "La solicitud de la Sala Constitucional consiste en el resultado del estudio requerido el 8 de marzo de 2019, en razón de las afirmaciones que siguen: "(...) en vista que se tienen dictámenes diferentes sobre la misma propiedad y zona de estudios, mediante oficio No. DA-0326-2019, se solicitó a la Unidad Hidrológica Térraba Pacífico Sur y a la Unidad Hidrológica San Juan ambas pertenecientes a la Dirección de Aguas del MINAE, que procedieran a realizar de manera conjunta estudios y análisis, conforme a la Guía Interema de Apoyo para dictamen de Cuerpo de Agua oficializado según oficio N°DA-563-201 7 del 1 3 de junio del 2017 y así dictaminar con certeza científica, el tipo y características del cuerpo de agua en cuestión.El resultado de los estudios solicitados el 8 de marzo, se muestran en el informe técnico DA-UHSAN-0197-2019 de 25 de marzo de 2019, generado por técnicos de las dos Unidades Hidrológicas a las que se requirieron los estudios, dirigido al suscrito, el cual está sustentado de manera amplia en verificación de campo y la Guía Interna de Apoyo para dictamen de cuerpo de agua, el cual concluye puntualmente lo siguiente: • La Fuente 1 dictaminada en el presente informe coincide con el criterio de la fuente 1 dictaminada en oficios DA-UHTPCOSJ-04402019 y DA-UHTPCOSR-0059-2019, por Io que se concluye que se mantiene el criterio de la misma, siendo así Naciente Sin Nombre, cuerpo de agua de dominio público de carácter intermitente. • La Fuente 2 dictaminada en el presente informe, coincide con el criterio de la fuente 2 dictaminada en oficios DA-UHTPCOSJ-04402019 y DAUHTPCOSR-0059-2019 por lo que se concluye que se mantiene el criterio de la misma siendo así Quebrada Sin Nombre cuerpo de agua de dominio público, en el tramo 1 carácter intermitente, en el tramo 2 no fue posible determinar el carácter, tramo 3 carácter permanente. Se adjunta el informe técnico DA-UHSAN-0197-2019 del 25 de marzo de 2019, en su totalidad, el cual corresponde al estudio solicitado por la Sala Constitucional y en oficio DA0326-2019".
  13. 13Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 28 de junio de 2019, rindió informe bajo juramento Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, refiere que se allana al informe que rindió en su momento, toda vez que lo atinente a la ampliación de hechos formulada por la recurrente, no se encuentra dentro de sus competencias.
  14. 14Por escrito remitido vía correo electrónico el 1° de julio de 2019, informó bajo juramento Grettel Vega Arcea, Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Apunta que según el oficio SINAC-ACOPAC-DRFVS-066-2019 de 28 de junio de 2019, se concluyó que en la resolución SIANC-ACOPAC-OSREO-RES-049-2019 no se autorizó la corta de 24 árboles de la Sociedad JAEA, sino que lo que se autorizó fue la corta de 9 árboles, los cuales se encuentran fuera del Área de Protección de la Quebrada. Agrega que desde el momento en que inició la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal, a finales de 2017, el cauce de la quebrada no ha sido desviado, y en la inspección de 8 de marzo de 2019, tanto el cauce como el resto del terreno estaban intactos, siendo que el cauce se describía como una línea recta. Manifiesta que lo que estaba realizando el personal contratado por la sociedad JAEA, fue rellenar el terreno a una altura de aproximadamente 50 centímetros, además, se midió la distancia existente entre el margen derecho de la quebrada para determinar el área de protección para su retiro correspondiente y se marcaron los puntos a lo largo, y en forma paralela, del margen derecho.Explica que posteriormente, se solicitó al encargado de la obra que respetara el área descrita y que se retiraran algunas herramientas y otros implementos que se encontraban dentro de los 10 metros del cauce, lo cual fue acatado de inmediato. Menciona que el expediente administrativo es claro al indicar que los permisos otorgados siempre se han ajustado a Derecho. Solicita se declare sin lugar el recurso.
  15. 15Por memorial incorporado al Sistema de Gestión en Línea el 3 de julio de 2019, la recurrente Vanessa Calvo González, esgrime que en relación con el dictamen DA-07554-2019 de 12 de junio de 2019 de la Dirección de Agua del MINAE, se confirma la existencia de una naciente. Reitera la irregularidad de la actuación del desarrollador, sin tomar en cuenta la afectación al medioambiente. Solicita se resuelva de conformidad.
  16. 16Por resolución de las 11:44 horas del 12 de julio de 2019, se dio traslado a Fernando Chavarría Ardón, Presidente de JAEA S.A.
  17. 17Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 8 de agosto de 2019, informó Fernando Chavarría Ardón, Representante legal de JAEA Sociedad Anónima. Manifiesta que la Municipalidad de Garabito otorgó los permisos de construcción a su representada, en virtud que ésta cumplió con todos y cada uno de los requisitos de Ley. Aclara que la fecha correcta en la cual se otorgó la Viabilidad Ambiental es el 30 de septiembre de 2008, eso, mediante la resolución No. 2775-2008-SETENA. Posteriormente, por determinación No. 2322-2018-SETENA del 2 de octubre de 2018, se procedió a prorrogar la Viabilidad Ambiental por un año más. Señala que su representada inició la ejecución del proyecto el 25 de febrero de 2019, con la preparación del terreno, instalación del sarán a lo largo del perímetro de la propiedad, instalación de casillas sanitarias para los empleados, la tenencia de aserrín para atender un eventual derrame de combustible de la maquinaria (lo cual no llegó a suceder), y el movimiento de tierras para la preparación del terreno.En dicha fecha, no se procedió con la corta de ningún árbol, en virtud que los permisos de corta estaban vencidos y pendientes de prórroga; mucho menos, se llegó a envenenar ningún árbol como temerariamente y sin prueba alguna, lo manifiesta la recurrente. La supuesta falta de declaratoria de interés público alegada por la recurrente, no tiene ningún sustento jurídico como requisito previo para este tipo de proyectos, es más, ni siquiera se fundamenta ese presunto incumplimiento. Comenta que en determinado momento existieron los planos P-834899-89 y P-885950-2003, los cuales fueron sustituidos por el P-1849709-2015, que es el que actualmente está vigente, e inscrito en el Departamento de Catastro del Registro Nacional de la Propiedad. En el plano, se consignó la existencia de una quebrada (Quebrada Lisa) la cual colinda al oeste con la finca; sin embargo, no es parte de la finca, por lo que no está siendo afectada y no es objeto del presente litigio, ni de ningún tipo de denuncia.Detalla además, que dentro del plano indicado, no consta ninguna especificación de retiro de 10 metros, ya que no es competencia del ingeniero topógrafo que elaboró ese plano, acreditar la existencia o no, de una quebrada, o si la misma no estaba inscrita ante la Dirección de Aguas del MINAE como tal. Reitera que la Quebrada Lisa no es objeto de ningún tipo de denuncia o litigio, y el único interés de la parte recurrente es intentar confundir a la Sala. Asevera que su representada procedió a realizar un nuevo plano en el año 2015, en el cual no se consigna la supuesta quebrada, ya que no estaba declarada como cauce de dominio público. Esto se puede corroborar en los dictámenes de la Dirección de Aguas emitidos oportunamente, que son: IMD-DA-1 796-06 y DA-UHTPCOSR-0061-2018 (ver anexo 4 y 5). Dice que, lamentablemente, la parte recurrente no indica en los hechos números de documentos, fechas o personas que los suscriben; sin embargo, aclara que la Municipalidad de Garabito, mediante oficio ST-061-2019, ordenó como medida cautelar paralizar los trabajos de construcción previamente aprobados en el inmueble, sobre el área del presunto cauce, razón por lo que su representada procedió a cumplir con la medida cautelar, y la recurrió.Esgrime que su representada ha cumplido todos y cada uno de los requisitos que la legislación exige para el desarrollo de un proyecto. Al día de hoy, posee la Viabilidad Ambiental vigente, otorgada por la SETENA, el permiso de construcción PC-4364-2019, que es estrictamente para la construcción del proyecto y no tiene relación con la supuesta corta y envenenamiento de Espaveles, a la que temerariamente la parte accionante hace mención. Reitera que para ese momento los permisos de corta de árboles se encontraban en proceso de renovación ante el SINAC, además se estaba acatando la medida cautelar de suspensión de obras constructivas impuesta por la Municipalidad. No obstante, aduce que el permiso de tala de árboles fue debidamente renovado. Agrega que en forma sorpresiva y absolutamente arbitraria, con clara violación de los más elementales principios de seguridad jurídica, debido proceso e intangibilidad de los actos propios, estando ya en ejecución las obras, el 6 de marzo del 2019, mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 del 5 de marzo de 2019, y con vista en el dictamen No. DA-UHTPCOSJ-0440-2019, la Dirección de Aguas cambió de criterio, siendo que emitió una medida cautelar administrativa y previno a su representada "(...) cesar toda actividad sobre el cauce de la quebrada y retornar ésta a su condición original".Dicho acto administrativo, asegura, fue impugnado en tiempo y forma, lo que está pendiente de resolución final. Afirma que "De la misma forma arbitraria y sorpresiva, el 15 de marzo de 2019, el SINAC emitió una medida cautelar administrativa y le notificó a mi representada una ORDEN ADMINISTRATIVA, por la que, con base en el cambio de criterio de la Dirección de Aguas se previno no "...realizar ninguna actividad dentro de los 10m que establece la Ley Forestal N°7575 como Área de Protección de la Quebrada sin nombre, que fue declarada como Cauce Público... " Dicho acto administrativo fue impugnado en tiempo y forma por mi representada lo cual está pendiente de resolución final (...) Mediante la resolución número N° ST-061-2019 de las 15:39 horas, sin fecha, pero del año 2019, emitida por la Ing. Susana Rodríguez Chaverri, Coordinadora de Servicios Técnicos de la Municipalidad de Garabito, ante el cambio de criterio del Departamento de Aguas del MINAE, la Municipalidad de Garabito emitió una medida cautelar administrativa y ordenó suspender totalmente el permiso de construcción otorgado.Dicho acto administrativo fue impugnado en tiempo y forma por mi representada (...) Mediante la resolución número N° ST- 97-2019 de las 15:50 horas del 29 de abril de 2019, notificada ese mismo día, emitida por la Ing. Susana Rodríguez Chaverri, Coordinadora de Servicios Técnicos, la Municipalidad de Garabito, si bien revocó parcialmente la resolución antes indicada, mantuvo la medida cautelar y orden de suspensión de obras del sitio en el que se tiene prevista la construcción de la parte principal del proyecto. En ese momento, NO SE ELEVÓ ANTE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EL RECURSO DE APELACION SUBSIDIARIO, NI LOS INCIDENTES CONCOMITANTES DE NULIDAD Y SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Dicho acto administrativo fue impugnado en tiempo y forma por mi representada (...) Mediante la resolución AL-380-2019-JM de las 9:33 horas del 13 de junio del 2019, dictada por la Alcaldía Municipal de Garabito, notificada a mi representada el 19 de julio de 2019, se rechazó el RECURSO DE APELACIÓN SUBSIDIARIO, EL INCIDENTE DE NULIDAD CONCOMITANTE Y EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, presentado oportunamente contra la resolución número ST-97-2019 de las 15:50 horas del 29 de abril de 2019, notificada ese mismo día, emitida por la Ing. Susana Rodríguez Chaverri, Coordinadora de Servicios Técnicos de esta Municipalidad, por la que se rechazó, parcialmente, la impugnación presentada por esta representación en contra de la resolución número ST- 061-2019 de las 15:39 horas sin fecha, pero del año en curso.Este último acto administrativo dictado por la Alcaldía Municipal, también se encuentra impugnado por mi representada". Agrega que las medidas cautelares administrativas realizadas por la Dirección de Aguas, el SINAC y la Municipalidad de Garabito, convierten en inviable el proyecto de la licitación, dado que las obras principales de infraestructura se ejecutarán en el sitio del inmueble en el que se encuentra el canal por el que discurren dichas aguas, según consta en los planos del proyecto, por lo que no es factible y resulta jurídicamente incorrecto e ilegal, pretender que se respete un área de protección sobre dicho canal, por cuanto, reitera, las principales obras se ejecutarán sobre el referido canal. Tal y como se indicó, las prevenciones y órdenes de suspensión de obras, efectuadas por el Departamento de Aguas del MINAE, por el SINAC y por la Municipalidad de Garabito, están debidamente impugnadas por su representada.Sin embargo, lo más preocupante, es que con absoluta violación a los más elementales principios de seguridad, certeza jurídica, celeridad, justicia pronta y debido proceso, han transcurrido más de 4 meses desde que se emitió la primera medida cautelar, y aún no hay claridad sobre lo que ocurrirá con el proyecto, dado que las referidas autoridades no han resuelto las impugnaciones, y por ende, no han iniciado ningún procedimiento administrativo o proceso de lesividad, ni determinado científicamente, si el canal por el que discurren las aguas negras y que pasa por el costado sur de la propiedad es o no, un cauce de dominio público. Por ende, dichas autoridades aún mantienen vigentes las órdenes de prevención y suspensión aludidas. Ahora "Mediante el oficio N° SINAC-ACOPAC-OSREO-252-2019 del 13 de mayo de 2019, el SINAC puso en conocimiento de mi representa el Dictamen N° DA-UHSAN-19-2019 del 25 de marzo de 2019, emitido por la Dirección de Aguas del MINAE, por el que se confirmó el cambio de criterio de la Dirección de Aguas, respecto a la naturaleza del cauce que discurre por el inmueble.(...) En tiempo y forma, Jaea S.A., presentó ante el SINAC una solicitud de adición y aclaración a dicho dictamen la cual, al día de hoy, no ha sido resuelta (...) Mediante el oficio N° DA-0863-2019 del 4 de julio de 2019 emitido por el Sr. José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas del MINAE, se rechazó la solicitud de adición y aclaración de mi representada a la que alude el hecho anterior". Reitera que ante los atrasos que está teniendo el proyecto, no imputables a su representada, debido al cambio de criterio de la Dirección de Aguas y las subsecuentes medidas cautelares y órdenes de suspensión antes citadas, el INS manifestó, recientemente, su intención de dar por terminado el contrato que se firmó correspondiente a la licitación pública 2017LN-000008-0001000001, contrato denominado "CONTRATO ADMINISTRATIVO LICITACIÓN PÚBLICA ALQUILER DE INMUEBLE, LLAVE EN MANO PARA ALBERGAR EL CENTRO DE SALUD REGIONAL Y PUNTO DE VENTAS DE JACÓ, QUE INCLUYA EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO".Prueba de ello es el oficio emitido por el INS N° INGM-02028-2019. Vigésimo segundo: Amén de lo expuesto, es importante acotar que el supuesto cauce es en realidad un canal por el que discurren aguas pluviales y servidas. Dichas aguas provienen de fundos de otros propietarios, incluida la misma Municipalidad de Garabito, QUE HAN CONSTRUIDO INCLUSO SOBRE DICHO CANAL. En cuanto a la corta de árboles, se procedió en el mes de junio a cortar únicamente los árboles a los que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación dio autorización. Al día de hoy se ha respetado la medida cautelar impuesta y estamos a la espera de un estudio técnico profundo, que se está realizando, para determinar fielmente si el cuerpo de agua corresponde, o no, a un cauce de dominio público. En ningún momento mi representada ha violentado el principio de indubio pro natura, como de manera temeraria lo quiere hacer creer la recurrente".Estima que Jaea S.A., lejos de haber violentado algún derecho o principio constitucional vinculado con el ambiente, es una víctima más de un cambio súbito de criterio de la Dirección de Aguas del MINAE, que violenta sus derechos constitucionales. Insiste que para que la Dirección de Aguas y el SINAC pudieran revocar lo dispuesto en los oficios No. IMN-DA-1796-06 del 5 de julio de 2006, y DAUHTPCOSR-0061-2018 del 20 de marzo de 2018, y para que la Municipalidad de Garabito pueda revocar el permiso de construcción No. PC-4364-201 9 del 21 de febrero del 2019, ordenando la suspensión de las obras, debieron haberse seguido los procedimientos previos contemplados en la LGAP, dentro de los plazos de Ley. De lo contrario, se estarían violentando los principios constitucionales ya citados, en especial, el artículo 34 constitucional. En su criterio, "Mientras ello no ocurra, los criterios previos emitidos por la Dirección de Aguas, que sirvieron de sustento al otorgamiento de la Viabilidad Ambiental y al Permiso Municipal, siguen teniendo plena vigencia y validez.De igual forma, el Permiso de Construcción cuya suspensión se está acordando ahora por la Municipalidad de Garabito, sigue siendo plenamente válido y eficaz, tal y como se reconoce en la misma resolución impugnada. Mi representada no ha sido notificada de ningún procedimiento administrativo iniciado por esta Municipalidad para buscar la declaratoria de nulidad del permiso de construcción otorgado y vigente (...) Tal y como lo hemos indicado reiteradamente a lo largo de esta impugnación, la medida cautelar de suspensión que se dictó en contra de mi representada, lleva más de cuatro meses de haberse emitido. Durante todo ese tiempo, ha existido una desidia enorme de las instituciones involucradas, incluyendo la Corporación Municipal, por resolver las impugnaciones y llevar certeza al administrado. El carácter instrumental y PROVISIONAL de una medida tan gravosa como la que se adoptó se ha perdido.Existen intereses públicos y privados que se están viendo realmente afectados por la adopción de esta medida cautelar (orden de suspensión parcial del permiso de construcción). Por una parte, el interés público del INS, porque se construya un centro de salud tan necesario para el cantón de Garabito y todo el Pacífico Central y, por otro lado, el interés de mi representada, por desarrollar la obra que se le adjudicó y recuperar la gran inversión ya hecha". Solicita se declare sin lugar en todos sus extremos, por cuanto la medida cautelar urgentísima solicitada carece de interés actual, ya que las diferentes autoridades involucradas, ante el cambio de criterio de la Dirección de Aguas del MINAE, procedieron a suspender las obras en el área del presunto cauce.
  18. 18En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.Sobre la admisibilidad del amparo. El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con los amparos contra sujetos de derecho privado, establece que esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el caso de estudio, la sociedad recurrida se encuentra en una posición de poder, frente a la cual, los remedios jurisdiccionales comunes resultan claramente insuficientes o tardíos para garantizar que los derechos de los amparados se hayan respetado. En consecuencia, el recurso de amparo es admisible contra la empresa JAEA S.A.

II.Objeto del recurso. Los recurrentes estiman que con la actuación de las autoridades recurridas, fueron lesionados derechos fundamentales. Exponen su disconformidad con el otorgamiento a favor de la empresa JAEA S.A., del permiso de construcción No. PC-4364-2019. Consideran que el otorgamiento de dicho permiso y de la viabilidad ambiental al proyecto que cuestionan, evidencia una burla a los principios preventivo y precautorio en materia ambiental, ya que existen hechos irrefutables sobre la existencia de una naciente en la zona. Estiman que la continuidad de las obras afecta la naciente y los árboles del sitio, causando un daño irreversible al medioambiente.

III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  • a)Por dictamen No. IMN-DA-1796-06 del 5 de julio de 2006, elaborado por el Subdirector de la Dirección de Agua, se indicó que el cuerpo de agua encontrado en la propiedad cuyo plano de catastro es P-834899-1989, se identificaba como un canal de aguas pluviales y servidas, consecuentemente descrito como cuerpo de agua no correspondiente a un cauce del dominio público (autos).
  • b)El 27 de febrero de 2007, se recibió en un documento de Evaluación Ambiental (D1), presentado por el representante legal de JAEA S.A., al cual se le asignó el expediente administrativo No. D1-204-2007-SETENA (autos).
  • c)Por resolución de la SETENA, No. 2775-2008-SETENA del 30 de septiembre de 2008, se aprobó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y se otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto. En el por tanto sétimo se indicó a la sociedad JAEA S.A. lo siguiente “(...) que la Viabilidad Ambiental, sólo contempla lo indicado en la descripción del proyecto y el diseño presentado (que se adjunta en el Formulario D1 y en el Plan de Gestión Ambiental” (autos).
  • d)Por medio de dictamen No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 del 20 de marzo de 2018, emitido por la Unidad Hidrológica Tárcoles, en respuesta a la solicitud al oficio SINAC-ACOPAC-OSREO-078-2019 de la Oficina Subregional de Esparza-Orotina del SINAC-MINAE, se mantuvo el criterio que el cauce en cuestión, correspondía a un canal pluvial y de aguas servidas, debido a que en aguas arriba del tramo analizado, el flujo de agua se encontraba entubado recibiendo el aporte de viviendas y comercios. En dicho informe, se consideró la posible existencia de una naciente intermitente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.192, pero durante la verificación de campo no se observó agua discurriendo en las cercanías, por lo que, al no existir evidencia nueva, se mantuvo el criterio señalado en el oficio No. IMN-DA-1796-06; a saber, que dicho cauce no era de dominio público (autos).
  • e)El 10 de julio de 2018, mediante resolución SINAC-ACOPAC-OSRED-RES-049-2019, el Sistema de Áreas de Conservación autorizó la corta de 9 árboles, los cuales se encontraban fuera del Área de Protección de la Quebrada (informe SINAC).
  • f)Mediante resolución 2322-2018-SETENA de las 11:25 horas del 2 de octubre de 2018, la SETENA aprobó una prórroga a la vigencia de la Viabilidad Ambiental para el proyecto Centro Comercial en Jacó (autos).
  • g)El 21 de febrero de 2019, el Proceso de Servicios Técnicos de la Municipalidad recurrida, otorgó el permiso de construcción No. PC-4364-2019, por medio del cual autorizó a la empresa JAEA S.A., que construyera una obra civil en el inmueble inscrito en el Registro Nacional en el Partido de Puntarenas, folio real matrícula No. 149.667-000, ubicado en Jacó, frente a la Municipalidad de Garabito. Para ese momento, la Municipalidad accionada contó con el oficio No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 de 20 de marzo de 2018; la resolución SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-0-121-2018 de 10 de julio de 2018, sobre la corta y aprovechamiento de árboles; y con el oficio de 23 de octubre de 2018, en el cual, se amplió la vigencia del D1, otorgado al proyecto de Centro Comercial en Jacó, a desarrollar por JAEA S.A (autos).
  • h)Por dictámenes números DA-UHTPCOSR-0059-2019 y DA- UHTPCOSJ-0440-2019, de 28 de febrero y 6 de marzo de 2019, respectivamente, de la Unidad Hidrológica Tárcoles del MINAE, dirigidos al MINAE y a la Municipalidad de Garabito, se concluyó que: “Se dictamina una naciente intermitente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.215 (Sistemas de Coordenadas Costa Rica Lambert Norte)”. “Se dictamina una quebrada en el tramo indicado entre las coordenadas latitud 177.910 y longitud 468.125 y las coordenadas latitud 177.179 longitud 467.915, que atraviesa entubada la calle pública al consta norte de la Municipalidad, transcurre dentro de la propiedad del edificio Municipal, hasta salir del entubamiento en el costado sur de la propiedad de JABA S.A. (plano catastro No. 6-01849709-2015) hasta la quebrada Lisa” (autos).
  • i)El 1° de marzo de 2019, el Departamento Legal de la Municipalidad accionada, emitió un pronunciamiento en torno al oficio No. ST 067-2018-FS-I, en el cual se afirmaba que existía una incertidumbre sobre la naturaleza pública del cauce, por lo tanto se debía de proceder a establecer una medida cautelar de paralización de obras, con base en el principio indubio pro natura, sin aportar elementos que en ese momento hicieran dudar de la existencia o no de un cauce de dominio público (autos).
  • j)Conforme las inspecciones efectuadas, por medio de oficio No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 del 5 de marzo de 2019, dirigido a JAEA S.A., la Coordinadora de la Unidad Hidrológica Tárcoles, emitió una orden de cese de actividades sobre la quebrada (autos).
  • k)Mediante oficio No. ST-070-2019-FS-l del 6 de marzo de 2019, de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, se indicó a la Municipalidad recurrida la existencia de un flujo de agua natural separado del aporte de aguas servidas del cauce del tramo entubado (autos).
  • l)Por medio de oficio de 8 de marzo de 2019, dirigido a los Funcionarios de la Dirección de Aguas, el Director de la Dirección de Aguas del MINAE, solicitó emitir un criterio definitivo en 8 días plazo, sobre el resultado de los diferentes dictámenes (autos).
  • m)El 13 de marzo de 2019, la SETENA efectuó una visita, que demostró "Al momento de la inspección el proyecto se encontraba realizando un relleno de la propiedad con una cuota de 1 m aproximadamente (...) De igual manera mediante el informe técnico No. IT-DT-ASA-0159-2019, se establece que el proyecto Centro Comercial Jacó, expediente administrativo No. D1-204-2007-SETENA se encuentra cumpliendo con los compromisos ambientales, así como con los Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental (la garantía ambiental se encuentra al día, se solicitó la habilitación de la bitácora)". Allí se recomienda al desarrollador que el cumplimiento del procedimiento de EIA no lo exime del trámite de la obtención de permisos ante otras autoridades de la administración (informe de la SETENA).
  • n)Por resolución de las 15:39 horas ST-061-2019, de 18 de marzo de 2019, la Municipalidad recurrida procedió a declarar una medida cautelar de suspensión del permiso de construcción No. PC 4364, la cual se dirigió a la empresa JAEA S.A. (autos).
  • o)Según informe técnico DA-UHSAN-0197-2019 del 25 de marzo de 2019, generado por técnicos de las 2 Unidades Hidrológicas del MINAE, sustentado en verificación de campo y la Guía Interna de Apoyo para dictamen de cuerpo de agua, se concluyó que: "• La Fuente 1 dictaminada en el presente informe coincide con el criterio de la fuente 1 dictaminada en oficios DA-UHTPCOSJ-04402019 y DA-UHTPCOSR-0059-2019, por lo que se concluye que se mantiene el criterio de la misma, siendo así Naciente Sin Nombre, cuerpo de agua de dominio público de carácter intermitente. • La Fuente 2 dictaminada en el presente informe, coincide con el criterio de la fuente 2 dictaminada en oficios DA-UHTPCOSJ-04402019 y DAUHTPCOSR-0059-2019 por lo que se concluye que se mantiene el criterio de la misma siendo así Quebrada Sin Nombre cuerpo de agua de dominio público, en el tramo 1 carácter intermitente, en el tramo 2 no fue posible determinar el carácter, tramo 3 carácter permanente" (autos).
  • p)Por resolución del SINAC No. SINAC-ACOPAC.OSREO-RES-049-2019 de 22 de abril de 2019, se autoriza a favor de JAEA S.A., la corta de 9 árboles (autos).
  • q)Hasta que el SENARA no valide la información hidrogeológica del sitio, lo que implica que el desarrollador deba requerir un estudio hidrogeológico que determine el radio de protección adecuado científicamente para la naciente, no se debe permitir la prosecución de la construcción (informe del SENARA).

IV. Hechos no probados. De importancia para la decisión de este asunto, no se estima como debidamente demostrado

  • 1)Que el desarrollador del proyecto en cuestión hubiera presentado alguna consulta alguno ante el SENARA.
  • 2)Que el SENARA hubiera participado o emitido algún criterio, en lo relacionado con la realización del proyecto y las obras ejecutadas por la empresa JAEA.

V.Sobre el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos tanto constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), como por medio de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia No. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental.

Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de "calidad ambiental" como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras -principio de desarrollo sostenible-” Asimismo, del artículo 50, de la Constitución Política, se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente.

Norma que establece al efecto: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes”. Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

VI.La coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, o el uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central-Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial.

Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia No. 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes.

Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector".

VII.Tocante a la función del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, en materia ambiental relacionada con el recurso hídrico. Acorde con el texto de la sentencia No. 2009-000262 de las 14:32 horas del 14 de enero de 2009, en lo tocante a la participación del SENARA en cuestiones de índole ambiental, relacionadas con el recurso hídrico y su protección, resulta de interés transcribir algunas consideraciones vertidas en su oportunidad por este Tribunal. Lo anterior, por ser de trascendencia para el caso en estudio:

"XVII.- Sobre la certeza científica en cuanto a la existencia del recurso hídrico y la explotación del Acuífero Sardinal. Punto medular en las violaciones aducidas por los recurrentes, es la carencia de estudios hidrogeológicos contundentes que aseguren la existencia del recurso hídrico suficiente en el Acuífero Sardinal, para que el mismo sea explotado en los términos previstos y queridos por el ICAA. Sobre el particular, la Sala reitera la obligación de las instituciones públicas de respetar y aplicar de manera sólida el principio precautorio en materia ambiental, de donde surge la obligación de impedir la realización de obras que carezcan de la certeza técnica necesaria para concluir que su ejecución resulta inocua para el ambiente, y, en el caso concreto, para el acuífero en cuestión (...) Resulta importante apreciar que en esta relación de hechos es nula la mención o referencia al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento –SENARA-, pues a pesar que desde marzo de dos mil seis el ICAA venía elaborando la idea del proyecto, y ser el SENARA una entidad vital en cuanto a la utilización del recurso hídrico subterráneo –como lo es el Acuífero Sardinal- no fue sino con la interposición del recurso de amparo que esta entidad inició a evaluar las actuaciones del ICAA en el ámbito de sus competencias.

XVIII.Sobre el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. Según se ha explicado en el III considerando de esta sentencia, las competencias del SENARA trascienden lo concerniente a los distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional derivada de sus mismos antecedentes institucionales. Asimismo, el artículo tres de la Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, dispone, en lo conducente que: “ARTÍCULO 3º.- Son funciones del SENARA: (…) ch) Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos. (…) h) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las decisiones que por ese motivo tome el Servicio, referentes a la perforación de pozos, y a la explotación, mantenimiento y protección de las aguas -que realicen las instituciones públicas y los particulares- serán definitivas y de acatamiento obligatorio.

No obstante, tales decisiones podrán apelarse dentro del décimo día por razones de ilegalidad, para ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo. El Tribunal resolverá en un plazo no mayor de noventa días.” (énfasis añadido). Es así, que por disposición expresa de su ley de creación, el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Por su parte, el artículo ciento cincuenta y siete de la Ley de Aguas -aún vigente- señala que: “Artículo 157.- Es deber de las Municipalidades consultar al Departamento de Agricultura, y obtener de él el correspondiente permiso, antes de enajenar, hipotecar, dar en arriendo o a esquilmo o explotar por su cuenta, cualquier terreno que posean o adquieran cuando en dichos terrenos existan aguas de dominio público utilizables.

El Departamento de Agricultura decidirá si tales terrenos están comprendidos entre los mencionados y si el destino que se deseare darles pudiera afectar la conservación de las aguas que utilizan las poblaciones. Igual obligación tendrán las Juntas de Educación, Juntas de Protección Social y, en general, todo organismo de carácter público.” (el destacado no es del original) Esta disposición normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos –a partir del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) mantiene una competencia secundaria o residual en esta materia- norma que claramente establece que: “ARTÍCULO 21.- En materia de aguas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá coordinar, con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento y cualquier otra institución competente, la promoción de las investigaciones hidrológicas, hidrogeológicas y agrológicas en las cuencas hidrográficas del país, así como en las prácticas de mejoramiento, conservación y protección de los suelos en las cuencas hidrográficas, según las competencias del Servicio mencionado…” De tal forma, la integración de las normas de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio público, toda entidad pública –sin distingo- deberá obtener del SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de acatamiento obligatorio.

Esta definición dista de ser una manifestación retórica de la Sala; por el contrario, la misma deriva de la responsable integración del amplio marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades, entre otras-. En este sentido, pretender ejecutar proyectos de extracción y explotación del recurso hídrico sin la debida autorización y vinculación del SENARA, resulta ser violatorio de las previsiones normativas de protección al ambiente, pues se carecería de los insumos técnicos necesarios que dictaminen la disponibilidad y posibilidad de aprovechamiento de las aguas de dominio público".

VIII.Sobre el caso concreto. A fin de delimitar el asunto en estudio, de seguido se hará un recuento fáctico de lo suscitado alrededor del proyecto desarrollado por la empresa JAEA S.A., que incluirá un detalle de lo actuado por todas y cada una de las autoridades y parte recurridas, lo anterior, a fin de facilitar la comprensión de la determinación vertida por la Sala en esta sentencia.

  • a)Municipalidad de Garabito: En este caso, se tuvo por acreditado que el 21 de febrero de 2019, el Proceso de Servicios Técnicos de la Municipalidad recurrida, otorgó el permiso de construcción No. PC-4364-2019, por medio del cual autorizó a la empresa JAEA S.A., que construyera una obra civil en el inmueble inscrito a folio real matrícula No. 149.667-000, ubicada en Jacó, frente a la Municipalidad de Garabito. El ente recurrido afirmó que para el momento en que se otorgó el permiso de construcción, la empresa JAEA contaba con la resolución No. SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-0-121-2018, dictada en el expediente administrativo PC-PC02-IF-00194-2017 de las 10:40 horas del 10 de julio de 2018; con el permiso de construcción a la empresa, según oficio No. DA-UHTPCQSR-0061-2018, de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía; con la resolución de ubicación de la Municipalidad recurrida, la cual señaló que la condición del uso solicitado era conforme con la construcción de locales comerciales, documento válido hasta el 23 de noviembre de 2019; con la determinación del Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Ambiental de las 11:25 horas minutos del 23 de octubre de 2018, que amplió la vigencia del D1, otorgado al proyecto de Centro Comercial en Jacó, a desarrollar por JAEA S.A. De lo anterior, aseguró que al momento de otorgarse el permiso de construcción No. PC 4364, contaba con la certeza técnica y jurídica, que el cauce en cuestión, no era un cuerpo de agua de dominio público.

Ahora bien, según detalló el ente municipal recurrido, luego de conocer la existencia de una incertidumbre sobre la naturaleza pública del cauce, procedió a declarar una medida cautelar de suspensión del permiso de construcción No. PC 4364, otorgado a la empresa JAEA S.A. De ahí que, el 1° de marzo de 2019, el Departamento Legal de la Municipalidad accionada, emitiera un pronunciamiento El 1° de marzo de 2019, el Departamento Legal de la Municipalidad accionada, emitió un pronunciamiento en torno al oficio No. ST 067-2018-FS-I, en el cual se afirmaba que había incertidumbre sobre la naturaleza pública del cauce, y por lo tanto, se debía de proceder a establecer una medida cautelar de paralización de obras, con base en el principio indubio pro natura. Por ende, se procedió a suspender el permiso de construcción, a través del dictado del escrito ST-061-2019, de 18 de marzo de 2019.

  • b)Ministerio de Ambiente y Energía: Acorde con las manifestaciones de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, se tiene que revisados los archivos de dictámenes de cuerpos de agua del Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamiento de Aguas y Cauces, se cuenta con el oficio No. IMN-DA-1796-06 del 5 de julio de 2006, elaborado por el Subdirector de la Dirección de Agua, quien manifestó que el cauce encontrado en la propiedad cuyo plano de catastro es 6-834899-1989, se identificaba como un canal de aguas pluviales y servidas, consecuentemente descrito como cuerpo de agua no correspondiente a un cauce del dominio público. Asimismo, localizó el informe técnico No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 del 20 de marzo de 2018, el cual mantuvo el criterio que se trataba de un canal pluvial y de aguas servidas, debido a que en aguas arriba del tramo analizado, el flujo de agua se encontraba entubado recibiendo el aporte de viviendas y comercios.

En dicho informe, se consideró la posible existencia de una naciente intermitente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.192, pero durante la verificación de campo no se observó agua discurriendo en las cercanías, por lo que, al no existir evidencia nueva, se mantuvo el criterio señalado en el oficio No. IMN-DA-1796-06. Posteriormente, por memorial No. PSCCI-032-2018, suscrito por un funcionario de la Municipalidad de Garabito, se solicitó un nuevo dictamen sobre cuerpo de agua ubicado en la finca 149667-000, por lo que, se coordinó con funcionarios de la Municipalidad de Garabito y se realizó una inspección, así como una nueva valoración por parte de la Dirección de Agua. De allí se generaron los informes técnicos No. DA-UHTPCOSR-0059-2019 y DA- UHTPCOSJ-0440-2019, en los cuales se concluyó que: “Se dictamina una naciente intermitente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.215 (Sistemas de Coordenadas Costa Rica Lambert Norte)”.

“Se dictamina una quebrada en el tramo indicado entre las coordenadas latitud 177.910 y longitud 468.125 y las coordenadas latitud 177.179 longitud 467.915, que atraviesa entubada la calle pública al contado norte de la Municipalidad, transcurre dentro de la propiedad del edificio Municipal, hasta salir del entubamiento en el costado sur de la propiedad de JABA S.A. (plano catastro No. 6-01849709-2015) hasta la quebrada Usa”. Conforme lo anterior, la Jefatura de la Unidad Hidrológica Tárcoles, a la que le corresponde atender la zona de Jacó, mediante oficio No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 del 5 de marzo de 2019, emitió una orden de cese de actividades sobre la quebrada, toda vez que se estaba a la espera de un nuevo dictamen. Incluso, debido a la existencia de dictámenes no concluyentes sobre el cuerpo de agua, se solicitó a la Unidad Hidrológica Térraba Pacífico Sur y a la Unidad Hidrológica San Juan, ambas pertenecientes a la Dirección de Aguas del MINAE, que procedieran a realizar de manera conjunta un estudio y análisis, conforme a la Guía Interna de Apoyo para dictamen de Cuerpo de Agua, oficializado según oficio No. DA-563-2017 del 13 de junio del 2017, para dictaminar con certeza científica, el tipo y características del cuerpo de agua en cuestión. Dicho informe concluyó que en efecto, estaban frente a 2 nacientes sin nombre, y por ende, frente a cauces de dominio público.

  • c)Sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental: Bajo juramento, esta autoridad aseguró que sobre el proyecto Centro Comercial en Jacó, el 27 de febrero de 2007, había recibido un documento de Evaluación Ambiental (D1), presentado por el representante legal de JAEA S.A., al cual se le asignó el expediente administrativo No. D1-204-2007-SETENA. Dijo que en el plano aportado en su momento por el desarrollador del proyecto, se reflejaban las quebradas indicadas por los recurrentes. Ahora bien, por resolución No. 2775-2008-SETENA del 30 de septiembre de 2008, se aprobó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y se otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto, siendo que en el por tanto séptimo se indicó a la sociedad JAEA S.A. “(...) que la Viabilidad Ambiental, sólo contempla lo indicado en la descripción del proyecto y el diseño presentado (que se adjunta en el Formulario D1 y en el Plan de Gestión Ambiental”.

De otra parte, por determinación No. 2322-2018-SETENA del 2 de octubre de 2018, se aprobó una prórroga a la vigencia de la viabilidad ambiental para el proyecto Centro Comercial en Jacó. Asimismo, se adujo que aunque el plano fue actualizado en el año 2015, no fue el utilizado para otorgar la viabilidad ambiental. De ahí que, al otorgar el permiso, increpan que ellos tenían conocimiento de los cuerpos de agua existentes en el área del proyecto, por lo que una condición obligatoria de cualquier proyecto afectado por los mismos, era respetar los retiros o áreas de protección, según lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal. Aunado a lo anterior, todo proyecto que desee desarrollarse, debe respetar los cuerpos de agua y sus áreas de retiro, razón por la cual SETENA no autoriza ningún proyecto en el que no se respete lo estipulado por la Ley. Finalmente, se tiene que mediante el informe técnico No. IT-DT-ASA-0159-2019, se estableció que el proyecto Centro Comercial Jacó, expediente administrativo No. D1-204-2007-SETENA, estaba cumpliendo con los compromisos ambientales, así como con los instrumentos de control y seguimiento ambiental.

  • d)Sistema Nacional de Áreas de Conservación: En este informe, la parte accionada recalcó que por resolución SINAC-ACOPAC-OSREO-RES-049-2019 no se autorizó la corta de 24 árboles de la Sociedad JAEA, sino que lo permitido fue la corta de 9 árboles, los cuales se encuentran fuera del área de protección de la quebrada. Se indicó que desde el momento en que inició la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal, a finales de 2017, el cauce de la quebrada no ha sido desviado, y en la inspección del 8 de marzo de 2019, tanto el cauce como el resto del terreno estaban intactos, siendo que el cuerpo de agua se describía como una línea recta. Zanja que los trabajos efectuados por el personal contratado por la sociedad JAEA, consistían en rellenar el terreno a una altura de aproximadamente 50 centímetros, además, se midió la distancia existente entre el margen derecho de la quebrada para determinar el área de protección para su retiro correspondiente y se marcaron los puntos a lo largo, y en forma paralela, del margen derecho. Posteriormente, incluso, se solicitó al encargado de la obra que respetara el área descrita y que se retiraran algunas herramientas y otros implementos que se encontraban dentro de los 10 metros del cauce, lo cual fue acatado de inmediato. En consecuencia, fue contundente al indicar que los permisos otorgados siempre se han ajustado a Derecho.
  • e)Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento: De su parte, esta autoridad aseguró que no había sido consultada sobre el proyecto alegado; es decir, que en esa instancia, no se había iniciado o tramitado estudio hídrico o gestión alguna relacionada con el presente caso, por lo cual, no era posible determinar si el proyecto cumplía o no, con los términos de referencia establecidos por SENARA para la elaboración de estudios de zonas de protección de nacientes. Y siendo que con base en el estudio técnico sobre un cuerpo de agua, elaborado por funcionarios de la Dirección de Aguas del MINAE, se acreditó que en el sitio del proyecto en el plano catastrado No. 6-01849709-2015, existía una naciente intermitente, en virtud del principio precautorio que impera en materia ambiental, hasta tanto ellos no validen la información hidrogeológica del sitio, no se debe permitir la prosecución de la construcción.
  • f)Sociedad JAEA: La empresa desarrolladora, de su parte, en su informe, esgrimió que ha actuado conforme a Derecho y en estricto apego de las indicaciones que le han brindado las autoridades encargadas de otorgar permisos, y velar por el correcto cuido del medioambiente, siendo que más bien, reclama que debido a los cambios de criterio suscitados, ha sufrido lesión de derechos fundamentales. En suma, asevera que la Municipalidad de Garabito otorgó los permisos de construcción a su representada, en virtud que cumplió con todos y cada uno de los requisitos de ley. Bajo dicha virtud, dijo que su representada inició la ejecución del proyecto el 25 de febrero de 2019, con la preparación del terreno, instalación del sarán a lo largo del perímetro de la propiedad, instalación de casillas sanitarias para los empleados, la tenencia de aserrín para atender una eventual derrame de combustible de la maquinaria (lo cual no llegó a suceder), y el movimiento de tierras para la preparación del terreno.

En dicha fecha, indica que no se procedió con la corta de ningún árbol, en virtud que los permisos de corta de ese momento estaban vencidos y pendientes de prórroga. Asimismo, alegó que en el plano se consignó la existencia de una quebrada (Quebrada Lisa), la cual colinda al oeste con la finca; sin embargo, no es parte de esa propiedad, por lo que no está siendo afectada y no es objeto del presente litigio, ni de ningún tipo de denuncia. Detalla además, que dentro del plano indicado, no consta ninguna especificación de retiro de 10 metros. Incluso, refiere que su representada, procedió a realizar un nuevo plano en el año 2015, en el cual no se consigna la supuesta quebrada, ya que no estaba declarada como cauce de dominio público. Así, el 6 de marzo del 2019, mediante el oficio No. DA-UHTPCOSJ-0447-2019 del 5 de marzo de 2019, con vista en el dictamen No. DA-UHTPCOSJ-0440-2019, se emitió una medida cautelar administrativa y se previno a su representada para que cesara "(...) toda actividad sobre el cauce de la quebrada y retornar ésta a su condición original".

Dicho acto administrativo, asegura, fue impugnado en tiempo y forma, lo que está pendiente de resolución final. Afirma que, lo mismo ha ocurrido en otras instancias administrativas, siendo que las medidas cautelares administrativas dictadas por la Dirección de Aguas, el SINAC y la Municipalidad de Garabito, convierten en inviable el proyecto de la licitación que dio origen a las obras acá cuestionadas. A ello, agrega que las prevenciones y órdenes de suspensión de obras, efectuadas por el Departamento de Aguas del MINAE, por el SINAC y por la Municipalidad de Garabito, fueron impugnadas por su representada; empero, han transcurrido más de 4 meses desde que se emitió la primera medida cautelar, y aún no hay claridad sobre lo que ocurrirá con el proyecto, dado que las referidas autoridades no se han pronunciado acerca de sus impugnaciones, y por ende, no han iniciado ningún procedimiento administrativo o proceso de lesividad, ni determinado científicamente, si el canal por el que discurren las aguas negras y que pasa por el costado sur de la propiedad de su representada, es o no, un cauce de dominio público.

IX.De lo señalado en el anterior considerando, se evidencia que si bien las actuaciones adoptadas por las autoridades y la parte intervinientes, se ajustaron al mérito de la información técnica con que se contaba desde el año 2006 en lo tocante a la existencia de las nacientes, lo cierto es que, en criterio de esta Sala, y en plena atención a lo dispuesto en el precedente señalado en el considerando séptimo de esta sentencia, quedó constatado que las autoridades encargadas de otorgar la viabilidad ambiental, y los permisos de construcción, en una evidente falta de coordinación, omitieron traer a escena al SENARA, debido a que en temas relacionados con el recurso hídrico, como se apuntó supra, las decisiones que de manera fundada adopte esta entidad en cuanto a ello, son necesarias, definitivas y de acatamiento obligatorio.

Y es que, ya desde el año 2018, hubo un informe técnico, a saber, el No. DA-UHTPCOSR-0061-2018 de 20 de marzo de 2018, que si bien mantuvo el criterio que los cauces cuestionados correspondían a un canal pluvial y de aguas servidas, sí se consideró la posible existencia de una naciente intermitente en las coordenadas latitud 177.194 y longitud 468.192. Es decir, desde ese momento, hubo una duda latente en torno a la condición de los cuerpos de agua.

Se denota, entonces, que ante el surgimiento de dicha duda, lo propio hubiese sido que las dependencias involucradas en el otorgamiento de permisos y revisión del escenario ambiental, acudieran al SENARA. Por ende, corresponde reiterar lo siguiente "La Sala advierte que esta precisión sitúa al SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza eminentemente técnica de esta dependencia administrativa, posición que debe ser reforzada y ejercida mediante la necesaria y debida coordinación interinstitucional de las diferentes entidades involucradas –ICAA, SETENA, MAG, Municipalidades". En situaciones como la estudiada, esa participación devenía vital, pues debido a los diferentes planteamientos esgrimidos, persistía una duda sobre la existencia o no de las nacientes, quebradas o cursos de agua en el sitio.

En suma, de las referencias consignadas de previo, esta Sala logró constatar la existencia de una serie de irregularidades y discrepancias en relación con los informes de las autoridades recurridas, particularmente, los de la Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, por lo que de seguido se dirá.

En primera instancia, se tiene que tanto la Municipalidad de Garabito, como el MINAE, advirtieron que los permisos concedidos, así como, el comportamiento de la sociedad desarrolladora, se habían ajustado a las prerrogativas legales. Asimismo, ambas fueron contestes en esgrimir que al existir una contradicción entre los documentos y oficios que asumían que en el sitio del desarrollo no existían nacientes, sino un cauce por el que discurrían aguas servidas, de manera oportuna, fue gestionado un estudio que de manera definitiva, estatuyera la condición del cuerpo de agua -al respecto, ver oficio de 8 de marzo de 2019, dirigido a los Funcionarios de la Dirección de Aguas, donde el Director de la Dirección de Aguas del MINAE solicitó emitir un criterio definitivo en 8 días plazo, sobre el resultado de los diferentes dictámenes, y de la condición de los cuerpos de agua hallados-. Ante la duda, a la espera de la emisión de un informe definitivo, fueron dictadas las medidas cautelares de previo acotadas.

Vale traer a colación, que el resultado del estudio técnico No. DA-UHSAN-0197-2019 del 25 de marzo de 2019, generado por técnicos de las 2 Unidades Hidrológicas del MINAE, se concluyó que en el sitio existía una "(...) naciente Sin Nombre, cuerpo de agua de dominio público de carácter intermitente. • La Fuente 2 dictaminada en el presente informe, coincide con el criterio de la fuente 2 dictaminada en oficios DA-UHTPCOSJ-04402019 y DAUHTPCOSR-0059-2019 por lo que se concluye que se mantiene el criterio de la misma siendo así Quebrada Sin Nombre cuerpo de agua de dominio público, en el tramo 1 carácter intermitente, en el tramo 2 no fue posible determinar el carácter, tramo 3 carácter permanente". Es decir, se corroboró la presencia de cuerpos de agua de dominio público.

Ahora bien, en lo que atañe a la SETENA y al SINAC, a diferencia de lo esgrimido por la Municipalidad y el MINAE, se aprecia que éstas otorgaron sus vistos buenos, bajo la premisa de la existencia de nacientes en el sitio del desarrollo. Y de nuevo, ambas afirmaron que su actuación se había gestado conforme a Derecho.

X.Conforme las previsiones sentadas en el apartado precedente, en criterio de este Tribunal, el principio de coordinación también resultó conculcado.

La particularidad detectada en torno al proceder de las 4 autoridades mencionadas supra, deriva en una evidente falta de coordinación que de alguna manera, vendría a constatar los argumentos vertidos por los recurrentes en su escrito de interposición, en relación con la lesión al medioambiente. Aunque tanto la Municipalidad de Garabito, como el MINAE, procedieron a suspender los permisos otorgados a la empresa desarrolladora, la SETENA y el SINAC, avalaron su proceder, concediendo una prórroga a la viabilidad ambiental del proyecto y la corta de 9 árboles, a pesar de la duda en relación con la existencia de las nacientes de agua.

Allí es, precisamente, donde se evidencia la omisión de las autoridades legalmente encargadas de velar por la protección al ambiente, de comunicarse y coordinar entre sí. A lo dicho, se suma que ante la incertidumbre y dudas generadas sobre los cuerpos de agua existentes en la propiedad y los terrenos donde se desarrollaría un proyecto de esa envergadura por un tercero, en este caso una empresa privada, ni siquiera se requirió la valoración o aprobación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, entidad que, bajo juramento, fue prístina en esgrimir que hasta tanto ellos no validaran la información hidrogeológica del sitio, no se debía permitir la prosecución de la construcción. Es decir, el proyecto original no fue sometido a conocimiento de SENARA, ni siquiera cuando surgieron las dudas sobre la naturaleza y condición de los cuerpos de agua en mención, siendo que cuando surgió duda al respecto, la comunicación y el dictado de las medidas cautelares, se produjo únicamente entre las accionadas, y estando ya interpuesto el amparo.

Bajo esa inteligencia, es que se constata la lesión de derechos fundamentales por parte de Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con lo cual, procede la declaratoria con lugar del recurso contra esas autoridades, acorde con lo dispuesto en el por tanto de esta resolución.

XI.En lo atinente al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, corresponde la declaratoria sin lugar del amparo, toda vez que, dicha autoridad aún no ha sido allegada a la situación acaecida en razón de la existencia de las nacientes de agua en el terreno de cita. No obstante, sí debe girársele la orden que se indica en la parte dispositiva de esta sentencia, a efectos que se procure la debida intervención que debe otorgársele a esta institución en este tipo de casos.

Ahora, también descarta esta Sala que la sociedad JAEA hubiera incurrido en lesión alguna de derechos fundamentales en perjuicio del ambiente. En este sentido, consta que la empresa se atuvo a los criterios de las autoridades participantes y los permisos otorgados por cada una de ellas, y que de parte de la empresa no se aprecia afectación constitucional directa al medioambiente, sino la motivada y generada por las autoridades que omitieron efectuar entre ellas una debida coordinación, y traer a los autos al SENARA, como entidad encargada de emitir criterio en relación con el recurso hídrico.

Finalmente, con respecto a las manifestaciones de la empresa recurrida, en cuanto a que en su criterio, las autoridades accionadas lesionaron sus derechos fundamentales, lo propio es que, de considerarlo pertinente, exponga sus alegatos o desavenencias, ante las instancias que estime pertinentes, pues se trata de situaciones que si bien rodean el caso que ahora se conoce, ciertamente se alejan del núcleo y objeto concreto planteado por los recurrentes, que es lo que amerita el conocimiento de la Sala mediante este recurso de amparo.

XII.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra la Municipalidad de Garabito, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se ordena a José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía; a José Martínez Meléndez, apoderado especial del Alcalde de la Municipalidad de Garabito; a Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; y a Grettel Vega Arcea, Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o a quienes ocupen esos cargos, que establezcan las instancias de coordinación necesarias, para que en el plazo máximo de CINCO DÍAS contado a partir de la notificación de esta sentencia, se remita al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, toda la documentación concerniente a la identificación de los cauces de agua a que se hace referencia en esta sentencia.

Asimismo, se ordena a Patricia Quirós Quirós, Gerente del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, que establezca las instancias de coordinación necesarias para que en el plazo de un mes contado a partir de la recepción de la documentación que al respecto deben remitirle las autoridades dichas, se pronuncie sobre la existencia, naturaleza y eventuales incidencias sobre los posibles cursos de agua existentes en torno al proyecto constructivo en cuestión, y lo comunique a todas las instituciones aquí intervinientes. De igual manera, se ordena a Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que en el plazo máximo de un mes contado a partir de la recepción de dicho estudio por parte de SENARA, resuelva lo que corresponda respecto de la viabilidad ambiental otorgada al proyecto constructivo y así lo comunique a todas las autoridades intervinientes.

Finalmente, se ordena a José Miguel Zeledón Calderón, Director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía; a José Martínez Meléndez, apoderado especial del Alcalde de la Municipalidad de Garabito; a Cynthia Barzuna Gutiérrez, Secretaria General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; y a Grettel Vega Arcea, Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que en el plazo de máximo de quince días contado a partir de la comunicación de la resolución que deberá adoptar la SETENA sobre la viabilidad ambiental del proyecto constructivo, que resuelvan lo que corresponda sobre la validación, continuación, o suspensión del proyecto a cargo de la empresa JAEA, y de todas las medidas que al respecto se han dictado. Se advierte que de no acatar las órdenes dichas, podrían incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena al Estado y a la Municipalidad de Garabito, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese esta resolución en forma personal a las autoridades recurridas.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Mauricio Chacón J.

Ileana Sánchez N.

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