Res. 09239-2019 Sala Constitucional — Res. 09239-2019 Sala Constitucional

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Revisión del Documento *190039410007CO* Res. Nº 2019009239 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-003941-0007-CO, interpuesto por JULIO CÉSAR DURÁN MORA, cédula de identidad 0301950994, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, MINISTERIO DE SALUD, TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO y el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente electrónico a las 11:54 horas del 7 marzo de 2019, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuela, el Tribunal Ambiental Administrativo, Ministerio de Salud, y Ministerio de Ambiente y Energía. Manifiesta, que desde el año 2017, en la finca matrícula FR-060057-000, plano A-09608110-2004, que pertenece a Sonia María Herrera González y que colinda con el condominio donde vive, depositan de manera ilegal tierra, escombros y basura y por ello, se producen grandes nubes de polvo que afectan la salud y el derecho a un ambiente saludable. Alega, que han recurrido varias veces ante la Municipalidad recurrida sin obtener una acción que detenga esta contaminación, pues se ha limitado a realizar gestiones administrativas y a elaborar actas de notificación que no realizan bajo el argumento de no haber sido posible localizar a la propietaria de la finca. Señala, que por lo anterior, el 10 de abril de 2018, se interpuso una denuncia ante el Tribunal recurrido en la que se solicitó detener el vertido de materiales, valorar el daño ambiental, realizar obras de reposición e imponer una sanción a la municipalidad recurrida. Indica, que el Tribunal recurrido emitió la resolución No.377-18-TAA del 11 de mayo de 2018, en la que ordenó al jefe de la oficina de Alajuela del Área de Conservación Central, en el plazo de diez días naturales, realizar una inspección in-situ de la propiedad para determinar la afectación y remitir la valoración económica del daño ambiental en caso de existir, además que la Municipalidad recurrida indicara las medidas tomadas al respecto. Acusa, que no consta en el expediente que dicha gestión se haya realizado ni que se tomaran acciones legales ante el incumplimiento. Agrega, que por parte de la Municipalidad solo se limitan a indicar, que no existen los permisos para el depósito de tierra y que no se ha podido notificar a la propietaria porque no se ha localizado. Considera violentados sus derechos fundamentales por lo que solicita se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 08:49 horas del 8 de marzo de 2019, se le dio curso al presente recurso de amparo y se le solicitó informe al Alcalde de Alajuela y al Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo.

3.- Mediante escrito incorporado a las 18:50 horas del 11 de marzo de 2019, Moisés de Jesús Orias Lezama, manifiesta que es importante que el recurso de amparo se declare con lugar, por cuanto la afectación al condominio y a las familias se torna insoportable al recibir diariamente inmensas nubes de polvo, generadas por vagonetas y maquinaria pesada que, de manera ilegal, ingresan en la finca aledaña, según lo dicho por la misma Municipalidad de Alajuela, que también está afectando el área protegida del Río Segundo. Indica, que recurrió ante el Tribunal Ambiental Administrativo, desde hace casi un año, pero sus gestiones han sido prácticamente nulas. Señala, que se presentan otros padecimientos por las labores agrícolas presuntamente ilegales, con utilización de químicos y generación de desechos que se vienen a depositar en los hogares. Reitera su interés para una solución pronta y satisfactoria.

4.- Informa bajo juramento Ligia María Umaña Ledezma en su condición de Secretaria del Tribunal Ambiental Administrativo y Jueza instructora del expediente administrativo recurrido, que el 10 de abril del 2018, se recibió un escrito suscrito por Julio César Durán Mora y Moisés Orías Lezama, en el que se interpuso denuncia de carácter ambiental contra Sonia María Herrera Herrera, por relleno con tierra, escombros y basura de todo tipo (vertedero de desechos sólidos), con posible afectación del área de protección del Río Segundo, al cual se le asignó el expediente administrativo número 80-18-02-TAA. Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de investigación preliminar y se emitió la resolución número 377-18-TAA de las 15:08 horas del 11 de mayo de 2018, notificada el día 24 de mayo de 2019, mediante la cual se previno a Julio César Durán Mora acreditar su legitimación como miembro de la junta directiva de la Asociación de Vecinos Condominio Villanea (ACOVI) y se solicitaron una serie de informes técnicos a instituciones competentes con lo investigado, tales como al Jefe de la Oficina de Alajuela, Área de Conservación Central, para proceda a: 1) realizar una inspección “in-situ” en la propiedad ubicada en Alajuela, La Guácima, caserío El Coco, finca colindante al Condominio Villanea, o cuatrocientos metros al sur de la Plaza El Coco para determinar la afectación según sus competencias al área de protección del Río Segundo, presuntamente con un relleno de tierra y escombro; 2) remitir la correspondiente valoración económica del daño ambiental en caso de existir. Asimismo, se le pidió a la Alcaldesa de la Municipalidad de Alajuela, o quien ocupe su cargo, que proceda a: 1) indicar el número de finca folio real y el nombre del propietario registral de la finca ubicada en Alajuela, La Guácima, caserío El Coco, finca colindante al Condominio Villanea, o cuatrocientos metros al sur de la Plaza El Coco, presuntamente se trata de la finca folio real número 0600057-000, por lo que se solicita confirmar, 2)indicar si en la propiedad ubicada en las coordenadas indicadas, se han otorgado permisos municipales para movimientos de tierra u otra actividad; 3) se desprende de la información aportada por los denunciantes que se generó el acta 105-2018, por lo que se solicita indicar el estado de dicha notificación y qué otras medidas se han tomado con respecto al rellen. Señala, que mediante oficio MA-A-1841-2018 de fecha 1 de junio del 2018, la Alcaldesa de la Municipalidad de Alajuela, recibidio en este Tribunal en fecha 4 de junio del 2018, dio respuesta a lo solicitado e indicó, que no existen permisos o autorizaciones para que en la propiedad inscrita a folio real 060057-000, se deposite tierra. Mediante resolución número 346-19-TAA de las 16:02 horas del 8 de marzo de 2019, notificada el 11 de marzo de 2019, se previno, por segunda vez, a Julio César Durán Mora, acreditar su legitimación como miembro de la junta directiva de la Asociación de Vecinos Condominio Villanea (ACOVI) y al Jefe de la Oficina de Alajuela, Área de Conservación Central lo indicado en la resolución 377-18-TAA de las 15:08 horas del 11 de mayo de 2018. Aduce, que del análisis del expediente administrativo número 80-18-02-TAA, considera que este Tribunal ha sido diligente en cuanto a su accionar y ha dado el trámite debido conforme a la Ley, resguardando y respetando los derechos de los administrados y en la medida de lo posible el ambiente y los recursos naturales. Destaca, que el insumo técnico es necesario para cualquier decisión que vaya a tomar el Tribunal en relación con el futuro del expediente administrativo, por lo que es de suma importancia lo solicitado mediante resolución administrativa a la Oficina Subregional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Indica, que la etapa de investigación preliminar, en la cual se encuentra actualmente el expediente, se caracteriza por ser una fase en la cual, por su propia naturaleza, aún no existe proceso ordinario administrativo, ni partes procesales, ni rigen los imperativos del debido proceso. En caso de que, concluida la etapa de investigación preliminar, este Tribunal determinará la existencia de fundamento para la apertura de un eventual procedimiento ordinario administrativo, se procedería a la apertura del mismo, citando así a la pertinente audiencia oral y pública. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- Informa bajo juramento Laura María Chaves Quirós, en su condición de Alcaldesa de Alajuela, es de su conocimiento de la situación denunciada, pues se han recibido quejas por parte de otros vecinos de la comunidad, vía correo electrónico o telefónica, quejándose de inconvenientes o afectaciones por la aparente recepción no autorizada de tierra y otros residuos en la propiedad ubicada contiguo al condominio Villanea, esto en el sector de Santiago Oeste El Coco en La Guácima de Alajuela. Señala, que a inicios del mes de febrero del 2017, se procedió con la elaboración del acta de apercibimiento para depósitos de tierra ilegales N° 064-2017, con el fin de prevenir a la propietaria del inmueble matrícula N° 060057-000, plano de catastro N° A-0960810-2004, la señora Sonia Herrera Herrera, esto a través de la colaboración brindada por el Proceso de Control Constructivo. Sin embargo, no fue posible ubicar a la señora Herrera para hacer efectiva la notificación. El caso también fue trasladado al Director del Área Rectora de Salud Alajuela Dos, para que procediera según sus competencias determinando si existe algún tipo de incumplimiento a lo dispuesto en la Ley para la Gestión Integral de Residuos y se tomen las medidas correspondientes ante cualquier irregularidad detectada, a través del oficio N° MA-SGA-415-2017. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con respuesta. Durante noviembre del 2017, se procedió con la elaboración del acta de apercibimiento para depósitos de tierra ilegales N° 101-2017, misma que fue entregada directamente en el inmueble al señor Luis González Murillo, quien se identificó como encargado de la finca. No obstante, según consulta efectuada al Proceso de Servicios Jurídicos, para que dicho documento tenga validez legal y pueda eventualmente trasladarse a un juzgado en caso de incumplimiento a lo apercibido, deberá ser recibido directamente por el propietario registral del inmueble; caso contrario, podrían alegarse vicios de nulidad que se traerían abajo todo el procedimiento administrativo. Indica, a inicios de febrero de 2018, se elaboró el acta de apercibimiento para depósitos de tierra ilegales N° 105-2018, pero nuevamente se les indica a través del Proceso de Control Fiscal y Urbano que no fue posible contactar a la propietaria ni se logró ubicar su domicilio. Aduce, previo a la remisión de un caso como el que nos ocupa a la Fiscalía Agraria Ambiental, debe haberse agotado la vía administrativa, haberse notificado de forma efectiva la prevención y haber comprobado que, pese a ello, existe desacato a la autoridad haciendo caso omiso a la prohibición de recibir desechos dentro del inmueble. Es por ello, que pese a lo señalado en el oficio N° MA-SGA-134-2018, no se ha elevado aún ante instancias superiores pues la propietaria del inmueble debe ser notificada previamente y en su derecho inclusive, interponer los recursos administrativos que considere pertinentes como legítima defensa. Indica, además, que el papel de las municipalidades en materia ambiental se restringe a competencias y obligaciones, no pueden, salvo que así estuviera legalmente dispuesto, ni sustituir ni coactuar en la toma de las decisiones que son del resorte único de las entidades u organismos nacionales. En ese sentido, el papel de la Municipalidad consiste en la canalización de situaciones de riesgo ante las instancias con mayor competencia de intervención, se procedió con la debida coordinación interinstitucional ante el ACCVC-SINAC-MINAE Alajuela y la Agencia de Extensión Alajuela del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Indica, que considerando las especiales competencias técnico-legales de cada institución, será el ACCVC-SINAC-MINAE quien determine si efectivamente existe algún tipo de invasión y/o afectación a la zona de protección del cuerpo de agua a raíz de las labores realizadas e implemente las medidas correspondientes en caso de ser necesario. De igual forma, indica que se solicitó la colaboración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a fin de entablar un diálogo con los agricultures que ejercen sus labores en el inmueble para solucionar de la mejor manera los inconvenientes que se han presentado por problemas de polvo, pues durante la visita efectuada el día 5 de marzo de 2018, fue posible apreciar un sistema instalado de riego por goteo y en funcionamiento. Señala, que para el 28 de febrero de 2019, y a través del oficio N° MA-SGA-107-2019, se remitió el acta de apercibimiento para depósitos de tierra ilegales N° 133-2019, al Proceso de Control Fiscal y Urbano e inclusive después se hizo llegar vía correo electrónico una posible dirección para la entrega del documento, facilitada por el recurrente vía telefónica, pero se desconoce si al momento de remitir el presente informe se entregó o no la notificación. Señala, que actualmente la problemática está siendo atendida por Tribunal Ambiental Administrativo y tal y como lo indica el recurrente, se está a la espera de la resolución final de dicho órgano en la atención de la problemática denunciada para proceder como corresponde. Solicita se declare sin lugar el recurso.

6.- Manifiesta Katherine Vega Oporta, en su condición de Administradora del Condominio Villas del Río, que es de su interés que dicho recurso sea declarado con lugar, por cuanto en dicho condominio residen personas mayores y niños a los cuales se les causa padecimientos respiratorios y demás molestias en los hogares, por las nubes de polvo que generan múltiples viajes de vagonetar con tierra, piedras, escombros y todo otro tipo de basura y su posterior movilización por maquinaria pesada, que también está afectando el área protegida del Río Segundo. Aparte de otras perturbaciones que produce la misma finca, como son labores agrícolas presuntamente ilegales, con utilización de químicos y generación de desechos que depositan en los hogares. Reitera su petición para una solución satisfactoria, por cuanto las instituciones señaladas como la Municipalidad de Alajuela y el Tribunal Ambiental Administrativo, no han sido eficientes en sus gestiones.

7.- Mediante escrito presentado a las 13:14 horas del 2 de abril de 2019, la parte recurrente alega que, sobre el nombre de la propietaria del inmueble, el segundo apellido es erróneo, ya que lo correcto es Sonia María Herrera Herrera. Sobre el informe rendido por la Alcaldesa de Alajuela, considera que es inadmisible que, tal y como se reconoce, desde febrero de 2017, se vienen realizando ilegalmente depósitos de tierra y basura, lo que consta en diferentes documentos de instancias del propio Consejo, aportados al expediente, bajo el argumento de “no poder notificar”, aún se siguen realizando, aún el día de hoy, dos años desde que se tiene conocimiento del hecho. Indica, que es inadmisible el argumento, de que se han estado realizando gestiones con otras entidades, por cuanto según se muestra en los documentos aportados, que ello se ha realizado hasta en fechas muy recientes. Cuestiona el seguimiento que se ha realizado para evitar una actividad que a todas luces resulta ilegal. Menosprecia que se diga que existe un sistema de riego, el cual fue puesto a funcionar circunstancialmente, luego de todas las denuncias y acciones emprendidas por todos los perjudicados por las actividades ilegales. Dicho sistema de riego funciona unas pocas veces al año, mitigando en parte los problemas creados por las actividades agrícolas, pero el mayor perjuicio, son las constantes descargas de tierra y basura que se realizan durante todo el año. Incluso los mismos funcionarios de la Municipalidad, llegan a depositar basura y desechos de una obra que realizan en la plaza de deportes de la comunidad de El Coco. Respecto al informe rendido por el Tribunal Ambiental Administrativo, reitera que los depósitos de tierra y basura en el predio citado son ilegales. Considera que la gestión del tribunal es negligente y omisa, por cuanto según ellos mismos indican, el 11 de mayo de 2018, en la resolución 377-18-TAA, piden un estudio al funcionario Minor González Guzmán, y se le previene para que cumpla en un plazo de diez días naturales, lo cual se incumplió. No obstante lo anterior, el 8 de marzo de 2019, diez meses después, se emite una copia de la misma resolución, bajo el número 346-19-TA, otorgando nuevamente diez días al mismo funcionario para que cumpla el dictado anterior. Considera que el argumento de dicho Tribunal de que se encuentra en una etapa de investigación preliminar es inadmisible, pues llevan casi un año desde que se interpuso la denuncia ante dicha instancia y solo han emitido resoluciones sin cumplimiento hasta hoy. Aduce, que la afectación y el daño al ambiente no esperan y son irreversibles en la mayoría de los casos. Reitera su solicitud para que se declare con lugar este recurso.

8.- Mediante escrito presentado a las 21:11 horas del 3 de abril de 2019, Manfred Barquero Núñez, en su condición de Presidente y apoderado legal de la Asociación de Vecinos del Condominio Villanea, presenta coaduyvancia y manifiesta su interés en que dicho recurso sea declarado con lugar, por cuanto en dicho condominio residen personas mayores y niños a los cuales se les causa padecimientos respiratorios y demás molestias en los hogares, por las nubes de polvo que generan múltiples viajes de vagonetar con tierra, piedras, escombros y todo otro tipo de basura y su posterior movilización por maquinaria pesada, que también está afectando el área protegida del Río Segundo. Aparte de otras perturbaciones que produce la misma finca, como son labores agrícolas presuntamente ilegales, con utilización de químicos y generación de desechos que depositan en los hogares. Reitera su petición para una solución satisfactoria, por cuanto las instituciones señaladas como la Municipalidad de Alajuela y el Tribunal Ambiental Administrativo, no han sido eficientes en sus gestiones.

9.- Informa bajo juramento Minor González Guzmán, en su calidad de Jefe de la Oficina de Alajuela del Área de Conservación Central-SINAC, no consta que el Tribunal Ambiental Administrativo haya solicitado mediante resolución 377-18-TAA, del 11 de mayo del 2018, realizar una inspección in-situ en el inmueble ubicado en Alajuela, La Guacima, Caserío el Coco, 400 m. sur del Plaza el Coco, con el fin de determinar la afectación y remitir la valoración económica del daño ambiental en caso de existir. El 12 de marzo del 2019, se recibió por medio del correo electrónico, la resolución 346-19-TAA emitida por el Tribunal Ambiental Administrativo, donde se solicitó realizar un inspección “in situ” en el inmueble indicado, con el fin de determinar si existía afectación del área de protección del Río Segundo, presuntamente con un relleno de tierra y escombros, así como remitir la correspondiente valoración económica del daño ambiental en caso de existir. A dicha solicitud, se dio respuesta mediante el oficio OA-455-2019, del 4 de abril del 2019, y se adjuntó el informe de gira OA-372, el y el de costos de recuperación del sitio (valoración económica) OA-395. Solicita se declare sin lugar el recurso.

10.- Informa bajo juramento Ronald Enrique Mora, en su condición de Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, que revisados los archivos, no se encuentra evidencia de que Julio Cesar Durán Mora haya presentado denuncia sobre los hechos que se indican. Con instrucciones de niveles superiores, se realizó un seguimiento a denuncia interpuesta por los señores Julio Cesar Duran Mora y Moisés Odas Ledezma en el Tribunal Ambiental Administrativo. En virtud de ello, el 12 de noviembre de 2018, se visitó la propiedad denunciada, así como el Condominio Villanea. En el primer sitio, finca agrícola, no fueron atendidos, por lo que no se pudo ingresar a la propiedad; sin embargo, se pudo observar desde afuera un cultivo de cebolla, no así el ingreso de vagonetas con material de relleno. En el condominio, fueron atendidos por el señor Duran Mora, quien señaló que ocasionalmente entran vagonetas a dejar escombros en el fondo de la propiedad, colindancia sureste del condominio. Cabe indicar que no se percibió polvo y desde esa propiedad se observó nuevamente las eras de cebolla y un montículo de tierra con maleza. Posteriormente se le solicitó mediante oficio N°CN-ARS-A2-2210-2018, al señor Durán Mora que facilitara algún contacto con los dueños de la propiedad denunciada; sin embargo, no se ha recibido respuesta a la fecha. En el mes de febrero del presente año, se recibieron denuncias de vecinos del Condominio Villas del Río, referentes a nubes de polvo ocasionadas en el terreno mencionado. Se realizó inspección el día 26 de febrero de 2019, según consta en el oficio CN-ARS-A2-415-2019, y en esta ocasión, se pudo ingresar a la finca. En el sitio atendió el señor Luis González Murillo, arrendante de la sección agrícola de este terreno, manifestó que se están realizando labores de limpieza y preparación del terreno para la siembra de tomate; pero por problemas técnicos con la bomba de extracción de agua el riego, no inició como se tenía previsto. Debido a esta situación y sumado a los fuertes vientos, se incrementó el polvo. Al término de la inspección se pudo observar el funcionamiento de los aspersores. Por otra parte, en el fondo de la propiedad, colindante con el río Segundo, se encuentra alquilada a Transportes GOYISA y como referencia a los propietarios, se refirió a Ramón Alberto Villanea y su hijo Cristian Villanea. En dicha área se observaron aproximadamente diez montículos de tierra, piedra y escombros sin ninguna protección; así como un relleno de residuos varios como muebles, plásticos, envases, sacos, escombros, etc., el cual se encuentra muy cerca del margen del río Segundo, por lo que se recomendó, remitir el caso a las autoridades municipales para su seguimiento. El 06 de mayo de 2019, se realizó visita al terreno denunciado para darle seguimiento al plan de mitigación implementado por parte del señor González Murillo, según consta en el acta de inspección ocular NDMS-DRRSCNDARSA2-0821-2019, y allí se observó, aproximadamente, dos manzanas tomates sembrado, el sistema de riego por goteo funcionando y terreno preparado para la siembra. En el momento de la visita no se observaron nubes de polvo ni se percibió polvo. Respecto a la entrada de vagonetas y descarga de escombros, acorde con lo indicado por el señor Jorge González, hermano del arrendante, se le impidió la entrada al terreno desde el mes de marzo de 2019, para que no generaran polvo. Lo anterior, se evidenció porque no habían montículos de materiales desprotegidos y la cantidad de residuos se ha reducido considerablemente. En virtud de ello, se recomendó remitir un informe con la situación actual a las autoridades municipales, incluyendo los contactos de los propietarios del terreno para que puedan gestionar la eliminación total del vertedero clandestino. Solicita se declare sin lugar el recurso.

11.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que desde el año 2017, se deposita de manera ilegal, tierra, escombros y basura en la finca inscrita bajo matrícula FR-060057-000 y plano N° A-09608110-2004, que colinda con el condominio donde vive. En virtud de ello, se producen grandes nubes de polvo que afectan la salud y el derecho a un ambiente saludable, por lo que han acudido a la Municipalidad recurrida, pero sin resultado alguno, pues se ha limitado a realizar gestiones administrativas y a elaborar actas de notificación que no realizan bajo el argumento de no haber sido posible localizar a la propietaria de la finca. Por lo anterior, el 10 de abril de 2018, interpuso una denuncia ante el Tribunal recurrido y dicho Tribunal emitió la resolución N° 377-18-TAA del 11 de mayo de 2018, en la que ordenó al Área de Conservación Central, realizar una inspección in-situ para determinar la afectación y remitir la valoración económica del daño ambiental y que la Municipalidad recurrida indicara las medidas tomadas al respecto. No obstante, no consta que dicha gestión haya sido atendida. Considera violentados sus derechos fundamentales.

II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos razonablemente pautados para resolver las solicitudes planteadas por los administrados a la luz de lo dispuesto por el artículo 41, de la Constitución Política. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia por contaminación ambiental. Atendiendo a ello, esta Sala valorará las posibles dilaciones en la resolución del caso. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- SOBRE LA COADYUVANCIA. La coadyuvancia es una forma de intervención adhesiva que se da, cuando una persona actúa en un proceso, adhiriéndose a las pretensiones de algunas de las partes principales. En consecuencia, está legitimado para actuar como coadyuvante quien ostente un interés directo en el resultado del recurso; sin embargo, al no ser actor principal, el coadyuvante no resultará directamente afectado por la sentencia, es decir, la eficacia de ésta no podrá alcanzarle de manera directa e inmediata, ni le afecta la condición de cosa juzgada del pronunciamiento (Véanse, entre otras, las Sentencia N° 2010-000254, de las 11:28 horas el 08 de enero de 2010, y la N° 2018-019952, de las 9:30 horas de 30 de noviembre de 2018). En el caso bajo análisis, esta Sala admite la solicitud de coadyuvancia presentada por Manfred Barquero Núñez, en su condición de Presidente y apoderado legal de la Asociación de Vecinos del Condominio Villanea, por tener un interés directo en el presente asunto.

IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1.- Sobre las actuaciones del Tribunal Ambiental Administrativo:

a)El 10 de abril del 2018, los señores Julio César Durán Mora y Moisés Orías Lezama, presentaron ante el Tribunal Ambiental Administrativo, denuncia de carácter ambiental contra Sonia María Herrera Herrera, por relleno con tierra, escombros y basura de todo tipo (vertedero de desechos sólidos), con posible afectación del área de protección del Río Segundo, el cual se tramita en expediente administrativo número 80-18-02-TAA (véase informe rendido por las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo).
b)Mediante resolución 377-18-TAA de las 15:08 horas del 11 de mayo de 2018, notificada el día 24 de mayo de 2018, se previno a Julio César Durán Mora acreditar su legitimación como miembro de la junta directiva de la Asociación de Vecinos Condominio Villanea (ACOVI) y a su vez, se solicitaron serie informes técnicos a las siguientes autoridades: “(…) SEGUNDO: Que con el fin de verificar la verdad real de los hechos, este Despacho solicita al señor Minor González Guzmán, Jefe de la Oficina de Alajuela, Área de Conservación Central, o quien ocupe su cargo, que proceda a: 1) realizar una inspección “in-situ” en la propiedad ubicada en Alajuela, La Guácima, caserío El Coco, finca colindante al Condominio Villanea, o cuatrocientos metros al sur de la Plaza El Coco (únicas direcciones aportadas), para determinar la afectación según sus competencias al área de protección del Río Segundo, presuntamente con un relleno de tierra y escombro; 2) remitir la correspondiente valoración económica del daño ambiental en caso de existir. (…) TERCERO: Que con el fin de verificar la verdad real de los hechos, este Despacho solicita al señor Laura Chávez Quirós, Alcaldesa de la Municipalidad de Alajuela, o quien ocupe su cargo, que proceda a: 1) indicar el número de finca folio real y el nombre del propietario registral de la finca ubicada en Alajuela, La Guácima, caserío El Coco, finca colindante al Condominio Villanea, o cuatrocientos metros al sur de la Plaza El Coco (únicas direcciones aportadas), presuntamente se trata de la finca folio real número 0600057-000, por lo que se solicita confirmar, 2)indicar si en la propiedad ubicada en las coordenadas indicadas, se han otorgado permisos municipales para movimientos de tierra u otra actividad; 3) se desprende de la información aportada por los denunciantes que se generó el acta 105-2018, por lo que se solicita indicar el estado de dicha notificación y qué otras medidas se han tomado con respecto al relleno (…) (véase informe rendido por las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo).
c)Mediante oficio MA-A-1841-2018, del 1 de junio del 2018, la Alcaldesa de la Municipalidad de Alajuela otorgó respuesta a lo solicitado por el Tribunal Ambiental Administrativo, e indicó que no existían permisos o autorizaciones para que en la propiedad inscrita a folio real 060057-000, se deposite tierra (véase informe rendido por las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo).
d)Mediante resolución número 346-19-TAA de las 16:02 horas del 8 de marzo de 2019, notificada el 11 de marzo de 2019, se previene por segunda vez a Julio César Durán Mora, acreditar su legitimación como miembro de la junta directiva de la Asociación de Vecinos Condominio Villanea (ACOVI) y al Jefe de la Oficina de Alajuela del Área de Conservación Central, se le reiteró lo indicado en la resolución 377-18-TAA supraindicada (véase informe rendido por las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo).
e)A las 12:30 horas sel 11 de marzo de 2019, se notificó la resolución que dio curso al presente recurso de amparo (ver acta de notificación).

2.- Sobre las actuaciones de la Municipalidad de Alajuela:

a)La Municipalidad de Alajuela ha recibido quejas por parte de vecinos de la comunidad, vía correo electrónico y telefónica, denunciando inconvenientes o afectaciones por la aparente recepción no autorizada de tierra y otros residuos en la propiedad ubicada contiguo al condominio Villanea, esto en el sector de Santiago Oeste El Coco en La Guácima de Alajuela (véase informe rendido por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela).
b)A inicios del mes de febrero del 2017, se elaboró el acta de apercibimiento para depósitos de tierra ilegales N° 064-2017, con el fin de prevenir a la propietaria del inmueble matrícula N° 060057-000, inscrito en el plano de catastro N° A-0960810-2004, pero no se pudo notificar, ya que no se pudo ubicar (véase informe rendido por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela).
c)Mediante oficio N° MA-SGA-415-2017, del 23 de octubre de 2017, el caso se trasladó al Área Rectora de Salud Alajuela II, para que procediera según sus competencias y tomara las medidas correspondientes ante cualquier irregularidad detectada, siendo que a la fecha no se cuenta con la respuesta (véase informe rendido por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela).
d)Durante noviembre del 2017, se elaboró el acta de apercibimiento para depósitos de tierra ilegales N° 101-2017, misma que fue entregada directamente en el inmueble a Luis González Murillo, quien se identificó como encargado de la finca (véase informe rendido por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela).
e)A inicios de febrero de 2018, se elaboró el acta de apercibimiento para depósitos de tierra ilegales N° 105-2018, pero no fue posible contactar a la propietaria ni se logró ubicar su domicilio (véase informe rendido por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela).
f)El 28 de febrero de 2019 y a través del oficio N° MA-SGA-107-2019, se remitió el acta de apercibimiento para depósitos de tierra ilegales N° 133-2019, e inclusive después se hizo llegar vía correo electrónico una posible dirección para la entrega del documento, facilitada por el recurrente vía telefónica, pero se desconoce si al momento de remitir el informe se entregó o no la notificación (ver informe de la autoridad recurrida).
g)El 1 de marzo de 2019, se llevó a cabo una visita de campo donde se constató que en la propiedad se desarrolla un proyecto de recepción de material: tierra, escombros y otros residuos, sin la autorización municipal, así como dentro del área de protección del Río Segundo que colinda con el inmueble. Durante la visita se encontró una vagoneta al fondo del inmueble en aparente depósito de material (véase informe rendido por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela) h) Mediante Oficio N° MA-SGA-123-2019, de fecha 5 de marzo de 2019, se solicitó al Director ACCVC-SINAC-MINAE Alajuela, determinar si existe algún tipo de invasión y/o afectación a la zona de protección del cuerpo de agua producto de las labores realizadas y que se tomen las medidas correspondientes (véase informe rendido por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela).
i)Mediante Oficio N° MA-SGA-124-2019, de fecha 5 de marzo de 2019, se solicitó a la Agencia de Extensión Alajuela del Ministerio de Agricultura y Ganadería, colaboración a fin de entablar un diálogo con los propietarios del inmueble y solucionar de la mejor manera los inconvenientes que se han presentado: problemas de polvo y posible afectación al área de protección del Río Segundo (véase informe rendido por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela).
j)Mediante Oficio N° AEAA-003-2019, del 12 de marzo de 2019, el Agente de Extensión de Alajuela del Ministerio de Agricultura y Ganadería, indicó a las autoridades de la Municipalidad de Alajuela que el 6 de marzo de 2019, conversó con Luis Manuel González, usuario de la finca en cuestión, quien indicó que el problema se corrigió, pues instaló un sistema de riesgo para el sembradío de tomate y que los propietarios de la finca estaban haciendo unos movimientos fuertes de tierra y escombros, para un relleno, y eso es lo que provoca las afectaciones. Además, no constató maquinara trabajando, pero sí montículos de tierra que al parecer serían usados como relleno, siendo que la afectación provocada por la labor agrícola es mínima, no así la labor adicional mencionada (véase informe rendido por las autoridades de la Municipalidad de Alajuela).
k)A la fecha, no ha sido posible contactar a la propietaria del inmueble ni se logró ubicar su domicilio, por lo que no se han notificado los actos dictados (ver informe de la autoridad recurrida).

3.- Sobre el Área de Conservación Central del Ministerio de Ambiente y Energía:

a)El Tribunal Ambiental Administrativo no les remitió la resolución 377-18-TAA, del 11 de mayo del 2018 (ver informe de la autoridad recurrida).
b)El 12 de marzo del 2019, se recibió la resolución 346-19-TAA, de las 16:02 horas del 8 de marzo de 2019, del Tribunal Ambiental Administrativo, en la que se le solicitó realizar un inspección “in situ” en el inmueble indicado, con el fin de determinar si existía afectación del área de protección del Río Segundo, presuntamente con un relleno de tierra y escombros, así como remitir la correspondiente valoración económica del daño ambiental en caso de existir (ver copia de la resolución aportada).
c)Mediante el oficio OA-455-2019, del 2 de abril del 2019, se brindó al Tribunal recurrida la respuesta y se adjuntó el informe de gira OA-372, el de costos de recuperación del sitio OA-395 (ver copia del oficio).
d)Mediante informe N° OA-372, del 26 de marzo de 2019, se determinó que en lugar denunciado existe un impacto ambiental negatico significativo, ya que el daño se origina al modificarse las condiciones topográficas originales del terreno que favorecen deslizamienos hacia el cauce del río, por lo que se recomendó realizar un informe del daño ambiental y prevenirle al propietario abstenerse de realizar las activades que contravienen la protección del sitio (ver copia del informe).
e)Mediante informe N° OA-395, del mes de marzo de 2019, se determinó que el valor del daño ambiental causado al área de protección del río Segundo, es de un costo subestimado ¢2.314.943,75 colones, pues no se valoró otros efectos colaterales resultantes del daño causado en el sitio, por lo que como medida preventiva se recomendó el retiro de la tierra para evitar deslizamienos hacia el cauce del río, la siembra de árbolers una vez que se inice la época lluviosa en el año 2019 (ver copia del informe).
f)A las 9:20 horas del 2 de mayo de 2019, se notificó la resolución que dio curso al presente recurso de amparo (ver acta de notificación).

4.- En cuanto a la actuación del Ministerio de Salud:

a)A la fecha, no han recibido denuncia por parte de los recurrente en contra de la propiedad en cuestión (ver informe de la autoridad recurrida) b) El 12 de noviembre de 2018, se visitó la propiedad denunciada, pero no pudo ingresar, pero de afuera se constató un cultivo de cebolla, pero no el ingreso de vagonetas con material de relleno, y en el condominio no se percibió polvo (ver copia del acta de inspección n° CN-ARS-A2-2200-2018).
c)Mediante oficio N°CN-ARS-A2-2210-2018, del 14 de noviembre de 2018, se le comunicó al recurrente Julio Durán Mora el seguimiento a la denuncia interpuesta ante el Tribunal Ambiental y se le indicó, que no se observaron residuos de cielo abierto y dado que no se pudo contactar al propietario del terreno denunciado, debía de facilitar algún medio de contacto con dicha persona, lo cual le fue comunicado el 19 de noviembre de 2018 (ver copia del oficio y del correo electrónico enviado al recurrente).
d)En el mes de febrero del 2019, se recibieron denuncias de varios vecinos del Condominio Villas del Río, referentes a nubes de polvo ocasionadas en el terreno mencionado (ver copias de las quejas recibidas) e) El 26 de febrero de 2019, se ingresó a la finca, fueron atendido por Luis González Murillo, arrendante de la sección agrícola de este terreno, quien manifestó que se estaban realizando labores de limpieza y preparación del terreno para la siembra de tomate y que tuvieron problemas técnicos con la bomba de extracción de agua del riego, por lo que sumado a los fuertes vientos, se incrementó el polvo. Se pudo observar el funcionamiento de los aspersores. El fondo de la propiedad, colindante con el río Segundo, se encuentra alquilada a Transportes GOYISA y allí se observaron aproximadamente diez montículos de tierra, piedra y escombros sin ninguna protección; así como un relleno de residuos varios como muebles, plásticos, envases, sacos, escombros, etc., el cual se encuentra muy cerca del margen del río Segundo, ( acta de inspección N° CN-ARS-A2-405-2019).
f)Mediante oficio N°CN-ARS-A2-0415-2018, del 27 de febrero de 2019, los funcionarios rindieron el informe respectivo y concluyeron, que se debe solicitar a Luis González Murillo un plan de mitigación de polvo para contrarestar los efectos de la actividad agrícola y en cuanto al vertedero clandestino de residuos, se debe remitir el caso a las autoridades municipales para su seguimiento (ver copia del oficio y prueba fotográfica).
g)A las 9:10 horas del 2 de mayo de 2019, se notificó la resolución que dio curso al presente recurso de ampado (ver acta de notificación).
h)Mediante acta de seguimiento N° MS-DRRSCN-DARA2-821-2019, del 06 de mayo de 2019, se realizó visita al terreno denunciado para dar seguimiento al plan de mitigación implementado por parte del señor González Murillo, y se observó, aproximadamente, dos manzanas tomates sembrado, el sistema de riego por goteo funcionando y terreno preparado para la siembra. No se observaron nubes de polvo ni se percibió polvo y desde marzo de 2019, prohibieron la entrada de vagonetas y descarga de escombros, para que no generaran polvo y ello se evidenció porque no habían montículos de materiales, se indicó que la Municipalidad no había ido a inspeccionar y llegaron a dejar escombros (ver copia del acta).
i)Mediante oficio N° MS.DRRSCN-DARA2-0844, del 7 de mayo de 2019, se le comunicó a Félix Anguo Marques, Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, que debe realizar las inspecciones correspondientes en la propiedad y se observaron escombros sin ningua protección, residuos varios como plásticos, jardinería, llantas, chatarra, etc, los cuales se encuentran muy cerca del margen del Río Segundo , por lo que solicita atender y dar seguimiento al caso (ver copia del oficio) j) A la fecha, el denunciante no ha brindado algun medio de contacto de los dueños de la propiedad (ver informe de la autoridad recurrida).

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21, 50 y 169, de la Constitución Política, la Administración y las municipalidades se encuentran en la obligación de garantizar la existencia de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que se encuentre libre de elementos que puedan poner en riesgo la salud de las personas (véase las Sentencias N° 2005-004650, de las 17:43 horas del 26 de abril de 2015 y N° 2010-013286, de las 16:04 horas del 10 de agosto de 2010). En el caso concreto, el recurrente acusa que en el sector de Santiago Oeste El Coco, en La Guácima de Alajuela, funciona un botadero ilegal de tierra y basura que genera problemas de contaminación. Tras analizar los elementos aportados a los autos, el Tribunal constata lo acusado por el recurrente, pues las autoridades recurridas afirman no sólo la existencia del botadero mencionado, sino que su funcionamiento es ilegal, y que conocen el problema debido a las múltiples denuncias presentadas por vecinos de la zona desde el año 2017. Dada la intervención de diferentes autoridades, se analizará la actuación, de forma independiente, de cada una de ellas.

VI.- EN CUANTO AL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. En el caso de las acciones desarrolladas por el Tribunal Ambiental Administrativo, debe indicarse que resulta incomprensible para este Tribunal que el problema mencionado persista todavía, pues desde el 10 de abril de 2018, el amparado presentó ante dicho Tribunal la denuncia respectiva; sin embargo, el proceso está detenido en la etapa de investigación preliminar desde hace un año. Llama la atención de esta Sala, que a pesar del evidente abandono del expediente, la autoridad recurrida no da justificación del atraso en el trámite, a pesar de que el problema de contaminación producto del depósito de tierra y desechos se mantiene a la fecha y que, según lo verificado por el Área de Conservación, constituye una amenaza al cauce del Río Segundo, debido a los deslizamientos y a la cantidad de escombros y basura que se encuentra a menos de un metro del cauce. De manera, que no fue sino un día después de la interposición del recurso de amparo, y luego de casi de un año de inactividad en el expediente, que el Tribunal dictó y notificó la resolución N° 346-19-TAA de las 16:02 horas del 8 de marzo de 2019, que consiste en una réplica de la resolución 377-18-TAA de las 15:08 horas del 11 de mayo de 2018, en la que reiteró la solicitud al Área de Conservación Central, a la Municipalidad de Alajuela y al Ministerio de Salud, para que rindan los informes técnicos al respecto. En virtud de ello, el 2 de abril del 2019, el Ministerio de Ambiente brindó al Tribunal recurrida la información requerida, y le advirtió del daño ambiental existente, siendo que a la fecha no consta que ni la Municipalidad ni el Ministerio de Salud hayan rendido los informes solicitados, ni tampoco consta que, el Tribunal se los haya solicitado nuevamente. Así las cosas, esta Sala comprueba que el Tribunal Ambiental Administrativo ha sido omiso en su accionar, de modo que ha faltado a su obligación de garantizar los derechos a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado de los habitantes de la zona. Por lo anterior, en cuanto a este aspecto, procede declarar con lugar el recurso.

VII.- EN CUANTO A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. En el caso del gobierno local del cantón de Alajuela, si bien es cierto, del expediente administrativo no puede extraerse una denuncia formal presentada por los recurrrentes, si se desprende que ha recibido quejas desde el año 2017, por parte de vecinos de la zona de El Coco de La Garita de Alajuela, ya sea mediante correo electrónico o vía telefónica, denunciando las afectaciones por la aparente recepción no autorizada de tierra y otros residuos en la propiedad en cuestión. Además, tanto el Tribunal Ambiental mediante el oficio N° 377-18-TAA de las 15:08 horas del 11 de mayo de 2018 y el Ministerio de Salud, en el memorial N° MS.DRRSCN-DARA2-0844, del 7 de mayo de 2019, pusieron en conocimiento de la Corporación recurrida dicha situación. En virtud de ello, en febrero de 2017, la Municipalidad recurrida emitió la primera acta de apercibimiento para depósitos de tierra ilegales; luego, en noviembre de 2017, elaboró la segunda acta por el mismo concepto y en febrero de 2018, se realizó la tercera acta de apercibimiento por depósitos de tierra ilegales, siendo que no fue sino hasta un año después, que realizó otra visita de campo al sitio denunciado y solicitó informes a otras dependencias. Cabe destacar, que en su defensa, la Alcaldesa de la Municipalidad señaló como justificación de su inactividad, que no ha podido ubicar a la propietaria del bien inmueble, para notificarla. No obstante, llama la atención de esta Sala, que pese a que la Municipalidad de Alajuela realizó visitas de campo en las que logró comprobar que la recepción de tierra, escombros y residuos en el terreno denunciado, no contaba con los permisos establecidos en el ordenamiento jurídico, a la fecha han transcurridos dos años y no ha tomado las acciones tendientes para brindar una solución y acabar con el problema denunciado, a pesar de contar con las competencias e instrumentos legales para ello. Lo anterior hace que esta Sala constate la alegada violación a los artículos 21 y 50, de la Constitución Política, pues la Municipalidad de Alajuela ha faltado a su obligación de garantizar los derechos a la salud y a un ambiente ecológicamente equilibrado de los habitantes de la zona, al permitir la existencia de un botadero ilegal que genera problemas de contaminación, y omitir la realización de acciones concretas para dar una solución al problema acusado. Por lo anterior, en cuanto a esta autoridad, procede declarar con lugar el recurso.

VIII.EN CUANTO AL MINISTERIO DE SALUD. Bajo juramento se informó a esta Sala, que el amparado no ha interpuesto denuncia; sin embargo, en atención a comunicación por parte del Tribunal Ambiental, y otras denuncias presentadas en febrero de 2019, se ha dado seguimiento al caso, logrando determinar anomalías sin que hasta el momento se haya brindado una solución definitiva a la problemática, bajo el alegato que no han podido notificar al propietario. Para esos efectos, se verificó una evidente omisión del Ministerio de Salud de dictar las órdenes necesarias para atender la situación de riesgo denunciada, pues no consta que, una vez constatado el problema que afecta la zona, haya dictado los actos administrativos correspondientes a su competencia para prevenir o eliminar que se siga contaminando y no se justifica que su actuación se limite a remitir el oficio N° MS-DRRSCN-DARS-A2-08442019, informando de dicha situación a la Municipalidad de Alajuela. Así las cosas, las autoridades sanitarias han faltados a sus deberes constitucionales lesionando de esta forma, los derechos contenidos en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política.

IX.EN CUANTO AL ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. De los hechos demostrados, a la Sala no le consta que dicha autoridad recurrida haya incurrido en actos que lesionen o amenacen lesionar al ambiente, ya que no fue sino hasta el 12 de marzo del 2019, que recibió la resolución 346-19-TAA, del Tribunal Ambiental Administrativo, en la que se le solicitó realizar un inspección “in situ” en el inmueble indicado, con el fin de determinar si existía afectación del área de protección del Río Segundo, y dentro de un plazo de un mes aproximadamente, remitió los informes requeridos por el Tribunal, en los que le indicó, que en lugar denunciado existe un impacto ambiental negativo significativo, ya que el daño se origina al modificarse las condiciones topográficas originales del terreno que favorecen deslizamienos hacia el cauce del río, y determinó el valor del daño ambiental causado al área de protección del río Segundo, lo cual les fue remitido en el mes de abril de 2019. Por tales razones, no se comprueba violación a derecho fundamental alguno y en cuanto a esta autoridad, se declara sin lugar el recurso.

X.- CONCLUSIÓN. Ante el escenario descrito, resulta clara la acusada violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que habitan la comunidad afectada. Sin embargo, no puede este Tribunal señalar los responsables de la contaminación alegada por los recurrentes, por ser ajeno al ámbito de su competencia, y que además, desde hace más de un año se lleva a cabo la investigación en el Tribunal Ambiental Administrativo, debido a la denuncia interpuesta contra la propietaria del inmueble que se utiliza como vertedero ilegal y que amenaza la contaminación del cauce del Río Segundo. A la sazón lo importante es que las autoridades recurridas conocen de la situación desde más de un año y han incumplido su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la coyuntura con la premura necesaria para este tipo de problemas. No es posible que luego de tantos meses, las administraciones recurridas no hayan coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección del cauce del Rio Segundo y que eventualmente podría representar ser un peligro para la salud de la población. Precisamente, la prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente. En la Sentencia N° 3480-03, de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, la Sala dispuso que “(...) Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de qu tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente (...)”. Por ello, desde la perspectiva constitucional, en el sublite la Sala concluye, que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del ambiente por parte del Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud, y la Municipalidad de Alajuela, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, ya que el problema denunciado aún persiste, ya que tampoco han tomado medidas precautorias, la salud de las personas y el ambiente. La Constitución Política recoge, tácitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente, máxime si se trata de un servicio público esencial como el abastecimiento de agua potable, y la protección y sanemamieno del recurso hídirico. Bajo estos supuestos, el artículo 50, de la Constitución Política, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del ambiente es una de las formas, a través de las cuales puede ser rota la integridad del entorno, con resultados, la mayoría de las veces, imperecederos y acumulativos. Así las cosas, el Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación.

X.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que las autoridades recurridas, han omitido cumplir con su deber de proteger la salud y el ambiente, pues aun no han puesto fin al problema de contaminación que provoca el vertedero de basura y escombros en un terreno localizado al margen del Río Segundo y a un costado del condominio donde vive el recurrente, lo que amenaza lesionar el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

XI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ RESPECTO DEL RECLAMO POR INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.

1. El contexto histórico que motivó en su momento la amplia intervención de la Sala en materia ambiental, ha tenido una considerable variación que impone a este órgano reconsiderar las condiciones para su participación en el aseguramiento del derecho de las personas a un ambiente sano y equilibrado, tal y como ha sido tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. En efecto, la situación actual –caracterizada por una amplísima producción legal y reglamentaria que incluye reglas de fondo, procedimientos y creación de órganos para el cumplimiento de lo ordenado en la Carta Fundamental- es radicalmente diferente de la anterior, en la cual la ausencia de normativa y de instancias estatales con competencia apropiada, le impuso a la Sala un papel de protagonista, casi único, en la defensa del precitado derecho constitucional.

2. Hoy en día, nos encontramos frente a un “denso entramado” de normativa ambiental, lo cual ha producido dos fenómenos relevantes: el primero y más obvio, es el surgimiento de una abarcadora regulación jurídica respecto de actividades cuya incidencia en el ambiente estaba poco o nada ordenada, así la creación de órganos estatales con potestades de vigilancia y control sobre los efectos de la actividad humana en el entorno. El segundo fenómeno consiste en que esa creciente juridificación –predominantemente legislativa y reglamentaria– trae aparejada una ineludible entrada en escena tanto de la justicia administrativa como de la jurisdicción ordinaria -prioritariamente la contencioso administrativa, pero también la penal. En ellas, acorde con la importancia del derecho ambiental, se han regulado de forma amplia vías procesales y medios de legitimación incluyentes, de manera que los administrados puedan hacer valer lo establecido en ese amplio orden jurídico que se relaciona con el tema ambiental.

3. En ese contexto, no resulta apropiado jurídicamente, ni desde el punto de vista funcional, que la Sala Constitucional desplace, o -peor aún- sustituya, a los órganos de justicia ordinarios en la realización de su tarea, también de rango constitucional, de velar por el efectivo cumplimiento de leyes y reglamentos. Es impropio jurídicamente porque en la inmensa mayoría de estos casos lo que se solicita es que interprete y haga valer normas legales y reglamentarias con lo que arriesga traslapar sus competencias con las de otros órganos jurisdiccionales que –ellos sí- han sido creados para ejecutar tales tareas; y resulta también funcionalmente incorrecto, porque el diseño de sus procesos se aviene mal con la complejidad que está presente en numerosos conflictos ambientales que se componen de series de hechos y actos técnica y jurídicamente complejos. Sobre ambas cuestiones existen conocidos ejemplos en los que la Sala ha arrojado una resolución a medias o técnicamente incompleta, o bien se han generado fricciones innecesarias y afectación de la seguridad jurídica.

4. Como parte de los aspectos técnicos que he valorado, añado que está el hecho de que esta jurisdicción no cuenta con jueces ejecutores de sentencia que permitan darle seguimiento adecuado a las mismas -generalmente complejas-, que implican en ocasiones el seguimiento de planes remediales, entre otros, con coordinación interinstitucional y seguimiento de meses y hasta años.

5. Desde esa perspectiva, la decisión de dar un paso al lado en la materia ambiental por parte de este Tribunal no debe ser vista como un abandono de la materia ambiental, sino al contrario, de su adecuada tutela en la instancia que mejor se aviene a la naturaleza de su complejidad y diversidad. Asimismo tampoco debe ser visto como la declinación de esta instancia en su tarea de protección de los derechos constitucionales que le imponen la Constitución Política y su Ley Orgánica, que desde mi punto de vista, queda reservada en esta materia para casos específicos. Se trata más bien, de un ejercicio de reacomodo de las cargas y tareas que corresponden a los distintos órganos estatales, de manera que cada uno de ellos, pueda desplegar plenamente su labor dentro del ámbito que se le ha asignado, así como del ejercicio de fijar su propia competencia, según lo establece el artículo 7 de su Ley Orgánica.

6. Queda claro que la Sala no se plantea abandonar a otras jurisdicciones la labor de protección de los derechos de las personas en materia ambiental. Es conocido que si bien todo reclamo por infracción de normas legales y reglamentarias puede ser reconducido hasta el ámbito constitucional, existen casos cuya resolución no exige más que la aplicación del derecho de la Constitución. Se trata entonces de lograr que la Sala se convierta en protagonista junto con otros, de manera que –entre todos y cada uno en su espacio- se pueda cubrir toda la variedad de situaciones que presenta una protección del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado dentro de una sociedad en la que también existen otras necesidades igual de acuciantes. Con esta posición creo firmemente que el ciudadano no pierde un ápice de protección pero se gana sustancialmente en amplitud, en perspectiva y en respeto al equilibrio y distribución de poderes, principio este último de obligada consideración, puesto que rige la dinámica constitucional de cualquier sistema liberal y democrático como el nuestro.- 7. En línea con lo anterior, sostengo que esta Sala debe abstenerse de conocer los reclamos que se le presenten por supuesta infracción al artículo 50 de la Constitución Política para dejar en manos de la justicia administrativa y la jurisdicción contenciosa administrativa su conocimiento. Lo anterior se deja afirmado con carácter general, sin perjuicio de reconocer la existencia de casos particulares o grupos de casos que, según mi criterio, si resultarían aún mejor tutelados por esta Sala y por tanto deben ser conocidos y resueltos por ella.- Dentro de tales grupos de casos, y sin que esta enunciación pueda considerarse como una lista cerrada y definitiva, puedo señalar que la Sala debe reservarse el conocimiento de situaciones como por ejemplo los reclamos por infracciones ambientales que además pongan en riesgo directo la salud de las personas, o el acceso o calidad del agua; los casos de violaciones groseras y directas al ambiente y en los cuales se constate una palmaria ausencia de la protección por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando además la naturaleza del reclamo permita ser abordado mediante el instrumento del amparo como instituto procesal sumario y especial, ya que estimo que tampoco se debe “ordinariar” el amparo para abordar, aún en estos casos citados, temas que rebasen la capacidad de ser atendidos adecuadamente en el mismo.

8. En el caso concreto, de conformidad con los hechos probados no se presenta ninguna de las excepciones que mencionan y la situación planteada se ubica dentro de aquellos casos en las que la intervención de los medios de protección de la Administración y la justicia ordinaria, resultan ser una vía más amplia y completa para el tema discutido, el cual involucra una discusión sobre ventajas y desventajas y valoración de los beneficios, que requiere abundante prueba, seguimientos y estudios que exceden el ámbito del amparo. De tal modo, debió aplicarse el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y rechazar de plano el recurso, no obstante, al no haber ocurrido así, procede ahora declarar sin lugar el amparo interpuesto XII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes, que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del Despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ligia María Umaña Ledezma, a Laura María Chaves Quirós, y a Ronald Enrique Mora, por su orden, Secretaria del Tribunal Ambiental Administrativo, Alcaldesa de la Municipalidad de Alajuela y Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2, del Ministerio de Salud, que de forma inmediata a la notificación de la presente sentencia, procedan a coordinar las acciones correspondientes para que dentro del plazo de tres meses, realicen las acciones que en derecho y según su competencia procedan para solventar el problema de contaminación generado por la existencia del depósito ilegal de tierra, escombros y otros desechos en el sector de Santiago Oeste El Coco en La Guácima de Alajuela, contiguo al Condominio Villanea. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Alajuela , al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. La Magistrada Hernández López salva el voto y declara sin lugar el recurso. Notifíquese esta sentencia en forma personal a los funcionarios antes indicados, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *947BYLR6S437861*