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Res. 07690-2019 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 03/05/2019
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber granted the amparo and ordered the defendant institutions to immediately begin remediation of the water sources contaminated with bromacil, under a unified plan coordinated by the Ministry of Health.La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo y ordenó a las instituciones demandadas iniciar de inmediato el saneamiento de las fuentes de agua contaminadas con bromacil, bajo un plan único coordinado por el Ministerio de Salud.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber reviews an amparo filed by the rural aqueduct association (ASADA) of Veracruz de San Carlos against several state agencies. Since 2016, its seven water springs were closed due to high levels of bromacil, a herbicide used in nearby pineapple farms, and the authorities have not implemented definitive remediation solutions. Although the contaminated water supply was suspended, an inter-institutional commission was created, and the use of bromacil was banned as of 2017, the necessary actions to eliminate the contamination and recover the sources have not been carried out. The measures adopted so far are merely palliative. The Court finds that the respondent authorities have violated the rights to health and a healthy environment, disregarding the principles of prevention and precaution. It therefore grants the amparo and orders the defendant institutions to immediately begin the process of remediation and elimination of pesticide residues from the water sources, under a unified plan coordinated by the Ministry of Health, within a maximum period of six months.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por la ASADA de Veracruz de San Carlos contra múltiples instituciones estatales. El recurrente alega que desde 2016 las siete nacientes que abastecen a la comunidad fueron clausuradas debido a altos niveles de bromacil, un herbicida usado en plantaciones de piña, y que las autoridades no han implementado soluciones definitivas de saneamiento. La Sala verifica que, aunque se suspendió el suministro de agua contaminada, se creó una comisión interinstitucional y se prohibió el uso de bromacil a partir de 2017, no se han ejecutado las acciones necesarias para eliminar la contaminación ni recuperar las fuentes. Las medidas adoptadas hasta el momento son meramente paliativas. La Sala concluye que las autoridades recurridas han violado los derechos a la salud y a un ambiente sano, incumpliendo los principios de prevención y precautorio. Por tanto, declara con lugar el recurso y ordena a las instituciones demandadas iniciar de inmediato el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas de las fuentes de agua, bajo un plan único coordinado por el Ministerio de Salud, en un plazo máximo de seis meses.
Key excerptExtracto clave
Precisely, prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and proper management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event of a risk of serious or irreversible damage—or doubt about it—a precautionary measure must be adopted, including postponing the activity in question. This is because in environmental matters, after-the-fact coercion is ineffective, since once the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment. (...) It is ordered to Daniel Salas Peraza, Eugenio Androvetto Villalobos, and Dionisio Sibaja Anchía, in their capacities as Minister, Director of Health, and Director of the Governing Health Area of Aguas Zarcas, all of the Ministry of Health; to Yamileth Astorga Espeleta as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; to Carlos Manuel Rodríguez Echandi and José Miguel Zeledón Calderón, in their respective capacities as Minister and Director of the Water Directorate, both of the Ministry of Environment and Energy; to Fernando Araya Alpízar, as Director of the State Phytosanitary Service, and to Luis Renato Alvarado Rivera, as Minister of Agriculture and Livestock, or whoever holds their positions, to immediately begin the process of remediation and elimination of pesticide residues that are the subject of this amparo, from the water sources that supply the communities of Veracruz de San Carlos.Precisamente, la prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente. (...) Se ordena a Daniel Salas Peraza, Eugenio Androvetto Villalobos, y Dionisio Sibaja Anchía, en su condición de Ministro, Director de Salud y Director del Área Rectora de Salud Aguas Zarcas, todos del Ministerio de Salud; a Yamileth Astorga Espeleta en calidad de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a Carlos Manuel Rodríguez Echandi y a José Miguel Zeledón Calderón, en su condición respectiva de Ministro y Director de la Dirección de Aguas, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía; a Fernando Araya Alpízar, en su condición de Director del Servicio Fitosanitario del Estado y a Luis Renato Alvarado Rivera, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, o a quienes en sus lugares ejerzan los cargos, que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de este amparo, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Veracruz de San Carlos.
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"El principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate."
"The guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event of a risk of serious or irreversible damage—or doubt about it—a precautionary measure must be adopted, including postponing the activity in question."
Considerando V
"El principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate."
Considerando V
"En materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente."
"In environmental matters, after-the-fact coercion is ineffective, because once the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damage caused to the environment."
Considerando V
"En materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente."
Considerando V
"Se ordena a Daniel Salas Peraza, Eugenio Androvetto Villalobos, y Dionisio Sibaja Anchía [...] que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de este amparo, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Veracruz de San Carlos."
"It is ordered to Daniel Salas Peraza, Eugenio Androvetto Villalobos, and Dionisio Sibaja Anchía [...] to immediately begin the process of remediation and elimination of pesticide residues that are the subject of this amparo, from the water sources that supply the communities of Veracruz de San Carlos."
Por Tanto
"Se ordena a Daniel Salas Peraza, Eugenio Androvetto Villalobos, y Dionisio Sibaja Anchía [...] que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de este amparo, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Veracruz de San Carlos."
Por Tanto
"Deberán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a quienes resulten responsables, los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en sus plantaciones y hasta ordenar el cierre inmediato de las empresas o la prohibición de las actividades productivas, si se incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren."
"They must order all actions that are technically and scientifically conducive to the complete cleaning and purification of the water from those sources, which implies ordering those responsible to carry out the legally corresponding setbacks, and even, if necessary, absolutely prohibiting the use of contaminating agrochemicals on their plantations and even ordering the immediate closure of the companies or the prohibition of productive activities, if the orders and instructions given are disobeyed in any way."
Por Tanto
"Deberán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a quienes resulten responsables, los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en sus plantaciones y hasta ordenar el cierre inmediato de las empresas o la prohibición de las actividades productivas, si se incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren."
Por Tanto
Full documentDocumento completo
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen on the morning of May third, two thousand nineteen.
An amparo action processed under case file number 19-002201-0007-CO, filed by RODRIGO ALFREDO NÚÑEZ SÁNCHEZ, identity card number 0900270805, on behalf of the ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE VERACRUZ DE PITAL DE SAN CARLOS, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, the MINISTERIO DE SALUD, the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, the MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, and the CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL of the UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
Whereas:
The inspected products comply with storage, labeling, and pamphlet regulations. Copies of the application certificates are attached, which include the use of bromacil (….)” Consequently, your represented party has fulfilled the duties imposed by law. It requests that the appeal be declared without merit.
Drafted by Judge Salazar Alvarado; and,
Considering:
I.Purpose of the appeal. The appellant alleges that, as of May 10, 2016, the Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas ordered the immediate suspension of the water supply from the springs (nacientes) to the community of Veracruz, because they are contaminated with agrochemicals known as Bromacil and Oxamil, which are used by the pineapple-producing agricultural companies in the area to control pests. The contamination problem is aggravated because the springs are located within the pineapple farm La Lydia, and the pesticide used is water-soluble and persistent in the soil. However, to date, the respondent authorities have failed to fulfill their duty to protect the environment and life, and have not put an end to the water contamination problem. It considers that the lack of studies and concrete actions violates the fundamental rights of the community of Veracruz.
II.Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial order:
A.- Regarding the Ministerio de Salud:
Ministerio de Salud: it is in the process of developing a hydrogeological study that covers Venecia and Pital, and Aguas Zarcas and Río Cuarto were excluded; permission has been requested from the owners of the farms where pineapple is planted to enter to conduct the hydrogeological study, but they have had problems locating the piezometers because the farm owners do not allow entry; they have closed water sources proven to have the presence of bromacil, and interconnection to other uncontaminated sources has been coordinated with AYA. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indicated that water analyses have been conducted in the impacted areas and that they are resampling at those sites. It was agreed: to unify the dispersed information, to define the intervention zone according to the types of crops and the corresponding water sampling, to verify good agricultural practices, to establish a sampling plan for agrochemicals in water, to request the allocation of economic resources for the agrochemical sampling plan, to conduct joint inspections in the zone, and to generate vulnerability maps for the zone, for which the hydrogeological study must be extended (see copy of the minutes).
B.- Regarding the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
C.- Regarding the Ministerio de Ambiente y Energía:
III.On the merits. In the case under study, the Court has it as proven that since April 2016, the potable water supply sources were closed due to the presence of the pesticide bromacil, at levels exceeding those established in the Reglamento de Calidad de Agua para consumo humano. Notwithstanding the foregoing, currently the community of Veracruz remains supplied with potable water service, by reason of the contribution from the ASADAS of Pital and Venecia, and in the evidence provided to this file, it is not verified that there is a health risk in that sense for the inhabitants. Now, the problem alleged in the present appeal lies in the fact that, after approximately three years, the respondent authorities have not issued the corresponding administrative acts to provide a definitive solution to the problem of water contamination in the area caused by the pesticide bromacil. Indeed, all inhabitants have the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, as well as an unavoidable duty of the State to ensure it.
By virtue of this, and for the specific case, the State must regulate chemical or similar substances for agricultural use so that they are managed correctly, reasonably, and do not generate unacceptable risks to human health and the environment, even when used according to the recommendations for use. In that context, upon verifying that bromacil was a highly contaminating product that affects surface water and groundwater, the respondent authorities proceeded to close the water supply wells used by the ASADA de Veracruz and prohibited, as of April 2017, the importation and use of technical-grade active ingredients and formulated synthetic pesticides containing the active ingredient 5-bromo-3-sec-butyl-6methyluracil, commonly known as bromacil, and its lithium salt. In view of the presence of the pesticide bromacil in high proportions in groundwater and surface water near pineapple plantations in various areas, the respondent authorities formed, as of May 2017, an Interinstitutional Commission, involving representatives of the respondent authorities and led by the Ministerio de Salud, to provide a solution.
To this end, it was verified that during 2017 and 2018, they met on several occasions and agreed, among other things, to carry out a hydrogeological study in the area to evaluate the impact of agricultural activity on the aquifers (mantos acuíferos); in addition, they conducted inspections, sampling, requested permission from property owners to enter the farms for the installation of piezometers necessary for the respective studies; they also coordinated the interconnection of the aqueduct to other uncontaminated sources, and plans were established to verify good agricultural practices and for the sampling of agrochemicals in water. In turn, it was ordered that vulnerability maps must be generated; a contract was signed with the Centro de Investigación en Contaminación Ambiental of the Universidad de Costa Rica for the analysis of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices, as well as a chemical analysis for pesticide residues in plant, water, and soil samples.
However, despite the agreements reached among the competent bodies that make up said Commission, to date the Chamber does not envision a solution to clean up or recover the contaminated springs, or to prevent the pesticide still present on the surfaces from continuing to affect aquifers and springs in the area, including those of the Asada Veracruz de Pital, nor is it confirmed that the specific actions have been carried out as a consequence of the alerts obtained from the analyses performed, which continue to evidence the contamination.
IV.To that end, a clear omission by the Ministry of Health was verified in issuing the necessary orders to address the risk situation reported years ago, since it is not verified that, once the problem of water contamination affecting the area was confirmed, it issued the administrative acts within its competence to prevent or eliminate further contamination, and it is not justified that its action is limited to leading the Interinstitutional Commission that analyzes the situation, which also has not executed specific acts to solve the problem alleged by the petitioner. As for the State Phytosanitary Service, it is on record that since February 2013, it signed a contract with the University of Costa Rica for the analysis of pesticide residues in plant, water, and soil samples, and it is on record that since mid-2017, they knew the results of the analyses detected, without having fulfilled their control obligation regarding chemical substances for agricultural use – pursuant to the Law of Phytosanitary Protection, Law No. 7664 of April 8, 1997 – since it simply limited itself to forwarding the results to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Ministry of Health, and to carrying out an inspection on the occasion of the case file being processed in the Environmental Tribunal, without taking any forceful action in this regard.
As for the Ministry of Agriculture and Livestock, in the report rendered under oath it justified itself, in the sense that it prepared and published Executive Decree No. 40423-MAG-MINAE-S, which prohibited the importation and use of bromacil. In relation to the Costa Rican Institute of Aqueducts, apart from the support to ensure that the community is supplied with potable water by other means, as well as the potable water sampling, it is not evident that it has carried out any act to clean up or recover the contaminated springs. As for the Ministry of Environment and Energy, in addition to its participation in the Interinstitutional Commission through the provision of technical criteria, field visits, and the signing of an agreement with the United States Geological Survey, in 2016, to carry out the exploration and evaluation of groundwater throughout the territory, no specific action is verified either.
Finally, in relation to the Environmental Pollution Research Center of the University of Costa Rica, it is a multidisciplinary scientific research unit that provides paid services, and in 2014, it was contracted by the Ministry of Agriculture and Livestock to carry out a research project called “Characterization of agricultural practices and the use and management of agrochemicals in pineapple cultivation, for the implementation of good agricultural practices,” whose result was delivered to the contracting party, and on June 19, 2018, it sent to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers the physical-chemical analyses of water quality resulting from the preliminary results of the cited study, so that for the purposes of this amparo appeal, said authority has not violated any fundamental right of the petitioner or its represented party. Given this situation, although it is true that the respondent party reported that the use of the Bromacil pesticide has been eliminated, as well as that an interinstitutional commission was formed to direct and coordinate the pertinent technical actions, establishing a schedule of meetings and proposals, some of which have been developed in order to resolve and direct the situation, the truth is that not even the hydrogeological study has been carried out to determine the impact on the recharge areas of the springs, much less has a definitive and effective solution been provided.
V.Given the scenario described, the alleged violation of the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment of the people inhabiting the affected communities is clear. That said, this Court cannot establish the distances that must exist between the water springs, streams, and creeks and the area for agricultural plantations, or the failure of agricultural companies to comply with the provisions of the legal system, particularly with regard to the use of pesticides, or the conditions under which the planting of agricultural products is carried out, since these are factual situations outside the strictly legal analysis carried out through an amparo appeal. Nor can the Chamber identify those responsible for the contamination of the Veracruz springs that caused their removal from operation, as this is also outside the scope of its competence. Note that a complaint against the owner of the property where the contaminated sources are located is currently being processed in the Administrative Environmental Tribunal, under case file No. 59-16-02-TAA.
Thus, it is indeed clear that all the respondent authorities have known of the situation for years and breached their obligation, in accordance with the principle of interinstitutional coordination in environmental matters and the precautionary principle, to address the situation with the urgency necessary for this type of problem. It is not possible that after so many years, the respondent administrations have still not coordinated activities and executed the corresponding acts to establish measures for the protection of supply sources, such as a topographic survey of the springs and delimitation of capture zones, mapping of contaminant loads that may compromise the quality of the resource and pose a danger to the population's health, among others. Precisely, prevention seeks to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the governing principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid containing the possible impact on the environment or people's health.
Thus, if there is a risk of serious or irreversible damage – or any doubt about it – a precautionary measure must be adopted, including postponing the activity in question. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion is ineffective, since once the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance but will hardly compensate for the damages caused to the environment. In judgment number 3480-03 of 14:02 hours on May 2, 2003, the Chamber ruled that “(...) Properly understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty as to whether such facts will indeed produce harmful effects on the environment (...)”. In a similar matter, the Chamber in Judgment No. 2019-000695, of 9:15 hours on January 18, 2019, analyzed precisely the contamination of aquifers and tree felling by a pineapple company located in Río Cuarto; where the water supply sources of the communities were also removed from operation, and despite this, the authorities had still not taken actions to eliminate the source of contamination or changed the land use of areas of high water vulnerability; the following was ordered:
"(...) It is clear that it was not until mid-2018, when multiple springs of the affected communities had to be removed from operation, that the Ministry of Health – through a Commission created for that purpose – together with the other actors involved, are investigating the possible causes of the environmental disaster detected – with the exception of the Administrative Environmental Tribunal, for which there is no record of any participation in those efforts. Furthermore, the measures taken by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are merely palliative, since at this point what it has issued are orders to continue providing potable water service, through support among ASADAS and tanker trucks, with no record of technical recommendations to finally supply the affected communities with the quantity of the vital liquid necessary for the development of the communities in question, and, moreover, without specifically indicating to this Chamber what other projects could improve the continuity of service, in light of the limitations that had to be imposed for new services in the affected communities, for example.
In light of the foregoing, this amparo is admissible as a means to protect the affected communities in their fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment (in a similar sense, see Judgment No. 2009-9040 of 10:29 hours on May 29, 2009). Consequently, it is appropriate to order the respondents to take the corresponding actions with the objective of eliminating the cause of the contamination and cleaning up the aforementioned water sources (...)." Therefore, from the constitutional perspective, in the case at hand the Chamber concludes that the actions in exercise of the power of control or surveillance deployed in protection of health and the environment by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, the State Phytosanitary Service, and the Ministry of Agriculture and Livestock, within the framework of their powers, have been clearly insufficient, since the reported problem persists and injures or threatens to injure, because they have also not taken precautionary measures, the health of persons and the environment.
The Political Constitution tacitly enshrines the fundamental right of the administered to the good and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high quality standards, which has as its necessary corollary the obligation of public administrations to provide them continuously, regularly, expeditiously, effectively, and efficiently, especially when it concerns an essential public service such as the supply of potable water and the protection and remediation of the water resource. Under these assumptions, Article 50 of the Political Constitution expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. Compliance with this requirement is a fundamental guarantee for the protection of public life and health, not only of Costa Ricans, but also of all members of the world community.
The violation of these fundamental precepts entails the possibility of injury or endangerment of interests in the short, medium, and long term. Environmental contamination is one of the ways through which the integrity of the environment can be broken, with results that are, most of the time, imperishable and cumulative. Thus, the Costa Rican State has the obligation to act preventively, avoiding – through oversight and direct intervention – the commission of acts that harm the environment, and the correlative and equally inescapable prohibition of encouraging its degradation.
In environmental matters, it is this undersigned’s criterion that if the Public Administration has already intervened, its cognizance and resolution corresponds to the administrative jurisdiction. However, I do enter to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (Article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which it is alleged that the respondent authorities have omitted to fulfill their duty to protect health and the environment, since they have still not put an end to the water contamination problem caused by the use of a pesticide, which threatens to violate the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life.
The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary," approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore
The appeal is granted. It is ordered to Daniel Salas Peraza, Eugenio Androvetto Villalobos, and Dionisio Sibaja Anchía, in their capacity as Minister, Director of Health, and Director of the Governing Health Area of Aguas Zarcas, all of the Ministry of Health; to Yamileth Astorga Espeleta as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; to Carlos Manuel Rodríguez Echandi and to José Miguel Zeledón Calderón, in their respective capacities as Minister and Director of the Water Directorate, both of the Ministry of Environment and Energy; to Fernando Araya Alpízar, in his capacity as Director of the State Phytosanitary Service; and to Luis Renato Alvarado Rivera, in his capacity as Minister of Agriculture and Livestock, or to whomever holds those positions in their stead, to immediately begin the process of remediation and elimination of pesticide residues subject to this amparo, from the water sources that supply the communities of Veracruz de San Carlos.
They are warned that each respondent body and entity shall determine, in accordance with their own legal powers, the individual actions that they are obligatorily required to carry out, within a SINGLE PLAN that as parts of the State Administration they must carry out jointly, which must be drafted within the period established in Judgment No. 2019-000695, of 9:15 hours on January 18, 2019, that is, no more than six months from the notification of said judgment, and whose progress must be reported to this Court every six months. The Minister of Health is designated as the principal person responsible for that plan and for its full compliance, which means that the Head of Health must immediately inform this Chamber if any obstacle arises in her coordinating task to fulfill the objective ordered here. The respondents are warned that by reason of the objective ordered here, they shall order all actions that are technically and scientifically conducive to the complete cleanup and purification of the water from those sources, which implies ordering those responsible, the legally corresponding withdrawals, and even, if necessary, absolutely prohibiting them the use of contaminating agrochemicals in their plantations and even ordering the immediate closure of the companies or the prohibition of productive activities, if the orders and instructions given to them are breached in any way.
Furthermore, while the remediation process concludes, they must issue the necessary orders, within the framework of their powers, to maintain the continuity of the potable water service to the affected populations. The foregoing, under warning that, if they fail to obey this order, they shall incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not have it complied with, provided that the offense is not more severely punished. As for the Environmental Pollution Research Center of the University of Costa Rica, the appeal is dismissed. The State and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado takes note. Let this judgment be personally notified to the officials indicated above, or to whomever holds those positions in their stead.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.
Ileana Sánchez N.
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Recurso de amparo que se tramita en expediente número 19-002201-0007-CO, interpuesto por RODRIGO ALFREDO NÚÑEZ SÁNCHEZ, cédula de identidad 0900270805, a favor de ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE VERACRUZ DE PITAL DE SAN CARLOS, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, el MINISTERIO DE SALUD, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, y el CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
Resultando:
10. Informa bajo juramento Fernando Araya Alpízar, en su condición de Director del Servicio Fitosanitario del Estado, que el 26 de febrero del 2013, se suscribió un contrato con la Universidad de Costa Rica, N° 035-2012, denominado "Contrato entre el Servicio Fitosanitaria del Estado y la Universidad de Costa Rica, Contratación Directa 2012 CD-00287-10803 "Servicio de Análisis Químico", con el fin de realizar un estudio para de residuos de plaguicidas en muestras vegetales, agua y suelo. El 23 de agosto del 2017, de le notificó al Director del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de una serie de acciones que se tomaron en relación con los resultados del proyecto "Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de la piña, para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y que se les autorizaba a realizar las comunicaciones correspondientes y dar las alertas del caso a las instancias que ellos consideren necesarias para proteger la salud y el ambiente.
El 19 de junio de 2018, se le envió al AYA, los análisis físicos-químicos de la calidad de agua producto de los resultados preliminares del estudio citado. El 24 de setiembre del 2018, la Fiscala Auxiliar de la Fiscalía Adjunta Agrario dictó el acto de secuestro del expediente administrativo tramitado en el Servicio Fitosanitaria del Estado, así como toda la documentación relacionada de alguna manera con el proyecto de "Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA) " desarrollado en el SFE y la Universidad de Costa Rica. Aclara, que se gestionó ante las autoridades competentes dar a conocer los resultados de los análisis con la finalidad que se tomarán las acciones correspondientes en pro de la salud y el medio ambiente. Nótese, que desde el año 2017, se tomaron las acciones pertinentes y la competencia del SFE es determinar que los agroquímicos que se estén utilizando tenga un uso autorizado en ese cultivo, y que las dosis de aplicación correspondan con las cuales se autorizó el uso del producto, por lo que no es competente para controlar la aplicación de plaguicidas.
De manera, que su labor está enfocada en efectuar análisis de residuos de plaguicidas, lo que significa determinar si los usuarios están aplicando productos autorizados y en la dosis que corresponden, por lo que no otorga permisos a las empresas para la aplicación de plaguicidas en sus fincas. En el caso específico de Veracruz de Pital de San Calos, se cumplió con su deber de fiscalización de conformidad con sus competencias, pues mediante Oficio DSFE. 50l -2016, de 27 de junio de 2016, consta que se realizó una inspección a la finca Agrícola La Lydia Industrial ubicada en Veracruz, a petición del Tribunal Ambiental Administrativo, y se verificó que: "(…) También se hizo una inspección en la bodega de almacenamiento de agroquímicos, donde se pudo determinar que los productos indicados en el registro de inventario de la bodega de agroquímicos que contienen bromacil: Husar 80 WP y 80 WP se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Plaguicidas del SFE mediante los números 8702163 y 3137, respectivamente.
Los productos inspeccionados cumplen con las regulaciones de almacenamiento, etiquetado y panfleto. Se adjuntan copias de las cédulas de aplicación donde se incluye el uso de bromacil (….)” En consecuencia, su representada ha cumplido con los deberes que la ley le impone. Solicita se declare sin lugar el recurso.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.Objeto del recurso. El recurrente alega, que desde el 10 de mayo de 2016, el Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas, ordenó suspender de forma inmediata el suministro de agua de las nacientes a la comunidad de Veracruz, pues se encuentran contaminadas con agroquímicos conocidos como Bromacil y Oxamil, que son los que utilizan las empresas agrícolas productoras de piña de la zona para controlar las plagas. El problema de contaminación se agrava debido a que las nacientes están ubicadas dentro de la finca piñera La Lydia, y el plaguicida que utilizan es soluble en agua y persistente en el suelo. Sin embargo, a la fecha, las autoridades recurridas, han omitido cumplir con su deber de proteger el ambiente, la vida y no han puesto fin al problema de contaminación de las aguas. Considera que la falta de estudios y acciones concretas, vulneran los derechos fundamentales de la comunidad de Veracruz.
II.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
A.- En relación con el Ministerio de Salud:
Ministerio de Salud: está en proceso de elaboración un estudio hidrogeológico que abarca Venecia y Pital, y se excluyo Aguas Zarcas y Río Cuarto, se ha solicitado a los propietarios de las fincas en la que se siembra piña permiso para ingresar a realizar el estudio hidrogeológico, pero que han tenido problemas al ubicar los piezómetros, pues los dueños de las fincas no permiten el ingreso; han clausurado fuente de agua comprobadas con presencia de bromacil se ha coordinado con el AYA la interconexión a otras fuentes no contaminadas. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indican, que se han realizado análisis de las aguas en las zonas impactadas y que se están remuestreando en esos sitios. Se acordó: unificar la información dispersa, definir la zona de intervención según los tipos de cultivos y el correspondiente muestreo de aguas, verificar las buenas prácticas agrícolas, establecer un plan de muestreo de agroquímicos en agua, solicitar asignación de recursos económicos para el plan de muestreo agroquímico, realizar inspecciones en conjunta en la zona, generar mapas de vulnerabilidad de la zona por lo que hay que extender el estudio hidrogeológico (ver copia del acta).
B.- En relación con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:
| 5) El Instituto aprobó el estudio técnico presentado por la ASADA de Veracruz para conducir el agua desde Venecia y aportó la tubería de conducción requerida (ver informe de las autoridades recurridas) 6) La recomendación técnica del AYA no ha sido sanear o recuperar las nacientes contaminadas, sino proponer soluciones que impliquen conducir agua de fuentes libres de contaminación que sustituyan las que están fuera de operación (ver informe de la autoridad recurrida).
C.- En relación al Ministerio de Ambiente y Energía:
III.Sobre el fondo. En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado que desde el mes de abril de 2016, las fuentes de abastecimiento de agua potable fueron clausuradas debido a la presencia del plaguicida bromacil, en niveles superiores a lo establecido en el Reglamento de Calidad de Agua para consumo humano. No obstante lo anterior, actualmente la comunidad de Veracruz se mantiene abastecida del servicio de agua potable, en razón del aporte de las ASADAS de Pital y Venecia, siendo que en la prueba aportada a este expediente, no se verifica que exista un riesgo para la salud, en ese sentido para los habitantes. Ahora bien, el problema alegado en el presente recurso radica, que luego de tres años aproximadamente, las autoridades recurridas no han dictados los actos administrativos correspondientes para dar una solución, de manera definitiva, al problema de contaminación de las aguas de la zona producido por el plaguicida bromacil.
Efectivamente, todos los habitantes tienen el derecho fundamental de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como un deber ineludible del Estado procurarlo. En virtud de ello, y para el caso concreto, el Estado debe regular las sustancias químicas o afines para uso agrícola de forma que sean manejadas de forma correcta, razonablemente y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente, aun cuando se utilice conforme a las recomendaciones de uso. En ese contexto, las autoridades recurridas al constatar que el bromacil, era un producto sumamente contaminante que afecta las aguas subterráneas y superficiales, procedieron a clausurar los pozos de abastecimiento de agua que utilizaba la ASADA de Veracruz y prohibió a partir del mes de abril de 2017, la importación y uso de ingredientes activos grado técnico y plaguicidas sintéticos formulados que contenían el ingrediente activo 5-bromo-3-sec-butyl-6methyluracil, de nombre común bromacil y su sal de litio.
En vista de la presencia del plaguicida bromacil en altas proporciones en aguas subterráneas y aguas superficiales cercanas a plantaciones de piña en diversas zonas, las autoridades recurridas integraron desde el mes de mayo de 2017, una Comisión Interinstitucional, que involucra a representantes de las autoridades recurridas y que es liderada por el Ministerio de Salud, para brindar una solución y para ello, se constató que durante el año 2017 y 2018, se reunieron en varias ocasiones y acordaron, entre otros, la realización de un estudio hidrogeológico en la zona para evaluar la afectación de la actividad agrícola sobre los mantos acuíferos; además, efectuaron inspecciones, muestreos, solicitaron permiso a los propietarios para ingresar a las fincas para la instalación de piezómetros neesarios para los estudios respectivos; también coordinaron la interconexión del acueducto a otras fuentes no contaminadas, y se establecieron planes para verificar las buenas prácticas agrícolas, de muestreo de agroquímicos en agua.
A su vez, se dispuso la que se deben generar mapas de vulnerabilidad; se suscribió un contrato con el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, para el analisis sobre las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas, así como también un análisis químico para de residuos de plaguicidas en muestras vegetales, agua y suelo. Sin embargo, pese a los acuerdos tomados entre los órganos competentes que integran dicha Comisión, a la fecha la Sala no vislumbra una solución para sanear o recuperar las nacientes contaminadas, o bien, evitar que el plaguicida aun presente en las superficies, continué afectando mantos acuíferos y nacientes de la zona, incluidas las de la Asada Veracruz de Pital, asi como tampoco se constata, que se hayan ejecutados las acciones concretas como consecuencia de las alertas obtenidas de los análisis efectuados, que continúan evidenciado la contaminación.
IV.Para esos efectos, se verificó una evidente omisión del Ministerio de Salud de dictar las órdenes necesarias para atender la situación de riesgo denunciada desde hace años, pues no se verifica que, una vez constatado el problema de contaminación de aguas que afecta la zona, haya dictado los actos administrativos correspondientes a su competencia para prevenir o eliminar que se siga contaminando y no se justifica que su actuación se limite a liderar la Comisión Interinstitucional que analiza la situación, misma que tampoco ha ejecutado actos concretos para solucionar el problema que alega el recurrente. En cuanto al Servicio Fitosanitario del Estado, consta que desde febrero de 2013, firmó un contrato con la Universidad de Costa Rica para el análisis de residuos de plaguicidas en muestras vegetales, agua y suelo y, consta que desde mediados del 2017, conocían los resultados de los análisis detectados, sin que hayan cumplido con su obligación de control en materia de sustancias químicas para uso agrícola –según la Ley de Protección Fitosanitaria, Ley N° 7664 del 8 de abril de 1997-, ya que simplemente se limitó a trasladar los resultados al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio de Salud, y a realizar una inspección con ocación del expediente que se tramita en el Tribunal Ambiental, sin que tomara ninguna acción contundente al respecto.
En cuanto al al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el informe rendido bajo juramento se justificó, en el sentido que elaboró y publicó el Decreto Ejecutivo N° 40423-MAG-MINAE-S, que prohibió la importación y uso del bromacil. En relación con el Instituto Costarricense de Acueductos, aparte del apoyo para lograr que la comunidad se encuentra abastecida de agua potable por otros medios, así como los muestreos de agua potable, no se desprende que haya realizado algun acto para sanear o recuperar las nacientes contaminadas. En cuanto al Ministerio de Ambiente y Energía, además de su participación en la Comisión Interinstitucional mediante aporte de criterios técnicos, visitas de campo y la suscripción de un acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en el año 2016, para realizar la exploración y evaluación de las aguas subterráneas en todo el territorio, tampoco se comprueba ninguna actuación en concreto.
Finalmente, en relación con el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, se trata de una unidad de investigación científica de carácter multidisciplinario, que presta servicios remunerados y que en año 2014, fue contratado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para realizar un proyecto de investigación denominado “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y manejo de agroquímicos en el en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas", cuyo resultado fue entregado al contratante y el 19 de junio de 2018, le envió al Instituto Costarrricense de Acueductos y Alcantarillado los análisis físicos-químicos de la calidad de agua producto de los resultados preliminares del estudio citado, de manera que para efectos del presente recurso de amparo, dicha autoridad no han lesionado derecho fundamental alguno al recurrente o a su representada.
Ante dicha situación, si bien es cierto, la parte recurrida informó que se ha eliminado el uso del plaguicida Bromacil, así como también se conformó una comisión interinstitucional, con el fin de direccionar y coordinar las acciones técnicas pertinentes, estableciendo un cronograma de reuniones y propuestas que algunas se han venido desarrollando con el fin de solventar y direccionar la situación, lo cierto es que no se ha ni siquiera realizado el estudio hidrogeológico para determinar la afectación en las áreas de recarga de las nacientes y mucho menos brindado una solución definitiva y efectiva.
V.Ante el escenario descrito, resulta clara la acusada violación del derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que habitan las comunidades afectadas. Ahora bien, no puede este Tribunal establecer las distancias que deben de mediar entre las nacientes de agua, quebradas y riachuelos y el área para las plantaciones agrícolas, o el incumplimiento de las empresas agrícolas de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, particularmente, en lo que respecta al uso de plaguicidas, o bien, las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la siembra de productos agrícolas, pues correspondes a situaciones fácticas ajenas al análisis, estrictamente, jurídico que se efectúa mediante un recurso de amparo. Tampoco puede la Sala señalar los responsables de la contaminación de las nacientes de Veracruz y que motivó su salida de operación, por ser también ajeno al ámbito de su competencia.
Nótese, que actualmente se tramita en el Tribunal Ambiental Administrativo, bajo el expediente N° 59-16-02-TAA, una denuncia contra la propietaria del inmueble donde se localizan las fuentes contaminadas. Así las cosas, sí resulta claro que todas las autoridades recurridas conocían la situación desde hace años e incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas. No es posible que luego de tantos años, las administraciones recurridas tampoco han coordinado las actividades y ejecutados los actos correspondientes para establecer las medidas para la protección de las fuentes de abastecimiento, tales como un levantamiento topográfico de las nacientes y delimitación de zonas de captura, mapeo de cargas contaminantes que pueden comprometer la calidad del recurso y ser un peligro para la salud de la población, entre otras.
Precisamente, la prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente. En la sentencia número 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, la Sala dispuso que “(...) Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de qu tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente (...)”.
En un asunto similar, la Sala en la Sentencia N° 2019-000695, de las 9:15 horas del 18 de enero de 2019, analizó precisamente, la contaminación a mantos acuíferos y tala de árboles por parte de una empresa piñera, ubicada en Río Cuarto; por lo que se sacaron también de operación las fuentes de abastecimiento de agua de las comunidades y que pese a ello, aun las autoridades no habían tomado las acciones para eliminar el foco de contaminación ni cambiado el uso de suelo de las zonas de alta vulnerabilidad hídrica; se dispuso, lo siguiente:
"(...) Resulta claro, que no fue sino hasta mediados del 2018, que al tener que sacar de operación múltiples nacientes de las comunidades afectadas, que el Ministerio de Salud –por medio de una Comisión creada al efecto-, en conjunto con los demás actores involucrados, están investigando las posibles causas del desastre ambiental detectado –con excepción del Tribunal Ambiental Administrativo, que no consta haya tenido ninguna participación en esa gestiones-. Además, las medidas tomadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados son meramente paliativas, ya que a estas alturas lo que ha dictado son órdenes para continuar brindando el servicio de agua potable, por medio de apoyo entre ASADAS y camiones cisterna, sin que consten recomendaciones técnicas para abastecer a las comunidades afectadas finalmente de la cantidad del líquido vital necesario para el desarrollo de las comunidades en cuestión y, además, sin que se hayan indicado a esta Sala, en concreto, cuáles podrían ser las otros proyectos que pueden mejorar la continuidad del servicio, en atención a las limitaciones que debieron dictarse para nuevos servicios en las comunidades afectadas, por ejemplo.
A la luz de lo expuesto, este amparo es procedente como medio para proteger a las comunidades afectadas en sus derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (en similar sentido, véase la Sentencia N° 2009-9040 de las 10:29 horas de 29 de mayo de 2009). En consecuencia, corresponde ordenar a los recurridos que tomen las acciones que correspondan con el objetivo de eliminar la causa de la contaminación y sanear las referidas fuentes de agua (....)".
Por ello, desde la perspectiva constitucional, en el sublite la Sala concluye, que las acciones en ejercicio de la potestad de control o vigilancia desplegadas en tutela de la salud y del ambiente por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Minsiterio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dentro del marco de sus competencias, han sido claramente insuficientes, ya que el problema denunciado aún persiste y lesiona o amenza lesionar, pues tampoco han tomado medidas precautorias, la salud de las personas y el ambiente. La Constitución Política recoge, tácitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente, máxime si se trata de un servicio público esencial como el abastecimiento de agua potable, y la protección y sanemamieno del recurso hídirico.
Bajo estos supuestos, el artículo 50, de la Constitución Política reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del ambiente es una de las formas, a través de las cuales puede ser rota la integridad del entorno, con resultados, la mayoría de las veces, imperecederos y acumulativos. Así las cosas, el Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación.
En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que se acusa que las autoridades recurridas, han omitido cumplir con su deber de proteger la salud y el ambiente, pues aun no han puesto fin al problema de contaminación de aguas provocado por el uso del de un plaguidica, lo que amenaza lesionar el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por Tanto
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Daniel Salas Peraza, Eugenio Androvetto Villalobos, y Dionisio Sibaja Anchía, en su condición de Ministro, Director de Salud y Director del Área Rectora de Salud Aguas Zarcas, todos del Ministerio de Salud; a Yamileth Astorga Espeleta en calidad de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; a Carlos Manuel Rodríguez Echandi y a José Miguel Zeledón Calderón, en su condición respectiva de Ministro y Director de la Dirección de Aguas, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía; a Fernando Araya Alpízar, en su condición de Director del Servicio Fitosanitario del Estado y a Luis Renato Alvarado Rivera, en su condición de Ministro de Agricultura y Ganadería, o a quienes en sus lugares ejerzan los cargos, que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de este amparo, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Veracruz de San Carlos.
Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta, que debe redactarse en el plazo establecido en la Sentencia N° 2019-000695, de las 9:15 horas del 18 de enero de 2019, es decir, no mayor de seis meses, a partir de la notificación de dicha sentencia y cuyos avances deberán ser informados a este Tribunal cada seis meses. Como principal responsable de ese plan y de su completo cumplimiento, se designa a la Ministra de Salud, lo que significa que la Jerarca de Salud deberá informar inmediatamente a esta Sala, si surgiere algún obstáculo en su labor de coordinador para cumplir el objetivo aquí ordenado. Se advierte a los accionados que en razón del objetivo aquí dispuesto, deberán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a quienes resulten responsables, los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en sus plantaciones y hasta ordenar el cierre inmediato de las empresas o la prohibición de las actividades productivas, si se incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren.
Además, mientras el proceso de saneamiento concluye, deberán dictar las órdenes necesarias, dentro del marco de sus competencias, para mantener la continuidad del servicio de agua potable a las poblaciones afectadas. Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta Jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En cuanto al Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, se declara sin lugar el recurso. Se condena al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese esta sentencia en forma personal a los funcionarios antes indicados, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.
Ileana Sánchez N.
*PMUTM9JD1MO61* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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