Res. 00776-2019 Sala ConstitucionalRes. 00776-2019 Sala Constitucional

Revisión del Documento *180200880007CO* Res. Nº 2019000776 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciocho de enero de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo promovido por JOSÉ EDUARDO DE RAMÓN VARGAS RIVERA, cédula de identidad 0107610765, a favor de LUIS DIEGO GARITA SEVERINO, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:49 horas de 12 de diciembre de 2018, el recurrente promovió recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Indica que el 31 de julio de 2018, el tutelado, en su condición de Secretario de Asuntos Legales y Conflictos del Sindicato Nacional de Enfermería, solicitó mediante el oficio No. SAL-032-SINAE-2018 de 11 de julio de 2018, a la Comisión de Relaciones Laborales del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que le suministrara: “copia fiel del acta de reunión o sesión, que realizó esta Comisión Local de Relaciones Laborales, el día 15 de mayo del presente año, y que se me certifique los miembros presentes ese día, de dicha comisión”. Acusa que a la fecha de interposición de este amparo no le han contestado su gestión.

2.- Por resolución de Presidencia de las 9:07 horas de 13 de diciembre de 2018, se dio curso al recurso y ordenó rendir el informe de ley.

3.- Por escrito recibido mediante el Sistema de Gestión en Línea de esta Sala a las 10:08 horas de 21 de diciembre de 2018, informó bajo juramento, Karol Obando Barboza, en condición de Jefe de la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Mediante el oficio No. CRL-163-12-2018 de 18 de diciembre de 2018, se remitió información a esa unidad.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reprocha que la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se niega a brindarle la información de interés público que requirió el 31 de julio de 2018.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 31 de julio de 2018, el Secretario de Asuntos Legales y Conflictos del Sindicato Nacional de Enfermería requirió a la Comisión de Relaciones Laborales del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que se le brindara “copia fiel del acta de reunión o sesión, que realizó esta Comisión Local de Relaciones Laborales, el día 15 de mayo del presente año, y que se me certifique los miembros presentes ese día, de dicha comisión” (los autos). 2) El 14 de diciembre de 2018, se notificó el auto de curso a la autoridad recurrida (los autos). 3) Por oficio de la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Calderón Guardia, No. UGRH-916-12-2018 de 17 de diciembre de 2018, se requirió dicha información a la Comisión de Relaciones Laborales de ese centro hospitalario (los autos). 4) Mediante el oficio de esa Comisión, No. CRL-163-12-2018 de 18 de diciembre de 2018, se remitió lo pedido a la Unidad Gestión de Recursos Humanos (los autos).

III.- HECHOS NO PROBADOS. Se estima no demostrado, el siguiente de relevancia: Único.- Que al amparado se le haya brindado lo pedido (los autos).

IV.- SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. Esta Sala ha analizado reiteradamente el tema en cuestión, insistiendo en la importancia que consagra el derecho estipulado en el artículo 30 de la Constitución Política. Al respecto, en la sentencia número 2014-4037, reiterada, entre otras, por sentencia número 2015-15074, señaló la Sala que:

“El acceso a la información pública que se encuentra en manos de la Administración ha sido reconocido como derecho constitucional en reiterados fallos de este Tribunal. Su raigambre constitucional se encuentra en el artículo 30 de la Constitución, amén que también ha recibido reconocimiento en el derecho convencional. De esta forma, instrumentos básicos del Derecho Internacional lo han reconocido como un componente del derecho de información que se encuentra a su vez asociado a la libertad de expresión. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones (…)”. De la misma manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica en el artículo 19 inciso 2): “2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…)” (El subrayado es agregado. Véase asimismo el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).

En el ámbito interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha seguido el camino trazado por estos instrumentos y establecido en el artículo 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) que “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (...)” (El subrayado es agregado). En cuanto a esta norma, en el caso Claude Reyes y otros v. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció:

“77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.” (Sentencia del 19 de septiembre de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El subrayado es agregado).

El derecho a acceder a la información pública se encuentra matizado en ocasiones por la materia: por ejemplo, hay áreas que se encuentran excluidas del derecho (verbigracia, los secretos de Estado) y, por el contrario, campos en los que explícitamente se debe promover el acceso (por ejemplo, en materia ambiental según el principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo).

En la actualidad, el derecho de acceso a la información también se ha visto moldeado por el desarrollo de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. Dicha evolución no ha pasado desapercibida para algunas legislaciones nacionales, como el Freedom of Information Act británico o la española Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. La comunidad internacional en general también ha hecho reparo en él. Así, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha alentado en múltiples ocasiones a sus Estados Miembros a que “…a través de su respectiva legislación nacional y otros medios apropiados, adopten las medidas necesarias para facilitar la disponibilidad electrónica de la información pública.” (Véanse las resoluciones AG/RES. 2418 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2057 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03), tituladas Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia).

De hecho, la OEA ha llegado a incluir en su Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa el deber de la Administración de publicar anualmente y cuando sea posible en forma electrónica o digital, un informe sobre el desarrollo de sus funciones (artículo 11) y la posibilidad de entregar al administrado la información solicitada de forma electrónica (artículo 15), entre otros.

Sin perjuicio de los límites que afectan al derecho de acceso a la información pública, ya analizados en diferentes ocasiones por esta Sala, y haciendo hincapié en el carácter progresivo de su desarrollo, la Sala reconoce que tal derecho conlleva en la sociedad de la información una ampliación de las obligaciones estatales, las que ahora van más allá de la simple respuesta a una solicitud de información.

Como se puede inferir de la Ley Modelo citada y las resoluciones de la OEA, hoy en día, la Administración está obligada a informar al administrado acerca de sus actuaciones y progresivamente hacer accesible la información que se encuentra en su poder mediante los medios tecnológicos que tenga a su alcance.

En este desarrollo ideal del derecho al cual el Estado debe aspirar a que la información que sea puesta de oficio al alcance de los administrados por vías informáticas, debe ser completa, actual, ordenada, accesible, en la medida de lo posible, mediante programas o interfases de uso común, sin que se impongan barreras injustificadas. El usuario tiene derecho a saber cómo ha sido recolectada la información administrativa y la fuente de la que proviene. El cumplimiento de estos lineamientos permite que se potencie el carácter instrumental del derecho de acceso a la información pública y, en consecuencia, el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de prensa.

De este modo, el Estado debe procurar poner a disposición del público, la información de la manera más actual y completa posible, eso sí observando límites como el requerido resguardo de aquellos datos privados que son recopilados por la Administración, conforme a la Ley 8968, Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.

Asimismo, cuando la información se encuentra digitalizada, los formatos en que se suministren deben procurar la aplicación de paquetes informáticos de uso muy común, incluso aquellos libres pues la disminución de costos por software facilita enormemente el acceso a la información pública. Tales medidas dependen, claro está, de condicionantes financieras y tecnológicas, toda vez que no toda Administración Pública está posibilitada para suministrar la información de la manera más óptima, amén que razones de seguridad informática, de fundada conveniencia tecnológica y presupuestaria pueden determinar el tipo de software por utilizar. Así, la digitalización de la información pública demanda una adaptación progresiva acorde a las posibilidades presupuestarias, tecnológicas y de recursos humanos de cada Administración, no sea que por digitalizar toda la información pública o entregarla en un determinado formato, se descuiden otros aspectos esenciales del servicio público que se brinda a la población en general.

De manera que criterios de razonabilidad y proporcionalidad deben ser aplicados en esta materia, lo que no obsta para subrayar desde ya el escenario ideal al que el Estado debe acercarse paulatinamente a fin de satisfacer de modo pleno el derecho fundamental al acceso a la información pública.

El respeto a estos parámetros posibilita que la información sea utilizada de manera efectiva por el administrado y, con ello, se fomenta tanto la participación informada de las personas en el gobierno, como la transparencia y control de las actuaciones de las autoridades. Más aún, la actuación proactiva de la Administración en el suministro de la información redunda en su beneficio, pues conforme esta sea puesta a disposición de manera general y accesible, se tornará innecesario plantear y responder solicitudes particulares." V.- CASO CONCRETO. Se acreditó que el 31 de julio de 2018, el Secretario de Asuntos Legales y Conflictos del Sindicato Nacional de Enfermería requirió a la Comisión de Relaciones Laborales del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que se brindara “copia fiel del acta de reunión o sesión, que realizó esta Comisión Local de Relaciones Laborales, el día 15 de mayo del presente año, y que se me certifique los miembros presentes ese día, de dicha comisión” (los autos). Pese que a entre la presentación de dicha petición y la interposición de este amparo transcurrió un plazo de aproximadamente 4 meses y medio, no fue sino hasta la notificación del auto de curso (lo cual ocurrió el 14 de diciembre de 2018) que la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, proveyó lo necesario para obtener esa información (informe). No obstante lo anterior, no consta que al amparado se le haya brindado lo pedido (los autos). De ahí que estima la Sala se produjo la infracción reclamada.

VI.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recurso, conforme se dirá.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Karol Obando Barboza, en condición de Jefe de la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quien ejerza ese cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones a efectos de que, dentro de los ocho días siguientes a la notificación de esta resolución, se le brinde a LUIS DIEGO GARITA SEVERINO, la información que solicitó. Se advierte a la recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Karol Obando Barboza, en condición de Jefe de la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quien ejerza ese cargo, en forma personal.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Hubert Fernández A.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *XLHT6CY9PZC61*

Revisión del Documento *180200880007CO* Res. Nº 2019000776 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciocho de enero de dos mil diecinueve .

Recurso de amparo promovido por JOSÉ EDUARDO DE RAMÓN VARGAS RIVERA, cédula de identidad 0107610765, a favor de LUIS DIEGO GARITA SEVERINO, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:49 horas de 12 de diciembre de 2018, el recurrente promovió recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Indica que el 31 de julio de 2018, el tutelado, en su condición de Secretario de Asuntos Legales y Conflictos del Sindicato Nacional de Enfermería, solicitó mediante el oficio No. SAL-032-SINAE-2018 de 11 de julio de 2018, a la Comisión de Relaciones Laborales del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que le suministrara: “copia fiel del acta de reunión o sesión, que realizó esta Comisión Local de Relaciones Laborales, el día 15 de mayo del presente año, y que se me certifique los miembros presentes ese día, de dicha comisión”. Acusa que a la fecha de interposición de este amparo no le han contestado su gestión.

2.- Por resolución de Presidencia de las 9:07 horas de 13 de diciembre de 2018, se dio curso al recurso y ordenó rendir el informe de ley.

3.- Por escrito recibido mediante el Sistema de Gestión en Línea de esta Sala a las 10:08 horas de 21 de diciembre de 2018, informó bajo juramento, Karol Obando Barboza, en condición de Jefe de la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Mediante el oficio No. CRL-163-12-2018 de 18 de diciembre de 2018, se remitió información a esa unidad.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reprocha que la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se niega a brindarle la información de interés público que requirió el 31 de julio de 2018.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) El 31 de julio de 2018, el Secretario de Asuntos Legales y Conflictos del Sindicato Nacional de Enfermería requirió a la Comisión de Relaciones Laborales del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que se le brindara “copia fiel del acta de reunión o sesión, que realizó esta Comisión Local de Relaciones Laborales, el día 15 de mayo del presente año, y que se me certifique los miembros presentes ese día, de dicha comisión” (los autos). 2) El 14 de diciembre de 2018, se notificó el auto de curso a la autoridad recurrida (los autos). 3) Por oficio de la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Calderón Guardia, No. UGRH-916-12-2018 de 17 de diciembre de 2018, se requirió dicha información a la Comisión de Relaciones Laborales de ese centro hospitalario (los autos). 4) Mediante el oficio de esa Comisión, No. CRL-163-12-2018 de 18 de diciembre de 2018, se remitió lo pedido a la Unidad Gestión de Recursos Humanos (los autos).

III.- HECHOS NO PROBADOS. Se estima no demostrado, el siguiente de relevancia: Único.- Que al amparado se le haya brindado lo pedido (los autos).

IV.- SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. Esta Sala ha analizado reiteradamente el tema en cuestión, insistiendo en la importancia que consagra el derecho estipulado en el artículo 30 de la Constitución Política. Al respecto, en la sentencia número 2014-4037, reiterada, entre otras, por sentencia número 2015-15074, señaló la Sala que:

“El acceso a la información pública que se encuentra en manos de la Administración ha sido reconocido como derecho constitucional en reiterados fallos de este Tribunal. Su raigambre constitucional se encuentra en el artículo 30 de la Constitución, amén que también ha recibido reconocimiento en el derecho convencional. De esta forma, instrumentos básicos del Derecho Internacional lo han reconocido como un componente del derecho de información que se encuentra a su vez asociado a la libertad de expresión. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo 19 que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones (…)”. De la misma manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica en el artículo 19 inciso 2): “2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…)” (El subrayado es agregado. Véase asimismo el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre).

En el ámbito interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha seguido el camino trazado por estos instrumentos y establecido en el artículo 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) que “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (...)” (El subrayado es agregado). En cuanto a esta norma, en el caso Claude Reyes y otros v. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció:

“77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.” (Sentencia del 19 de septiembre de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El subrayado es agregado).

El derecho a acceder a la información pública se encuentra matizado en ocasiones por la materia: por ejemplo, hay áreas que se encuentran excluidas del derecho (verbigracia, los secretos de Estado) y, por el contrario, campos en los que explícitamente se debe promover el acceso (por ejemplo, en materia ambiental según el principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo).

En la actualidad, el derecho de acceso a la información también se ha visto moldeado por el desarrollo de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. Dicha evolución no ha pasado desapercibida para algunas legislaciones nacionales, como el Freedom of Information Act británico o la española Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. La comunidad internacional en general también ha hecho reparo en él. Así, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha alentado en múltiples ocasiones a sus Estados Miembros a que “…a través de su respectiva legislación nacional y otros medios apropiados, adopten las medidas necesarias para facilitar la disponibilidad electrónica de la información pública.” (Véanse las resoluciones AG/RES. 2418 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2057 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03), tituladas Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia).

De hecho, la OEA ha llegado a incluir en su Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa el deber de la Administración de publicar anualmente y cuando sea posible en forma electrónica o digital, un informe sobre el desarrollo de sus funciones (artículo 11) y la posibilidad de entregar al administrado la información solicitada de forma electrónica (artículo 15), entre otros.

Sin perjuicio de los límites que afectan al derecho de acceso a la información pública, ya analizados en diferentes ocasiones por esta Sala, y haciendo hincapié en el carácter progresivo de su desarrollo, la Sala reconoce que tal derecho conlleva en la sociedad de la información una ampliación de las obligaciones estatales, las que ahora van más allá de la simple respuesta a una solicitud de información.

Como se puede inferir de la Ley Modelo citada y las resoluciones de la OEA, hoy en día, la Administración está obligada a informar al administrado acerca de sus actuaciones y progresivamente hacer accesible la información que se encuentra en su poder mediante los medios tecnológicos que tenga a su alcance.

En este desarrollo ideal del derecho al cual el Estado debe aspirar a que la información que sea puesta de oficio al alcance de los administrados por vías informáticas, debe ser completa, actual, ordenada, accesible, en la medida de lo posible, mediante programas o interfases de uso común, sin que se impongan barreras injustificadas. El usuario tiene derecho a saber cómo ha sido recolectada la información administrativa y la fuente de la que proviene. El cumplimiento de estos lineamientos permite que se potencie el carácter instrumental del derecho de acceso a la información pública y, en consecuencia, el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de prensa.

De este modo, el Estado debe procurar poner a disposición del público, la información de la manera más actual y completa posible, eso sí observando límites como el requerido resguardo de aquellos datos privados que son recopilados por la Administración, conforme a la Ley 8968, Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.

Asimismo, cuando la información se encuentra digitalizada, los formatos en que se suministren deben procurar la aplicación de paquetes informáticos de uso muy común, incluso aquellos libres pues la disminución de costos por software facilita enormemente el acceso a la información pública. Tales medidas dependen, claro está, de condicionantes financieras y tecnológicas, toda vez que no toda Administración Pública está posibilitada para suministrar la información de la manera más óptima, amén que razones de seguridad informática, de fundada conveniencia tecnológica y presupuestaria pueden determinar el tipo de software por utilizar. Así, la digitalización de la información pública demanda una adaptación progresiva acorde a las posibilidades presupuestarias, tecnológicas y de recursos humanos de cada Administración, no sea que por digitalizar toda la información pública o entregarla en un determinado formato, se descuiden otros aspectos esenciales del servicio público que se brinda a la población en general.

De manera que criterios de razonabilidad y proporcionalidad deben ser aplicados en esta materia, lo que no obsta para subrayar desde ya el escenario ideal al que el Estado debe acercarse paulatinamente a fin de satisfacer de modo pleno el derecho fundamental al acceso a la información pública.

El respeto a estos parámetros posibilita que la información sea utilizada de manera efectiva por el administrado y, con ello, se fomenta tanto la participación informada de las personas en el gobierno, como la transparencia y control de las actuaciones de las autoridades. Más aún, la actuación proactiva de la Administración en el suministro de la información redunda en su beneficio, pues conforme esta sea puesta a disposición de manera general y accesible, se tornará innecesario plantear y responder solicitudes particulares." V.- CASO CONCRETO. Se acreditó que el 31 de julio de 2018, el Secretario de Asuntos Legales y Conflictos del Sindicato Nacional de Enfermería requirió a la Comisión de Relaciones Laborales del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que se brindara “copia fiel del acta de reunión o sesión, que realizó esta Comisión Local de Relaciones Laborales, el día 15 de mayo del presente año, y que se me certifique los miembros presentes ese día, de dicha comisión” (los autos). Pese que a entre la presentación de dicha petición y la interposición de este amparo transcurrió un plazo de aproximadamente 4 meses y medio, no fue sino hasta la notificación del auto de curso (lo cual ocurrió el 14 de diciembre de 2018) que la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, proveyó lo necesario para obtener esa información (informe). No obstante lo anterior, no consta que al amparado se le haya brindado lo pedido (los autos). De ahí que estima la Sala se produjo la infracción reclamada.

VI.- CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger el recurso, conforme se dirá.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Karol Obando Barboza, en condición de Jefe de la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quien ejerza ese cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones a efectos de que, dentro de los ocho días siguientes a la notificación de esta resolución, se le brinde a LUIS DIEGO GARITA SEVERINO, la información que solicitó. Se advierte a la recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a Karol Obando Barboza, en condición de Jefe de la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o a quien ejerza ese cargo, en forma personal.

Fernando Castillo V.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Marta Eugenia Esquivel R.

Ana María Picado B.

Hubert Fernández A.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *XLHT6CY9PZC61*