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Res. 00701-2019 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 18/01/2019
OutcomeResultado
The Chamber ordered MINAE and the Ministry of Health to coordinate and adopt, within three months, the measures necessary for a definitive solution to the reported environmental problems in the Rivera Stream, while denying the amparo against the other authorities.La Sala ordenó al MINAE y al Ministerio de Salud coordinar y adoptar, dentro de tres meses, las medidas necesarias para una solución definitiva de los problemas ambientales denunciados en la Quebrada Rivera, pero rechazó el amparo respecto de las demás autoridades.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber partially granted an amparo filed by residents of communities bordering the Triángulo de la Solidaridad informal settlement over pollution of the Rivera Stream by wastewater, garbage, and open waste burning. It held that the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health had failed to address this longstanding problem with the required efficiency, promptness, follow-up, and coordination, despite complaints filed during 2018 and a 2013 precedent that had already identified delayed, insufficient, and uncoordinated official responses. The Chamber ordered officials from both ministries, within three months and in coordination with the competent institutions, to adopt the measures necessary to achieve a definitive solution to all reported environmental problems and prevent their recurrence. It also ordered the State to pay costs and resulting damages. The claim against the Ministry of Public Security and the presidential eviction commission was denied because they had already carried out eviction operations and provided assistance to the relocated families.La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar el amparo presentado por vecinos de comunidades colindantes con el asentamiento Triángulo de la Solidaridad debido a la contaminación de la Quebrada Rivera con aguas residuales, basura y quemas de desechos. Consideró que el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud no atendieron la problemática con la eficiencia, celeridad, seguimiento y coordinación exigibles, pese a su antigüedad, a las denuncias formuladas durante 2018 y a un precedente de 2013 que ya había advertido respuestas tardías, insuficientes y descoordinadas. Ordenó a las autoridades de ambos ministerios adoptar, dentro de tres meses y en coordinación con las instituciones competentes, las medidas necesarias para procurar una solución definitiva a todos los problemas ambientales denunciados y evitar su repetición. Condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios. Rechazó el recurso respecto del Ministerio de Seguridad Pública y la comisión presidencial, pues ya habían ejecutado desalojos y asistido a las familias reubicadas.
Key excerptExtracto clave
Based on the foregoing considerations, this Court concludes that there was indeed a lack of follow-up by the Ministry of Health regarding the evictions and neglect by MINAE in addressing the situation. Accordingly, the amparo must be granted with respect to the respondent ministerial authorities, which are ordered to take immediately, within their respective spheres of authority, the actions necessary to resolve the problems reported by the petitioners and to coordinate with one another as appropriate, particularly because the aforementioned evictions and relocations have already been completed. MINAE and Ministry of Health officials must also prevent the recurrence, once the reported problems have been resolved, of situations placing the petitioners in their present circumstances. The appeal must therefore be granted as to these grievances, as ordered herein. The appeal is partially granted, solely against the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Minister, and Walter Zavala Ortega, Environmental Comptroller, both of the Ministry of Environment and Energy, and Rossana García González, Director of the Goicoechea Health Governing Area of the Ministry of Health, are ordered, within THREE MONTHS from notice of this judgment, to adopt the measures necessary within the scope of their authority so that, in coordination with the corresponding authorities and entities, they provide a definitive solution to all environmental problems reported by the petitioners in this amparo. The State is ordered to pay the costs and the damages caused by the facts underlying this ruling, to be quantified during enforcement proceedings before the contentious-administrative jurisdiction. The respondents are warned that, under Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, any person who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or enforce, and fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. In all other respects, the appeal is denied. This judgment shall be personally served upon the respondents, or whoever holds those offices. Let it be communicated.Con base en las consideraciones expuestas, lo que concluye este Tribunal, es en efecto, la falta de seguimiento sobre el tema de los desalojos por parte del Ministerio de Salud, y la desidia en abordar las situación por parte del MINAE. En suma, el amparo debe ser estimado en relación con las autoridades ministeriales recurridas, a las que se les ordena adoptar de manera inmediata las acciones que sean necesarias para dar solución a los problemas denunciados por los recurrentes, que sean propias del ámbito de su competencia, debiendo coordinar entre ellas lo que corresponda; máxime que, los desalojos y las reubicaciones aludidas, ya fueron efectuadas. Asimismo, deberán las autoridades del MINAE y del Ministerio de Salud, impedir que una vez solucionados los inconvenientes relatados, se presenten nuevas situaciones que coloquen a los recurrentes en la situación en que ahora se encuentran. En suma, el recurso debe ser declarado con lugar por estos agravios, como en efecto se dispone. Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Se ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministro, y a Walter Zavala Ortega, Contralor del Ambiente, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía, y a Rossana García González, Directora del Área Rectora de Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud, que en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la comunicación de esta sentencia, adopten las medidas que sean necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que en coordinación con las autoridades y entes que correspondan, prevean una solución definitiva para todos los problemas ambientales denunciados por los recurrentes en este amparo. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se advierte a los recurridos, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese este pronunciamiento a los recurridos, o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. Comuníquese.-
Pull quotesCitas destacadas
"De lo esgrimido, se constata que las autoridades recurridas, no han actuado con la eficiencia, celeridad y coordinación requeridas ante los problemas denunciados."
"The foregoing establishes that the respondent authorities did not act with the efficiency, promptness, and coordination required in response to the reported problems."
Considerando VIII
"De lo esgrimido, se constata que las autoridades recurridas, no han actuado con la eficiencia, celeridad y coordinación requeridas ante los problemas denunciados."
Considerando VIII
"Según la inspección realizada el 31 de agosto de 2018, se encontraron viviendas ubicadas sumamente cerca del cauce, tuberías de descarga de agua residual y residuos, lo que confirmó la gran contaminación que sufre la quebrada, afectando a todas las personas que tienen contacto directo o indirecto con el área, pues como es sabido, la contaminación pluvial es causal de infecciones y enfermedades."
"According to the inspection conducted on August 31, 2018, homes were found extremely close to the watercourse, along with wastewater discharge pipes and waste, confirming the severe pollution affecting the stream and everyone having direct or indirect contact with the area, since stormwater pollution is known to cause infections and disease."
Resultando 7
"Según la inspección realizada el 31 de agosto de 2018, se encontraron viviendas ubicadas sumamente cerca del cauce, tuberías de descarga de agua residual y residuos, lo que confirmó la gran contaminación que sufre la quebrada, afectando a todas las personas que tienen contacto directo o indirecto con el área, pues como es sabido, la contaminación pluvial es causal de infecciones y enfermedades."
Resultando 7
"Nótese que acorde con el precedente citado en el considerando previo, se denota que el analizado, es un problema bastante antiguo, y que desde el año 2013, este Tribunal estimó, en cuanto al Ministerio de Salud y la Municipalidad de Goicoechea, que su actuación en torno al tema era "(...) no sólo ha sido tardía e insuficiente, sino también carente de coordinación pues dada la seriedad de los problemas denunciados, se hace indispensable ejecutar acciones coordinadas tanto entre la Municipalidad y Área de Salud recurridas, así como también con la Fuerza Pública, por haberse tardado años en tomar las medidas necesarias y parecer indispensable hacer uso de los mecanismos de coerción que otorga el ordenamiento jurídico para restablecer el orden"."
"As the precedent cited in the preceding consideration shows, this is a longstanding problem, and since 2013 this Court had found, regarding the Ministry of Health and the Municipality of Goicoechea, that their response "(...) was not only late and insufficient, but also uncoordinated; given the seriousness of the reported problems, coordinated action by the respondent Municipality and Health Area, as well as the Public Force, is indispensable because the necessary measures took years and the coercive mechanisms provided by law appear necessary to restore order.""
Considerando VIII
"Nótese que acorde con el precedente citado en el considerando previo, se denota que el analizado, es un problema bastante antiguo, y que desde el año 2013, este Tribunal estimó, en cuanto al Ministerio de Salud y la Municipalidad de Goicoechea, que su actuación en torno al tema era "(...) no sólo ha sido tardía e insuficiente, sino también carente de coordinación pues dada la seriedad de los problemas denunciados, se hace indispensable ejecutar acciones coordinadas tanto entre la Municipalidad y Área de Salud recurridas, así como también con la Fuerza Pública, por haberse tardado años en tomar las medidas necesarias y parecer indispensable hacer uso de los mecanismos de coerción que otorga el ordenamiento jurídico para restablecer el orden"."
Considerando VIII
Full documentDocumento completo
Document Review *180173850007CO* Decision No. 2019000701 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen on dieciocho de enero de dos mil diecinueve.
Amparo proceeding (recurso de amparo) filed by ADRIANA AMBROSIO ARCE, IDENTITY CARD 0114550076, ALEJANDRA ROJAS ALVARADO, ALEXANDER MANUEL OBANDO CALVO, IDENTITY CARD 0900860446, AMADA AUREA GRANADOS MADRIGAL, IDENTITY CARD 0103901105, ANA CAROLINA VARGAS RODRÍGUEZ, IDENTITY CARD 0108820508, ANA CECILIA ARGUEDAS ESPINOZA, IDENTITY CARD 0401070791, ANA WAU QUIF ZEN LIE, IDENTITY CARD 0111940039, AÑAPANCO RODRÍGUEZ VEGA, IDENTITY CARD 0303090064, ANDREA MARCELA DUARTE RAMOS, IDENTITY CARD 0109470704, ANDREA MILAGRO DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ ORIAS, IDENTITY CARD 0106000779, ARIEL ARROYO BARQUERO, ARNALDO D AMBROSIO ARCE, IDENTITY CARD 0113750573, ARNALDO D AMBROSIO GUERRERO, IDENTITY CARD 0106140510, AUREA TATIANA ZÚÑIGA GRANADOS, IDENTITY CARD 0108380696, AURIA ROSA DE LOS ÁNGELES UREÑA HIDALGO, IDENTITY CARD 0105910506, BLANCA ELVIRA DEL RO VARGAS MORERA, IDENTITY CARD 0106360174, CARLOS ANDRÉS OVARES SEGURA, IDENTITY CARD 0112780631, CARMEN EUGENIA LÓPEZ CHAVES, IDENTITY CARD 0103520202, CARMEN MARÍA RAMÍREZ CHACÓN, IDENTITY CARD 0114270455, CAROLINA CHAVARRÍA ZÚÑIGA, CAROLINA DE LA TRINIDAD UMAÑA MARÍN, IDENTITY CARD 0110750230, CECILIA ARGUEDAS ZAMORA, CECILIO ROBERTO BARNES BRESITT, IDENTITY CARD 0108610619, CHRISTOPHER ANDRÉS CAMPOS MENA, IDENTITY CARD 0402110165, DANIEL FRANCISCO CURLIN MARÍN, IDENTITY CARD 0114760163, DANIELA DE LOS ÁNGELES OBANDO JIMÉNEZ, IDENTITY CARD 0116750177, DOMINGA ISABEL ARTOLA JARQUÍN, RESIDENCE CARD 155825685729, EDITH MARÍA NÚÑEZ ARAYA, IDENTITY CARD 0301810332, EDNA B B, EDUARDO HERNÁNDEZ ASTORGA, IDENTITY CARD 0104010328, ENEIDA CASTRO CENTENO, IDENTITY CARD 0103840546, ERIK GABRIEL MORALES NÚÑEZ, IDENTITY CARD 0110330410, ESTEBAN GILBERTO ARCE RODRÍGUEZ, IDENTITY CARD 0109360414, ESTHER SALAZAR SABORÍO, IDENTITY CARD 0114050442, EVELYN MAYELA CÉSPEDES RODRÍGUEZ, IDENTITY CARD 0108950382, FABIÁN SOLANO MONTERO, IDENTITY CARD 0117620629, FELICIA MAYELA DE LA TRINIDAD MARÍN RODRÍGUEZ, IDENTITY CARD 0105440071, FLOR DE MARÍA GÓMEZ FUENTES, IDENTITY CARD 0102690711, GEOVANNI GERARDO SOLÍS VARELA, IDENTITY CARD 0105670885, GERARDO CURLIN MOLINA, IDENTITY CARD 0103210116, GERMÁN ANDRÉS ARGUEDAS ZAMORA, IDENTITY CARD 0113800979, GILDA VICTORIA ABURTO ARRIETA, IDENTITY CARD 0800590964, HERMES OMAR ARROYO GARCÍA, IDENTITY CARD 0107490566, HORTENSIA ISABEL RODRÍGUEZ MARÍN, IDENTITY CARD 0105050687, IRIA MARÍA BALDÍ ALVARADO, IDENTITY CARD 0202840766, IVONNE DE LOS ÁNGELES ESPINOZA FONSECA, IDENTITY CARD 0601230485, JAIME GERARDO DE JESÚS MARÍN RODRÍGUEZ, IDENTITY CARD 0106430921, JEFFRY DE LOS ÁNGELES SALAZAR VARGAS, IDENTITY CARD 0109240658, JEFFRY MARTIN PEYTREQUIN GÓMEZ, IDENTITY CARD 0110570258, JOHNNY ALFREDO MORA SEGURA, IDENTITY CARD 0111690584, JONATHAN GERARDO CURLIN MARÍN, IDENTITY CARD 0113180948, JORGE ANTONIO ROJAS ALVARADO, IDENTITY CARD 0111310247, JOSÉ EDUARDO CALVO ZAMORA, IDENTITY CARD 0116700404, JOSÉ MANUEL MARÍN RODRÍGUEZ, IDENTITY CARD 0104130662, JUAN JORGE UREÑA SOLÍS, IDENTITY CARD 0900370324, JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, IDENTITY CARD 0202200714, JULIÁN ALBERTO DEL C UMAÑA HERNÁNDEZ, IDENTITY CARD 0105330205, KAROL ANDREA BARQUERO VÍQUEZ, IDENTITY CARD 0109440340, KATHERINE AUXILIADORA PEYTREQUIN GÓMEZ, IDENTITY CARD 0109980850, KENISHA MARIE DAVEY SAMPSON, IDENTITY CARD 0113700710, LILIA UREÑA SOLÍS, IDENTITY CARD 0102860436, LUIS ALEJANDRO RAMÍREZ CHACÓN, IDENTITY CARD 0110930159, LUIS ÁNGEL RAMÍREZ SALAZAR, IDENTITY CARD 0103660590, LUIS DIEGO MAROTO SEGURA, IDENTITY CARD 0109550706, LUIS GERARDO CAMPOS GAMBOA, IDENTITY CARD 0501660955, LUIS GUILLERMO ROJAS PEÑARANDA, IDENTITY CARD 0104650034, LUIS MANUEL RAMÍREZ VINDAS, IDENTITY CARD 0106300215, LUZ MARINA GOÑI FONSECA, IDENTITY CARD 0301510806, LUZ MARY SERRANO BADILLA, IDENTITY CARD 0900950700, MANUEL FRANCISCO SALAS ZAMORA, IDENTITY CARD 0103340185, MARCELA MARÍA CÉSPEDES RODRÍGUEZ, IDENTITY CARD 0107740099, MARCELA MARÍA DE JESÚS VALVERDE RETANA, IDENTITY CARD 0106190809, MARCO ENRIQUE HERNÁNDEZ ÁVILA, IDENTITY CARD 0106620069, MARGARITA SALOME CONTRERAS CHAMORRO, RESIDENCE CARD 160400241006, MARÍA ALEJANDRA MORALES NÚÑEZ, IDENTITY CARD 0114080579, MARÍA CAROLINA GAMBOA ALVARADO, IDENTITY CARD 0117770687, MARÍA CECILIA DE LA TRINIDAD CALVO FLORES, IDENTITY CARD 0106130442, MARÍA CECILIA SALAZAR SOTO, IDENTITY CARD 0900920749, MARÍA CONSUELO BRICEÑO ALMANZA, IDENTITY CARD 0501431413, MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLALOBOS GIRO, IDENTITY CARD 0102860884, MARÍA DEL CARMEN CHACÓN DELGADO, IDENTITY CARD 0400970559, MARÍA EUGENIA BRENES MOLINA, IDENTITY CARD 0105380108, MARÍA FERNANDA OBANDO PICADO, IDENTITY CARD 0115200511, MARÍA JOSÉ CURLIN MARÍN, IDENTITY CARD 0117320257, MARÍA LAURA RAMÍREZ CHACÓN, IDENTITY CARD 0111470185, MARJORIE DE LOS ÁNGELES ARCE QUIRÓS, IDENTITY CARD 0105670640, MARTA EMILIA MARÍN RODRÍGUEZ, IDENTITY CARD 0103710265, MARTA EUGENIA GARBANZO MONTERO, IDENTITY CARD 0104820116, NIDIA PAMELA ARGUEDAS ZAMORA, IDENTITY CARD 0110740270, NORMA MARÍA VEGA MIRANDA, IDENTITY CARD 0104090345, ODILIE CALDERÓN ARAYA, IDENTITY CARD 0301650869, OLGA MARTA CAMPOS HUERTAS, IDENTITY CARD 0104290718, OLMAN EMILIO CORDERO CHAVARRÍA, IDENTITY CARD 0104540562, OMAR GUILLERMO CHINCHILLA GUEVARA, IDENTITY CARD 0104970576, OSCAR DE JESÚS MORALES CAMACHO, IDENTITY CARD 0105420587, RANDALL DE JESÚS MORA ABARCA, IDENTITY CARD 0107530434, RANDALL GERARDO LARA HERNÁNDEZ, IDENTITY CARD 0502940715, RAQUEL ARGUEDAS ZAMORA, IDENTITY CARD 0115360523, RAQUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, IDENTITY CARD 0116610009, RINA ALEJANDRA OBANDO JIMÉNEZ, IDENTITY CARD 0113440270, RINA AURISTELA JIMÉNEZ ORIAS, IDENTITY CARD 0106630653, ROBERTO GÓMEZ ESPINOZA, IDENTITY CARD 0109800835, RONALD GUILLERMO ALFARO MONTOYA, IDENTITY CARD 0109710927, ROSALEN EMILIA MC FARLANE MC FARLANE, IDENTITY CARD 0700530310, SARA MARGARITA MONTERO BALDÍ, IDENTITY CARD 0109790758, SARAY MARÍN RODRÍGUEZ, IDENTITY CARD 0104590004, SILVIA ELENA ARGUEDAS ZAMORA, IDENTITY CARD 0111270212, SILVIA ELENA QUIRÓS GOÑÍ, IDENTITY CARD 0107730118, SILVIA PATRICIA GONZÁLEZ CALDERÓN, IDENTITY CARD 0108380062, STEVEN CASANOVA MÉNDEZ, IDENTITY CARD 0113730009, THELMA EUGENIA GUZMÁN VARGAS, IDENTITY CARD 0103560815, VERA VIOLETA PARRA MOYA, IDENTITY CARD 102900650, AND YAMILETH DE LOS ÁNGELES ALVARADO NIETO, IDENTITY CARD 0106440504, against the MINISTERIO DE SALUD and others.
Findings of Fact:
Justice Araya García drafted the opinion; and,
Considering:
I.Preliminary Matter. Before addressing the merits of the case—concerning the alleged violation of the right to prompt and effective proceedings (procedimiento pronto y cumplido)—it must be clarified that, since Judgment No. 2008-02545 at 08:55 on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa)—with certain exceptions—those matters in which the issue is whether the public administration complied with the time limits established by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, in order to conclude through a final administrative act a proceeding initiated either ex officio or at the request of a party, or to hear the applicable administrative appeals. Specifically, the case at bar (sub lite) presents an exception because it concerns an environmental complaint submitted to the Área de Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud and the Ministerio de Ambiente y Energía that allegedly was not resolved within a reasonable period. Having clarified this point, the Chamber proceeds to decide the specific situation raised in this amparo proceeding (amparo).
II.Subject Matter of the Petition. The petitioners allege that, on April 2, 2018, they filed a complaint with the Área de Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud concerning pollution of the Río Quebrada Rivera by the Triangulo de la Solidaridad informal settlement. Nevertheless, they assert that, as of the date on which the petition was filed, that complaint had not been resolved. They add that, in the same regard, on August 23 and September 17, both in 2018, they filed complaints with the Ministerio de Ambiente y Energía, which likewise have not been addressed. They consider their fundamental rights to have been violated.
V.On the right to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado). It should first be noted that the fundamental rights (derechos fundamentales) to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73 and 89 of the Constitución Política), as well as through the international law applicable in Costa Rica. In this regard, in judgment No. 2006-005928, issued at 15:00 hours on May 2, 2006, this Court ruled: “(…) The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the remaining fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, the right to health finds support in that provision of the political charter, since life is inconceivable unless human beings are guaranteed the minimum conditions necessary for an appropriate and harmonious psychological, physical, and environmental balance.
Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73 and 89 of the Constitución Política. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy environment in perfect balance. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has employed the concept of ‘environmental quality’ (calidad ambiental) as a measure precisely of people’s quality of life, considered in conjunction with other elements such as health, food, work, and housing, noting that every person has the right to use the environment for their own development, but not without limitation, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations—the principle of sustainable development (principio de desarrollo sostenible).” Article 50 of the Constitución Política also gives rise to the State’s obligation to protect the environment.
That provision states: “The State shall seek the greatest welfare for all inhabitants of the country by organizing and promoting production and the most appropriate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing to report acts that infringe that right and to seek reparation for the harm caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding liabilities and penalties.” This confirms that the various public authorities have an unavoidable duty to preserve, defend, and guarantee every person’s fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment.
VI.Coordination among public institutions for the comprehensive protection of the environment. The State—as a whole—is obligated to take the measures necessary to protect the environment in order to prevent levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or improper use of natural resources that endanger the health of those subject to government administration (administrados). For purposes of this task, “public institution” includes both the Central Administration (Administración Central)—the ministries, such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministerio de Salud—which, by reason of their subject-matter jurisdiction, have broad participation and responsibility with respect to environmental conservation and preservation and which most often act through their specialized agencies in the field. Municipalities likewise bear significant responsibility for this task within their territorial jurisdiction.
Given the diversity of actors that may be involved, one might think that this shared responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, to avoid the simultaneous coexistence of spheres of authority of different origins and natures, the duplication of national and local efforts, and confusion regarding the rights and obligations of the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination arrangements among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions (instituciones descentralizadas), and between those bodies and the municipalities, so that they may carry out the functions entrusted to them. This Chamber has already addressed the principle of coordination (principio de coordinación) between public agencies and municipalities in pursuing common purposes, stating in judgment No. 5445-99, issued at 14:30 hours on July 14, 1999, that: “Coordination is the ordering of relationships among these various independent activities, taking into account their convergence upon the same object or entity, so as to make that convergence useful to an overall public plan without eliminating the reciprocal independence of the acting entities.
Because there is no hierarchical relationship among the decentralized institutions, or between the State itself and the municipalities, particular courses of conduct cannot be imposed upon them. This gives rise to the indispensable interinstitutional ‘agreement,’ strictly speaking, whereby autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and comprehensive framework, within which each performs a role with a view toward a mission entrusted to the others. Thus, relations between municipalities and other public entities may be conducted only on an equal footing, resulting in mutually agreed forms of coordination and excluding any coercive form that would impair their autonomy by subjecting the corporate entities to a coordination framework without or against their consent; this nevertheless permits the necessary subordination of those entities to the State and in the State’s interest (through the State’s ‘administrative oversight’ (tutela administrativa), specifically through the function of reviewing legality that falls within its authority, with powers of general supervision over the entire sector.”
VII.Background. Through resolution No. 2013-016167, issued at 09:05 hours on December 6, 2013, this Court ruled on the problem involving pollution of the Río Quebrada Rivera by the Triángulo de la Solidaridad informal settlement (precario). On that occasion, the Court stated as follows:
“VI.- The particular case. In this matter, based on the facts deemed duly proven and, in particular, a comparison of the reports—submitted under oath—by the representatives of the Ministerio de Salud and the Municipalidad de Goicoechea, the Chamber notes a contradiction between them regarding the Triángulo de Solidaridad informal settlement. In the report submitted under the solemnity of an oath, the Director of the Dirección de Área Rectora de Salud de Goicoechea maintains that she has upheld the technical determination that the Precario Triángulo de Solidaridad is uninhabitable, given the health risk it poses to its residents, neighbors, and the environment because of its dilapidated, dangerous, and unsanitary condition. This establishes in the record the violation of the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment alleged by the petitioners (recurrentes). By contrast, in the report submitted to the Chamber by the respondent Alcaldesa de Goicoechea, she does not even mention that she had been notified on several occasions of the health orders (órdenes sanitarias) issued by the Área Rectora de Salud due to the evident public-health problems affecting the informal settlement in question.
Instead, her report describes a reality very different from that presented by the petitioners, insofar as she denies that there are water-pollution and waste problems, directly contradicting the report of the Área Rectora de Salud. Indeed, the report of the Área Rectora del Ministerio de Salud shows that, although the authorities of the Ministerio de Salud have issued several health orders to the Municipalidad de Goicoechea since 2006, requiring it to ensure waste-collection service and to proceed with the eviction of the informal settlement because of the unsanitary and unsafe conditions present there, such as outbreaks of diarrhea and dengue, the efforts to eradicate the problem have to date been insufficient, and the condition of uninhabitability declared by the Ministerio de Salud persists in the Triángulo de Solidaridad. In this Chamber’s view, the reporting official cannot seek to justify the respondent Dirección del Área Rectora de Salud’s failure to enforce the health order it issued on the ground that the magnitude of the situation exceeds that Directorate’s operational capacity.
Compounding the inaction of the Ministerio de Salud, and a matter of grave concern, is the negligent attitude of the Municipalidad de Goicoechea, whose Alcaldesa, in the report submitted to this Chamber, denies that there are pollution or risk-related problems in the informal settlement and does not even mention the health orders addressed to her, which describe the deplorable conditions under which people live there. Thus, in this specific case, the Court concludes that the actions of both the Municipalidad de Goicoechea and the Área Rectora de Salud have not only been delayed and insufficient, but have also lacked coordination. Given the seriousness of the reported problems, it is essential that coordinated action be taken by the respondent Municipalidad and Área de Salud, as well as by the Fuerza Pública, because the necessary measures have been delayed for years and it appears indispensable to use the enforcement mechanisms (mecanismos de coerción) provided by the legal system to restore order.
VII.Conclusion. Based on the foregoing considerations, the amparo proceeding (amparo) must be granted with respect to the Municipalidad and the Área Rectora del Ministerio de Salud, both of the Cantón de Goicoechea. They are ordered to take immediately such measures as may be necessary to resolve the problems reported by the petitioners that fall within their respective spheres of authority, establishing coordination between themselves and with the Fuerza Pública and any other entities and persons as may be necessary. They must also exercise the oversight incumbent upon them to prevent the recurrence, once the problems have been resolved, of situations that would place the petitioners in the circumstances in which they now find themselves. They must likewise respond to and resolve the complaint filed by the petitioner concerning the pollution of wastewater in the Quebrada los Cangrejos.”
VIII.Regarding the actions of the authorities of the Ministerio de Salud and the Ministerio de Ambiente y Energía. The case record shows that residents of the Triángulo de Solidaridad informal settlement (precario) filed several complaints with MINAE and the Ministerio de Salud on 2 de abril, 23 de agosto, and 27 de septiembre, all in 2018, due to pollution in the río Quebrada Rivera. It was established that, in mayo de 2018, the Director of the Área Rectora de Salud de Goicoechea informed the complainants, via the email address [email protected], of the actions taken over the preceding 15 years by officials of that Área Rectora. Likewise, regarding the complaints submitted anonymously through the MINAE website, the complaint filed on 23 de agosto de 2018, registered as No. 11709-2018, was forwarded to the Municipalidad de Tibás on 31 de agosto de 2018. The Municipalidad de Tibás inspected the area in question and found extensive pollution of the stream; accordingly, by official letter No. MT-GA-058-2018 of 3 de septiembre de 2018, the Environmental Manager of the Municipalidad de Tibás informed the Contraloría Ambiental of MINAE that the case should be referred to the appropriate authorities in Goicoechea.
Furthermore, the second complaint filed with MINAE—No. 12013-2018—on 17 de septiembre de 2018 was not forwarded to the Municipalidad de Goicoechea until 23 de noviembre de 2018, after the MINAE authorities had been notified of the order admitting this amparo proceeding (auto de curso de este amparo). As for the statements made by the Ministerio de Salud, they merely recount that the issue is longstanding and that, despite its efforts to resolve matters relating to the evictions (desalojos) recommended years earlier for the informal settlement as a solution to the alleged problems, the authorities responsible for carrying out those actions had failed to do so. Thus, as a contribution toward addressing the situation, they merely stated that they had scheduled a site inspection for diciembre de 2018. However, it is apparent that, before their report was submitted on 30 de noviembre de 2018, and according to the statements of the Presidencia and the Ministerio de Seguridad Pública, the 3 evictions from the informal settlement had already been carried out, although this was not even mentioned by officials of the health ministry.
Finally, the Municipalidad de Tibás was unequivocal in stating that, because of territorial jurisdiction, it shares responsibility for this problem with the Municipalidad de Goicoechea; hence, as early as septiembre de 2018, MINAE was advised to forward the complaints to the appropriate authorities. The foregoing establishes that the respondent authorities did not act with the efficiency, promptness, and coordination required in response to the reported problems. It should be noted that MINAE forwarded the complaint to the Municipalidad de Goicochea only after it had been notified of the order admitting the proceeding, disregarding the recommendation made months earlier by the Municipalidad de Tibás. For its part, despite acknowledging the environmental problems affecting the area and describing its efforts over the years, the Ministerio de Salud did not schedule an inspection of the area until diciembre de 2018 in response to the complaint filed with it—which was answered to the interested parties.
It should be noted that, according to the precedent cited in the preceding recital (considerando), the matter under review is a longstanding problem and that, as early as 2013, this Court found, with respect to the Ministerio de Salud and the Municipalidad de Goicoechea, that their response to the issue “(...) has not only been delayed and insufficient, but also lacking in coordination, because, given the seriousness of the reported problems, coordinated actions must be carried out both between the respondent Municipalidad and Área de Salud and with the Fuerza Pública, since they took years to adopt the necessary measures and it appears essential to use the coercive mechanisms provided by the legal system to restore order.” Based on the foregoing considerations, this Court concludes that there was indeed a lack of follow-up by the Ministerio de Salud regarding the evictions and a failure by MINAE to address the situation.
In short, the amparo must be granted with respect to the respondent ministerial authorities, which are ordered to take immediately all actions falling within the scope of their authority that are necessary to resolve the problems reported by the petitioners, coordinating with one another as appropriate, particularly because the aforementioned evictions and relocations (reubicaciones) have already been carried out. Likewise, the MINAE and Ministerio de Salud authorities must prevent any recurrence, once the described problems have been resolved, of circumstances that place the petitioners in their current situation. In short, the petition must be granted on these grounds, as is hereby ordered.
VIII.Regarding the involvement of the Ministerio de Seguridad Pública and the Comisión Interinstitucional de Desalojos de la Presidencia. According to the reports submitted under oath, 3 eviction proceedings (diligencias de desalojo) have been carried out to date, coordinated with various social-assistance agencies and authorities to resolve the problems arising from the relocation of the families settled in the aforementioned informal settlement. The foregoing demonstrates that, before notification of the order admitting the proceeding, the Presidencia and Ministerio de Seguridad Pública authorities performed the relevant eviction work and provided the relocated families with the assistance necessary for their proper resettlement. Accordingly, this Court does not find that their actions infringed any fundamental right. In short, the amparo must be denied in this respect.
IX.Documentation submitted to the case file (expediente). The parties are hereby advised that, if they submitted any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computerized, magnetic, optical, or telematic device, or produced by new technologies, such items must be collected from the Court’s offices within a maximum period of 30 business days from notification of this judgment. Otherwise, any material not collected within that period will be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, artículo XXVI, and published in Boletín Judicial número 19 of 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
The petition is partially granted, solely against the Ministerio de Salud and the Ministerio de Ambiente y Energía. Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Minister, and Walter Zavala Ortega, Contralor del Ambiente, both of the Ministerio de Ambiente y Energía, and Rossana García González, Director of the Área Rectora de Salud de Goicoechea of the Ministerio de Salud, are ordered, within TRES MESES from notice of this judgment, to adopt such measures as may be necessary within the scope of their authority so that, in coordination with the appropriate authorities and entities, they provide a permanent solution to all the environmental problems reported by the petitioners in this amparo. The State is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the events underlying this ruling, the amounts of which shall be determined in proceedings to enforce the judgment before the administrative litigation jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo).
The respondents are advised that, pursuant to artículo 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in an amparo proceeding that the person must comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years, or by a fine of twenty to sixty day-fines, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The petition is denied in all other respects. This ruling shall be served personally upon the respondents or upon the persons holding those offices. Let notice be given.- Fernando Castillo V.
Presiding Justice Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Hubert Fernández A.
*ZKZ3DMOVK4M61* Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Receipt of matters involving vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6
Revisión del Documento *180173850007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dieciocho de enero de dos mil diecinueve .
Recurso de amparo interpuesto por ADRIANA AMBROSIO ARCE, CÉDULA DE IDENTIDAD 0114550076, ALEJANDRA ROJAS ALVARADO, ALEXANDER MANUEL OBANDO CALVO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0900860446, AMADA AUREA GRANADOS MADRIGAL, CÉDULA DE IDENTIDAD 0103901105, ANA CAROLINA VARGAS RODRÍGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0108820508, ANA CECILIA ARGUEDAS ESPINOZA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0401070791, ANA WAU QUIF ZEN LIE, CÉDULA DE IDENTIDAD 0111940039, AÑAPANCO RODRÍGUEZ VEGA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0303090064, ANDREA MARCELA DUARTE RAMOS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0109470704, ANDREA MILAGRO DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ ORIAS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0106000779, ARIEL ARROYO BARQUERO, ARNALDO D AMBROSIO ARCE, CÉDULA DE IDENTIDAD 0113750573, ARNALDO D AMBROSIO GUERRERO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0106140510, AUREA TATIANA ZÚÑIGA GRANADOS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0108380696, AURIA ROSA DE LOS ÁNGELES UREÑA HIDALGO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0105910506, BLANCA ELVIRA DEL RO VARGAS MORERA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0106360174, CARLOS ANDRÉS OVARES SEGURA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0112780631, CARMEN EUGENIA LÓPEZ CHAVES, CÉDULA DE IDENTIDAD 0103520202, CARMEN MARÍA RAMÍREZ CHACÓN, CÉDULA DE IDENTIDAD 0114270455, CAROLINA CHAVARRÍA ZÚÑIGA, CAROLINA DE LA TRINIDAD UMAÑA MARÍN, CÉDULA DE IDENTIDAD 0110750230, CECILIA ARGUEDAS ZAMORA, CECILIO ROBERTO BARNES BRESITT, CÉDULA DE IDENTIDAD 0108610619, CHRISTOPHER ANDRÉS CAMPOS MENA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0402110165, DANIEL FRANCISCO CURLIN MARÍN, CÉDULA DE IDENTIDAD 0114760163, DANIELA DE LOS ÁNGELES OBANDO JIMÉNEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0116750177, DOMINGA ISABEL ARTOLA JARQUÍN, CÉDULA DE RESIDENCIA 155825685729, EDITH MARÍA NÚÑEZ ARAYA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0301810332, EDNA B B, EDUARDO HERNÁNDEZ ASTORGA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0104010328, ENEIDA CASTRO CENTENO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0103840546, ERIK GABRIEL MORALES NÚÑEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0110330410, ESTEBAN GILBERTO ARCE RODRÍGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0109360414, ESTHER SALAZAR SABORÍO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0114050442, EVELYN MAYELA CÉSPEDES RODRÍGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0108950382, FABIÁN SOLANO MONTERO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0117620629, FELICIA MAYELA DE LA TRINIDAD MARÍN RODRÍGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0105440071, FLOR DE MARÍA GÓMEZ FUENTES, CÉDULA DE IDENTIDAD 0102690711, GEOVANNI GERARDO SOLÍS VARELA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0105670885, GERARDO CURLIN MOLINA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0103210116, GERMÁN ANDRÉS ARGUEDAS ZAMORA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0113800979, GILDA VICTORIA ABURTO ARRIETA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0800590964, HERMES OMAR ARROYO GARCÍA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0107490566, HORTENSIA ISABEL RODRÍGUEZ MARÍN, CÉDULA DE IDENTIDAD 0105050687, IRIA MARÍA BALDÍ ALVARADO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0202840766, IVONNE DE LOS ÁNGELES ESPINOZA FONSECA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0601230485, JAIME GERARDO DE JESÚS MARÍN RODRÍGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0106430921, JEFFRY DE LOS ÁNGELES SALAZAR VARGAS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0109240658, JEFFRY MARTIN PEYTREQUIN GÓMEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0110570258, JOHNNY ALFREDO MORA SEGURA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0111690584, JONATHAN GERARDO CURLIN MARÍN, CÉDULA DE IDENTIDAD 0113180948, JORGE ANTONIO ROJAS ALVARADO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0111310247, JOSÉ EDUARDO CALVO ZAMORA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0116700404, JOSÉ MANUEL MARÍN RODRÍGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0104130662, JUAN JORGE UREÑA SOLÍS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0900370324, JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0202200714, JULIÁN ALBERTO DEL C UMAÑA HERNÁNDEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0105330205, KAROL ANDREA BARQUERO VÍQUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0109440340, KATHERINE AUXILIADORA PEYTREQUIN GÓMEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0109980850, KENISHA MARIE DAVEY SAMPSON, CÉDULA DE IDENTIDAD 0113700710, LILIA UREÑA SOLÍS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0102860436, LUIS ALEJANDRO RAMÍREZ CHACÓN, CÉDULA DE IDENTIDAD 0110930159, LUIS ÁNGEL RAMÍREZ SALAZAR, CÉDULA DE IDENTIDAD 0103660590, LUIS DIEGO MAROTO SEGURA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0109550706, LUIS GERARDO CAMPOS GAMBOA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0501660955, LUIS GUILLERMO ROJAS PEÑARANDA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0104650034, LUIS MANUEL RAMÍREZ VINDAS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0106300215, LUZ MARINA GOÑI FONSECA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0301510806, LUZ MARY SERRANO BADILLA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0900950700, MANUEL FRANCISCO SALAS ZAMORA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0103340185, MARCELA MARÍA CÉSPEDES RODRÍGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0107740099, MARCELA MARÍA DE JESÚS VALVERDE RETANA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0106190809, MARCO ENRIQUE HERNÁNDEZ ÁVILA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0106620069, MARGARITA SALOME CONTRERAS CHAMORRO, CÉDULA DE RESIDENCIA 160400241006, MARÍA ALEJANDRA MORALES NÚÑEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0114080579, MARÍA CAROLINA GAMBOA ALVARADO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0117770687, MARÍA CECILIA DE LA TRINIDAD CALVO FLORES, CÉDULA DE IDENTIDAD 0106130442, MARÍA CECILIA SALAZAR SOTO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0900920749, MARÍA CONSUELO BRICEÑO ALMANZA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0501431413, MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLALOBOS GIRO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0102860884, MARÍA DEL CARMEN CHACÓN DELGADO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0400970559, MARÍA EUGENIA BRENES MOLINA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0105380108, MARÍA FERNANDA OBANDO PICADO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0115200511, MARÍA JOSÉ CURLIN MARÍN, CÉDULA DE IDENTIDAD 0117320257, MARÍA LAURA RAMÍREZ CHACÓN, CÉDULA DE IDENTIDAD 0111470185, MARJORIE DE LOS ÁNGELES ARCE QUIRÓS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0105670640, MARTA EMILIA MARÍN RODRÍGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0103710265, MARTA EUGENIA GARBANZO MONTERO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0104820116, NIDIA PAMELA ARGUEDAS ZAMORA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0110740270, NORMA MARÍA VEGA MIRANDA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0104090345, ODILIE CALDERÓN ARAYA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0301650869, OLGA MARTA CAMPOS HUERTAS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0104290718, OLMAN EMILIO CORDERO CHAVARRÍA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0104540562, OMAR GUILLERMO CHINCHILLA GUEVARA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0104970576, OSCAR DE JESÚS MORALES CAMACHO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0105420587, RANDALL DE JESÚS MORA ABARCA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0107530434, RANDALL GERARDO LARA HERNÁNDEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0502940715, RAQUEL ARGUEDAS ZAMORA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0115360523, RAQUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0116610009, RINA ALEJANDRA OBANDO JIMÉNEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0113440270, RINA AURISTELA JIMÉNEZ ORIAS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0106630653, ROBERTO GÓMEZ ESPINOZA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0109800835, RONALD GUILLERMO ALFARO MONTOYA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0109710927, ROSALEN EMILIA MC FARLANE MC FARLANE, CÉDULA DE IDENTIDAD 0700530310, SARA MARGARITA MONTERO BALDÍ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0109790758, SARAY MARÍN RODRÍGUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0104590004, SILVIA ELENA ARGUEDAS ZAMORA, CÉDULA DE IDENTIDAD 0111270212, SILVIA ELENA QUIRÓS GOÑÍ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0107730118, SILVIA PATRICIA GONZÁLEZ CALDERÓN, CÉDULA DE IDENTIDAD 0108380062, STEVEN CASANOVA MÉNDEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 0113730009, THELMA EUGENIA GUZMÁN VARGAS, CÉDULA DE IDENTIDAD 0103560815, VERA VIOLETA PARRA MOYA, CÉDULA DE IDENTIDAD 102900650 Y YAMILETH DE LOS ÁNGELES ALVARADO NIETO, CÉDULA DE IDENTIDAD 0106440504, contra el MINISTERIO DE SALUD y otros.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
I.De Previo. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse, que a partir de la Sentencia No. 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo – instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una gestión ambiental, presentada ante el Área de Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía, que presuntamente no han sido resueltas en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.Objeto del recurso. Alegan los recurrentes que el 2 de abril de 2018 presentaron una denuncia ante el Área de Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud, sobre la contaminación en el Río Quebrada Rivera por parte del precario Triangulo de la Solidaridad. No obstante, acusan que a la fecha de interposición del recurso, dicha denuncia no ha sido resuelta. Agregan que en ese mismo sentido, los días 23 de agosto y 17 de septiembre, ambos de 2018, presentaron denuncias ante el Ministerio de Ambiente y Energía, las cuales tampoco han sido atendidas. Estiman violentados sus derechos fundamentales.
III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
V.Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como, a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia No. 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “(…) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental.
Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras –principio de desarrollo sostenible–”.
Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
VI.La coordinación de las instituciones públicas en la protección integral al ambiente. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial.
Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia No. 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999, que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes.
Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector".
VII.Antecedente. Por medio de la resolución No. 2013-016167 de las 09:05 horas del 6 de diciembre de 2013, este Tribunal se pronunció acerca del problema relacionado con la contaminación en el Río Quebrada Rivera, por parte del precario Triángulo de la Solidaridad. En dicha oportunidad, se indicó lo que de seguido se transcribe:
"VI.- Del caso particular. En el presente asunto, de los hechos que se tienen por debidamente demostrados y en especial de la confrontación de los informes -rendidos bajo la gravedad de juramento- por parte de la representante del Ministerio de Salud y de la Municipalidad, ambas de Goicoechea, observa la Sala la contradicción entre ambos en relación con el tema del precario Triángulo de Solidaridad; pues, mientras que en el informe dado bajo la solemnidad de juramento por la Directora de la Dirección de Área Rectora de Salud de Goicoechea, ésta sostiene que ha mantenido el criterio técnico de la condición de inhabitabilidad del Precario Triángulo de Solidaridad, por el riesgo sanitario para sus habitantes, sus vecinos y el ambiente, por su estado ruinoso, peligroso e insalubre, lo que hace que se tenga por acreditado en autos el quebranto al derecho a la salud y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado que acusan los recurrentes.
Por su parte, del informe rendido a la Sala por la Alcaldesa de Goicoechea recurrida, ésta ni siquiera menciona a la Sala haber sido comunicada en varias ocasiones de las órdenes sanitarias emitidas por parte del Área Rectora de Salud por los evidentes problemas de salud pública que aquejan el precario en cuestión; sino que describe en su informe una realidad muy distinta a la que plantean los recurrentes en el tanto niega existan problemas de contaminación de las aguas y problemas de basura; lo que contraría abiertamente el informe del Área Rectora de Salud. En efecto, del informe del Área Rectora del Ministerio de Salud se desprende que a pesar de que desde el año 2006 las autoridades del Ministerio de Salud han girado varias órdenes sanitarias a la Municipalidad de Goicoechea para que se garantice el servicio de recolección de basura así como se proceda con el desalojo del precario debido a los problemas de insalubridad e inseguridad que se presentan en ese lugar, tales como brotes de diarrea y de dengue, a la fecha los esfuerzos por erradicar el problema no han sido suficientes y persiste la situación de inhabitablidad declarada por el Ministerio de Salud, en el Triángulo de Solidaridad.
A criterio de esta Sala, no puede pretender la informante justificar la inoperancia de la Dirección del Área Rectora de Salud recurrida, en llevar a cabo la ejecución de la orden sanitaria por ella emitida, en que la magnitud de la situación sobrepasa la capacidad operativa de esa Dirección. A la inercia del Ministerio de Salud se agrega con honda preocupación, la actitud negligente asumida por parte de la Municipalidad de Goicoechea, cuya Alcaldesa, en el informe dado a esta Sala, niega que haya problemas de contaminación o de riesgo en el precario, y ni siquiera hace mención de las órdenes sanitarias a ella dirigidas, en que se describen las deplorables condiciones en que se vive en el lugar. Así, en el caso concreto se concluye que la actuación de la Municipalidad de Goicoechea así como del Área Rectora de Salud no sólo ha sido tardía e insuficiente, sino también carente de coordinación pues dada la seriedad de los problemas denunciados, se hace indispensable ejecutar acciones coordinadas tanto entre la Municipalidad y Área de Salud recurridas, así como también con la Fuerza Pública, por haberse tardado años en tomar las medidas necesarias y parecer indispensable hacer uso de los mecanismos de coerción que otorga el ordenamiento jurídico para restablecer el orden.
VII.Conclusión. Con base en las consideraciones expuestas, el amparo debe ser estimado en relación con la Municipalidad y el Área Rectora del Ministerio de Salud, ambas del Cantón de Goicoechea, a las que se les ordena adoptar de manera inmediata las acciones que sean necesarias para dar solución a los problemas denunciados por los recurrentes y que sean propios del ámbito de su competencia, debiendo establecer para ello coordinación entre sí así como con la Fuerza Pública y demás entes y personas que sea necesario. Así como también ejerciendo el control que les corresponde para impedir que una vez solucionados los problemas, se den nuevas situaciones coloquen a los recurrentes en la situación en que ahora se encuentran. Asimismo, deberán contestar y resolver la denuncia planteada por la recurrente en relación con el problema de contaminación de las aguas residuales de la Quebrada los Cangrejos".
VIII.Tocante a la actuación de las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía. De los autos, se desprende que vecinos del precario Triángulo de Solidaridad han presentado varias denuncias ante el MINAE y el Ministerio de Salud, lo anterior, los días el 2 de abril, 23 de agosto, y 27 de septiembre, todos de 2018, ello, en razón de la contaminación en el río Quebrada Rivera. De lo dicho, quedó acreditado que en el mes mayo de 2018, la Directora del Área Rectora de Salud de Goicoechea, comunicó a los denunciantes vía correo electrónico [email protected], las acciones realizadas en los últimos 15 años por parte de funcionarios de esa Área Rectora. Asimismo, en lo tocante a las denuncias gestadas de manera anónima en la página web del MINAE, se tiene que la planteada el 23 de agosto de 2018, registrada bajo el No. 11709-2018, fue remitida a la Municipalidad de Tibás, el 31 de agosto de 2018.
De lo anterior, la Municipalidad de Tibás realizó inspección en la zona alegada y determinó gran contaminación de la quebrada; por lo que mediante oficio No. MT-GA-058-2018 de 3 de septiembre de 2018, la Gestora Ambiental de la Municipalidad de Tibás comunicó a la Contraloría Ambiental del MINAE, trasladar el caso a las autoridades pertinentes de Goicoechea. Por otro lado, la segunda denuncia ante el MINAE -con el No. 12013-2018-, presentada el 17 de septiembre de 2018, fue trasladada a la Municipalidad de Goicoechea hasta el 23 de noviembre de 2018, eso, con posterioridad a la notificación del auto de curso de este amparo a las autoridades del MINAE. De otra parte, en lo que atañe a las manifestaciones vertidas por el Ministerio de Salud, éstas se encargan de reseñar que el tema es de larga data y que pese a sus esfuerzos para zanjar lo relacionado con los desalojos recomendados años atrás para el precario, como solución a los problemas alegados, las autoridades competentes para efectuar esas acciones, no las habían ejecutado.
De manera que para contribuir con la situación, lo que acotaron fue que en el mes de diciembre de 2018, tenían programada una inspección al sitio. Sin embargo, se observa que de previo a la remisión de su informe, que ocurrió el 30 de noviembre de 2018, acorde con lo manifestado por la Presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública, para ese momento, ya se habían efectuado los 3 desalojos del precario, sin que ello ni siquiera hubiese sido mencionado por los funcionarios de la cartera de salud. Finalmente, la Municipalidad de Tibás fue contundente al indicar que este problema lo comparten por territorialidad con la Municipalidad de Goicoechea, de ahí que se recomendara al MINAE trasladar las denuncias a las autoridades pertinentes, lo anterior, desde el mes de septiembre de 2018. De lo esgrimido, se constata que las autoridades recurridas, no han actuado con la eficiencia, celeridad y coordinación requeridas ante los problemas denunciados.
Obsérvese que el MINAE, trasladó la denuncia a la Municipalidad de Goicochea después de notificado el auto de curso, desatendiendo la recomendación brindada meses atrás por parte de la Municipalidad de Tibás. De su parte, el Ministerio de Salud, pese a reconocer los problemas ambientales que enfrenta la zona, y exponer sus esfuerzos por años, ante la denuncia presentada en su sede -la cual fue respondida a los interesados-, no fue sino hasta el mes de diciembre de 2018, que fijó la realización de una inspección en la zona. Nótese que acorde con el precedente citado en el considerando previo, se denota que el analizado, es un problema bastante antiguo, y que desde el año 2013, este Tribunal estimó, en cuanto al Ministerio de Salud y la Municipalidad de Goicoechea, que su actuación en torno al tema era "(...) no sólo ha sido tardía e insuficiente, sino también carente de coordinación pues dada la seriedad de los problemas denunciados, se hace indispensable ejecutar acciones coordinadas tanto entre la Municipalidad y Área de Salud recurridas, así como también con la Fuerza Pública, por haberse tardado años en tomar las medidas necesarias y parecer indispensable hacer uso de los mecanismos de coerción que otorga el ordenamiento jurídico para restablecer el orden".
Con base en las consideraciones expuestas, lo que concluye este Tribunal, es en efecto, la falta de seguimiento sobre el tema de los desalojos por parte del Ministerio de Salud, y la desidia en abordar las situación por parte del MINAE. En suma, el amparo debe ser estimado en relación con las autoridades ministeriales recurridas, a las que se les ordena adoptar de manera inmediata las acciones que sean necesarias para dar solución a los problemas denunciados por los recurrentes, que sean propias del ámbito de su competencia, debiendo coordinar entre ellas lo que corresponda; máxime que, los desalojos y las reubicaciones aludidas, ya fueron efectuadas. Asimismo, deberán las autoridades del MINAE y del Ministerio de Salud, impedir que una vez solucionados los inconvenientes relatados, se presenten nuevas situaciones que coloquen a los recurrentes en la situación en que ahora se encuentran. En suma, el recurso debe ser declarado con lugar por estos agravios, como en efecto se dispone.
VIII.Tocante a la intervención del Ministerio de Seguridad Pública y la Comisión Interinstitucional de Desalojos de la Presidencia. Según se desprende de los informes rendidos bajo juramento, a la fecha, se han efectuado 3 diligencias de desalojo, las cuales se han coordinado con diversas instancias y autoridades de ayuda social, para solventar los problemas generados con la reubicación de las familias asentadas en el precario aludido. En razón de lo anterior, se demuestra que de previo a la notificación del auto de curso, las autoridades de la Presidencia y del Ministerio de Seguridad Pública, procedieron con las labores de desalojo pertinentes, brindando a las familias reubicadas la asistencia necesaria para su debido asentamiento. Por lo mencionado, no estima este Tribunal que con su actuación, se hubiese provocado la lesión de derecho fundamental alguno. En suma, el amparo por este extremo, debe ser declarado sin lugar.
IX.Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía. Se ordena a Carlos Manuel Rodríguez Echandi, Ministro, y a Walter Zavala Ortega, Contralor del Ambiente, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía, y a Rossana García González, Directora del Área Rectora de Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud, que en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la comunicación de esta sentencia, adopten las medidas que sean necesarias dentro del ámbito de sus competencias, para que en coordinación con las autoridades y entes que correspondan, prevean una solución definitiva para todos los problemas ambientales denunciados por los recurrentes en este amparo. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Se advierte a los recurridos, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese este pronunciamiento a los recurridos, o a quienes ocupen esos cargos, en forma personal. Comuníquese.- Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Ana María Picado B.
Hubert Fernández A.
*ZKZ3DMOVK4M61*
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